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SCP 0960/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de octubre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
58180-2023-117-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; alegando que, los Jueces demandados no remitieron su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 21 de agosto, habiendo transcurrido más de siete días del plazo establecido en el art. 251 del CPP, obviando que se trata de una persona con discapacidad, generando dilación a su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que los Jueces demandados dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el legajo del recurso de apelación incidental en cuestión; salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya se hubiera efectuado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. El principio de gratuidad en la administración de justicia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0960/2023-S2 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 58180-2023-117-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 47/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Pereira Mamani en representación sin mandato de Freddy Germán Mamani Huarachi contra Germán López Flores, Omar Urbano Mollo Marca y Julieta Gutiérrez Lobo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 3, el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, mediante Auto Interlocutorio 93/2023 de 21 de agosto, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro -demandados-, declararon improcedente su solicitud de cesación de la detención preventiva; por lo que, en el mismo verificativo, de forma oral interpuso recurso de apelación incidental; empero, los prenombrados dejaron transcurrir más de siete días sin remitir el legajo procesal correspondiente ante el Tribunal de alzada, inobservando el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en incumplimiento de deberes y retardación de justicia, condicionando ese envío a la provisión de recaudos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad, citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que los demandados remitan “en el día” las actuaciones pertinentes al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 58 a 60, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que, en la audiencia de cesación de la detención preventiva -21 de agosto de 2023- presentó su carnet de discapacidad; por lo que, los Jueces demandados conocieron que pertenece a un grupo vulnerable; sin embargo, no le brindaron atención prioritaria, condicionando la remisión del legajo de apelación incidental a la provisión de recaudos de ley y computando el plazo de veinticuatro horas a partir de la otorgación de los mismos.

I.2.2. Informe de los demandados

Germán López Flores, Omar Urbano Mollo Marca y Julieta Gutiérrez Lobo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 14 y vta., señalaron que: a) En la audiencia de cesación de la detención preventiva de 21 de agosto del citado año, una vez que se dictó el Auto Interlocutorio 93/2023, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, se dispuso que provea los recaudos de ley “en el día”, ante su incumplimiento, el 24 de ese mes y año fue conminado para tal efecto; empero, hizo caso omiso a esa determinación; b) La Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial no autoriza fotocopias si el acusado cuenta con abogado particular contratado; en consecuencia, nadie se hizo cargo de las mismas; c) Ante la reticencia por parte del peticionante de tutela, se ordenó la remisión de los antecedentes necesarios ante el Tribunal de alzada, instrucción que fue cumplida; y, d) El representante del prenombrado actuó de mala fe; ya que, conversó con la Secretaria del referido Tribunal, haciéndole saber que su cliente es una persona con discapacidad; sin embargo, esa situación no puso a su conocimiento, ello con el fin de canalizar esas copias a través de la DAF; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela pedida.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante fiscal, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 6.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 47/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 61 a 64 vta., “DECLARA LA PROCEDENCIA” de la acción de libertad, disponiendo que las autoridades demandadas, en el plazo de veinticuatro horas, remitan los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, bajo los alcances y la línea jurisprudencial de ese fallo, con base en los siguientes fundamentos: 1) De la verificación de obrados del proceso penal, advirtió que los Jueces demandados dictaron el Auto Interlocutorio 93/2023; asimismo, conforme prevé el art. 251 del CPP, existe una diferencia sobre el plazo de tres días y el de veinticuatro horas para la remisión de obrados ante el Tribunal superior, concluyendo que se tiene un margen de tolerancia a ese fin de setenta y dos horas, aspecto que trasuntó en la SCP 0116/2023-S1 de 28 de marzo, y la “…sentencia constitucional 14/19/2016 S3 del 6 de diciembre del 2016…” (sic); 2) De acuerdo a la SCP 0116/2023-S1, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial, el de garantizar que el proceso se desarrolle sin dilaciones, acatándose los plazos señalados en la normativa, pudiendo activarse la acción de libertad cuando se denuncie dilaciones indebidas y sea evidente la mora procesal; y, 3) Entendiendo que al tratarse de un sector vulnerable no resulta exigible el cumplimiento de provisión de recaudos de ley; empero, en el caso concreto, el accionante no hizo conocer esa situación a dichas autoridades; y si bien, mediante providencia de 30 de agosto de 2023, se conminó al nombrado para la provisión de recaudos de ley, nada puede impedir que los administradores de justicia cumplan los estándares establecidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta carnet de discapacidad de Freddy Germán Mamani Huarachi -accionante- de 9 de mayo de 2023, con vencimiento indefinido, con tipo de discapacidad físico motora y grado muy grave (fs. 17). II.2. Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 21 de agosto de 2023, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación (fs. 20 a 21 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 93/2023 de 21 de agosto, German Flores López, Omar Urbano Mollo Marca y Julieta Gutiérrez Lobo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, declararon sin lugar e improcedente la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela, quien conforme el art. 251 del CPP, formuló apelación incidental contra esa decisión (fs. 22 a 25).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; alegando que, los Jueces demandados no remitieron su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 21 de agosto, habiendo transcurrido más de siete días del plazo establecido en el art. 251 del CPP, obviando que se trata de una persona con discapacidad, generando dilación a su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia

Al respecto, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que: «El art. 180.I de la CPE señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Asimismo, el art. 178.I de la Ley Fundamental, sostuvo que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. El art. 115.II de la citada Norma Suprema determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; con relación a ello, la SCP 0098/2021-S2 de 7 de mayo, concluyó que: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, toda vez que las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional, a través de las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, refiriéndose al principio de celeridad, con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente’. Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”’» (las negrillas y subrayado corresponden al texto original).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Sobre el tema, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, señaló que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado fue agregado). Siguiendo ese entendimiento, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, sostuvo que: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden). De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad.

III.3. El principio de gratuidad en la administración de justicia

En lo que concierne al tema de exordio, la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, indicó que: “…la Constitución Política del Estado, fija los principios que rigen la acción de impartir justicia; así, el art. 178.I de la Ley Fundamental, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. No obstante que la Ley 025 de 24 de junio de 2010 (Ley del Órgano Judicial), establece que será progresiva la gratuidad en la tramitación de las causas en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas valoradas de apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad jurisdiccional no puede paralizar la prosecución del proceso por esa circunstancia, por cuanto en los hechos implica dilación procesal indebida que atenta no sólo contra una de las partes afectada directamente, sino contra todo el sistema procesal diseñado en el nuevo texto constitucional” (el resaltado fue añadido). Siguiendo ese entendimiento la SCP 0286/2012 de 6 de junio, señaló que: “…al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares. Ahora bien, no obstante la Ley del Órgano Judicial, establece la gratuidad en la tramitación de los procesos judiciales, el art. 7 numeral 2) de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que la ésta entrará en vigencia a partir de enero de 2013, concluyéndose que, mientras tanto, las partes interesadas deberán continuar proveyendo los recaudos de ley para impulsar la continuidad del proceso, sin que el incumplimiento de este requisito impida la prosecución del mismo” (énfasis propio).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; alegando que, los Jueces demandados no remitieron su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 21 de agosto, habiendo transcurrido más de siete días del plazo establecido en el art. 251 del CPP, obviando que se trata de una persona con discapacidad, generando dilación a su situación jurídica. Identificado el objeto procesal, resulta necesario recurrir al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que respecto a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, sostuvo que es un mecanismo procesal idóneo aplicable en caso de advertirse la vulneración al principio de celeridad cuando esté relacionado al derecho a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retrasen o impidan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; máxime si, el recurso de apelación fue formulado de manera oral, correspondiendo a la autoridad judicial remitir el mismo en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo previsto en el art. 251 del Código Adjetivo Penal, sin condicionar el envío de antecedentes al cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, en virtud a los principios de gratuidad y pro actione, así como, los derechos de impugnación y acceso a la justicia. En el caso concreto, de la revisión de obrados se tiene que el 21 de agosto de 2023, se celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela (Conclusión II.2); verificativo en el cual, las autoridades demandadas dictaron el Auto Interlocutorio 93/2023, declarando sin lugar e improcedente la solicitud formulada; en ese acto procesal, el prenombrado en el marco de lo previsto en el art. 251 del CPP, planteó apelación incidental contra la indicada determinación (Conclusión II.3); en tal sentido, y conforme los lineamientos jurisprudenciales descritos supra, únicamente correspondía que los dichos Jueces, remitan los antecedentes del citado recurso de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del señalado Código, de manera oportuna y sin mediar dilaciones indebidas o condicionando el envío a la provisión de recaudos, como ocurrió en el caso de autos; ello, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0286/2012 de 6 de junio, que estableció: “…la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos…” (Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional). Por consiguiente, siendo que es de conocimiento de los Jueces demandados, que el solicitante de tutela se encuentra privado de libertad y que se trata de una persona con discapacidad que pertenece a un grupo de atención prioritaria (Conclusión II.1), no corresponde que los prenombrados condicionen la remisión; y por ende, la sustanciación del recurso de apelación a la provisión de recaudos, debiendo actuar con absoluta celeridad, conforme se precisó en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, resulta evidente que las autoridades demandadas cometieron actos dilatorios al incumplir el plazo previsto para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; ya que, de obrados se advirtió que el citado recurso fue interpuesto en la audiencia celebrada el 21 de agosto de 2023; empero, hasta la presentación de esta acción tutelar no cursa en obrados documento que demuestre el envío correspondiente para su sustanciación, demora que prolongó la situación jurídica del privado de libertad, transgrediendo su derecho a la libertad directamente vinculado al principio de celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela, disponiendo el envío del legajo de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas de notificados los Jueces demandados con este fallo constitucional; exhortando a los prenombrados que cumplan sus funciones en el marco de lo establecido en la norma y el principio de celeridad, evitando que en el futuro se repitan o reincidan en este tipo de actuaciones dilatorias.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber “declarado procedente” la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos y terminología, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 47/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 61 a 64 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que los Jueces demandados dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el legajo del recurso de apelación incidental en cuestión; salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya se hubiera efectuado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0960_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): baebea0ef2093b0b167a9de0a4f5e0acaa4af8df70c5798e8d69e49d4deb80c2

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