Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de junio de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de verdad material y congruencia; argumentando que, en el proceso ordinario por reconocimiento de derechos, pago de comisiones, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente seguido contra Petrex S.A., los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia demandados, emitieron un Auto Supremo casando el Auto de Vista y declarando improbada su demanda, incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Se incorporaron agravios que no fueron planteados ni en el recurso de apelación ni en el de casación; ii) Se desarrollaron aspectos de análisis que no fueron identificados previamente en el Auto Supremo que dispuso la admisión; iii) Se efectuó una valoración probatoria extra petita respecto de la prueba testifical producida en el proceso; y, iv) Se utilizó el recurso de casación como una tercera instancia revisora, apartándose de su naturaleza jurídica y de los límites previstos por la normativa procesal civil. Con tales argumentos, solicita la concesión de la tutela, se deje sin efecto el Auto Supremo cuestionado; y, en su lugar, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emita un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado “…CON PERSPECTIVA DE GÉNERO…” (sic) y sin revalorizar la prueba; asimismo, se considere que su representado pertenece al grupo de personas adultas mayores, a efectos de la aplicación de tutela reforzada y la eventual reconducción de la acción tutelar. En consecuencia, corresponde…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/24 de 4 de mayo de 2024, cursante de fs. 97 vta. a 104 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Remítase antecedentes de todos los actos del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz al Pleno del Consejo de la Magistratura; a efectos de que, a través de las unidades de Transparencia, Control y Fiscalización, inicien las acciones legales que correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0957/2026-S3 Sucre, 25 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 63979-2024-128-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/24 de 4 de mayo de 2024, cursante de fs. 97 vta. a 104 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Enrique Alejandro Lanteri Bascope, en representación sin mandato de Juan Santos Contreras contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2024, cursante de fs. 74 a 88 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
En el proceso ordinario por reconocimiento de derechos, pago de comisiones, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente seguido contra PETREX Sociedad Anónima (S.A.) SUCURSAL BOLIVIA -tercero interesado-, el juez de primera instancia emitió la Sentencia 03/23 de 17 de febrero de 2023, declarando probada en parte la demanda y reconociendo el pago de comisiones equivalentes al uno por ciento sobre los contratos celebrados entre las partes y declaró improbadas las pretensiones referidas a daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente. Contra dicha Sentencia, PETREX S.A., interpuso recurso de apelación, cuestionando principalmente la existencia del contrato verbal de comisión entre las partes, la valoración de la prueba relativa al monto de las comisiones adeudadas, la valoración de la prueba presentada por la empresa demandada; y, la supuesta vulneración del debido proceso en sus componentes defensa, fundamentación, motivación y congruencia; no obstante, dicho recurso incumplió los requisitos previstos por el art. 257 del Código Procesal Civil (CPC), debido a que formuló agravios genéricos, carentes de fundamentación jurídica suficiente y sin un análisis crítico de la Sentencia apelada. En tal sentido, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 281/2023 de 29 de agosto, confirmando íntegramente la Sentencia 03/23. Posteriormente, PETREX S.A., interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, alegando principalmente: a) La nulidad del Auto de Vista por supuesta falta de pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos en apelación; b) Falta de fundamentación y congruencia del referido Auto de Vista; y, c) Errónea interpretación y aplicación de los arts. 450 y 455 del Código Civil (CC), además de incorrecta valoración de la prueba documental y testifical producida en el proceso. A su turno, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por los ahora demandados, emitió el Auto Supremo 1061/2023-RA de 1 de noviembre, admitiendo el mencionado recurso de casación; sin embargo, dicha resolución vulnera el debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y verdad material, debido a que conforme a los arts. 220 y 274 del CPC, correspondía declararlo improcedente; puesto que: 1) No se identificó correctamente la foliatura del Auto de Vista impugnado; 2) No se precisaron las normas supuestamente vulneradas ni se desarrolló una fundamentación jurídica suficiente ante la formulación de agravios genéricos y reiterativos; y, 3) Se incorporaron de oficio datos y elementos inexistentes en el recurso al momento de efectuar el examen de admisibilidad. En este contexto, los Magistrados demandados emitieron el Auto Supremo 1225/2023 de 1 de diciembre, el cual vulnera nuevamente el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, debido a que: i) Incorporó agravios que no fueron planteados en apelación ni en casación; ii) Desarrolló nuevos puntos de análisis no identificados previamente en el Auto Supremo de admisión; iii) Efectuó valoración probatoria extra petita respecto de la prueba testifical; y, iv) Se utilizó el recurso de casación como una tercera instancia revisora, apartándose de la finalidad y límites establecidos por la normativa procesal civil.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación de las resoluciones, principio de congruencia y verdad material; citando al efecto, los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 1225/2023 de 1 de diciembre; b) Se dicte una nueva resolución motivada y fundamentada “…CON PERSPECTIVA DE GÉNERO…” (sic) y sin revalorizar la prueba; y, c) Se considere que su representado pertenece al grupo de personas adultas mayores, a efectos de la aplicación de tutela reforzada y la eventual reconducción de la acción tutelar.
Celebrada la audiencia virtual de 4 de mayo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 95 a 97, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pese a su legal notificación según la diligencia a fs. 90, 91 y 93, no asistieron a la audiencia, tampoco presentaron informe escrito.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/24 de 4 de mayo de 2024, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 1225/2023 de 1 de diciembre y se proceda a la emisión de una nueva resolución, bajo los siguientes argumentos: 1) La reconducción de acciones constitucionales procede a favor de grupos vulnerables -para el caso en concreto un adulto mayor-; 2) Existió violación a la esencia del recurso de casación al pronunciarse sobre hechos que no fueron solicitados y expuestos en los recursos de apelación; 3) El recurso debe tener interés casacional, no constituye otra instancia; y, 4) Los magistrados demandados se pronunciaron sobre hechos que no están permitidos en la naturaleza de un recurso de casación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-0003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
A través de Auto Constitucional (AC) 101/2026-CA/S de 23 de marzo, cursante de fs. 984 a 988, ante la solicitud efectuada por los demandados de adelanto de sorteo (fs. 977 a 979 vta.), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento. Asimismo, mediante Decreto Constitucional de 23 de abril de 2026, cursante a fs. 994, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria, habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 23 de junio de igual año (fs. 1097); por lo que, la presente Sentencia Constitucional es pronunciada dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto de Vista 281/2023 de 29 de agosto, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitido dentro del proceso de reconocimiento de derechos, pago de comisiones, más pago de daños y perjuicios, seguido por Juan Santos Contreras, contra PETREX S.A.; a través del cual, la referida Sala resolvió confirmar la Sentencia 03/23 de 17 de febrero de 2023 (fs. 13 a 15 vta.). II.2. Cursa recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto por PETREX S.A., contra el precitado Auto de Vista, que confirmó la Sentencia de 17 de febrero de 2023, que declaró probada en parte la demanda interpuesta por Juan Santos Contreras, “...sobre reconocimiento de derechos y pago de comisiones e improbada en cuanto a daños y perjuicios, daño emergente y lucro cesante…” (sic [fs. 16 a 34]). II.3. Consta el Auto Supremo 1225/2023 de 1 de diciembre; por el cual, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicita -ahora demandados-, casaron el Auto de Vista 281/2023, resolviendo: “…declarar improbada la demanda sobre reconocimiento de derechos de pago de comisiones; más pago de daños y perjuicios, lucro cesante y año emergente, con constas…” (sic. [fs. 47 a 68]). II.4. Cursan las constancias de notificaciones a las autoridades demandadas a través de la aplicación WhatsApp, el 4 de mayo de 2024 a horas 11:05 y 11:08; a través de las cuales, se les hace conocer la acción de libertad y el señalamiento de audiencia para la misma fecha a horas 11:30 (fs. 90, 91 y 93).
II.5. Se tiene memorial y copias de respaldo presentado por la representante de PETREX S.A., a través del cual, se solicitó la revocatoria de la Resolución 09/2024 y la denegatoria de la tutela, al haberse promovido indebidamente una acción de libertad respecto de cuestiones que debían tramitarse mediante acción de amparo constitucional, existiendo además una acción tutelar previa sobre los mismos hechos y pretensiones; asimismo, se denuncia la vulneración del debido proceso por la falta de notificación a las autoridades demandadas y terceros interesados, generándoles indefensión y ocasionando la anulación del Auto Supremo 1225/2023 (fs. 208 a 282 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de verdad material y congruencia; argumentando que, en el proceso ordinario por reconocimiento de derechos, pago de comisiones, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente seguido contra Petrex S.A., los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia demandados, emitieron un Auto Supremo casando el Auto de Vista y declarando improbada su demanda, incurriendo en las siguientes irregularidades: i) Se incorporaron agravios que no fueron planteados ni en el recurso de apelación ni en el de casación; ii) Se desarrollaron aspectos de análisis que no fueron identificados previamente en el Auto Supremo que dispuso la admisión; iii) Se efectuó una valoración probatoria extra petita respecto de la prueba testifical producida en el proceso; y, iv) Se utilizó el recurso de casación como una tercera instancia revisora, apartándose de su naturaleza jurídica y de los límites previstos por la normativa procesal civil. Con tales argumentos, solicita la concesión de la tutela, se deje sin efecto el Auto Supremo cuestionado; y, en su lugar, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emita un nuevo fallo debidamente fundamentado y motivado “…CON PERSPECTIVA DE GÉNERO…” (sic) y sin revalorizar la prueba; asimismo, se considere que su representado pertenece al grupo de personas adultas mayores, a efectos de la aplicación de tutela reforzada y la eventual reconducción de la acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1327/2023-S1 de 10 de marzo refirió lo siguiente:
“…la aplicación de la reconducción procesal para la consideración del fondo de lo pretendido por la parte accionante es únicamente posible ante la urgente necesidad de tutela de derechos, emergente de una evidente lesión de derechos y la probable irreparable vulneración de los mismos en caso de postergarse dicha tutela, resguardando que esa labor considere la naturaleza y los requisitos de la acción de defensa a la cual se reconduce; en ese entendido la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, concluyó que:
…la reconducción de acciones es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. Ahora bien, debe señalarse que, en estos casos, la justicia constitucional -jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional- deberá respetar la esencia de los hechos y del petitorio de la acción de defensa presentada, así como de los requisitos propios de la acción de defensa a la cual se reconduce, las causales de improcedencia de la misma y las excepciones que pudieran aplicarse, de tal modo que la reconducción decidida no suponga una sustitución del accionante, ni una lesión al derecho a la defensa del demandado (las negrillas son nuestras). En el caso en análisis, si bien la accionante pertenece a un grupo vulnerable al ser persona de la tercera edad; empero, de la acción de libertad interpuesta, así como de la documental cursante en el expediente, no se advierte la existencia de elementos suficientes que permitan a este Tribunal asumir convicción de una posible irreparable lesión de derechos en miras a la urgente necesidad de tutela de derechos, que haga viable la reconducción de la acción de defensa presentada, además de no contar con evidencia suficientes para determinar la existencia de la lesión de los derechos alegados, así como la observancia de los requisitos propios de la acción de amparo constitucional, misma que por su carácter formal –a diferencia de la acción de libertad en la que rige el informalismo–, tiene exigencias que no pueden ser soslayadas. En el marco de dichos razonamientos, a efectos de verificar la posible reconversión de la acción de libertad a la acción de amparo constitucional, corresponde analizar previamente que se cumplan los requisitos inexcusables de procedencia de esta última, previstas en el art.
33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a efectos de determinar si existe alguna causal de improcedencia -o sus excepciones- que podrían aplicarse al caso concreto”.
La jurisprudencia constitucional, ha desglosado una serie de lineamientos, respecto a la procedencia de la acción de libertad; al respecto, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que la acción de libertad:
[S]e trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro (…). En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponde).
Al respecto, este Tribunal a través de la SCP 0050/2024-S2, estableció lo siguiente: “…con relación a los requisitos de admisibilidad de notificación por WhatsApp en las acciones de libertad señalados por la SCP 0642/2021-S3 de 20 de septiembre, la cual, estableció que: “Cuando se trata de comunicaciones por medios electrónicos, como ser el WhatsApp, en el Fundamento Jurídico III.1. de la SCP 0325/2018-S2 de 9 de julio, se estableció que la vía de la aplicación de mensajería por ese medio, se constituye admisible en la acción de libertad, estableciendo que: '…la transferencia de datos a través de este medio; es decir, por vía de la aplicación de mensajería del wasap, resultará admisible en la acción de libertad, siempre que en la práctica ésta cumpla con las siguientes exigencias: i) Se haya comunicado con antelación razonable [...] el contenido de la demanda y el señalamiento del día y hora de audiencia, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa de la parte demandada; ii) Se verifique si efectivamente el tenor íntegro o contenido de la acción de libertad fue de recepción y de conocimiento de la autoridad demandada, cuya veracidad corresponderá ser valorada por la autoridad jurisdiccional; y, iii) Que exista una distancia considerable que conlleve una imposibilidad de traslado para efectuar la notificación personal…' En ese sentido, con el fin de evitar cualquier tipo de vulneración al derecho a la defensa como elemento del debido proceso, en estricta observancia al principio de celeridad, y tomando en cuenta que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional se persigue el conocimiento real y efectivo de la determinación judicial por su destinatario, más que la mera formalidad de la diligencia, se establece que en un proceso penal es admisible la notificación por WhatsApp, cumpliendo con los siguientes requisitos: 1) Que se comunique con un tiempo de anticipación razonable el contenido del acto procesal que se requiera notificar; y, 2) Se verifique con certeza que el contenido del acto procesal a notificarse, sea de conocimiento de la parte notificada, para ese efecto se debe cumplir con la finalidad de la notificación, obteniendo constancia de la recepción a las personas notificadas; es decir, que esa comunicación se envió al número de celular correcto de la persona a notificarse -que fue constituido en su primera actuación procesal- y que exista como prueba una foto de captura de pantalla, con la que se demuestre con convicción su recepción, o en su caso, se evidencie de alguna manera tener conocimiento de dicho acto procesal, caso contrario se provocaría su indefensión” (sic. [énfasis añadido]).
Al respecto, este Tribunal a través de la SCP 0698/2022-S1 de 21 de julio, estableció: “Sobre la base de este marco normativo, la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, establece tres subreglas con relación a la competencia para conocer las acciones de defensa, que si bien fueron elaboradas en una acción de amparo constitucional, son aplicables a todas las acciones de defensa, porque se encuentran vinculadas a la competencia en razón del territorio. Así, dicha Sentencia, en el Fundamento Jurídico III.2, señala: De la interpretación del parágrafo II del art. 32 del CPCo., se extrae que por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia. Conforme a dicho entendimiento, si bien la regla indica, que es competente el juez o tribunal, donde se hubiere producido la violación del derecho; sin embargo, la misma norma admite las excepciones antes anotadas vinculadas a: a) La cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a la justicia constitucional; y, b) El domicilio de la o el afectado, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia. Excepciones, que tienen por objetivo facilitar el acceso a la justicia constitucional y que inclusive se mantienen actualmente en la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018, que en su art. 3, respecto a la competencia territorial de la Salas Constitucionales, señala: ARTÍCULO 3. (ÁMBITO TERRITORIAL). I. Las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones referidas en el Artículo 2 de la presente Ley, por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas. II. En los municipios no comprendidos en el Parágrafo anterior, las acciones de defensa previstas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán ser interpuestas ante cualquier Juzgado Público de la jurisdicción o Salas Constitucionales de su Departamento. III. Cuando en el lugar no hubiere autoridad, será competente la Jueza, Juez, Tribunal o la Sala Constitucional al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación del derecho hubiese sido fuera del lugar de residencia de la afectada o el afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante la Sala o Juzgado competente por razón de domicilio del accionante. (…) Con base en lo señalado, se llega a precisar que las Salas Constitucionales son competentes para conocer acciones de libertad, pudiendo también las mismas ser presentadas ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, conforme lo dispuesto en el art. 125 de la CPE; por lo que, con relación a esta acción de defensa, el solicitante de tutela se encuentra ante una disposición normativa facultativa y no imperativa. Empero, en base a una interpretación teleológica de la Ley 1104, se llega establecer que su art. 2.II debe ser estimado tomando en cuenta cualquiera de las tres reglas de competencia territorial que se disponen en su art. 3, las cuales no llegan a excluirse entre sí y mucho menos presentan grados de prelación; criterio que se sustenta en los principios de favorabilidad y pro actione; por lo que es obligación de quienes se constituyen en jueces o tribunales de garantías, efectuar siempre una interpretación de aplicación favorable de las reglas de competencia territorial mencionadas, a efectos garantizar el acceso a la justicia constitucional y no constituirse en una barrera que limite su acceso.”
En el proceso ordinario por reconocimiento de derechos, pago de comisiones, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, seguido por Juan Santos Contreras -accionante- contra PETREX S.A. -tercero interesado-, la demanda fue declarada probada en parte con relación al reconocimiento de derechos y al pago de comisiones del uno por ciento; en dicho mérito, la Sentencia fue apelada por PETREX S.A., recurso que fue resuelto mediante Auto de Vista 281/2023, a través del cual el Tribunal de apelación confirmó el fallo impugnado (Conclusión II.1). Contra el referido Auto de Vista, PETREX S.A. formuló recurso de casación en la forma, solicitando la nulidad del pronunciamiento de alzada al existir apelaciones pendientes de resolución; asimismo, denunció la falta de fundamentación y congruencia, al no haberse resuelto todos los puntos de apelación, omitiéndose cómo se estableció la existencia del derecho. En el fondo, denunció errónea interpretación y aplicación de los arts. 450 y 455 del CC y errónea valoración de las pruebas documentales y testificales aportadas (Conclusión II.2); en consecuencia, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia admitieron dicho recurso mediante Auto Supremo 1061/2023-RA (Conclusión II.3). En ese contexto, a través del Auto Supremo 1225/2023, las autoridades judiciales demandadas resolvieron el recurso de casación formulado por el tercero interesado, casando el Auto de Vista 281/2023 y declarando improbada la demanda interpuesta por el impetrante de tutela (Conclusión II.4), acto que se identifica como lesivo a derechos fundamentales, bajo el argumento de que los Magistrados demandados: a) Incorporaron agravios que no fueron planteados en apelación ni en casación; b) Desarrollaron nuevos puntos de análisis no identificados previamente en el Auto Supremo de admisión; c) Efectuaron valoración probatoria extra petita respecto de la prueba testifical; y, d) Utilizaron el recurso de casación como una tercera instancia revisora.
Con carácter previo, cabe precisar ciertos aspectos vinculados a la tramitación de la presente causa ante el Juez de garantías (Conclusión II.5 y II.6), quien procedió a la reconducción o reconversión de la acción de libertad a una acción de amparo constitucional. Conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal estableció que, la reconducción o reconversión de acciones de defensa constituye una facultad de la justicia constitucional que permite tramitar una acción constitucional por la vía que realmente corresponde, aun cuando el accionante haya elegido erróneamente el mecanismo tutelar, siendo imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, siempre y cuando los hechos expuestos y de la pretensión deducida se evidencie la necesidad de otorgar una tutela efectiva de los derechos fundamentales o garantías constitucionales. Facultad que encuentra su fundamento, esencialmente en los principios de tutela constitucional efectiva, pro actione, iura novit curia, economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el formalismo procesal y, eficacia de los derechos fundamentales; en consecuencia, los requisitos formales y la denominación otorgada por el accionante a su demanda no pueden prevalecer sobre la obligación de la jurisdicción constitucional de brindar protección efectiva a los derechos cuando resulte evidente que la pretensión corresponde a otra acción tutelar.
Ahora bien, la reconducción o reconversión, procede únicamente cuando, se cumplen las reglas siguientes: 1) Existe un error en la vía procesal elegida; 2) Se cumplen los requisitos esenciales de la acción a la que se pretende reconducir; 3) No se alteran los hechos ni el petitorio planteados por el accionante; 4) Se garantiza plenamente el derecho a la defensa de la parte demandada; y, 5) La reconducción resulta necesaria para evitar la frustración o irreparabilidad de los derechos involucrados.
Al efecto, la jurisprudencia emitida por este Tribunal, ha establecido los límites de la reconducción y reconversión de acciones, disponiendo que la justicia constitucional no puede: i) Sustituir al accionante; ii) Modificar los hechos de la demanda; iii) Reformular el petitorio; y, iv) Afectar el derecho de defensa de la parte demandada.
Por ello, la reconducción debe respetar la esencia de la pretensión originalmente formulada y las reglas propias de la acción constitucional a la que se reconduce, ello bajo el entendido que la finalidad última de la reconducción es asegurar que los errores de técnica procesal del accionante no impidan la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo que jueces, tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional otorguen la tutela constitucional por la vía jurídicamente adecuada, siempre en beneficio de la protección de los derechos y sin vulnerar las garantías procesales de las partes. En el caso objeto de análisis, se advierte que el Juez de garantías dispuso la reconducción de la demanda inicialmente promovida como acción de libertad hacia una acción de amparo constitucional, sustentando dicha determinación en la solicitud formulada por el representante del accionante, quien alegó que su representado pertenece a un grupo de atención prioritaria por su condición de adulto mayor. No obstante, si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido la posibilidad de reconducir la acción de libertad a una acción de amparo constitucional cuando se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, la condición de persona adulta mayor del accionante no resulta suficiente para que opere la reconducción o reconversión; en efecto, conforme al entendimiento desarrollado por la jurisprudencia constitucional, la reconducción debe observar determinadas exigencias, destinadas a preservar la naturaleza de la acción constitucional a la cual se pretende reconducir el proceso, en este caso la acción de amparo constitucional, garantizando el debido proceso y evitando afectaciones a los derechos de las partes involucradas. Asimismo, precisó que la reconducción no puede convertirse en un mecanismo que permita al juzgador sustituir a las partes procesales ni desconocer las garantías mínimas que rigen la justicia constitucional. En el caso en análisis, si bien el accionante pertenece a un grupo vulnerable al ser persona de la tercera edad, de la acción de libertad interpuesta, así como de la documental cursante en el expediente, no se advierte la existencia de elementos suficientes que permitan a este Tribunal asumir convicción de una posible irreparable lesión de derechos en miras a la urgente necesidad de tutela de derechos, que haga viable su reconducción, además de no contar con evidencia suficiente para determinar la existencia de la lesión de los derechos alegados, así como la observancia de los requisitos propios de la acción de amparo constitucional, misma que por su carácter formal -a diferencia de la acción de libertad en la que rige el informalismo-, tiene exigencias que no pueden ser soslayadas. Conforme a lo anterior, este Tribunal advierte que denuncias formuladas por el solicitante de tutela se encuentran vinculadas a la supuesta lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como al principio de verdad material, emergentes de la emisión de un Auto Supremo, pronunciado dentro de un proceso ordinario de naturaleza civil. Sin embargo, de los antecedentes cursantes en obrados no se evidencia que la eventual postergación del análisis constitucional de tales denuncias genere una afectación irreparable o definitiva a los derechos invocados, ni que exista una situación de urgencia constitucional que justifique prescindir de los presupuestos propios de la acción de amparo constitucional; por el contrario, la naturaleza de las vulneraciones alegadas exige la verificación previa de los requisitos de procedencia y admisibilidad inherentes a dicha acción tutelar previstos en el art. 33 del CPCo, los cuales no pueden tenerse por cumplidos únicamente bajo el argumento de la condición de adulto mayor del accionante. Asimismo, este Tribunal no puede omitir el hecho de que la presente causa fue tramitada con una celeridad propia de las acciones de libertad, incompatible con la necesidad de garantizar la participación efectiva de todos los sujetos procesales involucrados, como ocurre en los casos de las acciones de amparo constitucional; de manera específica, se evidencia la ausencia de notificación al tercero interesado, pese a que la decisión de esta jurisdicción incide directamente en su esfera jurídica. Tal omisión adquiere especial trascendencia constitucional, pues la jurisprudencia constitucional citada ha establecido que uno de los presupuestos inexcusables de la reconducción consiste en preservar el derecho a la defensa de quienes pudieran resultar afectados por la resolución constitucional; en consecuencia, la falta de convocatoria y notificación al tercero interesado impidió que éste pudiera ejercer oportunamente su derecho a ser oído, presentar argumentos, ofrecer prueba y controvertir las pretensiones formuladas en su contra, generándose una evidente lesión al debido proceso en su elemento de defensa. Debe recordarse que la justicia constitucional, por esencia, constituye un sistema de protección integral de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en tal sentido, su finalidad no se agota en la tutela de los derechos invocados por la parte accionante, sino que comprende igualmente la obligación de resguardar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en la controversia constitucional; de ahí que, resulta incompatible con los principios de la justicia constitucional admitir una tutela obtenida a costa del sacrificio injustificado de los derechos de terceros que no tuvieron la posibilidad de intervenir en el proceso. Asumir una posición distinta implicaría admitir que la protección de determinados derechos fundamentales puede alcanzarse mediante la vulneración, limitación o supresión de otros derechos de igual jerarquía constitucional, razonamiento que resulta inadmisible dentro del modelo constitucional vigente, fundado en los principios de equilibrio, armonización y eficacia integral de los derechos fundamentales. Por consiguiente, al haber dispuesto el Juez de garantías la reconducción de la acción tutelar sin observar plenamente las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional y, particularmente, sin garantizar el derecho a la defensa del o los terceros interesados mediante su notificación y participación en el proceso, corresponde concluir que la tramitación de la causa se apartó de los estándares constitucionales que rigen la reconversión de acciones de defensa, afectando la validez constitucional del procedimiento constitucional desarrollado. Al respecto, corresponde aclarar que si bien cursa el memorial de fs. 275 a 282 vta. de apersonamiento de PETREX S.A. -tercero interesado-, por el cual su representante legal solicitó a este Tribunal la revocatoria de la Resolución 09/2024 de 4 de mayo emitido por el Juez, Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías, esta intervención no se debe a la observancia de las previsiones de los art. 33.1 y 35.2 del CPCo.
Aclarado lo anterior y verificada la imposibilidad de reconducción de la acción de libertad a una de amparo constitucional, corresponde resolver la presente causa en el marco de los arts. 125 y siguientes de la CPE y, 46 y siguientes del CPCo; es decir, aplicando las reglas, principios y procedimiento que rigen las acciones de libertad. En este contexto, conforme se tiene del entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad es una garantía constitucional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, destinada a brindar tutela inmediata, efectiva y directa frente a amenazas o vulneraciones del derecho a la vida, la libertad física y la libertad de locomoción. Su naturaleza es preventiva, correctiva y reparadora, pudiendo activarse tanto frente a actos como omisiones provenientes de autoridades públicas o de particulares, sin distinción de fueros o privilegios. En ese sentido, la estructura dogmática de esta garantía se sustenta en dos elementos esenciales: a) Su naturaleza procesal, caracterizada por la inmediatez, informalismo, sumariedad, generalidad e inmediación, orientadas a asegurar una protección constitucional rápida y efectiva; y, b) Sus presupuestos de activación, que habilitan su procedencia cuando exista amenaza o afectación al derecho a la vida; restricción o vulneración de la libertad física o de locomoción, procesamiento indebido o persecución indebida. En el caso concreto en análisis, el accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de verdad material y congruencia; argumentando que, en el proceso ordinario por reconocimiento de derechos, pago de comisiones, daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente seguido contra el tercero interesado, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia demandados, emitieron un Auto Supremo casando el Auto de Vista y declarando improbada su demanda, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) Se incorporaron agravios que no fueron planteados ni en el recurso de apelación ni en el de casación; 2) Se desarrollaron aspectos de análisis que no fueron identificados previamente en el Auto Supremo que dispuso la admisión; 3) Se efectuó una valoración probatoria extra petita respecto de la prueba testifical producida en el proceso; y, 4) Se utilizó el recurso de casación como una tercera instancia revisora, apartándose de su naturaleza jurídica y de los límites previstos por la normativa procesal civil. Conforme se puede apreciar, los agravios denunciados por el representante del impetrante de tutela, se encuentran vinculados al debido proceso, a la fundamentación, motivación, congruencia, valoración probatoria y legalidad procesal, pero no guardan relación alguna -directa ni directa- con restricciones a la libertad física, la locomoción o la vida.
En efecto, este Tribunal en sus reiterados fallos estableció que, para la procedencia de esta garantía constitucional por procesamiento indebido, la irregularidad denunciada debe tener una incidencia directa e inmediata sobre la libertad física o de locomoción de la persona, en el presente caso: i) Se trata de un proceso ordinario civil; ii) No existe privación de libertad; iii) No existe amenaza de privación de libertad; iv) No existe medida cautelar que restrinja la libre locomoción del accionante; v) No existe persecución personal; y, vi) No existe riesgo para la vida. Consiguientemente, los hechos denunciados no cumplen ninguno de los presupuestos materiales de procedencia de la acción de libertad previstos por el art. 125 y siguientes de la CPE; y, 46 y siguientes del CPCo; puesto que, la controversia planteada versa exclusivamente sobre actuaciones jurisdiccionales desarrolladas dentro de un proceso civil ordinario y sobre presuntas vulneraciones al debido proceso, sin que exista afectación, amenaza o riesgo alguno respecto a los bienes jurídicos protegidos por la acción de libertad.
Al constituir la pretensión constitucional expuesta manifiestamente ajena al ámbito de protección de la acción de libertad, corresponde denegar la tutela solicitada; sin embargo, al no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática denunciada e independientemente de haberse establecido la imposibilidad de la reconducción o reconversión de acciones tutelares, la parte accionante de considerar la existencia de vulneraciones a derechos fundamentales vinculados al debido proceso como la fundamentación, motivación, congruencia o tutela judicial efectiva, puede acudir nuevamente a esta jurisdicción constitucional, presentando su acción de amparo constitucional, siempre y cuando se observen los principios de subsidiariedad, inmediatez y las demás exigencias que rigen dicha garantía constitucional.
Este Tribunal considera necesario incidir en los actos del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, en principio en relación a la notificación de las autoridades demandadas con la acción tutelar de autos. Al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, hace referencia al reconocimiento de la validez de las notificaciones practicadas mediante la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp, siempre que se garantice el conocimiento real y efectivo del acto procesal por parte de su destinatario; para tal efecto, debe acreditarse que la comunicación fue remitida con una anticipación razonable al número telefónico correctamente constituido a efectos procesales y que exista constancia objetiva de su recepción o efectivo conocimiento, evitando de esta manera cualquier situación de indefensión y resguardando plenamente el derecho a la defensa. En ese contexto, de la revisión de antecedentes se evidencia que, una vez presentada la acción de libertad el 3 de mayo de 2024, el Juez de garantías mediante proveído de 4 del mismo mes y año -fs. 89- señaló audiencia para el mismo día a horas 11:30; no obstante, los actos de comunicación o notificación de Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -autoridades demandadas- fueron practicados a horas 11:05 y 11:08 del mismo día (fs. 90, 91 y 93), demostrando así que las notificaciones practicadas no se ajustaron a los entendimientos jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal. En efecto, una notificación destinada a poner en conocimiento de la o las autoridades demandadas, la celebración de una audiencia que resuelva una acción tutelar, debe ser practicada con un lapso razonable de tiempo y no apenas con veinticinco minutos de anticipación como ocurrió en el caso concreto, pues este lapso de tiempo resulta manifiestamente insuficiente para que las autoridades demandadas puedan asumir conocimiento efectivo de la demanda, pruebas, etc., a efectos de elaborar el informe correspondiente y realizar las gestiones necesarias para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Asimismo, de la revisión de las capturas de pantalla sobre la presunta notificación a los Magistrados demandados vía WhatsApp cursantes en obrados, no se advierte elemento probatorio que permita concluir que hubiese existido una confirmación de la recepción de los mensajes remitidos ni que se hubiese tomado conocimiento efectivo de su contenido, tampoco existe constancia de que se hubiese proporcionado oportunamente el enlace de acceso a la audiencia virtual, aspecto indispensable para garantizar su participación efectiva en dicho acto procesal. Con relación a la competencia territorial del Juez de garantías, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional estableció como regla general que la competencia para conocer y resolver las acciones de libertad corresponde al juez o tribunal del lugar donde se produjo la presunta lesión o amenaza al derecho fundamental invocado; no obstante, también reconoció como subreglas o excepciones, la competencia del juez o tribunal del lugar de mejor acceso, determinada por la cercanía territorial o por mejores condiciones de transporte y comunicación, así como la competencia correspondiente al domicilio de la persona afectada cuando el acto lesivo se hubiera producido fuera de su lugar de residencia; dichos criterios, deben aplicarse de manera alternativa y favorable al acceso efectivo a la justicia constitucional. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se advierte que, el impetrante de tutela tiene constituido su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, específicamente en la Urbanización La Hacienda I, quinto anillo (fs. 1) y el presunto acto lesivo se produjo en la ciudad de Sucre, por ser sede del Órgano Judicial, concretamente del Tribunal Supremo de Justicia, donde cumplen sus funciones de Magistrados de la Sala Civil los ahora demandados. En ese sentido, la acción de libertad de autos fue presentada ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, municipio que se encuentra aproximadamente a 18,3 km² de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; por lo que, considerando la previsión del art. 3 de la Ley 1104 -de 27 de septiembre de 2018-, así como la jurisprudencia constitucional en materia de competencia territorial en acciones tutelares, correspondía que la presente causa sea conocida y resuelta por una de las Salas Constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y no así a un Juez de garantías del municipio de La Guardia, autoridad que asumió competencia en abierta contradicción con los parámetros normativos y jurisprudenciales que regulan la materia. Ahora bien, cursa en obrados el memorial presentado por las autoridades judiciales demandadas el 11 de marzo de 2026 (fs. 977 a 979 vta.); mediante el cual, solicitaron el adelanto de sorteo de la presente causa, petición formulada en atención a las conminatorias emitidas por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia -Juez de garantías en el caso concreto-, para el cumplimiento de la Resolución 09/2024, que concedió la tutela impetrada. En ese memorial las referidas autoridades denunciaron presuntas irregularidades en la tramitación de la acción tutelar; señalando, entre otros aspectos, que luego de obtener una resolución favorable a sus pretensiones promovió recusación contra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, incidente que fue rechazado; posteriormente, el representante del accionante promovió una nueva acción de libertad, que fue también reconducida a acción de amparo constitucional y resuelta por el mismo Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, dentro del expediente 65598-2024-132-AL -según el sistema de gestión de causas del Tribunal Constitucional Plurinacional-, advirtiéndose la emisión de resoluciones como el Auto 30/26 de 19 de enero de 2026 (fs. 973 a 976 vta.); según la cual, el Juez de garantías resolviendo una queja interpuesta por el accionante dejó sin efecto el Auto Supremo 1302/2025 de 7 de noviembre, ordenando a las autoridades judiciales demandadas el cumplimiento de la Resolución 09/24 de 4 de mayo, dictada dentro de la acción de libertad dentro del mencionado expediente 65598-2024-132-AL. Tales circunstancias denotan la existencia de actos irregulares en la sustanciación de la presente causa y que, por su relevancia deben ser objeto de investigación por las autoridades disciplinarias competentes, para el establecimiento o no de la responsabilidad que corresponda. En ese contexto, si bien correspondería disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el decreto de admisión de la presente acción por parte del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, debido a las irregularidades advertidas en la sustanciación de la causa y a la inobservancia de las reglas que regulan la competencia y tramitación de las acciones tutelares, este Tribunal considera necesario efectuar una ponderación de las circunstancias particulares del caso. En efecto, bajo los principios de celeridad, economía procesal y eficacia de la justicia constitucional, y considerando además la data del proceso, que se remonta a la gestión 2024, la reposición de obrados hasta la fase de admisión no resultaría compatible con la finalidad de una tutela constitucional pronta y efectiva; ello debido a que, de disponerse la nulidad y la consecuente reposición del trámite, conforme a los entendimientos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondería inicialmente resolver las cuestiones relativas a la competencia constitucional, circunstancia que previsiblemente daría lugar a una inhibitoria de competencia; y, aun superado dicho aspecto, el análisis de fondo de la problemática planteada conduciría inexorablemente a la misma conclusión a la que arriba este Tribunal. En ese sentido, habiéndose efectuado el examen integral de los antecedentes y de las denuncias formuladas por la parte accionante, se concluye que los actos cuestionados no evidencian la existencia de lesión alguna a los derechos fundamentales invocados ni la concurrencia de los presupuestos constitucionales necesarios para la concesión de la tutela solicitada. Por consiguiente, y en aplicación de los principios de economía procesal, celeridad y eficacia de la justicia constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada, sin que resulte necesario disponer la nulidad de obrados, al no existir utilidad práctica ni incidencia material en el resultado final del proceso; no obstante, ante las irregularidades advertidas, corresponde la remisión de antecedentes ante las instancias administrativas disciplinarias competentes a efectos de que se establezcan responsabilidades si corresponde. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de forma correcta, al margen de las inobservancias advertidas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/24 de 4 de mayo de 2024, cursante de fs. 97 vta. a 104 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Remítase antecedentes de todos los actos del Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz al Pleno del Consejo de la Magistratura; a efectos de que, a través de las unidades de Transparencia, Control y Fiscalización, inicien las acciones legales que correspondan. Regístrese notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0957_2026-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ae5f9e114f0102316e9f32c94e787f02ba22847643f34f7471644243d08ded9
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