Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 29 de agosto de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión del debido proceso -en relación a los principios de especialidad e interés superior del niño, niña y adolescente- vinculado al derecho a la libertad, en virtud a que habiendo impugnado, a través de la apelación incidental, la medida de detención preventiva impuesta en su contra, las autoridades accionadas, a través del Auto de Vista 04/2023, determinaron declararla inadmisible, aplicando de manera arbitraria e ilegal el art. 218 del CPC, que no es asimilable a los procesos sustanciados contra adolescentes con responsabilidad penal ni al Sistema Penal para Adolescentes; en consecuencia, incurrieron en carencia de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva acerca de los agravios de apelación.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme el desarrollo de razones fácticas, normativas y jurisprudenciales efectuadas en el presente fallo constitucional, y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
2º Sin perjuicio de la concesión de tutela dispuesta, corresponde exhortar a los Vocales accionados a considerar la condición de la presunta víctima dentro del proceso penal de origen, que evidencia la existencia de varios elementos de vulnerabilidad que deben ser considerados a lo largo de la investigación, y proceso penal; y en su efecto deben reatar la resolución de fondo del recurso de apelación incidental de 18 de mayo de 2023, a un enfoque interseccional, ponderando, de ser necesario y si así corresponde, los derechos del adolescente con responsabilidad penal y de la presunta víctima de violencia sexual, conforme los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0957/2023-S3 Sucre, 29 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 56531-2023-114-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 03/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por EE en representación sin mandato de NN contra Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 8 a 9, la representante sin mandato del accionante, manifiesta lo siguiente:
Conforme a la imputación formal de 12 de mayo de 2023, se endilga a su hijo NN, adolescente de quince años de edad, la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo la víctima su hermanastra PP, también de quince años de edad.
Su hijo fue aprehendido en flagrancia por particulares el 11 de mayo de 2023 a las 12:30 horas, pese a que los supuestos hechos delictivos relatados por la adolescente PP habrían ocurrido “…en agosto de 2022..” (sic). En la misma audiencia de consideración de la imputación formal descrita y solicitud de aplicación de medidas cautelares personales, Hilton Gonzalo Pérez Hassenteufel, Juez del Tribunal de Sentencia Penal de la Capital del departamento de Pando, a través del Auto Interlocutorio de 12 de mayo de 2023, dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración para Adolescentes Infractores de Villa Rojas.
Dentro del plazo legal, presentó recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, habiéndose corrido en traslado al Ministerio Público, quien contestó al recurso; luego, fue remitido, conjuntamente los antecedentes, al Tribunal de apelación.
Al efecto, Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 04/2023 de 5 de junio, estableciendo que el recurso descrito previamente, se presentó sin la expresión de agravios, de conformidad al art. 218.II del Código Procesal Civil (CPC), que no fundamentó por qué no correspondía la detención preventiva; asimismo, alegaron que el citado artículo, es la norma que determina la forma de resolver los recursos de apelación, disponiendo sea declarado inadmisible por ser extemporáneo; refiriendo a su vez el Auto Supremo (AS) 1069/2018 de 30 de octubre, que describe un entendimiento respecto al derecho de impugnación; en consecuencia, dispuso declarar inadmisible el recurso de apelación descrito.
Señala, que la referida decisión, es claramente arbitraria e ilegal, por cuanto desconoce la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Penal al proceso penal para adolescentes; y, al negarse a resolver el recurso descrito, privan indebidamente de la libertad a NN, quien con una correcta aplicación de la normativa adjetiva penal que corresponde, podría recuperar la libertad y locomoción conculcadas ilegalmente.
Así, el art. 4.I del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 543 de 17 de julio de 2014-, con referencia al ámbito de aplicación de dicha norma, dispone que ‘“Las disposiciones del presente Código son de orden público y de aplicación preferente a favor de todas las niñas y niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional”’ (sic); el art. 262.V del mismo Código, al referirse a los derechos y garantías de los adolescentes sometidos a un proceso penal, dispone: ‘“Para determinar la responsabilidad de una o un adolescente por un hecho punible y aplicar la sanción correspondiente, se debe seguir el procedimiento previsto en este Código”’ (sic); la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de agosto de 2015 (Reglamento del Código citado), prevé: ‘“Velando por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, se aplicará supletoriamente las normas adjetivas civiles, laborales vigentes, en tanto no sean contrarias a sus derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado, Convenios y Tratados Internacionales, la Ley 548 y el presente Decreto Supremo”’ (sic).
Asimismo, se debe recordar que, por el principio de especialidad, uno de los principios generales del sistema de justicia penal juvenil -siendo lo correcto, sistema penal para adolescentes-, que al mismo tiempo constituye un derecho y una garantía, previsto en el art. 262 del CNNA, los adolescentes acusados de la comisión de delitos deben ser juzgados con procedimientos específicos para ellos; en consecuencia, los arts. 5 y 218.II del CPC, no pueden ser aplicados supletoriamente en los procesos penales sustanciados contra adolescentes o al sistema especial señalado.
Por lo expuesto, y a partir de la SCP 0005/2018-S1 de 27 de febrero, que reconduce el anterior entendimiento constitucional realizando una interpretación literal y teleológica del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) en cuanto a la protección del debido proceso a través de la acción de libertad, cuando se genera absoluto estado de indefensión o cuando se agotó los medios de impugnación intraprocesales (esta es la circunstancia que ocurre en su caso), ello es susceptible de tutela vía acción de libertad.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión del debido proceso -en relación a los principios de especialidad e interés superior del niño, niña y adolescente- vinculado a su derecho a la libertad, citando al efecto, el art. 60 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad del Auto de vista 04/2023; en consecuencia, se ordene la emisión de una nueva resolución en audiencia, en el plazo de veinticuatro horas luego de su legal notificación, de conformidad a lo prescrito por los arts. 46 al 50 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 60 y 125 de la CPE.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 22; conectados a la plataforma virtual la parte accionante, asistida de su abogado; ausentes las autoridades accionadas; se produjeron los siguientes actuados:
La representante sin mandato del impetrante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en los términos del memorial de interposición y ampliando en audiencia señaló que el Auto de Vista 04/2023, carece de fundamentación, motivación y omisión de pronunciamiento expreso acerca de los agravios de apelación.
Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no asistieron a audiencia ni presentaron informe escrito, pese a su legal citación cursante a fs. 13 y 15.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, -conformado por distintos Jueces, se entiende y asume en suplencia legal-, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 32, concedió la tutela solicitada, disponiendo la anulación del Auto de Vista 04/2023, y ordenando -que las autoridades accionadas- emitan nueva Resolución de alzada, dentro del plazo contenido en el art. 314.III del CNNA, que se computará desde su legal y oportuna notificación, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al procedimiento especial y la normativa que regula el Sistema Penal para Adolescentes, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, establece la premisas de dicho Sistema, así como el cómputo de plazos y trámite del recurso de apelación incidental sobre medidas cautelares o su sustitución, o el sobreseimiento; por ende, tanto para la activación como para la resolución del recurso de apelación incidental, la normativa procesal penal aplicable cuando se encuentren involucrados adolescentes y se impugne una resolución de medida cautelar a través del recurso de apelación incidental, es la prevista en el Código Niña, Niño y Adolescente; cuyo procedimiento especial exige como requisito sine quanon en la interposición del referido recurso, su presentación escrita y debidamente fundamentada, debiendo ser realizado dentro del plazo de tres días de notificado el fallo al apelante, para que una vez remitido al Tribunal superior sea resuelto por dicha instancia, conforme lo dispuesto en el art. 314.III del precitado Código, por escrito y en el plazo de cinco días a contar desde la radicatoria del proceso; b) Las autoridades accionadas, en el Auto de Vista 04/2023, se limitaron a declarar inadmisible el recurso de apelación contra el Auto interlocutorio de 12 de mayo de 2023, arguyendo que el apelante no habría hecho referencia en la expresión de agravios sobre por qué no correspondía la detención preventiva del adolescente, sustentando su decisorio en la norma contenida en el art. 218 del CPC; sin embargo, no consideraron la SCP “1250/2015-S” de 9 de diciembre, donde se estableció una precisa distinción de la fundamentación y motivación como elementos individuales; pero, al mismo tiempo interdependientes del debido proceso, ni lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, sobre la motivación de las resoluciones; c) Del análisis y compulsa de la documental adjunta a la presente acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el adolescente NN por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, mediante memorial presentado ante el Juez de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Pando, la madre y ahora representante sin mandato del nombrado, interpuesto recurso de apelación contra el Auto interlocutorio de 12 de mayo de 2023, por escrito y fundamentado, en el plazo de tres días, cumpliendo lo dispuesto por el art. 314 del CNNA, y remitidos en grado de apelación los actuados pertinentes ante la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Auto de Vista 04/2023, declara la inadmisibilidad del recurso y en el fondo confirma la Resolución apelada, al establecer el incumplimiento del art. 218 del CPC, indicando que esa es la norma que determina la forma de resolver los recursos de apelación; d) Con base a dichos antecedentes y a los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en línea precedentes, al encontrarse involucrado un adolescente, resulta aplicable la normativa penal prevista en el art. 314 del CNNA; en consecuencia, las autoridades accionadas al declarar inadmisible el recurso incurren en carencia de fundamentación debida y adecuada motivación respecto a los agravios advertidos por el apelante; por cuanto con su errónea decisión, omitieron considerar que estaba en juego la libertad del adolescente, respecto de quien el tratamiento jurídico es diferenciado, conforme a lo dispuesto por el art. 262 inc. g) del CNNA, advirtiéndose la flagrante vulneración de garantías y derechos constitucionales; e) Las autoridades accionadas, afirman que no se expresó los agravios; empero, en el memorial de apelación, advierte los agravios observados, y precisados por el abogado defensor del adolescente en la audiencia de consideración de medidas cautelares; ello, sumado a que, el art. 60 de la CPE, establece la obligación de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, siendo un deber constitucional inherente al Estado, la sociedad y al núcleo familiar, obligación que no cumplieron las autoridades accionadas; y, e) Corresponde considerar la presunción de veracidad en razón a que las autoridades jurisdiccionales accionadas no presentaron informe alguno y tampoco participaron en la sala virtual de audiencia; por ello, los hechos denunciados son lesivos de los derechos del accionante.
Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Consta certificado de nacimiento de NN, ahora accionante, con fecha de nacimiento 31 de mayo de 2007, siendo su madre EE, ahora representante sin mandato (fs. 2).
II.2. Dentro del proceso penal instaurado contra NN por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo la víctima su hermanastra PP, menor de edad, a través del recurso de apelación incidental formulado por la representante sin mandato, el 18 de mayo de 2023, ante Ruth Karina Suzaño Cortez, Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de Pando, se cuestionó el Auto Interlocutorio de 12 de mayo de 2023; por el que, la referida autoridad, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra NN. Esta decisión mereció el decreto de 19 del mismo mes y año, por el que la referida autoridad, ordenó se corra en traslado para que en el plazo de tres días respondan fundamentadamente el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conforme al art. 314 del CNNA (fs. 3 a 4).
II.3. Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -ahora accionados-, emitieron el Auto de Vista 04/2023 de 5 de junio; por el que, declararon inadmisible el recurso de apelación contra el Auto interlocutorio antes descrito (fs. 5 a 6).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión del debido proceso -en relación a los principios de especialidad e interés superior del niño, niña y adolescente- vinculado al derecho a la libertad, en virtud a que habiendo impugnado, a través de la apelación incidental, la medida de detención preventiva impuesta en su contra, las autoridades accionadas, a través del Auto de Vista 04/2023, determinaron declararla inadmisible, aplicando de manera arbitraria e ilegal el art. 218 del CPC, que no es asimilable a los procesos sustanciados contra adolescentes con responsabilidad penal ni al Sistema Penal para Adolescentes; en consecuencia, incurrieron en carencia de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva acerca de los agravios de apelación.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al alcance de aplicación del citado principio constitucional, en su finalidad protectiva, la SCP 0633/2021-S3 de 17 de septiembre, sistematizando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, que aplica y plasma a su vez la normativa constitucional sobre este axioma, precisó: [En cuanto a este axioma especializado, la SCP 0818/2018-S1 de 5 de diciembre, sostuvo: «Sobre el particular y realizando un desarrollo normativo constitucional como de instrumentos supra nacionales, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, señala: «La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece:
‘Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’.
‘Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’.
La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial.
La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-:
‘Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’.
(...)
Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece:
‘ARTÍCULO 19
Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’ …
Así, conforme este plexo jurídico-normativo interno como del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-.”»] (las negrillas nos pertenecen).
Sobre el particular, y en la misma línea de aplicación de principios de protección vinculados a la niñez y adolescencia, en el caso de menores de edad imputables, la SCP 0707/2019-S1 de 12 de agosto, remitiéndose a la jurisprudencia constitucional establecida al respecto, señaló: «La SCP 0459/2013 de 10 de abril, efectuando un análisis de la normativa relativa a menores de edad, entonces vigente, siendo que su espíritu no difiere de los postulados del actual Código Niño Niña Adolescente, entre otros entendimientos, sostuvo que: “…requieren de especiales cuidados y protección dado su nivel de desarrollo tanto físico como mental, situación que, ante su manifiesta inexperiencia frente al mundo, los hace especialmente vulnerables y por ende sujetos de protección constitucional reforzada a efectos de preservar y garantizar el carácter superior y prevalente de sus derechos y garantías, axioma básico postulado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que coincide con el art. 60 de la CPE precitado, en que los derechos de niñas niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo que el Estado, la sociedad y la familia se hallan compelidos tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, de garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que éstos necesitan para convertirse en miembros útiles de la sociedad; de donde se desprende que los principios de protección especial de la niñez y preservación del interés superior y prevaleciente del menor son fundamentales a efectos de asegurar su desarrollo armónico. Ahora bien, la aplicación de estos principios parte de una caracterización jurídica especial y específica respecto a los menores de edad, y responde, en base a la naturaleza prevalente de sus derechos y garantías, a la obligación que la ley impone a la familia, a la sociedad y al Estado, para que en aplicación del principio de solidaridad (art. 8.II CPE) que propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y en consideración al grado de vulnerabilidad del menor ‘…lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad’ . En tal sentido, la determinación del interés superior del menor debe efectuarse en atención a las circunstancias específicas de cada caso concreto, toda vez que: ‘…el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal’ . (…)
En conclusión y en mérito a lo expuesto, las autoridades administrativas y judiciales a cargo de establecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se hallan constreñidos a evaluar cada escenario y cada caso en particular atendiendo las circunstancias fácticas de cada problemática, hecho que les permita la aplicación de disposiciones jurídicas que, obedeciendo al principio pro libertatis, tendiente a interpretar el contenido y alcance de los derechos fundamentales de la forma más extensiva posible en todo lo que favorezca a la libertad y restrictivo en todo lo que la limite, en función del orden público, la moral y los derechos de terceros; y al principio jurídico in favor debilis que permite armonizar las normas de derecho interno con las de orden internacional que sean aplicables en el caso concreto, buscando la que sea más favorable y beneficiosa al caso particular, favorezcan a este grupo humano en particular y que en atención a dicho interés, preserven el bienestar integral de los menores de edad y el resguardo de sus derechos y garantías frente a los intereses de los demás, habida cuenta que, conforme se expuso precedentemente, los niños, niñas y adolecentes se constituyen en sujetos pertenecientes a un grupo de atención preferente y protección constitucional reforzada, situación que compele a jueces y administrativos a actuar con mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de su deber”» (las negrillas nos corresponden).
Conforme al cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, a través del cual se los reconoce como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del principio constitucional de interés superior de la niñez y adolescencia, en la legislación nacional se halla previsto el Sistema Penal para Adolescentes, que es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes. Así, el Código Niña, Niño y Adolescente, dispone: “ARTÍCULO 261. (RESPONSABILIDAD DE LA Y EL ADOLESCENTE).
I. La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga.
II. Los derechos y garantías de la y el adolescente en el Sistema Penal serán asegurados por todos los integrantes del Sistema, de acuerdo a sus atribuciones y competencias” (el resaltado es nuestro). Concordante con dicha previsión normativa, el art. 262 del mismo Código, establece: “(DERECHOS Y GARANTÍAS). I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: a) Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social”.
En este marco especial y diferenciado en favor del adolescente con responsabilidad penal, el art. 288 de la norma legal en estudio, determina: “(MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). La Jueza o el Juez podrá disponer razonablemente, la aplicación de una o varias de las siguientes medidas cautelares”, entre las que reconoce a la detención preventiva. Estas medidas podrán ser aplicadas siempre y cuando concurran los presupuestos establecidos en los arts. 289 (requisitos para la detención preventiva) y 290 (riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad); asimismo, se prevén los presupuestos a efecto de la cesación de la detención preventiva, en el art. 291 de la citada norma jurídica. Ahora bien, en cuanto al mecanismo de impugnación contra la aplicación de las medidas cautelares personales previstas en el Código Niña, Niño y Adolescente, es necesario remitirnos a la siguiente disposición: “ARTÍCULO 314. (APELACIÓN INCIDENTAL). I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: a) Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; b) La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y c) Las que se dicten en ejecución de sentencia. II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso”. Sobre el Sistema Penal para Adolescentes, como un mecanismo de procesamiento diferenciado y el derecho a la doble instancia inherente, con carácter reforzado, al adolescente con responsabilidad penal, la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, estableció el siguiente razonamiento: «La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la “Convención sobre los Derechos del Niño” Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el “interés superior del niño”, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial.
La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-:
“Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. “Artículo 37
(…)
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”.
“Artículo 40.2 inc. b) (…) v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley”. En este mismo enfoque normativo, y dentro del paraguas de protección internacional de los derechos de la niñez y adolescencia, se tienen las: REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985
“7. Derechos de los menores 7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”.
“22. Necesidad de personal especializado y capacitado 22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema…”. Que conjuntamente las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) aprobadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112 de 14 de diciembre de 1990, contienen pautas contra la discriminación, haciendo énfasis en la reintegración social, resaltando la imperiosa necesidad de contar con personal capacitado para el tratamiento de los menores infractores en el sistema de justicia, con el consecuente respeto a los derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales -como el derecho al debido proceso en su elemento de la doble instancia-, encaminados en la concreción de una legislación y administración de justicia especializadas, sustentadas en el principio del interés superior del niño -ut supra citado- y el respeto a la dignidad de los menores, que fortalezca la vigencia de sus derechos fundamentales y libertades.
Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando: La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece: “ARTÍCULO 19 Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Dentro de su labor consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto, referida a la “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, respecto a la garantía jurisdiccional de la doble instancia (arts. 8.2.h. de la Convención Americana y 40.2.b.v de la Convención sobre Derechos del Niño), precisó: d. Doble instancia: (artículos 8.2.h de la Convención Americana y 40.b.v de la Convención sobre los Derechos del Niño): el niño debe gozar del derecho a que un tribunal revise la medida que le ha sido impuesta, para controlar así el poder punitivo de las autoridades.
Dicha garantía debe estar vigente en cualquier procedimiento en el que se determinen los derechos del niño, y en especial cuando se apliquen medidas privativas de libertad. En este sentido, y conforme a la normativa supranacional pre existente, la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, como normativa especial, dentro de su carácter teleológico configura en cuanto al “Sistema Penal para Adolescente”, una jurisdicción especializada así como la aplicación de procedimientos especiales, que permiten una intervención jurídica distinta a la prevista el Código de Procedimiento Penal, conteniendo elementos esenciales propios de cualquier jurisdicción, entendidos como derechos procesales y garantías jurisdicciones (imparcialidad, independencia, principio de legalidad, doble instancia, etc); empero, que adquieren connotaciones especiales en su ejercicio para el caso de los niños y adolescentes; debiendo las autoridades judiciales, imperativamente privilegiar el interés superior del niño, niña y adolescente, orientados por los principios de protección integral y su condición de vulnerabilidad”» (el resaltado y subrayado nos pertenecen).
La madre del accionante, como su representante sin mandato, denuncia que habiendo impugnado, a través de la apelación incidental, la medida de detención preventiva impuesta contra su hijo adolescente, las autoridades accionadas, a través del Auto de Vista 04/2023 de 5 de junio, determinaron declararla inadmisible, aplicando de manera arbitraria e ilegal el art. 218 del CPC, que no es asimilable a los procesos sustanciados contra adolescentes con responsabilidad penal ni al Sistema Penal para Adolescentes; en consecuencia, incurrieron en carencia de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva acerca de los agravios de apelación. Al efecto, corresponde verificar los antecedentes procesales que dieron lugar a la presente acción de defensa. Así, se tiene que el accionante, es un adolescente de dieciséis años de edad a momento de la interposición de la presente acción tutelar -y quince años cuando se interpuso la denuncia-(Conclusión II.1), contra quien se instauró el proceso penal por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo la presunta víctima su hermanastra PP, con quince años de edad al momento de la interposición de la denuncia.
La Jueza de la Niñez y Adolescencia Segunda del departamento de Pando, emitió el Auto interlocutorio de 12 de mayo de 2023, por el que dispuso la detención preventiva del referido adolescente; en consecuencia, la madre y ahora representante sin mandato del accionante, interpuso recurso de apelación incidental formulado el 18 de igual mes y año, ante la referida autoridad, mereciendo el decreto de 19 del citado mes y año, por el que se ordenó correr en traslado para que en el plazo de tres días respondan fundamentadamente el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conforme al art. 314 del CNNA (Conclusión II.2). En ese despliegue procesal, Delfín Humberto Betancourt Chinchilla y Miguel Ángel García Solares, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 04/2023; por el que, declararon inadmisible el recurso de apelación contra el Auto interlocutorio antes descrito (Conclusión II.3), conforme a los siguientes fundamentos: 1) Es evidente que se presentó un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 12 de mayo de 2023; sin embargo, se presentó sin la expresión de agravios, de conformidad al art. 218.II del CPC; en razón a que la parte impugnante no alega por qué no correspondía la detención preventiva de NN; es decir, no fundamentó con ninguna norma que cuestione la resolución que es objeto de cuestionamiento; 2) La norma legal citada, establece que el recurso de apelación será declarado inadmisible por ser extemporáneo y por falta de expresión de agravios; la jurisprudencia contenida en el AS 1069/2018 de 30 de octubre, establece que “Si bien el principio de impugnación se encuentra reconocido en el art. 180.II de la CPE, dicho principio no debe concebirse como una potestad absoluto e ilimitada que atribuya al litigante la posibilidad de impugnar toda cuanta Resolución considere le cause agravio o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier tiempo y forma; por el contrario este derecho reconocido a nivel constitucional debe ser ejercido conforme a las previsiones, exigencias y condiciones previamente normadas por la Ley” (en el original, resaltado); en consecuencia, en el presente caso, la apelación fue planteada sin cumplir con la expresión de agravios, impidiendo ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada; 3) La apelación no estableció qué derechos fueron vulnerados; si bien, de modo general, alega que la resolución que dispuso la medida cautelar es una resolución sin ninguna fundamentación ni argumentación; sin embargo, no es sustentada en ninguna normativa legal; 4) Las medidas cautelares son resoluciones provisionales que ordena el juez para asegurar y proteger los derechos de una de las partes del juicio o el objeto de un caso; por lo que, la parte apelante puede solicitar la cesación de las medidas ante la autoridad judicial que la emitió, con la debida fundamentación y conforme a ley; el art. 291 del CNNA, establece la cesación a la referida medida extrema; y, 5) Las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, conforme a la disposición fundamental establecida en el art. 5 del CPC, y siendo que el recurrente no cumplió con la norma procesal señalada, corresponde la declaración de inadmisibilidad del recurso. A partir del contenido del Auto de Vista ahora cuestionado y los argumentos expuestos por las autoridades judiciales accionadas para asumir su determinación de declarar inadmisible el recurso de apelación de medidas cautelares interpuesto por el ahora peticionante de tutela, es evidente que las autoridades de alzada, en el Auto de Vista 04/2023, incurrieron en ilegal aplicación de la norma procesal penal al emplear como base de su razonamiento el art. 218 del CPC; por cuanto, soslayaron considerar que el proceso penal de origen, se rige bajo el Sistema Penal para Adolescentes, reconocido y normado en el Código Niña, Niño y Adolescente, en razón a que la persona a quien se le endilga la probable comisión de un delito de carácter sexual, es un adolescente que en el momento de interposición de la denuncia -mayo de 2023- contaba con quince años de edad; lo que amerita, conforme a lo establecido en el art. 261.I del CNNA, desglosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, que sea sometido a un procedimiento diferenciado del adulto, es decir, procesado en la Jurisdicción Especializada, bajo el Sistema Penal para Adolescentes. Asimismo, esta postulación se sustenta en el principio de especialidad que, de acuerdo a lo previsto en el art. 262.1 inc. a) del CNNA, implica que la impartición de justicia en el Sistema antes descrito, se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de que el adolescente es una persona en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social.
Igualmente, descansa en la observancia del principio constitucional del interés superior de la niñez y adolescencia que, es el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a los niños, niñas o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose, conforme a este postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia (Fundamento Jurídico III.1), que conlleva a su vez la aplicación de un sistema penal diferenciado, con aplicación de principios que protejan su grado de vulnerabilidad y su formación integral que se encuentra en desarrollo (Fundamento Jurídico III.2) En ese contexto, de acuerdo al art. 288 del CNNA, entre las medidas cautelares personales que pueden aplicarse a los adolescentes con responsabilidad penal, se encuentra la detención preventiva, que es la medida que fue impuesta al accionante, mediante el Auto interlocutorio de 12 de mayo de 2023; decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación incidental, en el marco del art. 314.I inc. a) del citado Código; es decir, en aplicación de una norma especial prevista dentro del Sistema Penal para Adolescentes, habiendo sido tramitado de igual manera por la Jueza de la Niñez y Adolescencia del departamento de Pando, bajo el mismo paraguas normativo. En esa misma línea de análisis, de la norma prevista por el art. 314 del CNNA, se tiene que además de establecer los supuestos de activación del recurso de apelación incidental, dicho precepto legal describe de manera detallada su forma de presentación, los plazos procesales y el procedimiento a seguir para su resolución; en consecuencia, de forma alguna la invocación y aplicación del art. 218 del CPC en el caso en examen, realizada por las autoridades accionadas, se encuentra justificada, ni como vacío legal, ni menos aún por principio de favorabilidad o alguna razón legal o fáctica que hubiese impelido a aplicar dicha norma. Mucho menos es razonable la posición de las autoridades accionadas, quienes tratan de sostener su postulación en la jurisprudencia asumida en la jurisdicción ordinaria, respecto al principio de impugnación reconocido en el art. 180.II de la CPE, estableciendo que el mismo no puede ejercerse de manera absoluta e ilimitada, relievando que el impugnante, adolescente de dieciséis años de edad, no cumplió con la expresión de agravios; pues ello, denota un razonamiento formalista que no puede emplearse al presente caso sin antes considerar el principio de interés superior de la niñez y adolescencia que se constituye en una herramienta de interpretación en todos aquéllos casos que involucren a niñas, niños y adolescente; y que obliga a las autoridades jurisdiccionales a la protección reforzada encaminados a la efectivización de sus derechos; en este caso, el derecho al debido proceso en sus elementos defensa y doble instancia, vinculado con el derecho a la libertad de NN, más aún si existe y se encuentra vigente una norma que desarrolla y establece el procedimiento específico para el caso y que debió ser aplicada conforme el sistema penal diferenciado inherente al adolescente denunciado. Sobre ello, en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se estableció que conforme al cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, a través del cual se los reconoce como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del principio constitucional de interés superior de la niñez y adolescencia, en la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto, emergente de la labor consultiva de la CorteIDH, estableció que la garantía de la doble instancia -prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 40.2.b.v de la Convención sobre Derechos del Niño-, consiste en garantizar que el adolescente goce del derecho a que un tribunal revise la medida que le ha sido impuesta, para controlar así el poder punitivo de las autoridades; garantía que debe estar vigente en cualquier procedimiento en el que se determinen los derechos del menor de edad, y en especial cuando se apliquen medidas privativas de libertad. En consecuencia, las autoridades accionadas, es evidente que incurrieron en actuación ilegal y omisión indebida, al no haber resuelto en el fondo la apelación planteada por el ahora impetrante de tutela, desconociendo la normativa especial aplicable al caso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, a objeto de que a tiempo de reanalizar el caso concreto, es decir, como efecto del alcance de la concesión de tutela, cuando analicen los presupuestos de admisibilidad del recurso de apelación de 18 de mayo de 2023 del accionante, en aplicación del art. 314 del CNNA, deberán hacerlo observando el referido principio constitucional (art. 60 de la CPE); así como el debido proceso en sus elementos defensa y doble instancia, vinculado con el derecho a la libertad de NN, resolviendo el fondo de la apelación planteada conforme corresponda en derecho. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada por la parte accionante, ante la evidenciada lesión del debido proceso -en relación a los principios de especialidad e interés superior del niño, niña y adolescente-vinculado a su derecho a la libertad. Y en su efecto, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 04/2023, ordenando que los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emitan nueva resolución respecto del recurso de apelación incidental planteado por NN, a través de su madre y ahora representante sin mandato, el 18 de mayo de 2023, con base a la normativa aplicable al caso concreto y los razonamientos jurisprudenciales desarrollados en el presente fallo constitucional. Finalmente, respecto a la invocación realizada en audiencia por la parte accionante en sentido que el Auto de Vista carece de fundamentación, motivación y omisión de pronunciamiento expreso acerca de los agravios de apelación, corresponde señalar que siendo que la demanda tutelar y pretensión de activación de esta acción de defensa, convergen en la admisibilidad del recurso de apelación planteado y el ingreso al fondo del mismo, y en efecto de la concesión de tutela su alcance involucra el pronunciamiento al respecto por el Tribunal de alzada, no amerita efectuar mayor pronunciamiento sobre dicha invocación de derechos, cuya verificación de materialización serán recién objeto de análisis emitida la nueva resolución por la parte accionada.
En el alcance y contexto fáctico de concesión de tutela respecto al adolescente accionante, es necesario aclarar que la evidente lesión de los derechos del nombrado -por parte de las autoridades de alzada-, probable autor de los hechos de violencia sexual que hubiera sufrido PP, no implica de modo alguno desconocer la protección especial y reforzada que amerita la nombrada, respecto a quien este Tribunal no puede soslayar su calidad de presunta víctima en el proceso penal en investigación, quien de acuerdo a los datos contenidos en la apelación incidental y el Auto de Vista 04/2023, se constituye en una mujer, menor de edad, presunta víctima de violencia sexual y con vínculo de familia con el imputado -presuntamente su hermanastro-; verificándose por ello, tres factores de vulnerabilidad en PP que la sitúan en una situación especial que amerita su protección reforzada con la finalidad de evitar su revictimización, en observancia del enfoque interseccional aplicable en los casos de violencia contra la mujer.
Por consiguiente, la condición de la presunta víctima dentro del proceso penal de origen, evidencia la existencia de varios elementos de vulnerabilidad que deben ser considerados a lo largo de la investigación, procesamiento y sanción del autor de los hechos denunciados; en consecuencia, las autoridades accionadas, igualmente deberán reatar la resolución de fondo, del recurso de apelación incidental de 18 de mayo de 2023, a un enfoque interseccional, ponderando, de ser necesario y de así corresponder, los derechos del adolescente con responsabilidad penal y de la presunta víctima de violencia sexual. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 23 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando; y, en consecuencia:
1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme el desarrollo de razones fácticas, normativas y jurisprudenciales efectuadas en el presente fallo constitucional, y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.
2º Sin perjuicio de la concesión de tutela dispuesta, corresponde exhortar a los Vocales accionados a considerar la condición de la presunta víctima dentro del proceso penal de origen, que evidencia la existencia de varios elementos de vulnerabilidad que deben ser considerados a lo largo de la investigación, y proceso penal; y en su efecto deben reatar la resolución de fondo del recurso de apelación incidental de 18 de mayo de 2023, a un enfoque interseccional, ponderando, de ser necesario y si así corresponde, los derechos del adolescente con responsabilidad penal y de la presunta víctima de violencia sexual, conforme los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4.1 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0957_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): ae0191a47b9f9b475388cd7becec0fd09fa43e792942b055c3d36fadd90a296e
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