B.IA.LEGAL

SCP 0956/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56623-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La entidad edil accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia, correcta valoración de la prueba y seguridad jurídica; argumentando que, dentro de la causa penal seguida contra veintiún funcionarios municipales por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otros, a raíz de irregularidades en el proceso de contratación “Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”: a) El Fiscal de Materia asignado, dispuso el sobreseimiento de los imputados sin precisar la causal prevista en el art. 323 inc. 3) del CPP aplicable al caso concreto, incluyendo otras disposiciones normativas ajenas a este precepto, tampoco explicó de manera suficiente de qué forma los elementos de convicción colectados resultaron insuficientes para sustentar una acusación formal; y, b) El Fiscal Departamental demandado ratificó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento con argumentos genéricos, sin fundamentar ni motivar dicha determinación y sin explicar por qué los elementos de convicción no resultan suficientes para formular acusación, tampoco analizó los agravios descritos en la impugnación, ni valoró integralmente la prueba.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 104/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 314 a 321 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración de la prueba, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril de 2022, emitida por William Eduard Alave Laura, -entonces Fiscal Departamental de La Paz-; y, 2) Que, la autoridad que se encuentre ejerciendo dichas funciones, emita un nuevo pronunciamiento en el plazo de cinco días a partir de su legal notificación con este fallo constitucional, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica de los imputados no haya sido modificada. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Fiscal de Materia -Omar Alcidez Mejillones- y con relación al principio de seguridad jurídica, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público
  3. III.3. Sobre la revisión de la actividad interpretativa de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2025-S3 Sucre, 21 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56623-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 104/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 314 a 321 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Mario Contreras Vadillo en representación de Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; y, Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 de febrero y 1 de marzo de 2023, cursantes de fs. 215 a 222 vta.; y, de 233 a 238, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante las irregularidades detectadas en el proceso de contratación denominado “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”, en cuanto a la fijación de precios referenciales, la evaluación de propuestas y la adjudicación que generaron un perjuicio económico para el GAM de El Alto, la entidad edil presentó querella criminal el 4 de octubre de 2017 contra veintiún de sus funcionarios, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto en el art. 154 del Código Penal (CP), causa signada como LPZ1707294 y IANUS 20141420. A la conclusión de la etapa preparatoria y formulada la imputación formal, Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia -demandado-, emitió la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 de 28 de junio, sin precisar alguna de las causales previstas en el art. 323 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicable al caso concreto, tampoco explicó de manera suficiente de qué forma los elementos de convicción colectados durante la investigación resultaron insuficientes para sustentar una acusación formal; asimismo, incluyó en su argumentación a los arts. 4 y 45 del mismo cuerpo legal, que no constituyen causales de sobreseimiento, incurriendo así en una motivación defectuosa. Frente a esta determinación, interpusieron impugnación en los términos del art. 324 del CPP, solicitando la revocatoria del sobreseimiento y la prosecución de la acción penal; no obstante, William Eduardo Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, mediante Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, ratificó la decisión del Fiscal de Materia. Dicha decisión se limitó a sostener de manera genérica y sin mayor fundamentación, que los elementos de convicción colectados eran insuficientes para formular acusación formal; asimismo, se omitió desarrollar un análisis jurídico respecto de los agravios expuestos por la parte impugnante; y, por otra parte, se omitió la valoración integral de la prueba acumulada en el proceso, además de apartarse de los marcos de la razonabilidad, proporcionalidad y objetividad en cuanto a la valoración del Informe Circunstanciado de la Contraloría General del Estado LX/EP16/L16-F1, pues es a raíz precisamente de éste que emerge todo el proceso penal, que es el que detectó las irregularidades en el proceso de contratación del denominado “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”, considerado por ello fundamental, pero que a criterio de las autoridades del Ministerio Público, no tiene fuerza probatoria por no tener la calidad de informe de auditoría. En consecuencia, se advierte que la autoridad jerárquica confirmó el sobreseimiento sin fundamentación ni motivación clara, precisa y congruente, sustentando su decisión en preceptos ajenos a las causales legales; lo cual, convierte la Resolución Jerárquica cuestionada en un acto arbitrario contrario a los principios de legalidad, transparencia y objetividad que rigen la función fiscal. Asimismo, resulta contraria a la jurisprudencia constitucional que establece la exigencia de motivación suficiente en toda decisión jurisdiccional o fiscal -entre otras, la SC 0752/2002-R de 25 de junio y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0471/2018-S2 de 27 de agosto y 0945/2019-S4 de 15 de noviembre, vulnerando el derecho de la parte afectada a conocer las razones que sustentan la decisión, lo que limita el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y genera incertidumbre jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia, correcta valoración de la prueba y seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, pronunciada por el Fiscal Departamental de La Paz, así como la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 de 28 de junio, dictada por el Fiscal de Materia asignado a la causa; y, b) Se ordene la emisión de nuevas resoluciones -se entiende por parte de las autoridades fiscales demandadas-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 29 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 306 a 313 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) El proceso penal tuvo su origen en la compra de buses con chasis modificados, alargados mediante empalmes y soldaduras, que no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas, indicó que la comisión de recepción detectó dichas irregularidades, pero no informó a las autoridades competentes y que el proceso de contratación se inició sin contar con presupuesto suficiente, afirmó que estas irregularidades fueron evidenciadas tanto por informes periciales como por el informe circunstanciado de la Contraloría General del Estado; 2) En relación con la actuación del Fiscal de Materia -Omar Alcides Mejillones Copana-, señaló que éste, emitió la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021, vulnerando el derecho al debido proceso por falta de fundamentación y motivación, al no precisar qué causal del art. 323 inc. 3) del CPP resultaba aplicable; agregó que, si bien el Fiscal invocó la existencia de doble persecución penal por la tramitación de otro proceso, no acreditó la triple identidad exigida para la configuración del principio non bis in idem; 3) No se valoraron adecuadamente pruebas clave como el Informe Circunstanciado de la Contraloría y las pericias técnicas elaboradas por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), además de introducir una causal de sobreseimiento no prevista por el citado art. 323 del CPP; y, 4) En cuanto al Fiscal Departamental -William Eduard Alave Laura-, cuestionó que hubiera confirmado el sobreseimiento sin corregir los defectos señalados ni responder a los agravios expuestos en la impugnación, emitiendo una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, sin revisar de forma integral los antecedentes ni las pruebas y ratificando el sobreseimiento con argumentos vagos y sin sustento jurídico sólido. En criterio de la parte accionante, estas actuaciones vulneraron los derechos al debido proceso, a la correcta valoración de la prueba, a la seguridad jurídica, así como los principios de congruencia y motivación, solicitando en consecuencia, se conceda la tutela constitucional, se anule la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 y se disponga la emisión de una nueva determinación conforme a lo previsto en el art. 323 del CPP y demás normas procesales aplicables.

I.2.2. Informe de la parte demandada

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 266 a 268 vta., señaló que: i) La jurisprudencia constitucional ha establecido que existe indefensión cuando por acción u omisión de las autoridades competentes, se priva o limita injustificadamente la posibilidad de intervenir en el proceso, de aportar pruebas, de contradecir las mismas ofrecidas en su contra o de impugnar las decisiones adoptadas; ii) En relación con la alegada falta de valoración de la prueba, no se había valorado el Informe LX/EP16/L16-F1, de fecha 12 de junio de 2017, relativo a la “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal Localización Distrital”; sin embargo, se evidenció que dicha entidad no precisó de qué manera la Resolución, objeto de la acción, vulneró el debido proceso en su vertiente valoración de la prueba, al no establecer la secuencia lógica de la supuesta lesión, careciendo la invocación de fundamento fáctico y analítico; asimismo, no se demostró un nexo causal entre el hecho que se alegó como generador del menoscabo y la forma en que se habría lesionado el derecho invocado; razón por la cual, la denuncia resultó irrelevante; iii) Se señaló que, durante las fases de investigación preliminar y preparatoria se consideraron todas las pruebas colectadas, las cuales fueron sintetizadas en el apartado “II.3. Análisis del Caso Concreto”, incluyendo el referido informe suscrito por Mariela Alvarado García -Inspectora-, Gastón Pizarroso Lara -Gerente de Servicios Legales- y Edino Clavijo Ponce -Subcontralor de Servicios Legales-; aunque dicho informe concluyó que, se habían identificado conductas previstas y sancionadas en el CP, modificado por la Ley 804 -Ley de modificación al Código Penal en materia de lucha contra la corrupción-, correspondiendo dar cumplimiento al art. 35 de la Ley 1178 -Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), al art. 286 del CPP y al art. 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), se determinó que no constituía un informe de auditoría, sino un informe circunstanciado, con valor de elemento indiciario, insuficiente para fundar una acusación formal y sostenerla en juicio oral, público y contradictorio; iv) La Resolución observada se adoptó en el marco de los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad, en concordancia con el art. 278 del CPP, que obliga a los fiscales a abstenerse de acusar cuando no exista fundamento, actuando con objetividad, conforme al art. 65 de la LOMP; asimismo, se recordó que la SC 2074/2010-R de 10 de noviembre y la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, establecieron que la jurisdicción constitucional no puede revisar el fondo de resoluciones fiscales, limitando su control a aspectos procedimentales que afecten derechos fundamentales; v) Se advirtió también que, en la tramitación de la investigación, la dirección funcional identificó la existencia de un proceso anterior signado como LPZ1518899, iniciado el 24 de julio de 2013, contra varias personas; entre ellas, algunos de los imputados actuales, por los mismos hechos y delitos, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, que culminó con Resolución de acusación de 27 de septiembre de 2020. Por tanto, existía identidad de partes, hechos y fundamentos, resultando aplicables el art. 45 del adjetivo penal y el art. 4 del mismo cuerpo legal, así como el principio de non bis in idem previsto en el art. 117.II de la CPE, y desarrollado en la SC 0962/2010-R de 17 de agosto; y, vi) En consecuencia, se concluyó que la parte accionante no demostró cómo la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S-293/2022 de 12 de abril de 2022 vulneró derechos o garantías, pues no cumplió con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional -SCP 1233/2013 de 10 de octubre, que cita la SC 0365/2005-R de 13 de abril- para la procedencia de la acción de amparo constitucional, correspondiendo denegar la tutela. Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, en audiencia, indicó lo siguiente: a) La Resolución de Sobreseimiento y la posterior Resolución Jerárquica fueron emitidas con debida fundamentación y sin vulnerar derechos; por lo que, solicitó la denegatoria de la tutela constitucional; explicó que, los alegatos de la parte accionante carecen de sustento jurídico y técnico, pues no precisan con claridad en qué consistiría la incongruencia interna o externa ni se citan normas del Código Procesal Constitucional (CPCo) o del CPP que respalden su petición; b) En cuanto a la supuesta errónea valoración de la prueba, indicó que la parte impetrante de tutela se limitó a afirmar que un informe circunstanciado de la Contraloría demostraba la existencia del hecho, sin explicar cómo debía aplicarse ni en qué aspecto el Ministerio Público omitió pronunciarse; asimismo, recordó que el art. 173 del CPP exige que la valoración de la prueba se efectúe conforme a la sana crítica, considerando criterios de experiencia, logicidad, razonabilidad y conocimientos científicos, extremos que no fueron desarrollados por la prenombrada; c) Precisó que la Resolución de Sobreseimiento, sí analizó dicho informe circunstanciado, estableciendo que no se trataba de un informe de auditoría y que de hecho, se solicitó el supuesto informe de auditoría mencionado por la parte accionante, pero se confirmó que no existía; en respaldo, citó otros elementos probatorios, como un convenio interinstitucional entre el GAM de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas en los buses SARIRI. El estudio técnico de la UMSA concluyó que los buses cumplían con las características requeridas para el transporte masivo; y, d) Respecto a la alegación de sobreprecio, señaló que inicialmente se pretendía adquirir buses de fabricación china, pero la población exigió unidades de una industria reconocida, optándose por los buses Volkswagen, cuyo costo es mayor; bajo la sana crítica, consideró razonable que un bus de dicha marca sea más caro que uno chino; estos razonamientos -afirmó-, están plasmados en la Resolución de Sobreseimiento, que valoró las pruebas con objetividad.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Nora Herminia Mamani Cabrera, Contralora General del Estado a.i., por memorial presentado el 29 de mayo de 2023, cursante de fs. 297 a 304 vta., señaló lo siguiente: 1) La accionante sostuvo que el Fiscal Departamental de La Paz, mediante la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL-S-293/2022 -que confirmó la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 de 21 de junio de 2021- no había fundamentado ni motivado la impugnación presentada por el GAM de El Alto, relativa al incumplimiento del art. 323 inc. 3) del CPP; dicho precepto disponía que el sobreseimiento procedía únicamente cuando fuera evidente que el hecho no existió, no constituyera delito, el imputado no participara en él, o los elementos de prueba resultaran insuficientes para sustentar la acusación; 2) Se evidenció que, para dictar el sobreseimiento, el Ministerio Público no basó su decisión en ninguno de esos supuestos, sino en la existencia de conexitud de causas, aspecto que fue objetado oportunamente por la entidad municipal, sin que recibiera respuesta debidamente motivada, de la revisión de la Resolución Jerárquica referida, se advirtió que, ésta no se pronunció sobre los puntos impugnados, careciendo así de debida motivación y fundamentación exigida por ley; 3) En el análisis efectuado por el Ministerio Público al emitir la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021, se descartó como prueba el Informe LX/EP16/L16-F1 de la Contraloría General del Estado, relativo al proceso de contratación para la “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal, Localización Distrital”, el rechazo se basó en que dicho documento constituía un informe circunstanciado de hechos y no un informe de auditoría; motivo por el cual -a criterio fiscal-, carecía de fuerza probatoria para una eventual acusación; y, 4) El Ministerio Público limitó su actuación a dicho elemento, dejando de lado su obligación constitucional y legal como defensor de la sociedad y del Estado, de ejercer la persecución penal pública sin condicionarla a la existencia previa de un informe de auditoría. Conforme a la jurisprudencia constitucional -entre otras, SC 1591/2005-R, 0682/2004-R, 0619/2003-R, 0140/2003-R y SC 1175/2016-S2- el proceso penal es independiente de la responsabilidad civil y administrativa; por lo que, la ausencia de auditoría no constituye impedimento para investigar y acusar; en todo caso, de estimarse necesaria, la Fiscalía podía requerirla a las instancias correspondientes; por tanto, se concluyó que el requerimiento conclusivo de sobreseimiento se basó indebidamente en una inactividad atribuible al propio Ministerio Público. En audiencia, la Contraloría General del Estado por intermedio de su representante señaló: i) Ratificarse en su integridad a lo expuesto en su memorial previo, señalando que la Contraloría ejerce funciones de control gubernamental conforme a lo dispuesto en los arts. 213 y 217 de la CPE, y que en el marco del control externo posterior, tiene la atribución de identificar indicios de responsabilidad civil, ejecutiva, penal o administrativa, remitiendo los antecedentes a las instancias competentes para su investigación y juzgamiento; ii) La contratación de los buses SARIRI por parte del GAM de El Alto, la Contraloría General del Estado detectó irregularidades que constituirían delitos; motivo por el cual, se elaboró un informe circunstanciado de hechos conforme a los arts. 34 y 35 de la Ley 1178 y a los arts. 3, 61 y 62 del Decreto Supremo (DS) 23318-A; señaló que, de acuerdo con la Resolución CGE 102/2023 y el art. 289 del CPP, no es requisito previo la elaboración de una auditoría especial -actualmente denominada auditoría de cumplimiento- para presentar una denuncia penal cuando se adviertan indicios de responsabilidad penal; iii) El informe circunstanciado tiene la finalidad de poner en conocimiento del Ministerio Público, la existencia de indicios de responsabilidad penal, a fin de que se inicie la persecución e investigación correspondiente, siendo independiente de cualquier proceso administrativo o auditoría en curso; indicó que, esta naturaleza ha sido ratificada por la jurisprudencia constitucional, citando entre otras las Sentencias Constitucionales 591/2005-R, 0682/2004-R, 0619/2013-R, 0140/2003-R y 1175/2016-S2, que establecen que la investigación penal no depende de la existencia o conclusión de procedimientos administrativos; y, iv) La resolución jerárquica impugnada debió pronunciarse de manera expresa y suficiente sobre la aplicabilidad del art. 323.3 del CPP y la valoración de la prueba realizada; por ello, solicitó se conceda la tutela y se disponga la revocatoria de la resolución jerárquica emitida por el Fiscal Departamental de La Paz. Roberto Carlos Moscoso Moscoso, Oscar Zenón Huanca Silva, Walter Benjamín Alborta Calderón, Antonio Arturo Vaqueda Fernández, Félix Loayza Rojas, Marina Murillo Miranda, Delia Francisca Peñaloza Mendoza, Martha Acarapi de Mamani y Néstor Estaca Larico, en su condición de denunciados dentro del proceso seguido por la parte accionante, a través de su abogado, señalaron: a) Su adhesión a lo expuesto por el Fiscal de Materia para evitar reiteraciones innecesarias; sostuvo que, no se cumple el principio de inmediatez, ya que la notificación con la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 se produjo el 3 de agosto de igual año, mientras que la acción de amparo constitucional se presentó recién el 2 de marzo de 2023, excediendo el plazo razonable de seis meses; b) El proceso penal involucra a veintiún personas; de las cuales, el sobreseimiento alcanzó solo a trece, manteniéndose el proceso abierto contra otras dos personas; además, señaló que existe conexidad con otra causa ya con acusación formal, y que la Contraloría General del Estado, no interpuso en su momento recurso contra el requerimiento conclusivo de sobreseimiento; por lo que, carece de coherencia que ahora solicite tutela; afirmó que, el GAM de El Alto todavía tiene la vía procesal penal ordinaria para continuar sus pretensiones; c) Respecto a los ex concejales defendidos, explicó que fueron denunciados por supuestamente emitir la Resolución Municipal 656/2013 sin la fundamentación necesaria; sin embargo, el Fiscal de Materia, en la conclusión tercera de su requerimiento de sobreseimiento, determinó que la resolución estaba debidamente fundamentada en normativa vigente -DS 181, Ley de Municipalidades 2028 y Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales- y respondía a solicitudes de organizaciones sociales como la Federación de Gremiales, Federación de Choferes y Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (FUTECRA); dicha resolución, rechazó un primer contrato y fue adoptada en ejercicio legítimo de la función legislativa; d) En cuanto al acusado Roberto Carlos Moscoso, precisó que, como parte del ejecutivo municipal, actuó en el marco de sus atribuciones de licitar y contratar, habiéndose apoyado en un informe técnico de la UMSA que avaló la legalidad y adecuación del proceso de contratación, el cual culminó en la adquisición de buses SARIRI de la marca Volkswagen, adjudicados a la empresa CIBO; siendo que, incluso la propia entidad municipal, mediante informe de abril de 2021, declaró que no era su competencia emitir criterios referentes al sobreprecio o daño económico, lo que refuerza la inexistencia de perjuicio económico; y, e) En virtud de lo expuesto, ni la Resolución de Sobreseimiento ni la Resolución Jerárquica que resolvió la impugnación presentada por la entidad edil, vulneraron derechos constitucionales, solicitando que, en coherencia con lo alegado por el Ministerio Público, se deniegue la tutela solicitada. Aydee Verónica Méndez Quisbert, también denunciada, a través de su abogado, en audiencia, refirió que: 1) Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las acciones de amparo constitucional deben dirigirse contra la última resolución jerárquica que contenga el acto presuntamente ilegal y no simultáneamente contra la resolución primigenia de sobreseimiento y la jerárquica que la confirmó, como ha ocurrido en el caso; sostuvo que, esta forma de plantear la demanda la torna improponible; 2) La misma parte accionante reconoció la existencia de otro proceso conexo, el cual ya cuenta con acusación formal y que la resolución jerárquica impugnada fundamentó su decisión en la prohibición de la doble persecución penal (non bis in idem); en ese sentido, no existiría un acto ilegal atribuible a dicha resolución; 3) Se incumple el principio de inmediatez, dado que no se habrían respetado los plazos previstos, y que ello refuerza la improponibilidad de la causa, destacando que no se agotaron las vías ordinarias, contrariando el carácter subsidiario de la acción de amparo; 4) Invocando la SC 0365/2005-R de 13 de abril, sostuvo que el recurso carece de la exigencia básica de la “causa de pedir”, que requiere un elemento fáctico -hechos claros y precisos- y un elemento normativo -derechos o garantías supuestamente vulnerados-, debidamente vinculados mediante un nexo causal; observó que, durante el debate no se expusieron con claridad los hechos ni se precisó el derecho lesionado y que la sola enumeración de preceptos legales no cumple esta exigencia jurisprudencial; además, remarcó que tampoco se definió con exactitud el amparo solicitado, pues la petición final de anular dos resoluciones carece de la fundamentación requerida; 5) La Resolución Jerárquica -firmada por el Fiscal Departamental- analizó y fundamentó la improcedencia de continuar un proceso penal contra los ex concejales involucrados, quienes emitieron Resoluciones Municipales -605/2013 y 083-A/2014-, rechazando la suscripción de un contrato con la empresa Fabros Motors Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), por indicios de sobreprecio y deficiencias en la calidad de los buses ofertados; explicó que, esta decisión respondió a cuestionamientos técnicos, recomendaciones populares y criterios de transparencia, concluyendo en la contratación de buses marca Volkswagen con mejores garantías que actualmente prestan servicio; y, 6) La resolución jerárquica efectuó un análisis fundado de las pruebas y aplicó el art. 323.3 del CPP, determinando la inexistencia de probabilidad de autoría y recordando que el derecho penal es de última ratio. Concluyó solicitando la denegatoria de la tutela por considerar que la actuación de sus defendidos fue transparente, ajustada a derecho y respaldada por valoración probatoria suficiente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 104/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 314 a 321 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) El 24 de julio de 2013 se dio inicio a la investigación dentro del proceso penal signado como LPZ1518899, seguido por Carmen Soledad Chapetón Tancara -entonces Alcaldesa del municipio de El Alto-, contra Ponciano Octavio Huanca y otros, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, emitiéndose requerimiento conclusivo de acusación el 21 de septiembre de 2020 por los dos primeros delitos; consiguientemente, los actos ahora impugnados, vinculados a la investigación de los citados delitos, tienen identidad de sujeto, objeto y causa, encontrándonos frente a dos acciones que tienen un mismo objeto, donde la primera ya cuenta con acusación y la segunda tiene sobreseimiento; lo cual, fue corroborado por las partes en audiencia de acción de amparo constitucional, y si bien los procesados no sean los mismos, una o varias personas no pueden ser objeto de un doble procesamiento respecto a un mismo hecho en resguardo del debido proceso en su elemento non bis in idem; tomando en cuenta además, el principio de subsidiariedad, pues esta segunda acción no tenía que ser activada por las partes; ii) Analizado el informe circunstanciado de la Contraloría General del Estado, conforme al art. 44 de la Ley SAFCO y a los propios lineamientos institucionales, su emisión es potestativa, debiendo evaluarse su pertinencia especialmente cuando los hechos ya hubieran sido objeto de denuncia o querella previa; en tal sentido, según el Fiscal de Materia en la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021, la función del informe elaborado y remitido en el caso concreto de forma posterior a la denuncia, no se constituye en prueba directa, sino en indicio para que junto con otros elementos se pueda sustentar el requerimiento conclusivo; iii) En cuanto a la falta de motivación de la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL-S-293/2022, se constata que el Fiscal Departamental demandado, tras revisar los antecedentes y pruebas, concluyó que no existían elementos de convicción suficientes para formular acusación contra Walter Benjamín Alborta Calderón y otros; y, que las resoluciones municipales emitidas por estos, no son contrarias a la Constitución o a la ley, así como la falta de identificación de actos u omisiones propios de incumplimiento de deberes por parte de los imputados Roberto Carlos Moscoso y Octavio Huanca Pomacusi; por otra parte, los mismos hechos ya fueron objeto de análisis en un proceso anterior que ya cuenta con acusación formal, lo que refuerza la aplicación del principio non bis in idem; concluyendo entonces que, la Resolución impugnada contiene motivación y fundamentación suficientes, que explican las razones jurídicas de la decisión; iv) En lo relativo a la ausencia de argumentación jurídica sobre el art. 323 inc. 3) del CPP, tanto el Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental, se refirieron expresamente a la norma, explicando que el sobreseimiento procede de manera fundamentada cuando el hecho no existió, no constituye delito, el imputado no participó en él o los elementos de prueba son insuficientes para acusar, reiterando que en el caso no se reunían elementos probatorios suficientes; y, v) La jurisdicción constitucional no está facultada para valorar la prueba de la jurisdicción ordinaria, salvo en casos excepcionales en los que el accionante cumpla con requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia -SSCC 0392/2011-R y 0939/2011-R-, lo que no ocurrió en la presente acción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 de 28 de junio de 2021, pronunciada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado y Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del GAM de El Alto, caso LPZ1707294; mediante la cual, Omar Alcides Mejillones, Fiscal de Materia, dispuso el sobreseimiento en favor de Marina Murillo Miranda, Walter Benjamin Alborta Calderón, Oscar Zenón Huanca Silva, Aydee Verónica Méndez Quisbert, Felix Loayza Rojas, Primitiva Martha Acarapi, Néstor Estaca Larico, Antonio Arturo Vaqueda Fernández, Elsa Chambilla Quispe, Delia Francisca Peñaloza Mendoza y Zacarias Maquera Chura, por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por los arts. 153 y 154 del CP; asimismo, dispuso el sobreseimiento a favor del imputado Ponciano Octavio Huanca Pomacusi, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 146, 154, 221 y 224 del mismo cuerpo legal, en favor de Roberto Carlos Moscoso Moscoso, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 146, 154 y 224 de la citada normativa (fs. 64 a 83 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2021, Jaime Kuno Huayhua, en representación de Mónica Eva Copa Murga, en su condición de Alcaldesa del GAM de El Alto, formuló impugnación contra la Resolución de Sobreseimiento de 29 de junio de 2021, pidiendo se revoque el infundado e ilegal fallo del Ministerio Público (fs. 84 a 87 vta.). II.3. Cursa Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril; mediante la cual, William Eduard Alave Laura, entonces Fiscal Departamental de La Paz, ratificó la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021, dictada a favor de los imputados Roberto Carlos Moscoso Moscoso, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; Ponciano Octavio Huanca Pomacusi, por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica; Walter Benjamín Alborta Calderón, Oscar Zenón Huanca Silva, Marina Murillo Miranda, Aydee Verónica Méndez Quisbert, Félix Loayza Rojas, Primitiva Martha Acarapi de Mamani, Néstor Estaca Larico, Antonjo Arturo Vaqueda Fernández, Elsa Chambilla Quispe, Delia Francisca Peñaloza Mendoza y Zacarías Maquera Chura, por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto, la cancelación de antecedentes penales y el archivo de obrados (fs. 88 a 103 vta.). II.4. Consta memorial de incidente por conexitud de causas de 21 de octubre de 2020, presentado por el GAM de El Alto, representado por Carmen Soledad Chapeton Tancara, alegando la existencia de triple identidad de objeto, sujeto y causa; razón por la cual, solicitó la acumulación del proceso penal con NUREJ 20141420, caso fiscalía LPZ 1707294, al proceso radicado en el Juzgado Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz con IANUS 201600284 caso fiscalía 158899 (fs. 207 a 213).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La entidad edil accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia, correcta valoración de la prueba y seguridad jurídica; argumentando que, dentro de la causa penal seguida contra veintiún funcionarios municipales por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otros, a raíz de irregularidades en el proceso de contratación “Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”: a) El Fiscal de Materia asignado, dispuso el sobreseimiento de los imputados sin precisar la causal prevista en el art. 323 inc. 3) del CPP aplicable al caso concreto, incluyendo otras disposiciones normativas ajenas a este precepto, tampoco explicó de manera suficiente de qué forma los elementos de convicción colectados resultaron insuficientes para sustentar una acusación formal; y, b) El Fiscal Departamental demandado ratificó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento con argumentos genéricos, sin fundamentar ni motivar dicha determinación y sin explicar por qué los elementos de convicción no resultan suficientes para formular acusación, tampoco analizó los agravios descritos en la impugnación, ni valoró integralmente la prueba.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0205/2019-S2 de 9 de mayo estableció que: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1)

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.2. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público

Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación.

Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación.

En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia privativa del Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un supuesto delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; 3) Sobreseimiento, entre otros, deben estar debidamente motivadas, es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación sepan qué elementos consideró para asumir tal decisión, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho para sustentar su determinación.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores.

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo: i) Rechazar la querella; ii) Imputar formalmente; y, iii) Sobreseer; éstos, son supuestos en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea testifical, documental, pericial, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del CPP.

Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia.

El razonamiento precedente, ha sido desarrollado en la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo.

III.3. Sobre la revisión de la actividad interpretativa de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria

La SCP 1646/2025-S3 de 25 de noviembre, sobre esta temática estableció el siguiente razonamiento:

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló que: “De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (el resaltado es añadido).

III.4. Análisis del caso concreto

La entidad accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia, correcta valoración de la prueba y seguridad jurídica; argumentando que, dentro del proceso penal seguido contra veintiún funcionarios municipales por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, por su participación en las irregularidades detectadas en el proceso de contratación “Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”: 1) El Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 en favor de los imputados, sin precisar la causal prevista en el art. 323 inc. 3) del CPP aplicable al caso concreto, incluyendo otras disposiciones normativas ajenas a este precepto, tampoco explicó de manera suficiente de qué forma los elementos de convicción colectados resultaron insuficientes para sustentar una acusación formal; y, 2) El Fiscal Departamental que resolvió la impugnación del sobreseimiento, ratificó la decisión del Fiscal de Materia a través de la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 con argumentos genéricos y sin fundamentar porqué los elementos de convicción eran suficientes para formular acusación, sin analizar los agravios descritos en la impugnación, omitiendo valorar integralmente la prueba. En virtud del principio de subsidiariedad previstos en los arts. 129.I y 54.I del CPCo, que orienta la labor de la jurisdicción constitucional, corresponde precisar que el análisis y decisión de la problemática planteada se circunscribe a la última resolución dictada en sede del Ministerio Público; este principio, reiterado de manera constante por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, vinculado con la doctrina de las autorrestricciones, implica que la justicia constitucional no sustituye ni reviste el carácter de una instancia revisora general de las decisiones emitidas por las autoridades competentes, sino que actúa únicamente de manera excepcional y subsidiaria para tutelar derechos fundamentales, cuando éstos continúan siendo vulnerados y no existe otro medio idóneo para su protección.

En este marco, se entiende que la parte accionante o interesada ha contado con la oportunidad procesal de impugnar, ante la autoridad ordinaria competente, los actos que considera lesivos, debiendo agotar las vías previstas por el ordenamiento jurídico, solo ante la persistencia o continuidad de la afectación y la ausencia de una respuesta efectiva, queda habilitada la intervención del control constitucional para el resguardo de los derechos fundamentales invocados. En el presente caso, de acuerdo con lo expuesto, el examen de constitucionalidad de los hechos denunciados como vulneratorios se realizará exclusivamente en función a la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, por constituir el último acto procesal dictado en sede ordinaria que; según la parte accionante, mantiene vigente la presunta lesión a sus derechos constitucionales; de esta forma, se garantiza que el análisis constitucional se desarrolle en el marco de la autorrestricción y la subsidiariedad que caracterizan a este tipo de acciones, correspondiendo denegar la tutela respecto al Fiscal de Materia codemandado. En este contexto, de la revisión de la prueba y los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se tiene que, el GAM de El Alto, el 4 de octubre de 2017, presentó querella contra veintiún de sus funcionarios por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, dentro del proceso de contratación denominado “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”, denunciando irregularidades en la fijación de precios referenciales, la evaluación de propuestas y la adjudicación, que habrían ocasionado perjuicio económico a la entidad edil; concluida la investigación, el Fiscal de Materia -Omar Alcides Mejillones Copana- emitió la Resolución de Sobreseimiento OAMC 06/2021 de 28 de junio de 2021, en favor de Marina Murillo Miranda, Walter Benjamin Alborta Calderón, Oscar Zenón Huanca Silva, Aydee Verónica Méndez Quisbert, Felix Loayza Rojas, Primitiva Martha Acarapi, Néstor Estaca Larico, Antonio Arturo Vaqueda Fernández, Elsa Chambilla Quispe, Delia Francisca Peñaloza Mendoza y Zacarias Maquera Chura, por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por los arts. 153 y 154 del CP; asimismo, dispuso el sobreseimiento a favor del imputado Ponciano Octavio Huanca Pomacusi, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 146, 154, 221 y 224 del CP; y, en favor de Roberto Carlos Moscoso Moscoso, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 146, 154 y 224 del CP (Conclusión II.1). Ante esta determinación, el GAM de El Alto, impugnó la resolución de sobreseimiento, al amparo del art. 323.II del CPP, solicitando la revocatoria de la decisión impugnada y la prosecución de la acción penal; en su recurso, la parte querellante cuestionó la falta de fundamentación clara y congruente de la resolución fiscal, así como la ausencia de análisis jurídico que vinculara los hechos con el derecho aplicable y la omisión de valoración integral de la prueba recabada durante la investigación; además, que sustentaron su determinación en disposiciones que no constituyen causales de sobreseimiento, incurriendo así en una motivación deficiente (Conclusión II.2). En atención a dicha impugnación, el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, resolvió ratificar íntegramente la decisión a favor de Roberto Carlos Moscoso Moscoso -investigado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica-; de Ponciano Octavio Huanca Pomacusi -por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica-; así como de Walter Benjamín Alborta Calderón, Oscar Zenón Huanca Silva, Marina Murillo Miranda, Aydee Verónica Méndez Quisbert, Félix Loayza Rojas, Primitiva Martha Acarapi de Mamani, Néstor Estaca Larico, Antonio Arturo Vaqueda Fernández, Elsa Chambilla Quispe, Delia Francisca Peñaloza Mendoza y Zacarías Maquera Chura, concejales, investigados por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. La resolución produjo efectos procesales consistentes en la conclusión del proceso, la cesación de medidas cautelares, la cancelación de antecedentes penales y el archivo de obrados (Conclusión II.3). Ahora bien, ingresando al análisis del presunto acto lesivo del Fiscal Departamental de La Paz y los razonamientos expresados para justificar su determinación se tiene que, en relación al delito de contratos lesivos al estado, atribuido a Ponciano Octavio Huanca Pomacusi, el hecho base radicó en la Minuta de Contrato 0532/14 de 20 de junio de 2014, suscrita por delegación de la RA 013/14 de 12 de febrero de 2014, con la empresa CIBO S.A. por un monto de Bs91 454 400 (noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil bolivianos), en el marco del proceso LPI-13/001/13 “Implementación de Buses…”. El análisis probatorio determinó que el Informe LX/EP16/L16-F1 de 12 de junio de 2017 es circunstanciado y no constituye un informe de auditoría; por lo que, no acredita daño cierto al patrimonio estatal, pese a los actos investigativos realizados, no se contó con auditoría ni con otros elementos idóneos que demuestren perjuicio económico o autoría, concluyéndose que existe insuficiencia probatoria para formular acusación en juicio, conforme al art. 278 del CPP, se aplicaron los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad, privilegiando la protección de derechos del imputado y ratificando el sobreseimiento. Respecto a los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, atribuidos a los concejales, Zacarías Maquera Chura, Antonio Arturo Vaqueda Fernández, Walter Benjamín Alborta Calderón, Delia Francisca Peñaloza Mendoza, Félix Loayza Rojas, Elsa Chambilla Quispe, Aydee Verónica Méndez Quisbert, Oscar Zenón Huanca Silva, Primitiva Martha Acarapi Coriza, Marina Murillo Miranda y Néstor Estaca Larico, se analizó la emisión de las Resoluciones Municipales 656/2013 de 5 de diciembre y 083-A/2014 de 7 de febrero, que rechazaron la suscripción de la Minuta de Contrato 1042/13 de 11 de noviembre de 2013, por Bs73 050 000 (setenta y tres millones cincuenta mil bolivianos) -Primera Convocatoria-, fundamentando su decisión en diferencias de precio con respecto a buses adquiridos por el GAM de La Paz -posible sobreprecio-, la falta de garantía en la calidad de buses de origen chino, la inexistencia de un plan maestro de transporte consensuado y la oposición de organizaciones sociales. Si bien se invocó la presunta infracción de normas de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y su reglamento, la investigación penal no acreditó una lesión grosera al principio de legalidad ni un apartamiento normativo concreto, ni de qué forma las resoluciones contradecían el ordenamiento jurídico; además, se estableció que estas decisiones se emitieron dentro de las competencias conferidas por el DS 181, Ley de Municipalidades, la Constitución Política del Estado y la Ley 031 -Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”-, contando incluso con respaldo social mediante notas emitidas por organizaciones como la Federación Andina de Choferes 1° de Mayo y la Federación de Trabajadores Gremiales; por todo ello, se concluyó que no existen elementos para sostener acusación por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, ni se acreditó el tipo subjetivo de incumplimiento de deberes, ratificando el sobreseimiento por insuficiencia de convicción para juicio. En el tercer punto, referido también al incumplimiento de deberes, se puntualizó que no se identificó el deber concreto que los concejales hubiesen omitido, rehusado o retardado, existiendo una falta de prueba plena e idónea que permita establecer una adecuación típica, bajo el criterio de que el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales en abstracto, y al no haberse acreditado un hecho con sustento probatorio, se ratificó nuevamente el sobreseimiento. El Fiscal Departamental refirió que, fundamenta su decisión en garantías y estándares aplicados, destacando la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal, así como en doctrina que establece que dicha presunción exige abstenerse de acusar sin respaldo suficiente, evitando penas anticipadas. Se recordó que, para acusar es necesario que los elementos de convicción otorguen certeza sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, siendo el juicio oral la instancia idónea para la determinación de la verdad.

Finalmente, sobre el principio non bis in idem se estableció que, en el caso de los sindicados Moscoso y Huanca, los mismos hechos y delitos ya habían sido investigados y acusados en el proceso LPZ1518899, lo que refuerza la improcedencia de formular una nueva acusación por los mismos hechos y coadyuva a la ratificación del sobreseimiento. En aplicación del art. 278 del CPP, así como de los principios de legalidad, imparcialidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, se resolvió ratificar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento OAMC 06/2021, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de medidas cautelares, la cancelación de antecedentes penales y el archivo de obrados. En ese marco, corresponde establecer si la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022, al ratificar el sobreseimiento dispuesto por el Fiscal de Materia, incurrió en vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, correcta valoración de la prueba y seguridad jurídica.

III.4.1. Sobre la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia

Al respecto, este Tribunal ha sido reiterativo, conforme se explica en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, en sostener que en el marco de su potestad constitucional de ejercicio de la acción penal pública, los representantes del Ministerio Público a tiempo de asumir una determinación que resuelva la situación jurídica del o los procesados a los cuales se les atribuya la comisión de un hecho delictivo -ya sea a través de una resolución de rechazo, imputación o sobreseimiento-, deben hacer conocer las razones de hecho y de derecho que la sustentan, valorando los elementos de convicción colectados durante la etapa preparatoria, con el fin de determinar si al término de la investigación, esta arrojó fundamento para el enjuiciamiento público del imputado; en cuyo caso, el Fiscal de Materia presentará acusación o cuando exista evidencia de que el hecho investigado no existió, que no constituye delito, o que el imputado no participó en el mismo, así como cuando los elementos de convicción colectados, resulten insuficientes para presentar acusación, decretará fundadamente el sobreseimiento (art. 323.1 y 3 del CPP). Asimismo, se aclaró que en el caso particular del sobreseimiento, esta atribución no es absoluta, pues se encuentra sometida a parámetros de control como la fundamentación, motivación y congruencia, siempre en el marco de los principios que rigen la actividad fiscal como la legalidad, objetividad y transparencia previstos en el art. 5.1.3 y 8 de la LOMP; en tal sentido, la falta o ausencia de los elementos constitutivos del debido proceso lesiona esta garantía, debiendo ser denunciada por la parte afectada a través del mecanismo de la impugnación de sobreseimiento señalado en el art. 324 del CPP, que debe ser resuelto por los Fiscales Departamentales conforme prevé el art. 34.17 de la LOMP. Una vez agotados los mecanismos previstos por el legislador ordinario, recién los afectados podrán acudir a la jurisdicción constitucional, denunciando la lesión de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. En el caso analizado, se denuncia en principio que, el Fiscal Departamental de La Paz incurrió en incongruencia externa; puesto que, se analizó cuestiones ajenas a lo impugnado por la parte impetrante de tutela, además que no se hubiera respondido los puntos observados; es por ello, que para el correcto análisis de la presente problemática corresponde primero verificar los puntos que fueron objeto de la impugnación al sobreseimiento presentado por la parte accionante. Se observa que, la Resolución de Sobreseimiento emitida por el Fiscal de Materia carece de fundamento legal, bajo los siguientes puntos: i) Se cuestiona que la autoridad fiscal haya minimizado el valor probatorio del Informe Circunstanciado de Hechos LX/EP16/L16-F1, elaborado por la Contraloría General del Estado, cuando la propia CPE -art. 213- reconoce a dicha entidad como órgano técnico con competencia para establecer indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal. El informe concluye que existen conductas tipificadas y sancionadas por el CP, por lo que corresponde presentar denuncia conforme a la Ley 1178, el CPP y la LOMP; ii) Se enfatiza que el hecho central no radica en la marca o procedencia de los vehículos adquiridos, sino en que estos no cumplirían con el Documento Base de Contratación (DBC) aprobado mediante Resolución Administrativa 018-14, además de que el presupuesto disponible para la gestión 2013 era inferior al requerido; aun así, el entonces funcionario Roberto Carlos Moscoso, solicitó el inicio del proceso de contratación sin verificar previamente la existencia de saldo presupuestario, incumpliendo con la obligación de consignar dicha información en la solicitud de contratación, tal como exige la normativa; iii) Se señala que el proceso de contratación vulneró el art. 35 inc. f) del DS 0181 y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del GAM El Alto, que obligan a verificar y consignar el saldo presupuestario antes de iniciar contrataciones mayores a un millón de bolivianos. Esta verificación debió constar en la solicitud de contratación, lo que no ocurrió; iv) Se cuestiona que el sobreseimiento se fundamente en supuestas diferencias de precio entre vehículos Volkswagen y vehículos chinos; ya que ello, no resulta determinante para valorar la legalidad del proceso, el cual en todo caso, incumplió las exigencias técnicas y presupuestarias; v) Se reitera que el proceso de contratación no cumplió con la normativa vigente y que los vehículos adquiridos no reunían las especificaciones técnicas requeridas; además, el precio referencial establecido carecía de respaldo técnico o documental suficiente, tal como señala el Informe Circunstanciado de la Contraloría; vi) Se critica que, pese a que el dictamen pericial confirmó el incumplimiento de las especificaciones técnicas, el Fiscal haya considerado que ello no afectaba el funcionamiento del bus; a criterio de la parte impugnante, esta valoración es subjetiva y carente de objetividad probatoria; vii) Se argumenta que el proceso de contratación no solo incumplió requisitos formales, sino que también provocó un detrimento económico para el GAM de El Alto; y, viii) Se rechaza la valoración de “conexidad de causas” efectuada por el Fiscal para justificar el sobreseimiento con base en que los procesados ya tendrían acusación en otro proceso; se afirma que, tal apreciación excede sus competencias y contraviene el artículo 323 del CPP. Por su parte el Fiscal Departamental demandado, por Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, en su punto II.3, confirmó la determinación del Fiscal de Materia en base a los siguientes razonamientos: a) En cuanto al delito atribuido a Ponciano Octavio Huanca Pomacusi, el hecho base se relacionó con la Minuta de Contrato 0532/14 de 20 de junio de 2014, suscrita por delegación de la RA 013/14 de 12 de febrero de 2014, con la empresa CIBO S.A. por Bs91 454 400, en el marco del proceso LPI-13/001/13 “Implementación de Buses…”. El análisis de la prueba determinó que el Informe LX/EP16/L16-F1 de 12 de junio de 2017, no era un informe de auditoría y no acreditaba un daño cierto al patrimonio estatal. No se contó con auditoría ni con elementos probatorios idóneos que demostraran perjuicio económico o autoría, por lo que, conforme al art. 278 del CPP, se estableció insuficiencia probatoria para formular acusación, aplicando los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad, y ratificando el sobreseimiento; b) Respecto al incumplimiento de deberes atribuidos a los concejales, se examinó la emisión de las Resoluciones Municipales 656/2013 de 5 de diciembre y 083-A/2014 de 7 de febrero, que rechazaron la suscripción de la Minuta de Contrato 1042/13 de 11 de noviembre de 2013 por Bs73 050 000 -Primera Convocatoria-. La negativa se basó en observaciones sobre posibles sobreprecios en comparación con adquisiciones anteriores de buses, dudas sobre la calidad de buses de origen chino, ausencia de un plan maestro de transporte consensuado y oposición de organizaciones sociales. Si bien se alegó que estas resoluciones vulneraban normas de la Ley 2341 y su reglamento, la investigación penal no acreditó una lesión grosera al principio de legalidad ni una contradicción normativa concreta; además, se estableció que las decisiones fueron adoptadas dentro de las competencias previstas por el DS 181, la Ley de Municipalidades, la CPE y la Ley 031, contando incluso con respaldo social de organizaciones como la Federación Andina de Choferes 1º de Mayo y la Federación de Trabajadores Gremiales. Así, no se acreditó el tipo penal de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes ni el elemento subjetivo del incumplimiento de deberes, manteniéndose el sobreseimiento por falta de convicción para juicio; c) En el análisis específico sobre incumplimiento de deberes, se destacó que no se identificó un deber concreto omitido, rehusado o retardado por los concejales. La ausencia de prueba plena e idónea para establecer adecuación típica reforzó el criterio de que el Ministerio Público investiga hechos y no tipos penales en abstracto, y al no haberse acreditado un hecho con respaldo probatorio, se ratificó el sobreseimiento; d) El Fiscal Departamental sustentó su decisión en principios y estándares como la presunción de inocencia reconocida en la CPE, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el CPP. Señaló que esta garantía implica abstenerse de acusar sin respaldo suficiente, evitando penas anticipadas; reiteró que, para acusar se requiere que los elementos de convicción otorguen certeza sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, siendo el juicio oral la vía para establecer la verdad material; e) Sobre la prohibición de doble persecución penal, se constató que en el caso de Moscoso y Huanca los mismos hechos y delitos ya habían sido investigados y acusados en el proceso LPZ1518899, lo que impedía una nueva acusación por los mismos hechos y reforzaba la ratificación del sobreseimiento; y f) En aplicación del art. 278 del CPP y de los principios de legalidad, imparcialidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, se ratificó el Sobreseimiento OAMC 06/2021, disponiendo la conclusión definitiva del proceso, la cesación de medidas cautelares, la cancelación de antecedentes penales y el archivo de obrados. Del examen de la Resolución del Fiscal Departamental FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril, se advierte que el análisis realizado se centró primordialmente en efectuar una revisión de la Resolución de Sobreseimiento emitida por el Fiscal de Materia; si bien, dicho análisis incluye una descripción de los tipos penales objeto del proceso, así como una amplia relación de las pruebas documentales acumuladas, sus conclusiones carecen de la necesaria precisión y concreción en materia de fundamentación y motivación que exigen los arts. 73 del CPP y 40.11 de la LOMP; en particular, se señala que “no existen elementos suficientes para formular acusación” sin explicar de manera específica por qué, a partir de la valoración integral de la prueba y los antecedentes, se llega a dicha conclusión; ello, impide verificar la pertinencia y suficiencia del razonamiento, máxime cuando no se consideraron de forma directa los fundamentos centrales expuestos en la impugnación presentada por el GAM de El Alto. En ese marco, la Resolución cuestionada incurre en deficiencia motivacional al limitarse a afirmar que los elementos son “solo indicios” sin explicar por qué los mismos carecen de la fuerza probatoria necesaria, ello considerando que los indicios constituyen medios de prueba indirectos, y que correctamente enlazados mediante un razonamiento lógico y conforme a las reglas de la sana crítica, pueden generar la convicción necesaria para fundar una acusación o en su caso, un sobreseimiento, tal como establece el art. 323.1 y 3, en el marco del art. 72, ambos del CPP; y, es que la sola mención sin realizar un examen que determine su pertinencia, coherencia y vinculación con los hechos investigados lesionan el debido proceso. Esta omisión impide conocer si la imposibilidad de fundar una acusación obedece a una verdadera insuficiencia probatoria o a una valoración incompleta, lo que vulnera el deber de fundamentación y motivación que deben observar los representantes del Ministerio Público en el marco de los arts. 115.II de la CPE, 73 del CPP y 40.11 de la LOMP. En efecto, respecto de los tipos penales -y particularmente del delito de incumplimiento de deberes-, la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL-S-293/2022, se limita a afirmar de manera genérica que no existen indicios sobre la omisión o demora atribuible a los imputados, sin explicar conforme a los elementos constitutivos del tipo penal, por qué no concurren tales presupuestos; esta omisión, contradice la obligación de motivar las resoluciones de manera clara, lógica y congruente, conforme exigen los arts. 115.II y 180.I de la CPE. A mayor abundamiento, en cuanto a la aplicación del principio non bis in idem, si bien el Fiscal Departamental demandado menciona la existencia de otro proceso penal -causa signada como LPZ1518899, iniciada el 24 de julio de 2013-, omite precisar a cuál de las causales de sobreseimiento prevista en el art. 323.3 del CPP se subsume dicho supuesto, generando ambigüedad respecto al fundamento jurídico que sustenta su decisión. De la revisión integral de la mencionada Resolución Jerárquica, este Tribunal advierte que, pese a la extensión considerable de la misma y al detalle de antecedentes y elementos probatorios incorporados, ello no basta para cumplir con los estándares constitucionales y legales de fundamentación y motivación. En primer término, la Resolución no responde de manera directa, puntual y exhaustiva al objeto del recurso de impugnación planteado, omitiendo un pronunciamiento preciso sobre cada uno de los agravios expuestos por la parte impugnante; en segundo término, su contenido evidencia un ejercicio meramente formal que reproduce el sobreseimiento, limitándose a confirmar sus conclusiones sin efectuar un análisis autónomo, crítico y diferenciado de los fundamentos y elementos probatorios cuestionados, cuando la jurisprudencia constitucional ha establecido sea el resultado de una valoración razonada, coherente y explícita de los argumentos y pruebas, y no una mera transcripción o confirmación acrítica de actos previos. La motivación debe reflejar un juicio lógico-jurídico propio de la autoridad que resuelve, explicando de forma comprensible y completa las razones por las cuales, se acepta o rechaza cada alegato y se configura o no cada tipo penal imputado. En el caso presente, el Fiscal Departamental se limita a afirmaciones genéricas -tales como “no existe certeza”, “solo hay indicios” o “no se cumplió con el deber”- sin desarrollar el razonamiento fáctico y jurídico que conduzca a dichas conclusiones, incurriendo así en una motivación aparente que, en los términos de la jurisprudencia constitucional, equivale a una ausencia de fundamentación suficiente; tal omisión, no solo configura un defecto formal, sino que reviste trascendencia constitucional al afectar de manera directa el derecho al debido proceso en su vertiente de debida motivación de las resoluciones, impidiendo que la parte recurrente conozca las razones reales que justifican la decisión y, en consecuencia, limitando materialmente el ejercicio pleno de su derecho a la defensa. Por tanto, si bien la Resolución cuestionada presenta amplitud y abundancia de citas de su análisis integral, no es posible identificar con claridad, precisión ni coherencia las razones jurídicas y fácticas que justifican la confirmación del sobreseimiento dispuesto por el Fiscal de Materia. La amplitud del texto, no garantiza el cumplimiento del deber de motivación, ya que éste, exige que la autoridad explique de forma ordenada y razonada el nexo entre los hechos probados, la valoración de los medios de prueba y la aplicación de las normas pertinentes. La falta de este desarrollo implica el incumplimiento de los principios de congruencia, motivación y debida fundamentación previstos por la normativa procesal penal y exigidos por la jurisprudencia constitucional; según la cual, la motivación no puede ser aparente, fragmentaria ni evasiva, sino que debe permitir a las partes conocer las razones esenciales de la decisión adoptada, posibilitando así su control jurisdiccional. No obstante, debe recordarse -conforme a los razonamientos expresados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 del presente fallo-, que esta jurisdicción constitucional no puede exigir a las resoluciones de las autoridades fiscales el mismo nivel de exhaustividad exigibles en una sentencia judicial, ni sustituir las funciones del Ministerio Público en la apreciación de los hechos -lo cual incluye la prueba-, ni en la aplicación del derecho, como aparentemente pretende la parte accionante, pues ello implicaría desnaturalizar el objeto y el fin de la acción de amparo constitucional. Por lo expresado, este Tribunal advierte lesiones al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; razón por la cual, corresponde conceder la tutela, conforme a los argumentos glosados.

III.4.2. Sobre la valoración de la prueba

Con relación a la valoración del Informe Circunstanciado LX/EP16/L16-F1, no se advierte que la autoridad demandada haya omitido considerarlo, pues se le asignó inclusive un valor probatorio determinado al concluir que su naturaleza circunstanciada no resulta suficiente para acreditar daño económico ni responsabilidad penal; no obstante, se denuncia la valoración específica asignada a dicha prueba, lo cual en principio se encuentra vedado para este Tribunal en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, que hace referencia a la prohibición de revisar la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos -valoración de la prueba- y adecuada valoración del Derecho -interpretación de las normas-. No obstante, de verificarse una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, resulta exigible por parte de quien solicita la tutela, una precisa presentación que demuestre por qué la actividad interpretativa cuestionada, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución; en tal sentido, la parte accionante refiere que las autoridades del Ministerio Público se apartaron de dicho marco, en cuanto a la valoración del Informe Circunstanciado de la Contraloría General del Estado LX/EP16/L16-F1, pues es a raíz precisamente de este, que emerge todo el proceso penal, que es el que detectó las irregularidades en el proceso de contratación del denominado “Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo Municipal”, considerado por ello fundamental, pero que a criterio de las autoridades del Ministerio Público no tiene fuerza probatoria por no tener la calidad de informe de auditoría. Al respecto, este Tribunal advierte que la valoración efectuada por la autoridad fiscal demandada respecto del citado informe circunstanciado, incurre en irrazonabilidad y omisión arbitraria; en efecto, la decisión impugnada se limita a afirmar que dicho documento no constituye un informe de auditoría y; por tanto, no podría establecer con certeza la existencia de un daño económico al Estado; tal consideración, además de excesivamente formalista, desconoce que este elemento probatorio contiene una exposición detallada de diversos hechos directamente vinculados a la denuncia penal, los cuales no fueron analizados en su contenido ni en su alcance, ni contrastados con otros medios de prueba incorporados al proceso. El Fiscal Departamental demandado, en lugar de realizar un examen integral y material de su contenido, desestimó el elemento de convicción de forma genérica, privándolo de su potencial valor demostrativo, además de omitir considerar su relación con los demás elementos obrantes en el cuaderno de investigación; este proceder, configura una valoración meramente referencial y no un análisis sustantivo, lo que contraviene el deber de apreciar la prueba de manera integral y en conjunto, atendiendo al principio de verdad material previsto en los arts. 115.II y 180.I de la CPE. En definitiva, la exclusión de este informe de la valoración probatoria, no solo constituye una omisión arbitraria que reviste relevancia constitucional, ya que incide directamente en la decisión de confirmar el sobreseimiento y; por ende, en la afectación del debido proceso en su elemento valoración razonada de la prueba, así como en el derecho de acceso a la justicia de la entidad municipal accionante, al habérsele privado de un pronunciamiento de fondo sobre un elemento probatorio que podría sustentar la pretensión punitiva estatal. Este tipo de defectos procesales no son meros vicios formales, sino que comprometen directamente la validez de la decisión adoptada, al impedir una evaluación integral de los hechos; lo cual, a su vez, tiene incidencia en que las partes no puedan llegar a conocer los fundamentos y motivaciones reales del fallo, afectando así de manera directa el debido proceso en su elemento debida valoración de la prueba, correspondiendo entonces conceder la tutela impetrada.

III.4.3. En relación al principio de seguridad jurídica

Sobre esta temática, corresponde reiterar la doctrina constitucional consolidada en diversas decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional -entre ellas, la SCP 0591/2017-S1 de 27 de junio-, conforme a la cual, los principios constitucionales por su naturaleza, no son tutelables de forma autónoma a través de las acciones de defensa, incluida la acción de amparo constitucional; ello, obedece a que estos principios, si bien orientan la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, no constituyen derechos fundamentales o garantías constitucionales susceptibles de protección directa mediante este mecanismo de defensa. En este sentido, para que la jurisdicción constitucional pueda pronunciarse sobre una presunta vulneración al principio de seguridad jurídica, resulta indispensable que el mismo se encuentre vinculado de manera concreta y directa con un derecho fundamental o garantía constitucional cuya afectación sea denunciada y acreditada en el caso; solo en esa medida, el principio adquiere relevancia tutelable, al operar como parámetro interpretativo y de protección de los derechos sustantivos comprometidos. En consecuencia, la sola alegación de infracción al principio constitucional de seguridad jurídica, desvinculada a un derecho fundamental específico, no habilita por sí misma la procedencia de la acción de amparo constitucional, sino en la medida en que guarde una relación directa e indisoluble entre uno y otro; por lo que, las afirmaciones de la entidad accionante de que se debe tutelar dicho principio únicamente por su indisolubilidad con el debido proceso, no cumple con la carga argumentativa exigida por esta jurisdicción, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al fondo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 104/2023 de 29 de mayo, cursante de fs. 314 a 321 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y correcta valoración de la prueba, disponiendo: 1) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL-S-293/2022 de 12 de abril de 2022, emitida por William Eduard Alave Laura, -entonces Fiscal Departamental de La Paz-; y, 2) Que, la autoridad que se encuentre ejerciendo dichas funciones, emita un nuevo pronunciamiento en el plazo de cinco días a partir de su legal notificación con este fallo constitucional, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica de los imputados no haya sido modificada. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al Fiscal de Materia -Omar Alcidez Mejillones- y con relación al principio de seguridad jurídica, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

11 El FJ III.2, establece: “Con referencia a que los requerimientos no fueron debidamente fundamentados para determinar el sobreseimiento, cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45.7 de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0956_2025-S3.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4b4b46c948a93d652d693486eec1a0cdbe68cf316652bdcb3d49bb83e3b7783f

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