Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 16 de octubre de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncio la lesión de los derechos de su hija menor de edad, a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la familia, a la no discriminación, a la dignidad humana y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; alegando que, la menor de edad fue diagnosticada con “disgenecia de cuerpo calloso y esquizencefalia de labio abierto”, patología que desencadena en una serie de alteraciones de psicomotricidad, de razonamiento, ausencia de desarrollo del lenguaje y un retraso cognitivo que afectan su vida; sin embargo, estos aspectos fueron ignorados por la hoy demandada, quien evitó que se realice una calificación de discapacidad, negando la revalorización en esos términos, al indicar que la menor de edad tiene cero de discapacidad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2023 de 5 de julio, cursante de fs. 388 a 390, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, por incumplimiento del principio de inmediatez.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2023-S4 Sucre, 16 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 57799-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 154/2023 de 5 de julio, cursante de fs. 388 a 390, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Patricia Castellón Bustillos en representación legal de AA contra Marina Yolanda Troche Eguez, Jefa de la Unidad de Tratamiento, Rehabilitación, Investigación Social en Drogodependencias y Discapacidad del Servicio Departamental de Salud (UTRAID-SEDES) La Paz.
Por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 159 a 169; el de subsanación interpuesto el 30 de mayo de igual año (fs. 178 a 179 vta.); y memorial de complementariedad y reconducción de acción de amparo constitucional de 4 de julio de igual año (fs. 377 a 378), la accionante manifestó lo siguiente:
Su hija menor de edad fue diagnosticada con “disgenecia de cuerpo calloso y esquizencefalia de labio abierto”, patologías que provocaron diferentes signos y síntomas asociados a varias enfermedades que afectan su vida, como epilepsia focal, retardo cognitivo, estrabismo, entre otras, determinándose el 20 de abril de 2017, que la menor de edad tiene el 31% de discapacidad; sin embargo, estos aspectos fueron ignorados por parte de la hoy demandada, quien evita que se realice una calificación de discapacidad, negando la revalorización en esos términos, al indicar que la menor de edad tiene cero de discapacidad; sin considerar que, este síndrome poco común, desencadena en una serie de alteraciones de psicomotricidad, de razonamiento, ausencia de desarrollo del lenguaje y un retraso cognitivo que fue diagnosticado y se ratificó con la primera valoración. Logró conseguir todos los informes que forman parte de la fundamentación jurídica y técnica dentro del diagnóstico diferencial, que la hoy demandada no quiere tomar en cuenta como base para la revalorización de discapacidad, poniendo como último índice de calificación cero por ciento. El diagnóstico de la condición de la menor de edad no se considera dentro de los protocolos neurológicos y clínicas o de la evaluación de Baremo, donde se indica el porcentaje de discapacidad que pudiera considerar en el presente caso un grado de discapacidad; además, no existen métodos modernos para la evaluación de discapacidad en este tipo de patologías; por lo que, al negar la revalorización se le niega toda asistencia médica, ello sin tomar en cuenta que su enfermedad no tiene cura, lo que significa que requiere de controles y medicación de por vida. Acudió a todas las instancias médicas, incluso ante el Ministerio de Salud, empero no logró el resguardo de los derechos de la menor de edad; además, la última actuación que realizó fue el 7 de noviembre de 2022, con la respuesta del Informe Técnico “cursante a fs. 98”. Finalmente indicó que, se lesionaron sus derechos por la reevaluación de 10 de mayo de 2022, donde se determinó calificar con cero de discapacidad; por lo que, el 16 de igual mes y año, solicitó ante la autoridad hoy demandada, informe pidiendo una respuesta a la recalificación citada, recibiendo como respuesta una nota de 3 de junio de ese año; por la que, se le indicó que los documentos respaldatorios serían enviados a la Unidad Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, quienes deberán emitir la respuesta, pronunciándose por dicha instancia la respuesta de 14 del aludido mes y año; mediante la cual, se le manifestó que se había cumplido con los procedimientos normados para la calificación de discapacidad. Posteriormente, el 23 de septiembre del señalado año, solicitó al Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) la recalificación, entidad que respondió el “19 de octubre de 2023”, refiriendo que “…se pongan los mejores oficios para la protección del bien superior de su hija…” (sic).
La accionante denuncio como lesionados los derechos de su hija menor de edad, a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la familia, a la no discriminación, a la dignidad humana y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia, citando al efecto los arts. 8.II, 9.2 y 4, 13, 15, 35, 37, 62, 70, 71, 72 y 109.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicito se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se determine la nulidad de la revaluación de 10 de mayo de 2022; b) Se restituya la condición de discapacidad de la menor de edad, por la vulneración de sus derechos fundamentales; y, c) Costas procesales, más daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 3 de julio de 2023 (fs. 380 a 384); la misma que, fue suspendida para el 5 de ese mes y año, conforme cursa de fs. 385 a 387 vta., presente la accionante asistida de su abogado y la parte demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, ratificó in extenso los términos expuestos en su acción tutelar y ampliando los mismos indicó que, la menor de edad tiene una patología que no es curable; la misma que, debe ser controlada de por toda su vida; por lo que, al calificarla con cero por ciento de discapacidad se lesionó sus derechos a la vida y a la salud. Contestando las preguntas de los Vocales Constitucionales, refirió que: 1) Solicitó al Ministerio de Salud que realice una supervisión y una recalificación con base en los parámetros médicos y clínicos de la menor de edad; asimismo, pidió en noviembre de 2022, al SEDES la recalificación; empero, no recibieron respuesta, por lo que existe un silencio administrativo; 2) Acudieron a todas las instancias correspondientes; y, 3) El 23 de diciembre de 2022, solicitó la recalificación al Director General Ejecutivo del CODEPEDIS. En audiencia de 5 de julio de 2023, la parte solicitante de tutela refirió que: i) El acto vulnerador es la reevaluación de 10 de mayo de 2022, donde se calificó con cero por ciento de discapacidad a la menor de edad; y, ii) La última carta de solicitud fue respondida el 19 de octubre de igual año, sugiriendo se pongan los mejores oficios para la protección de los derechos de la menor de edad.
Marina Yolanda Troche Eguez, Jefa de UTRAID SEDES La Paz, en audiencia refirió que: a) La última actuación fue efectuada el 10 de mayo de 2022, transcurrió más de un año del plazo previsto por Ley; y, b) La calificación sobre discapacidad se realizó con base en la Resolución Ministerial (RM) 458 de 21 de octubre de 2020, que reconoce como instrumento oficial para la recalificación el “BAREMO”, emitiéndose la calificación de 11 de junio de 2021, que dispuso un cero por ciento de discapacidad; por lo que, la impetrante de tutela el 10 de septiembre de ese año, solicitó la revisión documental, programándose la misma para el 10 de mayo de 2022, en la que se asignó la misma calificación; ante lo cual, la solicitante de tutela pidió un informe técnico pormenorizado, que posteriormente también fue solicitado por el Ministerio de Salud, presentándose el mismo el 3 de junio de ese año. Respondiendo a las autoridades de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: 1) Tenían una petición de revisión documental de 10 de septiembre de 2021, “…en la que se dio respuesta de que no procede la calificación” (sic); 2) La calificación fue realizada de manera correcta y de acuerdo a la normativa vigente, “tenemos una solicitud de Informe de Evaluación el 18 de junio de 2021, () en la que se le dio respuesta, de igual manera el Ministerio de Salud nos ha solicitado la remisión del expediente de calificación el 21 de diciembre de 2021, en la que en esa revisión que el Ministerio de Salud hizo nos solicitó de que se pueda recalificar la niña, que nosotros pongamos fecha y hora y se cumplió con esa solicitud, la recalificación fue hecha el 10 de mayo” (sic); 3) No tiene ninguna relación con el CODEPEDIS, pues esta instancia pertenece al Ministerio de Justicia, no es parte del SEDES departamental; y, 4) Ya transcurrió más de un año de la última calificación; por lo que, procede la recalificación; para lo cual, se solicita nuevos informes.
Rogelia Cantuta, Médico Calificador del Comité Técnico de revisión de expedientes de calificación de discapacidad, en audiencia de 5 de julio de 2023, expresó que: i) El equipo calificador está conformado por tres profesionales (médico, psicólogo y trabajadora social), quienes determinan el grado de discapacidad de quienes tengan alguna deficiencia, ello enmarcados en sus certificados médicos por especialidad; ii) La primera calificación de la menor de edad fue elaborada el 28 de marzo de 2017; en la que, se determinó el 31% de discapacidad; además, en la evaluación psicológica efectuada en esa oportunidad; se refirió que, la menor de edad está en proceso de desarrollo y en observación, además requiere de bastante estimulación para su rehabilitación, una vez caducado su carnet de discapacidad, la menor de edad fue calificada el 11 de junio de 2021, cuyo informe médico determinó un grado de discapacidad de cero; ante lo cual y después de la solicitud de varios informes el Ministerio de Salud sugirió una nueva recalificación; la misma que, fue realizada el 10 de mayo de 2022; iii) La menor de edad recibió rehabilitación, encontrándose dentro de los parámetros normales; iv) En aplicación de la RM 756 numeral 16 inc. b), en caso de haber obtenido un porcentaje inferior a 25 grados, la parte interesada transcurrido un año desde la última calificación, puede solicitar una recalificación; es decir, a partir del 10 de mayo de 2023, la parte accionante ya podía haber efectuado esa petición; y, v) El 5 de junio de igual año, en la revisión de carpetas de personas con capacidades diferentes, se explicó a la solicitante de tutela que no hubo una calificación errada y que la misma, fue determinada con base en la normativa del Ministerio de Salud.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia programada para el 3 de julio de 2023, resolvió reprogramar la misma para el 5 del mismo mes y año, otorgando dicho plazo a la parte impetrante de tutela, para reconducir la acción de amparo constitucional, al tratarse de una menor de edad con discapacidad.
La citada Sala Constitucional por Resolución 154/2023 de 5 de julio, cursante de fs. 388 a 390, denegó la tutela solicitada y exhortó y recomendó que los casos de recalificación de discapacidad se realicen con mayor prontitud para garantizar los derechos de las personas, ello con base en los siguientes fundamentos: a) El informe de evaluación no tiene instancia de impugnación aparente; razón por la cual, se consideró ingresar a analizar el fondo de la situación jurídica de la parte accionante; no obstante, se evidenció que no se verificó el último acto procesal, pues si bien refirió que solicita la nulidad del acto de 10 de mayo de 2022, su pretensión se encuentra afectada por la inmediatez; b) La jurisdicción constitucional es flexible en algunos casos; sin embargo, la impetrante de tutela olvidó el acta de 5 de junio de 2023, de revisión de carpetas de personas con discapacidad que están disconformes con la decisión inicial, donde no solo participa el SEDES, sino también el Ministerio de Salud y Deportes; así como, el Defensor del Pueblo, autoridades que le hicieron saber que los resultados eran correctos; en tal sentido, esta acta debió ser controvertida; no obstante, la misma ni siquiera fue mencionada, entonces existe un problema de subsidiariedad; c) Desde el 10 de mayo de 2022, hasta la formulación de esta acción de defensa transcurrió más de un año; además, con base en el informe de revaluación, la parte peticionante de tutela puede solicitar una nueva revaluación; empero, plantearon esta acción de defensa dilatando los días; d) Se admitió esta acción tutelar por la presunta lesión a los derechos a la vida y a la salud, incluso se suspendió la audiencia y reprogramó la misma para tener mayores elementos; y, e) “…el accionante tendrá la diligencia de solicitar una evaluación pero con los más altos estándares necesarios para que la junta médica de especialistas llegue a una decisión racional, porque un médico general va a tener sus limitaciones respecto a un especialista neurológico o psiquiatra, pero este es un pedido que el accionante postulará (medios probatorios), acudirá a un Médico especialista con sus pruebas a la comisión, etc, es algo, que la Sala ahora no puede hacer, no puede disponer…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de 28 de marzo de 2017, suscrito por el Equipo Calificador de Discapacidad del SEDES La Paz; por el cual, se evidencia que la menor de edad AA padece de una discapacidad de 31 grados (fs. 347 y vta.). II.2. Por Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de 11 de junio de 2021, suscrito por el Equipo Calificador de Discapacidad del SEDES La Paz, se calificó a la menor de edad AA con cero grados de discapacidad (fs. 337). Ante lo cual, Rosario Patricia Castellón Bustillos – ahora accionante– solicitó una recalificación por Notas de 20 de diciembre de igual año y 31 de enero de 2023, ante el Jefe de la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes (fs. 45 a 46; y, 47 a 48), recibiendo como respuesta la Nota MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/CE/791/2022 de 6 de julio; a través de la cual, se le indicó que acuda ante el SEDES La Paz, a objeto de su pretensión (fs. 49). II.3. Consta Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de 10 de mayo de 2022, suscrito por Marina Yolanda Troche Eguez, Jefa de UTRAID SEDES La Paz –ahora demandada– y otros; por lo que, se otorgó a la menor de edad cero grados de discapacidad (fs. 266 y vta.), contra lo cual, la peticionante de tutela el 16 de igual mes y año, pidió informe técnico respecto la evaluación realizada (fs. 252 a 253), recibiendo como respuesta la Nota Cite GADLP/SEDES/UTRAID-197/2022 de 3 de junio; a la cual, se le informó que la solicitud que planteó solo se otorga a instancias superiores; por lo que, debía acudir ante la Unidad Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes (fs. 52). II.4. Por Nota de 16 de mayo de 2022, la solicitante de tutela solicitó la recalificación respecto el estado de salud de su hija menor de edad AA, ante el Jefe de la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes (fs. 53), recibiendo como respuesta la Nota MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/CE/ 734/2022 de 14 de junio, por medio de la cual se le indicó que su petición era improcedente, debido a que la calificación de discapacidad efectuada no presentaba variaciones ni incoherencias (fs. 54 a 55). II.5. Mediante Acta de reunión y revisión de carpetas de 5 de junio de 2023; por la cual, los representantes de CONALPEDIS, Ministerio de Salud y Deportes, Defensoría del Pueblo, Federación Departamental de Personas con Discapacidad, concluyeron que en la calificación realizada a la menor de edad AA no se evidenció mala calificación, sugiriendo a la impetrante de tutela solicitar una nueva recalificación por haber transcurrido un año y que sería prudente la presentación de un informe médico de psiquiatría (fs. 200 a 201).
La accionante denuncio la lesión de los derechos de su hija menor de edad, a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la familia, a la no discriminación, a la dignidad humana y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; alegando que, la menor de edad fue diagnosticada con “disgenecia de cuerpo calloso y esquizencefalia de labio abierto”, patología que desencadena en una serie de alteraciones de psicomotricidad, de razonamiento, ausencia de desarrollo del lenguaje y un retraso cognitivo que afectan su vida; sin embargo, estos aspectos fueron ignorados por la hoy demandada, quien evitó que se realice una calificación de discapacidad, negando la revalorización en esos términos, al indicar que la menor de edad tiene cero de discapacidad. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0767/2019-S4 de 12 de septiembre, estableció que: “Por disposición del art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; norma jurídica que guarda cierta similitud con la comprendida en el art. 55.I del CPCo, que establece igual plazo para la interposición de la indicada acción de garantía, computable a partir de la comisión de la lesión alegada o de conocido el hecho. El Tribunal Constitucional, a través de la SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez, sostuvo que: ‘...el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida… La misma Sentencia Constitucional ya citada, refirió también que ‘...el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición de la acción de amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de «preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (SC 0770/2003-R de 6 de junio)». (Entendimiento reiterado por la SCP 0729/2013-L de 19 de julio [las negrillas nos corresponden]). Así también, la jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “‘La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida.
En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio `pacta sunt servanda’.
Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo [constitucional], es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada’.
Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: ‘Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses [plazo de caducidad] computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”’ (las negrillas nos pertenecen).
Por otra parte, la SC 0579/2010-R de 12 de julio, respecto a este plazo de caducidad y la acción de amparo constitucional relacionado con el principio de inmediatez, manifestó: “…en la Constitución vigente, se introduce el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, plazo que se computa a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, y que se constituye en un verdadero plazo de caducidad del derecho a acudir a la justicia constitucional… De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la inobservancia de dicho plazo de caducidad determina la improcedencia de la acción de amparo constitucional… En ese sentido, la SC 0770/2003-R de 6 de junio, establece que: ‘…el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto ...’;
al efecto, también aclara que el razonamiento relativo a los seis meses, ‘…resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’" (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncio la lesión de los derechos de su hija menor de edad, a la igualdad, a la salud, a la vida digna, a la familia, a la no discriminación, a la dignidad humana y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia, alegando que la menor de edad fue diagnosticada con “disgenecia de cuerpo calloso y esquizencefalia de labio abierto”, que desencadenan en una serie de alteraciones de psicomotricidad, de razonamiento, ausencia de desarrollo del lenguaje y un retraso cognitivo que afectan su vida; sin embargo, estos aspectos fueron ignorados por la ahora demandada, quien evitó que se realice una calificación de discapacidad, negando la revalorización en esos términos, al indicar que la menor de edad tiene cero de discapacidad. De la revisión de antecedentes se observa que, el Equipo Calificador de Discapacidad del SEDES La Paz, por Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de 28 de marzo de 2017, al analizar la situación de salud de la menor de edad AA, le otorgó 31 grados de discapacidad (Conclusión II.1); sin embargo, ante una nueva evaluación de su estado de salud, que fue realizada el 11 de junio de 2021, el mencionado Equipo Calificador, mediante Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de esa fecha, calificó a la menor de edad AA con cero grados de discapacidad; razón por la cual, la ahora accionante por Notas de 20 de diciembre de igual año y 31 de enero de 2023, dirigidas al Jefe de la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes, solicitó una recalificación respecto de la salud de su hija menor de edad, recibiendo como respuesta la Nota MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/CE/791/2022, a través de la cual se le indicó que acuda ante el SEDES La Paz, a objeto de su pretensión (Conclusión II.2). Posteriormente, después de una serie de Notas presentadas, la ahora demandada conjuntamente los miembros del citado Equipo Calificador, procedieron a realizar una recalificación sobre la situación de la menor de edad, concluyendo por Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad de 10 de mayo de 2022, que la menor de edad tiene cero grados de discapacidad. En conocimiento de esa nueva calificación, la peticionante de tutela el 16 de igual mes y año, pidió informe técnico respecto la evaluación realizada, recibiendo como respuesta la Nota Cite GADLP/SEDES/UTRAID-197/2022, por la cual se le informó que la solicitud que planteó solo se otorga a instancias superiores; por lo que, debía acudir ante la Unidad Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes (Conclusión II.3). Paralelamente, la solicitante de tutela por Nota de 16 de mayo de 2022, solicitó al Jefe de la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes la recalificación respecto el estado de salud de su hija menor de edad AA, emitiéndose en consecuencia la Nota MSyD/VGSS/DGRSS/UGPD/CE/ 734/2022, por medio de la cual se le indicó que su petición era improcedente, debido a que la calificación de discapacidad efectuada no presentaba variaciones ni incoherencias (Conclusión II.4). Finalmente, de la revisión de antecedentes se observa que, los representantes de CONALPEDIS, Ministerio de Salud y Deportes, Defensoría del Pueblo, Federación Departamental de Personas con Discapacidad, por Acta de reunión y revisión de carpetas de 5 de junio de 2023, concluyeron que no se evidenció mala calificación respecto de la salud de la menor de edad AA, sugiriendo a la accionante solicitar una nueva recalificación por haber transcurrido un año y que sería prudente la presentación de un informe médico de psiquiatría (Conclusión II.5).
Ahora bien, de la revisión de los memoriales planteados se advierte que, los Vocales constitucionales observaron los memoriales otorgando a la parte accionante el plazo previsto por ley para la rectificación de los requisitos previstos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ante lo cual, la parte impetrante de tutela lejos de dar cumplimiento a dichas observaciones se limitó a exponer una relación de hechos imprecisa y confusa, respecto la presunta lesión de los derechos de la menor de edad; por lo que, en aplicación de lo previsto por el art. 30.I del CPCo, debió tenerse por no presentada esta acción de defensa, así también lo asumió la SCP 2202/2012 de 8 de noviembre, la cual determinó que: “…se establece la forma en la que los jueces y tribunales deben proceder cuando fungen como jueces y tribunales de garantías constitucionales, así en instancia de admisión, están obligados a revisar el contenido de la demanda, a efecto de constatar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 33 del CPCo, los mismos que son de observancia obligatoria por la parte accionante (…) Requisitos tanto de contendido como de forma que deben necesariamente ser cumplidos por los accionantes al momento de presentar la acción, y ante la omisión de alguno de ellos, los jueces o tribunales de garantías podrán solicitar la subsanación dentro del plazo de tres días a partir de su notificación; en caso de que no se cumpla con el referido plazo y no se presente la rectificación de la omisión, se tendrá por no presentada la acción (el subrayado nos corresponde); sin embargo, en este caso concreto y bajo el principio de celeridad que rige a esta acción de defensa, pese a no haberse subsanado la deficiencia formal observada, del último petitorio solicitado por la accionante se infiere que pretende que se determine la nulidad de la revaluación de 10 de mayo de 2022; por lo que, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática formulada por la parte solicitante de tutela, corresponde realizar el análisis de cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad que rigen a esta acción de amparo constitucional. En tal sentido, si bien en este caso procede la excepción a la subsidiariedad que rige a esta acción de defensa, al tratarse de la supuesta lesión de los derechos de una menor de edad, que pertenece al grupo de atención prioritaria; sin embargo, la parte accionante no consideró que, conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el plazo de caducidad para acudir a la vía constitucional es de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la Ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona que se considera afectada; en tal sentido, en este caso concreto se evidencia que, el Certificado de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad cuya nulidad se pide, data de 10 de mayo de 2022, y si bien no cursa notificación con el mismo; no obstante, de las Notas presentadas por la propia impetrante de tutela de 16 de igual mes y año, se advierte que la misma ya había tomado conocimiento oportuno de la calificación de discapacidad otorgada a su hija menor de edad; razón por la cual, el referido Certificado al haber sido emitido el 10 de mayo de 2022, el plazo para formular esta acción de defensa, vencía el 10 de noviembre de ese año; en tal sentido, al haber formulado su acción tutelar recién el 20 de marzo de 2023, lo hizo fuera del plazo previsto por Ley, lo que permite concluir que su derecho para acceder a esta vía constitucional se encuentra precluido; extremo que, se constituye en una causal de improcedencia determinada en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, que impide que se ingrese a analizar el fondo de la problemática planteada, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2023 de 5 de julio, cursante de fs. 388 a 390, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, por incumplimiento del principio de inmediatez. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
1 La SCP 2172/2012 de 8 de noviembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad señaló que: “…la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a esta acción, se producirá en cuatro casos específicos, cuando sea previsible un daño irreparable o irremediable, cuando el medio de defensa resulte ineficaz, cuando se trate de grupos de atención prioritaria -niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes- y por medidas de hecho. En el mismo orden y con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, corresponde referirnos a la prescindencia del principio de subsidiariedad en los casos que se advierta la existencia de un daño irreparable e irremediable, que obedece al razonamiento, que no es suficiente un simple reconocimiento formal de derechos en el texto constitucional; sino, que deben materializarse o efectivizarse, es para dicho efecto que el constituyente, impone al Estado como uno de sus fines y funciones esenciales, de garantizar su cumplimiento y el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos” (las negrillas nos pertenecen).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0956_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): fee04d96dd7e1a4e10a7c02481e8e29322e54a2fbaf012d71be5d0df2ca327f4
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