B.IA.LEGAL

SCP 0953/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
34130-2020-69-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato: i) El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de cesación a la detención preventiva desarrollada el 27 de abril de 2020, emitió el Auto Interlocutorio 100/2020, por el que rechazó la referida solicitud, sin considerar lo conveniente de su sustitución por otra medida menos gravosa, en atención a que es madre de cuatro menores de edad que requieren de su atención debido a que el padre de los mismos también se halla detenido preventivamente, menores que se encuentran vulnerables ante la pandemia del COVID-19; empero, el Juez demandado pese a exponer consideraciones sobre normas internacionales relacionadas a su condición de mujer, desvió los entendimientos normativos de las mismas; y, ii) En grado de apelación, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, confirmó dicho rechazo con similares actos lesivos sin considerar los argumentos sobre la situación en que se encuentran sus hijos menores de edad, que solo están bajo el cuidado de su abuela invidente y del abuelo que tiene 74 años, además de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, desconociendo los alcances de las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de gé…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 32/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 146 a 150, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a a) Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, b) Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz, por vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia. 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, emitido por el Juez codemandado, disponiendo que dicha autoridad proceda a emitir nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos glosados en este fallo constitucional, enfocado al resguardo del bien mayor relacionado con las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y la aplicación del test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine; asimismo, se deja sin efecto el Auto de Vista 164/2020 de 10 de agosto, emitido por la Vocal demandada, sin disponer la emisión de nueva resolución, correspondiendo precisar que como emergencia de la determinación a asumirse por parte del referido Juez a quo, se repararan todas las denuncias efectuadas por la parte accionante. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a los derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los Tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0953/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 34130-2020-69-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 9 de febrero de 2022, cursante de fs. 146 a 150, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos y Eduardo León Arancibia en representación sin mandato de Rosmery Mamani Mamani contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de mayo de 2020, cursante de fs. 5 a 8, la accionante a través sus representantes sin mandato expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en contra suya y de su esposo, por la presunta comisión del delito de asesinato, mediante Auto Interlocutorio 433/19 de 27 de septiembre de 2019, se dispuso su detención preventiva por concurrir los riesgos procesales insertos en los arts. 234.8 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando en reiteradas oportunidades la cesación de dicha medida extrema, poniéndose en evidencia que es madre de cuatro niños menores de edad que se hallan al cuidado de su abuela ciega de 68 años; y, del abuelo de 74 años, por ello sustentó su pretensión en la segunda parte del art 239.1 del citado Código, sumando como nuevo elemento la cuarentena y pandemia del Coronavirus (COVID-19) y las normas internacionales dictadas a favor de los detenidos preventivos, especialmente mujeres con hijos menores; pretensión rechazada por el Juez codemandado, mediante Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, en el cual de manera incongruente se hizo consideraciones sobre derechos y garantías constitucionales, referentes a las “REGLAS DE BANGKOK” de 16 de marzo de 2011, así como se expuso textos sobre la mujer que es madre; empero, desvía el entendimiento legal para forzar el rechazo. En grado de apelación, por Auto de Vista 164/2020 de 30 de “mayo” -siendo lo correcto abril-, la Vocal demandada confirmó el fallo del inferior con similares actos lesivos, pese a que en audiencia en ambas instancias se mencionó y propuso como elemento de convicción la Circular 08/2020 de 16 de abril, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que recomienda aplicar el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como realizar el test de proporcionalidad desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la observancia de la Resolución dictada por dicha instancia internacional de 31 de marzo del citado año, referidos a la reevaluación de prisiones preventivas, promoviendo medidas alternativas, entre las que se encuentra priorizar grupos de riesgo como mujeres embarazadas o con niños a su cargo; asimismo, se remarcó el empleo de criterios de interpretación como el pro homine, favor debilis, pro actione y otros, así como valoraciones sobre la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Entre los criterios expresados tanto por Fiscales de Materia, Jueces y abogados está la existencia de una persona muerta y que persona sería la autora, desconociendo de esa forma la presunción de inocencia; así como la aseveración de que estando en prisión no se encuentra a cargo de sus hijos menores, desconociendo las previsiones de los arts. 60, 61; y, 64.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), señalándose además que correspondía desvirtuar los riesgos procesales sin tomar en cuenta la precitada segunda parte del art. 239.1 del adjetivo penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I, 18, 115.I y II, 116.I, 117.I, 119.I y II, 256 y 410 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad del Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril y del Auto de Vista 164/2020 de 30 de igual mes, ordenando que el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, emita un nuevo fallo conforme “manda” el Tribunal Supremo de Justicia, aplicando las normas desde la realidad de la emergencia sanitaria y cuarentena nacional; y consecuentemente, se disponga la cesación de su detención preventiva, aplicándose medidas cautelares personales menos gravosas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 9 de febrero de 2022, conforme consta en el acta cursante a fs. 145 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia refirió que: a) Se convocó a audiencia en virtud a la SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre, “donde claramente se ha establecido que mi defendida (…) ha demostrado que la Resolución emitida” (sic) por el Juez codemandado vulneró sus derechos y no tomó en cuenta la pandemia que se vivía en esa oportunidad, así como el cuidado de sus hijos menores de edad y de dos personas adultas mayores, bajo esa determinación se interpuso el recurso de apelación, mismo que fue confirmado por la Vocal demandada, bajo el entendido de que el Juez a quo actuó de manera correcta, bajo esas premisas se interpuso la presente acción de libertad que dio curso a esta audiencia a efectos que se pueda valorar lo manifestado; y, b) A la fecha -entiéndase de interposición de la presente acción tutelar- se encuentra con detención domiciliaria en virtud del Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, que no guarda la proporcionalidad para la favorabilidad; toda vez que, aún se encuentra en una situación gravosa a su detención, porque la medida de detención domiciliaria le priva de realizar la manutención de sus hijos, correr con los gastos de su madre que es no vidente, así como también de sus familiares, bajo esa comprensión solicitó se tome en cuenta la SCP 0819/2021-S3 y en lo pertinente se pueda dejar sin efecto la mencionada medida, a fin de que pueda correr con la manutención de sus hijos; máxime, si se aperturo las clases presenciales en los colegios y ese extremo requiere que su persona salga del hogar para llevar a sus hijos al colegio e incluso a un centro médico para que pueda hacer otras actividades, por lo que solicitó se levante dicha medida.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de febrero de 2021, cursante de fs. 135 a 136 vta., refirió lo siguiente: 1) La presente acción de libertad está dirigida contra Margot Pérez Montaño; sin embargo, la nombrada ceso en sus funciones como Vocal desde el mes de julio de 2021; 2) El proceso penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de Luis Antoni Azzi y otros, contra la peticionante de tutela por el delito de asesinato fue radicado en la Sala Penal Tercera previo sorteo realizado por el sistema informático en grado de apelación incidental de medida cautelar; empero, su autoridad no fue quien emitió el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, tal cual consta de la copia de la resolución adjunta, razón por la cual no tendría participación en su emisión; por lo que, no puede ser sujeto de la presente acción de libertad; 3) En cumplimiento de la SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre y “el auto de 28 de enero”, se adjunta el Auto de Vista 164/2020 emitido por la Vocal demandada;

y, 4) Por Resolución 84/2020 de 6 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, se anuló el Auto de Vista 164/2020, ordenando que se dicte uno nuevo. En ese entendido, la Vocal demandada cumpliendo la decisión de la mencionado Sala Constitucional, dictó el Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo; por lo que, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de la demandante de tutela, es decir, que ya no se encuentra con detención preventiva, sino con medidas sustitutivas; en consecuencia, ya no es pertinente la presente acción de libertad. Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de febrero de 2021, cursante de fs. 137 a 138 vta., refirió lo siguiente: i) La accionante se encuentra con detención preventiva, porque conforme a la resolución primigenia de medidas cautelares, se estableció que concurren los dos presupuestos del art. 233 del CPP, vale decir, la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización, y si bien se ha realizado solicitudes a la cesación a la detención preventiva, no se enervo tales presupuestos; ii) En el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril -ahora cuestionado- se realizó un análisis exhaustivo de los argumentos de la defensa, así como una valoración objetiva e integral de los elementos probatorios y de los antecedentes del caso, estableciendo que la solicitud de la imputada no es atendible, determinación confirmada en grado de apelación; iii) La documentación presentada en la audiencia referida (certificados de nacimientos, matrimonio, tarjetas prontuarios de homónimos de la imputada, entre otros) ya fue presentada y valorada en anteriores audiencias y por ello, pese a que la defensa en audiencia señaló que estarían desvirtuando parcialmente los riesgos procesales queriendo sorprender la buena fe de la suscrita autoridad, se estableció que los mismos no fueron desvirtuados; iv) La defensa no acreditó con prueba objetiva y pertinente que los hijos de la imputada al presente no estén o no tengan quien se haga cargo de su cuidado, tomando en cuenta que la carga de la prueba en audiencia de cesación la tiene la parte impetrante, es decir la defensa, puesto que se debe demostrar “con nuevos elementos que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida” tal como señala el art. 239.1 del CPP, precisando que en las dos vertientes del citado precepto es necesario que se acrediten nuevos elementos; v) Se tomó en cuenta las recomendaciones realizadas por la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las circulares pertinentes emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del estado de emergencia sanitaria y la cuarentena decretada por el Gobierno nacional; en ese entendido, se cumplió en reevaluar la detención preventiva de la imputada, convocando y llevando a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, donde se escuchó el planteamiento de la defensa y se resolvió conforme a derecho; así como en aplicar la perspectiva de género, el principio de proporcionalidad, los criterios de interpretación pro homine y favor debilis, haciendo una valoración racional y coherente, en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena declarada en el país, tal como refleja el Auto Interlocutorio 100/2020; vi) Las recomendaciones en ningún momento establecen que por la existencia de la pandemia del COVID-19, automáticamente todas las internas o internos deban salir en libertad; la evaluación es caso por caso; y el órgano jurisdiccional, aún en estado de emergencia, se encuentra obligado -por principio de legalidad- a resolver conforme los requisitos establecidos en el art. 239 del CPP, exigencias que no han variado con las recomendaciones antes mencionadas sobre el estado de emergencia; vii) El Auto Interlocutorio 100/2020, entre otros fundamentos a tiempo de considerar el documento de abril de 2020 del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos refirió en su acápite de CONCLUSION que: “Además de aquellas personas que deberían ser puestos en libertad de inmediato, como personas en prisión preventiva por delitos de bajo nivel o no violentos o que no presenten un riesgo significativo de fuga, los Estados deberían considerar alternativas a la detención para las personas con mayor riesgo para la salud, como las personas mayores, las mujeres embarazadas y las niñas, las personas con discapacidades (…) con responsabilidades de cuidado acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres encarceladas con sus hijos; personas en instalaciones semi-abiertas que trabajan en la comunidad durante el día; y personas condenadas por delitos cercanos al final de sus sentencias” (sic); y, en el caso que nos ocupa, la imputada no se encuentra comprendida en ninguna de las situaciones de las personas señaladas anteriormente; viii) En ninguna parte del Auto Interlocutorio 100/2020, el suscrito fundamentó o señaló que “…hay un muerto y que la señora es autora…” (sic), puesto que como hombres de derecho, sabemos que en esta etapa del proceso solo se habla de probabilidad de autoría y no se establece la responsabilidad o no de la imputada, y precisamente por ello hay un pleno respeto al derecho a la presunción de inocencia; tampoco se fundamentó algo respecto a “…permutar la libertad de la imputada con una revocatoria de un poder que ella ostenta…”, siendo estas aseveraciones falaces; y, ix) Finalmente, por Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso cesar la detención preventiva y se impuso medidas cautelares de carácter personal a favor de la imputada, ahora accionante, quien a la fecha se encuentra cumpliendo detención domiciliaria. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, por Resolución 32/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 146 a 150, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la Vocal de la Sala Penal Tercera del departamento de La Paz, y denegó la tutela en cuanto al Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del mismo departamento, por concurrencia excepcional del principio de subsidiariedad, disponiendo lo siguiente: a) Dejar sin efecto Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril; b) Debido a que anteriormente por Resolución 84/2020 de 6 de mayo, esta Sala Constitucional concedió la tutela en parte con fundamentos similares a los de la presente Resolución, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, el cual quedó firme y subsistente en todo su contenido y sus efectos; y, c) “Se aclara que habiéndose resuelto la situación jurídica de la hoy accionante mediante Resolución No. 170/2020; en tal sentido, si bien este fallo fue anulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 08119/2021-S3 de 03 de Noviembre; sin embargo, a fin de no alterar la situación jurídica en la cual se encuentra la hoy accionante se asume esta determinación” (sic). Ello conforme a los siguientes fundamentos: 1) El Ministerio Público tiene conocimiento de la acción penal seguida contra la ahora peticionante de tutela y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato; quien interpuso la presente acción de libertad el 5 de mayo de 2020; en consecuencia, esta Sala Constitucional emitió la Resolución 84/2020 de 6 de mayo, concediendo en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, para que la Vocal demandada en grado de apelación dicte nuevo Auto de Vista, dando lugar a la emisión del Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, por el cual, se declaró la procedencia de los agravios propuestos; en consecuencia, se revocó el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Decimo de la Capital del mismo departamento, debiendo cesar la detención preventiva y en su lugar imponer medidas cautelares personales, por lo que al presente la solicitante de tutela se encuentra con detención domiciliaria; 2) El Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión de la Resolución 84/2020, mediante la SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre, dispuso: 2.i) Anular obrados hasta el señalamiento de la audiencia de acción de libertad respectiva; 2.ii) Disponiendo que la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, señale nuevo día de audiencia, conminando a las autoridades accionadas a remitir el acta de audiencia de apelación incidental y Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, a objeto de pronunciarse de forma acorde a las reclamaciones efectuadas por la peticionante de tutela, ello conforme a los parámetros en que formulo su pretensión para su compulsa con el precitado fallo; y, 2.iii) Se llamó la atención a la Vocal Margot Pérez Montaño por la omisión en la remisión del Auto de Vista 164/2020, tanto al Tribunal de garantías como al Tribunal Constitucional Plurinacional pese a las reiteradas solicitudes efectuadas por diversos medios; 3) Las recomendaciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia mediante la Circular 08/2020 de 16 de abril, por la cual se exhorta o recomienda a los operadores de justicia aplicar el “Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género” en todo proceso judicial donde se observe asimetrías por cuestiones de género; por otra parte, aplicar el test de proporcionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en toda resolución judicial enmarcada en los principios pro homine, favor debilis y pro actione. Por otra parte, la Resolución de la Corte IDH en relación a la detención preventiva de 31 de marzo de 2020, exhorto a los Estados garantizar la salud y la seguridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia, debiendo tomar los recaudos pertinentes, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que puedan ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio de COVID-19, evaluando la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, en relación con niños a su cargo como en el presente caso, puesto que la accionante sería madre de cuatro menores de edad (2, 6, 10 y 11 años) por la tanto, requieren la presencia de su madre en particular en esta época de pandemia; 4) El Auto de Vista 164/2020 si bien fundamentó en sentido de confirmar la determinación del Juez a quo; sin embargo, omitió considerar las recomendaciones dispuestas no solo por las autoridades que administran justicia, así como del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Circular 08/2020 de 16 de abril, que del mismo modo efectuó las recomendaciones de la Corte IDH, situación que habría impedido a dicha autoridad dar curso a la solicitud realizada por la peticionante de tutela; por lo que, se puede considerar que de la solicitud impetrada y lo expuesto precedentemente, corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse en forma favorable a dicha solicitud de modificación de medida cautelar, debiendo asumirse medidas que permitan la continuidad del proceso sin interferencias y considerando las recomendaciones realizadas y la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraría la solicitante de tutela, debido a que la misma es progenitora de cuatro menores de edad; y, 5) Respecto a la decisión asumida por el Juez de la causa en el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, se advierte que la demandante de tutela hizo uso del recurso de apelación incidental; en consecuencia, y a mérito del principio de subsidiariedad que aplica para esta acción de defensa, esta Sala Constitucional centraliza su determinación únicamente a partir de la Resolución asumida por la autoridad de apelación, pues se entiende que todo lo presuntamente ilegal, irregular, arbitrario, omisivo o discrecional en que hubiese incurrido el Juez a quo, ha sido y tuvo que ser cuestionado a través del recurso de apelación; en consecuencia, se concluye que corresponde la denegatoria de la tutela respecto a la autoridad de control jurisdiccional, por concurrencia excepcional del principio de subsidiariedad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 18 de mayo de 2022, cursante a fs. 157, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; recibida la misma, se ordenó su reanudación a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 196); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta certificado de matrimonio de Edwin Quispe Ramírez y Rosmery Mamani Mamani -ahora accionante- con fecha de partida de 7 de abril de 2013 (fs. 16). II.2. Cursan certificados de nacimiento de AA de 9 de abril de 2008, de BB de 3 de septiembre de 2009, de CC de 3 de julio de 2013 y de DD de 28 de abril de 2018, consignando como sus progenitores a Edwin Quispe Ramírez y la impetrante de tutela (fs. 12 a 15). II.3. Se tiene Cédula de Identidad de Justina Ramírez Condori -madre de la peticionante de tutela-, nacida el 9 de agosto de 1952 y carnet de afiliación del Instituto Boliviano de la Ceguera, el cual establece que la nombrada tiene ceguera total (fs. 21 a 22). II.4. Cursa Auto Interlocutorio 433/19 de 27 de septiembre, de consideración de medidas cautelares, en el que se estableció la presencia de los dos presupuestos del art. 233 del CPP, y la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.8; y, 235.1 y 2 del adjetivo penal; por lo que, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz -autoridad codemandada-, dispuso la detención preventiva de la solicitante de tutela en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (fs. 177 a 180 vta.). II.5. Por Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, el Juez codemandado, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, declaró improcedente la referida solicitud, bajo el siguiente contenido:

CONSIDERANDO I. (ANTECEDENTES): Que en presente audiencia las partes han realizado su fundamentación señalando, en lo esencial lo siguiente: Que, la abogada de la defensa ha hecho mención al derecho a la vida y a la salud y también ha hecho referencia a las disposiciones de la NNUU respecto de los derechos humanos y que conforme el art. 239 núm. 1) cuando existen nuevos elementos o se torne conveniente el cambio de situación jurídica debería darse lugar a la cesación a la detención preventiva; asimismo ha hecho referencia al instituto jurídico del derecho a la vida, los derechos de los gestantes en centro penitenciarios, así como a la protección que se le debe realizar a los niños, la defensa ha referido que se ha presentado certificados de nacimiento de los cuatro menores que son hijos de la ahora imputada, ha hecho referencia a la Circular 11/2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que establece los casos en los cuales se puede solicitar la cesación a la detención preventiva dentro esta coyuntura sanitaria por la cual atravesamos, concretamente por el Covid-19, y son tres las circunstancias que ha referido por las cuales corresponde establecer la consideración a la cesación a la detención preventiva y en base a esas tres circunstancias se debe evaluar de manera favorable estos derechos como son los derechos a la vida, a la salud y también los derechos de los menores (…) ha hecho énfasis de que conforme a la Circular 11/2020 se debe dar prioridad a la protección de las personas que tengan a su cargo menores de edad, que precisamente es el caso en el que se encuentra su defendida, ha referido de los certificados de nacimiento de los hijos menores, el certificado de matrimonio de la imputada y su esposo los cuales están detenidos, estos menores se encuentran en un domicilio bajo la protección de una persona que adolece de discapacidad visual, la Sra. Justina Condori…

CONSIDERANDO II. (CONCLUSIONES): Que, del análisis de los fundamentos esgrimidos por las partes y la valoración de los elementos probatorios presentados en esta audiencia, se llega a las siguientes conclusiones de hecho y de derecho:

Que, el art. 239 del CPP núm. 1) del CPP, establece que las medidas cautelares personales cesaran cuando nuevos elementos demuestran que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida.

(…)

Que, de la valoración de los elementos presentados como prueba a efectos de enervar los riesgos procesales, los mismos no han contrarrestado los riesgos procesales de fuga y obstaculización, conforme a lo anteriormente señalado.

Que dentro del marco de igualdad y en aplicación del protocolo de juzgar con perspectiva de género, se tiene que si bien la persona procesada es una mujer a quien se la pueda considerar una persona vulnerable en consideración del principio Favor debilis, sin embargo no es adulta mayor, no está embarazada; no es persona discapacitada, no se ha demostrado que tenga alguna afección de salud grave, puesto que no se ha presentado algún certificado médico que acredite que aquella patología de Síndrome diarreico, que refiere el certificado médico que data de octubre de 2019, se haya complicado a la fecha por el contrario existe un Informe Bio-sico-social del Área Médica del COF de 27 de diciembre de 2019, es decir posterior, que en su conclusión refiere: “Paciente acude a valoración médica, estable al momento.”

Además, se debe considerar el hecho delictivo atribuido y la conducta, y en el caso concreto se considera que los hechos denunciados en el cual la imputada hubiera participado han atentado contra la vida de una persona adulto mayor considerada también vulnerable; bajo esos parámetros no existe ninguna vulnerabilidad de la hoy imputada. Es más, tampoco la misma se encuentra en estado de indefensión, ya que está asumiendo su derecho a la defensa. En ese entendido, se tiene que la medida adoptada en audiencia cautelar y vigente en la audiencia de cesación a la detención preventiva está acorde al principio de proporcionalidad, ya que la medida de detención preventiva, conforme a los antecedentes del caso, es adecuada, es necesaria para determinar y averiguar la verdad histórica de los hechos denunciados, tampoco es exagerada, por lo que existió valoración integral en la compulsa de las pruebas ofrecidas y presentadas, determinándose que no lograron enervar los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva, y se ha actuado de forma coherente, por lo que se puede decir que, bajo los principios de Pro homine y Favor debilis, se establece que la parte imputada accedió al derecho a ser escuchado y a efectuar su petición, en suma al derecho a la defensa; sin embargo, por los hechos suscitados y punitivos no es factible el principio de Favor debilis por lo que no se ha encontrado la existencia de vulnerabilidad de la imputada.

Finalmente, cabe señalar que el ACNUDH en el documento antes señalado, en su acápite de CONCLUSION señala que: “además de aquellas personas que deberían ser puestos en libertad de inmediato, como personas en prisión preventiva por delitos de bajo nivel o no violentos o que no presente un riesgo significativo de fuga, los Estados deberían considerar alternativas a la detención para las personas con mayor riesgo para la salud…”

Como se puede advertir la ahora Imputada no se encuentra comprendida en ninguna de las situaciones de las personas que señaladas anteriormente.

Además, dicho Alto Comisionado también ha establecido que la elección de medidas no privativas de libertad debe basarse en una evaluación de los criterios establecidos en relación a la naturaleza y gravedad del delito; y en el presente caso la investigación tiene que ver no con un delito menor, sino por el contrario con un delito grave, como es el de Asesinato, de una persona de la tercera edad.

(…)

Por lo que habiendo realizado una valoración integral y objetiva de las circunstancias del caso concreto, los argumentos y los elementos probatorios de la defensa, el suscrito establece que su petición no es atendible (sic [fs. 181 a 189]). II.6. Mediante Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -autoridad demandada-, en audiencia de apelación de medida cautelar incoada por la demandante de tutela, declaró admisible la referida apelación; e improcedentes los agravios formulados, confirmando el Auto Interlocutorio 100/2020, bajo el siguiente contenido:

CONSIDERANDO: Los abogados de la imputada han interpuesto la apelación, y el día de hoy hacen conocer el agravio que se le habría producido, en relación a esa apelación manifiestan que el 27 de abril del presente año se habría llevado a cabo una cesación para su defendida y que esa resolución adolecía en relación a lo expresado en el art. 124 del CPP.

(…)

…Manifiesta que ya no se torna conveniente la detención preventiva en relación a la Circular que se habría emitido por el Tribunal Supremo de Justicia N° 11/2020, en sentido de que se habría manifestado que por la pandemia, en relación a la proporcionalidad, favorabilidad debía aplicarse a favor de esta ciudadana una detención domiciliaria o una cesación a la detención preventiva; cual es el fundamento de que se habría considerado para mujeres embarazadas o niños a su cargo, y su defendida tendría a su cargo cuatro hijos menores, en relación a la edad, el más menor de un año y medio.

También hace hincapié el abogado de la defensa, que ella es la única que se encontraría a cargo de las menores en razón de que su esposo también ha sido detenido en esta misma causa, y se encuentra en situación de vulnerabilidad esos menores porque al presente están solamente al cuidado de una persona de la tercera edad, y no tienen más familiares que puedan hacer cargo de estos menores, y además con la agravante que esta persona de la tercera edad seria no vidente. En ese sentido se tiene que aplicar el art. 15 y 18 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, los protocolos y estándares internacionales en relación al género y el test de proporcionalidad, que se habría establecido a momento del protocolo de audiencias de medidas cautelares. El abogado de la defensa manifiesta de que siempre Rosmery Mamani Mamani tiene que ser tratada con el principio de inocencia y en este caso se debe otorgar la cesación a la detención preventiva con una detención domiciliaria similar a una detención en un centro cerrado.

(…)

CONSIDERANDO: Que, la Vocal de turno a momento de resolver el agravio los abogados de la defensa del imputado, debe cumplir al igual que los Tribunales a quo el art. 124 del CPP, o sea que debe fundamentar que van a dar validez, aceptar o negar el agravio que ha planteado el día hoy los apelantes.

1ro.- Asimismo se tiene la limitación del art. 398 del CPP, que si bien somos un Tribunal de medida cautelar por extensión, pero con una limitación, que solamente podemos conocer y resolver los agravios propuestos por los abogados de la defensa de la imputada, y eso también ya ha sido motivo de interpretación por el Tribunal Constitucional Plurinacional…

2do.- En ese sentido el agravio que ha planteado la parte imputada, está la base legal para poder acceder la cesación a la detención preventiva en el art. 239 num. 1) del CPP, en la yuxtaposición o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, y la base la prueba que ha presentado es la Circular N° 11/2020 donde se establecería que estando su defendida al cuidado de sus hijos menores que son cuatro, que se habría verificado en toda la investigación; que ella a momento de su detención preventiva tenía una familia, un esposo que también se encuentra detenido; y son cuatro menores, uno de ellos tuviese un año y medio.

Entonces en base a esa circular, los abogados de la defensa pretendían a momento de solicitar la cesación a la detención preventiva el Juez a quo considere este extremo, y para ello habrían presentado, habrían hecho mención a estándares internacionales, a instrumentos internacionales que beneficiarían a grupos vulnerables, en este caso a una mujer para que cuide a los hijos.

3ro.- En una contraposición se tiene, que en una anterior cesación la detención preventiva, y así lo han mencionado el Ministerio Público y los abogados de la defensa de las víctimas de los hechos que ya se ha conocido, que existen menores de edad en el hogar de esta ciudadana; pero que estos menores de edad desde septiembre del año pasado se encuentran al cuidado de una ciudadana; pero si bien el abogado de la parte imputada establecería que sería no vidente, pero que ha estado al cuidado de esta ciudadana. En ese sentido el abogado de la defensa hace hincapié a este Instructivo, a efectos de concedérsele la cesación a la detención preventiva, pero añadido a ese instructivo tendría también como lo ha manifestado el Juez de la causa aplicar los riesgos procesales, porque si estamos hablando de cesación a la detención preventiva, quien tiene la carga de la prueba son los abogados quienes van a plantear esa cesación a la detención preventiva. Dentro de la carga de la prueba solamente han presentado el Instructivo y no han presentado ese nexo que hace instructivo en relación al vínculo de la familia de esta ciudadana.

4to.- En relación al otro dato, que no es el instituto de la cesación a la detención preventiva, sino que es otro instituto al cual pueden acudir los abogados de la defensa de la imputada para aplicar ese instructivo sin desvirtuar riesgos procesales. De seguir manteniendo el art. 239 del CPP en cualquiera de sus numerales, deberán presentar prueba en contrario a efectos de desvirtuar los riesgos procesales que hoy se encuentra latente en la conducta de la imputada en ese sentido no es prudente conocer la tutela que están pidiendo los abogados de la defensa de la imputada (sic [fs.126 a 129 vta.]). II.7. Por Resolución 84/2020 de 6 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, dentro de una anterior acción de libertad interpuesta por la accionante contra la Vocal y Juez demandados, concedió en parte la tutela impetrada únicamente respecto a la Vocal Margot Pérez Montaño y denegó la tutela en cuanto al Juez Armando Zeballos Guarachi, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, y en su mérito, dispuso que en el plazo de tres días hábiles a partir de su notificación, la Vocal demandada, sin necesidad de señalamiento de audiencia dicte nuevo Auto de Vista (fs. 61 a 66 vta.).

II.8. A través del Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, la Vocal demandada, en cumplimiento a la Resolución 84/2020, emitida por la citada Sala Constitucional, resolvió lo siguiente:

…declarar la ADMISIBILIDAD de la apelación de la imputada ROSMERY MAMANI MAMANI porque se presentó en plazo, se declara la PROCEDENCIA de loa agravios propuestos en consecuencia, se REVOCA la Resolución N° 100/2020 de fecha 27 de abril de 2020 emitida por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar debiendo cesar la detención preventiva y en su lugar se impone las siguientes Medidas Cautelares Personales art. 231 bis, del Código de Procedimiento Penal.

1.- La Detención Domiciliaria las 24 Hrs. del día en su propio domicilio tomando en cuenta que la Cesación a la detención preventiva es en protección del interés superior de los hijos de la imputada, la vigilancia del cumplimiento se le otorga al Ministerio Público o quien ordene para la verificación si la imputada está cumpliendo la Detención Domiciliaria (sic [fs. 130 a 132 vta.]). II.9. Mediante la SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre, emitida dentro de una anterior acción de libertad interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos y Eduardo León Arancibia en representación sin mandato de Rosmery Mamani Mamani -ahora accionante- contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital de citado departamento -autoridades demandadas-, se resolvió anular obrados hasta el señalamiento de la audiencia de la acción de libertad; y, dispuso que la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, de forma inmediata señale, nueva audiencia a celebrarse, conminando a las autoridades demandadas a remitir el Acta de audiencia de apelación incidental y el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, a objeto de pronunciarse de forma acorde a las reclamaciones efectuadas por la impetrante de tutela, conforme los parámetros en que formuló su pretensión para su compulsa con el precitado fallo (fs. 101 a 116).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato: i) El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de cesación a la detención preventiva desarrollada el 27 de abril de 2020, emitió el Auto Interlocutorio 100/2020, por el que rechazó la referida solicitud, sin considerar lo conveniente de su sustitución por otra medida menos gravosa, en atención a que es madre de cuatro menores de edad que requieren de su atención debido a que el padre de los mismos también se halla detenido preventivamente, menores que se encuentran vulnerables ante la pandemia del COVID-19; empero, el Juez demandado pese a exponer consideraciones sobre normas internacionales relacionadas a su condición de mujer, desvió los entendimientos normativos de las mismas; y, ii) En grado de apelación, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, confirmó dicho rechazo con similares actos lesivos sin considerar los argumentos sobre la situación en que se encuentran sus hijos menores de edad, que solo están bajo el cuidado de su abuela invidente y del abuelo que tiene 74 años, además de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, desconociendo los alcances de las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y sin aplicar el test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los Tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los Tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:

Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo).

Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1356/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SCP 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencial de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que: al tratarse de la aplicación de medidas cautelares:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad (las negrillas son adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que:

En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0303/2013 de 13 de marzo, 0329/2016-S2 de 8 abril; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad, sino interpretado de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del adjetivo penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del Tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre 4 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras).

lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: 1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. 2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva;

5 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el 6 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…)

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.

art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del adjetivo penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. Análisis del caso concreto.

La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato: i) El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de cesación a la detención preventiva desarrollada el 27 de abril de 2020, emitió el Auto Interlocutorio 100/2020, por el que rechazó la referida solicitud, sin considerar lo conveniente de su sustitución por otra medida menos gravosa, en atención a que es madre de cuatro menores de edad que requieren de su atención debido a que el padre de los mismos también se halla detenido preventivamente, menores que se encuentran vulnerables ante la pandemia del COVID-19; empero, el Juez codemandado pese a exponer consideraciones sobre normas internacionales relacionadas a su condición de mujer, desvió los entendimientos normativos de las mismas; y, ii) En grado de apelación, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, confirmó dicho rechazo con similares actos lesivos sin considerar los argumentos sobre la situación en que se encuentran sus hijos menores de edad, que solo están bajo el cuidado de su abuela invidente y del abuelo que tiene 74 años, además de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, desconociendo los alcances de las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y sin aplicar el test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine. Identificadas las problemáticas a fines de su verificación constitucional, resulta necesario que se tenga claro el contexto del cual emergen dichos reclamos, por lo que se hará alusión a las conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en tal sentido se tiene que, dentro el proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de asesinato contra la impetrante de tutela, por Auto Interlocutorio 433/19 de 27 de septiembre de 2019, referida a la consideración de medidas cautelares se estableció la presencia de los dos presupuestos del art. 233 del CPP, y la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los art. 234.8; y, 235.1 y 2 del referido Código; por lo que, el Juez codemandado dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (Conclusiones II.4). Por lo que, de forma posterior, frente a la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por la impetrante de tutela, la autoridad codemandada, a través del Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, declaró improcedente la referida solicitud (Conclusión II.5).

Resolución que fue objeto de apelación, siendo la misma resuelta por la Vocal demandada, a través del Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, declaró admisible la referida apelación y resolvió su improcedencia (Conclusión II.6). Frente a dicha determinación la impetrante de tutela por intermedio de sus representantes sin mandato, el 5 de mayo de 2020, interpuso la presente acción de libertad, siendo la misma resuelta por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, quienes a través de la Resolución 84/2020 de 6 de mayo, determinaron conceder en parte la tutela impetrada únicamente respecto a la Vocal demandada y denegó la tutela en cuanto al Juez codemandado, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, y en su mérito dispuso que en el plazo de los tres días hábiles a partir de su notificación la Vocal demandada, sin necesidad de nueva audiencia dicte nuevo Auto de Vista (Conclusión II.7). Y en cumplimiento a dicha determinación a través del Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo, la Vocal demandada resolvió declarar la admisibilidad de la apelación incoada por la accionante, porque se presentó dentro del plazo, y declaró la procedencia de los agravios propuestos, por lo que revocó el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, emitido por el Juzgado codemandado debiendo cesar la detención preventiva y en su lugar se determinó -entre otras- la detención domiciliaria las 24 horas del día en su propio domicilio tomando en cuenta que la cesación a la detención preventiva es en protección del interés superior de los hijos de la imputada, y la vigilancia del cumplimiento se le otorga al Ministerio Público o quien ordene para su verificación (Conclusión II.8). Mediante SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre, dentro la acción de libertad interpuesta por Zuleika Marina Lanza Zeballos y Eduardo León Arancibia en representación sin mandato de Rosmery Mamani Mamani contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital de citado departamento, se resuelve ANULAR obrados hasta el señalamiento de la audiencia de acción de libertad respectiva; y dispone que la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías de forma inmediata señale, señale nueva audiencia a celebrarse conminando a las autoridades accionadas remitir el Acta de audiencia de apelación incidental y el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, a objeto de pronunciarse acorde las reclamaciones efectuadas por la peticionante de tutela conforme los parámetros en que formulo su pretensión para su compulsa con el precitado fallo (Conclusión II.9). Precisadas las conclusiones del presente fallo constitucional, corresponde previamente referir que la peticionante de tutela denuncia como derecho vulnerado el derecho a la vida -entre otros-; sin embargo, de no cursar en el legajo procesal elemento respaldatorio al respecto, en el marco de los entendimientos asumidos por la SCP 0124/2020-S1 de 22 de julio, se tiene que ante la invocación como lesionado del derecho a la vida, bajo ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional, citando a dicho efecto la SCP 0589/2011-R que al respecto precisó, que al hallarse involucrado el referido derecho, no se requiere el agotamiento previo de las instancias intraprocesales y su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que se puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional. Por lo que, bajo esas consideraciones fácticas y constitucionales, a diferencia de lo obrado y resuelto por la Sala Constitucional, con relación al Juez codemandado, se ingresara a analizar las problemáticas establecidas contra ambas autoridades, bajo el siguiente orden:

Con relación a que el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, que en audiencia de cesación a la detención preventiva desarrollada el 27 de abril de 2020, emitió el Auto Interlocutorio 100/2020, por el que se rechazó la referida solicitud, sin considerar lo conveniente de su sustitución por otra medida menos gravosa en atención a que es madre de cuatro menores de edad que requieren de su atención debido a que el padre de los mismos también se halla detenido preventivamente, dichos menores se encuentran vulnerables ante la pandemia por COVID-19; empero, el Juez codemandado pese a exponer consideraciones sobre normas internacionales relacionadas a su condición de mujer desvió los entendimientos normativos de las mismas.

A efectos de compulsar en examen la presente problemática, en sintonía con las conclusiones arribadas dentro el presente fallo constitucional, corresponde señalar previamente que dentro el proceso penal seguido contra la accionante a través de Auto Interlocutorio 433/19 de 27 de septiembre, se estableció la presencia de los dos presupuestos del art. 233 del CPP, y la concurrencia de los riesgos procesales contenidos en los art. 234.8; y, 235.1 y 2 del referido Código; por lo que, el Juez codemandado, dispuso la detención preventiva de la accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Ante dicha determinación de forma posterior, la impetrante de tutela solicitó la cesación de la detención preventiva, siendo la misma resuelta a través del Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, que declaró improcedente la referida solicitud, y que al presente es cuestionada bajo la presente acción tutelar, por lo que en compulsa constitucional, corresponde identificar los agravios expuestos en la audiencia de cesación a la detención preventiva de 27 de abril de 2020. Agravios expuestos por la ahora peticionante de tutela

CONSIDERANDO I. (ANTECEDENTES): Que en presente audiencia las partes han realizado su fundamentación señalando, en lo esencial lo siguiente:

Que, la abogada de la defensa ha hecho mención al derecho a la vida y a la salud y también ha hecho referencia a las disposiciones de la NNUU respecto de los derechos humanos y que conforme el art. 239 núm. 1) cuando existen nuevos elementos o se torne conveniente el cambio de situación jurídica debería darse lugar a la cesación a la detención preventiva; asimismo ha hecho referencia al instituto jurídico del derecho a la vida, los derechos de los gestantes en centro penitenciarios, así como a la protección que se le debe realizar a los niños, la defensa ha referido que se ha presentado certificados de nacimiento de los cuatro menores que son hijos de la ahora imputada, ha hecho referencia a la Circular 11/2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que establece los casos en los cuales se puede solicitar la cesación a la detención preventiva dentro esta coyuntura sanitaria por la cual atravesamos, concretamente por el Covid-19, y son tres las circunstancias que ha referido por las cuales corresponde establecer la consideración a la cesación a la detención preventiva y en base a esas tres circunstancias se debe evaluar de manera favorable estos derechos como son los derechos a la vida, a la salud y también los derechos de los menores (…) ha hecho énfasis de que conforme a la Circular 11/2020 se debe dar prioridad a la protección de las personas que tengan a su cargo menores de edad, que precisamente es el caso en el que se encuentra su defendida, ha referido de los certificados de nacimiento de los hijos menores, el certificado de matrimonio de la imputada y su esposo los cuales están detenidos, estos menores se encuentran en un domicilio bajo la protección de una persona que adolece de discapacidad visual, la Sra. Justina Condori… Del citado medio de impugnación se constata que la accionante señaló como fundamentos para la procedencia de su cesación a la detención preventiva los siguientes puntos: a) La afectación del derecho a la vida y a la salud con referencia a las disposiciones de las Naciones Unidas respecto de los derechos humanos y la procedencia del art. 239.1 del CPP; b) La protección que se debe realizar a los niños dentro el presente caso; toda vez que, la accionante tiene cuatro hijos y de los cuales presento los correspondientes certificados de nacimiento, y que se encontrarían bajo el cuidado de Justina Condori, una persona que adolece de discapacidad; y, c) Haciendo énfasis a la Circular 11/2020 se debe dar prioridad a la protección de las personas que tengan a su cargo menores de edad. Lo resuelto por el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril

CONSIDERANDO II. (CONCLUSIONES): Que, del análisis de los fundamentos esgrimidos por las partes y la valoración de los elementos probatorios presentados en esta audiencia, se llega a las siguientes conclusiones de hecho y de derecho:

Que, el art. 239 del CPP núm. 1) del CPP, establece que las medidas cautelares personales cesaran cuando nuevos elementos demuestran que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida. (…)

Que, de la valoración de los elementos presentados como prueba a efectos de enervar los riesgos procesales, los mismos no han contrarrestado los riesgos procesales de fuga y obstaculización, conforme a lo anteriormente señalado.

Que dentro del marco de igualdad y en aplicación del protocolo de juzgar con perspectiva de género, se tiene que si bien la persona procesada es una mujer a quien se la pueda considerar una persona vulnerable en consideración del principio Favor debilis, sin embargo no es adulta mayor, no está embarazada; no es persona discapacitada, no se ha demostrado que tenga alguna afección de salud grave, puesto que no se ha presentado algún certificado médico que acredite que aquella patología de Síndrome diarreico, que refiere el certificado médico que data de octubre de 2019, se haya complicado a la fecha por el contrario existe un Informe Bio-sico-social del Área Medica del COF de 27 de diciembre de 2019, es decir posterior, que en su conclusión refiere: “Paciente acude a valoración médica, estable al momento.”

Además, se debe considerar el hecho delictivo atribuido y la conducta, y en el caso concreto se considera que los hechos denunciados en el cual la imputada hubiera participado han atentado contra la vida de una persona adulto mayor considerada también vulnerable; bajo esos parámetros no existe ninguna vulnerabilidad de la hoy imputada. Es más, tampoco la misma se encuentra en estado de indefensión, ya que está asumiendo su derecho a la defensa. En ese entendido, se tiene que la medida adoptada en audiencia cautelar y vigente en la audiencia de cesación a la detención preventiva está acorde al principio de proporcionalidad, ya que la medida de detención preventiva, conforme a los antecedentes del caso, es adecuada, es necesaria para determinar y averiguar la verdad histórica de los hechos denunciados, tampoco es exagerada, por lo que existió valoración integral en la compulsa de las pruebas ofrecidas y presentadas, determinándose que no lograron enervar los riesgos procesales que determinaron la detención preventiva, y se ha actuado de forma coherente, por lo que se puede decir que, bajo los principios de Pro homine y Favor debilis, se establece que la parte imputada accedió al derecho a ser escuchado y a efectuar su petición, en suma al derecho a la defensa; sin embargo, por los hechos suscitados y punitivos no es factible el principio de Favor debilis por lo que no se ha encontrado la existencia de vulnerabilidad de la imputada.

Finalmente, cabe señalar que el ACNUDH en el documento antes señalado, en su acápite de CONCLUSION señala que: “además de aquellas personas que deberían ser puestos en libertad de inmediato, como personas en prisión preventiva por delitos de bajo nivel o no violentos o que no presente un riesgo significativo de fuga, los Estados deberían considerar alternativas a la detención para las personas con mayor riesgo para la salud…”

Como se puede advertir la ahora Imputada no se encuentra comprendida en ninguna de las situaciones de las personas que señaladas anteriormente.

Además, dicho Alto Comisionado también ha establecido que la elección de medidas no privativas de libertad debe basarse en una evaluación de los criterios establecidos en relación a la naturaleza y gravedad del delito; y en el presente caso la investigación tiene que ver no con un delito menor, sino por el contrario con un delito grave, como es el de Asesinato, de una persona de la tercera edad.

(…) Por lo que habiendo realizado una valoración integral y objetiva de las circunstancias del caso concreto, los argumentos y los elementos probatorios de la defensa, el suscrito establece que su petición no es atendible (sic [Conclusión II.5]). Ahora bien, establecidos los elementos fácticos de esta primera problemática, y denunciados como se tiene, bajo la vulneración del derecho al debido proceso, esta instancia constitucional bajo el principio de informalismo de la acción de libertad, advierte que la denuncia trasunta en la vulneración del principio de congruencia como elemento del citado derecho, toda vez que la problemática versa sobre la omisión de la autoridad judicial codemandada en la emisión del Auto Interlocutorio 100/2020, al no considerar lo conveniente de su sustituir la medida de la detención preventiva por otra medida menos gravosa en atención a que es madre de cuatro menores de edad que requieren de su atención debido a que el padre de los mismos también se halla detenido preventivamente, menores que se encuentran vulnerables ante la pandemia por COVID-19; empero, la autoridad pese a exponer consideraciones sobre normas internacionales relacionadas a su condición de mujer desvió los entendimientos normativos de las mismas. En ese orden, a efectos de compulsar el elemento factico descrito con la premisa constitucional, resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que con referencia al principio de congruencia identifico:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión Bajo lo precedentemente desarrollado, en subsunción con los elementos facticos desarrollados, se constata que la autoridad codemandada a momento de emitir el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, consignó como uno de los planteamientos de la solicitud a la cesación preventiva el hecho de que Rosmery Mamani Mamani, ahora impetrante de tutela tiene cuatro hijos y de los cuales presento los correspondientes certificados de nacimiento, y que se encontrarían bajo el cuidado de Justina Condori, una persona que adolece de discapacidad; por lo que velando la protección de los referidos menores, se debe dar prioridad a la protección de las personas que tengan a su cargo menores de edad conforme lo estableció la Circular 11/2020; sin embargo, este planteamiento no fue motivo de pronunciamiento por parte del Juez codemandado, pese a que bajo el amparo del art. 125 del CPP, los abogados de la defensa solicitaron la complementación y enmienda sobre este punto (fs.187 vta. a 189), empero la mencionada autoridad concluyo refiriendo que el contenido de su resolución fue emitida de forma legal, no existiendo expresión oscura alguna que aclarar u omisión alguna que corregir o error material de hecho que aclarar; en consecuencia, dentro el marco jurisprudencial referido, se advierte una incongruencia citra petita por parte de la autoridad codemandada, toda vez que omitió el pronunciamiento sobre el planteamiento esbozado por la defensa de la impetrante de tutela; resultando en consecuencia evidente lo denunciado por la impetrante de tutela, por lo que corresponde acoger el presente reclamo sobre esta problemática. Con referencia a que en grado de apelación, la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril, por el que confirmó dicho rechazo con similares actos lesivos sin considerar los argumentos sobre la situación en que se encuentran sus hijos menores que solo están bajo el cuidado de su abuela invidente y del abuelo que tiene 74 años, además de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, desconociendo los alcances de las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y sin aplicar el test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine. Previamente a ingresar al análisis de la presente problemática, corresponde precisar que conforme se tiene del informe presentado el 4 de febrero de 2021, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló que en virtud de la Resolución 84/2020 de 6 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, dentro de una anterior acción de libertad, se anuló el Auto de Vista 164/2020 -ahora cuestionado-, ordenando se dicte nueva Resolución; en consecuencia, a raíz del cumplimiento de dicha determinación, se emitió el Auto de Vista 170/2020 de 13 de mayo; sin embargo, conforme la Conclusión II.9 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que este Tribunal en revisión de la Resolución 84/2020, mediante la SCP 0819/2021-S3 de 3 de noviembre, resolvió anular obrados hasta el señalamiento de la audiencia de acción de libertad, disponiendo que la indicada Sala Constitucional, de forma inmediata señale nueva audiencia a celebrase, advirtiéndose en consecuencia, que el Auto de Vista 164/2020 mantiene su vigencia, motivo por el cual se procederá a su análisis, de acuerdo a las denuncias efectuadas por la parte accionante. Aclarado tal extremo, y conforme a la identificada la problemática traída en revisión, y conocido el contexto del cual emerge la misma, de manera inicial, es preciso señalar que, conforme establece los arts. 196 de la CPE y 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; en ese orden, cuando el accionante no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que la parte accionante denuncia expresamente la lesión de sus derechos a la vida, a la “seguridad” a la salud, a la igualdad procesal y al debido proceso; debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de libertad así como de su ratificación, se tiene que, la hoy impetrante de tutela manifestó que, la Vocal ahora demandada en conocimiento de su recurso de apelación, confirmó dicho rechazo con similares actos lesivos sin considerar los argumentos sobre la situación en que se encuentran sus hijos menores que solo están bajo el cuidado de su abuela invidente y del abuelo que tiene setenta y cuatro años, además de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, por lo que resulta pertinente compulsarlo bajo los alcances del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación y los fallos emitidos por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP.

En esa línea, a efectos de compulsar la presente problemática, resulta pertinente, remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se describe que toda autoridad que imparte justicia, debe justificar su decisión con dos elementos que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; y nos referimos a la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; dicho de otro modo, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Pero, además conforme al mismo Fundamento Jurídico, al tratarse de resoluciones en las cuales dispongan la aplicación de medidas cautelares, los tribunales de apelación, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del adjetivo penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. En ese marco y para el caso concreto, incumbe revisar la decisión asumida por la autoridad demandada, misma que es extractada de la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, cuyos argumentos son los siguientes:

CONSIDERANDO: Los abogados de la imputada han interpuesto la apelación, y el día de hoy hacen conocer el agravio que se le habría producido, en relación a esa apelación manifiestan que el 27 de abril del presente año se habría llevado a cabo una cesación para su defendida y que esa resolución adolecía en relación a lo expresado en el art. 124 del CPP.

(…)

…Manifiesta que ya no se torna conveniente la detención preventiva en relación a la Circular que se habría emitido por el Tribunal Supremo de Justicia N° 11/2020, en sentido de que se habría manifestado que por la pandemia, en relación a la proporcionalidad, favorabilidad debía aplicarse a favor de esta ciudadana una detención domiciliaria o una cesación a la detención preventiva; cual es el fundamento de que se habría considerado para mujeres embarazadas o niños a su cargo, y su defendida tendría a su cargo cuatro hijos menores, en relación a la edad, el más menor de 1 año y medio.

También hace hincapié el abogado de la defensa, que ella es la única que se encontraría a cargo de las menores en razón de que su esposo también ha sido detenido en esta misma causa, y se encuentra en situación de vulnerabilidad esos menores porque al presente están solamente al cuidado de una persona de la tercera edad, y no tienen más familiares que puedan hacer cargo de estos menores, y además con la agravante que esta persona de la tercera edad seria no vidente. En ese sentido se tiene que aplicar el art. 15 y 18 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, los protocolos y estándares internacionales en relación al género y el test de proporcionalidad, que se habría establecido a momento del protocolo de audiencias de medidas cautelares. El abogado de la defensa manifiesta de que siempre Rosmery Mamani Mamani tiene que ser tratada con el principio de inocencia y en este caso se debe otorgar la cesación a la detención preventiva con una detención domiciliaria similar a una detención en un centro cerrado.

(…)

CONSIDERANDO: Que, la Vocal de turno a momento de resolver el agravio los abogados de la defensa del imputado, debe cumplir al igual que los Tribunales a quo el art. 124 del CPP, o sea que debe fundamentar que van a dar validez, aceptar o negar el agravio que ha planteado el día hoy los apelantes.

1ro.- Asimismo se tiene la limitación del art. 398 del CPP, que si bien somos un Tribunal de medida cautelar por extensión, pero con una limitación, que solamente podemos conocer y resolver los agravios propuestos por los abogados de la defensa de la imputada, y eso también ya ha sido motivo de interpretación por el Tribunal Constitucional Plurinacional…

2do.- En ese sentido el agravio que ha planteado la parte imputada, está la base legal para poder acceder la cesación a la detención preventiva en el art. 239 num. 1) del CPP, en la yuxtaposición o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida, y la base la prueba que ha presentado es la Circular N° 11/2020 donde se establecería que estando su defendida al cuidado de sus hijos menores que son cuatro, que se habría verificado en toda la investigación; que ella a momento de su detención preventiva tenía una familia, un esposo que también se encuentra detenido; y son cuatro menores, uno de ellos tuviese un año y medio.

Entonces en base a esa circular, los abogados de la defensa pretendían a momento de solicitar la cesación a la detención preventiva el Juez a quo considere este extremo, y para ello habrían presentado, habrían hecho mención a estándares internacionales, a instrumentos internacionales que beneficiarían a grupos vulnerables, en este caso a una mujer para que cuide a los hijos.

3ro.- En una contraposición se tiene, que en una anterior cesación la detención preventiva, y así lo han mencionado el Ministerio Público y los abogados de la defensa de las víctimas de los hechos que ya se ha conocido, que existen menores de edad en el hogar de esta ciudadana; pero que estos menores de edad desde septiembre del año pasado se encuentran al cuidado de una ciudadana; pero si bien el abogado de la parte imputada establecería que sería no vidente, pero que ha estado al cuidado de esta ciudadana. En ese sentido el abogado de la defensa hace hincapié a este Instructivo, a efectos de concedérsele la cesación a la detención preventiva, pero añadido a ese instructivo tendría también como lo ha manifestado el Juez de la causa aplicar los riesgos procesales, porque si estamos hablando de cesación a la detención preventiva, quien tiene la carga de la prueba son los abogados quienes van a plantear esa cesación a la detención preventiva. Dentro de la carga de la prueba solamente han presentado el Instructivo y no han presentado ese nexo que hace instructivo en relación al vínculo de la familia de esta ciudadana.

4to.- En relación al otro dato, que no es el instituto de la cesación a la detención preventiva, sino que es otro instituto al cual pueden acudir los abogados de la defensa de la imputada para aplicar ese instructivo sin desvirtuar riesgos procesales. De seguir manteniendo el art. 239 del CPP en cualquiera de sus numerales, deberán presentar prueba en contrario a efectos de desvirtuar los riesgos procesales que hoy se encuentra latente en la conducta de la imputada en ese sentido no es prudente conocer la tutela que están pidiendo los abogados de la defensa de la imputada (sic). Lo citado precedentemente, permite extraer que la Vocal demandada inicialmente no ajusto su actuación procesal dentro el marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, no realizo un análisis integral del caso que motivo la apelación, omitiendo fundamentar la concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 233 del CPP, no estableció la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización descritos en los arts. 234 y 235 del referido compilado procesal penal. Asimismo, cabe resaltar que si bien la Vocal demandada identificó como agravio emergente de la audiencia de cesación de la detención preventiva desarrollada el 27 de abril de 2020, lo referido a que ya no se tornaba conveniente la detención preventiva, a razón de que se habría emitido la Circular 11/2020 por el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la proporcionalidad, favorabilidad que debía aplicarse a la hoy impetrante de tutela toda vez que tendría a su cargo cuatro hijos menores, y que sería la única que se encontraría a cargo de los menores, en razón que su esposo también se encontraría detenido por la misma causa, siendo que los menores al presente se encontrarían al cuidado de una persona de la tercera edad con la agravante de que sería no vidente; sin embargo a momento de fundamentar y pronunciarse sobre el mismo, argumento que por imperio del art. 398 del CPP como Tribunal de medida cautelar tiene la limitación que solo puede conocer y resolver los agravios propuestos por los abogados; incurriendo en una incorrecta fundamentación de la referida norma procesal penal y que trasunta en la omisión de realizar un análisis integral del caso concreto en contravención a lo establecido en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Con referencia al agravio identificado y su pronunciamiento, se limitó a referir que entratandose de una cesación a la detención preventiva, quien tiene la carga de la prueba son los abogados quienes van a plantear cesación a la detención y que dentro de la carga de la prueba solamente se presentó el Instructivo “y no han presentado ese nexo que hace instructivo en relación al vínculo de la familia de esta ciudadana” (sic), de dicha aseveración ciertamente se evidencia una falta de motivación, toda vez que de la revisión del Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, se estableció de forma clara que la peticionante de tutela presentó los certificados de nacimiento de sus cuatro hijos menores, así como el carnet de afiliación del Instituto Boliviano de la Ceguera de Justina Ramírez Condori estableciendo que la prenombrada tiene una ceguera total (Conclusión II.2 y II.3); empero, como se advirtió, dicho extremos como elementos probatorios que sustentaban el agravio denunciado, no fueron compulsados por la Vocal codemandada, incurriendo en consecuencia en una falta de motivación. Y finalmente bajo una ilogicidad incomprensible concluyen refiriendo “que no es el instituto de la cesación a la detención preventiva, sino que es otro instituto al cual pueden acudir los abogados de la defensa de la imputada para aplicar ese instructivo sin desvirtuar riesgos procesales” (sic), aseveración que resulta carente de sentido literal y gramatical, máxime si entratandose que el agravio devenía de la aplicación de la Circular 11/2020, esta debió ser desarrollada en todo su contenido por parte de la mencionada Vocal y su subsunción al caso concreto, por lo que también se pone de manifiesto que no desarrollo argumentos propios a momento de emitir el cuestionado Auto de Vista, y se advierte además una ausencia del contenido normativo de las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y la aplicación del test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine y su subsunción al caso concreto, por lo que bajo esos antecedentes corresponde conceder la tutela por contravención al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación en la emisión del Auto de Vista 164/2020 de 30 de abril. Con relación a la lesión a los derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal, de los antecedentes traídos en revisión, se colige que tal extremo se encuentra sustentado bajo elementos facticos que hagan entrever la vulneración de los mismos, siendo que tales derechos al margen de haber sido solo señalados no se encuentran relacionados al contexto del debido proceso tutelado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 32/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 146 a 150, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a a) Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, b) Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Decimo de la Capital del departamento de La Paz, por vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia. 2° Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 100/2020 de 27 de abril, emitido por el Juez codemandado, disponiendo que dicha autoridad proceda a emitir nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos glosados en este fallo constitucional, enfocado al resguardo del bien mayor relacionado con las recomendaciones nacionales e internacionales para juzgar con perspectiva de género y la aplicación del test de proporcionalidad a la luz de los principios de favorabilidad, pro actione y pro homine; asimismo, se deja sin efecto el Auto de Vista 164/2020 de 10 de agosto, emitido por la Vocal demandada, sin disponer la emisión de nueva resolución, correspondiendo precisar que como emergencia de la determinación a asumirse por parte del referido Juez a quo, se repararan todas las denuncias efectuadas por la parte accionante. 3° DENEGAR la tutela impetrada en relación a los derechos a la vida, a la “seguridad”, a la salud, a la igualdad procesal, conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).

2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”

3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.

7 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

8 La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional determina: “Artículo 2. (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

9 Aartículo 233 del CPP (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o participe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; 2. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0953_2023-S1.pdf · páginas 1 a 34.

Huella digital del PDF (SHA-256): 20456ee139c2934311ef932b49656f6dd59a2a237ad9f15db0bc456f145e802b

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