Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 21 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante alega vulneración de su derecho a la propiedad privada, toda vez que, al ser propietario del Lote 240, en la Colonia Bautista Saavedra de Caranavi del departamento de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo Matrícula 2.20.0.10.0005860, denunció que desde hace un tiempo es víctima del constante hostigamiento y actos ilegales, cometidos por Margarita Mamani Mamani y Nicolás Villasante; específicamente, el 3 de mayo de 2023, su madre y hermano sorprendieron a los demandados destruyendo una habitación dentro de su predio, que se utilizaba como cocina y sustrayendo bienes muebles como dos garrafas, un televisor de 43 pulgadas, una computadora portátil y una incubadora; hechos que fueron cometidos en su ausencia, al margen de los mecanismos legales, vulnerando de esa manera sus derechos a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio; por tales motivos, solicita se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 01/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 144 a 151, pronunciada por el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y de Familia Primero de la Provincia de Caranavi del Departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solamente respecto al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad y la inviolabilidad de domicilio conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0952/2025-S3 Sucre, 21 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56524-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 144 a 151, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodolfo Antonio Soza Solíz contra Margarita Mamani Mamani, Nicolás Villasante.
Por memoriales presentados el 16 y 23 de mayo de junio de 2023, cursantes de fs. 10 a 13 vta.; y, 19 vta., el accionante expresa lo siguiente:
El accionante manifiesta ser legítimo propietario del lote 240, ubicado en la Colonia Bautista Saavedra, jurisdicción del municipio de Caranavi del departamento de La Paz, inmueble que se encuentra debidamente registrado ante Derechos Reales (DD.RR.) y respecto del cual cumple con la función social exigida por la normativa vigente; no obstante, refiere que desde un tiempo atrás viene siendo objeto de actos de hostigamiento y medidas de hecho, presuntamente perpetrados por los ciudadanos Margarita Mamani Mamani y Nicolás Villasante, quienes de manera conjunta habrían desplegado conductas violentas e ilegales, impidiéndole el pleno ejercicio de su derecho propietario. Señala que, específicamente el 3 de mayo de 2023, su madre y su hermano sorprendieron a los ahora demandados cuando procedían a la destrucción de una habitación destinada al uso de cocina, hecho que fue debidamente documentado y respaldado con los medios probatorios adjuntos al proceso; asimismo, indica que los referidos sujetos sustrajeron diversos bienes muebles, entre ellos dos garrafas, un televisor marca Premier de 43 pulgadas, una computadora portátil y una incubadora, aprovechando su ausencia circunstancial del predio. El accionante sostiene que tales actos se realizaron sin consideración alguna a su condición de persona adulta mayor y que, al haberse ejecutado al margen de los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico, constituyen auténticas medidas de hecho, ocasionando una afectación grave a sus derechos fundamentales, en particular al derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio.
El accionante considera lesionado su derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad de domicilio, citando al efecto el art. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; en consecuencia, se disponga que: a) El cese inmediato de los actos de amenaza, violencia e intimidación por parte de los demandados, así como su abstención de ingresar al inmueble de propiedad del accionante; b) Que, a través de la Policía de Caranavi, se otorguen garantías personales en favor del accionante; c) La remisión de antecedentes ante el Ministerio Público; y, d) Se repare íntegramente el daño ocasionado y se paguen costas y costos.
Celebrada la audiencia pública el 5 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 135 a 143 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante, en audiencia pública, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada, además de argumentar lo siguiente: 1) Que fue víctima de medidas de hecho arbitrarias cometidas por los demandados, quienes sin autorización legal procedieron a la demolición de una construcción ubicada dentro de su propiedad, incurriendo además en la sustracción de bienes muebles, actos ejecutados sin orden judicial y al margen del marco normativo vigente, constituyendo una grave vulneración a su derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio; 2) Que el impetrante de tutela pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, al encontrarse en proceso de calificación como persona con discapacidad física motora, razón por la cual merece una protección reforzada por parte del Estado; asimismo, indicó que acredita de manera legítima su derecho propietario mediante título original debidamente inscrito en DD.RR., y que cumple con la función social del inmueble, extremo que puede ser corroborado por el Secretario General de la Colonia Bautista Saavedra; 3) Citó jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0998/2012, 0757/2015-S2 y 0124/2018-S3, las cuales reconocen como elementos esenciales del derecho de propiedad el uso, goce y disfrute, y proscriben tanto la privación como la restricción arbitraria de dicho derecho, ya sea por particulares o por el Estado; 4) Que hizo referencia a la existencia de una demanda de nulidad de contrato que se encuentra pendiente de resolución en la vía ordinaria; y, 5) Mencionó una ordenanza municipal que delimita la mancha urbana del municipio de Caranavi, precisando que su inmueble se halla fuera de la franja de protección vial de quince 15 m de la carretera, razón por la cual la intervención de la Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC) carece de justificación y competencia.
El abogado de la parte demandada, en audiencia pública de la acción de amparo constitucional, rechazó las acusaciones de la parte accionante, señalando que: i) Con relación al derecho a la propiedad privada, sostuvo que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0340/2021-S4 de 26 de julio, estableció que respecto del inmueble objeto de controversia existen hechos controvertidos, cuya dilucidación y resolución corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria; en tal sentido, indicó que en el caso concreto se encuentra en trámite un proceso ordinario de nulidad, dentro del cual se habrían dispuesto medidas cautelares referidas al mismo bien, contando además con documentación y certificaciones comunales que respaldarían su derecho posesorio; ii) En cuanto al derecho a la inviolabilidad del domicilio, señaló que la parte accionante no aportó pruebas idóneas que acrediten la supuesta vulneración a su intimidad y privacidad, ni se demostró de manera fehaciente que el espacio presuntamente afectado sea de su exclusiva propiedad; iii) Respecto al derecho a la dignidad, afirmó que el accionante no acreditó pertenecer a un grupo de especial protección, ni explicó de qué manera, en qué momento o por quién se habría vulnerado dicho derecho, careciendo de elementos probatorios que sustenten tal alegación; y, iv) Concluyó señalando que la acción de amparo constitucional pretende encubrir un conflicto de derechos controvertidos, cuya resolución corresponde a la vía ordinaria, resultando además incoherente el petitorio con los derechos supuestamente lesionados, solicitando en consecuencia la denegatoria de la tutela solicitada.
Rafael Félix Callinava Quinpecaruana, en su calidad de representante legal de la Gerencia Regional La Paz de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); en su informe escrito, cursante a fs. 62 y vta., presentado el 2 de junio de 2023, sostuvo que: a) Que cuando se denuncian medidas de hecho deben cumplirse determinados presupuestos y cargas probatorias procesales exigidas por la jurisprudencia constitucional; empero, en el caso concreto, al haberse denunciado medidas de hecho respecto a un predio, el accionante debía demostrar su derecho propietario con efectos frente a terceros, extremo que -según afirmó- no fue acreditado, razón por la cual no correspondería la excepción al principio de subsidiariedad; b) Que en el presente caso no existiría vulneración alguna a los derechos del accionante, toda vez que este habría efectuado construcciones sobre un terreno que forma parte de la carretera perteneciente a la red vial del Estado Plurinacional de Bolivia; c) Que además existe un trámite administrativo pendiente de resolución, conforme a lo establecido por la SCP 0392/2014 de 25 de febrero, la cual determinó como regla general que, para la procedencia de una acción de amparo constitucional en casos de medidas o vías de hecho, la carga del impetrante de tutela debe circunscribirse a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria, situación que -según afirmó- no se cumple en el presente caso, al existir un trámite pendiente con la ABC; d) En audiencia señaló que técnicamente existiría una invasión al derecho de vía de la ABC y, al encontrarse pendiente un trámite ante dicha entidad estatal, resultaría improcedente la acción de amparo constitucional frente a la controversia existente, más aún cuando el accionante no presentó carga probatoria suficiente, como el pago de impuestos o informes de respaldo emitidos por las comunidades; y, e) Que respecto a la situación de vulnerabilidad alegada por el peticionante de tutela, esta únicamente podría acreditarse mediante un certificado emitido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), como requisito habilitante previsto en la legislación nacional, y no mediante un simple certificado médico.
El Juzgado Público Mixto Civil Comercial y de Familia Primero de la provincia de Caranaví del departamento de La Paz, por Resolución 01/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 144 a 151, concedió parcialmente la tutela impetrada, por lo que se dispuso el cese de los actos y amenazas, violencia e intimidación por parte de los accionados, absteniéndose de ingresar al domicilio del accionante; se otorgue las más amplias garantías por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), o por la Estación Policial Integral de Carenaba; y la reparación del daño ocasionado, únicamente en relación de las construcciones, previa evaluación de los mismos en ejecución de sentencia; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela, Rodolfo Antonio Soza Solíz, acreditó la existencia de su derecho propietario mediante título ejecutorial inscrito en DD.RR., que lo reconoce como propietario de la parcela 240, con una superficie de 8 hectáreas y 8.836 m², ubicada en la zona Bautista Saavedra, gozando de las facultades de uso, goce y disposición previstas por el art. 105 del Código Civil (CC), derecho que adquiere publicidad y oponibilidad frente a terceros conforme al art. 1538 del mismo cuerpo legal; 2) Si bien existe la SCP 0340/2021-S4 de 26 de julio, mediante la cual se concedió tutela a favor de Margarita Mamani respecto a un predio de 600 m², no se configura cosa juzgada constitucional con incidencia en la presente acción, toda vez que el inmueble afectado es distinto al que es objeto de las medidas de hecho ahora denunciadas; asimismo, la demanda ordinaria de nulidad de contrato privado referida por la parte demandada y reconocida por el accionante no tiene por objeto dejar sin efecto el título ejecutorial del impetrante de tutela; 3) Que respecto a los actos ilegales denunciados, de las placas fotográficas se evidencia el derrumbe de paredes que habrían sido destruidas, así como de los videos exhibidos en audiencia se observa a la demandada Margarita Mamani realizando actos de destrucción, y en otro soporte audiovisual se advierte la intención de impedir el ingreso del accionante a su predio, elementos que demuestran la existencia de actos ilegales de destrucción de una construcción, sin que exista certeza plena respecto al apoderamiento ilícito de los bienes muebles; 4) En cuanto a la participación de la ABC como tercero interesado, los informes presentados sobre una posible sobreposición del predio con la carretera no guardan relación directa ni se verían afectados por la decisión adoptada en la presente acción tutelar, no siendo objeto de análisis el derecho propietario alegado por dicha entidad; 5) Que si la demandada considera que los actos del impetrante de tutela vulneran su derecho propietario emergente del documento privado de 13 de marzo de 2008, cuenta con la facultad de acudir a la vía legal correspondiente, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente; y, 6) En el presente caso se ha demostrado la existencia de actos ilegales, a los que ha recurrido la demandada, al destrozar las paredes del inmueble que es de propiedad del peticionante de tutela, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa en obrados el Titulo Ejecutorial a nombre de Rodolfo Antonio Soza Solíz, mediante el cual obtuvo la propiedad denominada Bautista Saavedra, Parcela 240 (fs.16 y vta.). II.2. Se tiene Folio Real con Matrícula número 2.20.0.10.0005860, donde se puede verificar que el Primer Asiento se encuentra inscrito a nombre de Rodolfo Antonio Soza Solíz, mismo que demuestra el derecho propietario del accionante (fs. 18 y vta.). II.3. De la fotocopia del plano demostrativo del catastro urbano, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, se constata que el lote de terreno con una superficie de 846,75 m², identificado como Fracción “A” y ubicado en la avenida Germania, figura registrada a nombre de Marcelino Murillo Román (fs. 11). II.4. Consta un disco compacto marca EJK que contiene un video en el cual se puede apreciar a una persona de sexo femenino, que sostiene un combo o martillo, con el que destruye una pared construida con ladrillo de seis huecos (fs. 142 vta.).
El accionante alega vulneración de su derecho a la propiedad privada, toda vez que, al ser propietario del Lote 240, en la Colonia Bautista Saavedra de Caranavi del departamento de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo Matrícula 2.20.0.10.0005860, denunció que desde hace un tiempo es víctima del constante hostigamiento y actos ilegales, cometidos por Margarita Mamani Mamani y Nicolás Villasante; específicamente, el 3 de mayo de 2023, su madre y hermano sorprendieron a los demandados destruyendo una habitación dentro de su predio, que se utilizaba como cocina y sustrayendo bienes muebles como dos garrafas, un televisor de 43 pulgadas, una computadora portátil y una incubadora; hechos que fueron cometidos en su ausencia, al margen de los mecanismos legales, vulnerando de esa manera sus derechos a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio; por tales motivos, solicita se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos expuestos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.
En esa comprensión el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia constitucional expresó que la acción de amparo constitucional “Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas nos corresponden).
Entonces, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa que:“…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son nuestras); empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificadas. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyan uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional bajo la denominación de flexibilización al principio de subsidiariedad, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde.
En correspondencia con lo anteriormente señalado, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre entendió que el desconocimiento de particulares o servidores públicos que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así señaló que:
El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.
En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.
En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).
Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.
En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.
Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión. Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la Constitución, esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional; sin exclusión y, por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, en especial, por los órganos jurisdiccionales de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución (SCP 0112/2012) que conforman la función judicial única (art. 179 de la CPE), bajo la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló está compuesta por los órganos judiciales formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas -en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina); y, otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos (SCP 112/2012).
En efecto, la Constitución reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, de comunidades, de sindicatos, de corporaciones en general, etc. que se autoregulan y ejercen un tipo de funciones jurisdiccionales y solucionan conflictos que demuestran que no sólo el Estado crea derecho y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independiente del aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.
La jurisprudencia estableció las siguientes sub reglas procesales de activación de amparo constitucional frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: a) La acción de amparo puede ser activada directamente, es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; b) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos no expresamente demandados pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos aún en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; c) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; y d) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los 5Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.3). 6En ese orden, la SC 382/2001-R de 26 de abril, estableció que frente a una medida de hecho el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señaló: “(…) la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las SSCCPP 1013/2014-S3 de 6 de junio, 0365/2016-S3 de 15 de abril, 788/2015-S3 de 22 de julio, 849/2015-S3, de 09 de septiembre, que consideraron el propósito del proceso penal no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho, son precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos en cuanto a la excepción de subsidiariedad y, que en el marco de la SCP 2233/2013 referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 7Por regla general para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas (art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el art. 33.2 del Código de Procedimientos Constitucionales); sin embargo, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso, la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.5). Ahora bien, en ese supuesto (cuando el peticionante de la tutela no haya podido identificar expresamente a todas los demandados o a los terceros interesados) en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.5). 8La SCP 0309/2012, de 18 de junio, señaló que: ”(…) el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma". La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, señaló: “(…) en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el peticionante de tutela quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
Los Fundamentos Jurídicos expuestos precedentemente fueron desarrollados en la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio.
Dentro del presente caso el accionante sostiene ser el propietario de una Parcela 240, extremo demostrado por el folio real con matrícula 2.20.0.10.0005860, que se encuentra inscrito a su nombre (Conclusión II.1); sin embargo el 3 de mayo de 2023, aprovechando su ausencia, los particulares, ahora demandados, sin tener motivo o razón legal alguna, procedieron a ingresar a su predio y destrozar una habitación que era utilizada como cocina y a la sustracción de diversos bienes muebles, entre ellos dos garrafas, un televisor de cuarenta y tres pulgadas, una computadora portátil y una incubadora; tales actos se constituyen en medidas de hecho, que afectan su derecho a la propiedad privada
Con carácter previo, corresponde precisar que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, en los supuestos de denuncia de medidas o vías de hecho, la acción de amparo constitucional puede ser activada de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otras vías ordinarias. En tal sentido, al denunciarse en el caso concreto la comisión de vías de hecho, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Ahora, dentro de los argumentos presentados por los demandados, sostienen que la SCP 0340/2021-S4 estableció que sobre el inmueble objeto de litigio existen hechos y derechos controvertidos, además que se viene tramitando un proceso ordinario de nulidad, que cuenta con medidas cautelares sobre dicho inmueble; sobre ese punto en particular, conforme a la documentación presentada, se constata que en realidad se tratan de dos inmuebles distintos, ya que en esa ocasión el inmueble era un predio de 600 m², mientras que ahora se trata de la parcela 240, de 8 ha con 8.836 m²; motivo por el cual no existe cosa juzgada constitucional, como alega la parte demandada.
Realizada dicha aclaración, se tiene que, la acción de amparo constitucional, en los casos referidos a la denuncia de medidas o vías de hecho, puede ser interpuesta mientras subsista la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales, situación que concurre en el presente caso, toda vez que al momento de la interposición de la acción de tutela se constató, mediante material audiovisual y muestrario fotográfico, que una habitación construida con ladrillo de seis huecos fue destruida por una persona de sexo femenino, identificada como la demandada Margarita Mamani Mamani, quien, portando un objeto contundente tipo combo o martillo, ejerció golpes reiterados sobre el inmueble de propiedad del accionante hasta ocasionar su demolición.
Asimismo, conforme al acta de audiencia de amparo constitucional cursante a fs. 143, se verificó que el Juez de garantías interrogó a la demandada en los siguientes términos: “Se tiene presente los hechos que se han visto en la presente audiencia a la señora Margarita Mamani, cuando ha sido estos hechos…”, luego de la reproducción del disco compacto adjunto a fs. 142 vta.; a lo que esta respondió: “El tres de mayo a las tres de la tarde, discúlpeme, ese paso es de mi terreno que me ha vendido ella, ha entrado, me han querido tapar, ahora de vuelta se ha entrado a mi terreno a hacerse cocina, ese es el último que ha hecho de la cocina, tres viviendas ha hecho señor juez…”, manifestando que el peticionante de tutela habría intentado obstruir el ingreso a su propiedad con la referida construcción; sin embargo, dentro de la misma declaración negó la existencia de los bienes muebles cuya sustracción fue denunciada por el accionante.
Hecha esta salvedad y en mérito a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se advierte que el peticionante de tutela, acreditó su derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la provincia Caranavi del departamento de La Paz, que cuenta con ocho hectáreas con ocho mil ochocientos treinta y seis metros cuadrados de superficie, adquirido mediante Título Ejecutorial PPD-NAL-401253, registrado en DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 2.20.0.10.0005860, a nombre del accionante. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos de vías de hecho vinculadas a avasallamientos, los solicitantes de tutela deben demostrar de manera objetiva la existencia de actos constitutivos de medidas o vías de hecho asumidas sin causa jurídica. En ese contexto, del análisis de los antecedentes descritos, se evidencia que el peticionante de tutela, acreditó de manera objetiva la existencia de actos o medidas de hecho, asumidas sin causa jurídica por los demandados, estando acreditado que los mismos, ingresaron al inmueble del impetrante de tutela, y destruyeron una habitación que utilizaba como cocina, por lo que correspondiendo conceder la tutela impetrada, otorgando una tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; la tutela provisional y transitoria con efectos preventivos o reparadores-.
Con relación al derecho a la propiedad y la inviolabilidad de domicilio, al existir un proceso pendiente de resolución en la vía ordinaria, como indica la parte demandada, será esa jurisdicción o el medio alternativo de solución de conflictos al que acudan las partes, que defina dentro de un debido proceso tales extremos.
En cuanto a la solicitud del impetrante de tutela de disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público, tal solicitud no corresponde que se materialice mediante esta acción tutelar, y en todo caso corresponderá al accionante presentar su correspondiente denuncia penal, si o considera necesario; y respecto al pago de daños y perjuicios, ello corresponde respecto a los daños materiales causados por la demandada a la construcción del impetrante de tutela, mas no así para la supuesta sustracción de otros bienes, ya que ello no se ha comprobado por los medios de prueba presentados.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 01/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 144 a 151, pronunciada por el Juzgado Público Mixto Civil, Comercial y de Familia Primero de la Provincia de Caranavi del Departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, solamente respecto al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho a la propiedad y la inviolabilidad de domicilio conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 SCP 0046/2012 de 26 de marzo.
2 SCP 0132/2012 de 4 de mayo. 3La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, respecto a la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho ha expresado: “… debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. Jurisprudencia ratificada por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.
4 La SCP 0112/2012, señala que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.
derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 9SCP 0998/2012, FJ. III.4.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0952_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): aed0e3b7d725850e45b52d2dbf920a42a9299401858a734040bb8e502bbed602
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