B.IA.LEGAL

SCP 0952/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
33566-2020-68-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia que: i) Dentro del proceso penal seguido por Constancio Ruiz Heredia contra Ángel Ayala Ticona por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, el 23 de septiembre “del presente año” solicitó se la tenga por apersonada en calidad de víctima y pidió fotocopias legalizadas, petición que fue reiterada el “…23 de septiembre de 2019…” (sic); no obstante, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic), negó dicha solicitud ya que debía verificarse la legitimación activa o pasiva, vulnerando sus derechos al debido proceso, “a la protección oportuna de los derechos y garantías de las víctimas” y a la petición; y, ii) Inició una medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble registrado a su nombre bajo la “partida” computarizada 01225275, ante el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz que se constituiría en la autoridad competente para su conocimiento; no obstante, pese a que la medida cautelar tendría carácter urgente, se pronunció el Auto 06/2020 de 11 de febrero, declinando competencia, lo que generó que la protección de su derecho a la propiedad resulte tardía, lesionando sus derechos al “acceso a la protección oportuna de los derechos”, y al debido proceso en su elemento juez natural y “celeridad”. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando par…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 564 a 567, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira y Javier Rubén Cahuasa Torrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero–Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, por lo expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0952/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 33566-2020-68-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 564 a 567 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julia Balboa Vargas en representación legal de Elizabeth Dora Tapia Luna contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi; y, Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 18 de noviembre de 2020, 4 de marzo y 29 de abril, ambos de 2022 cursantes de fs. 147 a 155 vta.; 205; y, 227 y vta. la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción a) Con relación a los actos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz

Dentro del proceso penal seguido por Constancio Ruiz Heredia contra Ángel Ayala Ticona por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, desde el 23 de septiembre del “…presente año…”, solicitó se la tenga por apersonada en calidad de víctima adjuntando para ello la declaratoria de herederos, asimismo, pidió fotocopias legalizadas que no fueron entregadas “sino hasta que requiere el Ministerio Público” (sic); posteriormente, el “…23 de septiembre de 2019…” (sic) volvió a pedir fotocopias; no obstante le fue negada dicha solicitud ya que debía verificarse la legitimación activa o pasiva; por lo que, los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic) se constituyen en vulneratorios de los derechos al debido proceso, “a la protección oportuna de los derechos y garantías de las víctimas” (sic); y, a la petición, debido a que no se garantiza la participación de los herederos de Constancio Ruiz Heredia para que continúen el proceso como víctimas; y, b) En lo concerniente a los actos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz

El 10 de febrero de 2020, con el objeto de interponer un proceso de nulidad y pago de daños y perjuicios por hecho ilícito, inició una medida cautelar de anotación preventiva de un bien inmueble registrado a su nombre, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, indicando que el mismo se constituiría en la autoridad judicial competente para el conocimiento de su proceso debido a que sería el asiento judicial más cercano al municipio de Caranavi, indicado además que su persona es de la tercera edad y tiene una enfermedad lo que le impediría trasladarse a los municipios de Coroico y Palos Blancos; razón por la que, solicitó se aplique el principio de favorabilidad y se admita dicha medida cautelar; más aún cuando, la medida cautelar tendría carácter urgente ya que como efecto de la emisión de la Sentencia 57/2016 de 30 de noviembre y el Auto complementario de 1 de diciembre de 2016 (proferidos en el proceso civil de nulidad seguido por Julio Meneses Machicado y otros contra Constancio Ruiz Heredia y otros) se pretendería anular y cancelar su registro propietario respecto al bien inmueble inscrito bajo la partida computarizada 01225275, razón por la que, inclusive se solicitó se cite a una audiencia de conciliación a Gonzalo, Julio y Roxana, todos Meneses Machicado, y Ángel Ayala Ticona. No obstante, pese al carácter urgente de la medida cautelar, se pronunció el Resolución 06/2020 de 11 de febrero, declinando competencia, lo que generó que la protección de su derecho a la propiedad resulte tardía, lesionando sus derechos al “acceso a la protección oportuna de los derechos” (sic), y al debido proceso en su elemento juez natural y “celeridad”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al “acceso a la protección oportuna de los derechos” (sic), al debido proceso, este último en también en sus elementos juez natural y “celeridad”; citando al efecto, los arts. 21.6, 24, 115, 120.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, ordenando: 1) Que la Juez Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, admita su apersonamiento como heredera de Constancia Ruiz Heredia para continuar el proceso penal seguido contra Ángel Ayala Ticona y se posibilite a plantear la conversión de acciones; y, 2) Se deje sin efecto la Resolución 06/2020 de 11 de febrero, debiendo el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, disponer la anotación preventiva solicitada.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 029/2020 de 26 de febrero, cursante de fs. 162 a 169, declaró la improcedencia de la acción tutelar; consecuentemente, la parte accionante mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2020 (fs. 171 a 172 vta.), impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0079/2020-RCA de 17 de marzo, cursante de fs. 178 a 184, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), revocó la Resolución 029/2020, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho. Asimismo, a través de Nota CITE OF. CADTCP 0137/2021 de 28 de abril, cursante a fs. 188, el Secretario General del Tribunal Constitucional Plurinacional, procedió a devolver a la Jueza de garantías la presente acción de amparo constitucional para que cumpla con lo determinado en el Auto Constitucional referido supra y continúe con la tramitación de la causa.

I.3. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 561 a 563 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación de la acción

La accionante no concurrió a la audiencia de consideración de la acción tutelar pese a su legal notificación efectuada en audiencia de 19 de mayo de 2022 cursante de fs. 298 a 299. Pese a lo referido, el abogado de la parte accionante manifestó que habiendo transcurrido dos años desde la interposición de la acción tutelar sin que se admita la misma y se señale audiencia, los hechos denunciados ya fueron superados; por lo que, retiró su acción de defensa. Al respecto, la Jueza de garantías manifestó que, el retiro o desistimiento responde a la decisión libre y voluntaria de la parte impetrante de tutela, la cual debe estar expresada de manera clara, expresa y contundente; no obstante, en el caso concreto, la peticionante de tutela no se encuentra en audiencia, lo que impide la emisión de una resolución de desistimiento. Asimismo, el abogado de la parte impetrante de tutela señaló “…lamentablemente mi patrocinada no ha podido conectarse a la audiencia virtual en razón de que habido un apagón de luz donde el lugar donde vive y no ha podido conectarse Y no puedo asumir voz y caución donde no acudido y no tengo poder Para el efecto señora magistrado, Solo ratificarme en el contenido de la demanda E informas a su autoridad que evidentemente Qué los hechos por los cuales se ha planteado la demanda de control tutelar pues ya ha sido superado Cómo la autoridad ha mencionado el 12 de noviembre de 2020…” (sic).

I.3.2. Informe de los demandados

Sandy Madeleine Rodríguez, Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia manifestó el acto denunciado como lesivo fue atendido, y en tal sentido, solicitó: “…se le exhorte a la parte Accionante a verificar Los actuados procesales a efectos de no presentar acciones dilatorias que vaya en perjuicio de las autoridades judiciales” (sic). Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 279 a 280, y en audiencia, solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional, sea a con costas, manifestando al efecto: i) La acción de amparo constitucional no fue promovida en el plazo previsto en el art. 55 del CPCo; y, ii) El 12 de noviembre de 2020, el Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Chuma de igual departamento, que actuó en suplencia legal, admitió la medida cautelar solicitada y dispuso la anotación preventiva del bien inmueble registrado a nombre de “Elizabeth Tapia Valencia” sobre la “Partida Computarizada 01225275”; además, en el fallo se cita a conciliación, actuado del cual se tiene Acta de Conciliación Fallida 07/2021 de 10 de febrero.

I.3.3. Intervención del Servicio de Impuestos Nacionales

Federico Daniel Rico, en representación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) manifestó que “…considerando las intervenciones realizadas por los abogados y las autoridades jurisdiccionales accionadas que Han antecedido de manera previa Y tomando en cuenta a llama mucho la atención a esta cartera del estado Qué habiendo ya subsanado el derecho vulnerado En estas circunstancias que dirige la accionante no hay considerado este extremo y tomando en cuenta Lo manifestado por las autoridades que me han antecedido y esta autoridad en su calidad de tercero interesado Va hacer mención solamente al ejercicio de las facultades Qué cuenta la administración tributaria Sobre las cuales nosotros no vamos a reservar el derecho de poder Ejercerlas estás Cuando sean convenientes Tomando en cuenta estos estemos voy a solicitar a su autoridad Sinónimo de dilatar está presente intervención Que se deniegue la tutela al estar saneado y a los derechos vulnerados” (sic)

I.3.4. Intervención de los terceros interesados

Julio, Gonzalo y Roxana, todos Meneses Machicado a través de su abogado, en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela, manifestando al efecto: a) No se individualizó cuáles fueron los derechos vulnerados ya que se hizo alusión genéricamente a principios, y “…la revisión de sentencias una y otra situación correspondiente de las cuales no tienen ningún nexo ni causalidad de lo que se ha pretendido alegar…” (sic); y, b) Se tome en cuenta lo manifestado por las autoridades judiciales ahora demandadas. Ángel Ayala Ticona, Jose “Antonio” Limpias Barba, Ruth Nancy Ossio Vigabriel y Artemio Ossio Gonzales no presentaron memorial alguno ni concurrieron a la audiencia pese a su legal notificación efectuada en audiencia de 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 298 a 299.

I.3.5. Resolución

La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 564 a 567, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Con relación a los actos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz se tiene que “A fs. 22 de obrados cursa memorial presentado por Julia Balboa Vargas, en la suma refiere ‘se apersona y acredita perdida de cuaderno e investigación, solicita remita fotocopias legalizadas al Ministerio Público a fin que inicie trámite de reposición’, mismo que ha merecido la respuesta mediante providencia de 26 de septiembre de 2019, que refiere que la reposición del cuaderno de investigación debe ser ordenada por el fiscal conforme lo prevé el Art. 40 núm. 10 y 61 de la Ley del Órgano Judicial (…). Asimismo a fs. 33 de obrados cursa nuevamente memorial presentado por Julia Balboa Vargas, y en la suma refiere ‘se apersona y acredita personería’, asimismo en su otrosí, solicita fotocopias legalizadas, y en respuesta a esta solicitud mediante providencia de fecha 03 de octubre de 2019 años, se señala que ‘todo apersonamiento a fin de verificar la legitimación activa o pasiva es bajo la dirección funcional que ejerce el Ministerio Público, y es quien informa a la autoridad jurisdiccional la calidad de victima dentro del proceso penal en el marco del art. 76 del CPP, debiendo evitar vicios de nulidad, siendo que la autoridad de instrucción no puede inmiscuirse en actos investigativos’” (sic). Consecuentemente, se advierte que las solicitudes efectuadas merecieron respuesta escrita y formal, las cuales fueron de conocimiento de la parte accionante ello “…conforme se tiene de fs. 38 vta. (…) en el cual señala fecha ‘17/II/2020, firmando como constancia Noel Vaca, Abogado’” (sic); y, 2) En lo concerniente a los actos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, de los antecedentes y del informe de la autoridad demandada se tiene que la medida cautelar fue admitida ordenándose la anotación preventiva respecto al bien inmueble de “Elizabeth Tapia Valencia” y también se convocó a conciliación; por lo que, la lesión del derecho al debido proceso en su elemento juez natural no acontece.

I.4. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto de 31 de agosto de 2022, cursante a fs. 573, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria que permita contar con mayores elementos de convicción y emitir una resolución justa e imparcial; reanudándose el mismo a partir del día hábil siguiente a la notificación del decreto de 21 de agosto de 2023 cursante a fs. 594; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo previsto por Ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 10 de febrero de 2020, ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, a través del cual Julia Balboa Vargas en representación “convencional” de “Elizabeth Tapia Luna” –ahora parte accionante– y otra, solicita medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble registrado bajo la “partida computarizada” 01225275 a nombre de “Elizabeth Tapia Luna” (fs. 136 a 142 vta.). En mérito a dicha solicitud, Adolfo Esteban Machicado Poma, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata, en suplencia legal de su similar de Guanay, ambos del departamento de La Paz; a través de Resolución 06/2020 de 11 de febrero, resuelve declinar competencia en razón de territorio, disponiendo la remisión de obrados al distrito judicial de Caranavi (fs. 143 y vta.). Resolución que fue notificada a la parte accionante el 14 de febrero de 2020 conforme se tiene del cargo de recepción establecida en dicho fallo (fs. 143). II.2. De la Resolución 04/2020 de 26 de mayo, se advierte que la Jueza de garantías, realizando un análisis de los actos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz establece expresamente que:

“De la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este despacho judicial, se tiene un legajo de un proceso penal caratulado MP c/ ANGEL AYALA TICONA, del mismo se advierte que el proceso se encuentra con Resolución de rechazo presentado ante el Juzgado de Instrucción en fecha, 07 de noviembre de 2019, no cursan las notificaciones de la resolución de rechazo a la parte procesales, tampoco cuenta con objeción de rechazo conforme lo prevé el art. 305 del CPP. A fs. 22 de obrados cursa memorial presentado por Julia Balboa Vargas, en la suma refiere ‘se apersona y acredita perdida de cuaderno e investigación, solicita remita fotocopias legalizadas al Ministerio Público a fin que inicie trámite de reposición’, mismo que ha merecido la respuesta mediante providencia de 26 de septiembre de 2019, que refiere que la reposición del cuaderno de investigación debe ser ordenada por el fiscal conforme lo prevé el Art. 40 núm. 10 y 61 de la Ley del Órgano Judicial (…). Asimismo a fs. 33 de obrados cursa nuevamente memorial presentado por Julia Balboa Vargas, y en la suma refiere ‘se apersona y acredita personería’, asimismo en su otrosí, solicita fotocopias legalizadas, y en respuesta a esta solicitud mediante providencia de fecha 03 de octubre de 2019 años, se señala que ‘todo apersonamiento a fin de verificar la legitimación activa o pasiva es bajo la dirección funcional que ejerce el Ministerio Público, y es quien informa a la autoridad jurisdiccional la calidad de victima dentro del proceso penal en el marco del art. 76 del CPP, debiendo evitar vicios de nulidad, siendo que la autoridad de instrucción no puede inmiscuirse en actos investigativos’” (sic). Consecuentemente, se advierte que las solicitudes efectuadas merecieron respuesta escrita y formal, las cuales fueron de conocimiento de la parte accionante ello “…conforme se tiene de fs. 38 vta. (…) en el cual señala fecha ‘17/II/2020, firmando como constancia Noel Vaca, Abogado’” (sic [fs. 564 a 567]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia que: i) Dentro del proceso penal seguido por Constancio Ruiz Heredia contra Ángel Ayala Ticona por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, el 23 de septiembre “del presente año” solicitó se la tenga por apersonada en calidad de víctima y pidió fotocopias legalizadas, petición que fue reiterada el “…23 de septiembre de 2019…” (sic); no obstante, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic), negó dicha solicitud ya que debía verificarse la legitimación activa o pasiva, vulnerando sus derechos al debido proceso, “a la protección oportuna de los derechos y garantías de las víctimas” y a la petición; y, ii) Inició una medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble registrado a su nombre bajo la “partida” computarizada 01225275, ante el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz que se constituiría en la autoridad competente para su conocimiento; no obstante, pese a que la medida cautelar tendría carácter urgente, se pronunció el Auto 06/2020 de 11 de febrero, declinando competencia, lo que generó que la protección de su derecho a la propiedad resulte tardía, lesionando sus derechos al “acceso a la protección oportuna de los derechos”, y al debido proceso en su elemento juez natural y “celeridad”. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional

La Constitución Política del Estado establece en el art. 129.II, que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del CPCo. Respecto a este límite temporal fijado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna, por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial -verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual-razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.

3 Respecto a la posibilidad de flexibilización del plazo de la inmediatez y las condiciones necesarias, la SC 0762/2003- R de 6 de junio de 2003, expreso: “… plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso”. En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. 4 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre). 5 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia,

III.1.1. El plazo de la inmediatez y la emergencia sanitaria

(tiempos de pandemia) como causa de fuerza mayor Es de conocimiento público que por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), que ha afectado a nivel internacional, se han adoptado medidas destinadas a evitar su propagación y contagio; entre esas medidas en nuestro país se emitieron disposiciones legales como el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020, declarando cuarentena total en todo el territorio nacional, ampliado por los DS 4200 de 25 de marzo, 4214 de 4 de abril, 4229 de 29 de abril, hasta el 31 de mayo de 2020, lo que sin duda alguna a afectado el normal desarrollo de las actividades laborales en los diversos sectores de la economía, incluyendo los servicios públicos como el de la administración de justicia en todo el país de manera absoluta. Posteriormente, se establecieron cuarentenas condicionadas y dinámicas, mediante medidas dispuestas y cumplidas en municipios y/o departamentos, en base a las condiciones de riesgo determinados por el Ministerio de Salud como órgano rector. En ese contexto, los Tribunales Departamentales de Justicia emitieron circulares para la efectiva realización del trabajo institucional y mantener las relaciones laborales armónicas y transparentes, según las características de riesgo (alto, medio o moderado) y con el fin de precautelar la salud y el bienestar del publico litigante y los servidores públicos judiciales, quedando suspendido por esas circunstancias -declaratoria de cuarentena total en todo el territorio nacional- el computo de los plazos procesales, incluyendo el plazo de presentación de las acciones de amparo constitucional, de acuerdo a las determinaciones establecidas en el lugar donde se interponga las acciones de defensa, en tal sentido, el AC 0002/2021-RCA de 12 de enero, sostuvo que:

En el caso particular del departamento de La Paz, además de la suspensión general del plazo de inmediatez dispuesta desde el 22 de marzo al 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, descrita en el Fundamento Jurídico anterior, se debe analizar de manera particular, que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en relación a la reanudación de plazos procesales dispuso que: a) La Circular 17/2020-SP-TDJ-LP de 15 de junio, ordena que a partir de la indicada fecha, se reanudan los plazos procesales, señalando en el apartado Séptimo: “Así también se deja expresa constancia que las cuatro SALAS CONSTITUCIONALES de este Distrito Judicial, atenderán las acciones de defensa” (sic). En tal razón, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico II.3 del presente Auto Constitucional, se determinó la suspensión del plazo de los seis meses por el periodo comprendido del 22 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, y las Circulares e Instructivos emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia, teniendo presente que en el departamento de La Paz, mediante Circular 17/2020 se determinó expresamente la reanudación de los plazos procesales en las cuatro Salas Constitucionales, a partir del 15 de junio de 2020, medida que ya fue asumida en el AC 0172/2020-RCA de 1 de diciembre, para el cómputo de la inmediatez. En consecuencia, se concluye que desde el 22 de marzo hasta su reanudación -15 de junio de 2020-, transcurrieron dos meses y veintitrés días, término de suspensión que no debe ser computado, a efecto de velar por el resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del titular, quien no pudo acceder a la justicia constitucional y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia. (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que: 1) Dentro del proceso penal seguido por Constancio Ruiz Heredia contra Ángel Ayala Ticona por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, el 23 de septiembre “del presente año” solicitó se la tenga por apersonada en calidad de víctima y pidió fotocopias legalizadas, petición que fue reiterada el “…23 de septiembre de 2019…” (sic); no obstante, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic), negó dicha solicitud ya que debía verificarse la legitimación activa o pasiva, vulnerando sus derechos al debido proceso, “a la protección oportuna de los derechos y garantías de las víctimas” y a la petición; y, 2) Inició una medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble registrado a su nombre bajo la “partida” computarizada 01225275, ante el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz que se constituiría en la autoridad competente para su conocimiento; no obstante, pese a que la medida cautelar tendría carácter urgente, se pronunció el Auto 06/2020 de 11 de febrero, declinando competencia, lo que generó que la protección de su derecho a la propiedad resulte tardía, lesionando sus derechos al “acceso a la protección oportuna de los derechos”, y al debido proceso en su elemento juez natural y “celeridad”. Ahora bien, tomando en cuenta que en la presente acción de defensa se denuncia la lesión de derechos que se hubiesen dado en diferentes escenarios, la consideración de aspectos de procedibilidad y de corresponder se efectuar respecto de cada; así, se tiene:

III.3.1. En cuanto a la primera problemática

La parte accionante denuncia que dentro del proceso penal seguido por Constancio Ruiz Heredia contra Ángel Ayala Ticona por la presunta comisión del delito de prevaricato y otros, el 23 de septiembre “del presente año” (sic) solicitó se la tenga por apersonada en calidad de víctima y pidió fotocopias legalizadas, petición que fue reiterada el “…23 de septiembre de 2019…” (sic); no obstante, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic), negó dicha solicitud ya que debía verificarse la legitimación activa o pasiva, vulnerando sus derechos al debido proceso, “a la protección oportuna de los derechos y garantías de las víctimas” y a la petición. Identificada la problemática traída en revisión, de manera inicial debe precisarse al momento de interponer la presente acción tutelar, la parte accionante señaló que el primer memorial fue presentado el 23 de septiembre “del presente año” (sic) haciendo entrever que dicho escrito se presentó el 2020, año en el que se interpuso la acción de amparo constitucional; no obstante, de manera posterior, la parte impetrante de tutela indicó que el segundo memorial fue presentado el 23 de septiembre de 2019, dato que generó incertidumbre respecto a la fecha de presentación de los memoriales; sumado a ello que, la parte impetrante de tutela indicó que los “decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre” (sic) serían vulneratorios a sus derechos, sin que se precise la fecha de dichos actuados; razón por la que, con la facultad prevista en el art. 5 del CPCo se solicitó se remita documentación complementaria para tener la certeza de la data de dichos memoriales y resoluciones; empero, pese a la conminatoria efectuada, la documental no fue remitida. Ahora bien, pese a lo referido, del contenido de la Resolución 04/2022 de 26 de mayo, proferida por la Jueza de garantías, se advierte que la misma, teniendo acceso a los antecedentes que le fueron remitidos de manera expresa señaló que:

“De la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este despacho judicial, se tiene un legajo de un proceso penal caratulado MP c/ ANGEL AYALA TICONA, del mismo se advierte que el proceso se encuentra con Resolución de rechazo presentado ante el Juzgado de Instrucción en fecha, 07 de noviembre de 2019, no cursan las notificaciones de la resolución de rechazo a la parte procesales, tampoco cuenta con objeción de rechazo conforme lo prevé el art. 305 del CPP.

A fs. 22 de obrados cursa memorial presentado por Julia Balboa Vargas, en la suma refiere ‘se apersona y acredita perdida de cuaderno e investigación, solicita remita fotocopias legalizadas al Ministerio Público a fin que inicie trámite de reposición’, mismo que ha merecido la respuesta mediante providencia de 26 de septiembre de 2019, que refiere que la reposición del cuaderno de investigación debe ser ordenada por el fiscal conforme lo prevé el Art. 40 núm. 10 y 61 de la Ley del Órgano Judicial (…). Asimismo a fs. 33 de obrados cursa nuevamente memorial presentado por Julia Balboa Vargas, y en la suma refiere ‘se apersona y acredita personería’, asimismo en su otrosí, solicita fotocopias legalizadas, y en respuesta a esta solicitud mediante providencia de fecha 03 de octubre de 2019 años, se señala que ‘todo apersonamiento a fin de verificar la legitimación activa o pasiva es bajo la dirección funcional que ejerce el Ministerio Público, y es quien informa a la autoridad jurisdiccional la calidad de victima dentro del proceso penal en el marco del art. 76 del CPP, debiendo evitar vicios de nulidad, siendo que la autoridad de instrucción no puede inmiscuirse en actos investigativos’” (sic). Consecuentemente, se advierte que las solicitudes efectuadas merecieron respuesta escrita y formal, las cuales fueron de conocimiento de la parte accionante ello “…conforme se tiene de fs. 38 vta. (…) en el cual señala fecha ‘17/II/2020, firmando como constancia Noel Vaca, Abogado’” (sic [Conclusión II.3]). Revisión y verificación de la cual se advierte que los decretos considerados lesivos datan de 2019, los cuales aparentemente fueron de conocimiento de la parte accionante el 17 de febrero de 2020. Ahora bien, precisado todo lo anterior, en el caso concreto, con la finalidad de revisar la procedibilidad de la acción de amparo constitucional, es preciso verificar el cumplimiento del principio de inmediatez, que se constituye en un requisito consustancial de la acción de amparo constitucional, pues debe comprenderse que la normativa vigente así como la ingente jurisprudencia constitucional establecieron el plazo de seis meses como término de caducidad para su interposición (computables desde la comisión de la vulneración o de conocido el hecho), ello considerando que ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales es imperante una pronta atención y reparación de los mismos; y, si la parte acción interpone la acción tutelar vencido el plazo determinado se desvirtúa el carácter urgente de la acción de defensa, por lo que, devendría en su inadmisión. No obstante lo referido, debe considerar que a la luz del principio de favorabilidad y a fin de brindar una protección más eficaz de los derechos, esta instancia constitucional asumió una posición de flexibilización de dicho requisito, estableciendo algunos supuestos entre los cuales se determinó las causas de fuerza mayor, tal como ocurrió con la declaración de cuarentena total debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, que impidió el normal desenvolvimiento de la justicia constitucional y dio lugar a la suspensión temporal del plazo de seis meses (Fundamento Jurídico III.1).

Bajo ese comprendido, cabe señalar que en el caso concreto, conforme se tiene de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que emitidos los decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre, ambos de 2019 (constituidos en los actos lesivos) los mismos hubiesen sido de conocimiento de la parte accionante el 17 de febrero de 2020, siendo a partir de dicha fecha que empezó a correr el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, que conforme un cómputo normal se tendría como fecha de caducidad el 17 de agosto del indicado año; no obstante, se tiene que, la parte accionante interpuso su acción tutelar el 18 de noviembre de 2020 superando el término de los seis previstos en la normativa, pues hasta dicha fecha transcurrieron nueve meses y un día, superando el término de caducidad previsto por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, no obstante lo referido sobre este término, ciertamente debe tenerse en cuenta la flexibilización por causa de fuerza mayor sostenida por la jurisprudencia constitucional, pues como es evidente, el 2020, se establecieron directrices o lineamientos para evitar el contagio y propagación de la pandemia del coronavirus, así, a través de los Decretos Supremos 4199, 4200, 4214 se determinó cuarentena total (mas sus ampliaciones) desde el 22 de marzo de 2020 hasta su reanudación el 15 de junio de igual año; y, habiéndose dispuesto una cuarentena diferencia según el grado de riesgo del municipio, fueron los distintos Tribunales Departamentales de Justicia que emitieron circulares e instructivos para el retorno a las labores jurisdiccionales; en tal sentido, en el caso del departamento de La Paz, lugar donde tuvo origen el presente caso se emitió la Circular 17/2020, por el que, se dispuso la reanudación de las labores judiciales a partir del 15 de junio de 2020; por lo que, desde el 22 de marzo hasta su reanudación el 15 de junio de 2020, transcurrieron dos meses y veintitrés días de suspensión de plazos que deben considerarse a tiempo de realizarse el computo de la inmediatez en cada caso en particular y verificar si se cumplió o no con este presupuesto de procedencia. Consecuentemente, debe considerarse desde el 17 de febrero de 2020, fecha en la que la parte accionante hubiese tenido conocimiento de los decretos de 26 de septiembre y 3 de octubre de 2020 (inicio de plazo) al 22 de marzo del citado año (suspensión de plazo) transcurrieron un mes y tres días; y, desde el 15 de junio del mencionado año (fin de plazo de la suspensión) hasta el 18 de noviembre de dicho año (fecha de presentación de la acción tutelar) pasaron cinco meses y tres días, haciendo una suma total de seis meses y seis días, plazo que de todas maneras supera los seis meses previstos tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código Procesal Constitucional, y si bien conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el plazo de seis meses no es rígido ni cerrado, admite expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días, no obstante, para ello la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional debe ser evidente, este último aspecto que en el presente caso no se constató, más aun cuando tanto la parte accionante como la autoridad judicial ahora demandada sostuvieron que los hechos denunciados fueron superados. Bajo tal entendido, por las razones anteriores, en caso concreto no se cumplió con el presupuesto de la inmediatez que se constituye en un principio rector de la acción de amparo constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela.

III.3.2. En lo concerniente a la segunda problemática

La parte impetrante de tutela denuncia inició una medida cautelar de anotación preventiva del bien inmueble registrado a su nombre bajo la “partida” computarizada 01225275, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz que se constituiría en la autoridad competente para su conocimiento; no obstante, pese a que la medida cautelar tendría carácter urgente, se pronunció el Auto 06/2020 de 11 de febrero, declinando competencia, lo que generó que la protección de su derecho a la propiedad resulte tardía, lesionando sus derechos al “acceso a la protección oportuna de los derechos”, y al debido proceso en su elemento juez natural y “celeridad”. Identificada la problemática traída en revisión, tal como se efectuó en el acápite anterior, corresponde verificar si la parte accionante cumplió o no con el principio de inmediatez, que como se dijo se constituye en uno de los principios rectores de la acción de amparo constitucional, pues ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales es imperante una pronta atención y reparación de los mismos; y, si la parte accionante interpone la acción tutelar vencido el plazo de los seis meses se desvirtúa el carácter urgente de la acción de defensa.

En ese marco, con relación a la presente problemática, conforme lo expreso la parte accionante y conforme se evidenció de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que la Resolución 06/2020 de 11 de febrero (constituido en el acto lesivo) el mismo fue notificado el 14 de febrero de 2020, siendo a partir de dicha fecha que empezó a correr el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, que conforme un cómputo normal se tendría como fecha de caducidad el 14 de agosto del indicado año; no obstante, se tiene que, la parte accionante interpuso su acción tutelar el 18 de noviembre del citado año superando el término de los seis meses previstos en la normativa, pues hasta dicha fecha transcurrieron nueve meses y cuatro días, superando el término de caducidad previsto por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional. Ahora bien, pese a lo referido tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1.1 de este fallo constitucional y el acápite precedente, el plazo de la inmediatez fue flexibilizado por la emergencia sanitaria desde el 22 de marzo de 2020 hasta su reanudación el 15 de junio de igual año (en mérito a la Circular 17/2020 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz); en tal sentido, debe considerarse desde el 14 de febrero de 2020, fecha en la que se procedió con la notificación de la Resolución 06/2020 (inicio de plazo) al 22 de marzo de 2020 (suspensión de plazo) transcurrieron un mes y siete días; y, desde el 15 de junio del mencionado año (fin de plazo de la suspensión) hasta el 18 de noviembre de dicho año (fecha de presentación de la acción tutelar) pasaron cinco meses y tres días, haciendo una suma total de seis meses y diez días, plazo que de todas maneras supera el plazo de los seis meses, y si bien conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el plazo de seis meses no es rígido ni cerrado, admite expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días, no obstante, para ello la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional debe ser evidente, este último aspecto que en el presente caso no se constató, más aun cuando se sostuvo que los hechos denunciados fueron superados; por lo que, al no cumplirse con el presupuesto de la inmediatez que se constituye en un principio rector de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela.

III.3. Otras consideraciones

En el caso concreto, es necesario destacar que, interpuesta la acción de amparo constitucional el 18 de noviembre de 2020; posterior al trámite procesal desarrollado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la declaratoria de improcedencia de la acción tutelar y su admisión, que mereció el AC 0079/2020-RCA de 17 de marzo, se advierte que la parte accionante a través del memorial presentado el 4 de marzo de 2022, solicitó el cumplimiento del indicado Auto Constitucional; no obstante, conforme se advierte de antecedentes se tiene que en el Tribunal de Sentencia Penal Primero–Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, los Jueces que componen el mismo (Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira y Javier Rubén Cahuasa Torrez) a través de decretos de 10, 28 y 30 de marzo; 4, 8, 18 de abril, 3 de mayo de 2022, no atendieron dicha solicitud, bajo argumentos que existiría otra acción de amparo constitucional o remisiones acta de sorteo de acciones tutelares procediendo a enviarse la causa entre ambas autoridades judiciales, lo que a todas luces denota una inobservancia de los principios de celeridad e impulso de oficio previstos en el art. 3 del CPCo, siendo evidente una dilación en el trámite de la presente acción tutelar, por consiguiente, corresponde llamar la atención a Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira y Javier Rubén Cahuasa Torrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz. Por los fundamentos expuestos, la Jueza de garantías al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 26 de mayo, cursante de fs. 564 a 567, pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira y Javier Rubén Cahuasa Torrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero–Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, por lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El entendimiento expresado en la citada jurisprudencia, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

2 La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.

negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas son ilustrativas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0952_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4ff024e83101dea027688038f657d569041975240c3a01845521615ef46ccbf7

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →