B.IA.LEGAL

SCP 0950/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de octubre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
44027-2021-89-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “legalidad”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; en razón a que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 173/2021 de 5 de octubre, rechazó su recurso de apelación incidental sin justificar debidamente por qué no consideró los certificados de REJAP para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- y la omisión de la aplicación de lo establecido en la SCP 0185/2019-S3; por consiguiente, confirmó el Auto Interlocutorio 78/2021 de 16 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 5 de noviembre de 2021, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0950/2023-S2 Sucre, 6 de octubre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44027-2021-89-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución de 5 de noviembre de 2021, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Charles Fernando Mejía Cardozo en representación sin mandato de Carmelo Axel Sejas Suárez, Wilson Ramos Oliveira, Manfredo Soleto Cortez, Darlin Choquere Malele y Eduardo Molina Gil contra Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2021, cursante a fs. 1 y 35 a 39, los accionantes a través de su representante, expresaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y otros, se encuentran detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario Mocovi de Beni; ante lo cual, solicitaron al Juez de la causa la cesación de esa medida extrema, fijándose audiencia de consideración para el 16 de septiembre de 2021, dictándose el Auto Interlocutorio 78/2021, rechazando su pedido y señalando la persistencia del art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -peligro efectivo para la sociedad-. Contra esa decisión, formularon recurso de apelación incidental, siendo resuelto por Auto de Vista 173/2021 de 5 de octubre, que determinó su rechazo y confirmó la Resolución impugnada, mencionando que “…si bien se ha desvirtuado con el REJAP que no sean un peligro para la sociedad EL PELIGRO EFECTIVO SE DA POR LA NATURALEZA DEL HECHO…” (sic), argumento insuficiente, incongruente, sin una fundamentación y motivación, apartándose de los criterios de razonabilidad y equidad establecidos por la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril y de los fundamentos expuestos en las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); puesto que, debió justificarse el elemento de peligro efectivo, en la necesidad de imponerseles medidas de seguridad por el riesgo de fuga, vulnerándose de esa manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de “…FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN…” (sic) -se entiende del derecho al debido proceso-, sin citar precepto constitucional que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 173/2021; y, b) A la autoridad demandada, que en el plazo de setenta y dos horas, dicte un nuevo fallo estableciendo de manera fundada la inexistencia del peligro procesal contenido en el art. 234.7 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de noviembre de 2021, según cursa en acta de fs. 47 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes por medio de su representante, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de la demanda tutelar y ampliándolo manifestaron que: 1) El Vocal demandado al haber emitido el Auto de Vista 173/2021, transgredió los derechos de “legalidad”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; 2) La citada autoridad en otro proceso por el mismo tipo penal, dictó el Auto de Vista 127/2021 de 17 de mayo, aduciendo que para considerar la existencia del peligro de fuga del imputado y determinar su detención preventiva, no es suficiente manifestar la probabilidad de la autoría del delito que se le atribuye; por ello, para que se considere efectivo el peligro de fuga debe demostrarse que concurrió una actividad delictiva reiterada en el comportamiento del endilgado; y, 3) De acuerdo a lo previsto por la SCP 0056/2014 de 3 de enero, presentaron certificados de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); sin embargo, el Vocal demandado no lo tomó en cuenta para desvirtuar el citado riesgo procesal, por el contrario mencionó que no se desacreditó el hecho investigado, argumento que vulneró el debido proceso.

I.2.2. Informe del demandado

Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 43.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Gonzalo Ariel Vásquez Ríos, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, señalando que: i) La SCP 0377/2019-S2 de 14 de junio, efectuó una interpretación del art. 234.10 del CPP, refiriendo que debe realizarse una evaluación integral de las circunstancias objetivas existentes en cada caso concreto, debiendo explicar de forma efectiva y congruente los elementos materiales como probables para determinar la concurrencia de ese riesgo procesal, no siendo suficiente la sola presentación del certificado del REJAP para desacreditarlo; ii) Los accionantes hicieron alusión que el Vocal demandado en un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas emitió el Auto de Vista 127/2021 determinando medidas sustitutivas; sin tomar en cuenta, que se los imputó por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, “confabulación tenencia e importación ilícita de armas de fuego”, al encontrarlos en flagrancia y portando dichas sustancias y armamento, siendo esta una circunstancia objetiva, debiendo tomarse en cuenta que la población afectada con esos delitos son la niñez, adolescencia y la juventud que forman parte de los grupos vulnerables; por todo lo manifestado, no es suficiente el certificado del REJAP para desvirtuar el precepto señalado; ante lo cual, la desproporcionalidad denunciada no era evidente; y, iii) La jurisprudencia constitucional determinó el criterio de las autorestricciones de las competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre ellas “…la valoración de la actividad jurisdiccional en cuanto a la interpretación de las normas…” (sic); si bien tiene sus excepciones; empero, previamente debe cumplir con los presupuestos establecidos en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, mismos que no fueron asumidos por los impetrantes de tutela.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 5 de noviembre de 2021, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Vocal demandado pronuncie una nueva resolución respecto al recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, dentro el plazo previsto por ley, con base en los siguientes fundamentos: a) Del contenido del Auto de Vista 173/2021 se puedo evidenciar que la autoridad demandada citó los razonamientos vertidos por la Jueza a quo “la propia juez considera que han sido desvirtuado y que evidentemente no tienen antecedentes penales, no obstante el criterio de la juez es que, y apoyada en la decisión de disponer la detención preventiva, tiene que ver con el peligro de fuga efectivo para la sociedad en relación a la naturaleza del hecho, en relación al hecho de que los imputados habrían sido encontrados y aprendidos con una importante cantidad de sustancias controladas y con armamento, esta es la razón por la cual el juez niega la cesación a la detención de la medida cautelar” (sic), basando su decisión en la aplicación de la SCP 0185/2019-S3; empero, sin emitir un sustento con relación a qué considera naturaleza del hecho; b) El Vocal demandado hizo mención a lo establecido por el art. 398 del CPP, e indicó que, “…no habiendo un agravio establecido al respecto al punto o argumento central que término la negación o el rechazo de la cesación de la detención preventiva” (sic); y, c) El Auto de Vista cuestionado en esta acción constitucional no expone una debida fundamentación y motivación que hagan comprender de una forma clara el rechazo del recurso de apelación incidental planteado por los solicitantes de tutela; pese a que, pidieron complementación, explicación y enmienda, que fue rechazada.

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 9 de marzo de 2023, cursante a fs. 61, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 26 de septiembre de 2023 (fs. 92); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 78/2021 de 16 de septiembre, dictado por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni en suplencia legal de su similar Tercero; por el cual, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, declarando enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP, para Eduardo Molina Gil, manteniéndose subsistentes todos los demás peligros procesales para Carmelo Axel Sejas Suárez, Manfredo Soleto Cortez, Wilson Ramos Oliveira y Darlin Choquere Malele -hoy accionantes- (fs. 2 vta. a 9 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental de 5 de octubre de 2021 contra el Auto Interlocutorio 78/2021, celebrada por Roberto Ismael Nacif Suárez, Vocal de la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora demandado-; en la que, los solicitantes de tutela expusieron los argumentos de su impugnación (fs. 10 a 12).

II.3. Mediante Auto de Vista 173/2021 de 5 de octubre, el Vocal demandado, rechazó el recurso de apelación incidental planteado por los peticionantes de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 78/2021 (fs. 83 a 86).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “legalidad”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; en razón a que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 173/2021 de 5 de octubre, rechazó su recurso de apelación incidental sin justificar debidamente por qué no consideró los certificados de REJAP para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- y la omisión de la aplicación de lo establecido en la SCP 0185/2019-S3; por consiguiente, confirmó el Auto Interlocutorio 78/2021 de 16 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componentes del debido proceso. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, refirió que: “…la jurisprudencia constitucional ha referido que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, refiere que: ‘Al efecto, es necesario recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

(…) la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’. Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, expuso que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: ‘Las sentencias y autos interlocutor[ios] serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…’. En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’.

La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…”’ (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la “legalidad”, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; en razón a que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 173/2021 de 5 de octubre, rechazó su recurso de apelación incidental sin justificar debidamente por qué no consideró los certificados de REJAP para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la sociedad- y la omisión de la aplicación de lo sostenido en la SCP 0185/2019-S3; por consiguiente, confirmó el Auto Interlocutorio 78/2021 de 16 de septiembre, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva.

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar Tercero, a través del Auto Interlocutorio 78/2021, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, planteada por los accionantes, declarando enervado el riesgo procesal previsto en el art. 234.6 del CPP para Eduardo Molina Gil, manteniéndose subsistentes todos los demás peligros procesales para Carmelo Axel Sejas Suárez, Manfredo Soleto Cortez, Wilson Ramos Oliveira y Darlin Choquere Malele (Conclusión II.1), quienes al estar en desacuerdo con esa decisión, interpusieron recurso de apelación incidental, programándose la audiencia para su consideración el 5 de octubre de 2021, siendo celebrada por el Vocal demandado; en la que, los impetrantes de tutela expusieron los argumentos de su impugnación (Conclusión II.2); por consiguiente, emitió el Auto de Vista 173/2021 rechazando el mencionado recurso de impugnación y confirmó el Auto Interlocutorio refutado (Conclusión II.3).

En ese contexto, se tiene que los impetrantes de tutela plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 78/2021, que dispuso el rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva; exponiendo el siguiente agravio en el verificativo del señalado recurso de impugnación:

Presentaron certificado de REJAP, como nuevo elemento para desvirtuar el art. 234.7 del CPP, que evidencia no tener antecedentes penales; por ello, sería aplicable el entendimiento expuesto en la SCP 0185/2019-S3, que “…de forma expresa sin lugar a dudas o a equivocación, que lo único que puede fundar el 234 numeral 10, hoy numeral 7, es que el imputado tenga antecedentes penales y el desvirtuar dicho riesgo procesal, , se lo hace con el certificado REJAP dicha jurisprudencia no fue atendida por la jueza cautelar en el momento de dictar resolución de la cesación a la detención preventiva…” (sic); empero, la Jueza de la causa señaló que con la exhibición de los certificados de REJAP, se logró disminuir el parámetro de peligrosidad; sin embargo, no se desvirtuó el riesgo procesal del art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, bajo el razonamiento de considerarse la naturaleza del hecho -tipo penal-, mismo que será dilucidado en un juicio oral, y no así los componentes que hacen a los presupuestos del peligro de fuga, utilizando lo descrito en la SCP 0377/2019-S2, que explica tres parámetros de análisis. Corrido en traslado el agravio manifestado, el representante del Ministerio Público, adujo que:

El contenido de la SCP 0185/2019-S3, fue modulada en sus fundamentos por la SCP 0377/2019-S2, que faculta al juzgador a efectuar una valoración integral de todos los elementos indiciarios de la etapa preparatoria, concerniente al art. 234.7 del CPP, igual razonamiento expuso la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo; por lo que, lo manifestado por la Jueza de la causa está conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales citadas.

El Vocal demandado pronunció el Auto de Vista 173/2021, resolviendo el agravio denunciado por los peticionantes de tutela, manifestando que:

Los razonamientos vertidos por la Jueza de Instrucción Penal Segunda de Trinidad del departamento de Beni, en suplencia legal de su similar Tercero, para decidir rechazar la cesación de la detención preventiva fue: “…estos certicado de antecedentes penales conllevan aquel los numerales primero y segundo que deben analizarse a efectos de establecer la concurrencia de los riesgos procesales se encuentran disminuidos a efectos de establecer su vigencia, por qué se ha demostrado que los mismos no tienen antecedentes penales anteriores, es decir que son los presupuestos primeros debe tribunalizar, uno que tengan antecedentes penales anterior y dos Definir la peligrosidad que los ciudadanos puedan representar para la sociedad, en este caso ellos han demostrado a través de su defensa de manera positiva, por lo cual estos riesgos procesales se encuentran disminuidos (…), pero no se encuentran totalmente desvirtuado, toda vez que justamente no se ha atacado con un nuevo elemento Cómo se desvirtúa la naturaleza del delito que ha sido así casado por el auto de vista que ha sido mencionado, por la cantidad de sustancias que ellos fueron encontrados…” (sic); es así que, de acuerdo lo aludido la autoridad demandada señaló que, pese a que la citada Jueza aceptó que los accionantes de acuerdo a los certificados del REJAP, no tienen antecedentes penales y ese aspecto aminora el riesgo procesal de fuga; sin embargo, no lo desvirtúa del todo; ya que, se entiende que el fundamento que utilizó esa autoridad judicial fue “…en relación a la naturaleza del hecho, en relación al hecho de que los imputados habrían sido encontrados y aprendidos con una importante cantidad de sustancias controladas y con armamento, esta es la razón por la cual la juez niega la cesación a la detención de la medida cautelar, no niega (…) por el hecho de no ser aplicable la sentencia 185/2019 porque ya se conoce de que no existen los antecedentes, penales pero rescata el elemento central de la decisión inicial de la medida cautelar…” (sic). Asimismo, mencionó que, la argumentación de la parte apelante se centró en la aplicación de la SCP 0185/2019-S3; sin embargo, no explicó por qué “…considerá de la naturaleza del hecho no pudiera influir o afectar la libertad del imputado (…) a lo que los hechos constituyen la razón de la decisión de negar la cesación de las medidas cautelares (…), por lo que no habiendo un agravio establecido al respecto al punto o argumento central que terminó la negación o el rechazo de la cesación a la detención preventiva” (sic). En respuesta a la solicitud de enmienda y complementación, señaló que: “no se abría desvirtuado el hecho o el argumento inicial el original de la medida cautelar de que el peligro efectivo para la sociedad implica la naturaleza del hecho, por la cantidad de sustancias controladas y las armas que tenían en su poder al momento de ser aprendidos los imputados…” (sic).

Una vez expuestos los agravios denunciados por los solicitantes de tutela y los argumentos vertidos por el Vocal demandado en el Auto de Vista 173/2021, concierne a este Tribunal por las atribuciones que le competen, ingresar al análisis del asunto y dilucidar si en el contenido del indicado Auto de Vista se desarrollaron los parámetros citados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a una debida fundamentación y motivación; en razón a que, todo análisis de decisiones en medidas cautelares se la realiza a partir de la última resolución desplegada en sede de la jurisdicción ordinaria; en el caso concreto, en cuanto a la decisión de alzada asumida a la solicitud de cesación de la detención preventiva, incoada por los ahora accionantes.

Iniciando con el examen indicado, este Tribunal, pudo advertir que lo resuelto por la autoridad demandada respecto al entendimiento asumido por la SCP 0185/2019-S3, si bien refiere a la suficiencia de la presentación del certificado de REJAP para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP; sin embargo, también consideró la jurisprudencia constitucional que moduló el indicado precedente; en ese sentido, hizo suyos los argumentos vertidos por la Jueza a quo, considerándolos apropiados efectuó una fundamentación y motivación suficiente y clara al agravio demandado, al indicar que, si bien los impetrantes de tutela presentaron los certificados de REJAP, que disminuyeron los efectos del señalado riesgo procesal; empero, no tienen la adecuada proporción para desvirtuarlo por completo; ello, considerando la contestación del Ministerio Público que pidió la observancia de la jurisprudencia constitucional que aclaró el referido razonamiento a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0377/2019-S2 y 0015/2020-S2, al prever que, fuera el juez quien tendría la atribución de valorar íntegramente todos los elementos de prueba que las partes aportaron y se consideraron para la consideración del señalado riesgo procesal. De igual manera, actuó en lo concerniente al segundo agravio, al mencionar que los recurrentes no expusieron y exhibieron los criterios y pruebas necesarias que desvirtúen los razonamientos judiciales que originaron a determinarse las medidas cautelares de la detención preventiva, siendo que en el trámite de cesación a la detención preventiva, quien tiene la carga de la prueba para enervar los riesgos procesales es el imputado; cabe manifestar que, una debida fundamentación y motivación no requiere que sea extensa y ampulosa con un contenido innecesario y agotador para el lector; sino, debe ser clara y comprensible que sostenga de manera razonable la decisión, aspectos que el Auto de Vista confutado cumple.

Por todo ello, se concluye que el Auto de Vista 173/2021, no vulneró el debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación de resoluciones, al explicar de manera suficiente el sustento jurídico y jurisprudencial con relación a los agravios denunciados por los peticionantes de tutela, precisando los elementos de convicción que le permitieron tomar la decisión de confirmar lo determinado en el Auto Interlocutorio 78/2021, adecuando sus razonamientos a lo desplegado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de este fallo constitucional y la atribución legal conferida a su autoridad a través del art. 398 del CPP; correspondiendo que la tutela impetrada sea denegada.

Finalmente, los impetrantes de tutela demandaron la lesión de sus derechos a tutela judicial efectiva y “a la legalidad”; empero, teniéndose establecido que el Auto de Vista 173/2021, se encuentra debidamente fundamentado y motivado, no constituyendo un acto lesivo; consiguientemente, no puede entenderse que lesione los derechos referidos ut supra; que además, únicamente se los mencionó, sin indicar la manera en que estos hubieran sido transgredidos, concerniendo también denegar la tutela sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 5 de noviembre de 2021, cursante de fs. 51 vta. a 54 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Trinidad del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0950_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8aff2a06932b1f6c25e6d787b6cecea4258f8eda73615d9a7cb15781914b70a7

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