Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede la tutela
La accionante denunció como lesionados sus derechos a la vida, a vivir sin violencia hacia la mujer y al niño, niña y adolescente; al debido proceso de la víctima de violencia; toda vez, que el Fiscal de Materia, ni el funcionario policial Investigador de la FELCV asignado al caso efectivizaron el cumplimiento de lo señalado en Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre de Aplicación de Medidas de Protección, con la ejecución de la medida de protección de restitución al inmueble, dilatando la aplicación de la medida de protección señalada en el art. 32 de la Ley 348. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR Resolución 06/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 99 a 102 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° ORDENAR al Fiscal de Materia demandado, que dentro el plazo de las veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional, asuma con la debida diligencia y de forma inmediata el cumplimiento de las medidas de protección de restitución al inmueble dispuestas en favor de Rossmery Torrez Palli y sus hijos menores de edad, sin perjuicio de la proposición de la detención preventiva por incumplimiento a medidas de protección. Observando rigurosamente los establecido por el art. 60 de la CPE, las normas nacionales y del bloque de constitucionalidad relativas a la protección integral y reforzada y el interese superior de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia. 3° ORDENAR al funcionario policial Investigador de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz asignado al presente caso, a cumplir con su deber de diligenciamiento oportuno. 4° NOTIFICAR a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público; para que asuman acciones de responsabilidad que correspondan contra Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia. 5° NOTIFICAR a la Dirección General de Investigación Policial Interna -DIGIPI, para que asuman acciones de responsabilidad que correspondan, contra Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial Investigador de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0948/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62712-2024-126-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 99 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rossmery Tórrez Palli contra Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia; y, Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial e investigador de la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia de la Estación Policial de el Alto del departamento de La Paz (FELCV).
Por memorial presentado el 6 de marzo de 2024, cursante de fs. 73 a 81, la accionante expresó lo siguiente:
El 18 de mayo de 2022, presentó denuncia por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitando medidas de protección contra Dino Reyes Ramírez, concubino y padre de sus dos hijos; señaló que en represalia el denunciado asumió medidas de hecho y el 16 de febrero de 2023, fue expulsada conjuntamente sus hijos del domicilio donde convivían desde la gestión 2010, ubicado en la zona Villa Ingenio Vecinal II, Andrés de Santa Cruz, calle Cecilio Guzmán 1565. Ahora bien, el 17 de octubre de 2023, solicitó a Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia -demandado- se amplié las medidas de protección sobre la restitución al domicilio; el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto del departamento de La Paz, en audiencia de medidas de protección, emitió Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre, de Aplicación de Medidas de Protección, disponiendo la restitución de la víctima al domicilio señalado, otorgando el plazo de veinticuatro horas para que la autoridad fiscal informe el cumplimiento. Asimismo, denunció que presentó varios memoriales, solicitando el cumplimiento de lo dispuesto por el referido Juez de Instrucción Penal, los cuales pese a ser decretados, no fueron atendidos por las autoridades demandadas, ocasionando una inactividad de cinco meses, y hasta la fecha de presentación de la presente acción ni el Fiscal de Materia, ni el funcionario policial Investigador de la FELCN asignado al caso -demandados- cumplen los plazos procesales, mucho menos cumplir la ejecución de la medida de protección dilatando la aplicación de la medida de protección señalada en el art. 32 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia - Ley 348 de 9 de agosto de 2013, que establece que las medidas de protección son de aplicación inmediata, pronta y oportuna; y, que el Fiscal de Materia -demandado- debe cumplir el citado Auto Interlocutorio en el plazo de veinticuatro horas y activar todos los mecanismos legales para interrumpir los hechos de violencia en su contra y sus hijos menores de edad. Señaló que se vulneró el debido proceso y no se aplicó la norma especial de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia - Ley 348 de 9 de agosto de 2013y el bloque de constitucionalidad en lo relativo a la convencionalidad que protegen los derechos de la mujer y del menor a vivir una vida sin violencia, al pertenecer a un grupo vulnerable.
Denunció como lesionados sus derechos a la vida sin violencia hacia la mujer y al niño, niña y adolescente; al debido proceso de la víctima de violencia, citando al efecto los arts. 15.III, 16 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) El cumplimiento del Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre y se le restituya en el plazo de veinticuatro horas a su domicilio; y, b) La calificación de daños y perjuicios, derivados de la actuación de los demandados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de marzo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 96 a 98 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante mediante su abogada, ratificó los fundamentos de la acción tutelar, solicitando se conceda la tutela.
Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia, en audiencia de garantias señaló: 1) El 3 de junio de 2022, se aprobó por el entonces Fiscal de Materia titular las medidas de protección a favor de la víctima Rossmery Torrez Palli -accionante-, siendo que solicitó al Juez de garantías que se pueda otorgar la medida de protección de restitución al hogar donde vivía, a esto se ordenó al investigador del caso que realice la restitución en cumplimiento del Auto Interlocutorio 681/2023, y este mediante informe de 10 de enero de 2024, señaló que el 30 de noviembre de 2023, se constituyó en el domicilio donde tenía que restituirse a la víctima -hoy impetrante de tutela- a objeto de dar cumplimiento al Requerimiento Fiscal, indicó que se procedió a golpear la puerta por más de media hora y no fue abierto por ninguna persona y de esta forma no se dio cumplimiento al referido; asimismo, la víctima -peticionante de tutela- dio a conocer este extremo y el día 9 de febrero se emitió un nuevo Requerimiento Fiscal y se recepcionó el 29 de igual data en oficinas de la FELCV, ordenando al investigador que tiene que cumplir con lo dispuesto en Auto Interlocutorio 681/2023, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; este informó que probablemente ese domicilio sea de una tercera persona y que le habrían vendido al padre del denunciado; en ese sentido le indicó al investigador que si conoce de una tercera persona, se le informe, para hacer conocer dicho impedimento al Juez de la causa, porque no se puede realizar allanamientos a inmuebles de terceras personas, ese es el contexto de lo sucedido y la razón por la cual hasta la fecha no se tuvo resultados efectivos para el cumplimiento de la orden del Juez del referido Juzgado de Instrucción; 2) Consideró que la impetrante de tutela debió acudir primeramente al señalado Juez a objeto de hacer ese reclamo, en concordancia con la SCP 031/2019-S2 del 25 de marzo, donde señala que no corresponde analizar el fondo de la problemática sin que previamente se acuda ante el juez para que ejerza el control jurisdiccional; y, 3) No consideró que se haya violado el derecho a la vida; toda vez, que en el informe social señaló que la accionante habita una vivienda social, que no pone su vida en peligro. Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial Investigador de la FELCV, por informe escrito 01/2024, presentado el 7 de marzo de 2024, cursante de fs. 85 a 87, señaló que: i) El 10 de noviembre del 2023, se le hizo entrega del Memorándum 979/2023 de reasignación de investigador por la Dirección de Secretaría División de Violencia Familiar o Domestica de la FELCV de El Alto del referido departamento; ii) Asumió conocimiento del caso, el 15 de noviembre del 2023 y se constituyó a dependencias del Ministerio Público, a objeto de recoger Auto Interlocutorio 681/2023, emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del citado departamento, referido a que proceda a realizar la restitución de domicilio a Rossmery Torrez Palli -accionante-, ubicado en la Zona Villa Ingenio Vecinal II, Andrés de Santa Cruz, calle Cecilio Guzmán Nº 1565; iii) El 30 de noviembre del 2023, se constituyó conjuntamente el personal de laboratorio y la victima Rossmery Torrez Palli -hoy impetrante de tutela-, al domicilio señalado a efectos de dar cumplimiento al Requerimiento Fiscal; iv) El 11 de enero del 2024, remitió informe sobre el incumplimiento de la restitución del domicilio, indicando los extremos y la negatividad por parte de los propietarios del inmueble; y, v) El 29 de febrero de igual año, por la sección de archivos se remitió nuevamente Requerimiento Fiscal para dar cumplimiento al Auto Interlocutorio 681/2023, pero el investigador se ratificó en informe de 11 de enero del señalado año.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 06/2024 de 07 de marzo, cursante de fs. 99 a 102 vta., denegó la tutela solicitada, sin perjuicio de ello, se conminó a ambos demandados elevar los informes correspondientes y hacer conocer al Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del citado departamento, los motivos que impidieron el cumplimiento del Auto Interlocutorio; con base en los siguientes fundamentos: a) Cursa Auto Interlocutorio 681/2023, emitido por el mencionado Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Cuarto, mediante la cual ordenó se proceda a la restitución de vivienda a la víctima Rossmery Torrez Palli -accionante-, al domicilio ubicado en la Zona Villa Ingenio, Vecinal 2, Andrés de Santa Cruz, Cecilio Guzmán 1565; b) Cursa Informe 01/2024 de 10 de enero de 2024, emitido Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial, Investigador de la FELCV de El Alto, quien refirió que el 30 de noviembre de 2023, se apersonó al domicilio señalado y luego de esperar treinta minutos nadie abrió la puerta y se vio impedido de realizar la restitución de inmueble a la víctima -hoy impetrante de tutela-; también señaló, que la misma admitió que su esposo, habría vendido dicho inmueble a su señor padre, por lo que no pudo ejecutar el Auto Interlocutorio 681/2023; a razón de que dicho inmueble pertenece a una tercera persona; y, c) La parte accionante y el Fiscal de Materia -demandado- debieron dar a conocer este incumplimiento al Juez de la causa, informando que no se ejecutó la resolución de restitución; toda vez que, el bien inmueble habría sido vendido a otra persona y que no se pudo cumplir porque no pertenecería al denunciado y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo (fs. 107 a 113), se dispuso la optimización en la gestión de acciones de libertad; por lo que, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional procedió con el sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre de Aplicación de Medidas de Protección, se dispuso aceptar la solicitud aplicación de medidas de protección, solicitada por Rossmery Torrez Palli -hoy accionante- y ampliándose la restitución al domicilio a la presunta víctima mujer en situación de violencia (fs. 33 a 34 vta.). II.2. Cursa informe de 10 de enero de 2024, emitido por Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial, Investigador de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz; señaló que el 30 de noviembre de 2023 se apersonó al domicilio de la ahora accionante, ubicado en la zona Villa Ingenio Vecinal II, Andrés de Santa Cruz, a objeto de dar cumplimiento con Requerimiento Fiscal, y que no pudo realizar la restitución de domicilio porque no se encontró a nadie; asimismo, informó que la víctima habría referido que el denunciado Dino Reyes Ramírez -esposo-, habría vendido este inmueble a su padre Agustín Mamani Condori (fs. 47 a 48). II.3. Consta Requerimiento Fiscal de 9 de febrero de 2024, ordenando se dé cumplimiento a lo señalado en Auto Interlocutorio 681/2023 de Aplicación de Medidas de Protección, emitido Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia (fs. 36).
La accionante denunció como lesionados sus derechos a la vida, a vivir sin violencia hacia la mujer y al niño, niña y adolescente; al debido proceso de la víctima de violencia; toda vez, que el Fiscal de Materia, ni el funcionario policial Investigador de la FELCV asignado al caso efectivizaron el cumplimiento de lo señalado en Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre de Aplicación de Medidas de Protección, con la ejecución de la medida de protección de restitución al inmueble, dilatando la aplicación de la medida de protección señalada en el art. 32 de la Ley 348. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La descripción a las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas.
Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SC 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas.
En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres.
Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la Sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”
Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en:
i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.
Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:
“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente).
De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos Administrativos, Judiciales e Indígena Originario Campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada Ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:
“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original).
En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los Estándares Internacionales e Internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:
“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo;
y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”.
Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:
“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido).
En ese marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los Estándares Internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.
Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:
“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, éstas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al Bloque de Constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
Sobre este extremo, la antes referida SCP 0479/2024-S4, señala que: “Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En ese marco el art. 60 de la CPE, siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.
(…)
En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño…’”.
Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como:
“…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas” (las negrillas nos corresponden).
(…)
Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra…”
(…)
Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad; aspecto que, se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad. Facultades de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia” (las negrillas nos corresponden).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a vivir sin violencia hacia la mujer y al niño, niña y adolescente; al debido proceso de la víctima de violencia, alegando que Fiscal de Materia de El Alto del departamento de La Paz -demandado- y el funcionario policial, Investigador de la FELCV, asignado al caso de Violencia familiar o domestica Intrafamiliar -hoy demandados-, no supervisó, ni ejecutó el cumplimiento de las medidas de protección de restitución al inmueble, dispuesto mediante Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre de Aplicación de Medidas de Protección. Bajo ese contexto, conforme a lo denunciado a través de este mecanismo de defensa, se tiene que la víctima Rossmery Torrez Palli -hoy impetrante de tutela- presentó denuncia por violencia familiar o domestica contra Dino Reyes Ramírez, concubino y padre de sus dos hijos, señaló que en represalia el denunciado asumió medidas de hecho y el 16 de febrero de 2023, fue expulsada conjuntamente sus dos hijos menores de edad del domicilio donde convivían desde la gestión 2010, ubicado en la zona Villa Ingenio Vecinal II, Andrés de Santa Cruz, calle Cecilio Guzmán 1565. El 17 de octubre de 2023 (fs. 37 a 42 vta.), solicitó al Fiscal de Materia -demandado-, se amplié las medidas de protección y se proceda la restitución al inmueble señalado; el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de medidas de protección, emitió Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre, disponiendo la restitución al domicilio a la presente víctima -hoy accionante- (Conclusión II.1.), otorgando el plazo de veinticuatro horas para que la autoridad fiscal informe el cumplimiento; ahora bien mediante informe de 10 de enero de 2024, Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial Investigador DE LA felcv asignado al caso informó que el 30 de noviembre de 2023, se apersonó al domicilio señalado, con el objeto de dar cumplimiento al Requerimiento Fiscal, pero se vio impedido de realizar la restitución de domicilio porque no se encontró a nadie en el dicho domicilio, informando también que la víctima refirió que su concubino lo habría vendido y ya no sería propietario de dicho inmueble. (Conclusión II.2.) Con esos antecedentes y con carácter previo a ingresar a las problemáticas identificadas; se debe considerar que, si bien el art. 125 de la CPE, establece causales específicas por las cuales se activa la presente acción de libertad, las mismas deben ser interpretadas de forma amplia cuando se trata de casos donde se ve inmiscuida la integridad de los denominados grupos vulnerables, como son: las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad, que por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias; en este caso específico donde las víctimas son menores de edad y pese a que existe -control jurisdiccional- instancia que sería la llamada por ley para proteger y tutelar las garantías que la ley y el ordenamiento comunitario reconoce; empero, este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede evadir su labor de otorgación de tutela constitucional cuando se evidencia que la integridad de un menor de edad se encuentra en riesgo, ante ello, se debe considerar el interés superior del menor de edad; en tal sentido, habiéndose determinado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que es deber de toda autoridad del Estado, emitir sus fallos considerando la situación de vulnerabilidad e interés superior del menor ante toda formalidad y al estar inmiscuidos menores de edad dentro de la presente acción de libertad, corresponde ingresar a analizar el fondo de las problemáticas planteadas teniendo. Antes de ingresar al examen de fondo de las vulneraciones alegadas, es necesario resaltar que, el Juez de Instrucción a cargo del control jurisdiccional de la investigación, no obstante que no fue demandado en la presente acción tutelar, su actuación se desarrolló en márgenes de celeridad; puesto que, el memorial de 4 de marzo de 2024, presentado por la ahora accionante, fue providenciado al día siguiente, disponiendo: "Se conmina al Representante del Ministerio Público y al investigador asignado al caso a dar cumplimiento estricto alta a la Resolución Nº 681/2023 de fecha 13 de noviembre de 2023" (sic), motivo por el cual, no corresponderá realizar mayor análisis de su conducta.
En la presente acción de defensa es necesario hacer alusión a la actuación del Ministerio Público en el proceso penal; ahora bien, el 17 de octubre de 2023, la víctima solicitó a Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia, se amplié las medidas de protección sobre la restitución al domicilio, siendo este el momento en el que el Fiscal demandado debió disponer de forma urgente la medida de restitución y no disponer “estese”, como hizo en el requerimiento de 19 de octubre de 2023, esto en cumplimiento del art. 389 ter del Código de Procedimiento Penal, que señala: “ I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho…”. Luego el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de medidas de protección, emitió Auto Interlocutorio 681/2023 de 13 de noviembre, disponiendo la restitución de la víctima -hoy accionante- al domicilio señalado, otorgando el plazo de veinticuatro horas para que la autoridad fiscal informe el cumplimiento; es así que mediante informe de 10 de enero de 2024, Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial Investigador de la FELCV asignado al caso, informó que no se realizó la restitución de inmueble porque nadie abrió la puerta del domicilio; al respecto, cursa en autos y según señala el propio Fiscal de Materia, el día 9 de febrero de 2024, se emitió un nuevo requerimiento y se recepcionó el 29 de febrero en oficinas de la FELCV, existiendo veinte días de dilación, cuando era su deber actuar inmediatamente y de oficio en la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional; restitución de inmueble que hasta la fecha de la audiencia de la presente acción de libertad no se ha cumplido, por lo que el Fiscal ahora demandado, no asumió acción alguna para asegurar que las medidas de protección hayan sido efectivamente acatadas, inobservando de esa forma el procedimiento para el tratamiento rápido y efectivo de las medidas de protección, más aun tratándose de personas vulnerables como en este caso son la víctima y los menores de edad, generando dilación en el tratamiento del cumplimiento de las medidas de protección de restitución determinadas.
En ese entendido y conforme lo desarrollado precedentemente, la actuación y omisión del Fiscal de Materia –ahora demandado-, resulta en todas sus formas contraria al deber de la diligencia debida, explicada en líneas precedentes, incumpliendo de esta manera con los estándares internaciones y nacionales de respeto y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, aspectos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.
ii) Actuación del funcionario policial Investigador de la FELCV asignado al caso.
En relación a este punto, es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios instrumentos internacionales y la legislación nacional que establecen ese deber de protección que debe ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco, la Policía Boliviana juegan un papel importante a través de su brazo operativo, como son los investigadores asignados al Ministerio Publico, en cuyos casos, deben efectuar el seguimiento, diligenciamiento oportuno, notificación a las partes, toma de declaraciones y presentación de informes pertinentes de sus casos asignados.
Consecuentemente, habiéndose advertido que el funcionario policial Investigador asignado al caso -ahora codemandado-incumplió con su deber de diligenciamiento y presentación de informe oportuno; toda vez que, se evidenció por informe escrito presentado el 11 de enero de 2024, donde señaló que el 30 de noviembre del 2023, se constituyó conjuntamente el personal de laboratorio y la víctima Rossmery Torrez Palli, al domicilio señalado a efectos de dar cumplimiento al Requerimiento Fiscal; no pudiendo ejecutarse el mismo por los motivos descritos; es decir, cuarenta y un días después remitió informe sobre el incumplimiento de la restitución del domicilio, existiendo omisión y responsabilidad funcionaria, siendo su obligación de informar de forma inmediata al Fiscal de Materia, a efectos de asumir las acciones legales que en procedimiento correspondan y en este caso conlleva una falta del deber de protección de derechos de la víctima, del niño, niña y adolescentes víctimas de violencia.
Ahora bien, siendo que en el proceso penal, existen menores de edad que se constituye en víctimas, la autoridad Fiscal demandada, en observancia de la primacía e interés superior de los derechos del menor y su carácter urgente, al momento de asumir conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en su favor, tenía el deber y obligación de verificar su cumplimiento en el marco de lo establecido por el art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 8 de mayo de 2019. En consecuencia tenía el deber de actuar con la debida diligencia y de forma inmediata verificar el incumplimiento de las medidas de protección dispuestas por el Juez de la causa, en el marco del procedimiento de medidas cautelares aplicable por disposición de lo determinado por el art. 389 ter, ultima parte del precitado Código, posibilitando que dichas medidas de protección sean aplicadas y cumplidas de forma oportuna e inmediata, ejerciendo su rol activo y coordinado para proteger a la víctima y a los menores de edad, garantizando medidas urgentes, integrales y supervisadas para asegurar la integridad y bienestar de los niños o adolescentes, durante y después del proceso penal y en virtud a la finalidad principal, cual es proteger el interés superior del menor conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; debiendo concederse la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al no haber concedido la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR Resolución 06/2024 de 7 de marzo, cursante de fs. 99 a 102 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° ORDENAR al Fiscal de Materia demandado, que dentro el plazo de las veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional, asuma con la debida diligencia y de forma inmediata el cumplimiento de las medidas de protección de restitución al inmueble dispuestas en favor de Rossmery Torrez Palli y sus hijos menores de edad, sin perjuicio de la proposición de la detención preventiva por incumplimiento a medidas de protección. Observando rigurosamente los establecido por el art. 60 de la CPE, las normas nacionales y del bloque de constitucionalidad relativas a la protección integral y reforzada y el interese superior de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia. 3° ORDENAR al funcionario policial Investigador de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz asignado al presente caso, a cumplir con su deber de diligenciamiento oportuno. 4° NOTIFICAR a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público; para que asuman acciones de responsabilidad que correspondan contra Lalo Lindomar Fuentes Vidal, Fiscal de Materia. 5° NOTIFICAR a la Dirección General de Investigación Policial Interna -DIGIPI, para que asuman acciones de responsabilidad que correspondan, contra Marco Antonio Ajpe Chino, funcionario policial Investigador de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0948_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): a4f6f741399aa0a2cde2e4488620aec495dfffb7eb7bcdd761b62ef493a931ef
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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