B.IA.LEGAL

SCP 0948/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de octubre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47646-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de sus representantes alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación y de “…no privación de libertad para niño, niña y adolescente…” (sic); puesto que, funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz, la retuvieron por seis días, alejándola de sus progenitores, quienes no tienen conocimiento de su paradero ni su estado físico y emocional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 11 mayo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del citado departamento, en los mismos términos dispuestos por la citada Jueza de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al Alcalde del referido Gobierno Autónomo Municipal; y, el derecho a la dignidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Separación excepcional de la niña, niño o adolescente de su familia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0948/2023-S2 Sucre, 6 de octubre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47646-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhovana Callisaya Rojas y Benito Calle Calle en representación de AA contra Napoleón Félix Yahuasi Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del referido Gobierno Autónomo Municipal.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 12 a 16 vta., la accionante a través de sus representantes, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de mayo de 2022, su madre se apersonó a la Unidad Educativa Evaristo Calle; empero, la profesora de esa institución le indicó que sufrí abuso sexual por parte de su hijo BB y sobrino CC, acusándola que conocía de ese hecho; por lo que, junto a otras educadoras la llevaron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz -demandado-; señalando el personal de esa entidad, que debía ser alejada de su familia. El mismo día llevaron a su madre a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) hasta horas 21:00, quien a la salida consultó sobre su paradero, indicándole que fui enviada con el médico forense; empero, ningún familiar la acompañó en esos actos, contraviniendo lo previsto en el Código Niño, Niña y Adolescente; luego, la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la llevó a una casa hogar de la ciudad de El Alto, impidiéndole tener contacto con sus progenitores, arguyendo que estaban implicados en el caso. El 5 de mayo de 2022, sus padres deambularon buscándola en todos los centros de acogida de las ciudades de El Alto y Nuestra Señora de La Paz, sin tener respuesta y, pese a acudir a la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los funcionarios se mantuvieron en la negativa de darles información; sin embargo, les pidieron ropa; por tal razón, al día siguiente -6 de mayo de 2022-, en horas de la mañana, sus progenitores llevaron lo solicitado y ante la consulta de su paradero, las funcionarias de esa dependencia señalaron que estaba con el médico forense; en horas de la tarde, los aludidos tuvieron que mentir para obtener información de su ubicación actual, encontrándola por la Cancha Calamarca; sin embargo, trabajadores del lugar les manifestaron que estaría muy traumada; por lo que, era mejor evitar cualquier contacto. Los días sábado y domingo -7 y 8 del indicado mes y año-, las oficinas de la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, estaban cerradas, los números de contacto tampoco dieron respuesta a sus padres sobre su actual paradero; por lo que, el 9 de ese mes y año, los prenombrados acudieron ante el Ministerio Público y posteriormente al “…juzgado de instrucción penal cautelar, y al mism[o] juzgado de la niñez y adolescencia…” (sic), sin obtener información sobre nuevos actuados judiciales o el inicio de la investigación penal; en mérito a esa conducta reiterativa de denegatoria de información, restringieron su derecho de libertad de circulación y dignidad; obviando que, por ser menor de edad no debió ser detenida excepto en situaciones gravosas, tampoco fue correcto separarla de sus progenitores, quienes desconocieron su ubicación por más de seis días.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación y de “…no privación de libertad para niño, niña y adolescente…”, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se verifique su existencia física, y que no fue sujeto de vejámenes, tortura, maltrato o revictimización; b) Su libertad inmediata; y, c) Se remitan antecedentes ante la autoridad sumariante a fin de iniciar las acciones administrativas contra los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz, por su actuar negligente y con indicios de responsabilidad por la función pública e incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 39 a 42, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus representantes y abogada ratificó in extenso el contenido de la acción de libertad presentada, y ampliándola manifestó que: 1) Se comunicó con su madre, el “…lunes a horas 18:00 a 19:00…” (sic), desde un teléfono en cabina, pero colgó casi inmediatamente; por lo que, la prenombrada devolvió la llamada y ante tanta insistencia logró comunicarse con los propietarios de una tienda de barrio, quienes le indicaron la dirección; ya en el lugar, le informaron que dos niñas fueron a comprar golosinas e hicieron la llamada pero no tenían dinero y se fueron; aspecto que la alarmó, y mediante escritos solicitó a los demandados mayor información sobre su ubicación; empero, no obtuvo respuesta; 2) El principio de subsidiariedad se abstrae considerando que la problemática planteada versa en el derecho a la vida de una menor de edad, quien por su vulnerabilidad merece protección especial; 3) Sus padres se apersonaron ante el Ministerio Público para conocer el estado del proceso, y pedir copias del mismo; no obstante, al presente no les notificaron con ninguna citación; y, 4) Los arts. 53, 55, 187 y 211 del Código Niño, Niña y Adolescente, establece que el acogimiento es una medida excepcional y provisional efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad, que debe ser dispuesto por autoridad judicial competente mediante resolución fundamentada; además, los centros de acogida deberán poner en conocimiento del Juzgado en veinticuatro horas, aspecto que en su caso no se cumplió.

I.2.2. Informe de los demandados

Napoleón Félix Yahuasi Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, a través de su abogado en audiencia de garantías señaló que los arts. 187 y 211 del Código del Niño, Niña y Adolescente, son normas abrogadas, estando en vigencia la Ley 548 de 17 de julio de 2014. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 del referido Gobierno Autónomo Municipal, a través de su representante en audiencia de garantías sostuvo que: i) El caso en cuestión ingresó a esa dependencia, a denuncia de la profesora de la Unidad Educativa Evaristo Valle “A”, quien indicó que la accionante le pidió permiso para ir al baño; empero, transcurrido el tiempo fue a buscarla y la encontró exaltada, llorosa y queriendo lanzarse del segundo piso, contándole que no aguanta más; ya que, sufría agresiones fuertes en sus partes íntimas por la violación de su hermano de catorce años, así como de su primo, situación que era de conocimiento de su madre, pero si se quejaba “…le rompería la boca…” (sic); por ello, se realizó la evaluación psicológica, concluyendo que la impetrante de tutela era víctima de violencia sexual y su madre no la escuchaba, solo le reñía; ii) Se presentó la denuncia respectiva ante la FELCV y también se puso a conocimiento de la autoridad judicial competente toda la prueba pertinente, no siendo cierto que no se les dio la información a los progenitores de la peticionante de tutela, incluso su padre se hizo presente en la citada Defensoría, a quien se le informó la situación de la prenombrada y también la madre admitió que sabía del hecho, esta última ya no se apersonó a sus oficinas; iii) Al progenitor se le solicitó información de la familia ampliada, quien indicó que hablaría con sus familiares y les daría una respuesta; empero, “hasta la fecha” no les dio ese dato; por tal motivo, como ente dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, hizo conocer sobre el acogimiento de la aludida; iv) El padre visitó a la accionante en el centro de acogida, indicando que era su cumpleaños; asimismo, tuvo una entrevista con la psicóloga de ese centro, quien le informó sobre la situación de la mencionada; y, v) Actuaron conforme a sus atribuciones previstas en los arts. 53, 155 y 193.c y d, de la Ley 548; por lo que, se ratificaron en las pruebas presentadas, entre las que están la valoración psicológica, ficha de coordinación con el hogar, informes social, de la profesora y de la Fundación Esperanza Vida del municipio de Viacha; así como, el certificado médico forense de la menor, solicitando se deniegue la tutela pedida.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 11 mayo, cursante de fs. 43 a 45 vta., concedió la tutela impetrada en cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha Distritos 1, 2 y 3, sin responsabilidad por no estar identificados los autores, disponiendo medidas de protección conforme el art. 17 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), consistentes en: a) Se arrime una copia legalizada de la Resolución 01/2022 al proceso de Acogimiento Circunstancial para fines consiguientes; b) Ofíciese a la Instancia Técnica Departamental para que tome conocimiento y se apersone a fines de precautelar el interés superior de la menor en las causas aperturadas en la instancia correspondiente en los que se precautele los derechos y garantías de la prenombrada; c) Los responsables de la citada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, deberán hacer llegar un informe mensual del caso en el proceso que dispuso el acogimiento circunstancial, bajo responsabilidad penal en caso en incumplimiento; y, d) Cúmplase la Resolución 30/2022 de Acogimiento Circunstancial, por todos los sujetos procesales; y, denegó la tutela respecto a Napoleón Félix Yahuasi Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, con base en los siguientes fundamentos: 1) En lo que concierne al Alcalde demandado, los impetrantes de tutela no agotaron la instancia administrativa, ni presentaron alguna nota a fin que se informe sobre las omisiones en las que pudo incurrir personal dependiente del Gobierno Autónomo Municipal que dirige; 2) Sobre el sujeto pasivo indeterminado que recayó en la citada Defensoría; si bien, no se identificó a ningún funcionario, corresponde flexibilizar la legitimación pasiva modulada por la jurisprudencia constitucional, considerando que el problema jurídico versa sobre una menor de edad, evocando la aplicación del interés superior del niño, cuyo derechos gozan del principio de informalidad; 3) Conforme los antecedentes expuestos, se concluyó que hubo incumplimiento de lo estipulado en el art. 54 de la Ley 548, por parte de la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, al no haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial, el acogimiento circunstancial de la menor en el plazo de veinticuatro horas de conocido el hecho o de haberse efectuado el rescate de la Unidad Educativa Evaristo Valle “A”, dejando transcurrir cinco días, después de su traslado a la Fundación Esperanza de Vida, vulnerando el derecho a la libertad de la prenombrada, al haber sido alejada de la guarda de sus padres; así también entendió la SCP 0057/2018-S2 de 15 de marzo; y, 4) Por otra parte, está sustanciándose una causa penal contra su hermano BB por la presunta comisión del delito de abuso sexual de AA; por ese motivo, en el marco de lo establecido en el art. 60 de la CPE, tomando en cuenta que dentro del hogar que pretenden la restitución de la menor, está el hermano como presunto autor del delito; determinar la libertad de la aludida, implicaría omitir la prueba, dando lugar a una posible revictimización.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota de 4 de mayo de 2022, presentada por María Luisa Villegas, maestra de la Unidad Educativa Evaristo Valle “A”, a los responsables de Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha - Distrito 1, 2 y 3, hizo conocer lo ocurrido con su alumna AA (fs. 28). II.2. Cursa Ficha de Coordinación DNA - SLIM 83/22 de 4 de mayo de 2022, solicitando acogimiento de la menor AA, hasta que se determine su situación (fs. 27). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 30/2022 de 11 de mayo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, dispuso que el Equipo Profesional de la Fundación de Acogida y el Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del citado departamento, en coordinación con la instancia técnica departamental de política social, dentro del término de treinta días de ingreso de las menores a la familia nuclear y ampliada, a fin de una posible reinserción y colocación de “las menores” con su familia biológica, su transferencia y/o colocación en familia sustituta, bajo las modalidades establecidas por ley; y, conminar a la referida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, formalice la “demanda” correspondiente (fs. 35 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de sus representantes alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, libertad personal y de circulación y de “…no privación de libertad para niño, niña y adolescente…” (sic); puesto que, funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz, la retuvieron por seis días, alejándola de sus progenitores, quienes no tienen conocimiento de su paradero ni su estado físico y emocional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Separación excepcional de la niña, niño o adolescente de su familia

Al respecto, la SCP 0363/2019-S3 de 29 de julio, sostuvo que: «Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño, remarca la importancia de las familias como un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes también regula los casos en los que de manera excepcional puede existir la separación de los padres y madres, en ese contexto en su art. 9 señala: “Sobre la separación de los padres y madres 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.

La Convención sobre los Derechos del Niño, establece los parámetros de protección en casos de niños privados de medio familiar y en su art. 20 regula que: “Protección de los niños privados de su medio familiar 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”.

Con relación al apartamiento de la familia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, haciendo referencia a que esta separación sólo puede ser justificada por el interés superior del niño, señaló: “73. Cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño. Al respecto, la Directriz 14 de Riad ha establecido que [c]uando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el ‘desplazamiento’ de un lugar a otro. (…) 75. Esta Corte destaca los travaux préparatoires de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ponderaron la necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su núcleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal, y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias. En el mismo sentido se pronuncian las Reglas de Beijing (17, 18 y 46). (…) 77. En conclusión, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal”.

En esa misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, puntualizó que las separaciones de los niños del seno familiar sólo podrán se justificadas en el interés superior del niño. “125. Por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el art. 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales. En el mismo sentido: Asunto L.M. respecto Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de julio de 2011, párr. 14”.

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas el 2005, recomendó la creación de estándares internacionales para la protección de los niños sin cuidado parental. En respuesta a esta recomendación, se inició la construcción de las Directrices Sobre las Modalidades Alternativas del cuidado de los Niños, aprobado por la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas (ONU) de 18 de diciembre de 2009, que si bien no es un instrumento vinculante tienen un impacto potencial; toda vez que, sus principios fueron aprobados por las Naciones Unidas lo hace en si relevante y permite que funcione como un referente fundamental para promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; en ese marco, estas Directrices con relación al acogimiento de las niñas niños y adolescentes en centros de acogida para su cuidado y protección ha señalado algunos principios básicos para que se asuma esta medida como el principio de necesidad.- Tiene dos puntos de acción: 1) Implica prevenir situaciones y condiciones que puedan desembocar en las modalidades alternativas de cuidado que no sea el seno familiar; y, 2) Garantizar que los niños ingresen únicamente al sistema de modalidades alternativas de cuidado si todos los medios posibles para mantenerlos con sus padres o su familia ampliada ha sido examinado. Considerando que la modalidad de esta medida debe ser evaluada periódica y constantemente; el principio de idoneidad.- Si se determina que un niño efectivamente requiere de una modalidad alternativa de cuidado, esta debe ser proveída en una forma adecuada. Esto significa que todos los entornos de cuidado deben cumplir con estándares mínimos generales y el entorno de cuidado corresponda a cada niño involucrado en particular.

Las directrices tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre Derecho de los Niños y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativos a la protección y bienestar de los niños privados del cuidado parental.

En ese marco normativo, como ya se señaló en los Fundamentos Jurídicos precedentes el Estado Boliviano ha inscrito en el art. 60 de la CPE que es deber del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, siendo esta su principal función; por su parte, el art. 59 del mismo cuerpo normativo, prevee que: “II. Toda, niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley”.

Preceptos normativos que se encuentran ampliamente desarrollados en el art. 53 del CNNA, en la sección de acogimiento circunstancial, señaló que: “El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados”.

Precepto normativo, que guarda concordancia con el art. 54 del mismo cuerpo normativo: “I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, dentro las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho (…) III. Esta medida será evaluada permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad”.

Si bien en el momento que se constituyó el acto lesivo que es objeto de análisis por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aún no se encontraba en vigencia la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes” es importante señalar que la misma hizo modificaciones con relación al art. 54 del CNNA, señalando que: “…La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. (…) Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. (…) La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. IV. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño.

Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. V. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad”.

Al respecto el art. 55 del CNNA, sobre la derivación a una entidad de acogimiento, expone: “I. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente Sección”.

Con relación a los centros de acogida el art. 174 del indicado Código, señala: “I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. II. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes”.

Precepto normativo que guarda concordancia con lo previsto en el art. 188 del CNNA, sobre las atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, concordante con el art. 55 del DS 2377, establece que: “(Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial por autoridades comunitarias). Las autoridades comunitarias que tomen conocimiento del acogimiento circunstancial de la niña, niño y adolescente deberán informar a la autoridad jurisdiccional o administrativa más cercana dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de conocido el acogimiento circunstancial”.

Como se puede advertir el Código Niña, Niño y Adolescente regula los casos y el procedimiento a seguir en las situaciones de acogimiento circunstancial el mismo debe ser transitorio y de manera excepcional debiendo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, comunicar dentro las setenta y dos horas a la jueza o juez público en materia de la niñez y adolescencia más cercano, toda vez que este acogimiento no debe durar mucho tiempo y debe contar con un acompañamiento psico-social» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De la lectura del memorial de acción de libertad, se deduce que el reclamo de la impetrante de tutela a través de sus representantes, giraron en torno a cuestionar la conducta de los funcionarios de Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz -demandados-, quienes retuvieron a la prenombrada por seis días, alejándola de sus progenitores quienes no tenían conocimiento de su paradero ni su estado físico y emocional. En ese sentido, de la relación de antecedentes se tiene que, por Nota de 4 de mayo de 2022, presentada a los responsables de la citada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, María Luisa Villegas, maestra de la Unidad Educativa Evaristo Valle “A” hizo conocer que, en el curso quinto “E” de primaria, estaba evaluando a sus estudiantes, cuando AA le pidió permiso para ir al baño y no retornó transcurriendo un lapso de cincuenta minutos; por lo que, fue a buscarla, encontrándola exaltada, quien tenía la intención de lanzarse del segundo piso, contándole llorosa que sufre de violencia sexual por parte de su hermano BB y su primo CC; aspecto que puso en conocimiento de la Dirección de ese Centro Educativo, y a la comisión disciplinaria, instruyendo que se haga conocer a dicha Defensoría, acudiendo al lugar con la menor, a quien le realizaron un estudio psicológico, e indicaron que la niña no regresará a su casa hasta que se aclare su caso, lo ocurrido se le informó a la madre quien en dicha entidad, aceptó la veracidad de algunas preguntas que le hicieron (Conclusión II.1). Asimismo, se tiene la Ficha de Coordinación DNA - SLIM 83/22 de 4 de mayo de 2022, del cual se advierte que la aludida Defensoría de la Niñez y Adolescencia, solicitó albergue a “FEVI” para la menor AA hasta que resuelva su situación (Conclusión II.2). Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 30/2022 de 11 de mayo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, dispuso que el Equipo Profesional de la Fundación de Acogida y el Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 dependiente del citado Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con la instancia técnica departamental de política social, dentro del término de treinta días de ingreso de “las menores” a la familia nuclear y ampliada, a fin de una posible reinserción y colocación con su familia biológica, su transferencia y/o colocación en familia sustituta, bajo las modalidades establecidas por ley; y, conminando a la referida Defensoría que formalice la “demanda” correspondiente (Conclusión II.3). Ahora bien, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se ha desarrollado el marco normativo del bloque de constitucionalidad, sobre los derechos de los menores de edad, cuando se pretenda la separación de sus progenitores, atendiendo los principios de necesidad e idoneidad, lo anterior se encuentra en armonía con los arts. 59 y 60 de la CPE. Dentro la legislación interna, los arts. 53, 54, 55 y 174 del Código Niño, Niña y Adolescente, regulan sobre el acogimiento circunstancial, estableciendo el procedimiento y plazos para ese fin, disposiciones normativas que son de cumplimiento obligatorio y que alcanzan a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, así como a las y los Jueces Públicos en Materia de Niñez y Adolescencia. En virtud a lo expuesto precedentemente, en el caso concreto, es pertinente aplicar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, conforme la relación de antecedentes que cursan en el expediente constitucional, concluyendo que hubo inobservancia de las normas descritas en el acápite ut supra, por parte de la mencionada Defensoría de la Niñez y Adolescencia, evidenciando que, el 4 de mayo de 2022, recibieron a la accionante, hecho refrendado con el informe de la profesora y la Ficha de Coordinación (Conclusión II.2); empero, el 10 de ese mes y año, la entidad demandada recién puso a conocimiento de la autoridad judicial competente quien dictó el Auto Interlocutorio 30/2022, dejando transcurrir más de las setenta y dos horas contempladas en el art. 54.II de la Ley 548. En efecto, esa demora en la que incurrieron funcionarias de la institución demandada, refleja el incumplimiento de la citada disposición normativa que generó la lesión del derecho a la libertad de la impetrante de tutela, entendiendo que el acogimiento circunstancial per se es una medida que no se considera privación de libertad, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos para su aplicación; por tal motivo, siendo deber de este Tribunal como parte del Estado e integrante del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los menores de edad y su vigencia plena, a efectos de observar la prioridad del interés de la niña, niño y adolescente, corresponde conceder la tutela, bajo los mismos términos que dispuso la Jueza de garantías a través de la Resolución 01/2022. En cuanto al derecho a la dignidad, de obrados no se advierte que el mismo hubiese sido vulnerado por los demandados; por tal razón, se deniega la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 11 mayo, cursante de fs. 43 a 45 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distritos 1, 2 y 3 del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del citado departamento, en los mismos términos dispuestos por la citada Jueza de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela respecto al Alcalde del referido Gobierno Autónomo Municipal; y, el derecho a la dignidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0948_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 630c8f3020734acdd49fc17e92bd59ba63193f880d76dfb187da8806021ea09f

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