Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Concede la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, taxatividad y congruencia, al trabajo, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP a través de Memorándum 050/2020 le removió de sus funciones como Responsable de Operaciones al cargo de apoyo profesional a la oficina descentralizada de la “Av. 20 de octubre”, sin tomar en cuenta que era madre progenitora y además sin indicar la unidad de la cual dependería y sin especificarle su nuevas funciones y más aún sin haberle otorgado mobiliario correspondiente, sino simplemente una silla; 1.a) Habiendo denunciado ese extremo ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que ordenó que el SEGIP elabore informe sobre las motivos de su cambio de funciones; Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP, le instauró Proceso Interno de Sumario Administrativo 04/2020 de 29 de enero, en el que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de sus funciones como responsable de operaciones por el término de cuarenta y cinco días, ello a fin de justificar ese cambio irregular ante dichas instancias; 1.b) Habiendo sido absuelta de este primer proceso por Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 de 21 de febrero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 181/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 861 a 868, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/011/2020 dictada por el Director General Ejecutivo a.i. del Servicio General de Identificación Personal que resuelve el recurso jerárquico; y, la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 emitida por la Autoridad Sumariante que resuelve el recurso de revocatoria y la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 emitida por la misma Autoridad Sumariante, debiendo emitirse una nueva resolución que resuelva el proceso interno administrativo seguido en contra de la accionante, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0947/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 39408-2021-79-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 181/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 861 a 868, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Luz Quezada Hernández contra Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. y Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna, ambos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
Por memoriales presentados 18 de septiembre y 8 de octubre, ambos de 2020, cursantes de fs. 143 a 161; y, de fs. 164 a 171., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
En su condición de licenciada en Comunicación Social, el año 2017 fue invitada a trabajar en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como Secretaria de la Dirección Nacional de Operaciones, siendo promovida en diferentes cargos hasta ser designada como Responsable de Operaciones en la gestión “2019”. El 13 de enero de 2020 concluyó su baja médica por maternidad, incorporándose a su fuente laboral; sin embargo, el 21 del citado mes y año fue notificada con el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020 de 15 de enero, mediante el cual el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP le hizo conocer que fue removida de su cargo de Responsable de Operaciones, debiendo cumplir sus nuevas funciones como Profesional de Apoyo en la oficina descentralizada de la “Av. 20 de Octubre” sin determinar la Unidad de la cual dependería y especificar sus funciones, situación que vulneró su derecho a la inamovilidad laboral; además de sufrir discriminación por su condición de mujer y madre soltera; y, acoso laboral al no contar con un lugar de trabajo, la falta de provisión de materiales de escritorio, dejándole en incertidumbre en su condición de funcionaria; ante ese Memorándum presentó una Nota Interna SEGIP/DDLP/OP/003/2020 de 21 de enero y al no recibir respuesta y a efectos de reclamar sus derechos dirigió misivas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que, la Defensoría admitió su caso e hizo una inspección en su fuente de trabajo, solicitando a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del SEGIP emita informe sobre su situación laboral y los motivos de su cambio de funciones. En esas circunstancias, se le instauró Proceso Interno Sumario Administrativo 04/2020 de 29 de enero, mediante el cual la Autoridad Sumariante Interna del SEGIP determinó como medida precautoria el cambio temporal de sus funciones por cuarenta y cinco días; determinación que sirvió para justificar el cambio de su cargo ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo; sin embargo, pese a que fue absuelta no retornó a sus funciones como Responsable de Operaciones; en tal sentido, reclamó y solicitó la regularización de su situación laboral, sin merecer respuesta; mas al contrario, por Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo 11/2020 de 3 de marzo, se determinó el inicio de proceso sumario en su condición de servidora pública por asumir funciones sin cumplir los requisitos exigidos para el cargo; por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas y por contravenir normativas internas del SEGIP, incurriendo en faltas graves; en tal sentido, la Autoridad Sumariante Interno emitió la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020 de 29 de junio, sin realizar una adecuada valoración de las pruebas de descargo, como el certificado de evaluación de desempeño, sin compulsar la pruebas de cargo y descargo, vulnerando el principio de congruencia y valoración probatoria, incorporando de forma irregular pruebas como el Informe de 3 de marzo de 2020, emitido por la Supervisora de Recurso Humanos (RR.HH.), el mismo que no fue solicitado por ninguna de las partes procesales, ni por la Autoridad Sumariante; asimismo, en anexos del citado informe, se adjuntó en fotocopia simple el Programa Operativo Anual Individual (POAI) del Responsable de Operaciones, el cual se encuentra una firma que no es la suya y tampoco lleva su sello como responsable; asimismo, la autoridad demandada determinó que el “2017” ingresó de manera irregular a la institución en el cargo de Secretaria sin cumplir el requisito de un curso de secretariado ejecutivo, sin considerar que contaba con título de licenciatura en comunicación social; y, desde esa fecha ya hubiese prescrito cualquier sanción; por lo que, no corresponde sancionarle por ese extremo. En tal sentido, la referida Resolución de la Autoridad Sumariante vulneró el derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, taxatividad y tipicidad, al determinar la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, omitiendo la autoridad demandada subsumir la supuesta conducta con la normativa infringida; puesto que, la infracción corresponde al capítulo de obligaciones, las cuales no se adecúan a los hechos denunciados, vulnerando el debido proceso y aplicando de forma errónea el derecho a efecto de forzar una infracción que no se encuentra reglada por el Reglamento Interno, siendo que su designación y las declaratorias en comisión fueron promovidas por sus superiores y no así por ella. Respecto a la sanción, la Autoridad Sumariante señaló que las contravenciones incurren en faltas graves descrita en el art. 42 del Reglamento Interno de Personal; en tal sentido, correspondía la amonestación escrita y no así la destitución, situación que vulneró la legalidad y la taxatividad; en tal sentido, interpuso recurso de revocatoria, en cual protesto la falta de valoración probatoria y el derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad y taxatividad; el cual fue resuelto por la Resolución 03/2020 de 8 de julio, ratificando la resolución impugnada, sin considerar los agravios manifestados. Ante dicha resolución, planteó recurso jerárquico denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso, en su vertiente de legalidad y taxatividad, la falta de tipicidad, motivación probatoria, seguridad jurídica y su derecho a la inamovilidad laboral, en razón de su hijo lactante y derecho a la estabilidad laboral; el cual fue resuelto por Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/011/2020 de 20 de julio, la cual confirmó la Resolución del Recurso de Revocatoria y por consiguiente el proceso sumario; en consecuencia, procedieron a emitir el Memorándum de desvinculación, enviando a cuatro funcionarios para realizar la diligencia; empero, al no dar con su domicilio, la funcionaria de RR.HH. le notificó por correo electrónico y WhatsApp señalando que se constituya a la Dirección Nacional de SEGIP a efectos de recoger su memorándum; no obstante, que en su memorial del recurso jerárquico hizo referencia a la SCP 0825/2017-S2 de 14 de agosto; la cual, estableció la postergación de la sanción hasta que el hijo menor cumpla el año de nacido, con el objetivo de precautelar los derechos y garantías del menor; ante esa jurisprudencia y en resguardo del interés superior de su hijo, correspondía que el Director General Ejecutivo a.i. demandado, suspendiera la sanción; lo cual, no fue observado por la autoridad teniendo el derecho a recurrir a la vía ordinaria.
La impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, legalidad y taxatividad, al trabajo, estabilidad e inamovilidad laboral, fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 128 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se “anule LA RESOLUCIÓN FINAL ADMINSITRATIVA SUMARIANTE N°06/2020 de fecha 29 de junio del presente año, emitido por la AUTORIDAD SUMARIANTE DEL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” (sic); se disponga su inmediata reincorporación al cargo que ocupó hasta el 27 de julio de 2020, con el mismo sueldo; así como el pago de sueldos devengados desde su ilegal destitución hasta su reincorporación; y, el pago de daños y perjuicios.
La audiencia (virtual), se realizó el 7 de diciembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 852 a 860., se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó inextenso los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: a) Presentaron esta acción en contra de la Resolución de la Autoridad Sumariante, por vulnerar el debido proceso en sus elementos de taxatividad, legalidad, congruencia y valoración de la prueba y una persona debe ser juzgada de acuerdo a la ley, debiendo existir un nexo causal entre la denuncia, las pretensiones y la sanción; y, b) Fue despedida el 25 de julio de 2020, cuando su hijo tenía diez meses, situación que era de conocimiento de las autoridades demandadas, quienes debieron postergar la sanción hasta que el menor cumpla un año, conforme a la jurisprudencia constitucional establecidas en diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, entre ellas, la 0367/2019-S4 y 0652/2019-S3; tampoco se le manifestó si seguirá gozando de su seguro de salud y de los subsidios; en tal sentido, solicitó se anule la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 de 29 de junio, se le cancele sus sueldos devengados de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020; toda vez que, fue notificada de manera ilegal.
Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP a través de su apoderada legal r señaló lo siguiente: 1) La solicitante de tutela no fue remitida a la sumariante disciplinaria por no haber asistido a su fuente laboral durante cuatro días, sino porque no cumplía con los requisitos que exige el cargo y como Estado no se puede pagar sueldos a quienes no tienen la competencia profesional; 2) En el proceso no presentó pruebas de descargo para demostrar si cumplía con el perfil, tampoco en la etapa jerárquica; por lo que, fue sancionada con destitución del cargo; y, 3) Con relación al diferimiento de la sanción, este no correspondía; toda vez que, debían restituirla al cargo para el cual no contaba con el perfil exigido; es decir, sin competencia y viciando de nulidad todos sus actos. Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP refirió que: i) La accionante confunde los hechos generadores de la violación a los derechos constitucionales de los que pide la tutela; puesto que, describió la incoación de al menos tres procesos, ocasionando confusión; toda vez que, hubieron en realidad cinco denuncias en contra de la servidora pública para inicio de proceso administrativo; sin embargo, dos de ellas salieron con existencia de responsabilidad administrativa, una de ellas inexistencia de responsabilidad administrativa y en las otras dos se desestimó el inicio de proceso sumario; ii) La impetrante de tutela en su momento presentó su reclamo o su recurso ante Ministerio de Trabajo por el tema de su inamovilidad; sin embargo, esa instancia luego de la compulsa, el 24 de septiembre de 2020, rechazó la solicitud de reincorporación por inamovilidad y la peticionante de tutela no presentó otro recurso; por lo que, el tema de la subsidiariedad en esta instancia no se cumplió; iii) La solicitante de tutela fue procesada en sumario interno en su condición de servidora pública provisoria; por otro lado, expuso el hecho de los cuatro días que ella no había estado en la institución y por esos cuatro días se le impuso una sanción de destitución, aspecto incongruente con el reglamento interno de personal del SEGIP; iv) Respecto a la sanción que ella indica que debió ser una llamada de atención escrita, se debe tomar en cuenta que este proceso no fue únicamente por la inasistencia de cuatro días a la institución, sino también por otros hechos que pudieron ser demostrados durante el proceso sumario; y, v) Respecto a la incorporación de la funcionaria sin cumplir los requisitos específicos para el cargo que asumió a su momento de ingreso a la institución, así como los diferentes cargos a los que ascendió, se evidencian varios aspectos que fueron tomados en cuenta como causales agravantes para imponer la sanción, conforme a la Ley 1178 y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública Decreto Supremo (DS) 23318-A -de 3 de noviembre de 1992-, habiéndose asumido no sólo la destitución, sino también se sugirió se inicie proceso civil y penal que están en curso, ante indicios de responsabilidad civil porque se erogaron gastos de sueldos a personas que no cumplen el perfil y con los requisitos del cargo.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 181/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 861 a 868, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM//011/2020 de 20 de julio, solo en relación a la accionante, debiendo emitir una nueva Resolución, respetando el principio de congruencia; denegó con relación a la inamovilidad funcionaria, en razón que la destitución devino de un proceso administrativo; y, con relación a los derechos colaterales de un menor, el SEGIP debe cumplir con el subsidio prenatal y posnatal; así como el restablecimiento de derechos de salud hasta que cumpla el año el menor; además, sin costas ni costos; con los siguientes fundamentos: a) Todo el proceso administrativo deviene del análisis de la primera Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020, la cual se dio en sujeción a los arts. 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y art. 49 del Reglamento Interno del Personal del SEGIP, estableciendo una sanción de destitución, al efecto en la primera Resolución no se justificó la legalidad y la coherencia y no justificaron la incorporación del art. 49 del referido reglamento, advirtiendo una incongruencia; b) Establecieron que la competencia de la Sala Constitucional se encuentra restringido de revisar la primera resolución; por lo que, analizó el último acto como es la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM// 011/2020 de 20 de julio, en su explicación no encontraron una justificación del porqué debió ratificarse la resolución de recurso de revocatoria, es más justificó que tratándose de una funcionaría provisoria y encontrándose la sanción de despido respaldada en disposiciones técnicas y legales en cuyo escenario cabe incidir en el hecho de que las facultades conferidas a estas autoridades para proceder a la reincorporación inamovilidad y retiro de cualquier funcionario provienen de procedimientos específicos; es decir, ni siquiera evoca con claridad cuál es la normativa que fue aplicada, que en todo caso la sancionada no tenga queja u observación y sepa en qué conductas incurrió y la norma que transgredió, y no de forma genérica, confusa y ambigua evocar toda la normativa al mismo tiempo, como si todos tuviesen una misma jerarquía, esto deviene de principios, de las escuelas de derecho, cuando el positivismo y nuestro sistema nos lleva a un sistema de jerarquía normativa que debe ser respetada y en todo caso debe generarse a través de resoluciones claras donde los hechos se subsumen en el derecho donde de forma clara el Estado, a través de este poder sancionatorio establezca que es lo que ha transgredido la persona y esa persona también de forma consciente, clara, razonada, acepte o pueda entender cuáles fueron las razones y cuáles han sido las normas que habría infringido, estableciéndose en el presente caso que esta falta de congruencia interna, esta falta de congruencia externa, inclusive no se encuentra clara la relación entre lo planteado; es decir, la pretensión inicial entre lo pedido y entre los resuelto, carece de congruencia, debiendo restablecerse sus derechos fundamentales a partir de la última resolución emitida por la MAE del SEGIP señalado en relación al procedimiento administrativo; y, c) Sobre los derechos fundamentales de un niño menor, corresponde dar sus efectos de protección a la madre o padre progenitor, y conforme al Decreto Supremo (DS) 12 de 19 de febrero del 2009 en sus arts. 1 y 2 los padres o madres progenitoras del sector público o privado no pueden ser despedidos ni afectarse su nivel salarial, ni su ubicación ni puesto de trabajo hasta que el hijo cumpla un año de edad, como el derecho a una fuente laboral estable y el deber del Estado es garantizar la prioridad del interés superior del niño que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, si bien en el caso se dio la destitución, la impetrante de tutela solicitó diferimiento de la sanción y deviniendo la destitución de un proceso administrativo; no se puede disponer su reincorporación; empero, no se puede dejar de lado la protección inmediata de los derechos fundamentales de un menor, como la seguridad social y en mérito a estos razonamientos de forma unánime se estableció la concesión de manera parcial respecto a la asistencia familiar relativo a los subsidios de prenatal y postnatal.
Por decreto constitucional de 25 de abril de 2022, cursante a fs. 875, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 21 de agosto de 2023, cursante a fs. 906.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente: II.1. Por Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020 de 15 de enero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP comunicó a Patricia Luz Quezada Hernández -ahora peticionante de tutela-que: “… con el fin de garantizar la continuidad del trabajo de la Oficina Nacional, su persona desempeñara funciones como Apoyo Profesional en la oficina de la “Av. 20 de octubre” desde 16 de Enero 2020 hasta nuevo aviso, manteniendo su ítem y nivel salarial” (sic [fs. 3]).
II.2. Mediante Nota Interna SEGIP/DDLP/003/2020 de 20 de enero, la ahora solicitante de tutela se dirigió al Director General Ejecutivo del SEGIP, representando el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020, señalando que tenía un hijo de un mes y medio de nacido; por lo que, acomodó sus horarios con la persona que le colaboraría con el cuidado de su hijo y el cambio le generaría perjuicio en el ejercicio de sus derechos por la inamovilidad laboral no puede ser ubicada en otro puesto de trabajo. (fs. 5 a 6). II.3. Por Nota de 30 de enero de 2020, el Director Nacional Jurídico del SEGIP dio respuesta a la ahora accionante; por lo que, le asignaron las funciones de apoyo profesional en la Unidad Nacional de Extranjería, manteniendo su ítem y nivel salarial de Responsable de Operaciones, al considerar que le estaría vulnerando su derecho a la inamovilidad laboral; asimismo, le comunicó que:
“…mediante Informe Proceso Interno (…) la Autoridad Sumariante, ha comunicado a la Dirección Administrativa Financiera, que adoptó la medida precautoria de cambio temporal de funciones a su persona, por un tiempo de 45 días y que la Resolución de Apertura de proceso sumario, fue comunicada a su persona en fecha 29/01/2020” (sic [fs. 9]).
II.4. Cursa Nota con CITE: MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-CPC-0118-CAR/20 de 18 de marzo de 2020, suscrita por Omar Sadad Guillen, Director General del Servicio Civil-Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante el cual se dirige a la impetrante de tutela en respuesta de su nota de 24 de enero de 2020 en la que solicitó se “HAGA PREVALECER MIS DERECHOS DE INAMOVILIDAD LABORAL, en mi fuente de trabajo…” (sic), respondiendo la referida autoridad que la medida fue adoptada en el marco del inicio de un proceso administrativo interno; puesto que, la Cartera de Estado no puede atender la solicitud (fs. 11 a 12). II.5. Se advierte Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo 11/2020 de 3 de marzo, emitido por Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP, mediante el cual señaló:
“PRIMERO: Iniciar Proceso Sumario Interno en contra de PATRICIA LUZ QUEZADA HERNÁNDEZ, por presuntamente, en su condición de servidora pública, asumir funciones sin cumplir todos los requisitos exigidos para el cargo; por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo lo previsto en el Artículo 3 parágrafo I del D.S. N° 23318-A; Artículos 9 incisos a), d), e), f) y q); Artículo 10 incisos, d), m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/N° 509/2018 de fecha 7 de agosto de 2018 e incurriendo en faltas graves descritas en el Artículo 42 incisos c), h), j) y Art. 45 incs. inc. h), i), o), v), y x); del citado Reglamento que determina las causales para el inicio de proceso administrativo interno” (sic [fs. 43 a 45]).
de junio, la Autoridad Sumariante demandada resolvió:
“PRIMERO: DETERMINAR la existencia de Responsabilidad Administrativa en contra de la Servidora Pública: PATRICIA LUZ QUEZADA HERNÁNDEZ, Responsable de Operaciones de la Dirección Departamental de La Paz al haberse demostrado que: Desde su ingreso a la Institución, no cumplió con el perfil profesional requerido para los cargos de Secretaria, Supervisor de Operaciones y Responsable de Operaciones, incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas incurriendo en incumplimiento del Artículo 3 parágrafo I del D.S. N° 23318-A; Artículos 9 incisos a), d)¡ e), f) y q); Artículo 10 incisos, d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/N° 509/2018 de fecha 7 de agosto de 2018 e incurriendo en faltas graves descritas en el Artículo 42 incisos c), h) y j); del citado Reglamento.
En consecuencia, atendiendo a la gravedad de los hechos de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 28 y 29 de la Ley 1178, corresponde imponerle, la sanción consistente en DESTITUCION de sus funciones” (sic [fs. 54 a 60]).
II.7. Por Memorial de 6 de julio de 2020, la peticionante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020 de 29 de junio, solicitando la nulidad de la misma por la transgresión del debido proceso (fs. 61 a 68 vta.).
julio; el cual resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la solicitante de tutela, ratificando la Resolución impugnada de 29 de junio de 2020 (fs. 69 a 73).
II.9. Por Memorial de 13 de julio de 2020, la accionante interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./ 03/2020, solicitando se revoque y declare sin efecto la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020 (fs. 74 a 82 vta.).
de 20 de julio; la cual resolvió el recurso jerárquico interpuesto por la impetrante de tutela, confirmando la resolución que resolvió el curso de revocatoria; y, disponiendo el cumplimiento de los dispuesto en la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020 (fs. 83 a 92).
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, taxatividad y congruencia, al trabajo, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP a través de Memorándum 050/2020 le removió de sus funciones como Responsable de Operaciones al cargo de apoyo profesional a la oficina descentralizada de la “Av. 20 de octubre”, sin tomar en cuenta que era madre progenitora y además sin indicar la unidad de la cual dependería y sin especificarle su nuevas funciones y más aún sin haberle otorgado mobiliario correspondiente, sino simplemente una silla; 1.a) Habiendo denunciado ese extremo ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que ordenó que el SEGIP elabore informe sobre las motivos de su cambio de funciones; Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP, le instauró Proceso Interno de Sumario Administrativo 04/2020 de 29 de enero, en el que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de sus funciones como responsable de operaciones por el término de cuarenta y cinco días, ello a fin de justificar ese cambio irregular ante dichas instancias; 1.b) Habiendo sido absuelta de este primer proceso por Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 de 21 de febrero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP no le retornó a sus funciones como Responsable de Operaciones, pese a su solicitud mediante nota de regularización de su situación y no otorgarle respuesta alguna; 2) En lugar de reparar la vulneración de sus derechos, le iniciaron un segundo proceso mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo 11/2020 de 3 de marzo por presuntamente asumir funciones, sin cumplir los requisitos para el cargo, por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo los arts. 3.I del DS 23318-A; 9.a), d), e), f) y q); y 10.d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 de 7 de agosto y por incurrir en faltas graves de los arts. 42.c), h) y j) y 45.h), j), o) v) y z) del mismo Reglamento; luego de proseguido el proceso, la autoridad sumariante emitió la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 determinando la existencia de responsabilidad administrativa con todos los cargos del Auto Inicial del proceso e imponiéndole la sanción de destitución de sus funciones, de conformidad a los arts. 28 y 29 de la Ley 1178, sin considerar que la tipificación de las faltas por los cuales se la sancionó, tiene como sanción únicamente una llamada de atención por escrito y no así la destitución, y es más sin tomar en cuenta que gozaba de inamovilidad laboral por ser madre progenitora; 2.a) La autoridad sumariante vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, legalidad y taxatividad, porque le sancionó con destitución sin subsumir las normas supuestamente infringidas a los hechos denunciados y determinados por el Auto Inicial; es más aplicando normas referidos a deberes y prohibiciones establecido dentro del capítulo III del Reglamento Interno de Personal del SEGIP y no así sobre normas que establezcan faltas; y, 2.b) Vulneración del derecho al debido proceso y defensa, porque la autoridad sumariante incorporó al proceso de manera irregular el Informe CITE/SEGIP/RRHH/INF/090/2020 de 3 de marzo, emitido por la Supervisora de RRHH dirigido al Director General Ejecutivo a.i. el cual no fue solicitado por la Autoridad Sumariante, sino emitido en respuesta a su solicitud de levantamiento de la medida precautoria solicitando como efecto de la conclusión de primer proceso en el que fue absuelto, es más sin ponerle en su conocimiento; 3) Habiéndose interpuesto recurso de revocatoria, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 de 8 de julio, sin considerar los agravios de su recurso en las que denunció la falta de valoración probatoria y la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad y taxatividad; y, 4) Habiendo interpuesto recurso jerárquico contra la Resolución anterior, el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP, emitió la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM// 011/2020 de 20 de julio, confirmando en todas sus partes la Resolución del recurso de revocatoria, vulnerando su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, taxatividad, y de defensa, porque consintieron su sanción en base a los artículos que establecen obligaciones y no así infracciones y sin tomar en cuenta la jurisprudencia que puso en su conocimiento respecto a la postergación de la sanción hasta que el hijo o hija cumpla el año de edad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: i) El derecho al debido proceso en el ámbito administrativo; ii) Marco normativo y reglamentario para la protección del derecho a la estabilidad laboral; iii) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; iv) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria; v) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; vi) En cuanto al principio de legalidad; y, vii) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado en su art. 115.II indica:
“El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo en su art. 16 dispone:
“En relación a la administración pública, las personas tienen los siguientes derechos:
a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente;
b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos;
c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e intereses legítimos;
d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; e) A formular alegaciones y presentar pruebas;
h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento; l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación…” Con referencia al debido proceso en el ámbito administrativo la jurisprudencia constitucional ha emitido un pronunciamiento al respecto, es así que la SCP 0169/2012 de 14 de mayo, al respecto señaló:
“Sobre la observancia del debido proceso en la substanciación de procesos administrativos sancionatorios, la SC 1480/2011-R de 10 de octubre, señaló lo siguiente: “La importancia del debido proceso, a decir de la SC 0281/2010-R de 7 de junio ‘…está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes’. En ese sentido la citada Sentencia precisó que el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente; y que, además ha sido reiterada recientemente en la jurisprudencia de la presente gestión, específicamente en la SC 0014/2010-R de 12 de abril, establece lo siguiente: “…la Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia”.
Asimismo, la Sentencia Constitucional 2853/2010-R de 10 de diciembre dice: '…todo acto administrativo que emane de la administración pública o privada, de carácter definitivo, o cuya decisión afecte un derecho o un interés legítimo del administrado, está sujeto a un procedimiento de impugnación previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, como norma general, en leyes especiales o reglamentos de cada entidad pública o privada. Los medios de impugnación administrativos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico son los recursos de revocatoria y jerárquico, que se tramitan sólo en la vía administrativa, conforme lo establece la referida ley y la jurisprudencia constitucional que se pronunció al respecto’” (las negrillas nos corresponden).
El derecho del trabajador a la estabilidad o continuidad laboral, consiste básicamente en la garantía constitucional de conservar materialmente su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen un despido, el cual se encuentran reconocido por nuestra normativa nacional; así: La Constitución Política del Estado en sus arts. 46.I.2, 48.II, 49.III, y 50, refiere que:
“Artículo 46 I. Toda persona tiene derecho: (…) 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”. Artículo 48 (…)
de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador (…) Artículo 49
(…) III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Artículo 50
(…) III. El Estado protegerá la estabilidad laboral, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de seguridad social” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la estabilidad laboral también se encuentra reconocida por el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982; que prevé:
“Artículo 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Artículo 8 1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. (…) Artículo 10 Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada” (las negrillas son ilustrativas). De igual forma, el DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en su art. 4 manifiesta que:
“Artículo 4°.- (Principios del Derecho Laboral)
I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral:
a. Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas:
- in dubio pro operario, en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir aquella interpretación más favorable al trabajador. - de la condición más beneficiosa, en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar.
b. Principio de la Continuidad de la Relación Laboral, donde a la relación laboral se le atribuye la más larga duración imponiéndose al fraude, la variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución del empleador.
c. Principio Intervencionista, en la que el Estado, a través de los órganos y tribunales especiales y competentes ejerce tuición en el cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores y empleadores.
d. Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes.
e. Principio de No Discriminación, es la exclusión de diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable respecto a otros trabajadores, con los que mantenga responsabilidades o labores similares. II. La presente enumeración de los principios laborales no son excluyentes con principios establecidos anteladamente, ni con las que pudieran incorporarse con posterioridad
Artículo 11°.- (Estabilidad laboral)
marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias…” (el resaltado es añadido).
Por su parte, corresponde puntualizar que referido el DS 28699 y su ulterior modificación por DS 0495 de 1 de mayo de 2010, prevén en la nueva estructura constitucional la facultad para el Órgano Ejecutivo, de diseñar su estructura y funcionamiento con el objeto de garantizar la correcta implementación de los principios, valores y disposiciones de la Ley Fundamental; así, el art. 50 de la CPE en esencia refiere que el Estado, a través de los tribunales y entes administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de seguridad industrial y seguridad social.
En este cometido, se estructura el nuevo Órgano Ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, refiriendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 86.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL). Las atribuciones de la Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:
(…)
g) Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales…” A lo referido por la disposición descrita, el ya mencionado DS 28699, en su art. 11.II, prevé que:
“Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral”
En mérito a ello, su art. 10.I establece:
“Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación” Asimismo, el parágrafo III del referido art. 10 fue modificado por el DS 0495 describiendo lo siguiente:
“En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.”
Asimismo, el referido DS 0495, incluyó a su vez, los parágrafos IV y V en el citado art. 10 del DS 29894, con los siguientes textos:
“IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.” En mérito a la normativa nacional e internacional descrita, es posible concluir que, el derecho al trabajo y empleo, se encuentra plenamente garantizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya materialización y ejercicio pleno corresponde a las instancias pertinentes que al conocer denuncias sobre despidos irregulares u otra forma de limitar este derecho, deben velar siempre por su protección; toda vez que, al conculcarse el ejercicio de este derecho, de forma directa también se afecta los derechos a la seguridad social o la alimentación como ejemplos; puesto que, el contar con un trabajo digno conlleva el ejercicio y goce de otros derechos.
El orden constitucional establecido en la CPE aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI.
“Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.
En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida. En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:
“En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...”.
En esa labor reconstructora del pensamiento jurisprudencial, la SCP 0148/2019 de 17 de abril, de igual forma se refirió a los aspectos sustantivos sobre la garantía contenida en el art. 48.VI de la CPE, señalando que, si bien la misma emerge del mandato constitucional, su alcance también fue interpretado por este Tribunal -cita las SSCC 1417/2012, 1521/2012, 0109/2006-R, 0789/2012, entre otras-, en las cuales considerando los aspectos sustantivos de esta garantía, se determinó que existen excepciones a la protección de la inamovilidad laboral de la o el progenitor en función a la clase de servidor público que pide la tutela, entre ellos se tiene la siguiente diferenciación: a) Progenitores con calidad de servidores públicos; b) Progenitores con contrato a plazo fijo; y, c) Progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa. En relación a progenitores con calidad de servidores públicos
Al respecto, la citada jurisprudencia realiza la siguiente sub clasificación o diferenciación: 1) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial (SCP 1417/2012); y, 2) Los servidores 3 6El FJ III.2, establece que: “…en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE (…), puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad (…) empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza. En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por públicos progenitores elegidos por voto popular o, servidores públicos libremente designados con alto rango jerárquico, no tienen derecho a la inamovilidad laboral; empero, el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad social a corto plazo o de salud (SCP 1521/2012 de 24 de septiembre).
Sobre las y los progenitores con contrato a plazo fijo
Al respecto, la citada jurisprudencia ha realizado interpretaciones sobre el alcance de su protección; al efecto, citando el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0109/2006-R de 31 de enero, aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo fijo, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son:
“1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo, aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad”. La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser entendida en el marco de la complementación asumida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, fallo que interpretando el art. 5.II del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación al art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT) y los arts. 1 y 2 del Decreto Ley (DL)
única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida…”. 4 El FJ III.1, establece que: “…a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. Así, en el caso concreto, en su FJ.III.2, resolvió: “…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera, por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante [Fiscal de Distrito]. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público”. “Pese a ello, precautelando los derechos a la salud y la seguridad social, la autoridad demandada designó al accionante en el cargo de Fiscal de Materia, cargo que evidentemente no sólo implicará reciba una remuneración justa por su trabajo, sino que a la vez, garantizará la seguridad social a corto plazo extrañada y el seguro de salud”.
16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinido, concluyó que:
En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable no exigir al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora, embarazada en el lapso de la prestación de servicios; no obstante, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT; b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009;
c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; sin embargo, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en 13 cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 650/007 de 27 de abril de 2007. En este entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que, con relación al visado de los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: “Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa.
En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación entre otras las siguientes: a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración); b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores; c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada; y,
En cuanto a las y los progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa
Al respecto la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que:
“La protección de la y el progenitor sometido a un proceso disciplinario alcanza durante todo el espacio temporal previsto en la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, razón por la cual debe postergarse incluso la ejecución de la sanción administrativa al fenecimiento de dicho término. En ese sentido, las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R, SC 1580/2011-R, y la SCP 0086/2012 de 16 de abril”. Finalmente, la aludida jurisprudencia, citando la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, como un aspecto de relevancia respecto a los medios de prueba y su valoración para que proceda la protección de la inamovilidad laboral del padre progenitor estableció la no exigencia del requisito de dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional (las negrillas nos pertenecen).
El art. 196.I de la CPE señala que:
“El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.”
A partir de dicha previsión constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de 5 En ese razonamiento, corresponde aclarar que el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0076/2012, entendió restrictivamente, que no es posible postergar la sanción administrativa en este supuesto. 6 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 7 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.
constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infraconstitucional u ordinaria; ahora bien, quedando claro ello, y precisamente en el rol de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, no implica que dicha actividad interpretativa no esté sujeta al control constitucional, más al contrario por el carácter de interpretación progresiva de los derechos que asume la Constitución Política del Estado, mediante su máximo guardián debe ejercer el control, en todos los casos en que la interpretación efectuada por la jurisdicción ordinaria, fue impugnada verificando si los argumentos en que fundan su decisión resultan insuficientes, irrazonables o arbitrarios o si su interpretación no está conforme a la Constitución; en ese sentido, el Tribunal Constitucional desde sus inicios fue instituyendo la línea jurisprudencial sobre la interpretación de la legalidad ordinaria en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, la cual reiterando los entendimientos glosados por la SC 1846/2004-R concluyó que:
“…queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental”. De lo descrito, se tiene que el Tribunal Constitucional en las citadas sentencias constitucionales implantó su labor de verificación sobre la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria, garantizando además a los justiciables el acceso amplio a la justicia constitucional ante posibles vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, sin cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables; sin embargo, a partir de 8. Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'. 9. En el F.J. III.1. “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”.
la SC 0718/2005-R de 28 de junio, se estableció la exigencia de carga argumentativa imponiendo que el que acude a la jurisdicción constitucional cuestionando la interpretación del ordenamiento infraconstitucional realizada por la jurisdicción común, debía exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada; concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos la SC 0085/2006-R de 25 de enero, refirió que:
“…la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”. Exigencias que fueron ratificadas por la SC 0090/2010-R de 4 de mayo y reiterado por las SSCC, 0660/2010-R, 0846/2010-R, 0914/2010-R, entre otras; posteriormente la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, citando a la 0194/2011-R de 11 de marzo, señalo que ésta incorporó un tercer requisito como es que:
“3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”. A partir de allí, fueron asumiéndose estos tres requisitos por las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fue confirmada por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, entre otras.
En este sentido, y en forma paulatina se fue configurando una línea jurisprudencial que deviene de un otro criterio aún más restrictivo establecido por el mismo Tribunal Constitucional también en sus inicios (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), que afirmó que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones; ante ello, las anteriormente citadas sentencias constitucionales, en una suerte de buscar un equilibrio y apertura, establecieron los requisitos descritos precedentemente, condicionando su cumplimiento previo a la labor de verificación de la legalidad ordinaria; no obstante, de igual forma generaron una autorestricción que limitaba a la jurisdicción constitucional ejercer el control de constitucionalidad ante presuntas vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la actividad interpretativa efectuada por otros tribunales.
Ahora bien, a la luz del nuevo modelo constitucional del Estado Plurinacional, que establece todo un contexto general de valoración suprema de la persona y de sus derechos fundamentales, los cuales gozan de igual jerarquía, así como principios y valores consagrados en la norma fundamental, entre otros al principio de progresividad que permite la evolución permanente del sistema garantista, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, razonando sobre la imperiosa necesidad de garantizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos fundamentales protegido por la Constitución y los instrumentos internacionales, recondujo el entendimiento asumido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, explicando que si bien, la carga argumentativa traducida en la exigencia de requisitos para que la justicia constitucional pueda asumir la labor de verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, son instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por dicha jurisdicción, siendo también el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; empero, señaló que no pueden constituirse en requisitos ineludibles a ser cumplidos por el accionante cuyo incumplimiento conlleve al rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que, la justicia constitucional una vez activada, tiene el compromiso inexcusable de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante; razonamientos que fueron asumidos por este Tribunal de manera uniforme en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1474/2013 de 22 de agosto; 0276/2015-S1 de 26 de febrero; 0104/2016-S2 de 15 de febrero; 0031/2017-S2 de 6 de febrero; 0350/2017-S1 de 21 de abril; 0231/2018-S2 de 28 de mayo; 0380/2018-S2 de 24 de julio; 0074/2019-S2 de 3 de abril, entre otras.
De todo lo desarrollado precedentemente, en el cual de manera precisa se efectúa una sistematización de la evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en torno a la interpretación de la legalidad ordinaria y los requisitos exigidos para ingresar a su verificación y análisis, advirtiéndose en esa labor que, existe coincidencia al razonar que, no es atribución de la justicia constitucional interpretar el ordenamiento jurídico, sino de la jurisdicción común, pero si le compete dada la fuerza expansiva de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad de la interpretación de la legalidad ordinaria en los casos en que la interpretación haya sido impugnada, el examen de los motivos y los argumentos en que la jurisdicción común funda su decisión, destinada a comprobar si los mismos no resultan insuficientes, irrazonables o arbitrarios o no está de acuerdo al canon constitucional de interpretación; sin embargo, a partir de allí se generan criterios diferentes sobre la imposición y exigencia de requisitos para cumplir dicha labor de verificación, tornándose las mismas en requisitos excesivamente formales que limitan el acceso a la justicia; así, un primer criterio que sigue la línea formal, exige que, para que la justicia constitucional ingrese a revisar la labor interpretativa realizada por la jurisdicción ordinaria, el accionante no debe limitarse a hacer un relato de los hechos, sino que debe explicar no sólo por qué considera que la interpretación no es razonable, sino también cómo esa labor interpretativa vulneró sus derechos y garantías: “i) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; ii) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y, iii) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”; mientras que un segundo criterio más amplio y garantista señala que, tales exigencias no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir y que ello conlleve a la sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, pues una vez activaba la vía constitucional genera el compromiso inexcusable de verificar el acto inconstitucional denunciado, basado en la información concedida por el accionante, haciéndose pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto.
En ese contexto, esta Magistratura, considera que, en un Estado constitucional de derecho, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela vía las acciones de defensa, en ese fin, esta Magistratura acoge el criterio más favorable y garantista que asume la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de derechos.
Bajo esa comprensión, la suscrita Magistrada, a partir de la SCP 0049 de 13 de julio se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es 12 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 13 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 14 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
El principio de legalidad es un principio fundamental. Generalmente es reconocido en los ordenamientos supremos de los diferentes Estados; ello se debe a la relación de supra/subordinación entre los representantes del Estado y los gobernados en virtud de los cuales los primeros afectan la esfera jurídica de los segundos; esto es, el Estado al desplegar su actividad afecta los bienes y derechos del subordinado cuando se impone en el ejercicio del poder. Así, este Estado moderno interviene de forma reiterada, intensa y generalmente contundente en muchas áreas de la vida de los gobernados afectando sus derechos, incluso aquellos que el subordinado tiene en la más alta estima, aquellos que son básicos para su subsistencia, porque el Estado legisla, dicta y emite actos que trascienden el estatus de cada uno, o que carecen de respaldo legal o del respaldo legal adecuado o suficiente. El principio de legalidad está para intervenir en estas ocasiones, cuando no exista el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación al subordinado (Islas, 2009).
Sobre principio de legalidad, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, sostuvo que si bien este principio implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; toda vez que, que el mismo supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”. 15 Islas Montes, Roberto. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 97 año XV, 2009. Disponible en la página web https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma.
Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.
La accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de legalidad, taxatividad y congruencia, al trabajo, a la seguridad social, a la inamovilidad y estabilidad laboral y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades: a) Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP a través de Memorándum 050/2020 le removió de sus funciones como Responsable de Operaciones al cargo de apoyo profesional a la oficina descentralizada de la “Av. 20 de octubre”, sin tomar en cuenta que era madre progenitora y además sin indicar la unidad de la cual dependería y sin especificarle su nuevas funciones y más aún sin haberle otorgado mobiliario correspondiente, sino simplemente una silla; a.1) Habiendo denunciado ese extremo ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que ordenó que el SEGIP elabore informe sobre las motivos de su cambio de funciones; Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP, le instauró Proceso Interno de Sumario Administrativo 04/2020 de 29 de enero, en el que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de sus funciones como responsable de operaciones por el término de cuarenta y cinco días, ello a fin de justificar ese cambio irregular ante dichas instancias; a.2) Habiendo sido absuelta de este primer proceso por Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 de 21 de febrero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP no le retornó a sus funciones como Responsable de Operaciones, pese a su solicitud mediante nota de regularización de su situación y no otorgarle respuesta alguna; b) En lugar de reparar la vulneración de sus derechos, le iniciaron un segundo proceso mediante Auto Inicial de Proceso Administrativo 11/2020 de 3 de marzo por presuntamente asumir funciones, sin cumplir los requisitos para el cargo, por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo los arts. 3.I del DS 23318-A; 9.a), d), e), f) y q); y 10.d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 de 7 de agosto y por incurrir en faltas graves de los arts. 42.c), h) y j) y 45.h), j), o) v) y z) del mismo Reglamento; luego de proseguido el proceso, la autoridad sumariante emitió la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 determinando la existencia de responsabilidad administrativa con todos los cargos del Auto Inicial del proceso e imponiéndole la sanción de destitución de sus funciones, de conformidad a los arts. 28 y 29 de la Ley 1178, sin considerar que la tipificación de las faltas por los cuales se la sancionó, tiene como sanción únicamente una llamada de atención por escrito y no así la destitución, y es más sin tomar en cuenta que gozaba de inamovilidad laboral por ser madre progenitora; b.i) La autoridad sumariante vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, legalidad y taxatividad, porque le sancionó con destitución sin subsumir las normas supuestamente infringidas a los hechos denunciados y determinados por el Auto Inicial; es más aplicando normas referidos a deberes y prohibiciones establecido dentro del capítulo III del Reglamento Interno de Personal del SEGIP y no así sobre normas que establezcan faltas; y, b.ii) Vulneración del derecho al debido proceso y defensa, porque la autoridad sumariante incorporó al proceso de manera irregular el Informe CITE/SEGIP/RRHH/INF/090/2020 de 3 de marzo, emitido por la Supervisora de RRHH dirigido al Director General Ejecutivo a.i. el cual no fue solicitado por la Autoridad Sumariante, sino emitido en respuesta a su solicitud de levantamiento de la medida precautoria solicitando como efecto de la conclusión de primer proceso en el que fue absuelto, es más sin ponerle en su conocimiento; c) Habiéndose interpuesto recurso de revocatoria, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 de 8 de julio, sin considerar los agravios de su recurso en las que denunció la falta de valoración probatoria y la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad y taxatividad; y, d) Habiendo interpuesto recurso jerárquico contra la Resolución anterior, el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP, emitió la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM// 011/2020 de 20 de julio, confirmando en todas sus partes la Resolución del recurso de revocatoria, vulnerando su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, taxatividad, y de defensa, porque consintieron su sanción en base a los artículos que establecen obligaciones y no así infracciones y sin tomar en cuenta la jurisprudencia que puso en su conocimiento respecto a la postergación de la sanción hasta que el hijo o hija cumpla el año de edad.
Precisada la problemática planteada, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación procesal-constitucional realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes.
De la compulsa de los antecedentes presentados, se tiene que en mérito a la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional la impetrante de tutela fue removida de su lugar de trabajo a través de Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020 de 15 de enero, emitido por el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP -ahora demandado-, mediante el cual comunicó a la peticionante de tutela que con el fin de garantizar la continuidad del trabajo de la Oficina Nacional, desempeñaría funciones como Apoyo Profesional en la oficina de la “Av. 20 de octubre” desde 16 de Enero 2020 hasta nuevo aviso, manteniendo su ítem y nivel salarial; ante esa remoción, la solicitante de tutela por Nota Interna 003/2020 de 20 de enero, representó el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020, señalando que tiene un hijo de un mes y medio de nacido; por lo que, acomodó su horarios con la persona que le colaboraría con el cuidado de su hijo y el cambio le generaría perjuicio y en ejercicio de sus derechos por la inamovilidad laboral no puede ser ubicada en otro puesto de trabajo (Conclusión II.2).
En respuesta a esa representación, el Director Nacional Jurídico del SEGIP dio respuesta a la accionante por Nota de 30 de enero de 2020, comunicándole que le asignaron las funciones de apoyo profesional en la Unidad Nacional de Extranjería, manteniendo su ítem y nivel salarial de Responsable de Operaciones, al considerar que le estaría vulnerando su derecho a la inamovilidad laboral; asimismo, le informó que mediante Informe Proceso Interno, la Autoridad Sumariante comunicó a la Dirección Administrativa Financiera, que adoptó la medida precautoria de cambio temporal de funciones por un tiempo de cuarenta y cinco días y que la Resolución de Apertura de proceso sumario, le fue comunicada el 29 de enero de 2020 (Conclusión II.3).
Asimismo, se advierte Nota de 18 de marzo de 2020, suscrita por Omar Sadad Guillen, Director General del Servicio Civil-Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante el cual se dirige a la impetrante de tutela en respuesta de su nota de 24 de enero de 2020 en la que solicitó se “HAGA PREVALECER MIS DERECHOS DE INAMOVILIDAD LABORAL, en mi fuente de trabajo…” (sic), respondiendo la referida autoridad que la medida fue adoptada en el marco del inicio de un proceso administrativo interno, por lo que la Cartera de Estado no puede atender la solicitud (Conclusión II.4).
De igual forma, se tiene Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo 11/2020 de 3 de marzo, emitido por la Autoridad Sumariante del SEGIP -codemandada-, mediante el cual se dio inicio del Proceso Sumario Interno en contra de Patricia Luz Quezada Hernández -ahora peticionante de tutela- en su condición de servidora pública, por asumir funciones sin cumplir todos los requisitos exigidos para el cargo; por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo lo previsto en los arts. 3.I del DS 23318-A; 9 incs. a), d), e), f) y q); y, 10 incs. d), m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 e incurriendo en faltas graves descritas en los arts. 42 incs. c), h), j) y 45 incs. h), i), o), v), y z); del citado Reglamento que determina las causales para el inicio de proceso administrativo interno (Conclusión II.5).
Del referido proceso administrativo fue emitida la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 de 29 de junio, mediante el cual la Autoridad Sumariante codemandada determinó la existencia de Responsabilidad Administrativa en contra de Patricia Luz Quezada Hernández, Responsable de Operaciones de la Dirección Departamental de La Paz al haberse demostrado que desde su ingreso al SEGIP, no cumplió con el perfil profesional requerido para los cargos de Secretaria, Supervisor de Operaciones y Responsable de Operaciones; incumplió instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas incurriendo en incumplimiento de normas internas de la institución; en consecuencia, atendiendo a la gravedad de los hechos de conformidad a lo dispuesto por los arts. 28 y 29 de la Ley 1178, corresponde imponerle la sanción consistente en destitución de sus funciones (Conclusión II.6).
Ante la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020, la sumariada interpuso recurso de revocatoria por memorial de 6 de julio de 2020, solicitando la nulidad de la misma por la transgresión del debido proceso; el cual fue resuelto por Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 de 8 de julio, ratificando la primera decisión; en tal sentido, por memorial de 13 de julio del indicado año, la peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la mencionada Resolución Administrativa, solicitando se revoque y declare sin efecto la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020; concluyendo el proceso administrativo con Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/ /011/2020 de 20 de julio, que resolvió el recurso jerárquico (Conclusiones II.7, II.8, II.9 y II.10).
Bajo esos antecedentes, corresponde ingresar al análisis de las problemáticas identificadas en esta instancia constitucional, en el marco de lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que la importancia del debido proceso administrativo, está ligada a la búsqueda del orden justo; toda vez que, no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes; en ese orden de ideas, tenemos que:
i) Respecto a que Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director
General Ejecutivo a.i. del SEGIP a través de Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020 de 15 de enero, le removió de sus funciones como Responsable de Operaciones al cargo de Apoyo Profesional a la oficina descentralizada de la “Av. 20 de octubre”, sin tomar en cuenta que era madre progenitora y además sin indicar la unidad de la cual dependería y sin especificarle su nuevas funciones y más aún sin haberle otorgado mobiliario correspondiente, sino simplemente una silla
Al punto, de los antecedentes venidos en revisión se tiene que mediante Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/D/127/2019 de 15 de abril (fs. 8), Patricia Luz Quezada Hernández -ahora solicitante de tutela-fue designada para desempeñar el cargo de Responsable de Operaciones dependiente de la Dirección Departamental de La Paz -Departamental de Operaciones correspondiente al ítem 335; así también se tiene que la prenombrada fue madre o nació su hijo el 29 de noviembre de 2019 (fs. 7); y, por otra parte, mediante Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF/050/2020 de 15 de enero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP -ahora demandado-, asignó funciones a la ahora accionante como Apoyo Profesional en la oficina de la “Av. 20 de octubre”, desde el 16 de enero de 2020 hasta nuevo aviso, manteniendo su ítem y nivel salarial (fs. 3), “con el fin de garantizar la continuidad del trabajo de la Oficina Nacional” (sic).
Ahora bien, de los datos precedentemente colegidos, se tiene que la peticionante de tutela se convirtió en madre progenitora el 29 de noviembre de 2019; por lo que, al momento de su reasignación de funciones -15 de enero de 2020- su hijo tenía apenas un mes y medio de nacido; puesto que, se entiende que la solicitante de tutela gozaba de inamovilidad laboral en virtud a la condición ya señalada.
En ese estado de cosas, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional que establece que la inamovilidad laboral está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en el entendido, de que la pérdida del puesto de trabajo, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger; y que, en esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor.
Así expresado por la jurisprudencia constitucional, en el caso concreto, se identifica claramente que las condiciones laborales de la impetrante de tutela, como madre progenitora, fueron modificadas desfavorablemente y sin un sustento, afectando la inamovilidad laboral que le asistía como madre de un menor casi recién nacido; puesto que, si bien el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF/050/2020 de asignación de funciones, señalaba que se mantenía su ítem como Responsable de Operaciones así como su nivel salarial, no es menos cierto que un cambio de lugar de trabajo afecta negativamente o de forma desfavorable a la prenombrada, en el entendido de que ese detalle genera todo un cambio en su rutina afectando directamente al menor de edad, pues es en torno a él que la peticionante de tutela organiza su día a día, comprometiendo incluso el horario de lactancia que le corresponde por ley; ello sin contar que, conforme se denuncia, fue removida a un nuevo lugar -edificio, oficina- que no tiene un espacio de trabajo personal para ella más que una silla, generándose en su contra un maltrato laboral por parte del SEGIP, que al ser una institución estatal debe proveer a cada funcionario el mobiliario mínimo necesario para el ejercicio de las funciones de sus dependientes; denotándose una intención de obligar a la solicitante de tutela a renunciar a su fuente laboral en desmedro de su derecho al trabajo hasta que su hijo cumpla un año de edad; lo cual, en efecto es una amenaza a su inamovilidad laboral y en consecuencia a los derechos del menor; por lo que, en este punto corresponde conceder la tutela solicitada. Con relación a que, Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna del SEGIP, le instauró Proceso Interno de Sumario Administrativo 04/2020 de 29 de enero, en el que se determinó la medida precautoria de cambio temporal de sus funciones como responsable de operaciones por el término de cuarenta y cinco días, ello a fin de justificar ese cambio irregular ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, que ordenó que el SEGIP elabore informe sobre las motivos de su cambio de funciones, en virtud a la denuncia efectuada por la accionante ante esas instancias.
En este punto también es importante remitirnos a los antecedentes del proceso venido en revisión; toda vez que, es necesario establecer la cronología de los hechos a fin de determinar si lo obrado por el SEGIP fue en el marco del debido proceso administrativo ya desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese entendido, se tiene que, el 15 de enero de 2020, a través de Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF/050/2020, se asignó funciones a la impetrante de tutela como Apoyo Profesional en la oficina de la “Av. 20 de octubre”, desde el 16 de enero de 2020 hasta nuevo aviso, manteniendo su ítem y nivel salarial (fs. 3), “con el fin de garantizar la continuidad del trabajo de la Oficina Nacional” (sic); comunicación representada ante el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP -ahora demandado- mediante Nota Interna SEGIP/DDLP/OP/003/2020 de 20 de enero (fs. 5 a 6), respondida por el Director Nacional Jurídico del SEGIP, por Nota CITE:SEGIP/LEGAL/ 050/2020 de 30 de enero, en la cual le comunica a la peticionante de tutela que:
“…mediante Informe Proceso Interno CITE: SEGIP/AUTS01/2020, la Autoridad Sumariante, ha comunicado a la Dirección Administrativa financiera, que adoptó la medida precautoria de cabio temporal de funciones de su persona, por un tiempo de 45 días y que la Resolución de Apertura de proceso sumario, fue comunicada a su persona en fecha 29/01/2020” (resaltado agregado).
De lo señalado, fácilmente se puede advertir que existe una incongruencia en la línea cronológica de los hechos, pues se entiende que la base o el fundamento para haber cambiado temporalmente de funciones a la solicitante de tutela a través de Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF 050/2020 de 15 de enero, es la medida precautoria determinada por la Autoridad Sumariante a través de Auto Inicial de Proceso Administrativo 04/2020 de 29 de enero (fs. 19 a 22); es decir, que la parte demandada pretende justificar el cambio o asignación de funciones, con el inicio de un proceso administrativo posterior a dicho cambio, aspecto que vulnera groseramente el debido proceso; toda vez que, se evidencia que la decisión comunicada mediante el Memorándum SEGIP-DGE-RRHH/AF/050/2020, carece de un fundamento legal y administrativo, siendo en todo caso una decisión arbitraria que vulnera además la inamovilidad laboral de la accionante y el principio de legalidad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, que señala que este principio demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado; puesto que, en este punto también corresponde conceder la tutela.
Respecto a que la impetrante de tutela, al ser absuelta del primer proceso administrativo, por Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 de 21 de febrero, Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP no le retornó a sus funciones como Responsable de Operaciones, pese a su solicitud mediante nota de regularización de su situación y no otorgarle respuesta alguna
En cuanto a esta denuncia, de la revisión de antecedentes se puede evidenciar que mediante Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 de 21 de febrero, se determinó la inexistencia de responsabilidad administrativa de la peticionante de tutela (fs. 23 a 29); en ese entendido, mediante escrito presentado el 27 de febrero del referido año ante la Autoridad Sumariante del SEGIP -ahora codemandada- la solicitante de tutela solicitó el levantamiento de las medidas precautorias impuestas en su contra (fs. 30); asimismo, mediante Nota Interna SEGIP/UNE/320/2020 de 12 de marzo dirigida a Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP -ahora demandado-, solicitó su regularización laboral (fs. 32), reiterando sus solicitudes ante dichas autoridades el 17 de marzo y el 3 de junio, ambos de 2020, respectivamente (fs. 33 a 34); sin embargo, no consta respuesta a estas solicitudes por parte de ninguna de las autoridades demandadas, lo cual vulnera el derecho a la inamovilidad laboral de la accionante; por cuanto, una vez emitida la Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 correspondía que el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP, ahora demandado, la reincorpore a las funciones que desempeñaba considerando que la accionante merecía una protección reforzada del derecho al trabajo por ser madre progenitora y evidentemente estaba siendo sujeta a una modificación desfavorable de las condiciones laborales bajo un supuesto proceso administrativo en el que no se demostró su responsabilidad, incumpliéndose además el presupuesto de que el Estado debe velar por los derechos a la estabilidad laboral de las madres progenitoras en razón al nuevo ser que debe ser protegido por su evidente vulnerabilidad. En ese marco, el hecho de no haber restituido a la impetrante de tutela a las funciones que cumplía como Responsable de Operaciones una vez concluido el primer proceso administrativo del que fue objeto, por parte de las dos autoridades ahora demandadas, implica una lesión al derecho a la inamovilidad laboral y a la estabilidad laboral de la prenombrada así como los derechos del menor, ameritando la concesión de la tutela en ese sentido. ii) Con relación a que, en lugar de reparar la vulneración de sus derechos, le iniciaron un segundo proceso mediante Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo 11/2020 de 3 de marzo por presuntamente asumir funciones sin cumplir los requisitos para el cargo, por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo los arts. 3.I del DS 23318-A; 9.a), d), e), f) y q); y 10.d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 de 7 de agosto y por incurrir en faltas graves de los arts. 42.c), h) y j) y 45.h), j), o) v) y z) del mismo Reglamento; y luego de proseguido el proceso, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 determinando la existencia de responsabilidad administrativa con todos los cargos del Auto Inicial del proceso, imponiéndole la sanción de destitución de sus funciones, de conformidad a los arts. 28 y 29 de la Ley 1178, sin considerar que la tipificación de las faltas por los cuales se la sancionó, tiene como sanción únicamente una llamada de atención por escrito y no así la destitución, y es más sin tomar en cuenta que gozaba de inamovilidad laboral por ser madre progenitora
Para resolver esta problemática, inicialmente debemos señalar que de conformidad al Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, una vez activaba la vía constitucional genera el compromiso inexcusable de verificar el acto inconstitucional denunciado, basado en la información concedida por el accionante, haciéndose pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de este Tribunal, determinando si en efecto se produjo la vulneración de derechos constitucionales alegado.
Bajo ese marco jurisprudencial, de los antecedentes venidos en revisión, en efecto se puede evidenciar que mediante Auto Inicial de Proceso Interno Administrativo 11/2020 de 3 de marzo, se inició proceso sumario interno en contra de la peticionante de tutela, por presuntamente asumir funciones sin cumplir los requisitos para el cargo, por incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas contraviniendo los arts. 3.I del DS 23318-A; 9 incs. a), d), e), f) y q); y 10 incs. d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 de 7 de agosto y por incurrir en faltas graves de los arts. 42 incs. c), h) y j) y 45 incs. h), j), o) v) y z) del mismo Reglamento; en ese entendido, es necesario inicialmente revisar las normas referidas, a fin de verificar si correspondía la sanción de destitución de sus funciones, de conformidad a los arts. 28 y 29 de la Ley 1178. El art. 3.I del DS 23318-A, prevé:
“Artículo 3 (Responsabilidad)
I. El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.
(…)”.
Los arts. 9 y 10 del Reglamento Interno del SEGIP, disponen:
“Artículo 9. (DEBERES) Además de las establecidas en otras normas jurídicas, los principales deberes de las servidoras y servidores públicos del Servicio General de Identificación, son las siguientes:
a) Conocer, respetar, y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales que regulan la función pública.
(…)
d) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficacia, eficiencia, probidad y pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes, el ordenamiento jurídico administrativo nacional. e) Cumplir las órdenes, determinaciones y comisiones asignadas por el superior jerárquico, siempre que las mismas no contravengan el ordenamiento jurídico vigente.
f) Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley.
(…)
q) Permanecer en el sitio de trabajo asignado para cumplir sus funciones, ya sea en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal o en donde esté declarado en comisión.
(…)
Artículo 10. (PROHIBICIONES) Para servidoras y servidores públicos del Servicio General de Identificación Personal queda expresamente prohibido:
(…)
d) Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia.
(…)
m) Abandonar su puesto de trabajo dentro la jornada laboral, sin la autorización del Inmediato Superior o en ausencia de este, del personal habilitado para el efecto. (…)”. Los arts. 42 y 45 del Reglamento Interno del SEGIP, señalan que:
“Artículo 42. (AMONESTACIÓN ESCRITA) (…)
II. Se enuncia a título indicativo y no limitativo las siguientes faltas graves como causales de sanción escrita: (…) c) Por incumplir órdenes superiores u obligaciones funcionarias que hayan sido instruidas por escrito o por no haberlas ejecutado, ya sea por negligencia, lentitud u omisión. (…) h) No cumplir y acatar las instrucciones contenidas en las circulares, instructivos, órdenes de trabajo, memorándums y otros concordantes con las disposiciones legales que sean emanadas por autoridades superiores. (…) j) Por ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia (…)” (subrayado agregado). “Artículo 45. (INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO) I. Son causales enunciativas y no así limitativas de inicio de proceso administrativo interno, las siguientes: (…) h) Por incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 10 del presente Reglamento Interno de Personal. i) Por contravenciones al Estatuto del Funcionario Público, la Ley N° 1178 y disposiciones legales que regulan la conducta del Servidor Público.
(…) o) Por no excusarse de la realización y/o participación de un trabajo, cuando concurran causales de incompatibilidad. (…) v) Por falta o abandono injustificado de funciones por un período de tres (3)
días de falta consecutivos o seis (6) discontinuos en un mes. (…) x) Por toda otra acción u omisión que sea violatoria del ordenamiento jurídico- administrativo. (…)”.
De las normas descritas, se puede colegir que ninguna hace referencia a la sanción de destitución del cargo, siendo el art. 42 del Reglamento ya citado, la norma que establece una sanción de amonestación escrita, como claramente refiere su epígrafe, por las faltas graves enumeradas.
En ese fin, también es pertinente remitirnos a la Ley 1178, que en los arts. 28 y 29 prevén:
“Artículo 28°.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto:
a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.
b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. c) El término “servidor público” utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
d) Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que formen parte.
Artículo 29°.- La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución” (resaltado ilustrativo). En cuanto al contenido de las normas precedentemente glosadas, en efecto el art. 29 de la Ley 1178, establece como una forma de sanción la destitución, siendo la aplicación de dicha penalidad potestativa a la autoridad competente, en este caso la Autoridad Sumariante, quien para determinar la responsabilidad administrativa deberá tomar en cuenta los resultados que arroje el proceso interno seguido contra la servidora pública, lo cual implícitamente implica que los razonamientos para determinar la sanción deben ser coherentes con la normativa de la entidad.
Ahora bien, pronunciada que fue la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 de 29 de junio, por la Autoridad Sumariante ahora demandada, en la parte dispositiva de la misma, se resolvió:
“PRIMERO: DETERMINAR la existencia de responsabilidad Administrativa en contra de la Servidora Pública: PATRICIA LUZ QUEZADA HERNÁNDEZ, Responsable de Operaciones de la Dirección Departamental de La Paz al haberse demostrado que: Desde su ingreso a la Institución, no cumplió con el perfil profesional requerido para los cargos de Secretaría, Supervisor de Operaciones y Responsable de Operaciones, incumplir instrucciones de sus inmediatos superiores referidos a comisiones encomendadas incurriendo en incumplimiento del Artículo 3 parágrafo I del D.S. N° 23318-A; Artículo 9 incisos a9, d), e), f) y q); Artículo 10 incisos d) y m) del Reglamento Interno de Personal del SEGIP aprobado mediante Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ 509/2018 de 7 de agosto de 2018 e incurriendo en faltas graves descritas en el Artículo 42 incisos c), h) y j)) del citado Reglamento.
En consecuencia, atendiendo a la gravedad de los hechos de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 28 y 29 de la Ley 1178, corresponde imponerle, la sanción consistente en DESTITUCIÓN de sus funciones” (resaltado ilustrativo). Así determinado, en realidad en la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 se incurre en una lesión al principio de legalidad; por cuanto, el art. 42 del Reglamento Interno de Personal del SEGIP, establece las faltas graves que ameritan sanción escrita, o amonestación escrita; es decir, una llamada de atención escrita, no siendo ese “castigo” equiparable a una destitución; toda vez que, las conductas por las cuales se le siguió proceso administrativo a la ahora solicitante de tutela, y por las cuales se la destituyó no son causales de tal sanción, debiendo la Autoridad Sumariante haber efectuado una revisión del Reglamento indicado y adecuar su decisión apropiadamente a la normativa en virtud a lo establecido por el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional que establece que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado; en ese mérito, se hace evidente que las autoridades demandadas incumplieron la Ley y su propio Reglamento, al haber destituido a la accionante sin un sustento jurídico administrativo y desconociendo los derechos que le asisten por ser madre progenitora que merece especial protección, constituyéndose su accionar en acoso laboral en forma de persecución laboral que atenta contra la estabilidad laboral, contra el derecho a un trabajo digno, contra la integridad y la dignidad.
Consiguientemente, habiéndose identificado la falencia en la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 cuestionada, corresponde conceder la tutela en este punto.
Con relación a que la Autoridad Sumariante vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, legalidad y taxatividad, porque le sancionó con destitución sin subsumir las normas supuestamente infringidas a los hechos denunciados y determinados por el Auto Inicial, aplicando normas referidas a deberes y prohibiciones establecidas dentro del capítulo III del Reglamento Interno de Personal del SEGIP y no así a normas que establezcan faltas.
Al respecto de este punto, es menester remitirnos a la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020, que del análisis de valoración de los hechos probados estableció las siguientes conclusiones:
“Que, la servidora pública Patricia Luz Quezada Hernández, Responsable de Operaciones de la Dirección Departamental de La Paz ingresó a la Institución sin cumplir el perfil profesional requerido para el cargo que se la contrató así como se mantuvo en la institución ocupando y ejerciendo cargos ajenos a su formación profesional (Secretaria, Supervisor de operaciones y Responsable de Operaciones) conforme se describe en los hechos probados, incumpliendo, disposiciones legales que regulan la función pública, desconociendo sus deberes administrativos. Que, de acuerdo al Informe Legal SEGIP/LEGAL/N° 085/2020 del Oficial Jurídico Dr. Rómulo Calderón Maíz la servidora pública Patricia Luz Quezada Hernández al conocer que no cumplía con el perfil profesional requerido para los cargos de Secretaria y Responsable de operaciones, no podía seguir ejerciéndolos, teniendo la obligación legal de renunciar inmediatamente al mismo, sin embargo no lo hizo” (negrillas ilustrativas).
Señalando más adelante, que según el art. 45 del Reglamento Interno del Personal del SEGIP, establece las causales enunciativas y no así limitativas de inicio de proceso administrativo interno, enumerando los incisos a), h), i), o), u); y, x).
Entonces, de la atenta lectura de la referida Resolución, se hace evidente que los argumentos para determinar la sanción están basados en la normativa del Reglamento que establece obligaciones o deberes mas no así las sanciones especificas contenidas en el Reglamento; por cuanto, en ninguna de sus partes se hace la subsunción de las normas supuestamente infringidas a los hechos denunciados y determinados por el Auto Inicial de Proceso Administrativo; es decir, que no se establece con meridiana claridad cuáles normas del Reglamento ya indicado o de la Ley infringió la impetrante de tutela de acuerdo a lo denunciado, sino solamente se señala que de acuerdo al art. 45 del Reglamento es pasible a proceso administrativo, no siendo ello suficiente para determinar la responsabilidad administrativa; puesto que, es obligación de la Autoridad Sumariante, por ser inquisitiva de las posibles infracciones, subsumir o adecuar las conductas negativas a las normas que las tipifican a fin de determinar que en efecto la procesada incurrió en faltas establecidas en la norma y que merecen una sanción; no obstante, al no haberse efectuado el análisis desde esa óptica y deber, en efecto se vulnera el debido proceso y el principio de legalidad alegados, puesto que es imperativo en una Resolución sancionadora, conocer a cabalidad las normas infringidas y la sanción que acarrean para no incurrir en la arbitrariedad de la decisión.
Consiguientemente, al advertirse que la sanción impuesta está sustentada en normas que establecen deberes para los funcionarios, se deja entrever una fundamentación arbitraria en la Resolución observada, razón por la que es posible la concesión de la tutela en ese sentido.
Respecto a que la Autoridad Sumariante incurrió en vulneración al derecho al debido proceso y defensa, porque incorporó al proceso de manera irregular el Informe CITE/ SEGIP/RRHH/INF/090/2020 de 3 de marzo, emitido por la Supervisora de RRHH dirigido al Director General Ejecutivo a.i., el cual no fue solicitado por la Autoridad Sumariante, sino emitido en respuesta a su solicitud de levantamiento de la medida precautoria solicitado como efecto de la conclusión de primer proceso en el que fue absuelta, sin ponerle en su conocimiento
En este punto, concierne revisar en antecedentes, el mentado Informe emitido por la CITE/SEGIP/RRHH/INF/090/2020 Supervisora de RRHH dirigido al Director General Ejecutivo a.i. (fs. 477 a 482), que tiene como referencia “HR 166210 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 02/2020…” (sic) del cual se puede advertir que en el Punto 2, referido al “ANÁLISIS” se establece que el mismo es emitido en función al Memorial presentado por la ahora peticionante de tutela, a través del cual solicitó “…se levante la medida precautoria de cambio temporal de funciones…”; toda vez que, fue absuelta mediante la Resolución Administrativa Sumariante 02/2020 al determinarse en la misma la inexistencia de responsabilidad administrativa; por lo que, en efecto, el indicado informe no fue emitido en el marco del proceso administrativo que dio lugar a la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020.
Así también, de antecedentes se puede extraer que iniciado el proceso administrativo a través de Auto Inicial de Proceso Administrativo 11/2020, la ahora solicitante de tutela se apersonó solicitando a su vez fotocopias legalizadas del proceso mediante escrito de 17 de marzo de 2020 (fs. 315) reiterando su solicitud el 3 de junio de mismo año (fs. 321), pedido respondido mediante Nota Interna SEGIP/RRHH/ 246/2020 de 4 de junio (fs. 323), remitiendo documentación en la que no consta el Informe CITE/SEGIP/RRHH/ INF/090/2020 como parte del legajo de fotocopias legalizadas otorgadas a la solicitante, lo cual nos hace entrever que en efecto dicho documento no fue puesto a conocimiento de la ahora accionante como parte del proceso administrativo instaurado en su contra, a efecto de que esta asuma defensa con relación al mismo.
Bajo esas premisas, es evidente que el Informe CITE/SEGIP/RRHH/INF/090/2020, no fue incorporado legalmente al proceso, considerando además que el mismo fue solicitado por la impetrante de tutela para su beneficio; empero, los demandados además de no haber solicitado el mismo o su incorporación al proceso, directamente lo utilizaron en perjuicio de la peticionante de tutela sin haber puesto a su conocimiento que el mismo cursaba dentro de los antecedentes del proceso administrativo que se le estaba siguiendo, lo cual en efecto vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa de la prenombrada en el entendido de que se le quitó la posibilidad de conocer este extremo y que el referido Informe fue incorporado en su perjuicio, dejándola en indefensión respecto del mismo; abriendo la posibilidad de la concesión de la tutela en cuanto a la denuncia ahora analizada. iii)Respecto a que habiendo interpuesto recurso de revocatoria, la Autoridad Sumariante emitió la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 de 8 de julio, sin considerar los agravios de su recurso en las que denunció la falta de valoración probatoria y la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad y taxatividad Aquí, es conveniente revisar el recurso de revocatoria interpuesto por la ahora solicitante de tutela contra la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020, en el cual reclama lo siguiente: a) Se incorpora Informe CITE/SEGIP/RRHH/INF/090/2020 de 3 de Marzo, emitido por la Supervisora de RR.HH., consignándolo al proceso, perteneciendo la solicitud a otro Proceso Sumario Administrativo y no al presente, sin que conforme procedimiento se lo hubiera solicitado, y el mismo que no se puso en su conocimiento; b) Se incorpora irregularmente el POAI de Gestión 2020, del cargo de Responsable de Operaciones, de 30 de octubre de 2019, del cual se puede evidenciar que la firma de dicho documento, es imprecisa, con rasgos distintos a su firma teniendo la certeza que la rúbrica no fue realizada por su persona; puesto que, el único POAI que presentó en la gestión 2019 fue cuando desempeñaba el cargo de Oficial de Operaciones; c) Otra inconsistencia se debe al Informe SEGIP/DNAF/N.I./017/2020, emitido por el Director Nacional de Administración y Finanzas, en el cual, “se adjunta el POAI de la Gestión 2019, de Responsable de Operaciones, empero del señor LUIS GUSTAVO AGUILAR POMA, firmado el 09 de enero de 2019” (sic), irregularidades que no fueron tomadas en cuenta, omitiendo pronunciamiento y valoración; d) El 19 de marzo del presente año, solicitó fotocopias legalizadas de su file personal y el POAI de Responsable de Operaciones de la gestión 2019; empero, en la documentación que remite la Jefatura de RRHH no consigan el POAI de Responsable de Operaciones refrendado por su persona, en virtud a lo dispuesto por la Normas Básicas de Administración - SAP y el Reglamento Específico del Sistema de Administrativo del Personal - SEGIP, que regulan que en el transcurso del primer mes de inicio de gestión se deben enviar los POAI al Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, en tal sentido, el POAI que firmó en la Gestión 2019, fue cuando fungía funciones como Oficial de Operaciones, el mismo que consigna en su file Personal; por lo que, no se valoró toda la documentación adjunta al presente proceso y no se realizó el análisis objetivo de los mismos; e) El POAI gestión 2017, de Secretaria de la Dirección Nacional de Operaciones, no se encuentra firmado por su persona, y el mismo, indica como requisito esencial en la Formación Académica específica, Técnico Superior (no especifica secretario ejecutivo); empero, no se advierte que conforme su file personal, contaba con un Título en Profesional en Comunicación, además con más de seis años de experiencia general y dos años de experiencia específica; f) La supuesta contravención no debió ser tomada en cuenta; puesto que, fungió como Secretaria hasta mayo de 2017, transcurriendo a la fecha más de tres años de la supuesta contravención y conforme lo dispuesto por el art. 16 del DS 23318- A, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, se establece: “La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención tanto como para servidores como para ex servidores públicos”; g) Respecto al cargo de Supervisor de Operaciones, como Responsable de Operaciones, no se señala que haya incumplido con los requisitos de este cargo en Supervisor de Operaciones, transgrediendo de esta manera el principio de la congruencia y seguridad jurídica, siendo que no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda y en este caso concreto el Auto Inicial, creando el estado de indefensión, extremos que son consagrados y valorados por la Auto Supremo 376/2015 de 21 de julio; h) No se valora la prueba presentada como descargo, el Memorándum SEGIP/DGE-RRHH D 2/2018 de 5 de junio, en la cual se comunica los Resultados de Evaluación del Desempeño, mediante el cual, obtuvo un puntaje de 80,74, siendo este de excelencia, demostrándose la calidad de sus funciones desempeñadas; i) En la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 no se especifica y menos menciona los documentos que respaldarían las supuestas contravenciones al ordenamiento jurídico incurridos por su parte, siendo que se le denunció por ejercer cargos conociendo que no cumplió los requisitos profesionales; empero, no se demuestra con documentación idónea y licita, que con conocimiento de causa hubiese ejercido cargos en los cuales no cumplía los requisitos, menos aún se adjunta documentación referentes a solicitudes realizadas por mi persona solicitando el ascenso vertical o la promoción para dichos cargos; j) No se considera lo dispuesto en el numeral 5 del art. 10 de la Ley del Servicio General de Identificación Personal y Servicio General de Licencias para Conducir -Ley 145 de 27 de junio de 2011-, que establece que una de las atribuciones del Director General Ejecutivo es designar y nombrar al personal de la institución; toda vez que, en el último Considerando en el punto 3 de la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020, calificó los hechos como faltas muy graves, debido al art. 13, parágrafo II de las Normas Básicas del Sistema de Administración de personal, haciendo una redacción escueta del citado artículo, cambiando el sentido;
puesto que, en el inextenso del citado artículo no menciona la gravedad del incumplimiento de los requisitos establecidos por el POAI, al contrario, determina la importancia de la valoración y la importancia de cada puesto en la función pública para que el funcionario público tenga un salario justo y este se encuentre dentro de las políticas presupuestarias; k) Se pretende desconocer los derechos establecidos por el inciso t) del art. 8 del RIP - SEGIP que establece como un derecho la promoción y/o ascenso de los funcionarios públicos, en ese entender el POAI, es el mecanismo por el cual, se evalúa a los funcionarios públicos, respecto a su desempeño; l) En el Titulo de hechos probados, en un párrafo se determina que la prueba de descargo presentada consistente en el Informe SEGIP/DDLP/VIACHA/KMW/ 003/2020 de 25 de octubre, no desvirtúa el Informe SEGIP/DDLP/VIACHA/KMW/ 003/2020 de 23 de enero, emitido por el Encargado de Oficina Wilson Quelca Mamani, observando que el mismo habría sido presentado un mes después de la comisión y que este no especifica la fecha en la cual, no se habría encontrado el Responsable de la Oficina de Viacha y que dicho informe es general y causa confusión; m) Presentó prueba de descargo, consistente en el reconocimiento que realizan los Concejales del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Viacha del departamento de La Paz; por el cual, se manifiesta de manera clara que el Informe emitido por el Encargado de la Oficina Provincial de Viacha falta a la verdad; empero, en la Resolución objeto de revocatoria, se indica que ese Informe ambiguo es prueba suficiente, sin considerar que se emite en esta gestión 2020 (sin especificar bajo que solicitud se emitió el informe), cuando los hechos denunciados son hechos suscitados en la gestión pasada; sin embargo, se da pleno valor, sin una argumentación y valoración razonable; y, n) Según lo resuelto, sin hacer una subsunción de los hechos infringidos conforme la norma prohibitoria administrativa vulnerada, de manera ligera procede a indicar que contravino los citados artículos del RIP-SEGIP, infringiendo el principio de legalidad y el debido proceso, que establece que las contravenciones deben estar tipificadas claramente en la Ley y las contravenciones deben estar subsumidas en la normativa, extremos que se vulneran al emitir la Resolución impugnada, máxime si la doctrina establece que toda decisión que toma la Administración frente a los administrados y el derecho administrativo sancionador establece que toda sanción debe emerger de una ley o norma, basándose en el principio constitucional de legalidad que desmiembra del debido proceso.
La Autoridad Sumariante, absolviendo los cuestionamientos o agravios reclamados en el recurso de revocatoria señaló: 1) El cuestionado Informe SEGIP/RRHH/INF/090 fue anexado al proceso en fecha 12 de junio de 2020 incluso antes del proveído de clausura del periodo de prueba para la procesada que es de 17 del citado mes y año; 2) La supuesta incorporación irregular de un POAI gestión 2020 del cargo de Responsable de Operaciones, se desvirtúa; toda vez que, el indicado POAI se adjunta al informe de la Supervisora de RRHH, Rita Jiménez Vino, servidora pública idónea quién dentro sus atribuciones emitió un informe, el cual tiene plena validez para el presente proceso, 3) En el POAI del cargo de Secretaria en el “AREA DE FORMACIÓN INDICA TITULO DE SECRETARIADO EJECUTIVO”, desvirtuándose la falaz afirmación de la procesada, confirmándose el irregular ingreso a la Institución de Patricia Luz Quezada Hernández; 4) Las Instituciones Públicas se rigen por normativa interna como es el caso del SEGIP y su Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal V.2 que en cuanto al proceso de cuantificación de la demanda de personal establece que la cuantificación de la demanda de personal consiste en prever y planificar, en cantidad y calidad, el personal que requiera el SEGIP para ser asignado a cada puesto de trabajo necesario; asimismo señala que el análisis de la oferta interna de personal consiste en relevar la información necesaria del personal al interior del SEGIP a objeto de determinar sus características personales, educativas, laborales y potencialidades para desempeñar los puestos requeridos, aspectos no pueden dejarse de lado cuando en el informe legal antecedente del presente proceso, establece que las especificaciones de un puesto de trabajo está referido a las aptitudes del personal y a la definición de las características humanas, sumada la experiencia que debe tener una persona para desempeñarse en forma correcta al cargo asignado; siendo los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y experiencias que posee cada persona, cualidades necesarias para desempeñar distintos cargos; 5) Respecto a que no se habría valorado la prueba presentada como descargo como el memorándum de los resultados de evaluación de desempeño siendo de excelencia, resulta no ser evidente toda vez que incluso esta descrita en la Resolución Final como prueba de descargo; asimismo lo aseverado de que pretende desconocer los derechos establecidos a la promoción y ascensos de los funcionarios públicos, no corresponde a esta instancia cuya función se limita a lo dispuesto en el DS 23318-A modificado por el DS 26237; 6) Respecto a que no existe documentación administrativa jurídica idónea que demuestre que en su calidad de servidora pública haya perjudicado a la Institución, será la instancia pertinente la que determine este aspecto y al manifestar que no se alude en el Auto Inicial del proceso el art. 13.II de las Normas Básicas del sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS); 7) Por otro lado manifiesta que se vulneraron los principios constitucionales y administrativos por irregularidades procedimentales y falta de valoración en la prueba de descargo referente al incumplimiento de las instrucciones referidos a las comisiones asignadas, es necesario aclarar que un informe emitido por autoridad competente (en este caso del Encargado de la Oficina de Viacha que indica que en la gestión 2019 en ningún momento se presentó Patricia Luz Quezada Hernández) éste es considerado un acto administrativo que se considera válido conforme a lo dispuesto por la Ley 2341; más aún cuando la procesada presenta como prueba un Reconocimiento a su persona del Concejo Municipal del GAM de Viacha del departamento de La Paz de mayo de 2019; es decir, anterior a la declaratoria esa comisión mediante Memorándum SEGIP-DGE-RR.HH/DC/ 063/2019 de 9 de septiembre, presentado por la misma procesada; y, 8) La Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 describe cada una de las pruebas objetivas que se tomaron en cuenta para determinar precisamente los hechos probados y las conclusiones, es así que en base a estas y atendiendo a la gravedad de los hechos y circunstancias agravantes, se determinó la sanción de destitución para la procesada, en estricta sujeción a los arts. 28 y 29 de la Ley 1178, 49 del Reglamento Interno de Personal del SEGIP.
De la lectura de la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020, es posible determinar que en la misma no se resuelven todos los extremos denunciados en el recurso de revocatoria incoado por la ahora accionante; puesto que, con relación a los agravios denunciados de falta de valoración probatoria y la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad y taxatividad, no existe pronunciamiento alguno, pues, no se responde al punto en que se reclama que no hubo valoración de toda la documentación adjunta al proceso y que no se realizó el análisis objetivo de la misma; tampoco se manifiesta con relación a que no se efectuó la subsunción de las denuncias a la norma administrativa a objeto de establecer las sanciones pertinentes infringiendo el principio de legalidad y el debido proceso, que establece que las contravenciones deben estar tipificadas claramente en la Ley y las contravenciones deben estar subsumidas en la normativa, extremos que se vulneran al emitir la Resolución impugnada, máxime si la doctrina establece que toda decisión que toma la Administración frente a los administrados y el derecho administrativo sancionador establece que toda sanción debe emerger de una ley o norma, basándose en el principio constitucional de legalidad, demostrándose que la Resolución observada peca de incongruencia externa que conforme al Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional que establece que la congruencia externa se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes.
En ese entendido, bajo las precedentes consideraciones, es posible determinar que en específico, el demandado no dio respuesta cabal a los cuestionamientos que la impetrante de tutela reclama como no respondidos en cuanto a la valoración probatoria de todos los documentos adjuntos al proceso y respecto a la infracción a los principios de legalidad y taxatividad de la norma a objeto de establecer las sanciones pertinentes con relación a subsunción de las denuncias a la norma administrativa, ameritando la concesión de la tutela en este punto. iv) Con relación a que habiendo interpuesto recurso jerárquico contra la Resolución anterior, el Director General Ejecutivo a.i. del SEGIP, emitió la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/ NORM/011/2020 de 20 de julio, confirmando en todas sus partes la Resolución del recurso de revocatoria, vulnerando su derecho al debido proceso en sus vertientes de legalidad, taxatividad, y de defensa, porque consintieron su sanción en base a los artículos que establecen obligaciones y no así infracciones y sin tomar en cuenta la jurisprudencia que puso en su conocimiento respecto a la postergación de la sanción hasta que el hijo o hija cumpla el año de edad
En este punto, remitiéndonos a la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/ 011/2020, es posible; primero evidenciar que luego de hacer mención los antecedentes del caso, se procedió a resolver los cuestionamientos de recurso jerárquico; sin embargo, de la parte final se puede extraer el párrafo que convalida la sanción de destitución, el cual señala lo siguiente:
“Que, el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público establecido por el artículo 3 del mismo -ha sido plasmado- en los Decretos Supremos N° 25749, 26115, considerando que los denominados funcionarios provisorios se encuentran sujetos a la aplicación de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y al régimen de responsabilidad por la función pública igualmente, por cuanto ante cualquier indicio de la existencia de responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva el servidor público debe y puede ser sometido a procesos de cualquier índole, incluida en la vía administrativa, debido a que la concepción de la responsabilidad en el ejercicio y desempeño de un cargo público va más allá del simple propósito de generar una causal de destitución, así no fuese necesario recurrir a ella; en el caso concreto, si bien la sumariada responde a la definición de “funcionaria provisoria”, introducida también por el Estatuto del Funcionario Público, quienes posteriormente también fueron denominados “funcionarios en situación irregular”; cabe resaltar que la sanción de despido, se encuentra respaldada en disposiciones técnicas y legales, en cuyo escenario, cabe incidir en el hecho de que las facultades conferidas a éstas autoridades para proceder a la incorporación, movilidad y retiro de cualquier funcionario público, provienen de procedimientos específicos.
Que, de acuerdo al Artículo 25 del Decreto Supremo N° 23318-A modificado por el Decreto Supremo N° 26237, contra la decisión que resuelve el Recurso de Revocatoria, podrá interponerse Recurso Jerárquico ante la misma autoridad que resolvió la Revocatoria, quien concederá el Recurso en efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad” (negrillas y subrayado agregados). En ese estado de cosas, es evidente que el Director del SEGIP demandado convalidó la sanción de destitución, en función a la normativa que establece las obligaciones y deberes de los funcionarios públicos del SEGIP y no así en normas que establecen infracciones; por cuanto, como se vio en una problemática anterior, las supuestas faltas en las que incurrió la ahora peticionante de tutela solo ameritaban una llamada de atención escrita y no así la destitución, tal es así que, el demandado como único argumento para confirmar la Resolución de revocatoria, solamente señala que la Autoridad Sumariante tiene la potestad de incorporación, movilidad y retiro de cualquier funcionario público y que la sanción de despido se encuentra respaldada en disposiciones técnicas y legales; lo cual, es un razonamiento ambiguo, considerando que el recurso jerárquico reclama precisamente la aplicación de la sanción en función a la norma estipulada en la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020; por lo que, correspondía revisar si en efecto las normas por las cuales se estaba determinando la destitución en efecto correspondían a sanciones específicas, y no así a deberes y obligaciones, como se estableció en el caso; no obstante, al no haber efectuado ese análisis, se vulnera el principio de legalidad alegado en el entendido de que todo acto o procedimiento jurídico y/o administrativo llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal; la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado; ameritando en este punto la concesión de la tutela.
Así también, en cuanto a que en la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/ 011/2020, no se tomó en cuenta la jurisprudencia que puso en su conocimiento respecto a la postergación de la sanción hasta que el hijo o hija cumpla el año de edad; en efecto, en el recurso jerárquico, en el punto 2.3, la solicitante de tutela hizo mención a la jurisprudencia contenida en la SCP 0825/2017-S2 de 14 de agosto, que en relación a ese extremo señala que:
“III.2.1. Postergación de la sanción impuesta a la mujer embarazada trabajadora y al progenitor hasta un año del nacimiento de su hijo o hija
Sobre este punto, si bien la SCP 0076/2012,de manera restrictiva, moduló la anterior línea jurisprudencial contenida en las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R y 1580/2011-R, sosteniendo que no resultaba aplicable el beneficio de inamovilidad laboral hasta que el recién nacido cumpla un año de edad, cuando exista sanción administrativa, debiendo ejecutarse inmediatamente, aclarando sin embargo que quedaba subsistente el beneficio de lactancia para el ser en gestación o recién nacido menor a un año de edad; no obstante de ello, posteriormente se pronunció la SCP 0086/2012, que recondujo el entendimiento jurisprudencial, expresando lo siguiente: “En remisión al art. 48.VI de la CPE, citado en el Fundamento Jurídico que precede, queda claro que la mujer en estado de gestación o lactancia, no puede ser removida de su puesto de trabajo hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; previsión constitucional que versa sobre la protección de maternidad por parte del Estado, que es extensible al progenitor varón a efectos de precautelar el derecho a la vida, la salud y a la seguridad social, tanto de la madre como del recién nacido desde el momento de su concepción.
Así, debe entenderse por pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, cuando en aquellos casos en los que ambos -madre y progenitor-hubieran sido sometidos a proceso administrativo, disciplinario y/o determinado su destitución -por incurrir en contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria- dicha sanción deberá postergarse en tanto su hijo o hija cumpla un año de edad (Con similar intelecto, la SC 1330/2010-R de 20 de septiembre). De lo que se concluye que, la inamovilidad laboral de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele, la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe posponerse a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable” (las negrillas nos corresponden).
Ahora bien, en la Resolución de recurso jerárquico, evidentemente no se hace una referencia al extremo solicitado por la accionante; sino que, en lugar de pronunciarse al respecto, señala que la inamovilidad no implica impunidad haciendo mención a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0652/2019-S3 de 2 de octubre, y la 0062/2019-S4 de 5 de abril, mismas que asumieron el criterio restrictivo que menciona la jurisprudencia glosada; empero, sin argumentar por qué siendo una institución estatal se acoge a los entendimientos señalados y no así a la jurisprudencia protectiva de los derechos constitucionales, máxime si la inamovilidad laboral, como se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta fallo constitucional, debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, siendo obligación primordial del estado la protección del nuevo ser en gestación y hasta su primer año de vida.
Bajo esa tesitura, la autoridad demandada, en la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/ 011/2020, en efecto no consideró la jurisprudencia mencionada y menos hizo referencia el por qué no sería aplicable el entendimiento que contiene; adoleciendo dicha resolución de falta de congruencia externa, permitiendo la concesión de la tutela también en este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 181/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 861 a 868, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la nulidad de la Resolución Administrativa SEGIP/DGE/NORM/011/2020 dictada por el Director General Ejecutivo a.i. del Servicio General de Identificación Personal que resuelve el recurso jerárquico; y, la Resolución Administrativa SEGIP/R.S./03/2020 emitida por la Autoridad Sumariante que resuelve el recurso de revocatoria y la Resolución Final Administrativa Sumariante 06/2020 emitida por la misma Autoridad Sumariante, debiendo emitirse una nueva resolución que resuelva el proceso interno administrativo seguido en contra de la accionante, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.
2 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.
10. En el F.J.III.1. “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”.
11 En el F.J. III.3.I. señalo: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0947_2023-S1.pdf · páginas 1 a 52.
Huella digital del PDF (SHA-256): 898aa0761eafd51724e23fa538fa3aafcd87c64506104db365f602b32ce4643c
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