B.IA.LEGAL

SCP 0946/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 16 de octubre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
16 de octubre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
49677-2022-100-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2020 de 16 de diciembre, cursante de fs. 599 a 607 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0946/2023-S4 Sucre, 16 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 49677-2022-100-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 03/2020 de 16 de diciembre, cursante de fs. 599 a 607 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Estivariz Montaño contra Enzo Carlo Roca Pinto, Alcalde, Eduardo Gamarra Jaime, Secretario Municipal de Planificación y Desarrolllo, todos del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial de demanda presentado el 9 de diciembre de 2020, cursante de fs. 1; y, 92 a 92 a 99 vta.; el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 1 de agosto de 2018, comenzó a trabajar en el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta en el cargo de Jefe de Parques y Jardines como evidencia el Memorándum SMPDT/003/2018 de 1 de agosto; y posteriormente, por Memorándum SMPDT/009/2019 de 2 de enero, fue designado como Responsable de Parques, Jardines y Barrido de Calles, cargo en el que permaneció hasta el 9 de marzo de 2020, cuando fue despedido de forma ilegal e injusta; puesto que, a través de un mensaje de WhatsApp, tomó conocimiento de que se había designado a otra persona en su lugar. A su requerimiento, el 11 de marzo del señalado año, le fue entregado el Memorándum SMPDT/002/2020 fechado el 2 de marzo, cuando se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones, resultando sorprendente que haya sido firmado por “Brenda Roca y Silia Ericka Urichi” (sic), como testigos de que rehusó firmar; no obstante, no señalan fecha, hora, lugar y el motivo por el que supuestamente se negó a recibir tal comunicación. Para corroborar que en la indicada fecha se encontraba en funciones, el 3 de marzo del citado año, solicitó al Jefe de Recursos Humanos (RR.HH.) autorización para utilizar su vacación anual, ocasión en la que no se le hizo conocer la existencia de dicho Memorándum, de manera que a esa fecha, no existía el mismo. Así, esperando respuesta a su petición de vacación anual, el 4 del mismo mes y año, presentó al Alcalde Municipal, el informe de las actividades realizadas por su Unidad en febrero, así como la planificación para marzo de 2020, con el visto bueno del Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, oportunidad en la que tampoco se le dio ninguna información respecto a la existencia del documento que finalmente, dicha autoridad suscribió. El 19 de marzo de 2020, planteó Recurso de Revocatoria, solicitando restitución a su cargo porque su pareja se encontraba en estado de gestación, presentando el acta de reconocimiento ad vientre; sin embargo, la autoridad que emitió el Memorándum SMPDT/002/2020, sin realizar un análisis y valoración de la prueba aportada, emitió la Resolución de Recurso de Revocatoria 01/2020 de 9 de junio, desestimando la impugnación planteada por presentación extemporánea sin pronunciarse sobre el fondo del recurso que versaba sobre el derecho a la inamovilidad por ser padre progenitor. El 8 de julio de igual año, interpuso recurso jerárquico, emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico SGD 001/2020 de 2 de septiembre, que confirmó en todas sus partes, el acto impugnado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, subsidios familiares y maternidad segura; citando al efecto, los arts. 48.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Su reincorporación inmediata, dejando sin efecto el Memorándum SMPDT/002/2020; la Resolución de Recurso de Revocatoria 01/2020 y la Resolución de Recurso Jerárquico SGD 001/2020; b) El pago de sus salarios devengados desde el 1 de marzo de 2020; y c) El pago retroactivo de las asignaciones familiares devengadas correspondientes a los subsidios prenatal, natal y de lactancia, de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 19 de la Resolución Ministerial (RM) 1617 de 22 de noviembre de 2011, sean con cargo al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Revisado el expediente de la presente acción de defensa, se evidencia que no se acompañó al mismo, el acta de la audiencia de amparo constitucional; motivo por el que, no se glosan sus aspectos más importantes.

I.2.1. Informe de las autoridades demandadas

Enzo Carlo Roca Pinto, Alcalde; y, Eduardo Gamarra Jaime, Secretario Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, a través de sus representantes legales y mediante informe escrito presentado el 16 de diciembre de 2020, cursante de fs. 108 a 113 vta., señalaron que: 1) La acción interpuesta es improcedente por no haberse notificado al tercero interesado Hormando Chávez Chávez, quien ocupa actualmente el cargo; 2) Por Memorándum de Agradecimiento SMPDT/002/2020, fueron agradecidos los servicios del impetrante de tutela, siendo notificado en la misma fecha, con la intervención de dos testigos, contra dicha determinación, el 19 de marzo de 2020, planteó Recurso de Revocatoria, el cual fue desestimado a través de Resolución Recurso de Revocatoria 01/2020 de 9 de junio, interponiéndose recurso jerárquico que fue resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico 01/2020 de 9 de junio, confirmando la indicada decisión, resultando evidente que no se cumplió el principio de subsidiariedad por no haberse agotado las instancias administrativas; puesto que, no se planteó acción contencioso administrativa para que se repare la presunta vulneración a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; y tampoco, luego de la entrega del Memorándum de agradecimiento de servicios, no se realizó ningún trámite administrativo ante la Jefatura Departamental de Trabajo conforme prevé el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y ulterior modificación establecida en el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, así como por la RM 868/10 que establece el procedimiento de reincorporación; 3) Jesús Estivariz Montaño, fue un funcionario de libre nombramiento y por ende, de libre remoción, considerándose así mismo que, al momento de su desvinculación, la entidad no conocía del estado de gestación; por ende, siendo que el cargo que ocupaba el solicitante de tutela era el Responsable de Parques, Jardines y Barrido de Calles con un nivel salarial “6”; es decir, que cumplía una función de absoluta confianza. A ello se añade que, al momento de la remoción del cargo no existía constancia de que el mismo fuera el progenitor de un ser en gestación, tanto es así que, la documentación que presentó para acreditar ese hecho es posterior al memorándum de agradecimiento de servicios; puesto que, la ecografía practicada en la señora Yohana Yoamona Salvatierra data de 12 de marzo de 2020, mientras que el Formulario Único de Inscripción y Control de Corresponsabilidades de la Mujer Gestante es de 13 del mismo mes y año; y la inscripción del reconocimiento es de 18 de marzo de similar año, demostrando la mala fe del accionante y la vulneración del principio constitucional del ama llulla debido a que aparece como padre progenitor con reconocimiento posterior a su desvinculación; y, 4) La justicia constitucional, no se encuentra habilitada para determinar la dimensión ni la cuantía de los pagos por salarios devengados, así lo estableció la SCP 0244/2015-S3 de 20 de marzo.

I.2.2. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni, por Resolución 03/2020 de 16 de diciembre, cursante de fs. 599 a 607 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) De la revisión de obrados, se tiene que el Memorándum de Agradecimiento de Servicios es de 2 de marzo de 2020, constando que a través de memorial de 11 del mismo mes y año, el impetrante de tutela tomó conocimiento de su desvinculación, interponiendo el recurso de revocatoria el 19 de marzo de 2020; ii) Consta también que mediante reconocimiento ad vientre efectuado el 18 de marzo de 2020, reconoció una hija o hijo en gestación de veintidós semanas, de manera que no existió ninguna vulneración por parte de la Alcaldía; sino que, resulta evidente que fue ejecutada desde el punto de vista material por el propio progenitor que no actuó con la diligencia debida, considerándose asimismo, que se trata de un cargo ejecutivo y que por tanto, es de libre disponibilidad; y, iii) Por el carácter netamente provisional de la otorgación de la tutela, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral, son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo, la situación laboral del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum SMPDT/003/2018 de 1 de agosto, se designó a Jesús Estivariz Montaño –ahora accionante– en el cargo de Jefe de Parques y Jardines del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, que corresponde al nivel 6 de la estructura organizativa de la entidad; puesto que, posteriormente fue denominado Responsable de Parques, Jardines y Barrido de Calles, según le fue comunicado a través del Memorándum SMPDT/009/2019 de 2 de enero, lo que no significó una modificación del nivel salarial ni de sus funciones (fs. 1 a 2). II.2. Consta también que, mediante Memorándum SMPDT/002/2020 de 2 de marzo, fueron agradecidos sus servicios, constando en el mismo documento que rehusó firmar, presentando posteriormente un memorial el 11 del mismo mes y año; por el que, solicitó la entrega del original del indicado memorándum, señalando que no pudo recibirlo por motivos de fuerza mayor (fs. 3 a 6). II.3. A través de memorial presentado el 20 de marzo de 2020, solicitó restitución a su fuente laboral por tener derecho a la inamovilidad laboral por ser padre progenitor, adjuntando la Partida 044 de inscripción de reconocimiento, emitida el 18 de marzo del mismo año, por el Servicio Nacional de Registro Cívico, en la que consta que el ahora impetran te de tutela, reconoció ad vientre a la hija o hijo que concibió con Yohana Yoamona Salvatierra que, a esa fecha, tenía veintidós semanas de gestación. Conforme a la documentación presentada por la entidad demandada, se adjuntó también el Informe del Servicio de Ecografía correspondiente a Yohana Yoamona Salvatierra de dieciocho años de edad, quien se encontraba con veintidós semanas de gestación (fs. 36 a 38 vta.; 39; y, 126 a 132). II.4. Por Resolución Recurso de Revocatoria 01/2020 de 9 de junio, Eduardo Gamarra Jaime, Secretario Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial del municipio, desestimó la impugnación presentada por presentación extemporánea, considerando que el Memorándum de Agradecimiento SMPDT/002/2020 de 2 de marzo, fue entregado en la misma fecha y que el recurso fue presentado el 20 de similar mes y año, fuera del plazo de diez días posteriores a la notificación, conforme previene el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) [fs. 41 a 43]. II.5. A través Recurso Jerárquico planteado por el solicitante de tutela, como consta en el memorial presentado el 8 de julio de 2020, que fue conocido y resuelto por David Mitumori Oyola, Alcalde Municipal de Riberalta, quien a través de la Resolución de Recurso Jerárquico SGD 001/2020 de 2 de septiembre confirmó la Resolución de Revocatoria 01/2020 de 9 de junio (fs. 50 a 56). II.6. El accionante igualmente junto a la acción de amparo constitucional, presentó los siguientes documentos: a) Formulario Único de Inscripción y Control de Corresponsabilidades Niño/Niña Menor de 2 Años – Bono Juan Azurduy de 21 de julio de 2020; por el que, Yohana Yoamona Salvatierra, madre de la niña NN, registró a su hija como beneficiaria y un esquema de vacunación, y, b) Certificado de NN, hija del impetrante de tutela, nacida el 2 de julio de 2020 (fs. 40; 44 y 45).

III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, subsidios familiares y maternidad segura, habida cuenta que las autoridades demandadas, determinaron su desvinculación laboral sin considerar que era padre progenitor de una niña que en ese momento se encontraba en gestación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en casos en los que se demanda la vulneración de derechos de mujeres en estado de gestación y progenitores de hijos menores de un año de edad

Conforme señala la SCP 1509/2022-S4 de 21 de noviembre: “…Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado, y de manera constante, que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley, que puede restituirlos de manera eficiente y oportuna; sin embargo, también es cierto que la exigencia del agotamiento previo de los mecanismos procesales previstos, ya sea en la vía ordinaria o administrativa, pueden no resultar idóneos u oportunos para la protección de los derechos fundamentales o garantías constitucionales alegados, ocasionando más bien un daño irreparable e irremediable de no otorgarse la tutela solicitada; por lo que, la justicia constitucional estableció sub reglas como excepción al indicado principio que rige esta acción tutelar, encontrándose entre ellas, los derechos fundamentales que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación, dado que la protección de los derechos de las mismas, conforme a lo señalado en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, debe ser “…de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…”; razonamiento que también fue asumido en las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.

El entendimiento anotado precedentemente no resulta aplicable únicamente a la mujer embarazada, pues tomando en cuenta el orden constitucional vigente, el mismo resulta extensivo también a los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, de manera que, ante la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la mujer embarazada o padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional; puesto que un razonamiento contrario, además de ser restrictivo al ejercicio de sus derechos constitucionales, no sería congruente con el deber de protección y tutela reforzada que establecen los arts. 45.V y 48.VI de la CPE.

En tal sentido, cuando la mujer embarazada o la madre o padre progenitor de una hija o hijo menor de un año de edad, activa la jurisdicción constitucional en búsqueda de tutela de su derechos a la inamovilidad laboral, no será exigible el agotamiento previo de los mecanismos procesales que prevé el ordenamiento jurídico; toda vez que, la protección del derecho, más que al trabajador, está dirigida a la tutela de los derechos del nasciturus o de la niña o niño menor de un año, conforme se razonó también en la SCP 0198/2013 de 27 de febrero…” (el resaltado es nuestro).

III.2. La inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad

El art. 48.VI de la CPE, señala que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”; en ese marco normativo, la jurisprudencia constitucional reiterada, reconoce que la inamovilidad laboral descrita no solamente se aplica a la mujer trabajadora; sino que también, se hace extensiva a los trabajadores que son padres hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, con lo cual se denota la importancia de precautelar el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad social, no solo de la madre, sino también del recién nacido, que desde el momento de su concepción es sujeto de derechos en todo aquello que pudiera favorecerle.

Así, la SCP 1509/2022-S4 de 21 de noviembre, considera que la protección reforzada de la mujer embarazada hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, deviene también de las disposiciones contenidas en la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que prevé: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”; norma que resulta aplicable tanto en el sector privado como en el ámbito público, por cuanto la protección dispuesta no tiene únicamente como objeto, los derechos fundamentales de la mujer en estado de gestación, sino fundamentalmente de la persona en el vientre y hasta que alcance a cumplir un año de edad.

A ello se añade que el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, al regular la inamovilidad de la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, prohíbe: 1) Su despido; 2) La afectación de su nivel salarial; y, 3) Su ubicación en el puesto de trabajo que ocupa; dejando en claro nuevamente, que el objeto es, garantizar a la madre una maternidad segura y en la que, el Estado está en la obligación de brindar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal, conforme a lo previsto en el art 45.V de la CPE.

Ahora bien, como señala la SCP 1509/2022-S4 de 21 de noviembre: “…Los hechos varían entre un caso y otro, de manera que una regla jurídica no siempre resulta aplicable para todos los casos que se presentan, en tal razón, deben establecerse nuevas reglas a través de las instancias competentes para la producción normativa o mediante la interpretación de acuerdo a la casuística…”. En ese sentido, el art. 5 del citado DS 0012 de 19 de febrero de 2009, señala lo siguiente:

“I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurren en causales de conclusión de la relación laboral atribuibles a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral.

II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en

contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio.

III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”.

Consecuentemente, la madre y padre progenitores que trabajando en el sector público o privado, bajo la modalidad temporal, eventual y contrato de obra no gozarán de inamovilidad laboral, excepto cuando bajo dichos modos de contratación se intente eludir el alcance de la norma; en ese sentido, se tiene razonado también en la SC 0109/2006-R de 31 de enero, que modulando el entendimiento desarrollado previamente en cuanto se refiere a la protección laboral de la mujer embarazada con contrato a plazo fijo, señaló que: “…se hace necesaria una modulación en cuanto corresponde a los casos de contratos a plazo fijo, en los que tanto el empleador como la trabajadora -sea del sector público o del privado-, conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano…” y si bien dicha Sentencia estableció determinadas circunstancias en las que no podría aplicarse tal precedente, como es el caso de advertirse la vulneración a normas laborales, como la prohibición de suscripción en tareas propias y permanentes de la empresa, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo o la tácita reconducción laboral, debe entenderse que tales subreglas solo resultan aplicables en el marco de la Ley General del Trabajo y no así en el ámbito de la administración pública, entendimiento que igualmente, fue asumido en la SCP 0172/2017-S3 de 13 de marzo.

Consecuentemente, no es aplicable la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación o de los padres progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, en los casos en que las entidades públicas no sujetas a la Ley General del Trabajo suscriban contratos de trabajo a plazo fijo o temporales en los que el término del contrato se encuentra preestablecido, y en los que, el empleador está en la obligación de cumplir con los derechos del trabajador, hasta el límite del mismo contrato, y en cuanto a las asignaciones familiares, deben ser cubiertas hasta los dos meses posteriores a la conclusión del último contrato, en aplicación a lo dispuesto en el art. 16 del Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011.

Ingresando al campo específico de la inamovilidad de los servidores públicos, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 635/2020-S4 de 28 de octubre, refiriendo las SSCCPP 0579/2015-S3 de 10 de junio y 1044/2013 de 27 junio, consideró que aunque el derecho a la inamovilidad laboral es universal, tal derecho no es absoluto en el ámbito administrativo, pues no es transversal a todas las categorías de servidores públicos, de manera que puede verse limitado cuando se trata de aquellos de libre nombramiento que son designados de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico puesto que precisamente, por esas características de confianza y especialidad no se encuentran bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral sean madres o padres progenitores, pues en ese caso se entendió que debe garantizarse la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional, aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva a reconocer en un puesto de libre nombramiento a personal que no cuenta con su confianza o con las condiciones técnicas requeridas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

En el marco de dicho entendimiento y en relación a los servidores públicos denominados provisorios; es decir, aquellos que desempeñan funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa sin haber sido incorporados a la misma, conforme previene la Disposición Adicional Única del DS 4469 de 3 de marzo de 2021, no son alcanzados por la inamovilidad funcionaria.

Un aspecto que resulta importante considerar, es el señalado por el art. 5.III del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que añade que la inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija, norma que se encuentra vinculada con los deberes señalados por el art. 41.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), entre ellos la obligación de cuidar y garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos y brindarles ambientes afectivos de respeto, resaltando igualmente, que es su deber registrar la filiación de hijas e hijos y, así mismo, afiliarlos al sistema de seguridad social como beneficiarios que puedan recibir la protección que esta brinda, conforme previene el Código de Seguridad Social, su Reglamento y Normas Conexas, puesto que aunque la afiliación de la o el cónyuge o pareja en unión libre que no se encuentre afiliada a otro ente gestor como trabajadora; la afiliación del recién nacido es obligatoria en el plazo de treinta días calendario, porque requiere de manera inmediata prestaciones en especie. Se entiende que el estado de embarazo de la esposa o pareja asegurada del trabajador debe ser verificado por el ente gestor y comunicado al empleador para fines en el primer caso de autorización de pago de las asignaciones familiares y en el segundo, a los fines de previsión presupuestaria.

El cumplimiento de los deberes de los trabajadores padre o madre progenitores, debe ser entendido en sentido amplio y no únicamente limitado al contexto de la previsión del citado art. 5.III del DS 0012; vale decir, para mantener la inamovilidad funcionaria, sino también para acceder o reclamar la misma cuando la relación laboral se encuentre vigente, ello en el contexto del análisis precedente y específicamente, para acceder al pago de las asignaciones familiares, debido a que en el contexto de la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Constitucional Plurinacional, como es el caso de la SCP 0369/2023-S4 de 22 de mayo, debido a que las asignaciones familiares destinadas a la protección de la mujer gestante y de las niñas y niños menores de un año, otorgadas en forma de subsidio prenatal; de natalidad y de lactancia, son concedidas hasta que el niño cumpla un año de edad a pesar de la desvinculación laboral (SCP 0076/2012 de 12 de abril) porque el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, subsidios familiares, y maternidad segura habida cuenta que las autoridades demandadas, determinaron su desvinculación laboral sin considerar que era padre progenitor de una niña que en ese momento se encontraba en gestación.

La revisión de antecedentes cursantes en el expediente, evidencia que el impetrante de tutela prestó servicios para el Gobierno Autónomo de Riberalta, puesto que consta su designación por Memorándum SMPDT/003/2018, como Jefe de Parques y Jardines del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, que corresponde al nivel 6 de la estructura organizativa de la entidad; puesto que, posteriormente fue denominado Responsable de Parques, Jardines y Barrido de Calles, según le fue comunicado a través del Memorándum SMPDT/009/2019, lo que no significó una modificación del nivel salarial ni de sus funciones.

El 2 de marzo de 2020, a través del Memorándum SMPDT/002/2020, fueron agradecidos sus servicios; motivo por el que, el 20 del mismo mes y año, interpuso recurso de revocatoria, en el que aduciendo ser padre progenitor y por ende, gozar de inamovilidad laboral, solicitó la restitución a su fuente laboral; al efecto, adjuntó la Partida 044 de inscripción de reconocimiento, emitida el 18 de marzo de 2020, por el Servicio Nacional de Registro Cívico “SERECI”, en la que consta que Jesús Estivariz Montaño, reconoció ad vientre a la hija o hijo que concibió con Yohana Yoamona Salvatierra que, a esa fecha, tenía veintidós semanas de gestación, hecho corroborado por un informe de estudio de ecografía. La entidad demandada, mediante Resolución de Recurso de Revocatoria 01/2020, suscrita por Eduardo Gamarra Jaime, Secretario Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial del municipio, desestimó la impugnación por presentación extemporánea, acto administrativo que fue confirmado en instancia jerárquica, por David Mitumori Oyola, Alcalde Municipal de Riberalta, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico SGD 001/2020.

Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, la inamovilidad laboral que expresa la protección reforzada de la mujer embarazada hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, alcanza evidentemente al padre progenitor y deviene de la protección constitucional y normativa que haciendo efectiva la misma, prevé que toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas, de manera que la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado y hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pueden ser despedidos, afectados en su nivel salarial o su ubicación en el puesto de trabajo que ocupan.

Ahora bien, conforme al desarrollo normativo vigente en nuestro Estado Plurinacional, el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, regula las condiciones del indicado derecho laboral, de manera que fueron generadas exclusiones al derecho a la inamovilidad laboral, entre ellas que no es aplicable a las mujeres en estado de gestación o a los padres progenitores que cumplan funciones en el sector público no sujeto a la Ley General del Trabajo; puesto que, tal derecho no es transversal a todas las categorías de servidores públicos, de manera que puede verse limitado cuando se trata de aquellos de libre nombramiento que son designados de manera directa por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico como ocurre con el accionante quien antes de su desvinculación, ocupaba un cargo directivo.

A ello se añade que conforme a los antecedentes presentados tanto en sede administrativa como ante la justicia constitucional, el impetrante de tutela, reconoció ad vientre a su hija, en forma posterior a su desvinculación pues acreditó que su pareja se encontraba con veintidós semanas de gestación, pretendiendo así, no únicamente su reincorporación sino igualmente, el pago retroactivo de las asignaciones familiares a las que la niña NN, nacida el 2 de julio de 2020, habría tenido derecho en caso de que como padre hubiese observado sus deberes de filiación y de comunicación al ente gestor de salud al que se encontraba asegurado, resultando importante señalar que conforme al análisis expuesto en el marco de la previsión contenida en el art. 5.III del DS 0012, la inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija, norma que debe ser entendida en sentido amplio y no únicamente limitado a mantener la inamovilidad funcionaria, sino también para acceder o reclamar la misma cuando la relación laboral se encuentre vigente y específicamente, para acceder al pago de las asignaciones familiares, debido a que se encuentran destinadas a la protección de la mujer gestante y de las niñas y niños menores de un año, otorgadas en forma de subsidio prenatal; de natalidad y de lactancia y, son concedidas hasta que el niño cumpla un año de edad a pesar de la desvinculación laboral, debido a que el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados.

Así se concluye que para reclamar un derecho, es obligación de los progenitores observar el cumplimiento de sus deberes que se encuentran vinculados no únicamente con la obligación de cuidar y garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos y brindarles ambientes afectivos de respeto, sino igualmente, registrar su filiación y, así mismo, afiliarlos al sistema de seguridad social como beneficiarios que puedan recibir la protección que esta brinda, entendiéndose que es de su interés comunicar el estado de embarazo de la esposa o pareja asegurada del trabajador para que sea verificado por el ente gestor y comunicado al empleador para fines en el primer caso de autorización de pago de las asignaciones familiares y en el segundo, a los fines de previsión presupuestaria.

A ello se añade que en el presente caso, NN hija del impetrante de tutela, fue registrada y afiliada al Bono Juana Azurduy de Padilla, de manera que recibe la protección reforzada del Estado nacional.

III.4. Cuestión final

Se observa que el Juez de garantías, en la Resolución pronunciada, no observó la jurisprudencia reiterada por este Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la excepción al principio de subsidiariedad en los casos en los que se demanda la vulneración de derechos de mujeres en estado de gestación y de progenitores de hijos menores de un año de edad, cuando señaló que no se observó el principio de subsidiariedad.

Por otra parte, en el expediente remitido, no se adjuntó el acta de la audiencia de amparo constitucional que conforme previene el art. 29.4.f) del Código Procesal Constitucional (CPCo), debe integrar ineludiblemente los antecedentes procesales, advirtiéndose que pronunciada la Resolución 03/2020, el 16 de diciembre de 2020, el Juez de garantías se percató el 7 de septiembre de 2021, que el proceso no había sido remitido en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional debido a que el Secretario en suplencia legal, no había adjuntado el acta de la audiencia y, en lugar de remitir inmediatamente el mismo, subsanando la ausencia de tal actuado con un informe en el que se reflejara lo sustancial de lo ocurrido en el mismo sobre la base de la inmediación y de la Resolución pronunciada, determinó efectuar diligencias para notificar al ex servidor público, para recién el 11 de agosto de 2022, remitir el expediente sin acta de la audiencia, lo que significa que desde la Resolución 03/2020 de 16 de diciembre hasta que el expediente fue recibido en este Tribunal Constitucional Plurinacional el 2 de septiembre de 2022, transcurrieron casi dos años, lo cual resulta inexcusable.

Se deja constancia que a pesar de la ausencia del acta de la audiencia de la acción de defensa, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada en resguardo del principio de celeridad contenido en el art. 3.4 del CPCo; puesto que, no se justifica mayor demora que se produciría si se devuelven antecedentes para que sean complementados. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2020 de 16 de diciembre, cursante de fs. 599 a 607 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial y de Familia Cuarto de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0946_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1f1996531e453634316a0756f27016c2f05e8adc1d082020d9fac4564a622e45

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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