Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; alegando que no se dio cumplimiento a la Orden de Traslado 1/2023 el 4 de enero de 2024; que instruyó al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, su traslado al Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando; agregó que, los demandados, pese a haber sido notificados, el 30 del mismo mes y año, con la providencia de conminatoria para cumplimiento de la citada orden de traslado, no realizaron las gestiones administrativas y de coordinación que viabilicen su traslado, desconociendo las Resoluciones anteriores y agravando su situación de privado de libertad, vulnerando sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2024 de 20 de febrero, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y el debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; en relación a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Marcos Gonzales, Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; dado que la materialización del traslado dispuesto, concierne a ambos demandados, con iguales alcances a los dispuestos por el Juez de garantías, salvo que por el tiempo transcurrido la situación jurídica del accionante sea distinta. 2º DENEGAR en cuanto al derecho a la vida y el pago de costas y costos, conforme a los fundamentos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0945/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 62136-2024-125-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 01/2024 de 20 de febrero, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zárate en representación sin mandato de Alexandre Pires Da Silva contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Marcos Gonzales, Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz.
Por memorial presentado el 19 de febrero de 2024, cursante de fs. 18 a 21 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asesinato; mediante Auto Interlocutorio de medidas cautelares 108/2023 de 4 de mayo, dictado por el Juez de Instrucción Penal Tercero de la capital del departamento de Pando, se determinó su detención preventiva por ciento veinte días a cumplirse en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, con la finalidad de protección a un testigo clave, en relación a lo que manifiesta el Ministerio Público. Dicha medida fue apelada oportunamente, a cuya consecuencia, el Tribunal de alzada, emitió el Auto de vista de apelación de medidas cautelares 104/2023 de 13 de diciembre, confirmando en todo el Auto Interlocutorio 108/2023 recurrido; razón por la cual se encuentra cumpliendo detención preventiva en dicho centro penitenciario.
A manera de antecedente señaló: a) Desde el día que guarda detención preventiva, presentó memorial incidental de cambio del centro penitenciario fundamentando y aparejando los siguientes medios de prueba: 1) Informe del Mayor Edgar Castañeta Quispe, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) asignado al caso y acta de entrevista prestada por Gadiel Queteguari Apuri “testigo clave”; 2) Acta de audiencia de anticipo de prueba de 19 de mayo de 2023, ante el Juzgado de Instrucción Tercero del referido departamento, respecto a la declaración anticipada de Gadiel Queteguari Apuri “testigo estrella”, que declaró que su persona “… nunca lo ha visto el día del hecho y que él ha declarado por presión y promesas de la Policía…” (sic), al contarse con dicho anticipo de prueba ya no existía razón para continuar con su detención preventiva en un recinto que lo mantenía alejado de su familia y además ya existía acusación fiscal; b) Su solicitud de traslado, la realizó con base en las siguientes consideraciones: Su salud no está completamente reestablecida por las inclemencias del tiempo, recibe mala alimentación, no tiene acceso a servicio de salud, se encuentra lejos de su única familia que vive en el departamento de Pando, que debido a la distancia y al costo económico de los pasajes no podían ir a visitarlo, su abogado de confianza vive en Pando; el hecho por el que se lo acusa ocurrió en ese departamento; c) Por Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, ordenó el traslado del acusado Alexandre Pires Da Silva, del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, al del centro Penitenciario Villa Busch de Pando; resolución que fue apelada en audiencia por el Ministerio Público y el abogado particular de la víctima, a cuya consecuencia, el Tribunal de alzada declaró improcedente la misma y confirmo el citado Auto Interlocutorio; d) Posteriormente, el citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, emitió el Auto Interlocutorio de 3 de enero de 2024 declarando formalmente Ejecutoriado el similar que ordenaba el traslado del acusado, ratificando tal decisión; y, e) Finalmente, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, tantas veces mencionado, emitió la orden de traslado 1/2023 el 4 de enero de 2024; instruyendo al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, el traslado del acusado al similar de Villa Busch de Pando, debiendo maximizar los esfuerzos para el resguardo de la integridad personal del imputado. Añadió que, del formulario de notificaciones se demuestra que la Oficina Gestora de Procesos, del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, procedió a notificar al Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de ese departamento, el 11 de enero de 2024, con Auto de 3, “Mandamiento” (sic) de 4; y, Exhorto suplicatorio de 4, todos de igual mes y año; al no ejecutarse el traslado, el accionante presentó memorial al Tribunal de control jurisdiccional el 29 del igual mes y año, solicitando que conmine al referido Director, para que dé cumplimiento a la Resolución que dispuso su traslado, -a pesar de “…ser notificado el mismo no quiere dar cumplimiento a dichas resoluciones judiciales” (sic). Enfatizó que, las autoridades demandadas, pese a haber sido notificadas, no dieron cumplimiento a la providencia de conminatoria de 30 de enero de 2024, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, ni realizaron las gestiones administrativas y de coordinación que viabilicen su traslado, desconociendo las Resoluciones anteriores, agravando su situación de privado de libertad, vulnerando sus derechos fundamentales.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia: i) Se ordene a los demandados que en el día, den cumplimiento a lo dispuesto por el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero; ii) Den cumplimiento a la orden de traslado “…1/2023…” (sic) de 4 de enero de 2024, que ordena al Director del Centro Penitencio Chonchocoro de La Paz, su traslado al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; iii) “Se ordene a los accionados, para que en el día realicen las gestiones administrativas y de coordinación para la compra de pasajes” (sic) y que se viabilice su traslado; y, iv) Pago de costas y costos procesales por el perjuicio ocasionado.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos señalo que: a) No sería necesario mantenerlo con detención preventiva en el Centro Penitenciario Chonchocoro; toda vez que, existe el acto de anticipo de prueba, se tiene plasmada su declaración para el fondo del caso de juicio; b) Para interponer el incidente de cambio de centro penitenciario se consideró que es de nacionalidad brasilera y su entorno familiar está más próximo al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; hizo énfasis en el derecho a una visita de su núcleo familiar para atender cualquier necesidad emergente del detenido preventivo; c) En antecedentes cursó Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, que dispone el traslado, refirió también que esa determinación habría sido apelada por las partes, lo cual pasó a consideración de la Sala Penal y Administrativa de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista de apelación de medidas cautelares 104/2023, en la parte dispositiva confirmaría el citado Auto de 30 de noviembre de ese año; d) La determinación del traslado fue ejecutoriada cuando su defensa solicitó que se conmine al Tribunal para que se liberen las órdenes correspondientes para su traslado; señaló que adjunta prueba de lo manifestado e hizo alusión al mandamiento de traslado de 4 de enero de 2024, juntamente con un exhorto suplicatorio para que por intermedio de la gestora puede oficiarse esta diligencia; e) Indicó también que estos actos o diligencias se habrían cumplido a cabalidad para ejecutar el traslado correspondiente; f) Asímismo reclamó, que a la fecha -entiéndase de la audiencia de garantías-habría pasado aproximadamente cuatro meses de este agravio; lamentó que los accionados no puedan acatar la orden de la autoridad jurisdiccional para ejecutar el traslado; g) Refirió que existe un agravio porque no se estaría actuando con la celeridad correspondiente para consumar la orden judicial, que expuso y presentó pruebas, documentación que respaldan el actuar burocrático de dichas autoridades; y, h) Finalmente, solicitó a la autoridad de garantías constitucionales, conceda la tutela de la acción de libertad para que se conmine y ordene inmediatamente a los accionados su traslado.
Marcos Gonzales, Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, presente en la audiencia, aclaró que esa es la denominación correcta de su cargo, a pesar que la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, refiere como “… Director Departamental del Régimen Penitenciario…”; (sic); posteriormente, informó: 1) No se sabe a quién estaría dirigida esta acción de libertad; 2) Con relación a lo indicado por el abogado del accionante que refiere que desde el mes de septiembre o noviembre se hubiera ordenado el traslado, que esa fecha no tenía conocimiento de esa notificación; 3) El 16 de enero de 2024, la Gestora le hizo llegar un exhorto suplicatorio donde se ordena el traslado del privado de libertad Alexandre Pires Da Silva, mediante orden de traslado emanada el 4 del referido mes y año, con la misma razón de ser trasladado del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz al de su similar de Villa Busch de Pando; 4) El 17 del mismo mes y año, en su condición de Director del indicado Centro Penitenciario hizo la solicitud de recursos económicos para la compra de pasajes aéreos a la “Dirección Departamental del Régimen Penitenciario”, a efectos de dar cumplimiento a dicha orden por autoridad jurisdiccional, son trámites administrativos y los realiza o ejecuta la referida dirección departamental del régimen penitenciario no el director del Centro Penitenciario; 5) Como director no maneja los recursos económicos que posibilite ejecutar la orden judicial, solamente se encargaría de asumir y garantizar el traslado designando custodios, los trámites administrativos de transporte los maneja la “Dirección Departamental del Régimen Penitenciario”; y, 6) Finalmente señaló que existe una equivocada acción de libertad contra su persona, porque no le corresponde realizar los trámites administrativos, el brinda la seguridad penitenciaria, razón por la cual estaría aguardando la respuesta de la “Dirección Departamental del Régimen Penitenciario” con los pasajes y las fechas para cumplir a la orden de traslado.
Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario, por intermedio de Martín Vázquez, presente en la audiencia, solicitó que se deniegue la tutela, informando que: i) Alexandre Pires Da Silva, no está o no sufre deterioro de su salud. Régimen general penitenciario toma los recaudos y protege a toda la población privada de libertad, tiene un médico para cualquier tipo de eventualidades durante las veinticuatro horas del día a disposición de todos los privados de libertad, indicó que sería una falta a la verdad decir que los privados de libertad, incluido el ahora accionante, no tendría acceso médico o médico general o especialistas, de acuerdo a las normas generales internacionales, así como las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se encontrarían resguardados los derechos y garantías de los privados de libertad; ii) Respecto a la presente acción, indicó que el 6 de enero -sin indicar el año-, habría salido un Decreto Supremo, que establece que la Dirección General del Régimen Penitenciario depende directamente del Ministerio de Gobierno; si bien, es una dirección desconcentrada no se maneja con recursos propios, por esa razón deben tramitar la solicitud para cualquier acto; en este caso, el traslado del privado de libertad, los recursos de pasajes aéreos, custodios, etc., deben ser subvencionados por el Ministerio de Gobierno; iii) La nota de solicitud ha sido recepcionada el 20 de febrero data de la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, a través de hoja de ruta, que será derivada al Director Departamental del Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, para su trámite por la unidad de administración y materialice el desembolso correspondiente; iv) Como Dirección General del referido Centro Penitenciario, da cumplimiento a las órdenes emanadas por autoridades competentes; sin embargo, también debe sujetarse a los procedimientos administrativos internos situación que escapa de sus manos; y, v) Por último, volvió a señalar que se están realizando los trámites correspondientes, ya se tiene la hoja de ruta para el traslado del privado de libertad, que la “Dirección General del Régimen Penitenciario” estarían cumpliendo la orden de la autoridad judicial y que depende del trámite administrativo interno del Ministerio de Gobierno.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2024 de 20 de febrero, cursante de fs. 28 a 31 vta, concedió en parte tutela solicitada, solo respecto a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario, ordenando que una vez notificado con la Resolución del Juez de garantías, coadyuve con el trámite y actos administrativos ante el Ministerio de Gobierno, para dar celeridad, en el traslado del accionante del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, en un plazo no mayor a tres días, para su traslado inmediato, considerando la distancia y la disponibilidad de pasajes desde el departamento de La Paz a la de su similar en Pando; y, denegó la tutela en cuanto a Marcos Gonzales, Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) En la presente acción de libertad, conforme se manifiesta se habrían vulnerado derechos constitucionales y el principio de celeridad; por ello, el impetrante de tutela planteó la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho; b) Conforme se tiene de los antecedentes es fehaciente que la petición de traslado de recinto penitenciario de Alexandre Pires Da Silva, ya estaría resuelta por la autoridad del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, incluso la autoridad superior de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto 104/2023 -siendo lo correcto 2024-, ordenó dicho traslado; por lo cual, estaría plenamente resuelto; c) Además el señalado Auto, estaría ejecutoriado, según se tiene del Auto de 3 de enero de 2024; en consecuencia, se liberó la orden de traslado mediante exhorto para su cumplimiento a las autoridades del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; d) De los informes de los accionados se tiene que no es atribución de Marcos Gonzales, Director de dicho recinto penitenciario los trámites administrativos; empero, se encargaría de proveer la seguridad y disponer los escoltas para el traslado del accionante. El trámite administrativo depende de Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario, que mediante su abogado de defensa indicó que ese trámite ya se habría realizado mediante nota remitida el 20 de febrero de 2024, ante el Ministerio de Gobierno, donde se debe realizar el trámite administrativos interno para la provisión de pasajes; e) La orden de traslado es de 4 de enero de 2024 y a la fecha -entiéndase de la audiencia de consideración de la acción de libertad 20 de febrero de 2024- recién estarían realizando los trámites administrativos, lo cual hace notar la omisión a la orden dispuesta por las autoridades del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; f) Haciendo cita de varias Sentencias Constitucionales, relacionadas a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, señaló que las disposiciones del Auto Interlocutorio 30 de noviembre de 2023, y el Auto de Vista 104/2023, en la parte resolutiva, ordenan el traslado correspondiente del detenido preventivo Alexandre Pires Da Silva, siendo evidente que dichas disposiciones datan de diciembre, existiendo burocracia en la tramitación y omisión de la Dirección General del Régimen Penitenciario al no realizar oportunamente el traslado, ya que pone recién en conocimiento de la autoridad correspondiente el 20 de febrero de 2024; y, g) Para concluir, señaló que puede ocurrir que el trámite administrativo tome un tiempo, pero deberá ser el prudente y esto debería ser tratado y considerado por la autoridad de la Dirección General del Régimen Penitenciario, para no caer en vulneraciones de derechos y garantías constitucionales como la que ahora se está resolviendo. Se debe considerar que los detenidos preventivos tienen un trato preferencial por su condición ya que solamente se les está prohibiendo la libertad, pero sus derechos estarían protegidos por la Constitución Política del Estado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso el sorteo conforme al orden correlativo de las acciones traslativas o de pronto despacho clasificadas a la Sala voluntaria o piloto; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, según orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, cuya parte resolutiva “…ORDENA EL TRASLADO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHONCHOCORO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, del acusado ALEXANDRE PIRES DA SILVA, al Recinto Penitenciario Modelo de Villa Busch de Cobija – Pando…” (sic [fs. 4 a 14]). II.2. Se tiene Auto de 3 de enero de 2024, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, cuyo contenido refiere que habiendo sido devuelta la apelación incidental por la Sala Penal y Administrativa de ese Tribunal Departamental de Justicia, declarando improcedente dicho recurso, mediante Auto de Vista 104/2023 de 13 de diciembre de 2023, “se declara: formalmente EJECUTORIADA el Auto Interlocutorio de fecha 30 de noviembre de 2023” [(sic) negrillas y subrayado inherentes al texto original], a efecto de cumplirse el traslado respectivo sea mediante exhorto suplicatorio a ser expedido por Secretaría del citado Tribunal (fs. 2). II.3. Cursa Orden de traslado 1/2023 de 4 de enero de 2024, librada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, que ordena al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, el traslado del acusado “Alexandre Pires Da Silva” de ese Centro Penitenciario, al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando. (fs. 3).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; alegando que no se dio cumplimiento a la Orden de Traslado 1/2023 el 4 de enero de 2024; que instruyó al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, su traslado al Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando; agregó que, los demandados, pese a haber sido notificados, el 30 del mismo mes y año, con la providencia de conminatoria para cumplimiento de la citada orden de traslado, no realizaron las gestiones administrativas y de coordinación que viabilicen su traslado, desconociendo las Resoluciones anteriores y agravando su situación de privado de libertad, vulnerando sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.
La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: “…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos” (las negrillas son nuestras [entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0560/2024-S3 de 24 de julio y 0988/2015-S3 de 12 de octubre, entre otras]).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; señalando que la detención preventiva que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, “se ha convertido en una ilegal detención preventiva, vulnerando el debido proceso” (sic); puesto que, el 4 de enero de 2024, se emitió a su favor la Orden de Traslado 1/2023, mediante la cual se dispuso su traslado al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando; sin embargo, pese a existir una conminatoria de 30 del mismo mes y año, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del indicado departamento, los demandados no dieron cumplimiento a la misma, así como tampoco realizaron las gestiones administrativas ni de coordinación para efectivizar el traslado del accionante, sin tomar en cuenta que se trata de un ciudadano brasilero y su única familia reside en esa ciudad; además de encontrarse afectado en su salud, por las inclemencias del tiempo. Ahora bien, según los antecedentes cursantes en el expediente de acción tutelar, es evidente que el accionante solicitó su cambio de recinto penitenciario considerando que es de nacionalidad brasilera y su entorno familiar cercano se encuentra en el departamento de Pando; por otra parte, conforme lo manifestado en el memorial de la acción de libertad y ratificado en la audiencia de consideración de la misma, su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz se debe a la protección de un testigo, que ya habría prestado su declaración en un anticipo de prueba. En ese sentido, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, emitió el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, ordenando el traslado del acusado Alexandre Pires Da Silva, del Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz, al Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando (Conclusión II.1). Resolución que fue apelada en audiencia por el Ministerio Público y el abogado particular de la víctima; mereciendo el Auto de Vista 104/2023 de 13 de diciembre, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declarando improcedente dicho recurso. En ese sentido, habiendo sido devuelta la apelación incidental al Tribunal de Sentencia Penal Primero del referido departamento -Tribunal de origen-, este dictó el Auto de 3 de enero de 2024 declarando formalmente ejecutoriado el Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, a efecto de cumplirse el traslado ordenado (Conclusión II.2). Posteriormente, por Orden de Traslado 1/2023, expedida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, se ordenó al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, el traslado del acusado Alexandre Pires Da Silva de dicho Centro Penitenciario a su similar de Villa Busch de Pando (Conclusión II.3). Ahora bien, conforme se tiene de los antecedentes precedentemente señalados, se advierte que existe una Orden de Traslado, emitida por autoridad judicial que data de 4 de enero de 2024, que puntualmente instruye al Director del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, el traslado solicitado; instrucción que no fue cumplida. Ante la omisión de las autoridades ahora demandadas, a solicitud del accionante, el 30 del mismo mes y año, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, emitió un proveído, conminando su cumplimiento; no obstante, dicho proveído no fue acatado; razón por la que, se interpone la presente acción tutelar; del informe de los demandados se infiere que se deben realizar trámites administrativos internos ante el Ministerio de Gobierno, para suministro de pasajes, designación de custodios, a objeto de materializar el traslado del detenido preventivo, puesto que la instituciones del Régimen Penitenciario a nivel nacional, dependen de dicha entidad ministerial. Conforme a lo anterior, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, vinculadas a la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, y que tiene que ver con actos que definan su situación jurídico procesal o el cumplimiento de las determinaciones asumidas por autoridades judiciales; con la finalidad de resguardar que la restricción de la libertad personal se realice bajo la protección de sus derechos; es decir evitar que se vulneren derechos a causa de una demora o dilación indebida; jurisprudencia aplicable en el presente caso, precisamente para la verificación del principio de celeridad y el respeto a los derechos del acusado penalmente. En ese marco, en el presente caso se advierte el incumplimiento a dicha línea jurisprudencial; por cuanto, a pesar de existir una Orden de Traslado I/2023, ejecutoriada formalmente; las determinaciones judiciales para la materialización de la misma no fueron cumplidas por los demandados, pese a existir una conminatoria; si bien la concreción del traslado se encuentra supeditada a cuestiones de orden formal como la provisión de pasajes, que implica la erogación de recursos económicos que tienen que ser autorizados por instancias administrativas internas del Ministerio de Gobierno, conforme señalaron los demandados en el informe presentado, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar; necesariamente esos trámites debían ser gestionados por el Director General del Centro Penitenciario y el Director General de Régimen Penitenciario Chonchocoro de La Paz, conforme se tiene de la orden y la conminatoria de traslado dirigida en específico a dichas autoridades, además de ser las autoridades responsables del recinto carcelario, donde se encuentra el impetrante de tutela siendo particularmente responsables de su estadía protección y traslado en cumplimiento a orden judicial. En ese orden, se observa una demora en las gestiones administrativas formales, provocada por los ahora demandados, que conlleva un retraso para la efectivización del traslado del acusado Alexandre Pires Da Silva del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, al Centro Penitenciario de Villa Busch de Pando. En consecuencia, se evidencia una omisión y dilación injustificada en el tantas veces señalado traslado. De esa manera, al no darse cumplimiento a la orden de traslado del accionante al Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, como se tenía ordenado mediante Auto Interlocutorio de 30 de noviembre de 2023, ejecutado a través de Auto de 3 de enero de 2024, se vulneraron los derechos a la libertad -por la agravación de su privación a la libertad al no materializarse su traslado-; al debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones -debido a la demora constatada-; correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Respecto al derecho a la vida, alegado como vulnerado por el accionante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento, debido a que el nombrado se limitó únicamente a citarlo, alegando que su salud no ha sido restablecida por completo debido a las inclemencias del tiempo, sin acreditar dicho extremo ni realizar ninguna fundamentación que respalde dicha vulneración; de igual manera, en relación al petitorio de pago de costas y costos procesales, se limita a mencionarlos, sin especificar ni sustentar su pretensión. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido parcialmente la tutela solicitada, solo respecto al Director General de Régimen Penitenciario; y, denegarla en cuanto al Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2024 de 20 de febrero, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y el debido proceso vinculado con el principio de celeridad y el acceso a la justicia pronta, oportuna, sin dilaciones; en relación a Juan Carlos Limpias Esprella, Director General de Régimen Penitenciario y Marcos Gonzales, Director General del Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz; dado que la materialización del traslado dispuesto, concierne a ambos demandados, con iguales alcances a los dispuestos por el Juez de garantías, salvo que por el tiempo transcurrido la situación jurídica del accionante sea distinta. 2º DENEGAR en cuanto al derecho a la vida y el pago de costas y costos, conforme a los fundamentos precedentemente expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0945_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d5e0c339c11cce00712e573c731b0dc2c437dba4dcdda4bed6db8d8d7cae163
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