B.IA.LEGAL

SCP 0944/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54305-2023-109-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación, valoración de la prueba; a la tutela judicial efectiva; al juez natural e imparcial, prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia; señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público: 1) El Juez codemandado le impuso detención preventiva por un hecho que no cometió, mediante el Auto Interlocutorio 01/2023 de 26 de enero; y, 2) La Vocal demandada mediante Auto de Vista 51/2023 de 22 de febrero, resolvió la apelación incidental que formuló, enervando el elemento familia y manteniendo vigente los demás riesgos procesales, confirmando el citado Auto Interlocutorio, sin resolver los agravios que expuso en su impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR en parte la Resolución de 31/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 58 a 62, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; 2º CONCEDER la tutela solicitada, con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; dejando sin efecto el Auto de Vista 51/2023 de 3 octubre, únicamente en lo relativo al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 (trabajo) del CPP que le atañe, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo sólo respecto al referido riesgo procesal; salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiera sido definida; y,

3º Denegar tutela solicitada con relación al juez demandado y respecto a los derechos al debido proceso en su componente valoración de la prueba; a la tutela judicial efectiva; al juez natural y a la prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia, conforme a las razones precedentemente expuestas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares
  2. III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la justicia constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0944/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54305-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 31/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 58 a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesus Mendoza Camiño en representación sin mandato de Grover Calizaya Vedia contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y Humberto Condori Jancko, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caiza "D" del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 21 a 28, el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio en relación a su concubina, el 26 de enero de 2023, por Auto Interlocutorio 01/2023, el Juez codemandado le impuso detención preventiva por un ilícito que nunca cometió. Asimismo, la teoría fáctica fue inventada por el Fiscal de Materia a cargo de la investigación, sin considerar la prohibición de auto incriminarse, establecida en el art. 121 de la Constitución Política del Estado (CPE); por ello, interpuso recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 51/2023 de 22 de febrero, pronunciado por la Vocal demandada. Establecer la concurrencia de los riesgos procesales invocados era responsabilidad del Ministerio Público y de la parte acusadora o denunciante; no obstante, se le impuso los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP). Al respecto, en relación al numeral 1 del art. 234 del citado Código, se mencionó que no contaba con familia o trabajo; sin embargo, demostró que tenía una hija menor de edad y en relación a su actividad económica, se ignoró que administraba una tienda-vidriería, aspectos comprobados por la declaración de varios testigos, incluso también por los padres de la víctima. En lo referente al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, sin la existencia de algún documento que denote estuvo realizando actos preparativos de fuga, la autoridad codemandada solo lo fundó en que no se demostró la existencia de arraigo natural. En cuanto al art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, el Juez codemandado actuó de forma ultrapetita al cambiar el fundamento del Fiscal de Materia; además, sólo se mencionó que, al tener una hija menor de edad la víctima, existiría el citado riesgo procesal sin explicar porque sería un peligro para la prenombrada. De otra parte, en lo ateniente al art. 235.1 del mismo cuerpo legal, se dijo que existía contradicciones en las vestimentas de la víctima, aspectos completamente subjetivos; ya que, voluntariamente entregó toda la ropa que tenía puesta la mencionada; empero, el Juez de la causa hizo alusión a otros argumentos inobservando la “SC 8007/2018-S3” -no indica fecha-. Por otro lado, en lo referente al art. 235.2 del CPP, no se realizó ninguna fundamentación como se puede evidenciar del acta de audiencia, limitándose a señalar que se trata de una mujer víctima, manteniendo de esa forma vigente ese riesgo procesal. En cuanto al recurso de apelación incidental, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 51/2023, lo dejó en completa indefensión siendo imposible desvirtuar el art. 234.7 del CPP, ya que se le exige demostrar la completa inocencia para desvirtuar el mismo; por otra parte, no se pronunció respecto a las pruebas presentadas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación, valoración de la prueba; a la tutela judicial efectiva; al juez natural y a la prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia citando a ese efecto los arts. 22, 23, 116 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, restableciendo su derecho a la libertad, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 01/2023 y Auto de Vista 51/2023, consecuentemente, se ordene se emita nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 17 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 49 a 57, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo refirió que: a) Se le está procesando injustamente porque no se acreditó ni se demostró su grado de participación en el presente hecho, siendo que el Ministerio Público realizó una fundamentación con base a objetos y elementos netamente subjetivos; b) Presentó un muestrario fotográfico para determinar que la teoría del Ministerio Público era algo innatural; ya que, no pudo trasladar por más de tres cuadras y media a una persona sin vida en su hombro considerando su constitución física; c) En la audiencia de medidas cautelares pidió que se tome en cuenta la declaración de los testigos, que estaban en la fiesta, y al día siguiente. Lo que al no ser valorado -a su criterio-, se constituía en lesión a la valoración razonable de la prueba. Asimismo, no cursaban elementos probatorios que demuestren que incurrió en el hecho penal investigado; d) Se inobservó la SCP 807/2015-S3 de 30 de enero, en el sentido de que no puede utilizarse los mismos elementos probatorios “…para acreditar el elemento sustancial y para acreditar un riesgo procesal…” (sic); y, e) Las entrevistas y declaraciones que brindó, conforme el art. 121 de la CPE, no podían ser utilizadas en su contra, dada la prohibición de autoincriminación.

I.2.2. Informe de los demandados

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe presentado el 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 47 a 48 vta., manifestó que: 1) Era necesario juzgar con perspectiva de género, por existir una mujer víctima, siendo que el presunto autor era su esposo el ahora impetrante de tutela. Por ello, dio respuesta a cada uno de los puntos observados por aquel, llegando a compulsar las declaraciones de testigos estableciéndose que el prenombrado tenía actitudes agresivas hacia su pareja durante su convivencia. Por otro lado, a momento de realizar la búsqueda de la víctima, el accionante llamaba constantemente al celular de aquella, a sabiendas que ese aparato estaba con su hija menor de edad; estos elementos permitieron establecer la concurrencia del art. 233.1 del CPP; 2) Exigir testigos presenciales del hecho no era pertinente; por cuanto, la víctima fue encontrada sin vida en un terreno lejos de su domicilio, con ropa diferente a la que se encontraba en la fiesta donde fueron vistos por última vez con el solicitante de tutela; 3) Se fundaron objetivamente los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del citado Código, con base en las declaraciones de los testigos, certificado de defunción de la víctima, cumpliendo de esa forma con la debida diligencia señalada en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, AS 257/2022-RRC de 21 de abril, aplicando el art. 410 de la CPE; 4) El peticionante de tutela a través de esta acción de defensa cuestionó más el actuar del Juez codemandado; y no especificó cuál sería su participación, limitándose a señalar aspectos que no tienen sustento, sin exponer de qué forma se configuró la deficiente fundamentación, cómo o en qué forma no se hubiera procedido a valorar los elementos establecidos en la audiencia cautelar como en la de apelación, pretendiendo que la jurisdicción constitucional se convierta en una tercera instancia; y, 5) Debió considerarse las SCP 0699/2014 de 10 de abril y 0628/2021-S2 de 6 de octubre. Humberto Condori Jancko, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caiza "D" del departamento de Potosí; no presentó informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 41 a 42.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

José Efraín Rocha Aliaga, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: i) La actividad realizada por el representante fiscal asignado al caso obedecía al bloque de constitucionalidad, es decir, al principio de la debida diligencia, en su elemento juzgar con perspectiva de género, y, ii) No se advierte que haya una vulneración al debido proceso en cuanto a una presunta falta de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; más aún, cuando el impetrante de tutela no explicó de que forma la Vocal demandada se hubiese apartado de los marcos legales de razonabilidad y equidad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Resolución 31/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 58 a 62, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante no cumplió con la SCP 0180/2018-S3 de 22 de mayo, en señalar que parte del Auto de Vista pronunciado por la Vocal demandada, carecía de fundamentación y motivación, explicando qué derechos y garantías constitucionales se hubiesen vulnerado; b) Respecto a la supuesta vulneración de los derechos al juez natural e imparcial valoración de la prueba, tutela judicial, prohibición de autoincriminación, no se demostró como los hubiese vulnerado la autoridad demandada; y, c) De igual forma, no se cumplió con las sub reglas para ingresar a verificar si existió vulneración a la valoración de la prueba.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio 01/2023 de 26 de enero, Humberto Condori Jancko, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caiza "D" del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva de Grover Calisaya Vedia -accionante- (fs. 14 vta. a 15 vta.). II.2. A través del Auto de Vista 51/2023 de 22 de febrero, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, declaró la procedencia en parte la Resolución apelada, respecto al elemento familia e improcedente con relación a los demás peligros procesales, manteniendo la situación jurídica del impetrante de tutela (fs. 16 a 20 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación, valoración de la prueba; a la tutela judicial efectiva; al juez natural e imparcial, prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia; señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público: 1) El Juez codemandado le impuso detención preventiva por un hecho que no cometió, mediante el Auto Interlocutorio 01/2023 de 26 de enero; y, 2) La Vocal demandada mediante Auto de Vista 51/2023 de 22 de febrero, resolvió la apelación incidental que formuló, enervando el elemento familia y manteniendo vigente los demás riesgos procesales, confirmando el citado Auto Interlocutorio, sin resolver los agravios que expuso en su impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la exigencia de motivar y fundamentar que tienen los tribunales de apelación al momento de resolver medidas cautelares

Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos corresponden). El deber de motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que establece: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expone que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ. Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. (…) En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ. Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. La solicitud de valoración de la prueba en la justicia constitucional

La SCP 1094/2017-S3 de 18 de octubre, sostuvo que: “…delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...’.

Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que: ‘…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación’.

De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: ‘…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento’.

En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó que: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de feminicidio, como resultado del recurso de apelación incidental interpuesto por el prenombrado contra el Auto Interlocutorio 01/2023 de 26 de enero, que le impuso detención preventiva (Conclusión III.1); la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 51/2023 de 22 de febrero, declarando la procedencia de la impugnación sólo respecto al riesgo procesal familia manteniendo vigentes los demás peligros, y consecuentemente la privación de libertad impuesta (Conclusión III.2).

Previo a ingresar a resolver la problemática traída a consideración, corresponde indicar que la revisión de las resoluciones emitidas por la jurisdicción ordinaria se efectúa a partir de la última decisión pronunciada; en razón a que, mediante la misma se tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía -SCP 0037/2012 de 26 de marzo-. En ese entendido, se procederá al análisis de la presunta lesión de derechos a partir del Auto de Vista 51/2023, debiendo denegarse la tutela respecto al Juez codemandado.

Ahora bien, los agravios motivo de la apelación incidental planteada por el peticionante de tutela se sintetizaron por la autoridad demanda, en el primer considerando del Auto de Vista 51/2023, que identificó dos agravios que contenían los siguientes aspectos:

i). Falta de motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, en el Auto Interlocutorio; pues, no se dio cumplimiento al art. 302 del CPP; es decir, no se estableció el tiempo lugar y forma del hecho. No se valoró la declaración de Eusebio Martínez, Marta Condori, David Martínez, ni su ampliación de declaración informativa. Por otra parte, la autopsia demuestra un hecho pero no su participación en el mismo. Tampoco se valoró el protocolo de autopsia, acta de reconocimiento de cadáver, los informes de 9 y 10 de enero de 2023. Se omitió la declaración de la testigo Zenobia Llanos Bonifacio quien señaló que el 19 de diciembre de 2022, a horas 5:45 vio a la víctima rumbo a la parada; y, ii). En cuanto a los riesgos procesales, el art. 234.1 del CPP, cuenta con familia ya que tiene una niña de 3 años, además contaba con actividad lícita según la declaración de los testigos, en lo referente al art. 234.7 del citado Código, transcurrió más de un mes desde que fue aprehendido y no se dio a la fuga, no cursaban elementos de prueba que denotaran actuó con violencia. En lo concerniente al art. 235.2 del indicado Código, presentó de forma voluntaria toda la ropa además que no reconoció a su cónyuge por la vestimenta que llevaba.

Se tiene entonces que en alzada la Vocal demandada confirmó que solo enervó el riesgo procesal de familia, manteniendo incólume los demás riesgos procesales, así como la detención preventiva, expresando su decisión conforme a los siguientes fundamentos:

a) Se formuló como agravio que la resolución cuestionada no contaba con fundamentación y motivación, sin establecer una distinción al respecto. Tampoco se formuló un petitorio concreto; es decir, no se impetró cesación, ni la libertad irrestricta o revocar una parte de la determinación confutada; b) De los informes de los funcionarios policiales, se advierte que el padre de la víctima en su entrevista manifestó que los familiares del recurrente lo agredieron físicamente; asimismo, señaló que en una anterior oportunidad el prenombrado ahorcó a la víctima en la localidad de Cotagaita;

El apelante tenía una relación de concubinato con la víctima c) fallecida, quien era de sexo femenino por lo cual se debía juzgar con perspectiva de género;

d) La defensa manifestó “…porque se tiene que tomar en cuenta hechos pasados, se debe establecer para llegar al tipo penal de un feminicidio que necesariamente debe tener antecedentes de una conducta agresiva del imputado por el contrario de una conducta de celos o algo anormal que no funcionaba en la pareja y así lo han relatado las declaraciones de todos los familiares de la víctima, que establece que la misma era reiteradas veces lesionada hasta llegar al extremo de pretender ahorcarle, eso declara el señor Eusebio…” (sic);

e) Respecto a la declaración de Zenobia Llanos, que hubiera visto a la víctima el 19 de diciembre a las 5:45 aproximadamente con una chamarra negra, los demás testigos manifestaron que vestía una chamarra verde camuflada; aspectos que, el Ministerio Público debe investigar;

f) Respecto al art.234.1 del CPP, en cuanto a la familia, la autoridad a quo manifestó que de los hechos existía una menor de edad que estaba en posesión del celular de la víctima; por lo cual, el recurrente sí cumplía con este requisito;

g) En lo relativo a su ocupación existía una contradicción entre la documentación del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) que señalaba era estudiante y en su declaración manifestó ser comerciante; asimismo, los testigos dijeron que tiene una ferretería o vidriería;

h) En relación al art. 234.7 del referido Código, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “001/2019; 220/2020-S3 y 001/2022”, establecen que debe considerarse la vulnerabilidad de a quien se le considera víctima, aspectos que no condicen con el agravio formulado por la parte recurrente -hoy accionante-;

i) En cuanto al art. 235.1 del citado código, según el informe del investigador asignado al caso, se establece que existen contradicciones entre la prenda de vestir que entregó el imputado, con las del muestrario fotográfico y video del acontecimiento, en el cual estaba el prenombrado junto a la víctima;

j) En lo concerniente al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, existe un informe del sargento Richard Ibañez de “25 del 2023”, que establece amenazas de los familiares como se tiene de la entrevista del padre de la víctima.

Conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada están obligados, por una parte, a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación -según previene el art. 398 del Código Adjetivo Penal- y por otra, a emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, consignados en el art. 233 del CPP; sustento que imprescindiblemente deberá estar incluido en su determinación, y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del citado Código.

La Vocal demandada, señaló que logró advertir de los elementos puestos a su conocimiento, que el peticionante de tutela con anterioridad hubiera agredido físicamente a la víctima por versiones del padre de la misma, inclusive llegó a ahorcarla; antecedente que fue vinculado con la causa de muerte de la prenombrada, descrita en la imputación formal, se tenía: “ANOXIA CEREBRAL, OCLUSION DE VIAS RESPIRATORIAS Y ASFIXIA POR SOFOCACION”. Este antecedente, si bien se encontraba en etapa preparatoria en la cual no se puede establecer aun la inocencia o culpabilidad de una persona; empero, genera mayor convicción de una probable autoría, la cual no fue directamente cuestionada; no obstante, el impetrante de tutela señala taxativamente que no cometió el hecho; de esta forma, se entiende que se brindó una explicación suficiente al reclamo del solicitante de tutela; máxime si, además la víctima fue hallada sin ropa interior y con vestimentas distintas a las que portaba en la fiesta a la que acudió con el solicitante de tutela, así como la declaración de los testigos que manifestaron que ella se retiró antes de ese acontecimiento.

Por otra parte, respecto a los riesgos procesales:

En cuanto a la familia, el razonamiento de la autoridad demandada de establecer que ese requisito estaba afianzado por la presencia de la niña menor de edad, resulta coherente.

Respecto al elemento trabajo, se advierte una inconsistencia en lo resuelto por la Vocal demandada, quien manifestó que existía una contradicción en los datos del informe del SEGIP, en sentido de que el accionante era estudiante y en su declaración informativa hubiera manifestado ser comerciante, lo cual resulta excesivo; ya que, en contraste con las declaraciones de los testigos; con meridiana claridad se llega a inferir que el prenombrado desarrollaba una actividad al contar con una ferretería/vidriería. Al respecto, es prudente señalar que en poblaciones rurales muchos negocios tienen diversos productos y actividades simultaneas; por lo cual, considerando que en aplicación de medidas cautelares, la carga de la prueba reside en el Ministerio Público y la parte denunciante/querellante; no correspondía endilgarle tal responsabilidad al impetrante de tutela; en virtud a ello, no existe una adecuada motivación respecto al art. 234.1 del CPP en cuanto al trabajo, correspondiendo conceder la tutela únicamente respecto a este punto.

Por otra parte resulta, evidente que existían informes de los funcionarios policiales a cargo de la investigación que señalaron que la ropa de la víctima que otorgó el impetrante de tutela, no coincidía con la que portaba en el evento al que asistieron. Lo que se tomó como un indicio para desviar la investigación, aspecto que no resulta forzado. Por otra parte, se colectó la declaración del padre de la víctima, quien manifestó que sufrió agresiones por parte los familiares del solicitante de tutela; estos elementos, permitieron al Juez aquo afianzar el peligro de obstaculización. Por lo cual, la respuesta brindada por la Vocal demandada al agravio formulado, resulta coherente, no advirtiéndose lesión sobre ese punto.

En ese mérito, la Vocal demandada para confirmar el Auto Interlocutorio 01/2023 que le impuso detención preventiva al accionante, analizó de forma eficaz y coherente los antecedentes del hecho investigado, para establecer que concurre una probable autoría, así como el peligro de fuga y obstaculización. No se advierte mayor falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 51/2023, que en los demás componentes se encuentra dentro los parámetros delimitados por la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.

Ahora bien, en lo concerniente a la valoración de la prueba de acuerdo a lo contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este Tribunal no puede arrogarse la atribución de revalorar los elementos probatorios, pues únicamente puede verificar si en dicha labor la jurisdicción ordinaria: “…a) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento…” (SCP 1215/2012 de 6 de septiembre); en ese entendido, existe lesión al referido componente del debido proceso cuando en la resolución confutada se advierta el alejamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad; o que el juzgador omita considerar total o parcialmente la prueba presentada; y, si se compulsaría una prueba inexistente.

Bajo ese marco, el peticionante de tutela en su escrito de esta acción de defensa, no aportó la suficiente carga argumentativa que permita a este Tribunal establecer la concurrencia de alguno de los presupuestos de activación para verificar la presunta lesión a la valoración de la prueba, como componente del debido proceso.

En cuanto a los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez natural y a la prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia, de la lectura de la acción interpuesta no se advierte la existencia de argumentos que sustenten cómo se hubiera lesionado los mismos por lo que no corresponde otorgar protección. En consecuencia, la Sala Penal Primera, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR en parte la Resolución de 31/2023 de 17 de marzo, cursante de fs. 58 a 62, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; 2º CONCEDER la tutela solicitada, con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; dejando sin efecto el Auto de Vista 51/2023 de 3 octubre, únicamente en lo relativo al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 (trabajo) del CPP que le atañe, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo sólo respecto al referido riesgo procesal; salvo que, por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiera sido definida; y,

3º Denegar tutela solicitada con relación al juez demandado y respecto a los derechos al debido proceso en su componente valoración de la prueba; a la tutela judicial efectiva; al juez natural y a la prohibición de autoincriminación; y, del principio a la presunción de inocencia, conforme a las razones precedentemente expuestas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0944_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 16fcc67c6d3af600157ec7a25caf5d9baf8009d76400a68183b080e4752cc7a6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →