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SCP 0942/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 19 de junio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
19 de junio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
83489-2026-167-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, derecho a la defensa, a ser oído y a la presunción de inocencia; argumentando que, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pese a advertir la falta de fundamentación del Auto de Vista 26/2024 de 29 de abril, dictaron el Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero, declarando infundado su recurso de casación interpuesto, aplicando el principio de trascendencia, bajo el razonamiento de que un reenvío de la causa no tendría efecto modificatorio sobre el fondo de la decisión, convalidando de ese modo la vulneración de los derechos invocados. En consecuencia, solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad del referido Auto Supremo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 86/2026 de 10 de abril, cursante de fs. 148 a 154 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2026-S3 Sucre, 19 de junio de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 83489-2026-167-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 86/2026 de 10 de abril, cursante de fs. 148 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Agustín Choque Colque, contra Carlos Eduardo Ortega Sivila y Primo Martínez Fuentes, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 y 24 de marzo de 2026, cursantes de fs. 47 a 55 vta.; y, 59 a 61 el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue procesado penalmente por la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, dentro del caso Con Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 401502012103353. En primera instancia, el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del departamento de Oruro, emitió la Sentencia 02/2024, de 11 de enero, mediante la cual lo declaró autor de la comisión del referido delito y le impuso la pena de tres años de privación de libertad, debiendo cumplir su condena en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro.

Posteriormente, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista 26/2024 de 29 de abril, confirmando íntegramente la Sentencia condenatoria. Contra dicha resolución, el imputado -ahora accionante- interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto mediante el Auto Supremo 1611/”2025”-F, -lo correcto y en adelante 2026- de 7 enero de 2026, que declaró infundado el referido recurso. A criterio del mismo, dicha determinación, con base en el principio de trascendencia, terminó «…convalidando que un juez silencie a la defensa bajo la premisa de que responderle “no cambiaría el resultado final del fallo”» (sic.).

Asimismo, denunció que el accionar de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, constituyó un prejuzgamiento prospectivo, al asumir como cierta la decisión que eventualmente habría adoptado el Juez de la causa en caso de haberse observado el procedimiento correspondiente. Sostuvo que dicho razonamiento configura un defecto absoluto, pues las -autoridades ahora demandadas-, debieron inaplicar el principio de trascendencia, al haber sustentado su decisión en una fundamentación meramente hipotética.

De igual manera, afirmó que las autoridades judiciales desnaturalizaron el contenido del derecho a la defensa, reduciéndolo a un mero formalismo, al sostener que este derecho se encontraba materializado por el solo hecho de que el imputado -ahora accionante-, contó con asistencia técnica de un abogado durante la tramitación del proceso, permitiendo, en los hechos, que el juez prescindiera de responder los argumentos, las teorías del caso y las críticas formuladas por la defensa respecto a la valoración probatoria.

Finalmente, señaló que no fue escuchado de manera efectiva; toda vez que, los Magistrados mencionados, sostuvieron que los argumentos de la defensa no eran suficientes para desvirtuar la existencia del hecho delictivo, incurriendo -a su juicio- en una indebida inversión de la carga de la prueba. En ese entendido, sostuvo que conforme al principio de presunción de inocencia, no corresponde al imputado demostrar que no cometió el delito; sino que, recae sobre el Estado la carga de acreditar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable; por ello, era obligación de la autoridad judicial explicar, mediante una debida fundamentación, las razones por las cuales los argumentos de la defensa no fueron suficientes, para generar una duda razonable respecto de su responsabilidad penal.

I.1.2. Derechos, principios y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión, de sus derechos al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación; derecho a la defensa; a ser oído y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115; 116; 117; 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto Supremo 1611/2026 de 7 de enero; y, b) Se emita un nuevo Auto Supremo, ingresando al análisis de fondo del recurso de casación principalmente en relación a los defectos absolutos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública 10 de abril de 2026, según consta en acta cursante de fs. 140 a 147 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, reitero íntegramente los términos de su acción tutelar y, ampliando de manera sucinta, manifestó que, en la instancia de juicio, solicitó a la autoridad judicial la aplicación del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), exigiendo la debida fundamentación respecto de la valoración individual e integral de todos y cada uno de los elementos probatorios incorporados al proceso. Sin embargo, sostuvo que tanto su alegato de apertura como el de clausura fueron omitidos de manera flagrante, con inobservancia de lo previsto por los arts. 340 y siguientes del CPP. Afirmó que, dicha omisión repercutió en la fase recursiva; en la que, los Tribunales de alzada se limitaron a confirmar la sentencia mediante la aplicación del principio de trascendencia, sin reparar las vulneraciones denunciadas.

Ante la consulta, formulada por el Tribunal de garantías; precisó que, en su alegato de clausura, cuestionó la legalidad de la obtención de los certificados médicos forenses, así como el desarrollo de la investigación; sosteniendo que, de haberse considerado dichos cuestionamientos, la sentencia no se habría sustentado en dichos elementos probatorios.

I.2.2. Informe de las partes demandadas

Carlos Eduardo Ortega Sivila y Primo Martínez Fuentes, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 122 a 123 vta., manifestaron que: Señalaron el Auto Supremo 1611/2026-F, de 7 de enero, que cumplió con el deber de fundamentación que le era exigible; por cuanto, no se limitó a efectuar una simple afirmación; sino que, identificó el problema jurídico planteado en el recurso de casación y sustentó de manera expresa, suficiente y congruente las razones que motivaron la decisión asumida.

Refirieron que el accionante, a través del recurso de casación, cuestionó la falta de pronunciamiento respecto de sus alegatos de apertura y de clausura; sin embargo, el Auto de Vista impugnado concluyó que, dicha omisión carecía de incidencia en el resultado del proceso. Sobre ese aspecto; sostuvieron que, el Tribunal Supremo de Justicia, desarrolló de manera suficiente el alcance del principio de trascendencia en materia de nulidades procesales; explicando que, el recurrente no cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar la configuración del defecto absoluto denunciado.

Asimismo, indicaron que los alegatos formulados por las partes constituyen exposiciones argumentativas destinadas a sustentar sus respectivas teorías del caso; sin que ello implique que, el juzgador se encuentre obligado a fundar su decisión exclusivamente en tales planteamientos; toda vez que, su obligación consiste en emitir una resolución sobre la base de la valoración integral de la prueba producida en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica.

Con relación al derecho a la defensa, señalaron que este no se agota en la consideración expresa de cada uno de los argumentos formulados por las partes, sino que comprende la posibilidad de intervenir plenamente durante el desarrollo del proceso, garantía que -a su criterio- fue plenamente respetada durante la sustanciación del juicio oral.

Por otra parte, sostuvieron que el Auto de Vista objeto del recurso de casación, no incurrió en incongruencia omisiva; toda vez que, se pronunció sobre todos los agravios expuestos por el recurrente, peticionante de tutela.

Finalmente, señalaron que la jurisdicción constitucional, no puede sustituir el criterio jurídico ni revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria; salvo que, se evidencien actuaciones arbitrarias o una manifiesta falta de fundamentación, supuestos que -afirmaron- no concurren en el presente caso. En consecuencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de las terceras interesadas

Norma Velasco Mosquera, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante a fs. 120, manifestó que: Asumió sus funciones en 6 de enero de 2026, por cuanto no intervino en la deliberación y emisión del “…Auto Supremo 1407/2025-A de 7 de enero de 2026...” (sic), no siendo posible informar al respecto, quedando sujeta al resultado de la acción tutelar.

Pastora Rozado Ramos, a través de su abogado en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: 1) La acción de amparo constitucional, no cumplió lo estableció por el art. 33.4 del CPCo., al no haberse precisado el acto lesivo en la Sentencia, habiéndose limitado a señalar que existe errónea valoración; aspecto que, repercutió en la apelación restringida; 2) El Auto Supremo, contiene un error de taipeo; lo cual, no causa estado, no habiéndose identificado por parte del accionante cual la vulneración al principio de trascendencia; 3) Si bien se señaló por parte del peticionante de tutela, la falta de motivación en el Auto de Vista, la resolución se encuentra motivada y fundamentada para la emisión del Auto Supremo; 4) La acción de amparo constitucional, carece de fundamentación fáctica y jurídica, al margen de no haberse acreditado con prueba, habiéndose limitado a citar jurisprudencia pero no así la analógica con el caso concreto, para su aplicación, no habiéndose acreditado la existencia de la lesión denunciada; 5) Se alegó que la tesis defensiva no ha sido oída; sin embargo, de toda la prueba dentro de esta la de descargo -defensa- fue producida y valorada de manera íntegra, análisis que fue realizado también en la fase recursiva de apelación y casación; y, 6) Finalmente señalo que, no se evidencia la existencia de la lesión denunciada, adhiriéndose a los informes de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, solicitando en consecuencia la denegatoria de tutela e imposición de costas.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Luis Aurelio Santos Lique, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante de fs. 115 a 117 vta., señalo lo siguiente: i) El peticionante de tutela pretende utilizar la presente acción de amparo constitucional como una tercera instancia destinada a revisar cuestiones de legalidad ordinaria; ii) El Auto Supremo 1611/2026-F, dio respuesta al agravio identificado por el recurrente -solicitante de tutela-; sin embargo, al resultarle desfavorable dicha determinación, promovió la presente acción tutelar. Asimismo, sostuvo que, la referida resolución estableció expresamente que el recurrente ejerció plenamente su derecho a la defensa técnica durante el desarrollo del juicio oral; iii) El accionante, confunde la ausencia de fundamentación con su discrepancia respecto del contenido de la decisión; toda vez que, el Auto Supremo señaló expresamente que la falta de pronunciamiento sobre los alegatos de apertura y de clausura no genera, por sí sola, la nulidad de la Sentencia, al no constituir dichos alegatos elementos probatorios; iv) El Auto Supremo cuestionado, no desestimó el recurso de casación de manera dogmática, sino que desarrolló el contenido y alcance del principio de trascendencia, explicando las razones de su aplicación al caso concreto; v) No existió vulneración del derecho a la defensa, por cuanto el Auto Supremo; estableció que, el impetrante de tutela contó con asistencia técnica durante toda la sustanciación del juicio y ejerció los medios de impugnación previstos por el ordenamiento jurídico; razón por la cual, la lesión denunciada carece de sustento; y, vi) La acción de amparo constitucional, no constituye un mecanismo destinado a revisar la legalidad ordinaria ni una instancia de supracasación, pues ello desnaturalizaría su objeto y finalidad constitucional. En consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada y se mantenga incólume el Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 86/2026, de 10 de abril, cursante de fs. 148 a 154 vta. denegó la tutela solicitada, disponiendo; además, dejar sin efecto la medida cautelar previamente adoptada por Auto de 26 de marzo de 2026. Sustentó su decisión en los siguientes fundamentos: a) El Auto Supremo, identificó los agravios expuestos en el recurso de apelación restringida, los cuales guardaban correspondencia con los motivos planteados en el recurso de casación, realizando; además, la labor de contraste entre estos y los precedentes jurisprudenciales invocados; b) El Auto Supremo, efectuó el análisis del recurso de casación respecto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, en relación con el defecto de la sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal (CPP); así como, el defecto absoluto contemplado en el art. 169 inc.3) del mismo cuerpo normativo. Al respecto, concluyó que el recurrente no cumplió con la carga argumentativa necesaria para sustentar las denuncias de falta de fundamentación, motivación y vulneración de su derecho a la defensa, pues tampoco explicó la incidencia concreta de tales supuestas irregularidades ni desarrolló argumento alguno respecto de la inaplicabilidad del principio de trascendencia; c) La Sentencia 02/2024 de 11 de enero, llamada sentencia condenatoria, emergió de la valoración integral de la prueba producida en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica. En ese entendido, de la revisión de los alegatos consignados en el acta de audiencia se advirtió que, estos constituyen únicamente la exposición argumentativa de la defensa técnica; sin que, por sí mismos, desvirtúen la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial de primera instancia; d) El accionante no cumplió con los presupuestos jurisprudenciales exigidos para habilitar el control constitucional de la valoración probatoria efectuada por la jurisdicción ordinaria; y, e) El razonamiento desarrollado en torno al principio de trascendencia fue asumido sobre la base de que un eventual reenvío de la causa no tendría incidencia alguna en la valoración de la prueba ni modificaría el sentido de la decisión adoptada en la sentencia.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2022 de 4 de febrero, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a la violencia feminicida; en cumplimiento de dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 163 a 169).

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 02/2024 de 11 de enero, el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del departamento de Oruro, dicta Sentencia Condenatoria, en contra del entonces acusado José Agustín Choque Colque -ahora accionante-, imponiendo una pena privativa de libertad de tres años, debiendo cumplir la condena en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (fs. 2 a 9).

II.2. Cursa Auto de Vista 26/2024 de 29 de abril, a través del cual la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el Recurso de Apelación Restringida, interpuesta por José Agustín Choque Colque, contra la Sentencia 02/2024 (fs. 17 a 20 vta.).

II.3. Se tiene memorial de recurso de casación interpuesto por José Agustín Choque Colque, contra el Auto de Vista 26/2024, que confirmó la Sentencia 02/2024, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia familiar o domestica (fs. 21 a 28).

II.4. Por Auto Supremo 1601/2024 de 28 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara admisible el Recurso de Casación, presentado el 10 de mayo de 2024, por José Agustín Choque Colque (fs. 30 a 33).

II.5. Consta Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero, a través del cual la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por José Agustín Choque Colque (fs. 34 a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, derecho a la defensa, a ser oído y a la presunción de inocencia; argumentando que, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pese a advertir la falta de fundamentación del Auto de Vista 26/2024 de 29 de abril, dictaron el Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero, declarando infundado su recurso de casación interpuesto, aplicando el principio de trascendencia, bajo el razonamiento de que un reenvío de la causa no tendría efecto modificatorio sobre el fondo de la decisión, convalidando de ese modo la vulneración de los derechos invocados. En consecuencia, solicita se conceda la tutela y se disponga la nulidad del referido Auto Supremo.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho (las negrillas son añadidas). (…)

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 3El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que, contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b)

fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 6El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, al cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 8El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

Jurisprudencia reiterada en la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Agustín Choque Colque -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, el Juzgado de Sentencia Penal Sexto del departamento de Oruro emitió la Sentencia 02/2024 de 11 de enero; mediante la cual, lo declaró autor del referido delito y le impuso la pena privativa de libertad de tres años, debiendo cumplir la condena en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro (Conclusión II.1). Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación restringida; denunciando que, la autoridad judicial de primera instancia omitió pronunciarse respecto de los alegatos de apertura y de clausura formulados por su defensa. Dicho recurso fue resuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 26/2024, de 29 de abril, que confirmó la Sentencia condenatoria, sustentando su decisión, entre otros aspectos, en la aplicación del principio de trascendencia (Conclusión II.2).

Notificado con el referido Auto de Vista, el peticionante de tutela, interpuso recurso de casación, planteando como único motivo: “...Defecto de la sentencia denunciado en el recurso de apelación restringida. La Sentencia no contiene ninguna respuesta jurídica a los fundamentos de la defensa. Vulneración del derecho a la defensa, consagrado por el art. 117.I de la Constitución Política del Estado y de la garantía del debido proceso prevista por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado. Defecto contenido en el art. 370 inc. 5) del Código de Procedimiento Penal y defecto absoluto insubsanable previsto por el art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo legal” (sic), solicitando; en consecuencia, que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado (Conclusión II.3).

Sustanciado el recurso de casación, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -autoridades ahora demandadas- emitieron el Auto Supremo 1611/2026-F, de 7 de enero, mediante el cual declararon infundado el recurso de casación. En dicha resolución señalaron, en lo sustancial, que el motivo de casación guardaba correspondencia con el agravio planteado en apelación restringida; que el Auto de Vista había efectuado el análisis de los hechos acreditados en la sentencia y de la valoración de la prueba, considerando además la perspectiva de género y pronunciándose respecto de los agravios formulados; asimismo, indicaron que la aplicación de los precedentes invocados exigía la existencia de una problemática jurídica similar. Con base en tales consideraciones; concluyeron que, el principio de trascendencia fue correctamente aplicado, puesto que un eventual reenvío del proceso -conforme a lo solicitado por el ahora accionante- no modificaría la decisión de fondo. Añadieron que, no demostró que el Tribunal de alzada, hubiera incurrido en falta de fundamentación o motivación, ni que hubiese vulnerado su derecho a la defensa; tampoco, explicó la incidencia concreta de las irregularidades denunciadas ni formuló un cuestionamiento específico respecto de la aplicación del principio de trascendencia (Conclusión II.5).

En ese contexto, el impetrante de tutela denuncia que el referido Auto Supremo vulneró el debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, derecho a la defensa, a ser oído y presunción de inocencia.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, determinar si el Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero, cumple los estándares constitucionales exigidos por el derecho al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación, y a su vez si vulneró los derechos a la defensa, a ser oído y a la presunción de inocencia invocados por el solicitante de tutela.

Al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación, motivación y congruencia constituyen exigencias inherentes al debido proceso, imponiendo a toda autoridad el deber de emitir resoluciones claras, completas, suficientes y razonadas, que respondan de manera expresa a los agravios planteados y permitan comprender las razones jurídicas que sustentan la decisión adoptada.

Respecto al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación

Al efecto, corresponde precisar que la fundamentación de las resoluciones judiciales comprende, esencialmente, dos componentes: i) La fundamentación fáctica, referida a la exposición de los hechos relevantes y a la valoración de los elementos de convicción que sustentan la decisión; y, ii) La fundamentación jurídica o normativa, relativa a la identificación e interpretación de las disposiciones legales y constitucionales aplicables al caso. Vinculada a ambos componentes se encuentra la motivación de la resolución, entendida como la exteriorización del razonamiento lógico-jurídico que, permite explicar la forma en que los hechos acreditados y las normas aplicables conducen a la decisión adoptada.

En ese contexto, de la revisión del Auto Supremo 1611/2026-F, se advierte que dicha resolución desarrolló un análisis del caso concreto a partir de la Sentencia 02/2024 de 11 de enero, al constituir está el origen de la secuencia impugnativa. Asimismo, identificó la correspondencia existente entre el agravio planteado en el recurso de apelación restringida y el único motivo invocado posteriormente en el recurso de casación, delimitando de esa manera el objeto de su pronunciamiento.

En mérito a ello, el referido Auto Supremo desarrolló el acápite II.2, denominado “Resolución del recurso de casación”; en el cual, efectuó un análisis ordenado de cada uno de los argumentos expuestos por el recurrente, emitiendo el correspondiente pronunciamiento respecto de la problemática jurídica planteada.

Con relación a los precedentes jurisprudenciales invocados; estableció que, si bien estos desarrollan el contenido del deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, su aplicación exige la existencia de una problemática jurídica sustancialmente similar a la resuelta en los precedentes citados, presupuesto que no fue cumplido por el recurrente. Asimismo, desarrolló los alcances del derecho al debido proceso y del principio de trascendencia en materia de nulidades procesales.

Por otra parte, respecto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación atribuida al Auto de Vista 26/2024, de 29 de abril, el Auto Supremo 1611/2026-F, señaló expresamente que dicha resolución se pronunció sobre el único agravio formulado en apelación restringida, referido a los defectos previstos en los arts. 370 inc. 5) y 169 inc. 3) del CPP, vinculando el análisis de tales defectos con la aplicación del principio de trascendencia. En ese entendido, concluyó que el Auto de Vista no incurrió en falta de fundamentación ni de motivación.

Asimismo, el Auto Supremo desarrolló el contenido y alcance del principio de trascendencia en materia penal; concluyendo que, el recurrente -ahora accionante- no formuló una argumentación específica destinada a demostrar la improcedencia de su aplicación al caso concreto. En efecto, si bien cuestionó la vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, no explicó por qué el Tribunal de alzada habría aplicado indebidamente dicho principio, ni desarrolló argumentos relativos a su alcance, límites o supuestos de inaplicabilidad.

Finalmente, el Auto Supremo precisó que, si bien la Juez de sentencia penal, no realizó una referencia expresa a los alegatos de apertura y de clausura de la defensa al momento de dictar la sentencia, dicha circunstancia no resultaba suficiente para invalidarla; toda vez que, tales alegatos constituyen exposiciones argumentativas de las partes y no elementos probatorios propiamente dichos; razón por la cual, no desvirtúan la valoración integral de la prueba efectuada conforme a las reglas de la sana crítica.

En mérito a las consideraciones expuestas, este Tribunal Constitucional Plurinacional; concluye que, el Auto Supremo 1611/2026-F de 7 de enero, contiene una fundamentación fáctica y jurídica suficiente, así como una motivación que, exterioriza las razones por las cuales declaró infundado el recurso de casación, permitiendo conocer el iter lógico-jurídico, seguido por las autoridades demandadas, para arribar a dicha decisión. En consecuencia, no se advierte vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, correspondiendo, respecto de este agravio, denegar la tutela solicitada.

Respecto al derecho a la defensa, a ser oído y a la presunción de inocencia.

El accionante, sostiene que, al haberse emitido una resolución carente de fundamentación y motivación, con relación a la aplicación de principio de trascendencia, se vulneraron sus derechos a la defensa, a ser oído y a la presunción de inocencia, reduciendo los mismos a la sola presencia física del acusado y su defensa técnica durante el desarrollo del juicio oral.

Al respecto, corresponde señalar que, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados, mediante el Auto Supremo 1611/2026-F, desarrollaron expresamente el agravio referido a la supuesta lesión al derecho a la defensa, derivado de la falta de consideración de los alegatos de apertura y de clausura en la sentencia; así como, de la ausencia de un pronunciamiento específico sobre estos. En dicho análisis precisaron que, la autoridad jurisdiccional no se encuentra obligada a fundar la sentencia sobre la base de los alegatos formulados por las partes; toda vez que, estos constituyen exposiciones argumentativas dirigidas a sustentar sus respectivas teorías del caso. En cambio, la decisión judicial debe sustentarse en la valoración integral, conjunta y armónica de la prueba legalmente incorporada, judicializada y producida en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, en observancia de lo dispuesto por el art. 173 del CPP.

Ahora bien, de los antecedentes procesales se evidencia que el imputado -ahora accionante- contó con asistencia técnica durante toda la sustanciación del juicio oral, ejerció plenamente los actos de defensa que estimó pertinentes y, una vez dictada la Sentencia condenatoria, interpuso los recursos de apelación restringida y el recurso de casación, obteniendo en ambas instancias un pronunciamiento sobre los agravios formulados. En consecuencia, no se advierte que hubiera sido colocado en una situación material de indefensión, ni que el ejercicio de su defensa o el derecho a ser oído hubiesen sido restringidos por las -autoridades ahora demandadas-.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 86/2026 de 10 de abril, cursante de fs. 148 a 154 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0942_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d8f5bc73037f4014bb66605acaced811ae6df91d068fd3bd629e5d469baf7275

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