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SCP 0942/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54263-2023-109-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en vinculación con su derecho a la libertad; alegando que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, mediante Auto de Vista -no consigna número de resolución- de 28 de febrero de 2023, declaró improcedente su recurso de apelación, disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio -no consigna número de resolución- de 17 del mismo mes y año; resultado de ello, se mantuvo incólume su detención domiciliaria con custodio policial -entre otras medidas-, en virtud a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de febrero de 2023, emitido por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; quien una vez notificado con este fallo constitucional, deberá emitir nuevo auto de vista, con la debida fundamentación, motivación y valoración en relación a lo objetado por el imputado, siempre y cuando la situación procesal del accionante no haya cambiado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación de los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus resoluciones sobre medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP
  2. III.2. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54263-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 63 a 69 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; el 17 de febrero de 2023, se emitió Auto Interlocutorio -no consigna número- en la audiencia de consideración de modificación de medida cautelar de fianza económica; ante la denegatoria a su petitorio, planteó recurso de apelación en aplicación al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 28 de febrero de 2023, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, celebró la audiencia de apelación y emitió Auto de Vista -no consigna número dicha resolución-, disponiendo la confirmación del citado fallo -Auto de 17 de febrero de 2023-. La Vocal demandada al momento de resolver la impugnación, no enervó debidamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del referido Código, con la acusación formal y con la prueba proporcionada, lo cual ocasionó la lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así también, incurrió en la falta de valoración a las pruebas ofrecidas. A la fecha de presentación de la acción tutelar, cumplía detención domiciliaria -entre otras medidas-; por una supuesta concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante denunció la lesión al debido proceso vinculado con su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de febrero de 2023 -no consigna número dicha resolución- y se emita nueva resolución, o se reinstale el acto procesal, para que la autoridad judicial valore debidamente los fundamentos formulados en la audiencia de apelación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de marzo de 2023, según consta en cursante de fs. 122 a 126, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la demandada

Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 7 de marzo de 2023, cursante de fs. 93 a 97 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Alegó que el Auto de Vista de 28 de febrero de 2023 -no consigna número dicha resolución-, contiene una debida fundamentación, motivación y congruencia; por lo que, no hubo una vulneración al debido proceso; asimismo, realizó una idónea interpretación de la jurisprudencia constitucional; b) Con relación al riesgo procesal de peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, la medida se asumió con la finalidad de prever la presencia del imputado en la realización del proceso penal; aspecto que no resultó ser perjudicial a las actividades cotidianas del imputado, puesto que, la Juez de origen realizó una correcta valoración de la situación económica -fianza- del imputado -ahora accionante-, toda vez que, cumple detención domiciliaria con salidas laborales; empero, hubieron disposiciones que no fueron cumplidas por el sindicado -no se señalaron las mismas-; con relación a la supuesta motivación arbitraria -de la autoridad judicial- por una valoración defectuosa con relación al citado riesgo procesal, la Juez de origen mencionó que la cancelación del gravamen sobre el lote de terreno perteneciente al imputado -impetrante de tutela- y el informe policial de 6 de enero de 2023 -entre otros documentos-, no constituyeron elementos relevantes para desvirtuar el enunciado riesgo procesal; c) El accionante aseveró que lo argumentado por la parte víctima, en relación a la afirmación de que los documentos -actas y registro del lugar del hecho- ya fueron valorados anteriormente, resultó errónea puesto que dicha documentación no fue presentada en ninguna audiencia de consideración de situación jurídica; d) El Auto de Vista de 28 de febrero de 2023 -no consigna número dicha resolución-, no vulneró el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, tampoco hubo una falta de valoración de la prueba, puesto que aplicó la norma legal respectiva, siendo que, se otorgó de seguridad jurídica con la valoración e interpretación objetiva de las pruebas y la aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad y jerarquía normativa; y, e) Los alegatos del solicitante de tutela fueron razonamientos subjetivos plasmados en la vía constitucional.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 06/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista de 28 de febrero de 2023 -no consigna número dicha resolución-, fue debidamente fundamentado, motivado y congruente en relación a su contenido, puesto que resolvió de manera precisa y concreta a los puntos controvertidos en el recurso de apelación -incidental- planteado por el ahora accionante; puesto que sus aseveraciones se basan en aspectos subjetivos, motivo por el cual se asumió declarar improcedente la impugnación impetrada; 2) Alegó con relación a la falta de valoración de la prueba, que dicho extremo no aconteció en el caso, tampoco se demostró de qué forma se distanciaron los marcos legales establecidos; a lo cual citó la SCP 0026/2012 de 16 de marzo, que a su vez enuncia a la SCP 0150/2018-S4 de 16 de abril, estableciendo “la valoración de la prueba, es una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, pudiendo la jurisdicción constitucional valorar la prueba de manera excepcional, únicamente cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o se haya omitido arbitrariamente tomar en cuenta la evidencia y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (sic); y, 3) Aseveró que de acuerdo a los razonamientos jurisprudenciales citados, la ponderación recae en la autoridad judicial que tiene a su cargo la dirección del proceso penal y no así en el Tribunal de garantías que tiene la función del control de constitucionalidad tutelar y el resguardo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista -no consigna número de resolución- de 28 de febrero de 2023, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por Omar Humberto Terrazas Morales -ahora accionante-; debido a ello, se mantuvo incólume el Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año (fs. 89 a 92 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en vinculación con su derecho a la libertad; alegando que, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, mediante Auto de Vista -no consigna número de resolución- de 28 de febrero de 2023, declaró improcedente su recurso de apelación, disponiendo confirmar el Auto Interlocutorio -no consigna número de resolución- de 17 del mismo mes y año; resultado de ello, se mantuvo incólume su detención domiciliaria con custodio policial -entre otras medidas-, en virtud a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación de los tribunales de apelación de motivar y fundamentar sus resoluciones sobre medidas cautelares, conforme al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP

La SCP 0435/2025-S3 de 27 de mayo, establece que: [«Sobre el particular, el art. 398 del CPP establece que: “…Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Siguiendo ese marco normativo, la SCP 0513/2024-S2 de 21 de agosto, precisó que: [Al respecto, la SCP 0031/2022-S3 de 25 de febrero, asumiendo los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, señaló que: «En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”». Asimismo, la SCP 0317/2022-S3, de 22 de abril, citando a su vez la jurisprudencia desarrollada respecto al alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP en relación a la actuación de los Tribunales de alzada, señaló que: «Sobre el particular, la SCP 1134/2019-S1 de 28 de noviembre citando a la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: “…la norma contenida en el art. 398 del citado cuerpo legal, establece que ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución ’”. De la norma legal precedente, de manera general es posible concluir que los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir. Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: “Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: “3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables”. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP»] (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares

personales en meras presunciones

La SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señaló: “Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ‘el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta’ -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

Identificada la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y conclusiones; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples; el 16 de diciembre de 2022, se emitió el Auto Interlocutorio -no consigna número de resolución-, correspondiente a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la misma se dispuso cuatro medidas: La prohibición de comunicarse con las víctimas, la fianza económica de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos), el arraigo a nivel nacional y la detención domiciliaria con custodio policial; en virtud a ello, el accionante solicitó modificación de las medidas sustitutivas, motivo por el cual, el 17 de febrero de 2023, se efectuó dicha audiencia, en la cual se emitió Auto Interlocutorio -no se consigna número de resolución-, disponiendo mantener las medidas establecidas en el citado Auto Interlocutorio; contra esta Resolución el impetrante de tutela planteó recurso de apelación; posteriormente, la misma se remitió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la cual declaró improcedente la impugnación interpuesta, manteniendo las medidas sustitutivas (Conclusión II.1). En ese contexto, conforme a la problemática planteada, el solicitante de tutela identificó al Auto de Vista de 28 de febrero de 2023, como el actuado lesivo de su derecho reclamado vía acción de libertad; alegando que la Vocal demandada, al resolver su recurso de apelación contra las medidas sustitutivas citadas supra, declaró improcedente su petitorio y mantuvo incólume las disposiciones, pronunciando una desprovista fundamentación, motivación y congruencia, así también, una carente valoración de la prueba documental, lo cual conllevó a mantener la detención domiciliaria con custodio policial -entre otras medidas dispuestas-, lo que llevó a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP -acciones del imputado para alterar, esconder o destruir pruebas-; lo cual repercutió en la lesión de su derecho al debido proceso. Bajo la premisa mencionada, corresponde establecer los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2023, por el cual el accionante, solicitó que el Tribunal de alzada, deje sin efecto el Auto de Vista de 28 del mismo mes y año, y emita nueva resolución o dicha autoridad reinstale la audiencia a objeto que realice la debida valoración de los fundamentos expuestos en audiencia; centrándose en el siguiente agravio: - El 16 de diciembre de 2022, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, se emitió Auto Interlocutorio -no consigna número-, disponiendo: La prohibición de comunicarse con determinadas personas, la fianza económica de Bs50 000.-, la prohibición de abandonar el departamento -Cochabamba- o el país y la detención domiciliaria con custodio policial; contra este fallo, el accionante planteó recurso de apelación incidental, la cual fue resuelta el 17 de enero de 2023, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien dispuso ratificar el fallo emitido el 16 de diciembre de 2022, en virtud a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP. La citada resolución careció de una debida fundamentación y motivación por la autoridad judicial; toda vez que, el investigador asignado al caso en los actuados ejecutados, elevó el acta del registro del lugar del hecho, asimismo, el acta de verificación y el secuestro de la documentación concerniente al caso; en virtud a dicha documentación correspondía desvirtuar el citado peligro de obstaculización y de esa manera asumir su derecho a la defensa en libertad. En ese entendido, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación del agravio en el recurso de apelación incidental planteado con el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2023 y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro el Auto de Vista de 28 del mismo mes y año; mediante el cual, determinó declarar improcedente las cuestiones planteadas dentro del recurso de apelación y ratificar el fallo objetado; en ese sentido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente:

- La documentación que el accionante tenía en su poder, fue secuestrado por el Ministerio Público; no obstante, el Tribunal de alzada mencionó que este aspecto constituye un tema de fondo; toda vez que, al encontrarse el proceso penal con acusación formal y pendiente del inicio del juicio oral, la citada documentación en su oportunidad será puesta a conocimiento, a objeto de ser considerado su valor probatorio. También aseveró que, mientras no sea valorada, es susceptible de ser modificada o suprimida; motivo por el cual y en virtud a esos fundamentos mantuvo vigente el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.1 del CPP; toda vez que, las medidas cautelares de carácter personal tienen la finalidad de prever la concurrencia del sindicado en la tramitación del proceso penal; así también, en virtud a que no existen nuevos elementos que viabilicen la modificación de la situación jurídica del acusado. Ahora bien, en el marco de lo citado supra, y efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por la Vocal demandada; del Auto de Vista cuestionado, se advierte que: - Respecto a la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP, la autoridad demandada concluyó que se encontraba sustentado en virtud a que, si bien existe prueba documental que no fue considerada en audiencia, la misma es susceptible a que el imputado -ahora accionante- destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique la misma. Empero, se debe tener en cuenta que, conforme obrados se estableció que, dicha documentación se encuentra secuestrada y bajo custodia del Ministerio Público; de la misma manera, cabe mencionar que estas pruebas documentales no fueron valoradas y se encontraban a la espera del inicio del juicio oral para su debida consideración y valoración, motivo por el que, existiese la posibilidad de ser modificados o suprimidos; por ende, dicho riesgo procesal. Bajo ese entendido, resulta razonable la ratificación del citado riesgo procesal, del cual no se advierte la existencia de algún agravio. En virtud a los antecedentes citados precedentemente, se advierte que, la detención preventiva en aplicación al art. 251.1 del CPP, se ampara en meras suposiciones que no tienen sustento de manera objetiva en sus elementos de convicción; en consecuencia, el Auto de Vista de 28 del mismo mes y año -analizado-, no cumple con las exigencias de validez; vulnerando ciertamente el debido proceso; por consiguiente, al disponerse la detención preventiva del imputado, también conculca el derecho a la libertad del solicitante de tutela.

Bajo ese entendido, el Tribunal de alzada obvió expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, siendo necesario que sus fallos sean motivados y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que sustenten y permitan concluir su determinación respecto a la existencia o no de los agravios alegados en el recurso de apelación; sin embargo, la motivación debe ser coherente con el mandato constitucional y legal, lo que en el presente caso no aconteció; por cuanto, no se explicó cómo la prueba ya secuestrada y bajo custodia del Ministerio Público, podría ser susceptible de destrucción, modificación y supresión. Sustentándose, por ende, en simples presunciones, no existiendo elementos de convicción objetivos expuestos que, acrediten el riesgo procesal instituido en el art. 235.1 del CPP. En ese marco, corresponde otorgar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional Primera al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 6/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de febrero de 2023, emitido por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; quien una vez notificado con este fallo constitucional, deberá emitir nuevo auto de vista, con la debida fundamentación, motivación y valoración en relación a lo objetado por el imputado, siempre y cuando la situación procesal del accionante no haya cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0942_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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