Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la igualdad; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que: i) La Fiscal de Materia asignada al caso -codemandada- por Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022 de 23 de mayo, lo imputó formalmente sin tomar en cuenta que en el Protocolo de Autopsia, la Médico Forense del IDIF, determinó como causa de la muerte de su concubina, edema cerebral, edema pulmonar y asfixia por bronco aspiración, malformación congénita a nivel del riñón izquierdo; y, descartó signos de violencia; asimismo, el Perito de Laboratorio de Toxicología Forense del IDIF, no encontró alcohol al momento de la muerte; ii) Contra la citada Resolución, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, denunciando que en la tramitación del proceso -inicialmente seguido contra autores-, la causa fue rechazada en tres oportunidades; que la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019 de 16 de enero, fue notificada al tercero interesado el 19 de febrero de 2019; y no obstante que, la objeción presentada el 13 de mayo del señalado año, se encontraba fuera del término previsto por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 360 a 363 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2025-S2 Sucre, 25 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57013-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 130/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 360 a 363 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karina Elfy Palacios Tellez en representación legal de José Abdón Mendoza Beltrán contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia; Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital; Williams Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental todos del departamento de La Paz; y, Javier Carlos Flores Huanca; y, Liliana Carolina Choque Valda, Fiscales de Materia.
Por memoriales presentados el 4 y 18 de mayo de 2023, cursantes de fs. 112 a 129 y 131 a 140 vta., el accionante a través de su representante, manifiesta lo siguiente:
El 16 de enero de 2018, falleció Flora Rosa Flores Quispe -su concubina- en consecuencia, el Ministerio Público inicialmente aperturó un proceso penal contra supuestos autores por la presunta comisión del delito de homicidio, en el que Gregorio Flores Garzofino -padre de la nombrada, ahora tercero interesado-, se constituyó en víctima; su persona fue convocado en calidad de testigo. La causa penal fue rechazada en tres oportunidades mediante las Resoluciones de Rechazo: F.C.D.C.P. 20/2019 de 16 de enero; 199/2019 de 30 de diciembre; y, 173/2020 de 5 de octubre; empero, habiendo sido revocados continuó la investigación. Transcurridos cuatro años del suceso por Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022 de 23 de mayo, Liliana Carolina Choque Valda, Fiscal de Materia -codemandada-, lo imputó formalmente por la presunta comisión del delito de feminicidio; ante lo cual, -por memorial presentado el 20 de junio de 2022- interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, alegando que la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019, fue notificada al tercero interesado de manera personal el 19 de febrero de 2019, quien no objetó esa decisión en el plazo de cinco días previsto por el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, la determinación fue ejecutoriada el 11 de marzo de ese año, procediéndose al archivo del caso, extremo acreditado a través del informe de 16 de abril de igual año -no indica mayores datos-; no obstante aquello, el 13 de mayo del señalado año, el nombrado presentó memorial de objeción, después de más de dos meses y veintitrés días de superado el término legal; en consecuencia, Javier Carlos Flores Huanca, Fiscal de Materia -codemandado- lo remitió a Williams Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -codemandado-, quien por Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019 de 29 de julio, revocó la determinación de rechazo sin advertir que la objeción fue interpuesta de manera tardía y que conforme establece al art. 130 del CPP los plazos son improrrogables y perentorios; tales actos dolosos, gravosos y malintencionados dieron lugar a la tramitación ilegal e inconstitucional del proceso penal seguido en su contra; lo cual, se constituye en un defecto legal no sujeto a convalidación. En sustanciación y resolución, por Auto Interlocutorio 563/2022 de 5 de julio, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-; declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, sosteniendo que fue interpuesto de manera extemporánea, sin considerar que cuando se procedió a la tardía objeción, no era parte del proceso, asistiendo al mismo solamente en calidad de testigo, por ello, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelta por Auto de Vista 227/2022 de 22 de julio, que confirmó la decisión. Por otra parte, la Fiscal demandada, en la Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022, pidió su detención preventiva, con base en criterios subjetivos; así sostuvo que su persona en reiteradas oportunidades incitaba a su concubina a asistir a fiestas, aun sabiendo que ella no debía consumir bebidas alcohólicas debido a que padecía de enfermedad renal, no la llevó al hospital ni la cuidó; y, no obstante que, en el “…Informe Técnico de la Autopsia medico Legal del Cadaver…” (sic) -siendo lo correcto Protocolo de Autopsia- la Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), determinó científicamente como causa de la muerte edema cerebral, edema pulmonar y asfixia por bronco aspiración; se constató la presencia de malformación congénita a nivel del riñón izquierdo “RIÑON POLIQUISTICO”; no se encontró lesiones traumáticas; y, se descartó signos de violencia; el Juez codemandado, por Auto Interlocutorio 780/2022 de 2 de septiembre, le impuso la medida extrema por un periodo de seis meses. Al efecto, la citada autoridad tampoco tomó en cuenta que, mediante Certificados Médicos de 29 de junio y 6 de julio de 2021, expedidos por Juan Herrera -Médico Cirujano, que atendió de manera particular a la fallecida-, demostró que ella padecía desde su niñez -enfermedad de Addison por insuficiencia suprarrenal de causa indeterminada-, en mérito a lo cual, debía usar corticoides de por vida; por otra parte, enfatizó que en el examen de toxicología -lo correcto es Dictamen Pericial de 25 de noviembre de 2019, emitido por la Perito de Laboratorio de Toxicología Forense del IDIF-, no se encontró alcohol -se entiende al momento de la muerte-; es decir, pese a que fundamentó de manera clara y con prueba científica la causa de la muerte de su concubina; la inexistencia de violencia física y psicológica -determinada solamente con base en la declaración informativa del tercero interesado y del hermano de la nombrada-; el Juez codemandado lo consideró probable autor y participe del hecho punible vulnerando su derecho a la presunción de inocencia; y, no obstante que interpuso apelación incidental, por Auto de Vista 651/2022 de 3 de octubre, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado- declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el fondo y confirmó la imposición de la medida extrema, habiendo sido notificado con esa decisión “...en la misma audiencia...” (sic).
La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la igualdad; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando el efecto los arts. 22, 23.I, 115.I y II, 116.I, 117, 119.I y II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se le permita asumir su defensa en libertad, dado que a “a la fecha” se encuentra con mandamiento de apremio; b) Se deje sin efecto el Decreto Fiscal de 13 de mayo de 2019, la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019 y demás actos posteriores; c) Se anule obrados hasta el vicio más antiguo, incluida su declaración informativa policial; y, d) Se ordene a la “...Fiscal que emita una IMPUTACIÓN FORMAL DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA Y MOTIVADA, CON TODOS LOS ELEMENTOS CIERTOS Y EVIDENTES PROBADOS CIENTIFICAMENTE SOBRE EL FALLECIMIENTO DE MI CONCUBINA Y CASO CONTRARIO ORDENEN la NULIDAD de la Resolución de IMPUTACIÓN FORMAL L.C.CH.V. 30/2022...” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 354 a 359 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) El momento en el que se vulneró sus derechos y garantías constitucionales fue cuando la Fiscal de Materia codemandada emitió la Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022; ante lo cual, formuló incidente de actividad procesal defectuosa que fue declarado infundado por el Vocal y el Juez demandados; y, 2) El citado Juez dispuso su detención preventiva con base a criterios subjetivos sobre su autoría desglosados en la referida imputación formal, criterios que no fueron superados en apelación. En respuesta a la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló que, por Auto Interlocutorio 780/2022 se determinó su detención preventiva; y, en sustanciación y resolución de la apelación que formuló contra ese fallo, por Auto de Vista 651/2022 se declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en el fondo y confirmó la medida extrema, el mismo que le fue notificado en audiencia de 3 de octubre de 2022 “...que confirma el principio de inmediatez...” (sic).
César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe cursante a fs. 297, indicó que el Auto de Vista 227/2023, fue emitido de manera colegiada; razón por la cual, solicitó que previamente se notifique con la acción tutelar “...a la vocal que tambien emitio la resolución...” (sic). Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 145 y vta.; sostuvo que: i) Por Auto Interlocutorio 780/2022 dispuso la detención preventiva del accionante, por un período de seis meses, al efecto, valoró de manera minuciosa los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público cursantes en el cuaderno de investigaciones, dicha labor así como la fundamentación y motivación efectuada se encuentran plasmadas en el citado Auto, incluso aplicó criterios de carácter convencional -principio de debida diligencia y juzgamiento con perspectiva de género entre otros-, fallo que fue confirmado por Auto de Vista 651/2022; ii) El impetrante de tutela ejerciendo su derecho a la defensa promovió excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso e incidente de actividad procesal defectuosa, las que fueron declaradas infundadas; y, iii) Libró mandamiento de detención preventiva contra el peticionante de tutela; empero, no fue habido, mostrando así renuencia a cumplir disposiciones de carácter jurisdiccional; en consecuencia, solicitó “RECHAZAR” la acción tutelar impetrada. Williams Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 349 a 352, solicitó que la tutela sea denegada, al efecto señaló que: a) El accionante cuestiona la admisibilidad del memorial de objeción a la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019 y la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019; empero, de acuerdo al art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo constitucional debe interponerse en el plazo de seis meses, a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho; en tal sentido, el nombrado con el citado fallo fue notificado el 2 de septiembre de 2019 e interpuso la demanda tutelar el 4 de mayo de 2023; es decir, de forma extemporánea; b) El proceso penal esta conformado por diferentes etapas tramitadas en el marco de los principios del debido proceso y de preclusión; razón por la cual, los defectos procesales denunciados por el impetrante de tutela debieron ser reclamados en su oportunidad ante el juez de control jurisdiccional, al no hacerlo inobservó el principio de subsidiariedad; c) Los actos identificados como lesivos fueron consentidos en un primer momento por el solicitante de tutela; toda vez que, después de ser notificado con la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019; no activó ningún mecanismo destinado a reparar la presunta vulneración de derechos; así como tampoco después de que se amplió el proceso penal en su contra, por el contrario, desarrolló diferentes actos en ejercicio de su derecho a la defensa; y, d) En aplicación del art. 36.4 del CPCo y de la SC 0348/2011-R de 7 de abril, pidió que en audiencia de garantías se omita argumentaciones fácticas adicionales al memorial de acción de amparo constitucional presentado por el accionante; ya que, de lo contrario se le provocaría un estado de indefensión. Javier Carlos Flores Huanca, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante a fs. 147 y vta., manifestó que: 1) El accionante fue notificado con el Auto de Vista 651/2022, el 3 de octubre de ese año; no obstante, la presente acción de amparo constitucional fue formulada fuera del plazo de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE; y, 2) En el marco del art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, quien debe resolver la objeción a la resolución de rechazo es el Fiscal Departamental de La Paz; razón por la cual, la remisión del memorial -se entiende 13 de mayo de 2019- a la citada autoridad, no constituye un acto ilegal. Liliana Carolina Choque Valda, por informe escrito cursante de fs. 148 a 149 vta., señaló que: i) Emitió la Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022, con base en elementos de convicción; es decir, el parámetro de horas que la víctima estuvo en manos del accionante antes de su fallecimiento, su convivencia con el nombrado, las cartas que le escribió, las declaraciones testificales en las que se declaró que ella sufrió agresión física y psicológica, lo que permitió establecer de manera clara y evidente una probable autoría; ii) El impetrante de tutela a momento de prestar su declaración informativa estuvo asistido por su defensa técnica en el marco del art. 94 del CPP; asimismo, en virtud del art. 95 del mismo Código, pudo pedir las aclaraciones necesarias; iii) Para reclamar la lesión de sus derechos en la etapa investigativa, en aplicación del art. 314 y siguientes del mismo Código, pudo acudir al juez de control jurisdiccional, al no hacerlo incumplió el principio de subsidiariedad; iv) Denuncia la lesión de su derecho a la libertad; sin embargo, a la fecha se encuentra prófugo; y, v) El 3 de octubre de 2022, el impetrante de tutela fue notificado con el Auto de Vista 651/2022; por lo que, la interposición de la presente acción de amparo constitucional -4 de mayo de 2023-, se encuentra fuera del plazo de seis meses previsto para su formulación.
Gregorio Flores Garzofino, a través del memorial cursante de fs. 291 a 295 y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, al efecto refirió que: a) Si bien la causa penal en la que tiene calidad de víctima fue rechazada en tres oportunidades, se debió al incumplimiento de diligencias investigativas ordenadas por el Fiscal Departamental de La Paz -codemandado-; b) La denuncia inherente a la objeción de la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019 -que a criterio del accionante fue tardía-, debió ser formulada en su oportunidad; asimismo, la nulidad de su declaración informativa -porque no se dio lectura a sus derechos-, data de 1 de julio de 2021; por lo que, en el marco del art. 314 del CPP, correspondía ser interpuesta en el plazo de diez días, lo cual, no aconteció; en tal sentido, dichos actos fueron consentidos al no ser reclamados en su oportunidad; c) El incidente de actividad procesal defectuosa fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 563/2022 y Auto de Vista 227/2022; por lo que, para su análisis a través de la acción de amparo constitucional debió ser formulada en el plazo de seis meses en observancia del principio de inmediatez; d) El impetrante de tutela omitió dar a conocer que la causa de la detención preventiva que le fue impuesta a través del Auto Interlocutorio 780/2022 confirmada por el Auto de Vista 651/2022; se debió a la concurrencia del peligro procesal previsto en el art. 234.1 del CPP; es decir, no acreditó trabajo; tampoco se lesionó su derecho a la libertad; ya que, se encuentra prófugo desde el 2 de septiembre de 2022; e) Su fallecida hija fue víctima de maltratos, extremo que se probó a través de manuscritos elaborados por ella, de acuerdo a pericia grafológica; la declaración de testigos que presenciaron el maltrato físico y psicológico; y, que los planes del solicitante de tutela eran quedarse con los bienes de la nombrada, motivo por el cual la dejó sufrir dos días sin llevarla a un hospital próximo a su domicilio; y, f) Solicitó la aplicación de un procedimiento de juzgamiento con perspectiva de género interseccional.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 130/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 360 a 363 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela no identificó el objeto de la acción de amparo constitucional, entendiendo de manera equivocada que la justicia constitucional es una vía recursiva más o de fiscalización de lo actuado por el Ministerio Público y la jurisdicción ordinaria; 2) El solicitante de tutela tampoco acreditó el cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen la acción tutelar; por el contrario, confundió y denunció todos los actos del proceso, olvidando que su naturaleza responde a actos y omisiones ilegales o indebidas que lesionan derechos constitucionales, y no a intereses subjetivos de las partes; 3) El accionante pretende que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019 y demás actos posteriores, empero, desde la emisión de dicha Resolución transcurrieron más de tres años; 4) Los Autos Interlocutorios 563/2022 -que resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa-; y, 780/2022 -a través del cual se determinó su detención preventiva-; confirmados por los Autos de Vista 227/2022 y 651/2022, respectivamente, no fueron identificados como lesivos; no obstante, ninguno se encuentra dentro del término de seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPC para su revisión, pues, el Auto de Vista 651/2022 fue notificado al accionante el 3 de octubre de 2023, quien formuló la presente acción el 4 de mayo de 2023; vale decir, fuera del señalado término.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022 de 23 de mayo, Liliana Carolina Choque Valda, Fiscal de Materia -codemandada-, imputó formalmente a José Abdón Mendoza Beltrán -accionante-, por la presunta comisión del delito de femicidio; asimismo, solicitó la consideración de la medida cautelar de detención preventiva (fs. 47 a 56). II.2. Por memorial presentado el 20 de junio de 2022, el impetrante de tutela interpuso incidente de actividad procesal defectuosa; que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 563/2022 de 5 de julio emitido por Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, quien declaró infundado el mismo; determinación confirmada a través del Auto de Vista 227/2022 de 22 de julio, suscrita por César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia -demandado- (57 a 75 vta.). II.3. A través del Auto Interlocutorio 780/2022 de 2 de septembre, el Juez demandado dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela por el período de seis meses; decisión confirmada mediante Auto de Vista 651/2022 emitida por el Vocal demandado, fallo que fue notificado al accionante en audiencia de 3 de octubre de 2022 (fs. 79 a 87 vta.).
El accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la igualdad; y, de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que: i) La Fiscal de Materia asignada al caso -codemandada- por Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022 de 23 de mayo, lo imputó formalmente sin tomar en cuenta que en el Protocolo de Autopsia, la Médico Forense del IDIF, determinó como causa de la muerte de su concubina, edema cerebral, edema pulmonar y asfixia por bronco aspiración, malformación congénita a nivel del riñón izquierdo; y, descartó signos de violencia; asimismo, el Perito de Laboratorio de Toxicología Forense del IDIF, no encontró alcohol al momento de la muerte; ii) Contra la citada Resolución, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, denunciando que en la tramitación del proceso -inicialmente seguido contra autores-, la causa fue rechazada en tres oportunidades; que la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019 de 16 de enero, fue notificada al tercero interesado el 19 de febrero de 2019; y no obstante que, la objeción presentada el 13 de mayo del señalado año, se encontraba fuera del término previsto por el art. 305 del CPP, el Fiscal de Materia -demandado- lo remitió al Fiscal Departamental de La Paz -codemandado-, quien sin advertir ese hecho por Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019 de 29 de julio, revocó la determinación de rechazo -aperturándose la causa penal en su contra posteriormente-; en sustanciación, mediante Auto Interlocutorio 563/2022 de 5 de julio, el Juez demandado, declaró infundado el mismo; dicha determinación fue confirmada a través del Auto de Vista 227/2022 de 22 de julio, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia -demandado-; y, iii) Mediante Auto Interlocutorio 780/2022, el Juez codemandado incurrió en las mismas subjetividades de la Fiscal demandada y dispuso su detención preventiva; decisión confirmada mediante Auto de Vista 651/2022 emitida por el Vocal demandado. La parte demandada, de manera coincidente sostiene que el accionante consintió los actos que denuncia a través de esta acción tutelar; asimismo, inobservó los principios de subsidiariedad e inmediatez, al no haber efectuado su reclamo en su oportunidad ante la autoridad competente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, sostuvo que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. Respecto del cómputo del plazo de los seis meses, el texto constitucional dispone en el art. 129.II, que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’ de manera coherente el art. 55.I del CPCo, prescribe: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho´...” (el énfasis es agregado).
Delimitada como se encuentra la problemática, tomando en cuenta que la parte demandada al momento de presentar su informe para la consideración de la presente acción de amparo constitucional, de manera coincidente sostiene que el accionante incumplió con el plazo de seis meses previsto para su interposición; y, considerando que en efecto los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, marcan ese límite temporal para su procedencia, y la inobservancia impide a este Tribunal efectuar un análisis de fondo; previamente corresponde verificar si el nombrado observó dicho término. En tal sentido, del análisis del petitorio plasmado en el memorial de la presente acción tutelar; se tiene que, el accionante pretende que la justicia constitucional deje sin efecto el Decreto Fiscal de 13 de mayo de 2019; la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019; demás actos posteriores; y, la Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022; ya que, solicita que se disponga la emisión de una nueva imputación formal fundamentada y motivada en la que se tome en cuenta que la causa de la muerte de su concubina fue determinada de manera científica. Al respecto, si bien el supra citado memorial resulta desordenado e impreciso, se entiende que, el impetrante de tutela cuestiona que la objeción que presentó el tercero interesado -el 13 de mayo de 2019-, contra la Resolución de Rechazo F.C.D.C.P. 20/2019, se encuentra fuera del plazo establecido por el art. 305 del CPP, aspecto que no fue observado por el Fiscal de Materia -codemandado-, ni por el Fiscal Departamental de La Paz -también codemandado-, quien por Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R-1048/2019 revocó la determinación de rechazo; razón por la cual, posteriormente se aperturó la causa penal en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, lesionando así sus derechos constitucionales; sin embargo, ese reclamo fue objeto de análisis en la sustanciación y resolución del incidente de actividad procesal defectuosa que el nombrado presentó el 26 de julio de 2022 -con idéntico fundamento-, ante el Juez codemandado, quien lo declaró infundado por Auto Interlocutorio 563/2022 confirmado por Auto de Vista 227/2022 (Conclusión II.2). Por otra parte, el impetrante de tutela considera que la Fiscal de Materia -codemandada-, emitió la Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V. 30/2022 (Conclusión II.1) con base en criterios subjetivos; sin tomar en cuenta que la causa de la muerte se debió a edema cerebral, edema pulmonar y asfixia por bronco aspiración, determinada de manera científica por la Médico Forense del IDIF; quien también constató la presencia de malformación congénita a nivel del riñón izquierdo; no encontró lesiones traumáticas; y, descartó signos de violencia; la citada Fiscal, tampoco consideró el Dictamen Pericial de 25 de noviembre de 2019, emitido por la Perito de Laboratorio de Toxicología Forense del IDIF-, quien no encontró alcohol -se entiende al momento de la muerte-; asimismo, cuestionó las versiones de los testigos de cargo al ser familiares de la fallecida; empero, dichos aspectos fueron abordados en la audiencia de 2 de septiembre de 2022, en la que el Juez codemandado emitió el Auto Interlocutorio 780/2022, disponiendo su detención preventiva confirmada por Auto de Vista 651/2022 (Conclusión II.3). En consecuencia, los actos denunciados como lesivos por el impetrante de tutela a través de la presente acción de amparo constitucional, fueron previamente atendidos por la jurisdicción ordinaria, instancia en la que se generó los Autos de Vista 227/2022 y 651/2022 , notificados al nombrado el 22 de julio y el 3 de octubre de 2022 -en las respectivas audiencias-; por lo que, en aplicación de lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a partir de las indicadas fechas tenía el plazo de seis meses para interponer este mecanismo tutelar; empero, al presentarlo el 4 de mayo de 2023, sobrepasó dicho término.
Por consiguiente y en mérito a lo explicado, el solicitante de tutela actuó con negligencia en causa propia, al haber formulado la presente acción de amparo constitucional de manera extemporánea, dejando transcurrir el plazo de los seis meses que rige el principio de inmediatez y que resulta aplicable al caso; correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 130/2023 de 23 de junio, cursante de fs. 360 a 363 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0942_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d317c44d9b34105761e4613ec711e0f16e6b64c99dc352a307d558eb04cd1fb
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