Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 2 de octubre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de congruencia interna, valoración de la prueba, igualdad ante la ley y a la defensa, arguyendo que los Magistrados demandados -en conocimiento del recurso de casación formulado contra el Auto de Vista 374 de 31 de agosto de 2022, que revocó la Sentencia el 6 de enero de igual año que le reconocía derecho propietario de los predios ubicados en la UV 4, manzana 6, calle Padre Juan 164, 176, 178 y 184 con una superficie de 681,60 m y 414 m, así como de sus mejoras-, emitieron el Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, incurriendo en: i) Omisión valorativa de la prueba testifical, extractando partes de las mismas a favor del demandado en el proceso civil -hoy terceros interesados-, obviando hacer cita de las contradicciones de los testigos de descargo en cuanto a las fechas en que los hubieran conocido tanto a su persona como al aludido, olvidando considerar la versión conteste y uniforme del testigo de cargo Julio Ricardo Arana Zabala, que revela tal contradicción; así como, eludir efectuar una valoración integral de la misma; y, ii) Asimismo, en incongruencia interna, al inicialmente reconocerle la calidad de detentador y administrador de los referidos inmuebles, y con base en la inspección judicial como poseedor, concluir en su parte dispositiva contrariamente a lo considerado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC 112/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, debiendo los Magistrados demandados emitir uno nuevo, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR respecto a los derechos a la igualdad ante la ley y a la defensa, sin haber ingresado al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2023-S2 Sucre, 2 de octubre de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 57678-2023-116-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución ACC 112/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Said Canelas Lozada en representación de Abdul Hussein Abou Saleh contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 7 y 18 de julio de 2023, cursantes a fs. 1, 85 a 100 vta. y 110 a 111, el accionante a través de su representante manifestó que:
Dentro del proceso instaurado contra Nabil Abou Saleh Notario -su hermano, ahora tercero interesado- y otros, de usucapión extraordinaria o decenal de dos inmuebles (de 681,60 m y 414 m, ubicados en la Unidad Vecinal (UV) 4, manzana 6, calle Padre Juan 164, 176, 178 y 184), con posesión desde hace diez años de forma pública, pacífica e ininterrumpida, mejoras y construcciones mediante sus recursos económicos, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de la Sentencia de 6 de enero de 2022, declaró probada la demanda, declarándolo propietario de los citados predios; empero, al ser objeto del recurso de apelación por la parte perdidosa, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del precitado departamento, por Auto de Vista 374 de 31 de agosto del citado año, revocaron el fallo impugnado y -deliberando en el fondo-, declararon probada la demanda reconvencional presentada por el contrario. Contra dicha decisión, formuló recurso de casación, siendo resuelto por medio del Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, dictado por los Magistrados demandados, declarándolo infundado, incurriendo en: a) Omisión valorativa de la prueba testifical en relación a la versión de Remberto Medrano Calderón, quien frente a las declaraciones de la parte adversa declaró que su persona era Gerente de la empresa Caravan Bolivia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), siendo considerado unidamente ese punto, “…OBVIANDO REFERIRSE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS A LA AFIRMACIÓN DEL TESTIGO DE QUE: NO RECORDABA MUY BIEN, SIEMPRE EXISTIERON TRABAJADORES, existiendo en consecuencia en este punto omisión de realizar una valoración integral de la prueba…” (sic); asimismo, consideraron la declaración de Ana María Hallens de Padilla, quien sostuvo que se introdujeron mejoras, para luego señalar que fue desvirtuado por el testigo Carlos Alberto Pareja, quien aseveró que fue el demandado en el proceso quien construyó el segundo galpón e hizo las refacciones para la tienda que ocupaba el actor para su negocio, señalando que el cheque de pago fue entregado a los trabajadores a nombre de la empresa Caravan Bolivia S.R.L., denotado que no se efectuó una valoración integral que ciertamente podía llevar a aclarar la posesión por varios años y demostrar las mejoras en los inmuebles; en lo que respecta a la valoración de las versiones de Guido Panoso Gonzales y Félix Rueda Ortega, quienes manifestaron que conocieron a él y al demandado por haber tenido relaciones comerciales en la venta de ron y whisky, cuando cerraron la referida empresa; el primero, señaló conocerlo desde 2003; y, el segundo, el 2000, de cuya última versión se omitió valorar las declaraciones contestes y uniformes de los testigos de cargo, como el caso de Julio Ricardo Arana Zabala que no fue ni mencionado por los demandados ni mucho menos valorada, quienes de manera arbitraria se centraron únicamente en la versión de Carlos Alberto Pareja Antezana, que habría recibido un cheque de la empresa Caraban Bolivia S.R.L., de propiedad del demandado por la construcción de un tinglado y refacción de la tienda, soslayando hacer cita de las contradicciones con las versiones de los testigos de cargo en cuanto a la fecha en que le conocieron de lo que se tiene que los demandados, limitándose a hacer cita y extractar partes de las declaraciones transcritas en lo favorable al demandado en el proceso civil; y, b) Incongruencia interna, al identificarlo inicialmente como detentador y administrador de los referidos inmuebles, y luego -con base en la inspección judicial- concluir que fue poseedor, dando la razón al reconvencionista, denotando una franca contradicción que irremediablemente lesiona dicho derecho, conforme lo establecido por la SCP 0027/2019-S3 de 1 de marzo. Por último, no fue respetada la igualdad de condiciones ante la ley, al encontrarse perjudicado en sus legítimas aspiraciones, afectada por la omisión de valoración de la prueba en el proceso, trasgrediendo el derecho a la defensa, y en consecuencia sus intereses, al declarar infundado con fundamentos nada sostenibles y contradictorios el recurso que interpuso, al margen de un proceso justo y equitativo.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de congruencia interna, valoración de la prueba, igualdad ante la ley y defensa, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 275/2023, que declaró infundado el recurso de casación que formuló contra el Auto de Vista 374, debiendo los Magistrados demandados emitir un nuevo fallo, subsanando las vulneraciones identificadas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 163 a 173, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo expresó que: 1) El Auto Supremo 275/2023 vulneró la congruencia interna, al aseverar inicialmente que su persona: “…no ha demostrado con prueba idónea, cuando su título de detentador ha cambiado al de poseedor…” (sic) y señalar que: “…si bien es cierto que la inspección judicial estableció que el demandante estuvo en posición de los inmuebles objeto de la Litis…” (sic), contradicciones que vulneraron el debido proceso; y, 2) No fue valorada correctamente la prueba testifical, al considerar únicamente las aclaraciones a la preguntas que se le formularon, y no realizar una valoración integral de la prueba, refiriéndose solo a las declaraciones testificales de cargo, sin tomar en cuenta las de descargo, menos valorar que los testigos manifestaron que realizó mejoras en el inmueble poseído, y la data desde cuándo conocían tanto a su persona como al tercero interesado, procediendo a extractar partes de algunas versiones favorables al demandado en el proceso.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 159 a 162 vta., expresaron que: i) El accionante de manera tendenciosa realizó la transcripción de partes del Auto Supremo 275/2023, y alegó contradicción, sin citar la glosa completa; cuyo fallo, efectuó un examen de los hechos y prueba producida, no advirtiéndose la demostración de la posesión con los elementos corpus y animus, de ahí que la usucapión devino en improcedente, sin que sea evidente que primero se reconozca su posesión y luego ya no, efectuándose una lectura sesgada y descontextualizada, carente de relevancia constitucional; ii) No existió mala o incorrecta valoración de la prueba en fase de casación, extremo que el peticionante de tutela confundió con el error de hecho y de derecho, además de exponer argumentos que correspondían mencionar en la fase de alegatos, pretendiendo uniformidad en las declaraciones de sus testigos, refiriéndose a la información proporcionada por los mismos; lo cual, no correspondía considerar en una acción de amparo constitucional, no siendo esta una instancia casacional. Además, la invocación del momento en que comenzó la posesión por el tiempo que establece la ley, debía ser planteada de forma clara y expresa desde su primer escrito; y, iii) Respecto del derecho de la igualdad, careció de contenido argumentativo, expresando una mera disconformidad con lo decidido, sin explicar cómo se transgredió la misma. Y sobre el derecho a la defensa, confundió con la pretensión de valorar prueba, teniéndose con todos los registros de comunicación en el proceso, del cual no se puede argüir indefensión, denotándose que se le dio amplitud para ofrecer y producir prueba. Por lo expuesto, al no haberse acreditado la lesión de derecho o garantía alguna, pidieron en se deniegue la tutela.
Nabil Abou Saleh Notario a través de su abogado, en audiencia de garantías expresó que: a) Su persona fue quien le dio trabajo de Gerente en su empresa Caravan Bolivia S.R.L. al impetrante de tutela -su hermano-, siendo la sede de la misma, los dos inmuebles que reclamó posesión, que luego de cerrarse, el aludido le pidió utilizarlos para emprender un negocio; por cuanto, no podría alegar desconocimiento de su domicilio y hacerle citar por edictos de prensa, el cual fue motivo para anular el proceso luego de siete años de juicio; y, b) Las mejoras efectuadas en los citados inmuebles, si bien fueron realizadas por él, como mencionan los testigos, los gastos que demandó ello, fue cancelado con cheque de la referida empresa, siendo que el solicitante de tutela, lo único que hizo fue recibir el cheque y entregarlo al constructor; y, si tiene en su poder los títulos originales, fue dado por la confianza y lazo que los une; además, luego de haber sido anulada la Sentencia de 6 de enero de 2022, incurrió en contradicción al argüir que dichos inmuebles los recibió en herencia.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución ACC 112/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 174 a 178, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Sobre la incongruencia interna, ciertamente el fallo objetado hizo mención a que el accionante ingresó a los inmuebles objeto de la litis como detentador de su hermano a fin de realizar actos de administración respecto a la empresa Caravan Bolivia S.R.L., sin demostrar con prueba idónea en qué momento cambio su título de detentador por el poseedor, a efectos de determinar el tiempo transcurrido para hacer efectiva su pretensión de usucapión decenal, ya que los elementos probatorios, denotaron que fue una mera tolerancia realizada por el tercero interesado; y, si bien en la inspección judicial se estableció que el peticionante de tutela estaba poseyendo citados los inmuebles, los informes de Catastro Municipal y de “SAGUAPAC”, entre otros, evidenciaron que hasta el 2010, todos los servicios se encontraban a nombre del tercero interesado; por lo que, lo expresado en el Auto Supremo 275/2023, constituyó una explicación completa respecto de los elementos que se tuvieron en cuenta para declarar infundado el recurso de casación; 2) Sobre la valoración irrazonable e integral de las declaraciones testificales de cargo, el impetrante de tutela no explicó la relevancia frente al conjunto de elementos probatorios a los que se hizo referencia en el aludido Auto Supremo; el cual, no solo se refirió a declaraciones testificales, sino que estaría en concordancia con los otros elementos probatorios aportados, donde se evidenció que el prenombrado actuó como intermediario, apoderado y en representación del propietario; y, de las certificaciones de la Dirección de Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a dos años del inicio del proceso de usucapión el tercero interesado, continuó cancelando los impuestos y realizando las mejoras en los mismos, no advirtiéndose evidencia alguna que justifique la apertura para enmendar algún error, resultando razonable la misma en el Auto de Vista 374; y, 3) Sobre el derecho a la igualdad de partes, no se precisó de qué manera se lesionó el mismo. Lo propio con relación a la defensa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de usucapión extraordinaria o decenal interpuesto por Abdul Hussein Abou Saleh -accionante- contra Nabil Abou Saleh Notario -su hermano, ahora tercero interesado-, otros y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, respecto de dos inmuebles (con superficie de 681,60 m y de 414 m, ubicados en la UV 4, manzana 6, calle Padre Juan 164, 176, 178 y 184), se dictó la Sentencia el 6 de enero de 2022, por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, declarando propietario al primer nombrado de los inmuebles objeto de la litis y sus mejoras; que al ser objeto del recurso de apelación por el contrario, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, mediante Auto de Vista 374 de 31 de agosto de 2022, resolvió revocar la aludida Sentencia, y deliberando en el fondo, declaró probada la demanda reconvencional presentada (fs. 45 a 51 y 60 a 65 vta.). II.2. Cursa Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, emitido por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia –demandados-, atendiendo al recurso de casación presentado el 12 de diciembre de 2022, por el impetrante de tutela, cuya parte dispositiva lo declaró: “INFUNDADO” (fs. 75 a 83 vta.).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de congruencia interna, valoración de la prueba, igualdad ante la ley y a la defensa, arguyendo que los Magistrados demandados -en conocimiento del recurso de casación formulado contra el Auto de Vista 374 de 31 de agosto de 2022, que revocó la Sentencia el 6 de enero de igual año que le reconocía derecho propietario de los predios ubicados en la UV 4, manzana 6, calle Padre Juan 164, 176, 178 y 184 con una superficie de 681,60 m y 414 m, así como de sus mejoras-, emitieron el Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, incurriendo en: i) Omisión valorativa de la prueba testifical, extractando partes de las mismas a favor del demandado en el proceso civil -hoy terceros interesados-, obviando hacer cita de las contradicciones de los testigos de descargo en cuanto a las fechas en que los hubieran conocido tanto a su persona como al aludido, olvidando considerar la versión conteste y uniforme del testigo de cargo Julio Ricardo Arana Zabala, que revela tal contradicción; así como, eludir efectuar una valoración integral de la misma; y, ii) Asimismo, en incongruencia interna, al inicialmente reconocerle la calidad de detentador y administrador de los referidos inmuebles, y con base en la inspección judicial como poseedor, concluir en su parte dispositiva contrariamente a lo considerado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 1094/2017-S3 de 18 de octubre, indicó que: “…respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: '…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita... '. Así también la misma jurisprudencia estableció situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que: '…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación' (SC 0662/2010-R de 19 de julio). De igual manera la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: '…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento'. En ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, precisó que: '…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente'” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió respecto al principio de congruencia en el ámbito procesal como “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas fueron adicionadas). Al respecto, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sobre las vertientes interna y externa del dicho principio, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado es nuestro).
Dentro del proceso de usucapión decenal o extraordinario, instaurado por el accionante contra su hermano -ahora tercero interesado- y otros, sobre dos inmuebles ubicados en la UV 4, manzana 6, calle Padre Juan 164, 176, 178 y 184, de una superficie de 681,60 m y de 414 m, se dictó la Sentencia de 6 de enero de 2022, por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, declarando probada la demanda, reconociéndole la titularidad de los mismos y de sus mejoras; fallo que, al ser objeto del recurso de apelación por el contrario, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, mediante el Auto de Vista 374 de 31 de agosto de 2022, revocó el fallo impugnado, y en el fondo declaró probada la demanda reconvencional (Conclusión II.1); causa dentro de la cual, fue formulado el recurso de casación por el impetrante de tutela, resuelto por los Magistrados demandados mediante el Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, declarándolo infundado (Conclusión II.2). Consecuencia de este último actuado procesal, el peticionante de tutela denuncia la lesión de los componentes del debido proceso invocados en la presente acción tutelar, acusando a las autoridades demandadas de declarar infundado el recurso de casación: a) Sin una apreciación correcta de la prueba testifical, omitiendo valorar la versión de Julio Ricardo Arana Zabala, obviando hacer cita de las contradicciones de los testigos de descargo en cuanto a las fechas en que hubieran conocido tanto a él como al demandado en el proceso civil -ahora tercero interesado-, extractándose partes de las declaraciones para favorecer a este último, sin realizar una valoración integral de las mismas; y, b) Asimismo, contiene una incongruencia interna, al identificarlo inicialmente como detentador y administrador de los inmuebles objeto del proceso de usucapión y luego -con base en la inspección judicial- como poseedor, para finalmente no concederle la propiedad y titularidad. Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática, cabe aclarar que, conforme a la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones que fueron objeto de cuestionamiento -en el presente caso dentro de un proceso de usucapión-, se efectúa a partir de la última decisión pronunciada; es decir, el Auto Supremo 275/2023; en razón a que, aquel tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía. Sobre el ejercicio valorativo de prueba, la jurisprudencia constitucional precisó que su consideración en sede constitucional, por regla general se encuentra impedida por ser una atribución conferida a las autoridades jurisdiccionales administrativas y ordinarias; empero -solo en caso de tratarse de lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales-, delimitó situaciones en las que fuera factible tal posibilidad, a partir de la revisión al ejercicio valorativo desplegada por las autoridades, reconociendo supuestos de verificación, si en dicha labor: 1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento (SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0238/2022-S2 de 3 de mayo y 0303/2022-S2 11 de mayo, entre otras). Ahora bien, con base en dicha delimitación jurisprudencial, e identificado el problema jurídico del caso de autos, amerita examinar el contenido analítico del Auto Supremo cuestionado, verificando si se pronunció en observancia de los denunciados componentes del debido proceso, o en su caso, con ausencia de alguno de estos. En ese sentido, de una revisión minuciosa al fallo en estudio, en el marco de los aspectos cuestionados por el impetrante de tutela, como primer punto denunciado por el prenombrado, cuestiona una omisión y errónea valoración de la prueba testifical, denunciando que se hubiera olvidado considerar la testificación de Remberto Medrano Calderón, donde señaló sobre el solicitante de tutela que: “…supe que era el gerente de la empresa, pero no recuerdo muy bien, siempre existieron los trabajadores en el inmueble” (sic); denotándose de dicha versión que no recordaba muy bien los hechos. Asimismo, la no consideración de la declaración de Ana María Hallens de Padilla, que aseveró que se introdujeron mejoras con gastos del prenombrado, para luego señalar que fue desvirtuado por el testigo Carlos Alberto Pareja, quien indicó que el galpón y las refacciones para la tienda que ocupaba el actor para su negocio, se construyó con un cheque de la empresa Caravan Bolivia S.R.L.; al respecto; el fallo en cuestión, si bien en la parte considerativa VI menciona las declaraciones de los referidos testigo; a más de citar sus versiones, no desarrolla ni explica la relación de las mismas con los hechos propiamente, menos la manera en cómo el Auto de Vista recurrido, consideró estos aspectos; vale decir, se extraña una relación y explicación de cada una de dichas aseveraciones, con los hechos y antecedentes del caso, que la decisión de los Vocales de apelación hubieran analizado las precitadas pruebas; por cuanto, no basta con solo citarlos y transcribir su contenido; más aún, si de lo dicho por el primero de ellos, se tiene una versión imprecisa y con dudas sobre quien ostentaba el cargo de gerente de dicha empresa, refiriendo que: “…pero no me acuerdo muy bien…” (sic); literal sobre la cual, el Tribunal de casación concluye que: “…el demandante Abdul Huessein Abou Saleh no solo es hermano del propietario de los bienes a usucapir, sino que le confió el cargo de gerente…” (sic); es decir, llega a inferir con base en dichas aseveraciones, sin relacionarlas con los hechos puestos a consideración del proceso motivo de la usucapión, sino de directa y definitiva, con la simple cita y referencia, denotando la falta de una valoración integral de la prueba. Por otro lado, sobre la alegada no valoración de las declaraciones de Guido Panoso Gonzales y Félix Rueda Ortega como testigos de descargo, también denunciadas en la acción de amparo constitucional, quienes manifestaron que realizaron transacciones comerciales de ron y whisky cuando se cerró la empresa Caravan Bolivia S.R.L., con el accionante y demandado -en el proceso civil-; del fallo en cuestión, se advierte únicamente la consideración del primer testigo, quien habría manifestado que conoció a los aludidos -partes en el proceso- el 2003; con base en dicha aseveración, el Auto Supremo ahora confutado concluyó que el impetrante de tutela fungió el cargo de gerente de la citada empresa, sin considerar ni hacer referencia alguna de la versión del segundo testigo, quien -a decir del prenombrado- habría expresado que los conoció el 2000; teniéndose en consecuencia, una omisión en la valoración de la declaración testifical de este último, más aun si de su versión existiría contradicción con lo declarado por el primero, lo que implica la omisión en la consideración de toda la prueba testifical, impidiendo claramente vislumbrar las contradicciones entre ellas sobre cuestiones sustanciales que fundaron la determinación de declarar infundado el recurso de casación, limitándose únicamente a considerar uno de ellos, siendo necesaria la versión del segundo testigo con el fin contrastarla y desvirtuar lo alegado por el recurrente; de cuyo modo, no se incurra en un análisis y conclusión arbitraria de la prueba testifical a favor de la reconvención de la demanda. Con base en dicho análisis, el Auto Supremo 275/2023 efectuó un despliegue que claramente omite de manera arbitraria la consideración parcial de la prueba testifical, al no efectuar una explicación de contrastación de las mismas con los hechos puestos a consideración, escrutando las versiones de lo acontecido con los hechos y antecedentes del proceso de usucapión, sino, limitarse a una simple cita y transcripción de los mismos, y una conclusión directa y definitiva, sin análisis hermenéutico; así como, no considerar y contrastar toda la prueba testifical, encontrándose la decisión asumida al margen de la prueba arrimada por las partes, teniéndose en consecuencia un fallo ausente del ejercicio y actividad probatoria integral en el proceso judicial, apartándose de la jurisprudencia constitucional descrita ut supra; ameritando en consecuencia, que se conceda la tutela solicitada. Por otro lado, con relación a la incongruencia interna también denunciada en el citado Auto Supremo, la jurisprudencia constitucional fue consecuente al definir su alcance como la observancia en las resoluciones judiciales de una unidad congruente y estructurada de manera coherente entre sus partes, debiendo cuidar el hilo conductor que le dote orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración desplegada, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva (Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional). En ese orden, el accionante denuncia que la parte considerativa del Auto Supremo 275/2023, le reconociera la calidad de detentador y administrador de los inmuebles objeto de la litis, y más adelante en la inspección judicial la condición de poseedor de los mismos; lo que, no mantendría armonía con la parte dispositiva que resolvió por declarar infundado el recurso y ratificó la titularidad al demandado -su hermano, hoy tercero interesado-, llegando a constituir -a decir del peticionante de tutela- en una contradicción y por ende, con incongruencia interna. En efecto, en el marco de lo desarrollado líneas arriba, el fallo cuestionado al haber arribado a la conclusión de que no se advierte una relación de las pruebas testificales con los hechos que detalle y resulte en el fundamento para declarar infundado el recurso de apelación formulado por el impetrante de tutela; así como, se hubieran omitido considerar dichas literales testificales que fundaban una posible contradicción referente a la data en conocer tanto al prenombrado como al tercero interesado; además de que, fuera evidente que se lo identifica inicialmente al solicitante de tutela como detentador y administrador de los referidos inmuebles; empero, ya en el análisis se refiere que: “…es cierto que la inspección judicial estableció que el demandante estuvo en posesión de los inmuebles objeto de la litis…” (sic), concluyendo que fuera un poseedor; dichas aseveraciones hacen a un fallo que no sigue un hilo conductor ordenado y racional en su examen analítico, menos un orden congruente en su estructura; ameritando la concesión de la tutela sobre este punto. Por último, sobre la igualdad ante la ley y la defensa también denunciados por el impetrante de tutela, no se tiene del contenido del memorial de amparo constitucional, cómo se configuró tal lesión o de qué manera se hubieran vulnerado los mismos, debiendo demostrarse dicha amenaza en circunstancias reales y materiales, resultando esa omisión en la denegatoria de la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución ACC 112/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 275/2023 de 23 de marzo, debiendo los Magistrados demandados emitir uno nuevo, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR respecto a los derechos a la igualdad ante la ley y a la defensa, sin haber ingresado al análisis de fondo.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0942_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2ab2425ad477892109143c1e91aca72207ef58302b183621f486eb934a2ce7e2
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