Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la presunción de inocencia; toda vez que, el 18 de enero de 2021 solicitó a los miembros del Concejo Municipal de Achacachi su reincorporación a su fuente laboral, reiterando la misma el 26 de igual mes y año; empero, la autoridad demandada mediante Nota de 27 de enero de 2021, denegó su petición, manifestando que su persona debía adjuntar resolución judicial relativa a la cesación de su detención preventiva, sin tomar en cuenta que se acredito la misma, y adjuntó el Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, que dispone la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como el Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, que determinó su detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) Sobre la flexibilización de la legitimación pasiva respecto de órganos colegiados; ii) Sobre la presunción de inocencia; y, iii) Análisis del caso.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve CONFIRMAR la Resolución 045/2021 de 12 de abril, cursante de fs. 81 a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0942/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 39865-2021-80-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 045/2021 de 12 de abril, cursante de fs. 81 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Ramos Laura contra Marco Antonio Chambi Mayta, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Achacachi.
Por memoriales presentados el 26 de febrero y 19 de marzo, ambos de 2021, cursantes de fs. 44 a 48 y 50 a 51 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Los miembros del Concejo Municipal de Achacachi, representado por Marco Antonio Chambi Mayta, en su condición de Presidente -ahora autoridad demandada-, mediante acto administrativo ilegal y arbitrario, determinaron la suspensión de su cargo de Alcalde electo sin que exista ninguna Resolución Municipal que establezca o determine el interinato de su cargo; por lo cual, el 18 de enero de 2021, solicitó su reincorporación, reiterando su petición el 26 de igual mes y año; empero, la autoridad demandada mediante Nota de 27 de enero de 2021, sin fundamentación ni motivación alguna, denegó su petición, manifestando que su persona debía adjuntar resolución judicial relativa a la cesación de su detención preventiva, la cual se constituye en una respuesta infundada, sin tomar en cuenta que a dicha autoridad municipal no le corresponde tal consideración, vulnerando así sus derechos a la presunción de inocencia y al trabajo, puesto que se encontraba cumpliendo la medida extrema de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz; sin embargo, dicha medida fue revocada mediante Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a su favor dentro del “Caso FIS LPZ1905435 Y NUREJ 20278027” (sic). Consiguientemente, el referido Concejo Municipal valoró bajo criterios escasamente razonables sus solicitudes presentadas, incurriendo en serias omisiones, vulnerando sus derechos al trabajo y a la presunción de inocencia.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo y a la presunción de inocencia, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo su reincorporación al cargo de electo de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi.
Celebrada la audiencia pública el 12 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 80, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos manifestó que: a) Interpuso la presente acción tutelar contra la Nota de 27 de enero de 2021, mediante la cual la autoridad demandada se opuso a que pueda acceder a su fuente de trabajo; toda vez que, fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, motivo por el cual, solicitó su reincorporación; b) Presentó su solicitud el 18 de enero de 2021, que fue tratada en la Sesión Ordinaria 002/2021 de 20 del mismo mes, siendo remitida al Asesor Legal, quien realizo el Informe Legal 004/2021, señalando que es menester contar con documentación idónea para determinar lo que en derecho corresponda, solicitando la complementación de dicha documental; sin tomar en cuenta que se acredito la misma; y, c) Se adjuntó el Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el cual dispone la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como el Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, que determinó su detención domiciliaria; por lo que, solicitó la reincorporación a su fuente laboral. Asimismo, los miembros de la Sala Constitucional, le formularon las siguientes preguntas: 1) Porque razón se encuentra con detención preventiva; 2) Cual es el estado del proceso; 3) Quienes fueron las autoridades que dispusieron la suspensión de sus funciones; y, 4) Por quienes se compone el Concejo Municipal.
Ante lo cual, el accionante respondió lo siguiente: i) Por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; ii) Se encuentra con acusación formal en el Juzgado de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; iii) El Concejo Municipal; y, iv) “Con relación a los hechos es que el señor Marco Antonio es el Presidente del Concejo Municipal quien habría ordenado juntamente con los Concejales” (sic).
Marco Antonio Chambi Mayta, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, mediante informe presentado el 12 de abril 2021, cursante de fs. 74 a 77, señaló que: a) Cursa en dicho ente deliberativo, Nota de 18 de enero de 2021 presentada por el impetrante de tutela, poniendo en conocimiento su situación jurídica y que el mismo estaría en libertad, y al no existir impedimento alguno, solicitó la realización de Sesión Ordinaria para que se trate el tema de su reincorporación como Alcalde titular, adjuntado únicamente fotostática simple del acta de juramento de posesión como Alcalde, Resolución Municipal 002/2015 de 29 de mayo, y su respectiva credencial; b) El 7 de mayo de 2019, el peticionante de tutela, entonces Alcalde, fue detenido preventivamente; en consecuencia, la Ley de Gobierno Autónomos Municipales en su art. 11 señala que “La ausencia por impedimento temporal de la Alcaldesa o Alcalde, Concejalas o Concejales, surtirá efectos legales cuando emerjan de instancia jurisdiccional o por instancia competente, cuando corresponda, hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento”, por su parte, el Reglamento del Concejo Municipal de Achacachi en su art. 5 núm. 34 refiere “Designar de entre sus miembros en ejercicio, por mayoría absoluta al Alcalde Municipal interino, en caso de ausencia, impedimento temporal o fallecimiento del Alcalde Municipal Titular de conformidad a las leyes vigente”; por lo que, el Pleno del Concejo Municipal designó otro Alcalde Interino, siendo que el titular estaba impedido de cumplir sus funciones ediles; c) Ante la solicitud de reincorporación del accionante, se emitió respuesta formal y pronta, es decir, se respondió oportunamente; toda vez que, tal solicitud fue leída en la Sesión Ordinaria 002/2021 de 20 de enero, y remitida al Asesor Legal, conforme al trámite administrativo municipal, quien en merito a lo dispuesto por el Pleno de Concejo Municipal, presento Informe Legal 004/2021, el cual fue leído y analizado en Sesión Ordinaria 003/2021 de 27 de enero, y en su parte conclusiva recomendó “…es menester contar con documentación idónea para determinar lo que en derecho corresponde…” (sic), informe que fue ratificado por el Pleno del Concejo Municipal, ya que toda determinación emanada debe estar respaldada por documentación idónea, siendo que el impetrante de tutela únicamente remitió fotocopias simples y no así la resolución de cesación a la detención preventiva donde se disponga su libertad o detención domiciliaria con salidas laborales y demás medidas impuestas por Juez competente, que evidencie que desapareció ese impedimento legal; y, d) Si bien, el peticionante de tutela presentó fotostáticas simples de documentación referente a su titularidad como Alcalde, es menester contar con documentación idónea que evidencie que el impedimento legal para ejercer tal cargo desapareció, para que el Pleno del Concejo Municipal decida y emita la Resolución Municipal respectiva, tomando en cuenta que el Pleno del Concejo Municipal está conformado por siete Concejales, y no solo por su autoridad, quien solo representa y dirige las sesiones, por lo que la presente acción tutelar debió ser formulada contra los siete miembros y no únicamente contra su autoridad.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 045/2021 de 12 de abril, cursante de fs. 81 a 83 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: 1) Respecto a la legitimación pasiva la amplia jurisprudencia constitucional estableció que para ser demandado en la acción de amparo constitucional, se requiere la coincidencia que se da entre la persona natural o autoridad pública, contra quien se dirige la acción y el responsable o autor de la transgresión de los derechos, cuya protección se solicita. Consiguientemente en el caso que nos ocupa, se debe tomar en cuenta que los actos ilegales emergen de los desplegados por el Concejo Municipal; 2) El accionante desempeñaba sus funciones como Alcalde titular, según acta de 29 de mayo de 2015; sin embargo, posteriormente mediante acto administrativo fue suspendido de sus funciones por el Concejo Municipal, el cual se halla constituido por siete miembros; 3) El impetrante de tutela presento las notas de 18 y 26 de enero de 2021, solicitando Sesión Ordinaria al Concejo Municipal a efectos de tratar su reincorporación, sin que se diera lugar a su petición; y, 4) La presente acción tutelar fue interpuesta contra el Presidente del Concejo Municipal, sin tomar en cuenta que la suspensión de funciones del peticionante de tutela fue determinada por todos los miembros del Concejo Municipal, conforme dispone el art. 5.34 de su Reglamento, puesto que tienen la atribución de nombrar alcalde interino; asimismo, les correspondería disponer su reincorporación, siendo el Presidente únicamente su portavoz, quien preside el órgano legislativo, en ese entendido, se advierte que la legitimación pasiva no se halla acreditada; toda vez que, la suspensión fue emitida por el pleno del Concejo Municipal en su conjunto y no solo por su Presidente.
Por Decreto Constitucional de 29 de abril de 2022, cursante a fs. 89, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 164); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente:
II.1. Cursa Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, emitido por Adán Willy Arias Aguilar, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción contra Edgar Ramos Laura -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, que revocó el Auto Interlocutorio 04/2019 de 10 de diciembre, que rechazo su solicitud de cesación a la detención preventiva, disponiendo medidas sustitutivas consistentes en:
“1. La detención domiciliaria que debe ser verificada por un funcionario de apoyo jurisdiccional. 2. Se determina el arraigo correspondiente en las Oficinas de migración. 3. Debe presentar 3 garantes personales con domicilio conocido y que sean solventes, los mismos que se obliguen a pagar la suma de 50.000 bolivianos a cada uno, en caso de que el imputado se dé a la fuga para gastos de recaptura. 4. Deberá firmar el libro biométrico o en todo caso el libro de presentaciones ante el Tribunal de Sentencia, los días lunes en horas de la mañana. 5. Prohibición de contactarse con los testigos, peritos del Ministerio Público y de la parte coadyuvante. 6. Deberá presentarse a todos los actos procesales del llamado de la autoridad tanto Fiscal como también de la autoridad Jurisdiccional” (sic [fs. 106 a 108]). II.2. A través de Auto Interlocutorio 79/2020 de 17 de septiembre, el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, ante la solicitud de modificación de medidas cautelares del peticionante de tutela, dispuso la modificación del Auto de Vista 128/2020, únicamente en el siguiente punto: “La detención domiciliaria el mismo que debe ser verificado por un funcionario de apoyo jurisdiccional del Juez de Sentencia que está ahora a cargo del juicio oral, y la presentación de un garante solvente personal que en caso de fuga pague la suma de 50.000 bolivianos para gastos de recaptura en lugar de los custodios” (sic), manteniendo firme y subsistentes todas las demás medidas impuestas, aclarando que respecto a las salidas laborales el mencionado Auto de Vista es claro, puesto que no determino ninguna salida laboral (fs. 17 a 22 vta.). II.3. Consta Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, emitido por Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, disponiendo la improcedencia de las cuestiones planteadas y en su mérito confirmó el Auto Interlocutorio 79/2020 (fs. 23 a 26).
II.4. Mediante memorial de 18 de enero de 2021, el impetrante de tutela, solicitó a Marco Antonio Chambi Mayta, Presidente del Concejo Municipal de Achacachi -autoridad demandada-, su reincorporación al cargo de Alcalde electo, señalando que “…anteriormente me encontraba en detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad, esto con la finalidad de contar con mi presencia durante todo el proceso investigativo, pero a la fecha el Ministerio Público ya cuenta con toda la prueba para poder esclarecer los hechos denunciados en mi contra, por toda esta situación informar que si situación jurídica a cambiado, estando ya en libertad” (sic); en consecuencia, peticionó se realice una sesión en el mencionado Concejo, a efectos de tratar el tema de su reincorporación, reiterando su petición el 26 de igual mes y año, adjuntando al efecto fotocopia simple del Acta de juramento de posesión como Alcalde Municipal, Resolución Municipal 002/2015 de 29 de mayo de 2015 y Credencial de Alcalde (fs. 2 a 3; 6 a 10; y, 40). II.5. Consta Informe Legal AL/TGM/004/2021 de “ENERO DE 2021” (sic), emitido por Teodoro Gamboa Mamani, Asesor Legal, dirigido a la autoridad demandada, manifestando que:
“…si bien el peticionante presenta fotostáticas simples de documentación que respalda su titularidad como alcalde municipal es menester contar con documentación idónea para determinar lo que en derecho corresponde, es decir no adjunta la Resolución de Cesación a la Detención Preventiva donde se disponga su libertad o detención domiciliaria con salida laborar y demás medidas impuestas que fuesen por el Juez de Instrucción Cautelar Anticorrupción que correspondieren por los procesos aperturados que tuviese en su contra, que limiten e impidan su legal ejercicio como Alcalde Municipal titular, por lo que el suscrito asesor legal SUGIERE se complemente con documentación idónea la solicitud para ser considerado por el pleno del Concejo Municipal, salvo mejor opinión que merezca de los Concejales y Concejalas del Honorable Concejo Municipal de Achacachi” (sic [fs. 114 a 115]). II.6. Por Nota de 27 de enero de 2021, la autoridad demandada respondió a las solicitudes del peticionante de tutela, refiriendo que:
“Respecto a su primera solicitud de reincorporación de fecha 18 de Enero de 2021 el mismo fue leída en sesión ordinaria N° 002/2021 de fecha 20 de enero de 2021 y remitida al asesor legal conforme a procedimiento administrativo municipal quien en merito a lo dispuesto por el pleno del concejo presento su informe legal; CITE: L/TGM/004/2021 el mismo fue leído y analizado en sesión ordinaria M°009/2021 de fecha 27 de enero de 2021quien en su parte conclusiva recomienda ‘ es menester contar con documentación idónea para determinar lo que en derecho corresponde, es decir no adjunta la resolución de Cesación a la Detención Preventiva donde se disponga su libertad o detención domiciliaria con salida laborar y demás medidas impuestas que fuesen por el Juez de Instrucción Cautelar Anticorrupción que correspondieren por los procesos aperturados que tuviesen en su contra, que limiten e impidan su legal ejercicio como Alcalde En respuesta a su segunda solicitud el cual es el mismo tenor de la misma manera el pleno solicita su complementación de documentación idónea.
Que el plano del concejo municipal se ratifica y concuerda con el informe del asesor legal afines consiguientes de que se complemente la documentación idónea para su posterior tratamiento del peticionante y sea conforme a derecho y legal cumplimiento de normas conexas” (sic [fs. 5]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la presunción de inocencia; toda vez que, el 18 de enero de 2021 solicitó a los miembros del Concejo Municipal de Achacachi su reincorporación a su fuente laboral, reiterando la misma el 26 de igual mes y año; empero, la autoridad demandada mediante Nota de 27 de enero de 2021, denegó su petición, manifestando que su persona debía adjuntar resolución judicial relativa a la cesación de su detención preventiva, sin tomar en cuenta que se acredito la misma, y adjuntó el Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, que dispone la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como el Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, que determinó su detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) Sobre la flexibilización de la legitimación pasiva respecto de órganos colegiados; ii) Sobre la presunción de inocencia; y, iii) Análisis del caso.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en casos de órganos colegiados, tiene como antecedentes las SSCC 1098/2003-R, 0711/2005-R y 0529/2010-R, entre otras, que establecieron que la acción de amparo constitucional debía ser planteada contra todos los miembros que asumieron la decisión, acto o resolución presuntamente ilegal; sin embargo, dicho precedente fue modulado por la SC 0447/2010-R de 28 de junio, en los casos de entes colegiados con miembros numerosos, determinando en su Fundamento Jurídico III.5, la posibilidad de notificar únicamente al representante legal, cuando la notificación a todos los miembros se convierta en barrera para el acceso inmediato a la tutela, de acuerdo al siguiente razonamiento:
…si bien el Tribunal Constitucional en gestiones pasadas estableció que es preciso y obligatorio que el accionante deba accionar el recurso contra la totalidad del tribunal colegiado que asumió la decisión, no es menos evidente que en casos como el presente, cuando el Tribunal Colegiado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, por lo que sólo a manera de nombrar una de las dificultades que representaría citar a todos y cada uno de los miembros de entes colegiados de la magnitud del presente caso...
Este razonamiento fue aplicado en diferentes fallos constitucionales, así se tienen de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0222/2017-S1 de 24 de marzo y 0812/2018-S2 de 3 de diciembre, entre otras.
Asimismo, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, precisó que es posible ingresar al análisis de fondo cuando no se causó indefensión a los que fueron demandados; es decir, que a pesar de no haberse dirigido la acción de amparo constitucional contra todos los miembros que provocaron el acto ilegal denunciado, uno o más de los que fueron citados asumieron defensa.
En el marco de dicho razonamiento, cuando el órgano colegiado demandado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, a través de un mecanismo de defensa como la acción de amparo constitucional, que tiene como características esenciales ser un mecanismo de protección inmediata y oportuna, de carácter sumarísimo; naturaleza que quedaría desvirtuada en aquellos supuestos en los que tendría que citarse a cada uno de los miembros de entes colegiados numerosos con varios miembros, por mencionar algunos, consejos universitarios, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso.
Humberto Nogueira Alcalá en el artículo denominado “Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia” refirió que la presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir. Asimismo, en palabras de Ferrajoli, la presunción de inocencia expresa al menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada que son “la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al máximo la limitación de la libertad personal” y “la regla del juicio, que impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda”.
Ahora bien, refiriéndonos a los antecedentes normativos de la presunción de inocencia es preciso señalar que este tuvo su raigambre el 26 de agosto de 1789 con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la cual se establece expresamente:
Artículo 9.- Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la Ley. Posteriormente, en 1948, se aprobó el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos -Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre- en el que se consagró al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano, señalando “Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable”.
Asimismo, en 1948, con la adopción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas, se reconoció al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano que debe ser garantizado en todo momento; estableciéndose al efecto:
Artículo 11 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Luego, en 1966, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que al momento de desarrollar los derechos civiles y políticos, así como las libertades recogidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 14.2 determinó que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, reconociendo de esa manera al derecho a la presunción de inocencia como un derecho humano. En 1969, con la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconoció los derechos esenciales del hombre, justificando una protección internacional de naturaleza convencional; así, en el art. 8.2 se determinó, “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Ahora bien, bajo ese contexto normativo que rodea la presunción de inocencia, tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Interamericano fueron ampliando, desarrollando y profundizando el derecho a la presunción de inocencia, así:
1) En el Sistema Universal de Derechos Humanos
El Comité de Derechos Humanos encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través de la Observación General 13 realizando un análisis del mandato normativo previsto en el art. 14 -en el cual se consagra la presunción de inocencia- sostuvo que:
…la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, está expresada en términos muy ambiguos o entraña condiciones que la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos mediante la Observación General 32 también dirigida a realizar un análisis del contenido del art. 14 del PIDCP, manifestó que:
…De conformidad con el párrafo 2 del artículo 14, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. La presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Normalmente, los acusados no deberán llevar grilletes o estar enjaulados durante el juicio, ni ser presentados ante el tribunal de alguna otra manera que dé a entender que podría tratarse de delincuentes peligrosos. Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. Además, la duración de la detención preventiva nunca deberá ser considerada indicativa de culpabilidad ni del grado de ésta. La denegación de la libertad bajo fianza o las conclusiones de responsabilidad en procedimientos civiles no afectan a la presunción de inocencia. 2) En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos como tribunal regional de protección de derechos humanos con el objeto de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el conocimiento de casos contenciosos, fue estableciendo estándares internacionales respecto a la presunción de inocencia; los cuales fueron sistematizados en el “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 12: Debido Proceso”, así, en dicho Cuadernillo refiriéndose al carácter poliédrico de la presunción de inocencia, configuró al mismo como: Una regla de trato
Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 119. La Corte observa, en primer lugar, que en el presente caso está probado que el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado (supra párr. 63.i.). 120. El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En el mismo sentido: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 183; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 228. Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119 158. Durante el proceso militar, la señora Lori Berenson fue exhibida por la DINCOTE ante los medios de comunicación como autora del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesada y condenada (supra párr. 88.28). 159. La Corte Europea ha señalado que [el derecho a la] presunción de inocencia puede ser violado no sólo por un juez o una Corte sino también por otra autoridad pública. (…) [el] artículo 6 párrafo 2 [de la Convención Europea] no puede impedir a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales en proceso, pero lo anterior requiere que lo hagan con toda la discreción y la cautela necesarias para que [el derecho a] la presunción de inocencia sea respetado.
160. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella. En el mismo sentido: Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 235. Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334. 190. El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada. 191. La Corte hace notar que el juez encargado de la instrucción realizó una serie de declaraciones en el diario de mayor circulación nacional de entonces, refiriéndose a una manifestación de la señora Acosta realizada en el marco de la instrucción que se seguía por la muerte de su esposo, en que señaló como sospechoso a una persona que en ese momento no identificó (supra párr. 58). El juez manifestó ante la prensa que tal declaración, así como una respuesta de ella a una pregunta de la fiscalía, “perfectamente encuadra[ba] en señalarla como encubridora del homicidio de su esposo”. Es decir, además de calificar de “aventurera” tal declaración, el juez emitió un criterio al respecto, nada menos que “encuadrarla” en una forma de participación criminal en el hecho investigado y en la conducta específica que a ella se le imputaba en la investigación que él mismo abrió en su contra. De este modo, tales manifestaciones de un juez indudablemente hacen alusión al procedimiento penal en curso en ese momento y revelan una animadversión de su parte hacia la señora Acosta. Este Tribunal estima que, sumada a la falta de imparcialidad del juez ya señalada, tales manifestaciones públicas pudieron propiciar, en el referido contexto, una creencia o prejuicio sobre su culpabilidad, además de revelar un posible prejuicio sobre la evaluación de los hechos por parte de la propia autoridad judicial que conocía el caso y la juzgaba en ausencia, independientemente del hecho de que al día siguiente dictaría un sobreseimiento a su favor. De este modo, la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención, en perjuicio de la señora Acosta.
Una regla de juicio y prueba
Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 153. La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. 154. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. En el mismo sentido: Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 182; Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 128; Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 233. 161. [...] el Tribunal encuentra claro que tanto el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno como el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Tercera Sala, presumieron el dolo del señor Canese y, a partir de ello, le exigieron que desvirtuara la existencia de su intención dolosa. De esta manera, tales tribunales no presumieron la inocencia del imputado, por lo que la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio del señor Canese, el artículo 8.2 de la Convención Americana. 162. Por otra parte, en cuanto a la restricción para salir del país, la Corte ha indicado que dicha restricción puede constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad si se continúa aplicando cuando ha dejado de cumplir con su función de aseguramiento procesal (supra párr. 129). En el presente caso, ha quedado establecido, de conformidad con los parámetros anteriormente expuestos, que la restricción al derecho de circulación aplicada al señor Canese durante ocho años y casi cuatro meses devino innecesaria y desproporcionada (supra párrs. 131, 134 y 135) para asegurar que aquel no eludiera su responsabilidad penal en caso de ejecutarse la condena. Esto significó en la práctica una anticipación de la pena que le había sido impuesta y que nunca fue ejecutada, lo cual constituye una violación al derecho de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8.2 de la Convención. Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129 113. La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en sus artículos 9 y 10 disponía que cualquier infracción a ésta debía ser comprobada a través de un informe obligatorio del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes (supra párrs. 67 y 68). Dicho informe, si fuera el caso, comprobaría la existencia de cualquier estupefaciente e incluiría una muestra de la droga destruida. El Estado nunca cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación interna en relación con el informe de referencia. 114. A pesar de que no se demostró por medios técnicos o científicos, como la ley lo exigía, que las sustancias cuya posesión se atribuyó al señor Acosta Calderón eran estupefacientes, los tribunales llevaron adelante el proceso en contra del inculpado con fundamento en la declaración policial (supra párr. 50.2) de quienes practicaron el arresto. Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Acosta Calderón sin indicios suficientes para ello, presumiéndose que era culpable e infringiendo el principio de presunción de inocencia.
Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. 184. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Europeo, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La presunción de inocencia se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable. Corte IDH. Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 331.221 119. De la posición de las partes se desprenden distintos alegatos sobre el tratamiento y valoración de los elementos probatorios por parte de los juzgadores, inter alia: i) la imputación realizada por dos coimputados y su alegada apreciación como única prueba de cargo; ii) la alegada inversión de la carga de la prueba; iii) la alegada falta de valoración de la prueba de descargo y de oficio; iv) la supuesta falta de certeza para determinar la responsabilidad penal del señor Zegarra Marín, y v) la alegada falta de motivación de la sentencia condenatoria y su relación con el principio de presunción de inocencia. Por otra parte, siendo que el señor Zegarra Marín estuvo facultado para participar en el proceso y controvertir la prueba con las debidas garantías, así como debido a la falta de elementos probatorios, no corresponde en este caso pronunciarse sobre la alegada falta de parcialidad del tribunal. 122. En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías. Por lo que sí “obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla”. Debe recordarse que “[l]a falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia223”. En este sentido, cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. 123. Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de todo el proceso penal. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Es más, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. 124. En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia exige que el acusador deba demostrar que el ilícito penal es atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado culpablemente en su comisión y que las autoridades judiciales deban fallar [con un criterio] más allá de toda duda razonable para declarar la responsabilidad penal individual del imputado, incluyendo determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad del imputado.
125. Por ende, la Corte resalta que el principio de presunción de inocencia es un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Así, en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal. 127. La Corte ha sostenido que “más allá de la compatibilidad de instituciones que buscan la colaboración de ciertos implicados con la parte acusadora a cambio de determinadas contraprestaciones […] con la Convención Americana, […], lo cierto es que es posible afirmar la limitada eficacia probatoria que debe asignarse a la declaración de un coimputado, más allá de su contenido específico, cuando es la única prueba en la que se fundamenta una decisión de condena, pues objetivamente no sería suficiente por sí sola para desvirtuar la presunción de inocencia” . 130. En este sentido, la Corte resalta que las declaraciones de los co-acusados revisten valor indiciario y, por consiguiente, forman parte de la prueba indirecta o indiciaria, debiendo valorar sus contenidos conforme a los principios de la sana crítica; es decir, que sean varios los indicios y, entre ellos, sean serios y precisos, así como concordantes. El co-imputado no tiene el deber de prestar declaraciones, dado que realiza un acto sustancial de defensa, a diferencia del testigo, que incurre en una conducta delictiva no sólo cuando falta a la verdad, sino incluso cuando la omite o es remiso. 134. La Corte destaca las reformas a la legislación peruana posteriores a estos hechos, que señalan que las imputaciones realizadas por coimputados deben estar corroboradas por otros hechos, datos o circunstancias externas. Asimismo, destaca el Acuerdo Plenario No. 2-2005/CJ-116, el cual exige valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credibilidad, no de mera legalidad, respecto del coimputado. No obstante, las mismas no se aplicaron a este caso. 140. La Corte destaca que la carga de la prueba se sustenta en el órgano del Estado, quien tiene el deber de probar la hipótesis de la acusación y la responsabilidad penal, por lo que no existe la obligación del acusado de acreditar su inocencia ni de aportar pruebas de descargo. Es decir, la posibilidad de aportar contraprueba es un derecho de la defensa para invalidar la hipótesis acusatoria, contradiciéndola mediante contrapruebas o pruebas de descargo compatibles con hipótesis alternativas (contra-hipótesis), que a su vez la acusación tiene la carga de invalidar. 141. En el presente caso no se respetó dicho principio, especialmente al manifestar expresamente la sentencia que “no surgi[ó] una prueba de descargo contundente que lo h[iciera] totalmente inocente de los ilícitos que se le imputa[ban]”, por lo que se invirtió la carga de la prueba en perjuicio del señor Zegarra Marín . 142. En segundo lugar, la Corte ha señalado que el proceso penal, en tanto respuesta investigativa y judicial del Estado, debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido mediante una evaluación adecuada de las hipótesis consideradas sobre el modo y circunstancias del delito. Al respecto, en virtud del principio de presunción de inocencia, la Quinta Sala Penal debía valorar racional y objetivamente las pruebas de cargo y descargo, pero también las pruebas de oficio, así como desvirtuar las hipótesis de inocencia que surgiera a partir de éstas, a fin de determinar la responsabilidad penal.
144. Este Tribunal constató que en la sentencia condenatoria emitida por la Quinta Sala Penal se enunciaron pruebas de oficio y de descargo que supuestamente podrían favorecer al inculpado, o bien podrían generar duda respecto a su responsabilidad penal, las cuales no se desprende haber sido analizadas para confirmar o desvirtuar la hipótesis acusatoria (infra párr. 150). Tampoco se habrían confrontado las pruebas de cargo con otros elementos para ensayar las hipótesis posibles y desvirtuar la presunción de inocencia. 159. En vista de todo lo anterior, la Corte concluye que, para efectos del presente caso, el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Zegarra Marín y no garantizó la motivación del fallo. En particular, se invirtió la carga probatoria, las declaraciones de los coimputados no fueron corroboradas ni analizadas con la prueba en su conjunto, a fin de determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, lo cual además quedó evidenciado con la falta de motivación de la decisión judicial, vulnerando la obtención de un fallo debidamente razonado, el cual garantizara la posibilidad de su impugnación. Por tanto, el Estado es internacionalmente responsable de la violación de los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Zegarra Marín. Ahora bien, bajo ese análisis y sistematización de jurisprudencia que tanto el Sistema Universal como el Interamericano que hacen entrever que la presunción de inocencia no solo es un derecho puro y simple, sino que se constituye un cumulo de las garantías para el tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso; además de ser un eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Por otro parte, en lo que respecta a Bolivia, la Constitución Política del Estado de 1967 en su contenido reconoció la presunción de inocencia estableciendo en su art. 16 que “Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad” tenor que fue mantenido en las Constituciones Políticas del Estado de 1995 y 2004, siendo en la Constitución Política del Estado de 2009 que en su art. 116.I determinó “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Asimismo, nuestra legislación, a través del Código de Procedimiento Penal no solo se encargó de disciplinar el procedimiento penal (desde el momento de la sindicación del imputado hasta la ejecución de la sentencia), sino también de garantizar que en todo ese procedimiento se resguarde el derecho a la presunción de inocencia; resaltando los matices que fueron incorporados por la Corte IDH, toda vez que, se evidencia la existencia tanto de la regla de trato como la regla de juicio y prueba. Así, en relación a la regla de trato, nuestra normativa es expresa al determinar el tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso, exigiendo, entre otros que, “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”; además, “En el marco de las responsabilidades establecidas por la Ley de Imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso penal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada”. Por su parte, en relación a la regla de juicio y prueba, se establece a la presunción de inocencia como un eje rector en el juicio; y como un estándar fundamental en la apreciación probatoria, este último en el que, entre otros, de manera semejante a la Corte IDH se establece que “la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad”. Ahora bien, en esta regla si bien el Tribunal interamericano en conocimiento del Caso Zegarra Marín Vs. Perú sostuvo que “nadie será condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad”, surge la necesidad de aclarar que el sistema penal boliviano asume el estándar de prueba plena únicamente en materia civil en el que se destaca el alcance de convencimiento o certeza del juez; no obstante, en el ámbito penal nuestra legislación acoge un sistema de valoración basado en la sana crítica, pues no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a las pruebas sino debe utilizar las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias, valoración en la que se justifique y fundamente adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. Ahora bien, bajo todo lo señalado, ciertamente la presunción de inocencia se constituye en una directriz de la administración de justicia; por lo que, las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas se encuentran obligadas a efectivizarla al momento de conocer los procesos sometidos a su conocimiento y además al ser un derecho debe ser garantizado durante todo el proceso, para el cumplimiento del debido proceso, debiendo presumirse durante su desarrollo la inocencia del acusado mientras no se compruebe su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y a la presunción de inocencia; toda vez que, el 18 de enero de 2021 solicitó a los miembros del Concejo Municipal de Achacachi su reincorporación a su fuente laboral, reiterando la misma el 26 de igual mes y año; empero, la autoridad demandada mediante Nota de 27 de enero de 2021, denegó su petición, manifestando que su persona debía adjuntar resolución judicial relativa a la cesación de su detención preventiva, sin tomar en cuenta que se acredito la misma, y adjuntó el Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, que dispone la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, así como el Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, que determinó su detención domiciliaria. De los antecedentes establecidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, conforme al Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó el Auto Interlocutorio 04/2019 de 10 de diciembre, disponiendo medidas sustitutivas a la detención preventiva (Conclusión II.1); posteriormente, a través de Auto Interlocutorio 79/2020 de 17 de septiembre, el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del mismo departamento, dispuso la modificación del Auto de Vista 128/2020, únicamente en el siguiente punto: “La detención domiciliaria el mismo que debe ser verificado por un funcionario de apoyo jurisdiccional del Juez de Sentencia que está ahora a cargo del juicio oral, y la presentación de un garante solvente personal que en caso de fuga pague la suma de 50.000 bolivianos para gastos de recaptura en lugar de los custodios” (sic), manteniendo firme y subsistentes todas las demás medidas impuestas, aclarando que respecto a las salidas laborales el mencionado Auto de Vista es claro, puesto que no determino ninguna salida laboral (Conclusión II.2); mediante Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó el Auto Interlocutorio 79/2020 (Conclusión II.3).
Por memorial de 18 de enero de 2021, el impetrante de tutela, solicitó a la autoridad demandada, su reincorporación al cargo de Alcalde electo, reiterando su petición el 26 de igual mes y año, adjuntando al efecto fotocopia simple del Acta de juramento de posesión como Alcalde Municipal, Resolución Municipal 002/2015 de 29 de mayo de 2015 y Credencial de Alcalde (Conclusión II.4); a través de Informe Legal AL/TGM/004/2021, el Asesor, señaló que es menester contar con documentación idónea para determinar lo que corresponda (Conclusión II.5); en consecuencia, por Nota de 27 de enero de 2021, la autoridad demandada respondió a las solicitudes del impetrante de tutela conforme a lo dispuesto en el referido Informe Legal (Conclusión II.6). Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática identificada, es pertinente referirnos a la observación planteada por la autoridad demandada, quien alude su falta de legitimación pasiva en la presente acción tutelar, debido a que el Pleno del Concejo Municipal está conformado por siete Concejales, y no únicamente por su autoridad, quien solo representa y dirige las sesiones; por lo que, la presente acción tutelar debió ser formulada contra los siete miembros y no únicamente contra autoridad demandada; al respecto, conforme se tiene de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que, cuando el órgano o ente colegiado demandado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, a través de un mecanismo de defensa como la acción de amparo constitucional, que tiene como características esenciales ser un mecanismo de protección inmediata y oportuna, de carácter sumarísimo; naturaleza que quedaría desvirtuada en aquellos supuestos en los que tendría que citarse a cada uno de los miembros de entes colegiados con numerosos miembros, en ese entendido, la autoridad demandada, al constituirse en el Presidente del Concejo Municipal, cuenta con la respectiva legitimación pasiva en la presente acción de amparo constitucional; en consecuencia, superado dicho extremo, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la presunción de inocencia se constituye en una directriz de la administración de justicia; por lo que, las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas se encuentran obligadas a efectivizarla al momento de conocer los procesos sometidos a su conocimiento y además al ser un derecho debe ser garantizado durante todo el proceso, para el cumplimiento del debido proceso, debiendo presumirse durante su desarrollo la inocencia del acusado mientras no se compruebe su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. En ese marco, corresponde señalar que el hecho de solicitar la autoridad demandada que el peticionante de tutela adjunte resolución judicial relativa a la cesación de su detención preventiva, no se constituye en un acto lesivo a su derecho a la presunción de inocencia, puesto que en ningún momento se hizo referencia a tal aspecto, o se presumió la culpabilidad del accionante, ya que únicamente se solicitó resolución judicial que acredite que ya no se encuentra con impedimento legal alguno para asumir la función pública como Alcalde, argumento que no se constituye en injustificado o no valido. En ese contexto, se tiene que mediante Nota de 27 de enero de 2021 la autoridad demandada denegó la solicitud de reincorporación del impetrante de tutela, señalando que debe adjuntar resolución judicial que haya dispuesto la cesación a la detención preventiva, ante dicha observación, el peticionante de tutela refiere que adjunto los Autos de Vista 631/2019 de 26 de diciembre y 438/2020 de 5 de octubre; sin embargo, de la revisión a los memoriales de 18 y 26 de enero de 2021, se advierte que el accionante solicitó a la autoridad demandada, su reincorporación al cargo de Alcalde electo, adjuntando al efecto fotocopia simple del Acta de juramento de posesión como Alcalde Municipal, Resolución Municipal 002/2015 de 29 de mayo de 2015 y Credencial de Alcalde (Conclusión II.4), evidenciándose que no existe constancia alguna de la presentación adjunta de los indicados Autos de Vista. En tal razón, primeramente corresponde señalar que, si bien, el Auto de Vista 631/2019 de 26 de diciembre, -se reitera- dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, se advierte que entre tales medidas sustitutivas, no se otorgó la salida laboral al impetrante de tutela.
Por otra parte, en cuanto al Auto de Vista 438/2020 de 5 de octubre, se advierte que el mismo confirmó el Auto Interlocutorio 79/2020 que dispuso la modificación del Auto de Vista 128/2020, únicamente respecto a “La detención domiciliaria el mismo que debe ser verificado por un funcionario de apoyo jurisdiccional del Juez de Sentencia que está ahora a cargo del juicio oral, y la presentación de un garante solvente personal que en caso de fuga pague la suma de 50.000 bolivianos para gastos de recaptura en lugar de los custodios” (sic), manteniendo firme y subsistentes todas las demás medidas impuestas, aclarando que respecto a las salidas laborales el mencionado Auto de Vista es claro, puesto que no determino ninguna salida laboral, en ese entendido, se concluye que, el peticionante de tutela no adjunto los mencionados Autos de Vista al momento de solicitar su reincorporación al cargo de Alcalde del municipio de Achacachi; correspondiendo aclarar que, de la revisión de dichos Autos de Vista, se tiene que ninguna de las resoluciones otorgó la salida laboral al accionante, es decir, se mantienen vigentes los efectos de la causa de impedimento para asumir la función pública; por lo que, no se evidencia lesión alguna a los derechos al trabajo y a la presunción de inocencia, puesto que el citado se encuentra con medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin salida laboral; que emergen del proceso penal seguido en su contra, motivo por el cual, corresponde denegar la tutela impetrada al respecto. Por lo precedentemente argumentado, la citada Sala Constitucional, al denegar la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve CONFIRMAR la Resolución 045/2021 de 12 de abril, cursante de fs. 81 a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela con base en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Nogueira Alcalá, Humberto. Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
2 La Observación General 13 fue aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su 21º período de sesiones (1984).
3 La Observación General 32 fue aprobada por el Comité de Derechos Humanos en su 90º período de sesiones (2007).
4 Elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la colaboración de la Cooperación Alemana (GIZ). Publicado el 2020.
5 Art. 6 del Código de Procedimiento Penal.
6 Art. 116 del Código de Procedimiento Penal.
7 Art. 6 del Código de Procedimiento Penal.
8 Razonamiento asumido en conocimiento del Caso Cantoral Benavides Vs. Perú.
9 Art. 173 de la ley adjetiva penal.
10 Art. 173 de la ley adjetiva penal
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0942_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 84ad7e19b921093c8205287325dd423bb28fcd9bfbd0b0d2f0d0e1899429f595
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