B.IA.LEGAL

SCP 0941/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
39800-2021-80-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, y los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades, i) La Directora codemandada, al emitir el Informe de Incumplimiento 0028/2021, aplicó erróneamente el art. 3 inc.c) del DS 4461; toda vez que, el mismo no condiciona a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo, sin observar favorablemente los principios de protección a la vida y a la salud, conforme establece el referido Decreto Supremo; y, ii) La Jueza demandada emitió el proveído de 15 de abril de 2021, sin la debida fundamentación y motivación, e incurriendo en las mismas irregularidades que la autoridad administrativa codemandada; es decir, aplicó erróneamente el art. 3 inc. c) del DS 4461; toda vez que, no está condicionado a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2021 de 23 de abril, cursante de fs. 47 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. Sobre el trámite de solicitud del indulto conforme al Decreto
  4. III.4. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0941/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 39800-2021-80-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2021 de 23 de abril, cursante de fs. 47 vta. a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tanía Tatiana Aguilar Andrade en representación sin mandato de Mario Mamani Villca contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital; y, Estrella Sandevel Rocha García, Directora Departamental de Régimen Penitenciario, ambas de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2021, cursante de fs. 3 a 16, el accionante a través de su representante sin mandado, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, fue sentenciado a ocho años de presidio por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto en el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, pena que viene cumpliendo en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba desde el 29 de septiembre de 2017. Por Decreto Supremo (DS) 4461 de 18 de febrero de 2021, se dispuso la concesión de amnistía e indulto, otorgando dicho beneficio a personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, que cumplan ciertas condiciones, es así que presentó su carpeta el 31 de marzo de 2021 a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, solicitando acogerse a dicho beneficio; empero, el 7 de abril del mismo año, fue notificado con el Informe de Incumplimiento 0028/2021 emitido por la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba -autoridad codemandada-, mediante el cual rechazó su solicitud de indulto; toda vez que, que no se enmarca a lo dispuesto en el art. 3 inc. c) del referido Decreto Supremo; sin considerar la certificación del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), que si bien refiere que existe varios procesos registrados; empero, el proceso 3095460 tiene sentencia condenatoria dentro del cual solicitó el beneficio de indulto, proceso que radica en el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba. El proceso signado con el Numero Único de Registro Judicial (NUREJ) 201314345 según el informe del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del citado departamento, refiere que corresponde al proceso con suspensión condicional de la pena, referente al proceso 30217722 -Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del referido departamento-, el cual tiene sentencia condenatoria con beneficio de suspensión condicional de la pena; “el PROCESO CON NUREJ 200307523; informe del Juzgado de Ejecución Penal N° 3, que refiere q conoció de turno a efectos de la vacación judicial; PROCESO CON NUREJ 30224995; corredor sacaba; PROCESO CON NUREJ 201143053; Informe de la Sala Penal II apelación incidental de medida cautelar; PROCESO CON NUREJ 201126160 Informe del Juzgado de Instrucción Penal y Liquidador N° 5” (sic). En tal sentido, interpuso recurso de apelación contra el Informe de Incumplimiento 0028/2021, ante la Jueza demandada, quién a través de proveído de 15 de abril de 2021 rechazó el mismo, señalando que no ha lugar a lo solicitado, en razón al informe de cumplimiento y en virtud a lo dispuesto por el DS 4461 que a través de su art. 3 establece el ámbito de aplicación para la amnistía y el indulto, los cuales serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a aquellas personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto; añadiendo que el solicitante cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; por lo que, no se ajusta a los requisitos establecidos en el referido Decreto Supremo. Ambas autoridades aplicaron de manera errónea el DS 4461; toda vez que, en su art. 8.I núm. 2 no se establece que la concesión o el beneficio de indulto esté condicionado a que “el beneficiario tenga un único y/o primer proceso, o no reincidencia”, el art. 3 solo refiere contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para beneficiarse con el indulto, cumpliendo los requisitos previstos en su art. 10; asimismo, en su art. 9 refiere que la reincidencia no está contemplada como exclusión para la concesión del indulto, además que el informe de incumplimiento y el proveído carecen de fundamentación y motivación.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la libertad y los principios de seguridad jurídica y favorabilidad, citando al efecto los arts. 9.2, 13.IV, 14.I, III y IV, 22, 23.I, 73.I, 74, 115, 116.II, 117, 172, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Informe de Incumplimiento 0028/2021 de 6 de abril, y el proveído de 15 de abril de 2021, disponiendo que la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba emita nuevo Informe de Cumplimiento y la Resolución Administrativa de concesión de indulto; y, la autoridad judicial homologue y emita el mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 46 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela ratificó íntegramente su acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 23 de abril de 2021, cursante a fs. 41 y vta., refirió que del Informe de Incumplimiento 0028/2021 correspondiente al trámite del Indulto y los requisitos para acceder al mismo, se evidencio que el peticionante de tutela, cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada; por lo que, no cumple con los requisitos establecidos por DS 4461; fue así que planteó apelación contra un informe de incumplimiento y no así contra una Resolución administrativa; por lo que, dicho informe no es recurrible ante el Juez de Ejecución Penal. Estrella Sandevel Rocha García, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba; mediante informe escrito presentado el 23 de abril de 2021, cursante de fs. 42 a 43, así como en audiencia refirió que: a) La carpeta del privado de libertad, ahora solicitante de tutela, fue presentada en Secretaría de la citada Dirección Departamental de Régimen Penitenciario el 31 de marzo del 2021, para posteriormente ser remitida al área de asistencia legal a fin que se proceda con la verificación de la documentación y emisión del informe de cumplimiento y/o incumplimiento; en el presente caso la carpeta mereció el informe de incumplimiento y fue devuelta al solicitante conforme a procedimiento; b) De la revisión de la carpeta de indulto la misma no se adecúa a lo establecido en el art. 3 inc. c) del DS 4461, referente al ámbito de aplicación, aclarando que en ningún momento emitió criterio alguno respecto a la reincidencia o no del solicitante, más aun cuando de antecedentes se tiene que la misma no justificó el estado actual de los procesos que se registra en su contra, desconociendo ese aspecto y sin contar con mayores elementos que permitan obrar bajo los principios ahora supuestamente vulnerados; y, c) De las tres certificaciones emitidas por el SIREJ, el demandante de tutela cuenta con una sentencia condenatoria que cursa en el “Juzgado de Instrucción N° 2”; asimismo, tiene otra certificación del “Juzgado de Instrucción Penal N° 5” respecto a robo agravado, en el cual no cuenta con una sentencia condenatoria y de la certificación emitida por el “Juzgado de Instrucción N°1”, se tiene otro caso con diferente NUREJ donde esta con una sentencia ejecutoriada por robo agravado; son tres circunstancias diferentes; si bien, no están dentro de los requisitos de cumplimiento; sin embargo, por “Instructivo N° 11, emitido por el Presidente del Tribunal de Justicia”, se debe analizar y verificar los certificados que se emiten por los Juzgados; en ese entendido, se analizó la carpeta del privado de libertad, también remitiéndose al art. 3 inc. c) del citado Decreto Supremo, de la documentación presentada se constató que el privado del libertad seria reincidente; por ello, dentro del análisis realizado se emitió el Informe de Incumplimiento en base a la documentación; y, al no existir errónea interpretación del DS 4461, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2021 de 23 de abril, cursante de fs. 47 a 53, concedió la tutela solicitada, con relación a la Jueza demandada disponiendo la anulación de la providencia de 15 de abril de 2021 y se emita nueva Resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, denegó la tutela con relación a la Directora codemandada; bajo los siguientes fundamentos: 1) De los fundamentos expuestos por la parte accionante, el informe de las autoridades demandadas y conforme a los lineamientos jurisprudenciales, en el presente caso se establece que el impetrante de tutela ante la vigencia del DS 4461, solicitó ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba el indulto, a lo que se emite el Informe de Incumplimiento 0028/2021; toda vez que, cuenta con más de una sentencia ejecutoriada, conforme se tiene de las certificaciones acompañadas en la carpeta, aspecto que no le permite ingresar al ámbito de aplicación del referido Decreto Supremo por ser contradictorio a lo establecido en su art. 3 inc. c); en consecuencia, de los antecedentes esgrimidos se tiene que las observaciones realizadas son de carácter insubsanable; ante tal determinación el peticionante de tutela interpuso apelación ante la autoridad judicial demandada, quién mediante proveído de 15 de abril de 2021 determinó “No ha lugar a lo solicitado por esta parte…”; si bien, la parte solicitante de tutela confundió la vía de recurrir en apelación, siendo el correcto que se ejerza el control jurisdiccional; empero, de la señalada providencia se puede observar que el análisis se reduce a una formalidad, sin examinar las razones invocadas por el demandante de tutela y conforme normativa, careciendo de fundamentación y los motivos por los que se considera el incumplimiento de lo dispuesto en el aludido Decreto Supremo respecto a los requisitos del indulto solicitado; no obstante de estar vinculado con la libertad, desconociendo el art. 18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), bajo esa facultad, debió imprimir el trámite ante el informe de incumplimiento respecto a la interpretación del DS 4461 propiamente del art. 8 de concesión del indulto, que establece que se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que a la fecha de publicación del Decreto Supremo, que no se enmarquen en las exclusiones establecidas en el art. 9 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 1. Persona no reincidente, condenada a pena privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años; sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena; 2. Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10) años, que haya cumplido al menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad; aspectos, omitidos y no considerados por la Jueza demandada, por cuanto ameritaba se ingrese a considerar lo previsto en el numeral 2 del mencionado artículo de forma razonable, que es absolutamente independiente del numeral 1, al que no se halla condicionado y no realizar una interpretación sesgada, sino considerar lo que sea más favorable para el accionante; y, 2) En lo que concierne a la Directora codemandada, no se encuentra dentro de los alcances de la legitimación pasiva, tomando en cuenta que su informe de incumplimiento estaba sujeto a control jurisdiccional, donde se debió velar por los derechos y garantías del impetrante de tutela; por lo que, no resulta pertinente a los fines de la presente acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 27 de junio de 2022 (fs. 58), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 82 a 84); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Informe de Incumplimiento 0028/2021 de 6 de abril; suscrito por Estrella Sandevel Rocha García, Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba -ahora codemandada-, mediante el cual, se dirigió a Mario Mamani Villca -ahora accionante- señalando que el solicitante del beneficio de indulto, cuenta con más de una sentencia ejecutoriada en su contra, conforme a las certificaciones adjuntas en su carpeta, aspecto que impide ingresar al ámbito de aplicación del Decreto Supremo, siendo contradictorio con lo dispuesto en su art. 3 inc. c); por lo que, las observaciones realizadas son insubsanables (fs. 24 vta.). II.2. Por memorial presentado el 13 de abril de 2021, dirigido a Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora autoridad demandada-, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el Informe de Incumplimiento 0028/2022, que rechazó el beneficio de indulto (fs. 25 a 36 vta.).

II.3 Consta providencia de 15 de abril de 2021, suscrita por la Jueza demandada, señalando lo siguiente:

No ha lugar a lo solicitado por esta parte, evidenciándose que conforme al informe de cumplimiento de fecha 06 de abril de 2021, emitida por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario Cochabamba y en virtud a lo dispuesto por el Decreto Presidencial (DP) de Amnistía e Indulto Nº 4461 de 18 de febrero de 2021, en su Art. 3 señala: “(ámbito de aplicación). La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: “…c) Aquellas que cuentes con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto.”. De ese contexto normativo, se evidencia que MARIO MAMANI VILLCA, cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; por lo que, no se ajusta a los requisitos establecidos por el Decreto Presidencial (DP) de Amnistía e Indulto… (sic [fs. 37]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, y los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades, i) La Directora codemandada, al emitir el Informe de Incumplimiento 0028/2021, aplicó erróneamente el art. 3 inc.c) del DS 4461; toda vez que, el mismo no condiciona a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo, sin observar favorablemente los principios de protección a la vida y a la salud, conforme establece el referido Decreto Supremo; y, ii) La Jueza demandada emitió el proveído de 15 de abril de 2021, sin la debida fundamentación y motivación, e incurriendo en las mismas irregularidades que la autoridad administrativa codemandada; es decir, aplicó erróneamente el art. 3 inc. c) del DS 4461; toda vez que, no está condicionado a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; c) Trámite de solicitud de concesión de amnistía conforme al Decreto Supremo 3756 de 16 de enero de 2019; d) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en cuanto al derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, la Magistrada Relatora en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Ley Fundamental, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1, que establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad… En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:

Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación. Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 y 0087/2014-S3, la Magistrada Relatora en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: 1) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos constitucionales. Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguido en diferentes fallos constitucionales emitidos por este Tribunal de manera uniforme y reiterada, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; y, 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre y 0661/2017-S3 de 30 de junio-. En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad (el resaltado nos pertenece). A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, la Magistrada Relatora concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto; por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la Norma Suprema y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Ley Fundamental, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

4 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales”. 5 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. Sobre el trámite de solicitud del indulto conforme al Decreto

Supremo 4461 de 18 de febrero de 2021

El art. 1 del Decreto Supremo 4461, tiene por objeto: “…conceder amnistía e indulto por razones humanitarias y regular su procedimiento”. Asimismo, el referido Decreto Supremo sobre el ámbito de aplicación de la concesión de amnistía e indulto señaló que:

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: a. Detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país;

b. Medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso;

c. Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto. Respecto a su procedencia, requisitos y tramitación, el Capítulo III bajo el epígrafe Indulto, en sus arts. 8, 9 y 10 expresa que:

Artículo 8°.- (Concesión de indulto) I. Se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen en las exclusiones establecidas en el Artículo 9 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 1. Persona no reincidente, condenada a pena privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años; sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena; 2. Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10)

años, que haya cumplido al menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad;

3. Personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

II. Para los casos previstos en el numeral 3 del Parágrafo precedente, no se aplicará el régimen de exclusiones previstas en el Artículo 9 del presente Decreto Presidencial, con excepción del numeral 1 del Parágrafo I del mismo artículo. Artículo 9°.- (Exclusiones)

I. Se excluyen de la concesión del indulto a las personas que se encuentren con sentencia condenatoria ejecutoriada por: 1. Delitos que, en la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admitan indulto; 2. Delitos con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea mayor a diez (10) años;

3. Delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando; tenencia, porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; delitos financieros;

4. Delitos contra la Libertad Sexual, a excepción de los delitos de Actos Obscenos y Publicaciones y espectáculos obscenos;

5. Delitos previstos en la Ley Nº 004, con excepción del primer párrafo del Artículo 154, Incumplimiento de Deberes y Artículo 149, Omisión de declaración de Bienes y Rentas;

6. Delitos de Violencia contra las mujeres determinados en el Capítulo II del Título V de la Ley Nº 348;

7. Delitos de Acoso Político y Violencia Política contra las Mujeres, incorporados por la Ley Nº 243;

8. Delitos cuya Victima sea niña, niño, adolescente, o persona incapaz;

9. Delitos con Victimas Múltiples;

10. Delito de Homicidio y Lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito con la agravante de estar bajo la dependencia de alcohol o estupefaciente, conforme la segunda parte del Parágrafo I del Artículo 261 del Código Penal, salvo que se cuente con acuerdo conciliatorio con la víctima.

II. Tampoco accederán al beneficio del indulto aquellas personas beneficiadas con otros Decretos Presidenciales de amnistía o indulto en los tres (3) años anteriores a la vigencia del presente Decreto Presidencial. III. Por razones humanitarias, ante el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios y para resguardar la vida, la salud e integridad ante el incremento de contagios por la COVID-19, quedan exentas de las exclusiones establecidas en el numeral 2 del Parágrafo I del presente Artículo, las siguientes personas:

a. Varones mayores de cincuenta y ocho (58) años o mujeres mayores de cincuenta y cinco (55) años; b. Personas con discapacidad grave o muy grave debidamente acreditada;

c. Personas con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal, debidamente acreditada;

d. Personas que tengan bajo su ciudado o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad o con discapacidad grave o muy grave; en este último caso, debe acreditarse la tutoría legal; e.Mujeres en estado de gestación a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial. Artículo 10°.- (Requisitos para solicitar el indulto)

I. Son requisitos generales para solicitar la concesión de indulto: 1. Documento original o fotocopia, que acredite la identidad de la persona solicitante del beneficio; en el caso de ciudadanos bolivianos, cédula de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar; siendo ciudadanos extranjeros, documento nacional de identidad, certificación consular de documento nacional de identidad, pasaporte o libreta de servicio militar; 2. Fotocopia simple de la Sentencia Condenatoria y del Mandamiento de Condena;

3. Certificación emitida por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia que acredite el detalle de condenas y procesos penales vigentes en su contra, así como el o los delitos por los que se encuentra condenada o procesada;

4. Certificado de Permanencia emitido por la Dirección del Establecimiento Penitenciario;

5. Fotocopia simple del Auto de Radicatoria del Juzgado de Ejecución Penal y Supervisión.

II. Son requisitos específicos, según corresponda, los siguientes: 1. Carnet de Discapacidad registrado en el SIPRUNPCD original o fotocopia legalizada. De manera excepcional y para fines exclusivos del presente Decreto Presidencial se podrá presentar Certificado Médico original que acredite la existencia de una discapacidad grave o muy grave expedido por el Personal de Salud de Régimen Penitenciario, del Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo; 2. Certificado Médico original, emitido u homologado por el IDIF o emitido por personal de salud de Régimen Penitenciario, el Subsector Público de Salud o de la Seguridad Social de Corto Plazo que acredite la enfermedad crónica avanzada o en estado terminal;

3. Certificado de Nacimiento original de las o los hijos; en su defecto, Informe del Área Social de Régimen Penitenciario o de los Servicios Municipales que acredite la existencia de hijas o hijos menores de doce (12) años;

4. Certificado Médico original que acredite estado de gestación, Carnet prenatal o registro en el Bono Juana Azurduy; Declaración Judicial de Tutoría, Declaración Judicial de Custodia legal 5. o Declaración Jurada Notariada, previa visita e informe social del o la trabajadora social del ámbito público.

III.4. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad ante la existencia de medios recursivos y activación de vías paralelas

Respecto de la subsidiariedad excepcional aplicable en acciones de libertad, el Tribunal Constitucional a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.1.2 , estableció los 6 (…) En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé lineamientos sobre la mencionada subsidiariedad excepcional y precisó que en los supuestos en los que la norma prevea medios de defensa idóneos para reparar de manera oportuna el derecho a la libertad física lesionado, estos deben ser utilizados previamente a acudir a la justicia constitucional por medio de la acción de libertad; además, de prohibir promover recursos simultáneos con el mismo fin, lo que posibilitaría que se provoque una disfunción procesal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la jurisdicción constitucional. Este entendimiento fue modulado y precisado en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriendo que:

I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

Por su parte, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la activación paralela de jurisdicciones la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad;

pues de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; similar razonamiento fue aplicado en la SC 0608/2010-R de 19 de julio, al señalar lo siguiente:

...se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (…) es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, luego de mencionar a la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre, que a su vez citó a la mencionada SC 0080/2010, refirió que:

…de la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la excepcional subsidiariedad en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. En el marco precedentemente citado, el desarrollo jurisprudencial sistematizó la subsidiariedad excepcional generando subreglas al respecto y fijando supuestos concernientes principalmente a casos derivados de procesos penales, relacionados a que: a) Cuando las partes dentro un proceso penal, consideren ser afectados con una resolución, y ante la existencia de los mecanismos de impugnación, previo a acudir a la acción de libertad, necesariamente deben agotar dicha vía intraprocesal; por lo tanto, en el supuesto de activar directamente el camino constitucional, dicha pretensión no podrá ser atendida en atención a la subsidiariedad excepcional; y, b) Cuando los interesados activaron el mecanismo impugnaticio intraprocesal para reclamar vulneraciones a sus derechos, y a la vez de forma simultanea activaron la acción de libertad denunciando la conculcación de los mismos derechos, también resulta aplicable la subsidiariedad excepcional por activación paralela de jurisdicciones; lo cual, derivará en el rechazo de dicha acción tutelar sin ingresar al fondo.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la libertad, y los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad; toda vez que, las autoridades demandadas incurrieron en las siguientes irregularidades, 1) La Directora codemandada, al emitir el Informe de Incumplimiento 0028/2021, aplicó erróneamente el art. 3 inc.c) del DS 4461; toda vez que, que el mismo no condiciona a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo, sin observar favorablemente los principios de protección a la vida y a la salud, conforme establece el referido Decreto Supremo; y, 2) La Jueza demandada emitió el proveído de 15 de abril de 2021, sin la debida fundamentación y motivación, e incurriendo en las mismas irregularidades que la autoridad administrativa codemandada; es decir, aplicó erróneamente el art. 3 inc. c) del DS 4461; toda vez que, no está condicionado a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo. Baso esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, conforme se tiene de la delimitación de la problemática realizada precedentemente; en ese sentido, es preciso efectuar una contrastación de los antecedentes. Conforme lo precisado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el accionante aduciendo que se encuentra con detención preventiva inicio el trámite de indulto presentando su carpeta ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, instancia que emitió Informe de Cumplimiento 0028/2021, bajo el argumento referente a que el solicitante del beneficio de indulto, cuenta con más de una sentencia ejecutoriada en su contra, conforme a las certificaciones adjuntas en su carpeta, aspecto que impedía ingresar al ámbito de aplicación del DS 4461, siendo contradictorio con lo dispuesto en su art. 3 inc. c); señalando que las observaciones realizadas son insubsanables Ante esa determinación, el impetrante de tutela por memorial presentado el 13 de abril de 2021 a la Jueza demandada, apeló el Informe de Incumplimiento, quién a través de la providencia de 15 de similar mes y año, refirió no ha lugar a lo solicitado; en razón a que, la Directora codemandada a través de su informe argumentó que el solicitante cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; por lo que, no se ajusta a los requisitos establecidos en el art. 3 inc. c) del DS 4461; toda vez que, se evidencia que el peticionante de tutela cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra (Conclusiones II.2 y II.3). Expuesta la problemática y descritos los antecedentes, corresponde referir que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se optó por la aplicación del estándar jurisprudencial más alto en cuanto las denuncias sobre vulneraciones al debido proceso vía acción de libertad, apartándose de la línea restrictiva que exige en estos casos, la concurrencia de dos presupuestos como son la existencia de una vinculación directa del acto lesivo con la libertad y el absoluto estado de indefensión; al considerar que tales exigencias no condicen con el nuevo modelo constitucional y el carácter progresivo del mismo, y restringen el acceso efectivo a la justicia constitucional; en tal razón y ante la existencia de otro razonamiento que contienen una interpretación más amplia y progresiva de los derechos como es la SCP 0217/2014, que se constituyen en el estándar más alto, puesto que, la misma a través de una interpretación sistemática, literal y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo; entendió que, la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable vía acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con tal derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone, y bajo esa comprensión, estableció que las denuncias por procesamiento indebido en el ámbito penal es tutelable mediante la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. Bajo esa precisión jurisprudencial, en el presente caso la denuncia tiene que ver con el trámite del beneficio de indulto; en ese sentido, las peticiones relacionadas con los beneficios penitenciarios entre ellos el trámite de indulto están indirectamente vinculados con el ejercicio de la libertad física de los condenados, consecuentemente, los actos lesivos que puedan generarse en tal cometido, tienen vinculación indirecta con el derecho a la libertad del ahora accionante; en tal sentido, corresponde ingresar a la verificación constitucional de las problemáticas planteadas a efecto de verificar la vulneración o no de los derechos denunciados.

Con relación a la autoridad administrativa codemandada -Directora Departamental del Régimen Penitenciario de Cochabamaba-, quién, al emitir el Informe de Incumplimiento 0028/2021 aplicó erróneamente el art. 3 inc. c) del DS 4461; toda vez que, no está condicionado a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece en su art. 8 núm. 2); de igual forma, no aplicó favorablemente los principios de protección a la vida y a la salud, conforme establece el referido Decreto Supremo. Ante ese informe de incumplimiento, el demandante de tutela acude a la autoridad judicial interponiendo recurso de apelación contra dicho informe, mediante memorial presentado el 13 de abril de 2021, instancia judicial que emitió el proveído de 15 de igual mes y año.

Bajo esos antecedentes se establece que el impetrante de tutela ante el Informe de Incumplimiento 0028/2021, acudió ante la autoridad jurisdiccional; en tal sentido, es pertinente remitirnos a lo descrito en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional en el cual se establece que cuando los interesados activaron el mecanismo impugnaticio intraprocesal para reclamar vulneraciones a sus derechos y posteriormente activó la acción de libertad denunciando la conculcación de los mismos derechos, también resulta aplicable la subsidiariedad excepcional por activación de ambas jurisdicciones; lo cual, derivará en el rechazo de dicha acción tutelar sin ingresar al fondo. Ahora bien, en el caso de análisis el accionante acudió a la autoridad jurisdiccional apelando el Informe de Incumplimiento 0028/2021 emitido por la Directora codemandada; el cual mereció la providencia de 15 de abril de 2021; sin embargo, también acudió a esta instancia constitucional denunciando dicho rechazo al trámite de indulto por parte de la autoridad administrativa; de lo cual, se tiene que el accionante, activó la jurisdicción ordinaria mediante un recurso de apelación y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto mereció respuesta por parte de la autoridad jurisdiccional; circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; en tal sentido, corresponde denegar la tutela con relación a la denuncia contra la Directora Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, sin ingresar al fondo de la problemática traída en revisión.

Respecto a la autoridad jurisdiccional demandada -Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba-; de quién alega que emitió el proveído de 15 de abril de 2021, sin la debida fundamentación y motivación, aplicando al igual que la autoridad administrativa, erróneamente el art. 3 inc. c) del DS 4461; mismo que no está condicionado a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece en su art. 8.I núm. 2) del mismo Decreto Supremo.

En tal sentido, a efectos del examen y verificación de la denuncia traída a colación por el accionante en cuanto a la autoridad judicial, concierne remitirnos al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional donde se tiene una descripción del trámite y resolución de las solicitudes de indulto previstas por el DS 4461; es así que en sus arts. 8, 9 y 10 se establecen los supuestos de procedencia para dicho beneficio, las exclusiones y los requisitos mínimos exigidos en cada caso, para luego en su art. 11 describir el procedimiento de la solicitud, mismo que se inicia con la solicitud de indulto por parte de la persona privada de libertad ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba o ante el Servicio de Asistencia Legal de los establecimientos penitenciarios, instancias que verificarán el cumplimiento de los requisitos en los plazos dispuestos, en caso que la documentación presentada no cumpla con alguno de los requisitos exigidos, en el plazo máximo de dos días hábiles de la verificación, se harán conocer al solicitante las observaciones y si las mismas tienen carácter subsanable o insubsanable; ahora bien, hasta aquí, se tiene que en el caso del accionante, todo ese procedimiento fue cumplido y precisamente en la verificación de los requisitos la Directora codemandada emitió el Informe de Incumplimiento 0028/2021, en el cual sostuvo que el ahora impetrante de tutela cuenta con más de una sentencia condenatoria en su contra, lo cual contradecía el art. 3 inc. c) del DS 4461; por lo que, tal situación no le permitía entrar al ámbito de aplicación del citado Decreto Supremo; razón por la cual, el peticionante de tutela asumiendo a su criterio que dicha autoridad del régimen penitenciario aplicó erróneamente la mencionada norma, acudió en procura de control jurisdiccional sobre dicho informe, ante la Jueza demandada, alegando que dicho artículo no condicionaba a que el beneficio tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8 núm. 2) del mismo Decreto Supremo; por lo que, la Jueza demandada, se pronunció a través de providencia de 15 de abril de 2021, declarando no ha lugar a lo solicitado, en razón que el solicitante cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; circunstancia por la cual no se ajustaba a los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Decreto Supremo respecto al ámbito de aplicación, en el cual se tiene que la amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos se tiene el inciso c) “Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto” y no está condicionado a que este beneficio -indulto- tenga un único y/o primer proceso o no reincidencia, conforme establece el art. 8.I núm. 2) del mismo Decreto Supremo. En ese contexto, y siendo que la denuncia del accionante está relacionada con la errónea interpretación de la norma referida, resulta necesario remitirnos al contenido normativo previsto en el cuestionado art. 3 inc. c) del DS 4161, que refiere:

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación) La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: a) Detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país;

b) Medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso;

c) Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto.

La previsión transcrita precedentemente, dada su naturaleza resulta de gran importancia y relevancia social debido a que su finalidad se trasunta en la concesión del derecho a la libertad de las y los internos, previo cumplimiento de exigencias vinculadas directamente en su mayoría con la niñez, estado de gestación, discapacidad y enfermedades terminales; razón por la cual, su análisis e interpretación debe ser de manera integral y especialmente apoyado en principios y valores constitucionales, pero nunca de manera aislada; en ese entendido, a efectos de su aplicación e interpretación correcta y bajo un manto constitucional, lo más indicado es empezar el ejercicio intelectivo desde los argumentos plasmados en la fracción inicial de toda norma (Decreto o Ley), denominada según la Técnica Legislativa exposición de motivos o parte considerativa, en la cual se describen por su generalidad las justificaciones o razones que sostienen la necesidad y finalidad de contar con dicha disposición normativa, que en muchas de las veces emerge de las necesidades sociales, eventualidades o vacíos normativos entre otros. Bajo esa comprensión, el espíritu o finalidad del DS 4461, se encuentra en su parte considerativa, donde se sustenta entre otros los arts. 22, 60 y 74.I de la CPE, referidos a la dignidad y la libertad de las personas; y, la reinserción social de los privados de libertad, reflejando además la situación crítica de la población carcelaria en el país, que obliga al Estado a asumir políticas en beneficio de los sectores vulnerables que se encuentran al interior de los recintos penitenciarios; en ese sentido, el referido Decreto Supremo en su art. 1 bajo el epígrafe “OBJETO”, refiere que dicha norma tiene por objeto conceder amnistía e indulto por razones humanitarias; así, respecto al ámbito de procedencia y que es motivo de controversia en el presente caso, el art. 3 inc. c) describe que la amnistía y el indulto serán aplicables a las personas privadas de libertad que cumplan ciertos requisitos; entre ellos, que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, para los casos de indulto. De lo descrito precedentemente se infiere que, de acuerdo a una interpretación gramatical, la antedicha disposición, prevé el ámbito de procedencia; es decir, que la amnistía procede para la persona que se encuentre detenida preventivamente o con medidas sustitutivas y el indulto para personas que cuenten con una sentencia condenatoria; es decir, que el texto descrito diferencia la condición de los privados de libertad para acogerse a los beneficios, en el caso de la amnistía procede para los detenidos preventivos y el indulto para los sentenciados que cumplen condena con sentencia ejecutoriada y no así se entiende o hace referencia al número de sentencias que pueda o no tener el privado de libertad; pues el art. 3 del DS 4461 refiere, como establece, al ámbito de aplicación de los referidos beneficios, ya que, la concesión y procedencia está condicionada a las condiciones y exclusiones establecidas en los arts. 8 y 9 del mismo Decreto Supremo; por ello, claramente el art. 8 establece:

Artículo 8° (Concesión de indulto)

I. Se concede el beneficio de indulto a las personas con sentencia

condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial, no se enmarquen en las exclusiones establecidas en el Artículo 9 y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Persona no reincidente, condenada a pena privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años; sin que sea necesario el cumplimiento de una parte de la condena; 2. Persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a diez (10)

años, que haya cumplido al menos una cuarta parte (1/4) de la condena privativa de libertad.

Norma que precisamente aclara la interpretación precedente, en el sentido que, el art. 3 inc. c) del DS 4461 no refiere al número de sentencias ejecutoriadas que pueda tener el condenado, sino, al ámbito de aplicación de los beneficios -amnistía o indulto-, según su situación jurídica, pues conforme prevé la misma norma, la concesión del indulto, está condicionada a que los solicitantes no estén enmarcados dentro de las exclusiones establecidas en el art. 9 del mismo Decreto Supremo; además que cumplan alguna de las siguientes condiciones: la primera consiste en que la persona solicitante para acceder al beneficio de indulto no sea reincidente y la condena privativa de libertad sea igual o menor a ocho años, no siendo necesario que cumpla una parte de la condena; y, la segunda condición se refiere a que la persona condenada por un delito menor a diez años, cumpla al menos una cuarta parte de su condena; es decir, dos años y seis meses para acceder a este beneficio; consecuentemente, son estas previsiones las que se deben considerar en la verificación del cumplimiento de los requisitos para el beneficio de indulto conforme al DS 4461. Ahora bien, de antecedentes se tiene que la autoridad demandada mediante proveído de 15 de abril de 2021, refirió que la amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que: “cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a: “…c) Aquellas que cuentes con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto.”. De ese contexto normativo, se evidencia que MARIO MAMANI VILLCA, cuenta con más de una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; por lo que, no se ajusta a los requisitos establecidos por el Decreto Presidencial (DP) de Amnistía e Indulto…” (sic); de lo cual se establece que la Jueza demandada, de forma concisa refirió que el ahora impetrante de tutela tiene más de una sentencia condenatoria ejecutoriada; en tal sentido, no puede acceder al beneficio de indulto por no cumplir uno de los requisitos establecidos en el art. 9 del DS 4461 de no ser reincidente, conforme se explicó líneas arriba. En esos antecedentes, el decreto de 15 de abril de 2021; por el cual, se estableció no ha lugar lo solicitado por el ahora accionante, si bien no es ampuloso; empero, se enmarca a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se tiene que las determinaciones de las autoridades judiciales no siempre deben de forma ampulosa, sino concretas con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el Juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el Juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por la autoridad judicial; en tal sentido, corresponde denegar la tutela en relación a esta autoridad.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con diferentes argumentos actuó en forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2021 de 23 de abril, cursante de fs. 47 a 53, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3 desarrollo que: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas.

3 Continúo señalando que: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone.(…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus.

7 En su Fundamento Jurídico III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0941_2023-S1_id65540.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 622ead2200f2c314015ad3707b62efa666b0695b1fcd4d3efa67b8fa5dd3c81a

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