Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, a la vida y a la salud; toda vez que, fue despedido injusta e ilegalmente, sin tomar en cuenta que fue contratado supuestamente a plazo fijo como funcionario regular de planta; sin embargo, a través de una serie de memorándums, fue cambiando de funciones, con la característica común que todos los cargos corresponden a un funcionario regular de planta, con funciones propias y permanentes del giro de la empresa, con lo que queda demostrado que es funcionario sujeto a contrato de tiempo indefinido de Y.P.F.B., habiendo trabajado inclusive hasta el 8 de enero de 2021 por órdenes verbales del Administrador de la Regional Comercial Tarija de Y.P.F.B.; además tiene un hijo con discapacidad permanente del 51%, cuya situación hizo conocer mientras duró la relación laboral mediante notas formales; por todas estas razones, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija que emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS JDTT RPT- 013/2021 de 22 de febrero, a la cual el empleador hizo caso omiso. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación; ii) La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2021 de 7 de junio, cursante de fs. 160 a 164 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida.
a) Disponer la inmediata reincorporación del accionante al mismo cargo y nivel salarial; y, b) El pago de los haberes devengados desde el día de su desvinculación hasta el día de la reincorporación efectiva a su fuente laboral, más el pago de derechos laborales que correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0940/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 40758-2021-82-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 41/2021 de 7 de junio, cursante de fs. 160 a 164 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Horacio Celsinio Gutiérrez Siles contra Oscar Rossinver Loayza Colque, Distrital Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Tarija (Y.P.F.B.).
Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2021, cursante de fs. 34 a 52, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
Mediante memorándum de contratación de 17 de marzo de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.) le contrató supuestamente a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la entidad como operador de GLP III con una duración desde la presentación de su documentación hasta el 31 de diciembre; por Memorándum de 24 de abril de igual año fue contratado nuevamente a plazo fijo sin que el anterior memorándum finalice, para desempeñar el cargo de administrador de Estación de Servicio “Las Américas”; a través de contrato de trabajo a plazo fijo fue contratado para cumplir el cargo de administrador de EE.SS. “Las Américas” desde el 6 de mayo hasta el 31 de diciembre del mencionado año; por memorándum de 18 de junio de igual año, se reasignó sus funciones como responsable en trámites y descargos en sustancias controladas; y, mediante Memorándum de 28 de julio del mencionado año le asignaron funciones de auxiliar administrativo de la EE.SS.
Los memorándums de contratación y su contrato de trabajo no contaban con el visado del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; sin embargo, dichos documentos de contratación fueron en tareas propias y permanentes del giro de la empresa, como funcionario regular de planta, con una serie de cambios de funciones; en ese sentido queda demostrado que es funcionario sujeto a contrato de tiempo indefinido de Y.P.F.B. tal como lo determina el art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979. De los documentos aparejados, se evidencia que su contrato fenecía el 31 de diciembre de 2020; empero, por órdenes superiores verbales de Lorenzo Cata en su condición de Administrador de la Regional Comercial Tarija de Y.P.F.B. trabajó hasta el viernes 8 de enero de 2021; y conforme el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT), el contrato a plazo fijo se entenderá existir reconducción si el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio. Los registros de ingreso consignaron su ingreso como “visita”, sin embargo, estaba cumpliendo funciones dentro del horario normal de trabajo, cumpliendo horarios de ingreso y salida. Asimismo, tiene un hijo con discapacidad permanente con 51% con Síndrome de “Dow” (sic) de acuerdo al carnet de discapacidad 127685 otorgado por el Ministerio de Salud, y al cumplir con los presupuestos laborales, opera la inamovilidad laboral en su favor conforme dispone la Ley 223 -Ley General para Personas con Discapacidad de 2 de marzo de 2012-, considerando además que mediante notas formales presentadas durante la relación laboral se hizo conocer que tenía bajo su dependencia un menor de edad con discapacidad. Al haber sido despedido injusta, ilegalmente y sin justa causa, y al no darse curso a su reincorporación, en principio de manera personal, y posteriormente mediante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social a través de Conminatoria de Reincorporación MTEPS JDTT RPT 013/2021 de 22 de febrero, a la cual el empleador hizo caso omiso, la parte demandada incurrió en vulneración a sus derechos al trabajo, estabilidad laboral y salud, pese de haber operado la reconducción laboral y estar reconocida a su favor la inamovilidad laboral por ser padre de un menor con discapacidad. Considerando además que mediante notas formales presentadas durante la relación laboral se hizo conocer que tenía bajo su dependencia un menor de edad con discapacidad; y, posteriormente hizo conocer este extremo pidiendo su reincorporación al mismo cargo y nivel salarial sin que haya recibido respuesta alguna.
El accionante alegó como vulnerados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 15.I, 46.I y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, art. 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).
Pide se conceda la tutela, disponiendo: a) Se le restituya inmediatamente al último cargo al que fue transferido de Auxiliar Administrativo de EE.SS. con el mismo nivel salarial 18 y sede de funciones en la ciudad de Tarija; y, b) Se ordene la cancelación total de los haberes devengados desde el día del despido injustificado e ilegal hasta el día de la reincorporación efectiva a su fuente laboral, más el pago de derechos laborales que correspondan.
La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 7 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 157 a 159 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia se ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo, agregó que: 1) Se cumplió con todos los requisitos para la procedencia incluyendo el principio de subsidiariedad y el que no se haya concluido con trámites administrativos no significa que no se esté a derecho; 2) Se demostró a través de diferentes Memorándums, que fue designado para ocupar y desarrollar tareas propias de la entidad, con una serie de cambios de funciones; y, 3) “…tenía trabajo hasta el 31 de diciembre del año pasado y ha trabajado del 04 hasta el 08 de enero, nos causa además de extrañeza que la resolución del Ministerio de Trabajo haya sido revocada” (sic).
Oscar Rossinver Loayza Colque, Distrital Comercial Tarija de Y.P.F.B. mediante informe escrito presentado el 7 de junio de 2021, cursante de fs. 152 a 155 vta., manifestó que: i) El accionante interpuso su acción en contra del Distrital Comercial de Tarija en representación de Y.P.F.B.; sin embargo el mismo no es representante legal de la Estatal Petrolera, ya que no cuenta con representación legal; toda vez que, según el art. 6 del Decreto Supremo (DS) 28324 de 1 de septiembre de 2005, “la Dirección y Representación de Y.P.F.B. estará a cargo el Presidente Ejecutivo, con las facultades y atribuciones conferidas por las disposiciones legales pertinentes y los presentes Estatutos”(sic); ii) No señaló de manera real todos los hechos fácticos que ameritaron su acción de amparo constitucional, ya que no se atrevió a mencionar la existencia de un procesamiento previo en la vía administrativa, instancia que el mismo activó y en la que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante Conminatoria de Reincorporación MTEPS-JDT-RPT 013/2021 de 22 de febrero conminó a Y.P.F.B. a la Reincorporación de Horacio Celsinio Gutiérrez Siles; sin embargo, el 11 de marzo de 2021 se interpuso el Recurso de Revocatoria, la misma que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de su Resolución Administrativa MTEPS-JDTT- 018/2021 de 7 de abril, resolvió revocar totalmente; iii) En el presente caso no se cumplió con los requisitos formales establecidos en el art. 33 con relación al art. 30 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y el incumplimiento de los mismos da lugar al rechazo de la acción interpuesta, y el tribunal de garantías al haber dispuesto la admisión de la acción de amparo constitucional, tiene la facultad en Audiencia, de declarar la improcedencia de la misma; iv) El amparo constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se haga uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, es decir que mientras la autoridad administrativa activada, ─el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social─ no resuelva dicha denuncia de reincorporación presentada por el ahora accionante, no se cumple con el principio subsidiario desarrollado; y, v) Solicita se deniegue la tutela de la presente acción. Asimismo, en audiencia, a través de sus abogados manifestó que: a) Fue contratado bajo la figura de contrato a plazo fijo, firmado en mayo de 2020 con una fecha de inicio y otra de conclusión hasta el 31 de diciembre de igual año, por lo que no se aplica la figura de despido injustificado; toda vez que, tenía una sola contratación en Y.P.F.B.; b) “…el Ministerio de Trabajo a determinado reincorporación del trabajador, a lo cual nosotros hemos presentado un Recurso de Revocatoria que esta adjunto en la prueba que le estamos haciendo llegar en digital, en el que el recurso ha sido resuelto por el Ministerio de Trabajo en el que se revoca totalmente la reincorporación desconocemos y por información presentada, nos han notificado que el accionante no habría agotado la vía administrativa, por lo tanto es que en virtud del principio de subsidiariedad, se debe tomar en cuenta toda vez que no tendría agotada la vía administrativa, teniendo un recurso pendiente dentro del que él podría hacer uso en la vía administrativa” (sic); c) Habiendo sido contratado a plazo fijo en tareas propias de la empresa, pero por un plazo definido, su tiempo de permanencia en la empresa fue de 7 meses y no existió un segundo contrato, ni hubo tácita reconducción, porque cumplido el contrato, no se continuó con la contratación, y si bien tuvo ingreso autorizado dentro de la empresa, no fue para seguir realizando trabajos dentro de la institución, sino que fueron trabajos inconclusos y la entrega de activos; y, d) Si bien es cierto que tiene un hijo con discapacidad, no corresponde acogerse al amparo de esta ley por el hecho de que cuando firmó el contrato con Y.P.F.B., tenía conocimiento de las condiciones bajo las cuales fue contratado sabiendo que tenía una fecha de conclusión.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 41/2021 de 7 de junio, cursante de fs. 160 a 164 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, activó la acción de amparo constitucional ante la presentación de una Conminatoria de Reincorporación, expedida por la autoridad del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; sin embargo, esta conminatoria fue revocada, consecuentemente, no puede tenerse como sostén para tutelar dicha acción; 2) La abogada del demandado, expresó que el demandante habría activado un Recurso Jerárquico, sin embargo dicho recurso es futuro, hipotético y no sabemos cuál será la decisión de la autoridad jerárquica; si se revocaría el recurso de revocatoria, daría la posibilidad de que subsista la Conminatoria de reincorporación, consecuentemente se activaría la posibilidad de reincorporación del accionante y en caso de no accederse directamente a aquello, facilitaría la posibilidad de la interposición de una nueva acción de amparo constitucional; también podría darse la confirmación de la revocatoria, empero el Tribunal de garantías no puede pronunciarse sobre situaciones hipotéticas; 3) En cuanto a que se hubiese producido reconducción tácita por diferentes contratos o diferentes funciones, no es factible que el Tribunal de garantías las analice, eso corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral; 4) En cuanto a la inamovilidad laboral por ser progenitor de un niño con discapacidad de un 51%, tampoco la Sala Constitucional puede pronunciarse, porque estas situaciones controversiales tienen que debatirse donde corresponda.
Por Decreto Constitucional de 4 de mayo de 2022 (fs. 169), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo, a objeto de recabar documentación complementaria; se reanudándose el cómputo del mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 189); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Según Certificado de Nacimiento del menor NN, se tiene que nació el 7 de noviembre de 2011, en la localidad de Tarija, Provincia Cercado, departamento Tarija, teniendo como padres a Horacio Celsinio Gutiérrez Siles y Liliana Patricia Saravia Garzón (fs. 20). II.2. Cursa Nota GTHC-CT-0451-2020 de 17 de marzo, emitida por Edwin Augusto Campero Tarifa, Gerente de Talento Humano Corporativo, GTHC-PRS- Y.P.F.B., dirigida a Horacio Celsino Gutiérrez Siles, por la que le comunica que en cumplimiento al memorándum PRS-TH-9205/2020, se procederá a su contratación a Plazo Fijo a partir de la presentación de la documentación requerida y hasta el 31 de diciembre de 2020 para prestar servicios como Operador de GLP III dependiente de la Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento/ Distrito Comercial Tarija/ GCOM, asignándole le nivel “23” de la escala salarial vigente con sede en la ciudad de Tarija (fs. 1). II.3. Consta Nota GTHC-CT-0513-2020 de 24 de abril, emitida por Edwin Augusto Campero Tarifa, Gerente de Talento Humano Corporativo, GTHC-PRS, Y.P.F.B., dirigida a Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, por la que le comunica que en cumplimiento al memorándum PRS-TH-0275/2020, se procederá a su contratación a Plazo Fijo a partir de la presentación de la documentación requerida y hasta el 31 de diciembre de 2020 para prestar servicios como Administrador de EESS C- Las Américas dependiente de la Unidad Distrital comercial/ Distrito Comercial Tarija/ GCOM, asignándole le nivel “18” de la escala salarial vigente, con sede en Tarija (fs. 2).
007672/2020 de 6 de mayo, por el que Y.P.F.B., representada por Herland Javier Soliz Montenegro (empleador), conviene en contratar a Horacio Celsinio Gutiérrez Siles (trabajador) en el puesto de Administrador de ESS C- Las Américas, con el nivel “18” de la escala salarial vigente, para prestar servicios en tareas propias y cumplimiento de objetivos de carácter extraordinario y temporal desde el 06 de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de igual año (fs. 3 a 5). II.5. A través de Cite: YPFB-DCTJ-0132/2018 de 18 de junio de 2020, emitida por Hugo Efraín Rivera Gutiérrez, Distrital Comercial Tarija-DCTJ, dirigida a Davor Terrazas, Responsable Departamental Tarija, por la que le hace conocer que el señor Horacio Celsinio Gutiérrez Siles es funcionario de Y.P.F.B. Distrito Comercial Tarija, quien a partir de la fecha realizará la presentación de descargos, trámite ACL y hojas de ruta. (fs. 6). II.6. Por Nota GTHC-DS-0319/2020 de 28 de julio, emitida por Edwin Augusto Campero Tarifa, Gerente de Talento Humano Corporativo, GTHC-PRS, Y.P.F.B., dirigida a Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, por la que le comunica que en cumplimiento al memorándum PRS-TH-0370/2020, emitido por Presidencia Ejecutiva, a partir de le fecha se le signa nuevas funciones como Auxiliar Administrativo de EESS, dependiente de la Unidad Distrital Comercial/Distrito Comercial Tarija, con su mismo nivel salarial y sede de funciones (fs. 7). II.7. Se evidencia memorial de 21 de septiembre de 2020, dirigido al Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. – Tarija (Richard Botello), por el cual Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, solicita inamovilidad laboral; toda vez que, tiene bajo su cargo a su hijo menor de edad NN, que cuenta con Discapacidad múltiple – deficiencia intelectual, para lo cual señala que actualmente desempeña funciones como administrador de ESS C – Las Américas mediante contrato de Trabajo a Plazo Fijo, Contrato –GTHC–UCO– 007672/2020 (fs. 9 a 10). II.8. Conforme Nota de 25 de septiembre de 2020, suscrito por Horacio Celsinio Gutiérrez Siles – Auxiliar Administrativo EE-SS, dirigida a Hugo Efrain Rivera, Distrital Comercial Tarija, por la cual solicita mediante conducto regular, hacer conocer en base a la documentación adjunta su solicitud enmarcada en las Leyes de inamovilidad Laboral con respecto a su situación con su hijo NN (fs. 8). II.9. Cursa Carnet de Discapacidad 127685 emitido por el Ministerio de Salud Correspondiente a NN; C.I. 12351832; Tipo de discapacidad: intelectual; Deficiencia: intelectual; Porcentaje: 51%; Fecha: 25/02/2019; Vence: 25/02/2023 (fs. 12).
MTEPS-JDTT-RPT-013/2021 de 22 de febrero, emitida por Richard Pillco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo Tarija– Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; se Conmina a la Empresa Y.P.F.B. a la reincorporación laboral de Horacio Celsino Gutiérrez Siles, dentro del plazo de tres días hábiles, a partir de su notificación, al mismo cargo que venía desarrollando dentro de la referida empresa, con la misma remuneración (fs. 29 a 30 vta.). II.11. Se evidencia Resolución Administrativa MTEPS-JDTT-018/2021 de 7 de abril, emitida por Richard Pillco Tapia, Jefe Departamental de Trabajo Tarija– Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; que resuelve revocar totalmente la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT- 013/2021 de 22 de febrero. (fs. 74 a 75 vta.).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, a la vida y a la salud; toda vez que, fue despedido injusta e ilegalmente, sin tomar en cuenta que fue contratado supuestamente a plazo fijo como funcionario regular de planta; sin embargo, a través de una serie de memorándums, fue cambiando de funciones, con la característica común que todos los cargos corresponden a un funcionario regular de planta, con funciones propias y permanentes del giro de la empresa, con lo que queda demostrado que es funcionario sujeto a contrato de tiempo indefinido de Y.P.F.B., habiendo trabajado inclusive hasta el 8 de enero de 2021 por órdenes verbales del Administrador de la Regional Comercial Tarija de Y.P.F.B.; además tiene un hijo con discapacidad permanente del 51%, cuya situación hizo conocer mientras duró la relación laboral mediante notas formales; por todas estas razones, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija que emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS JDTT RPT- 013/2021 de 22 de febrero, a la cual el empleador hizo caso omiso. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Presentación directa de la acción de amparo constitucional ante incumplimiento de las conminatorias de reincorporación; ii) La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia: Distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional y unificación del problema jurídico material; iii) Sobre el derecho al trabajo digno. Deber del Estado de protegerlo ante cualquier forma de acoso laboral; iv) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, v) Análisis del caso concreto.
La SCP 0311/2020-S1 de 12 de agosto de 2020, al respecto, refirió lo siguiente:
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del 1El FJ III.2, señala: “En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, que establece: ' Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no 6 discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador'. En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición mas beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: 'Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias'”.
Asimismo, el FJ III.3, indica: "... aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas. 2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; este entendimiento, se sustenta en la aplicación de los principios del derecho laboral, vinculados con la problemática jurídica suscitada. El anterior razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre , indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, exige como presupuesto adicional, que ésta se encuentre debidamente fundamentada y motivada.
Más adelante, la SCP 0900/2013 de 20 de junio, modula el entendimiento inicial contenido en las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, estableciendo que a efectos de conceder la tutela, debe efectuarse una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y los supuestos derechos vulnerados, haciendo prevalecer la verdad material sobre la formal; señalando expresamente que:
“…la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. 2EL FJ III.2, refiere: "Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos;
Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva, lo contrario resultaría inejecutable, debiendo en su caso, previamente subsanarse en la vía administrativa previamente a que la justicia constitucional disponga su ejecución”. 3El FJ III.4.1, señala: "...el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la 'verdad material' sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones” (las negrillas son nuestras).
de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados”. Finalmente, a través de la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, el Tribunal Constitucional Plurinacional, modula el entendimiento contenido en la SCP 0900/2013 y reconduce la línea jurisprudencial a la SCP 2355/2012; en ese sentido, se establece que la conminatoria es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación pronta de esta jurisdicción constitucional, al menos que en la tramitación del proceso administrativo se evidencien violaciones del debido proceso.
No obstante a las modulaciones referidas, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0609/2016-S2 de 30 de mayo, 0813/2016-S1 de 1 de septiembre, 1312/2016-S1 de 2 de diciembre, entre otras, posteriores a las emitidas el 2012, continuaron aplicando el entendimiento establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 y 0177/2012, que conceden la tutela provisional, sin exigir requisitos adicionales vinculados a la fundamentación de la conminatoria o el análisis integral del caso.
Ahora bien, en los casos que este Tribunal concedió la tutela ante incumplimiento de conminatorias de reincorporación, también se pronunciaba sobre los sueldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley, por entender que forman parte de la reparación que debe brindar la justicia constitucional ante la lesión de los derechos fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la SCP 0177/2012 aprueba la Resolución del Tribunal de garantías que concedió la tutela y dispuso la cancelación de los sueldos devengados y demás beneficios sociales. De manera expresa, la SCP 1608/2012 de 24 de septiembre, entre otras, luego de conceder la acción de amparo constitucional, dispone la cancelación de sueldos devengados.
No obstante lo anotado precedentemente, la SCP 0083/2014-S3 de 27 de 4 El FJ III.2, refiere: “De lo señalado, se evidencia que si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.
octubre, refiere que la jurisdicción constitucional no puede dimensionar el alcance de los sueldos devengados y otros beneficios, con el argumento que son las autoridades administrativas o judiciales las que deben realizar dicha labor; entendimiento que, fue reiterado por la SCP 1130/2017-S3 de 31 de octubre, entre otras.
Efectuada la contextualización jurisprudencial anterior, debe recordarse una de las características de los derechos humanos contenida en el art. 13.I de la CPE, cuál es su progresividad, que implica por una parte, que los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, no son un catálogo cerrado, sino, de manera permanente se amplían en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos, como también se desprende de la cláusula abierta prevista en el art. 13.II de la referida Ley Fundamental. Por otra parte, el principio supone que las conquistas alcanzadas respecto a un derecho ya sea a nivel normativo o jurisprudencial, no pueden luego ser desconocidas, lo que significa que, en materia de derechos humanos, no corresponde la regresividad; es decir, el retroceder en la protección de los derechos humanos.
El principio de progresividad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2491/2012, 0210/2013, 1617/2013, entre muchas otras. Así en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, el Tribunal señaló con respecto a este principio, que el mismo establece la responsabilidad para el Estado boliviano, de no desconocer los logros y el progreso alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, al desarrollo de su contenido y al fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del derecho internacional de los derechos humanos, que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad -art. 410.II de la CPE-.
Conforme a lo anotado, las medidas adoptadas por los órganos estatales que tienden a menoscabar derechos ya reconocidos o desmejorar una situación jurídica favorable vinculada a un derecho, constituye una afectación al principio de progresividad.
En el marco del principio de progresividad, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; técnica que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiene a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que, se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
Conforme a lo anotado y en el marco de la contextualización de la línea jurisprudencial vinculada a la tutela directa de la acción de amparo constitucional por incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, cabe señalar que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, al contener razonamientos que aseguran la máxima eficacia de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y a la reparación; por cuanto, por una parte, se concede la tutela ante el incumplimiento de la conminatoria, sin necesidad de efectuar otras consideraciones como la fundamentación o la legalidad de la misma, exigencias que no toman en cuenta los principios que informan la materia laboral, que se encuentran reconocidos en el art. 48 de la CPE, que establece que las normas laborales se interpretarán bajo los principios, entre otros, de protección de las trabajadoras y trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; y, de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y trabajador. Cabe aclarar que lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como lo señala la jurisprudencia constitucional, podrá acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegal conminatoria, con independencia de la concesión de la tutela.
Por otra parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012, 0177/2012 y 1608/2012, como se analizó, se pronuncian sobre los sueldos devengados y otros beneficios, conforme a los principios de interpretación referidos en el anterior párrafo y considerando que toda concesión de la tutela supone la reparación de la lesión del derecho o la garantía constitucional invocada como vulnerada, en el marco de lo señalado por el art. 113.I de la CPE, que establece: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; disposición constitucional que es coherente con las normas de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, y en concreto, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -que forma parte del bloque de constitucionalidad- que desarrolló la reparación como concepto genérico que contiene varios elementos. Así, para la Corte IDH en los Casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras - Sentencia de 29 de julio de 1988 sobre Reparaciones y Costas- y Godínez Cruz vs. Honduras -Sentencia de 17 de agosto de 1990 sobre Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas-, la reparación supone la restitución integral del derecho que fue vulnerado; es decir, el restablecimiento del derecho a la situación anterior a su violación; pero también implica la adopción de otras medidas como la indemnización, que es la reparación por daños materiales físicos o mentales, los gastos incurridos, las pérdidas de ingreso; la rehabilitación, en los casos que corresponda, comprendiendo la atención médica y psicosocial requerida; la satisfacción pública, que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad y las garantías de no repetición que tienen por objeto adoptar medidas estructurales para evitar la reiteración de las vulneraciones a derechos.
Entonces, a partir de todo lo desarrollado, se tienen las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social: a) Procede la acción de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa; b) La competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajador; y, c) La concesión de la tutela supone la adopción de medidas de reparación como la indemnización, en concreto, tratándose del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación, la cancelación de los sueldos devengados desde la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo y demás beneficios sociales que le correspondan al trabajador.
jurídico material
La SCP 0311/2020-S1 de 12 de agosto de 2020, sobre el tema, señaló lo siguiente:
Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, como son: 1) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa o, en su caso, 2) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo.
10 En ese sentido están las SSCCPP 0595/2015-S2 de 28 de mayo, 282/2013 de 13 de marzo, 0108/2018-S2, de 11 de abril y 0134/2018-S3, de 20 de abril, entre otras. 11 Sobre esta vía de protección pueden consultarse las SSCCP 015/2018-S4 de 23 de febrero y 0123/2018-S4 de 16 de abril, 060/2018-S2 de 15 de marzo, y 058/2018 de 15 de marzo, entre otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en numerosas oportunidades se pronunció sobre el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando que en estos casos procede directamente la acción de amparo constitucional. Así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, establecen que debe hacerse abstracción del principio de subsidiariedad en aquellos casos en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto que estas entidades, una vez establecido el retiro injustificado, conminen al empleador la reincorporación inmediata, en los términos previstos por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010; y ante su incumplimiento, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; efectivamente, la señalada SCP 0177/2012, tuvo el siguiente razonamiento en el Fundamento Jurídico III.3:
1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.
2)Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles, por cuanto algunas veces el o la justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía acción de amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla tal conminatoria. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: i) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz por el empleador, quien se niega a reincorporar a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia o, en su caso; ii) La denuncia de despido de estas personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencias en ambos casos se busca la protección de la garantía de inamovilidad.
De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, con los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y la misma petición.
A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Norma Suprema de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.
En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Disposición contenida en los arts. II y III); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (art. 4.1); la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son Instrumentos Internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
La garantía de inamovilidad laboral en la ley, está instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado, protección que no es absoluta por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido 13 El Estado boliviano con relación a las personas con discapacidad, ratificó a través de Ley 4024 de 15 de abril de 2009, la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Protocolo Facultativo. El art. II, indica: “Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Asimismo, el art. III, refiere que: “Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad...”. 14 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala, el 7 de junio de 1999 y aprobada mediante Ley 2344 promulgada el 26 de abril de 2002. Depósito del instrumento de ratificación el 30 de mayo de 2003. En ese orden, el art. 4.1, señala: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.
contempladas por la Ley General del Trabajo.
Es decir, la garantía de inamovilidad laboral del trabajador, es para sí cuando tiene alguna discapacidad y/o cuando tiene una persona dependiente con discapacidad, que encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado.
Así el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; por lo que, la protección otorgada a los trabajadores o servidores públicos que presten servicios en los sectores público o privado, se extiende a este dependiente discapacitado, instituyendo así una tutela reforzada, en razón a la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, con la salvedad que su despido se opere por las causas señaladas por ley a través de un debido proceso. Razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.
En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que, de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley.
tengan personas con discapacidad bajo su dependencia
Conforme se señaló anteriormente, el problema jurídico material es el mismo cuando se busca la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia. Esto significa que, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija la o el justiciable (denunciando incumplimiento de conminatoria de reincorporación o, en su caso, despido vía tutela directa), la concesión de la tutela, en uno u otro caso, debe ordenar los efectos jurídicos más favorables, asumiéndose como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal (Por todas, la SC 0897/2011 de 6 de junio y SCP 1662/2012 de 1 de octubre), toda vez que la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales. Estos son:
a) La concesión de la tutela de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, tiene efectos de una tutela definitiva, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o a través de una 16 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, conforme lo entendió la SC 0897/2011 de 6 de junio, "(...) se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de ‘verdad material’, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos”. 17 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener: “(.) el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.
tutela directa.
La concesión de la acción de amparo constitucional - ordenando el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y demás derechos sociales, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo o, en su caso, a través de una tutela directa por la justicia constitucional que ordene la reincorporación- tiene efectos de una tutela definitiva, hasta que no existan causales que justifiquen debidamente su despido, conforme lo dispuesto en el art. 34.II LGPD.
En efecto, la eficacia de la concesión de la tutela a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia es definitiva, contrariamente a lo que ocurre con el resto de los trabajadores a quienes sí se les otorga únicamente una tutela provisional y transitoria hasta que la jurisdicción laboral defina su situación, conforme lo entendió la SCP 0177/2012. De otro lado, la inexigibilidad de agotar las vías administrativas o judiciales laborales por las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, es porque estas vías no resultan eficaces para reparar la afectación de la garantía de inamovilidad laboral, eficacia del medio (administrativo o judicial) medido después del examen de la condición de vulnerabilidad de los justiciables que pertenecen a grupo de atención prioritaria y de protección reforzada. Un entendimiento en contrario, los condenaría a una protección tardía.
En ese orden, es necesario aclarar que ocurre cuando el empleador impugna a través de los recursos de revocatoria y jerárquico la conminatoria laboral de reincorporación y, en ese sentido está pendiente de resolución o, en su caso, a tiempo de la interposición de la acción de amparo constitucional ya existe una resolución administrativa emitida por el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social, que revocó tal conminatoria.
Al respecto, corresponde señalar que la tutela que se otorgue en favor de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, tiene efectos de una tutela definitiva, por las siguientes razones:
1) Si bien el el DS 0495 de 1 de mayo de 2010, reconoce el derecho del empleador a impugnar la conminatoria de reincorporación a través de los recursos de revocatoria o jerárquico, conforme lo entendió la SCP 0591/2012 de 20 de julio en una acción concreta de inconstitucionalidad, razonamiento jurisprudencial refrendado por la SCP 177/2012que de igual forma reconoció que el empleador puede a acudir tanto a la vía administrativa como la jurisdiccional laboral, para hacer valer sus derechos, subrayando que la concesión de la tutela es solo provisional; sin embargo, dichas sentencias fueron pronunciadas en base a la norma reglamentaria prevista en el DS 0495, aplicable únicamente a trabajadores comunes, esto es, que no están bajo la garantía de inamovilidad que les asiste a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia.
2) El DS 0495 mencionado, es norma reglamentaria general respecto de la norma especial contenida en el art. 34.II de la LGPD que reconoce la garantía de inamovilidad a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad, ante un despido injustificado, protección que no es absoluta por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo y, por lo mismo, en mérito al 19 La SCP 0366/2016-S3 de 15 de marzo, cita la SCP 0591/2012 de 20 de julio y señala: “No obstante lo anterior, es preciso aclarar que ambos razonamientos jurisprudenciales al presente, precisan ser adecuados a la declaración de inconstitucionalidad de la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV del artículo 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495; y de la RM 868/10 (SCP 0591/2012 de 20 de julio); declaración que de manera provisional, esto es '...hasta que el Órgano Legislativo dicte las normas específicas que requiere la potestad administrativa de resolver conflictos laborales’, derivó la eventual impugnación de la Conminatoria de reincorporación, en sede administrativa, a través del trámite previsto por los arts. 56 a 68 de la LPA, lo que por cierto no es óbice, como lo aclara la referida SCP 0591/2012, para la ejecución inmediata de la Conminatoria de reincorporación, una vez que ésta fue pronunciada”. 20 La SCP 0177/2012. Señala: “2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.
principio de especialidad de la norma, que determina que "...ntte una concurrencia aparente de disposiciones legales sobre una materia, surge el principio de especialidad de la norma, por el cual una normativa especial prevalece sobre una de carácter general por ser la más adecuada al caso...” (SCP 2569/2012 de 21 de diciembre y SCP 0023/2018-S2, de 28 de febrero) se aplica norma especial.
3) La justicia constitucional, abre su competencia para hacer cumplir únicamente decisiones administrativas de reincorporación, lo que supone que así esté pendiente de resolución un recurso de revocatoria o jerárquico, o exista una resolución que hubiere revocado una conminatoria de reincorporación, o finalmente se hubiere abierto la vía jurisdiccional laboral por el empleador, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, criterio además que es coherente cuando la jurisprudencia es uniforme en señalar que no es necesario agotar ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer el amparo. b) La concesión a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, debe reconocer todos los derechos involucrados, vía cumplimiento de una conminatoria de reincorporación o, a través de una tutela directa
Anteriormente se subrayó que la protección de la garantía de inamovilidad a las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, implica además la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden el derecho al trabajo, sumándose el derecho a la salud, el derecho a seguridad social, el derecho a la vida digna. Ahora bien, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo puede proteger todos los derechos involucrados, o puede tutelarlos de manera parcial o, en su caso, de manera distorsionada. Frente a ello, la jueza, el juez o tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, no están impedidos por el contrario, pueden y deben ordenar -producto de la concesión de la tutela-: i) El cumplimiento total de la conminatoria, cuando esta reconoce todos los derechos involucrados; ii) Ampliar la protección a otros derechos que no se hubieran reconocido en la conminatoria laboral; y, iii) Reconducir los efectos jurídicos de la conminatoria, cuando protege de manera distorsionada los derechos involucrados. En suma, pueden y deben modificar los efectos jurídicos de la conminatoria, siempre y cuando la modificación sea más favorable a lo asumido por la Jefatura Departamental del Trabajo, al amparo de los criterios de interpretación pro homine y de favorabilidad contenidos en los arts. 13.IV y 256 de la CPE.
En ese orden, la conminatoria de reincorporación no dispone el pago de sueldos devengados desde el día de la desvinculación laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, conforme la jurisprudencia uniforme contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0058/2018-S2 de 15 de marzo, 0060/2018-S2, de 15 de marzo y 0108/2018-S2, de 11 de abril, entre otras, corresponde a la justicia constitucional disponer su pago.
Claros, Zambrana y Bayá en su obra “Derechos Humanos” definen –desde un marco de doctrina constitucional– al derecho al trabajo como actividad humana en la que la persona compromete y empeña su esfuerzo intelectual y/o manual para lograr la conservación y bienestar material suyo, y de su familia, de la sociedad y el Estado; de ahí que, a partir de dicho concepto es posible señalar que el derecho al trabajo es la vía para garantizar una vida digna. Asimismo, los referidos autores manifestaron que el derecho al trabajo se configura en una doble dimensión: a) Por un lado se tiene el derecho a trabajar entendido como la potestad de toda persona de acceder a un trabajo de acuerdo a las oportunidades que se generan, siendo una de las principales obligaciones del Estado el establecer mecanismos de protección para asegurar iguales oportunidades para conseguir un puesto de trabajo, vale decir precautelando el Estado que las condiciones para acceder a una fuente laboral no puedan ser manipuladas arbitrariamente para favorecer a determinadas personas sino que todas puedan acceder en igualdad de condiciones; y, b) Por otra parte, se encuentran los derechos en el trabajo, que se constituyen en el conjunto de condiciones, calidad o circunstancias que garantizan al trabajador un trato digno y equitativo. Entre ellas: Capacitación del trabajador y condiciones adecuadas de trabajo; jornada limitada; descanso y vacación; retribución justa; seguridad social; participación en las ganancias, con control de la producción y colaboración en la dirección; estabilidad laboral, entre otras. Ahora bien, refiriéndonos al marco normativo del derecho al trabajo, la Constitución Política del Estado estableció:
Artículo 46. Toda persona tiene derecho: I.
1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Artículo 48. I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.
de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.
VII. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.
Artículo 49. I. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. II. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales. III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Asimismo, en relación al derecho al trabajo, son varios instrumentos internacionales que hacen referencia al mismo; así, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también hace alusión al derecho al trabajo; en tal sentido, determina:
Artículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Ahora bien, en el marco jurisprudencial, la SC 1169/2006-R de 20 de noviembre, sostuvo que el derecho al trabajo se constituye en:
…la potestad, capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual” (SSCC 1841/2003-R y 1215/2004-R, entre otras, siguiendo el precedente sentado por la SC 1132/2000-R, de 1 de diciembre), y que no sólo se refiere a la posibilidad de acceder a un trabajo en las condiciones que señale la ley, sino que existiendo ya una relación laboral, su salida también debe obedecer a las estipulaciones normativas que la regulan, no pudiendo retirárselas, en su caso, sino previo proceso y por las causales establecidas en los instrumentos normativos al efecto… (las negrillas nos corresponden). Bajo ese marco normativo y constitucional, cabe señalar que la protección del derecho al trabajo no se limita al acceso al mismo sino también a su ejercicio en condiciones dignas y justas, esta última dimensión que se ve lesionada por distintos comportamientos como el acoso laboral que se constituye en toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. Aunado a lo anterior, cabe precisar que, existen muchas maneras de acoso laboral, así, la Sentencia T-317/20 la Corte Constitucional de Colombia (al igual que la cartilla elaborada por la Defensoría del Pueblo el 2014) las agrupa en:
(i) Maltrato laboral, entendido como cualquier acto de violencia contra la integridad física o moral, o la libertad sexual, que lesione los derechos a la intimidad y al buen nombre; (ii) Persecución laboral, se configura con la ocurrencia reiterada de conductas arbitrarias, que permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador;
(iii) Discriminación laboral, trato diferenciado en razón de los criterios prohibidos expresamente en el artículo 13 de la Constitución Política;
(iv) Entorpecimiento laboral, que se presenta al obstaculizar el cumplimiento de las labores asignadas, retardarlas o hacerlas más gravosas; (v) Inequidad Laboral, definida como la “asignación de funciones a menosprecio del trabajador”; y,
(vi) Desprotección laboral, tiene lugar mediante aquellas conductas tendentes a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador al llevarlo a cumplir órdenes, sin la observancia de los requisitos mínimos de protección y seguridad.
En esa misma línea, la indicada Cartilla elaborada por la Defensoría del Pueblo el 2014, estableció que los actos que constituyen en acoso laboral son:
• Amenazas de destitución o despido. •Descalificación humillante de las propuestas u opiniones de trabajo profesional o técnica. • La alusión a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona que afecte su dignidad. • La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada, asignándole objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, salvo que se trate de una situación de emergencia o de urgencia o imprevisto debidamente justificable y demostrable. • La exigencia injustificada de prestar servicios en horarios excesivos respecto a la jornada laboral legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia reiterada de trabajar en días no laborables sin ningún fundamento ni que respondan a las necesidades de la entidad, o en forma discriminatoria respecto a las demás servidoras o servidores públicos. • El brusco cambio decidido unilateralmente del puesto de trabajo o de la labor contratada si ningún fundamento ni que responda a la necesidad de la entidad. • Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar. • La negativa a proporcionar documentos e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. • Los actos de agresión física entendidos como cualquier tipo de contacto físico, aquellas amenazas físicas veladas, como ser levantar la mano, acercamiento de caras con gritos y/o gestos hoscos u otros, o cualquier tipo de acto que tenga como consecuencia una afectación física que no constituya delito. • Las manifestaciones verbales con gritos, expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, comentarios hostiles y humillantes de descalificación con utilización o no de palabras soeces dentro del ámbito laboral cuando está sola o en presencia de otras personas. • Las denuncias, instauración de procesos y sanciones administrativas y/o disciplinarias injustificadas. • La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. • Someter al sujeto pasivo a una situación de aislamiento social, ignorándolo o excluyéndolo, hablando solo a una tercera persona presente, simulando su no existencia o su no presencia física en la oficina, o en las reuniones a las que asiste.
Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente
“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:
“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde”. De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que 23 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 24 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-.
Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE. Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:
“Artículo 16.- (Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo. Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.
II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.
III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.” De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo despues de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados, 2) Son cumplidos parcialmente, 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, a la vida y a la salud; toda vez que, fue despedido injusta e ilegalmente, sin tomar en cuenta que fue contratado supuestamente a plazo fijo como funcionario regular de planta, sin embargo a través de una serie de memorándums, fue cambiando de funciones, con la característica común que todos los cargos corresponden a un funcionario regular de planta, con funciones propias y permanentes del giro de la empresa, con lo que queda demostrado que es funcionario sujeto a contrato de tiempo indefinido de Y.P.F.B., habiendo trabajado inclusive hasta el 8 de enero de 2021 por órdenes verbales del Administrador de la Regional Comercial Tarija de Y.P.F.B.; además tiene un hijo con discapacidad permanente del 51%, cuya situación hizo conocer mientras duró la relación laboral mediante notas formales; por todas estas razones, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija que emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS JDTT RPT- 013/2021 de 22 de febrero, a la cual el empleador hizo caso omiso. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene como antecedente que, el Gerente de Talento Humano Corporativo de Y.P.F.B., comunicó a Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, que en cumplimiento del Memorándum PRS-TH-9205/2020, se procedería a su contratación a plazo fijo hasta el 31 de diciembre, como Operador de GLP III (Conclusión II.2); en cumplimiento a dicho memorándum, se lo contrató a Plazo Fijo hasta el 31 de diciembre del mismo año, como Administrador de EESS C- Las Américas (Conclusión II.3); en virtud a ésta última nota, se tiene un contrato a plazo fijo de 6 de mayo de 2020 (Conclusión II.4); asimismo, en cumplimiento al Memorándum PRS-TH-0370/2020, le asignaron funciones como Auxiliar Administrativo de EESS (Conclusión II.6); posteriormente por memorial de 21 de septiembre y nota de 25 de septiembre, ambos del citado año, el ahora impetrante de tutela, solicitó inamovilidad laboral, al tener bajo su cargo un hijo menor de edad con discapacidad múltiple, para lo cual presentó el Certificado de Nacimiento y el Carnet de Discapacidad 127685 (Conclusiones II.1, II.7, II.8 y II.9); producida su desvinculación laboral, mediante Conminatoria de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT- 013/2021 de 22 de febrero, el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija conminó a la Empresa Y.P.F.B. a la reincorporación laboral de Horacio Celsinio Gutiérrez Siles (Conclusión II.10); sin embargo por Resolución Administrativa MTEPS-JDTT- 018/2021 de 7 de abril, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de Tarija, se resolvió revocar totalmente dicha Conminatoria (Conclusión II.11).
Ahora bien, descritos los antecedentes, considerando que la parte demandada en audiencia de esta acción tutelar, hizo alusión a ciertos aspectos que considera esenciales para determinar la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional, corresponde dilucidar dichos argumentos; en tal sentido, refirió que:
a) El accionante interpuso su acción en contra del Distrital Comercial de Tarija en representación de Y.P.F.B.; sin embargo, el mismo no cuenta con representación legal; toda vez que, según el art. 6 del DS 28324 de 1 de septiembre de 2005 “la Dirección y Representación de Y.P.F.B. estará a cargo el Presidente Ejecutivo, con las facultades y atribuciones conferidas por las disposiciones legales pertinentes y los presentes Estatutos” (sic). En este punto, cabe señalar que la SCP 0642/2017-S1 de 27 de junio refirió que la legitimación pasiva deberá ser flexibilizada 27 SCP 0642/2017-S1 de 27 de junio
La desarrollada legitimación pasiva deberá ser flexibilizada tratándose de la interposición de acciones de amparo constitucional cuando el objeto sea el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, siempre y cuando dicha conminatoria haya sido emitida contra la MAE de la entidad demandada y la acción tutelar interpuesta contra un funcionario de la misma institución en dependencia directa de la MAE; salvedad o flexibilización que se realizará en mérito a que el error en la identificación del demandando dentro de tal acción tutelar no genera duda respecto al hecho de que a favor del impetrante de tutela, se emitió la conminatoria de restitución; dicho de otra forma, el hecho que el accionante hubiese omitido señalar como demandada o codemandada a la MAE, autoridad a la que fue dirigida la respectiva conminatoria de reincorporación, no causa confusión o incertidumbre sobre lo dispuesto en ella; a pesar a esa omisión, la disposición de reincorporación persiste a favor del trabajador y aun siendo otra la persona o autoridad demandada -siempre y cuando pertenezca a esa entidad y hubiese sido la persona o autoridad que firmó su despido- la reincorporación debe ser cumplida; esa excepción, debe darse en el entendido que al tratarse de derechos sociales, emergentes de un despido ilegal, no pueden ser soslayados por omisiones formales, debiendo prevalecer la verdad material, en atención a la importancia que tienen los derechos laborales enmarcados en nuestra normativa eminentemente proteccionista al trabajador -a su vez accionante-; toda vez que, ya fue objeto de un despido intempestivo que le ocasionó perjuicios y que luego de haber agotado la instancia administrativa y acudido al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, con el objeto de lograr su reincorporación, misma que una vez dispuesta no podía ser incumplida por motivo alguno; no obstante, al no haber sido acatada por el empleador se le está vulnerando sus derechos al trabajador por segunda ocasión; por lo que, emergente de ese incumplimiento, acudió a la instancia constitucional en busca de la restitución de sus derechos más primarios de los que emergen otros importantes como el de alimentación, salud y educación de todo su entorno familiar; mismos que no pueden seguir siendo lesionados, por un error formal a momento de la interposición de la presente acción de defensa.
La flexibilización desarrollada, deviene de la atención prioritaria a los derechos sociales, en el entendido que el impetrante de tutela al haber sido despedido sin justa causa, afirmación realizada del hecho que el Ministerio de Empleo y Previsión Social, emitió una conminatoria de reincorporación a su favor, misma que fue incumplida por la autoridad que ordenó en la correspondiente resolución laboral, lesionando sus derechos en dos ocasiones consecutivas, la primera a momento de ser despedido injustamente y la segunda cuando el obligado al materializar su inmediata reincorporación no acató la conminatoria; por lo que, no sería ecuánime, el permitir que tratándose de la interposición de acciones de amparo constitucional cuando el objeto sea el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, siempre y cuando dicha conminatoria haya sido emitida contra la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad demandada y la acción tutelar interpuesta contra un funcionario de la misma institución en dependencia directa de la MAE. Ahora bien, la presente acción de defensa no fue dirigida contra el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. sino contra Oscar Rossinver Loayza Colque, Distrital Comercial de la referida empresa estatal. Al respecto, teniendo presente que la finalidad de esta garantía constitucional es la efectiva protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde aplicar la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0642/2017-S1 de 27 de junio, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. En ese entendido, la flexibilización de la legitimación pasiva, debe entenderse a efectos de un real acceso a la justicia constitucional y no así como una abstracción de uno de los requisitos de admisibilidad que hace a la acción de amparo constitucional. Consiguientemente, si bien la acción fue dirigida contra el referido funcionario de Y.P.F.B. y no contra su Presidente Ejecutivo, ello no constituye un impedimento para efectuar el examen de la problemática planteada y determinar si los efectos de las vulneraciones señaladas persistan contra los derechos del trabajador -que ya agotó la instancia administrativa-únicamente porque el mismo haya omitido demandar a la persona o autoridad que quedaba reatada al cumplimiento de la conminatoria a su favor.
Una vez precisado lo expuesto precedentemente, es menester delimitar los casos en los que es procedente la flexibilización referida; es decir, establecer los presupuestos que deben darse en un caso en concreto para que sea viable acogerse a la misma: a) Que la conminatoria de reincorporación laboral haya sido emitida contra la MAE y/o el servidor público que suscribió el memorándum de despido, otro análogo o contra ambos -tratándose de instituciones públicas-; para el caso de la empresa privada, dicha conminatoria sea dirigida a su máxima instancia ejecutiva y/o el empleado que suscribió el memorándum de despido, también de forma indistinta o contra ambos; y, b) La conminatoria de reincorporación, deberá ser notificada a cualquiera de las autoridades o personas descritas en el inciso anterior, garantizando que la obligación de reincorporación sea de fehaciente conocimiento.
Para el caso de la administración pública, debe tenerse presente que de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad pública, las mismas, delegan la facultad de extinción de relaciones laborales, vía despido, destitución, agradecimiento de servicios o cualquier forma análoga, a distintos servidores públicos, pudiendo ser Directores, Jefes, Encargados u otros; por lo que, la delegación que al ser potestativa de la MAE, no es de libre acceso ni conocimiento de los trabajadores, de ahí que no le es exigible al trabajador, el conocer si existe o no tal delegación en sus diferentes componentes; dado que, al estar delegada la facultad de destitución también lo puede ser la de contratación o reincorporación, aspectos que como se anotó no son de libre acceso ni conocimiento del trabajador; en consecuencia, en base al principio de buena fe y legalidad de los actos de la administración pública, el acto de destitución se considera revestido de legalidad y presunción de legitimación, teniendo el referido funcionario, plena legitimación pasiva para ser demandado; conclusiones a las que se arriban previsto en el art. 7.II de la Ley de Procedimiento Administrativo “El delegante y el delegado serán responsables solidarios por resultado y desempeño de las funciones, deberes y atribuciones emergentes del ejercicio de la delegación, conforme la Ley No 1178, de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y disposiciones reglamentarias”, materializando así que tanto la autoridad delegante como el delegado, tienen las mismas responsabilidades por el acto, no pudiendo la MAE alegar desconocimiento ni falta de responsabilidad por el acto ejecutado por su servidor público delegado, generando con ello su plena legitimación pasiva para soportar los efectos de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, no le es exigible al trabajador destituido, conocer a ciencia cierta si quien suscribió el memorándum de despido, tiene facultades para reincorporarlo, ya que tal imposición se realiza en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y no consiste en la creación de un nuevo estatus jurídico del sujeto, sino en el restablecimiento del anterior, alterado por un ejercicio arbitrario y por ende ilegal de la facultad de destitución y/o despido. Igual lógica es aplicable a las entidades privadas, en las cuales su máxima autoridad sean Directores, Consejos, Gerencias Generales y otras análogas, no pueden alegar desconocimiento de los actos en materia de personal, ejecutados por sus empleados de rango inferior.
se vulneraron los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud, considerando que se trata de autoridades que pertenecen a la misma institución y que por efecto de la delegación de funciones, en muchos casos, los trabajadores desconocen si quienes ejercen funciones delegadas por la MAE, pueden ser demandados por el incumplimiento de conminatorias de reincorporación laboral.
b) La acción de amparo constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesta mientras que no se haga uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, es decir que mientras la autoridad administrativa activada, ─el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social─ no resuelva dicha denuncia de reincorporación presentada por el ahora accionante, no se cumple con el principio subsidiario desarrollado. En el caso, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, determinó la reincorporación del trabajador contra la cual se interpuso el Recurso de Revocatoria, que fue resuelto por la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija, disponiendo la revocatoria de la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT- 013/2021, resolución contra la cual la parte accionante no interpuso recurso alguno, por lo cual concurre el principio de subsidiariedad. Al respecto la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, señaló que los trabajadores con discapacidad o que tengan personas dependientes, tienen dos vías de protección de sus derechos: 1) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional sin el agotamiento de ninguna vía judicial administrativa; y, 2) La tutela a través de la acción de amparo constitucional vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo; asimismo la misma jurisprudencia señala que ambas vías tienen un mismo acto lesivo cual es el despido de las personas con discapacidad o de trabajadores que tengan personas bajo su dependencia y en ambos casos por cualquiera de las dos vías se busca la garantía de la inamovilidad laboral de los mismos. Ahora la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2.1 ha señalado que independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija el justiciable, la concesión de la tutela debe ordenar los efectos jurídicos más favorables, asumiendo como criterio orientador el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, toda vez que la forma de acceso a la justicia constitucional no puede prevalecer sobre los derechos sustanciales. En observancia de las jurisprudencias citadas precedentemente, en el caso presente, esta Sala considera pertinente analizar el despido efectuado contra el accionante, anunciando la línea del acceso directo de la tutela por la acción de amparo constitucional, independientemente de la existencia de un recurso pendiente, a través de la vía administrativa, esto en prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, e ingresar al análisis del fondo del asunto, obviando el trámite efectuado por el accionante ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, por lo que se ingresará a considerar si es correcto o no el despido denunciado.
Efectuadas las consideraciones previas, no existiendo óbice para ingresar al análisis del caso concreto, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto la autoridad demandada actuó apartándose de la normativa vigente, lesionando sus derechos; en tal sentido, se tiene que: El accionante fue contratado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2020, habiendo realizado tareas como operador de GLP III, administrador de EESS C- Las Américas, y auxiliar administrativo de EESS; el 21 de septiembre del mismo año solicitó inamovilidad laboral al Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. Tarija, al tener bajo su cargo a su hijo NN, con discapacidad múltiple – deficiencia intelectual, para lo cual presentó el Certificado de Nacimiento y el Carnet de Discapacidad 127685. Al fenecimiento de su contrato, el solicitante de tutela acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual emitió la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-JDTT-RPT-013/2021 para que proceda a la reincorporación del trabajador, al mismo cargo que venía desarrollando y con la misma remuneración. Sin embargo, posteriormente dicha Conminatoria fue revocada por Resolución Administrativa MTEPS-JDTT- 018/2021.
De lo señalado precedentemente, si bien la Conminatoria de Reincorporación fue revocada, no obstante de ello, estas vías son independientes de la tutela directa y definitiva que otorga la justicia constitucional a las personas con discapacidad o de aquellos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia, criterio además que es coherente cuando la jurisprudencia es uniforme en señalar que no es necesario agotar ninguna vía administrativa o judicial antes de interponer la acción de amparo constitucional. Al respecto, es pertinente hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por el cual se sostuvo que el Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa; además que las personas con discapacidad y/o tengan bajo su dependencia, gozarán de una tutela reforzada, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral para quienes necesitan de la protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo del trabajador también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida del grupo familiar a quienes el Estado tiene la intención de proteger. En ese fin los empleadores están impedidos de desvincular a un dependiente con las condiciones antes citadas, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta; motivo por el cual a pesar de la protección general que se tiene a los trabajadores, es preciso señalar la protección especial o reforzada que corresponde a los trabajadores por ciertas circunstancias excepcionales, como es el caso de un padre que tiene bajo su cargo a un menor con discapacidad, a quienes les corresponde el derecho de inamovilidad laboral, por el cual no pueden ser removidos, desmejorados o trasladados de su fuente laboral. En el presente caso, Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, ahora peticionante de tutela, mediante memorial de 21 de septiembre de 2020, dirigido a Richard Botello, Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. Tarija; y, Nota de 25 de septiembre ambos del citado año, dirigida a Hugo Efrain Rivera, Distrital Comercial Tarija (Conclusiones II.7 y II.8), hizo conocer la discapacidad de su hijo y presentando el “Carnet de Discapacidad”, mediante el cual se evidencia su tipo de deficiencia; corroborando de esta forma la inamovilidad laboral de la que goza por la condición del menor a su cargo. De esta forma, se establece que Y.P.F.B. tenía conocimiento sobre la situación del menor, tras haberse demostrado su condición. En ese entender, la autoridad demandada inobservó la normativa y jurisprudencia vigente atinente a los trabajadores con inamovilidad laboral por ser persona que tiene a su cargo un menor con discapacidad, realizando su desvinculación sin tomar en cuenta los antecedentes mencionados, vulnerando de esa forma el derecho a la inamovilidad laboral del ahora accionante, motivo por el cual corresponde conceder la tutela reforzada a su favor. El peticionante de tutela denunció también la vulneración de su derecho al trabajo, en lo concerniente a este punto, es necesario hacer referencia al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el derecho al trabajo es una actividad humana en la que la persona compromete y empeña su esfuerzo intelectual y/o manual para lograr la conservación y bienestar material suyo y de su familia, de la sociedad y el Estado; de ahí que, a partir de dicho concepto es posible señalar que el derecho al trabajo es la vía para garantizar una vida digna. Ahora bien, de lo referido, el derecho al trabajo debe ser comprendido desde dos dimensiones; la primera que es la potestad de toda persona de acceder a un trabajo; y, la segunda que se constituye en el conjunto de condiciones, calidad o circunstancias que garantizan al trabajo un trato digno y equitativo, de donde resulta evidente que el solicitante de tutela al haber sido desvinculado de su fuente laboral, existiría una conducta arbitraria que se encuentra latente, ya que, es lesiva a sus derechos; pues su ejercicio afecta no solo al mismo, sino que repercute en la situación del menor que se encuentra bajo su cuidado, lo cual significa la erogación de mayores gastos; por lo tanto, resulta razonable inferir la existencia de la lesión a todas luces del derecho al trabajo. En cuanto a la vulneración de los derechos a la salud y a la vida reclamados; incumbe señalar que, tras su desvinculación laboral, es incuestionable la lesión a estos derechos en razón a que se puso en riesgo su ejercicio material, al privarle del acceso regular al seguro médico y social, así como también afectar su calidad de vida sin los ingresos mensuales destinados a satisfacer, entre otras, las necesidades básicas del padre y el menor; máxime considerando la condición de discapacidad que presenta el hijo del accionante. A lo señalado, incumbe puntualizar que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sustenta sus razonamientos en el estándar más alto de protección de los derechos del impetrante de tutela y del menor con discapacidad que, conforme a la jurisprudencia constitucional señalada, merecen una protección reforzada por parte del Estado al pertenecer a un sector vulnerable; criterio que tiene basamento constitucional en el art. 9.4 de la CPE al prever como uno de los fines y funciones del Estado “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, Y.P.F.B., esta impelido a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional, en este sentido, debe reincorporar al accionante al mismo cargo y nivel salarial; así como el pago de todos los beneficios sociales y sueldos devengados desde su desvinculación, so pena de ser inclusive sancionado por el Tribunal de garantías, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento de la parte accionada, la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija constituida en Tribunal de garantías debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida se otorga la tutela sobre los derechos a la inamovilidad laboral, derecho al trabajo, a la vida y salud que afectan directamente a la familia con incidencia directa al hijo menor de Horacio Celsinio Gutiérrez Siles que presenta la condición de discapacidad. En ese sentido, en el caso analizado, si bien la instancia administrativa de protección de derechos laborales en principio dispuso la conminatoria de reincorporación laboral del accionante que en la etapa recursiva, fue revocada totalmente; de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación, privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por ello, corresponde conceder la tutela al accionante: toda vez que, le asiste el derecho a la inamovilidad laboral en razón a la discapacidad de su hijo menor de edad.
Consiguientemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 41/2021 de 7 de junio, cursante de fs. 160 a 164 vta., emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela en relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida.
a) Disponer la inmediata reincorporación del accionante al mismo cargo y nivel salarial; y, b) El pago de los haberes devengados desde el día de su desvinculación hasta el día de la reincorporación efectiva a su fuente laboral, más el pago de derechos laborales que correspondan. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
5 El FJ III.2.1, expresa: “No obstante sobre el pago de sueldos devengados, se debe establecer que la justicia constitucional no se encuentra habilitada a determinar la dimensión ni la cuantía, pues si bien es posible materializar una eventual reincorporación; el pago de salarios, no puede operativizarse a través de esta justicia constitucional, ya que deberán ser la propias autoridades administrativas y/o judiciales que determinen en qué medida corresponden dichos pagos, pues ellos deben emerger de un acervo probatorio en el que se pueda demostrar la justa medida de los mismos, así al establecerse en la conminatoria de manera genérica el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales, deberá ser la propia autoridad administrativa o la jurisdicción laboral la que dimensione el alcance esa disposición”.
6 Disponible en: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/fichaResultado/16434. 7El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
8 El párrafo 26, sostiene: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”.
9 El párrafo 27, refiere: “La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63.1 de la Convención, debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desiderátum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el caso presente. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una 'justa indemnización' en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida”.
interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada. 3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral.
12 La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en su FJ III.2.1, citando la SCP 0367/2012, enfatizó que tanto los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional ante de realizar la fundamentación normativa y la motivación fáctica de las resoluciones constitucionales que emitan, deben identificar de manera resumida y clara el o los problemas jurídicos que deberán resolver, en cuya formulación, “...deben tomarse en cuenta tres elementos que conforman un problema jurídico, esto es, los actos u omisiones ilegales denunciados por la parte accionante (acto lesivo), en los que hubiera incurrido la o las autoridades o persona o personas demandadas, vinculadas con los derechos o garantías supuestamente lesionados, suprimidos o amenazados de restricción o supresión, con el amparo solicitado; es decir, la petición”.
15 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales”.
18 La SCP 177/2012, en el FJ. III.3. señala que la competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria, sin que corresponda analizar la fundamentación o la legalidad de dicha determinación; pues, esa labor es propia de la jurisdicción laboral, que podrá ser activada por el empleador si considera que la conminatoria resulta ilegal, con independencia de la concesión de la tutela por la justicia constitucional; pues esta concesión -se reitera- resulta provisional, hasta que la jurisdicción laboral defina la situación de la o el trabajado. Por ello, "... aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos: “2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada”.
21 Sobre la aplicación del principio de especialidad de la norma, en problemas de relevancia, ver la SCP 0023/2018-S2, de 28 de febrero, en su FJ.III.6.
22 La SCP 0987/2017-S2 de 18 de septiembre -en un caso de reincorporación laboral de un trabajador que pese a que no era progenitor- entendió que la conminatoria de reincorporación, debe cumplirse en su totalidad y, en ese sentido, si esta dispone el pago de salarios devengados, no puede cumplirse la reincorporación dejando de lado dicho pago. En efecto, en su FJ.III.2 señaló: "(...) cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la jurisdicción constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación.’; así como de los principios de protección de los trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria’”.
jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”.
25 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”
26 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0940_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1ae88ea9216b349d7dc24925a0651065bd84bb5d1264a16cfdc4e8eb17159f3a
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