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SCP 0939/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54211-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, a la motivación y congruencia de las resoluciones, así como a ser juzgado sin dilaciones indebidas; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Miguel Luna Merma y su persona, por la presunta comisión del delito de violación agravada; el Juez -ahora codemandado-, mediante Auto Interlocutorio 466/2022 de 10 de septiembre, dispuso su detención preventiva. Posteriormente, el Fiscal de Materia -ahora codemandado-, remitió la Resolución de Acusación Formal 602/2022 de 14 de diciembre, contra el coimputado; sin embargo, en dicha resolución no hacen referencia ni resuelven su situación jurídica. La Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de El Alto -ahora demandadas-, habiendo tomado conocimiento de dicha acusación formal, remitida por la autoridad codemandada, radicaron la causa con el mismo CUD: 201503022200633, asumiendo competencia. El 17 de febrero 2023, sorpresivamente el Juez codemandado, desarrolló la audiencia de situación jurídica. Las Juezas demandadas, de forma paralela, continuaron con el proceso, creando una incertidumbre jurídica y disfunción procesal. La Secretaria -ahora codemandada-, no participó de la audiencia de situación jurídica, delegó sus funciones al personal Auxiliar -ahora codemandada-, quien remitió el proceso con acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, sin advertir los errores procedimentales.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme al fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el debido proceso y los presupuestos para su activación a través de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0939/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54211-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Victoria Pabón Quispe en representación sin mandato de Franz Gonzalo Apaza Pabón contra Claudia Clara Estrada Callisaya, Lidia Claudia Coronel Blanco y Malena Lenny Cazana Apaza, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto; Javier Rolando Chaca Quina y Lisbeth Hidalgo Urquizo, Juez y Auxiliar, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto; y, Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero, en suplencia legal, todos de El Alto del departamento de La Paz; y, Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de febrero de 2023, cursante de fs. 80 a 111, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Miguel Luna Merma y su persona, por la presunta comisión del delito de violación agravada; el Juez -codemandado-, mediante Auto Interlocutorio 466/2022 de 10 de septiembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de cinco meses. Posteriormente, el Fiscal de Materia, -ahora codemandado-, remitió la Resolución de Acusación Formal 602/2022 de 14 de diciembre, contra el otro coimputado ante el referido; sin embargo, en dicha acusación no hicieron referencia ni resolvieron su situación jurídica. La Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto -ahora demandadas-, al tomar conocimiento de dicha acusación formal, remitida por la autoridad codemandada, radicaron la causa con el mismo Código Único de Denuncia (CUD) 201503022200633, asumiendo competencia. Mediante memorial, planteó conflicto de competencias; empero, no tomaron en cuenta su petición.

El 17 de febrero 2023, sorpresivamente el Juez codemandado, desarrolló la audiencia de situación jurídica, a través de la cual amplió su detención preventiva por el lapso de veinte días; sin embargo, las Juezas demandadas, de forma paralela, independiente; y, unilateral continuaron con el proceso, creando una incertidumbre jurídica y disfunción procesal, porque ambos reconocen su competencia, a vista y paciencia del Ministerio Público; asimismo, habrían restringido actos investigativos, además no respondieron a su memorial de petición de sobreseimiento.

La Secretaria -ahora codemandada-, no participó de la audiencia de situación jurídica, delegó sus funciones al personal auxiliar, limitándose a firmar las actas de dicho acto, validando todas las decisiones de la autoridad demandada. Informó que los obrados de José Miguel Luna Merma -coimputado-, se encuentran bajo el control jurisdiccional del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de El Alto; y, con referencia a sus actuados, se hallan en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto, reconociendo la división del proceso.

La Auxiliar -ahora codemandada-, es quien remitió el proceso con acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, no teniendo el cuidado necesario de advertir los errores procedimentales, además no colaboró a la Secretaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal de las partes a la motivación y congruencia de las resoluciones; y, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, citando al efecto los arts. 15.I y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) “…EL CESE INMEDIATO DE SU PROCESAMIENTO INDEBIDO…” (sic) y se ordene la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva de su persona, conminando al Fiscal de Materia presente resolución en su favor, en el plazo de veinticuatro horas por estar ilegalmente detenido; y, b) “SE ESTABLEZCA LA RESPONSABILIDAD CONFORME EL ART. 39 PARRAFO II DE LA LEY 254 DEL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL…” (sic); determinando, la remisión de una copia de la Resolución a la Máxima Autoridad Administrativa del Consejo de la Magistratura y/o Fiscal Sumariante para el inicio de los procesos disciplinarios por la acción y omisión de sus deberes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 139 a 140 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola señaló que: 1) El Juez codemandado, tuvo el control jurisdiccional; empero, perdió competencia por el art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP); 2) Está indebidamente procesado por un conflicto de competencias; 3) No tuvo control jurisdiccional, aspecto que comunicó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero y recibió como respuesta que, solo llegaron actuados del coimputado José Miguel Luna Merma; 4) Presentó memoriales; sin embargo, solo reconoció al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto y no así al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto. El Fiscal de Materia -ahora codemandado- no le permitió producir pruebas; 5) Las Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto –demandadas-, no se pronunciaron respecto al doble juzgamiento. Corresponde otorgar tutela en cuanto a la acción de libertad contra las autoridades demandadas, por la vulneración de los derechos a la libertad, fundamentación, motivación y congruencia en sus resoluciones; 6) No recurrió a la acción de amparo constitucional, ante la exigencias de muchos requisitos, señalando la AC 0307/2017-RCA de 29 de agosto, en relación al art. 45 del CPP, referente a las excepciones; y, 7) El Fiscal de Materia codemandado, presentó memorial dirigido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto, solicitando la suspensión de la audiencia, motivo por el que a la fecha se desconoce su situación jurídica.

I.2.2. Informe de los demandados

Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 1 de marzo de 2023, cursante a fs. 137 y vta. y en audiencia de garantías, señaló que: i) En el requerimiento conclusivo de acusación formal, únicamente consignó al coimputado José Miguel Luna Merma, por la supuesta comisión del delito de violación con agravante; ii) Respecto al ahora accionante, por Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2023, se amplió el plazo de su detención preventiva; iii) El impetrante de tutela, refirió que no tendría competencia, cuando la SCP 0977/2016-S1 de 19 de octubre, estableció que la responsabilidad de cada uno de ellos es personalísima; iv) El proceso penal del accionante se tramita en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto y del otro coimputado se remitió al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto; y, v) Solicitó se deniegue la tutela.

Claudia Clara Estrada Callisaya, Lidia Claudia Coronel Blanco, Malena Lenny Canaza Apaza, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 1 de marzo de 2023, cursante a fs. 138 y vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: a) Se tiene radicado el proceso penal contra José Miguel Luna Merma, cuenta con imputación formal, Auto Interlocutorio de medidas cautelares y acusación formal, se vienen realizando actos preparatorios al tenor del art. 340 del CPP; asimismo, debe considerarse que si bien el art. 45 del mismo Código, hace referencia a la indivisibilidad de juzgamientos, también refiere “salvo las excepciones previstas en este Código”; y, b) No se vulneraron los derechos a la locomoción y la de defensa del accionante; el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2023, fue emitido en consideración a las competencias que determina el art. 52 del CPP y considerando el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, señaló que: 1) Inició investigaciones contra el accionante y José Miguel Luna Merma y con base en pruebas demostró su culpabilidad; ante ello fueron imputados; 2) Se tiene un Investigador asignado al caso, no se afectó ningún derecho constitucional del accionante; asimismo, para la audiencia de situación jurídica conminó al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la presentación de informes; y, 3) La acción de libertad, no puede ingresar a la jurisdicción ordinaria. Solicitó se deniegue la tutela.

Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz en suplencia legal, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 120.

Lisbeth Hidalgo Urquizo, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 118.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 141 a 145 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El abogado defensor del accionante, refirió dos supuestas vulneraciones: a) Existiría un doble procesamiento; y, b) No se tiene control jurisdiccional al existir dos autoridades jurisdiccionales para una misma causa, refiriéndose al art. 45 del CPP; ii) El impetrante de tutela a través de su abogado, refirió a la subsidiariedad manifestando que, “SE PODRIA DECIRSE QUE SE ACUDA A UNA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL PERO ESTA EXIGE MUCHOS REQUISITOS”; iii) Los arts. 125 de la CPE; y, 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen que la acción de libertad procede bajo cuatro vertientes: 1) Cuando corre peligro la vida del accionante, 2) Cuando esté ilegalmente perseguido, 3) Cuando esté indebidamente perseguido; y, 4) Cuando esté indebidamente privado de libertad; iv) El reclamo del impetrante de tutela, vía acción de libertad, no es viable sino que, debió de acudir a otra acción constitucional, que es la acción de amparo constitucional; v) La SCP 0099/2015-S1 de 13 de febrero, establece la existencia de diecisiete elementos que componen el debido proceso. El derecho a la defensa del accionante está garantizado, porque su abogado es quien asistió en su defensa en la jurisdicción ordinaria ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero y el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; vi) Respecto al Juez natural, el Fiscal de Materia codemandado, informó que existe una ampliación de imputación contra el accionante, donde se establece la existencia de una autoridad jurisdiccional ordinaria; vii) De acuerdo al informe del Juez codemandado, la imputación formal fue objeto de apelación, lo que demostró que el accionante admitió de manera directa la competencia de un Juez ordinario y/o natural que sería el Juez de Instrucción Penal Primero y el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; viii) Respecto a la presunción de inocencia, refirió que toda persona es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria que tenga la calidad de cosa juzgada; ix) El impetrante de tutela, refirió que estaría siendo procesado doblemente; sin embargo no presentó documentación que haya sido juzgado anteriormente; x) Existe una acusación formal en contra del otro imputado y que fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto; y, el otro imputado es el ahora accionante que está bajo la jurisdicción ordinaria del Juez de Instrucción Penal Cautelar Primero y el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, no habría un indebido procesamiento ni conflicto de competencias; y, xi) El abogado defensor del accionante en audiencia virtual, manifestó que acudía al Juzgado de Instrucción Penal Cautelar Primero de El Alto, para pedir autorización y presentar sus memoriales por la Oficina de Gestora de Procesos, sobre el CUD: 201503022200633.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal 356/2022 de 14 de junio, dirigida al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, contra de José Miguel Luna Merma, por la presunta comisión del delito de violación con agravante (fs. 8 a 11).

II.2. Consta Auto Interlocutorio 199/2022 de 15 de junio, mediante el que, el Juez ahora codemandado, dispuso detención preventiva para José Miguel Luna Merma (fs. 12 y vta.). II.3. A través de memorial de 26 de agosto de 2022, el Ministerio Público puso a conocimiento del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, ampliación de investigación contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación, bajo el CUD: 201503022200633 (fs. 13). II.4. Cursa Resolución de Acusación Formal 602/2022 de 14 de diciembre, contra José Miguel Luna Merma; así como proveído de 16 de ese mes y año, mediante el que, el Juez ahora codemandado, por Secretaria de su despacho previo sorteo y con nota de cortesía, ordenó su remisión al Tribunal de Sentencia (fs. 123 a 127). II.5. Cursa Auto Interlocutorio 114/2023 de 17 de febrero, por el que, el Juez ahora codemandado, dispuso ampliar el plazo de detención preventiva por veinte días al impetrante de tutela, mismo que fue apelado y ordenada su remisión en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada (fs. 128 a 129 vta.). II.6. Mediante, memorial de 17 de febrero de 2023, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, el accionante, planteó conflicto de competencias con el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto (fs. 32 a 33 y vta.). II.7. A través de proveído de 17 de igual mes y año, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, ante el planteamiento de conflicto de competencias con el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de El Alto, presentado por el ahora accionante, refirió que se tiene una acusación formal contra José Miguel Luna Merma; y, en virtud a las facultades del art. 52 del CPP, radicaron la causa (fs. 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, a la motivación y congruencia de las resoluciones, así como a ser juzgado sin dilaciones indebidas; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Miguel Luna Merma y su persona, por la presunta comisión del delito de violación agravada; el Juez -ahora codemandado-, mediante Auto Interlocutorio 466/2022 de 10 de septiembre, dispuso su detención preventiva. Posteriormente, el Fiscal de Materia -ahora codemandado-, remitió la Resolución de Acusación Formal 602/2022 de 14 de diciembre, contra el coimputado; sin embargo, en dicha resolución no hacen referencia ni resuelven su situación jurídica. La Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de El Alto -ahora demandadas-, habiendo tomado conocimiento de dicha acusación formal, remitida por la autoridad codemandada, radicaron la causa con el mismo CUD: 201503022200633, asumiendo competencia. El 17 de febrero 2023, sorpresivamente el Juez codemandado, desarrolló la audiencia de situación jurídica. Las Juezas demandadas, de forma paralela, continuaron con el proceso, creando una incertidumbre jurídica y disfunción procesal. La Secretaria -ahora codemandada-, no participó de la audiencia de situación jurídica, delegó sus funciones al personal Auxiliar -ahora codemandada-, quien remitió el proceso con acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, sin advertir los errores procedimentales.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el debido proceso y los presupuestos para su activación a través de la acción de libertad

La SCP 0026/2025-S3 de 27 de febrero, establece que: «La jurisprudencia constitucional de manera uniforme y reiterada, estableció que la tutela del derecho al debido proceso corresponde por regla general ser conocida y resuelta a través de la acción de amparo constitucional, por ser la vía idónea a tal fin.

Sin embargo, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, respecto al tema estableció el siguiente entendimiento: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, complementando el razonamiento anterior, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1332/2014, 0293/2018-S4 y 0352/2018-S2, entre otras.

En ese marco, la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, realizando una reconducción de la línea jurisprudencial, en relación a la activación de la acción de libertad cuando se denuncia la vulneración del debido proceso señaló que: “…Es así que, la referida SCP 0217/2014, estableció que ‘el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad´.

Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante considera lesionados sus derechos a la libertad, a la libre locomoción, al debido proceso en sus elementos a la defensa, a la igualdad procesal de las partes, a la motivación y congruencia de las resoluciones, así como a ser juzgado sin dilaciones indebidas; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de José Miguel Luna Merma y su persona, por la presunta comisión del delito de violación agravada; el juez -ahora codemandado-, mediante Auto Interlocutorio 466/2022 de 10 de septiembre, dispuso su detención preventiva. Posteriormente, el Fiscal de Materia -ahora codemandado-, remitió la Resolución de Acusación Formal 602/2022 de 14 de diciembre, contra el coimputado; sin embargo, en dicha resolución no hacen referencia ni resuelven su situación jurídica. La Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de El Alto -ahora demandadas-, habiendo tomado conocimiento de dicha acusación formal, remitida por la autoridad codemandada, radicaron la causa con el mismo CUD: 201503022200633, asumiendo competencia. El 17 de febrero 2023, sorpresivamente el Juez codemandado, desarrolló la audiencia de situación jurídica. Las Juezas demandadas, de forma paralela, continuaron con el proceso, creando una incertidumbre jurídica y disfunción procesal. La Secretaria -ahora codemandada-, no participó de la audiencia de situación jurídica, delegó sus funciones al personal Auxiliar -ahora codemandada-, quien remitió el proceso con acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto, sin advertir los errores procedimentales

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que, el impetrante de tutela denuncia en instancia constitucional, la existencia de una aparente irregularidad procesal en la que incurrieron supuestamente los demandados; consistente en la división o separación de causas dentro del único proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Miguel Luna Merma y su persona, signado con el CUD 201503022200633, inobservando el art. 45 de CPP; y, la falta de competencia entre las autoridades del Tribunal de Sentencia Penal Tercero; y, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, ambos de El Alto del departamento de La Paz.

Así las cosas y considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se llega a la conclusión, que las supuestas irregularidades procesales denunciadas por el accionante, con las que hace entrever que estaría siendo sometido a un indebido procesamiento; no pueden ser sometidas a análisis de constitucionalidad por este Tribunal, al evidenciarse que: 1) La aparente división o separación de causas dentro del proceso penal con el CUD 201503022200633, que corresponderían a su caso, no se encuentra vinculada con su derecho a la libertad; puesto que, estaría restringido de ese su derecho, al haberse ampliado su detención preventiva por veinte días, mediante Auto Interlocutorio 114/2023 de 17 de febrero, que cumple en el Centro Penitenciario Chonchocoro de La Paz, y no por el aspecto que ahora reclama; y, 2) Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, no se lo colocó en un estado de indefensión absoluta; puesto que, postuló pretensiones sin restricciones, a fin de definir su situación jurídica, de la cual tiene pleno conocimiento; además que, de antecedentes se evidencia que apeló el referido Auto Interlocutorio de ampliación de su detención preventiva.

Entonces, siendo evidente que, en el presente caso, el hecho denunciado por el impetrante de tutela, no se adecúa a ninguno de los supuestos en los que, vía acción de libertad, puede buscarse el resguardo del derecho al debido proceso; la jurisdicción constitucional se ve impedida de analizar el fondo de la problemática identificada. De lo contrario, se desnaturalizaría su fin tutelar y se generaría una disfunción procesal; ya que, para el resguardo del derecho al debido proceso, cuando no se encuentra vinculación con el derecho a la libertad, la Constitución Política del Estado regula una acción de defensa específica, como es la acción de amparo constitucional. Extremos por los que, corresponde denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 1 de marzo, cursante de fs. 141 a 145 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme al fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0939_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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