B.IA.LEGAL

SCP 0939/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
40617-2021-82-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación y a la tutela judicial efectiva, además de los principios de legalidad y verdad material; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos; conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, se emitió la Resolución 23/2020 de 31 de enero, que declaró infundado su recurso de nulidad de imputación, por lo que, contra tal determinación planteó apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre que incurrió en los siguientes agravios: 1) Efectuó un análisis forzado para establecer que su persona no interpuso el recurso conforme los requisitos exigidos por el art. 394 del CPP, concretamente por ausencia de su firma, sin considerar que es su abogado quien resguarda sus derechos e intereses dentro del proceso, existiendo un mandato tácito al señalar en el memorial de forma textual: “y por el interesado impedido por detención preventiva”, entendiendo de manera errónea que el abogado interpuso el incidente por sí mismo y no por su defendido, definiendo así que carecería de legitimación activa; 2) Lesionando el principio de legalidad pretendieron aplicar por “analogía” el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 21 de enero (siendo lo correcto 5 de febrero de 2021), cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos que los establecidos por la referida Sala Constitucional, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El derecho a la impugnación en materia penal garantiza el ejercicio efectivo de los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y la revisión de las resoluciones judiciales que causan agravios: El Principio pro actione
  3. III.3. Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional
  4. III.4. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0939/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 40617-2021-82-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2021 de 21 de enero (siendo lo correcto 5 de febrero de 2021), cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Andrés de la Rocha Guerra contra Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados 27 de noviembre de 2020 y 8 de enero de 2021, cursantes de fs. 30 a 39 vta.; y, 42 a 49, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, planteó nulidad de imputación formal, mismo que fue resuelto a través de Resolución 23/2020 de 31 de enero, declarándolo infundado; por lo que, ante tal determinación, planteó recurso de apelación incidental emitiendo “los ahora demandados” el Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre, que al declarar la inadmisibilidad de su recurso recayó en los siguientes agravios: Para declarar la inadmisibilidad, efectuaron una serie de forzados análisis para establecer que su persona no interpuso el recurso conforme los requisitos exigidos por el art. 394 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concretamente por ausencia de su firma en el memorial de apelación, sin considerar que es su abogado quien resguarda sus derechos e intereses dentro del proceso, existiendo un mandato tácito al señalar en el memorial de forma textual “y por el interesado impedido por detención preventiva”. Aclarando que cuando se planteó la apelación incidental ante el Juez de primera instancia, este observó la falta de firma y ante tal circunstancia presentó memorial por el que ratificó y convalidó el memorial de apelación incidental; por lo que, el Vocal ahora demandado de manera inexplicable interpretó que fue el abogado quien interpuso el recurso y no el imputado, alegando que él carecería de legitimación activa para interponer el mismo, aun teniendo conocimiento del memorial de convalidación y ratificación, ejecutando una interpretación totalmente inversa a la lógica y razón suficiente. Otro aspecto observado, se encuentra cuando por analogía pretende aplicar al caso el art. 396.2 del CPP, que textualmente refiere: “…para desistir de un recurso el defensor deberá tener mandato expreso del imputado”, lo que le haría concluir, según un supuesto razonamiento integrador, que para presentar un recurso se requiere la firma del imputado, ejecutando una interpretación poco razonable y arbitraria que lesiona el principio de legalidad, más aun cuando existe prohibición de analogía en materia penal, no pudiendo aplicar una disposición legal que versa sobre el desistimiento de un recurso contra la interposición de un recurso; debiendo considerarse que desde la presentación del recurso fue su abogado quien participo no actuando a título personal, ni se apersonó de manera individual, advirtiendo en todo momento el mandato tácito del imputado, figurando su nombre como apersonado en el encabezamiento del memorial de apelación. Entonces, el demandado, por un formalismo interpretativo que no fue observado por el denunciante ni el Ministerio Público cuando fueron notificados, se limita el derecho a conocer una determinación en el fondo de la pretensión. Incurrieron además en lesión del derecho a la impugnación y al principio de verdad material, puesto que aplicando el art. 394 del CPP, su abogado, mediante mandato tácito, con la aclaración de su nombre presentó el recurso de apelación, especificando que él se encontraba impedido de firmar el mismo por encontrarse detenido preventivo; siendo estos aspectos no tomados en cuenta y menos que presentó un memorial en el que posteriormente ratificó y convalidó de manera expresa la presentación del recurso de apelación, siendo distinto si es que el memorial presentado solo hubiese llevado el nombre y firma del abogado. Por lo señalado, se debe establecer que: “los ahora demandados”, incurrieron en lesión del debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, puesto que los fundamentos utilizados lesionaron el principio de legalidad, siendo irrazonables en cuanto a la ausencia de ponderación de derechos que se limitan en contraposición con un supuesto requisito formal cumplido por mandato tácito y ratificado expresamente, siendo la determinación arbitraria por distorsionar la verdad material de los antecedentes del trámite de apelación y argumentando el fundamento con doctrina legal y jurisprudencia constitucional no vinculante ni semejante a la problemática concreta que nos ocupa. Además, se lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que de forma ilegal declararon la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental, impidiéndole y privándole de su derecho a tener una respuesta de fondo a los agravios expresados en la apelación.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación y a la tutela judicial efectiva, además de los principios de legalidad y verdad material, citando al efecto al art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo la nulidad del Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre.

I.2. Audiencia y Resolución de Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 5 de febrero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 112 a 120 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada.

Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, apersonándose en audiencia, señaló: a) La Sala Penal Cuarta, en pleno ejercicio de las facultades conferidas por ley, referidas a la admisibilidad del recurso, previo al ingreso para debatir el fondo, emitimos la resolución por medio de la cual, al verificar que el memorial fue presentado única y exclusivamente con la firma y el sello del abogado y no así con la firma del imputado que legitime dicho memorial, entonces, correspondía la inadmisibilidad del recurso, sin ingresar al fondo del asunto; b) Lo que se está buscando, indirectamente por la vía de la acción de amparo constitucional, es establecer la interpretación de la legalidad ordinaria que, como vocales del área penal hemos ejecutado en relación a la disposición contenida en el art. 394 y 396, numeral 4) del CPP; en relación a ello, la jurisdicción constitucional está vedada de interpretar la legalidad ordinaria, salvo que se hubiera incurrido en la eventualidad de haber incidido en una decisión arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, con error evidente, identificando cuáles son esas reglas omitidas por el Órgano Judicial, no bastando mencionar que hubo quebrantamiento de la tutela judicial efectiva sino establecer la existencia de un nexo de causalidad entre los derechos presuntamente vulnerados con la resolución que resulta ser impugnada; sólo de esa manera, de forma extraordinaria, el Tribunal Constitucional puede ingresar al examen de la legalidad ordinaria en este caso concreto, por lo que, nos ratificamos en la resolución; c) Reconocemos el derecho sagrado a la defensa; pero, ese derecho está en contraposición también al derecho que tienen efectivamente las víctimas o querellantes a la tutela judicial efectiva y ambos tienen que ser resueltos lógicamente por la autoridad jurisdiccional a la luz del principio de legalidad y de seguridad jurídica; el primero, es trascendental porque es la aplicación objetiva de la ley al caso concreto, sin que la arbitrariedad, el abuso o el capricho genere casos paralelos a los establecidos en la ley, además que este principio de legalidad está establecido en el art. 394 del CPP, que es la base de la resolución y establece que solamente está reconocido expresamente a recurrir quien está permitido por ley; asimismo, debe presentarse en las condiciones de forma y en las comisiones de tiempo que la ley establece, evitando de esta forma el caos jurídico, generando certeza en las decisiones judiciales; esto tiene que ver con la taxatividad objetiva que supone la legitimidad para la presentación de la impugnación y con la taxatividad subjetiva referido a que si es el abogado el que debe apelar o el imputado, siendo solamente las partes procesales los que pueden apelar por tener interés directo en el caso; mientras que el abogado es el sujeto procesal, un tercero que interviene en defensa de algún derecho de las partes, por lo que, el imputado es el que está habilitado para apelar; se dice que el imputado estaba impedido por estar detenido, sin establecer cuáles son esos impedimentos, puesto que estando detenido no puede ir a otro lugar; no se ha justificado el impedimento de por qué no pudo firmar la apelación; y, d) No se puede fundar el derecho en error y si bien hemos alegado que por el art. 396, numeral 4), el Juez a quo no tiene facultades para pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso, su providencia en sentido que previo a disponer venga con la firma del interesado, ratifica que no es el interesado el que ha presentado el recurso; pero, con ese acto está observando ese recurso y eso no le está permitido al Juez que, presentado el recurso, lo único que tiene que hacer es correr en traslado y remitir en grado de alzada; es facultad privativa del Tribunal de alzada verificar si tiene o no firma del interesado, por lo que, al decir el Juez que previamente venga con la firma del interesado se ha arrogado la facultad de inobservar el recurso; efectuando una objetiva inadmisibilidad y que sólo cuando se presenta el memorial se lo convalida, corre en traslado, hecho lo cual, remite al Tribunal de alzada. En ello hay también alteración del plazo de presentación, que desde la apertura del mismo hasta su ratificación, fuera de plazo, los tres días se convierten en seis días. Con la fundamentación expuesta, solicita denegar la tutela constitucional.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

El Ministerio de Salud y Deportes a través de su representante legal señaló que: 1) Considera que las observaciones en cuanto a la forma deben ser superadas, aplicando el principio de verdad material que establece la imposibilidad de exigir demasiados ritualismos o formalismos para el ejercicio de derechos; y, 2) Solicitan se aplique la Constitución Política del Estado a efectos de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de ninguna de las partes en razón de que este tipo de actos pueda ser perjudicial al proceso que se investiga, por lo que están a lo que se disponga.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 18/2021 de 21 de enero (siendo lo correcto 5 de febrero), cursante de fs. 121 a 126 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 226/2020 de 21 de octubre emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo emitirse una nueva dentro del plazo establecido por ley, debiendo ingresar a considerar la impugnación del accionante en su calidad de imputado; determinación asumida en base a las siguientes consideraciones: i) En este caso la apelación incidental contra la resolución sobre una actividad procesal defectuosa, si bien es cierto que el imputado se hallaba privado de libertad, también es de conocimiento y hecho notorio, que en una situación de una autoridad o a un gobierno transitorio, la situación no era bastante regular, la ciudadanía, la población del vivir a diario, situaciones de convulsiones caóticas, que inclusive intranquilizaba la paz social, que ello no puede negarse como una situación propia que acontecía en el país y con mayor especificidad en la Sede Política La Paz, por ende, se tiene que el abogado del impetrante de tutela se encontraba imposibilitado de aproximarse al penal y hacer firmar a un privado de libertad, a los efectos de hacer valer una cuestión formal ante una impugnación; ii) No es menos cierto que en esta situación se presentó una apelación incidental de manera eventual y oportuna, dentro del plazo procesal, que por una situación formal de estar privado de libertad se vio imposibilitado de suscribir el memorial, debiendo considerarse que el abogado defensor conforme a los antecedentes es el mismo desde el inicio de la etapa preliminar, aspecto que se observa precisamente en la declaración prestada por el ahora peticionante de tutela; y, iii) Por lo señalado, se considera que la autoridad demandada, al momento de emitir la Resolución 226/2020 de 21 de octubre, más ha dado prevalencia a la cuestión formal sobre lo sustancial, no observando lo que manda la Constitución Política bajo el principio de verdad material, por lo que, considera este Tribunal acoger esta acción tutelar, por la falta de motivación y fundamentación en la determinación asumida.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 2 de junio de 2022, cursante a fs. 131, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 147); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se tiene que:

II.1. Cursa Resolución 23/2020 de 31 de enero, a través de la cual, Zacarias Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa, planteado por el ahora accionante (fs. 17 a 19 vta.). II.2. A través de memorial de apelación incidental presentado el 5 de febrero de 2020, se solicitó se revoque la Resolución 23/2020 de 31 de enero, suscribiendo dicho documento el abogado, Luis Fernando Velasco Eulert y junto a la firma se señala: “por el interesado impedido por detención preventiva” (sic [fs. 20 a 21 vta.]). II.3. Consta Decreto de 6 de febrero de 2020, a través del cual, Zacarias Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, señaló: “Previo a disponer venga con la firma del interesado” (sic [fs. 21 vta.]). II.4. Se tiene memorial presentado el 13 de febrero de 2020 por el ahora impetrante de tutela y firmado por el mismo, con la suma “convalida memorial y solicita remisión de apelación incidental ante el superior en grado”; a través del cual justificó la inexistencia de su firma en el memorial de 5 del mismo mes y año, indicando que se encontraba con detención preventiva, ratificándose y convalidando el contenido y la presentación del memorial de apelación incidental a la Resolución 23/2020 de 31 de enero (fs. 22). II.5. Cursa Decreto de 14 de febrero de 2020 emitido por Zacarias Javier Vargas Arancibia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por el cual se remitió la apelación ante el Tribunal de alzada para su consideración (fs. 22 vta.). II.6. Consta Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre, a través del cual el Vocal ahora demandado rechazó y declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto “solo por el abogado del imputado CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA” (sic) confirmando en consecuencia la Resolución 23/2020 de 31 de enero. Determinación asumida en base a los siguientes fundamentos:

a) De la revisión de antecedentes se verifica que la resolución apelada y el auto complementario que se emitió sobre la misma han sido notificados de manera personal a la parte imputada en la persona de CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA y a su entonces abogado defensor ANDRES ZUNIGA en fecha 31 de enero de 2020, tal cual consta en las diligencias de notificación cursante a fojas 114 de obrados; habiéndose recepcionado memorial de apelación incidental en fecha 5 de febrero de 2020, tal cual consta en el sello o cargo de recepción cursante a fojas 118 vuelta de obrados, memorial que se encuentra firmado única y exclusivamente por el abogado LUIS FERNANDO VELASCO EULERT y no así por la persona imputada. Por lo expresado, solo en el ámbito de orden estrictamente temporal que en este momento nos ocupa, corresponde su admisibilidad. b) Ahora bien, de inicio resulta indispensable dejar sentando que el marco en el cual se emite la presente determinación se encuentra constituido, entre otros, por la vigencia plena del principio de legalidad previsto por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, y art. 30 núm. 6) de la Ley del Órgano Judicial, principio por el cual se crea la obligación impuesta a toda Autoridad Judicial de aplicar de manera estricta los mandatos legales y vigentes en la Ley.

En virtud a ello, es menester invocar los razonamientos jurídicos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012-R de 13 de agosto de 2012, que han expresado en cuanto al principio de legalidad que "...es un principio de la jurisdicción ordinaria al respecto cita la Sentencia Constitucional 0919/2006-R de 18 de septiembre, que a su vez citó a la Sentencia Constitucional 0062/2002 de 31 de julio, estableció que: "el principio de legalidad, no elemento esencial del Estado de Derecho (-) en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley", en consecuencia es deber y obligación de toda autoridad Jurisdiccional velar el cumplimiento de este principio, pues la omisión del mismo llegaría a quebrantar el ordenamiento jurídico procesal penal y ello acarrearía un caos jurídico procesal el cual de manera paralela quebrantaría el principio de la seguridad jurídica”.

En igual sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo 213/2013 ha señalado: Desde ya el principio de legalidad entendido genéricamente como la primacía de la ley, se constituye en un principio fundamental conforme al cual el ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de autoridades o personas; en este contexto, el principio de legalidad se convierte en la piedra fundamental sobre la que edifica el derecho penal, de modo que viene a sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de la ley..." c) Ahora bien, a la luz de la doctrina legal aplicable que ha sido establecida por el Auto Supremo 288/2020-RRC de 20 de marzo y para la efectiva comprensión de la presente determinación, corresponde recordar que la impugnación procesal o poder de impugnación se rige por los principios básicos que necesariamente deben ser observados a tiempo de su interposición, entre ellos el principio de taxatividad o impugnabilidad objetiva por el cual solo son recurribles las resoluciones expresamente establecidas por ley y no todas; también se tiene el principio de TAXABILIDAD o IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA por el cual se ha establecido legislativamente que pueden recurrir solamente aquellos sujetos a quienes se les ha reconocido expresamente ese derecho, resultando que estos dos principios se encuentran claramente establecidos en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal.

En este sentido, el art. 180.11 de la CPE, reconoce y garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que debe ser ejercido por quien tenga legitimidad activa, conforme se entiende de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 394 del CPP, ya mencionado que se señala que: "el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley...", resultando que de esta norma se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en el proceso penal, el sujeto o parte procesal que hubiere sufrido algún agravio por la emisión de la resolución impugnada, sujetos o partes entre los cuales se puede mencionar al imputado, el acusador particular, el Ministerio Público y la propia víctima, pudiendo incluir dentro de dicha legitimación para impugnar al defensor estatal o defensor de oficio público, quien puede representar a su defendido en todas las instancias, sin necesidad de poder expreso conforme dispone el art. 109 del CPP, lo que significa que el abogado particular, por sí solo, por sí mismo, no cuenta con legitimación para formular a nombre de su cliente recurso de apelación alguno; d) Sobre la temática el Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 177 de 27 de mayo de 2005, ha establecido el siguiente razonamiento: "El derecho a la impugnación se encuentra limitado a las partes legitimadas en el proceso que pueden ejercitarlo y a la extensión de la revisión de la sentencia que puede disponer el tribunal de alzada. Es limitado en cuanto a las sentencias que se puede recurrir, puesto que no siempre la ley, con respecto a cualquiera de ellas, consagra la posibilidad de impugnarlas cuando, por ejemplo, han sido interpuestas fuera del plazo establecido de ley y por tercero impetrante ajeno, que no hubiese sido debidamente legitimado."

De la jurisprudencia que acaba de ser glosada, se tiene como conclusión que el derecho a la impugnación está limitado a las partes legitimadas en el proceso; es decir, a quienes intervinieron en el proceso, no pudiendo ejercer tal derecho de impugnación un tercero que el Tribunal Supremo de Justicia denomina como "un impetrante ajeno", que no hubiese sido debidamente legitimado para impugnar, siendo esa la situación del abogado particular e) En el presente caso, de los antecedentes procesales que han sido expuestos en las conclusiones precedentes, se tiene evidenciado que habiéndose emitido la resolución impugnada por parte de la autoridad judicial, el abogado particular que responde al nombre de LUIS FERNANDO VELASCO EULERT ha formulado recurso de apelación incidental, colocando una nota adicional en la cual afirma que firma el recurso "por el interesado impedido por detención preventiva", mérito por el cual ante la 'evidencia de que el recurso no se encontraba firmado por el imputado, el Juez a quo emitió la providencia de fecha 6 de febrero de 2020, por medio de la cual determina que antes de asumir cualquier determinación sobre el indicado recurso, el mismo deberá ser presentando con la firma del interesado, es decir con la firma del imputado, determinación ante la cual, en fecha 13 de febrero de 2020, mediante memorial cursante a fojas 119 de obrados se ha presentado escrito, en el cual se afirma que el imputado CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA CONVALIDARIA EL MEMORIAL DE APELACION presentado por su abogado f) En este sentido, se tiene que a la luz de la doctrina legal aplicable establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, y que ha sido expresa y específicamente invocada, se ha establecido claramente y con efecto de cumplimiento obligatorio, que el abogado particular que responde al nombre de LUIS FERNANDO VELASCO EULERT NO CUENTA CON LEGITIMACION ACTIVA PARA HABER FORMULADO DE MANERA DIRECTA Y SIN LA FIRMA DE LA PARTE IMPUTADA EL RECURSO DE APELACION INCIDENTAL QUE OCUPA NUESTRA ATENCION, por cuanto del mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 394 del CPP ya mencionado, se señala que: "el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley...", se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en el proceso penal, el sujeto o parte procesal que hubiere sufrido algún agravio por la emisión de la resolución impugnada, sujetos o partes entre los cuales se puede mencionar al imputado, el acusador particular, el Ministerio Público, y la propia víctima, pudiendo incluir dentro de dicha legitimación para impugnar al defensor estatal o defensor de oficio público, quien puede representar a su defendido en todas las instancias, sin necesidad de poder expreso conforme dispone el art. 109 del CPP, lo que significa que el abogado particular, por sí solo, por sí mismo, no cuenta con legitimación para formular a nombre de su cliente recurso de apelación alguno, mérito por el cual a la luz del artículo 394 del CPP, dicho profesional no estaría expresamente legitimada para interponer el recurso, sino que resultaría ser "un impetrante ajeno" que NO se encuentra debidamente legitimado para impugnar; en efecto, el Tribunal Supremo de Justicia en la jurisprudencia invocada de manera taxativa e indubitable ha establecido lo siguiente: "El Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista impugnado y los Autos de 29 y 30 de julio de 2019, obró de forma errónea y carente de fundamentación; puesto que sin fundamento claro, legítimo y lógico, ABRIÓ SU COMPETENCIA ADMITIENDO EL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR SAUL VILLARPANDO BALLESTEROS, SIN OBSERVAR QUE EL MISMO NO TENÍA DERECHO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE SER EJERCIDO POR QUIEN TENGA LEGITIMIDAD ACTIVA...", razonamientos, fundamentos, y conclusiones que obligatoria e inexcusablemente deben ser aplicados por parte de esta Sala Penal Cuarta al caso concreto remitido a nuestro conocimiento, ello en aplicación del mandato establecido por el artículo 420 del CPP. g) Sobre el tema, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en el art. 8.2.h) respecto a las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Concordante con ese entendimiento la Constitución Política del Estado ha instaurado el derecho a recurrir como parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II de la CPE, que sostiene: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales", derecho que ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia 0610/2010-R de 19 de julio, en la cual se ha establecido el siguiente razonamiento: “El derecho a recurrir se halla establecido en el art. 394 del CPP, adicionando las dos limitaciones que lo caracteriza, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos”. Por la segunda, el derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por Ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante. No obstante lo anotado, en relación a la primera cabe precisar que el art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, lo incluye como un derecho fundamental, que ahora es recogido por la Constitución Política del Estado vigente en su art. 180.11 que señala: "Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, sin embargo, como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios, la forma en que deban formularse, los casos en lo que pueden plantearse, y además las personas o partes que puedan presentar el recurso, entre los cuales no se encuentra consignado el abogado particular del imputado, sino solo el defensor público estatal o el defensor de oficio designado judicialmente h) Sin perjuicio de lo que ha sido ampliamente desarrollado y por la utilidad ilustrativa que tiene en relación al caso que nos ocupa, este Tribunal de Alzada considera de necesidad referirse a los razonamientos de la SC 0068/2010-R de 03 de mayo, que en relación a la declaratoria de inadmisibilidad de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares por falta de la firma del imputado en la apelación ha establecido el siguiente razonamiento: “lo que significa que, el hecho de que no se hubiese considerado la apelación interpuesta por su abogado por ausencia de su firma como apelante e imputado, no se constituye en la causa directa de la restricción de libertad presuntamente indebida, pues si bien la medida cautelar y los fundamentos para determinarla pueden ser objeto de impugnación y revisión vía alzada, no es menos evidente que dicho recurso tiene su propio procedimiento y será el fondo de la decisión asumida que en su caso lo considere. (...) En consecuencia, no se evidencia que la inadmisibilidad del recurso de apelación por falta de firma del imputado o procesado se constituya en acto ilegal u omisión indebida que esté directamente vinculado con una presunta ilícita restricción de su libertad...", mérito por el cual este Tribunal de Alzada considera que dicha jurisprudencia constitucional resulta sustento de la decisión que se adopta por parte de este Tribunal de Alzada, ya que no estamos en presencia de una solicitud de mero trámite, sino que nos encontramos frente a un hecho trascendental que se refiere a la presentación de una apelación, razonamiento de exigencia de firma del imputado en la apelación que adquiere fuerza cuando se analiza el articulo 396 numeral 2) del CPP, que establece que para desistir de un recurso el defensor deberá tener mandato expreso del imputado, lo que en un razonamiento integrador y de concordancia práctica nos lleva a la conclusión de que para presentar un recurso necesariamente se requiere de la firma del imputado; y, i) Por último, si bien es cierto que existe un memorial presentado en fecha 13 de febrero de 2020 por parte de CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA, por medio del cual manifiesta que convalida el memorial presentado por su abogado el día 5 de febrero de 2020, no es menos evidente que dicho pronunciamiento del imputado es resultado de la emisión de la providencia de fecha 6 de febrero de 2020 emitida por el Juez a quo, en el cual afirma que previamente a emitir pronunciamiento sobre la apelación el memorial debe presentarse con la firma del imputado, determinación judicial que es completa y absolutamente contraria al mandato contenido en el artículo 396 numeral 4) del CPP, que determina que EL JUEZ A-QUO NO TIENE FACULTAD ALGUNA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO FORMULADO, lo que significa que la única posibilidad de actuación que tenía el Juez era ,en aquel momento disponer el traslado del recurso y la remisión ante el Tribunal de Alzada que es el único facultado para pronunciarse si en la perspectiva objetiva o subjetiva el recurso resultaba ser admisible, ya que el exigir que el memorial sea presentado con la firma del imputado, en los hechos y de facto el Juez ha ampliado el plazo para la presentación del recurso de apelación, lo que a la luz del principio de legalidad y del principio de seguridad jurídica es inadmisible, ya que con ello se quebranta la garantía constitucional de igualdad efectiva de partes, pues de esa forma de proceder, los recursos de apelación se presentaran sin cumplir formas y luego de días de haberse vencido el plazo serán corregidos o subsanados en los términos en los que sea necesario, generando de esa forma un completo caos e inseguridad en relación a las partes que se encuentran sometidas a proceso judicial (sic [fs. 24 a 26 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación y a la tutela judicial efectiva, además de los principios de legalidad y verdad material; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos; conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, se emitió la Resolución 23/2020 de 31 de enero, que declaró infundado su recurso de nulidad de imputación, por lo que, contra tal determinación planteó apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre que incurrió en los siguientes agravios: 1) Efectuó un análisis forzado para establecer que su persona no interpuso el recurso conforme los requisitos exigidos por el art. 394 del CPP, concretamente por ausencia de su firma, sin considerar que es su abogado quien resguarda sus derechos e intereses dentro del proceso, existiendo un mandato tácito al señalar en el memorial de forma textual: “y por el interesado impedido por detención preventiva”, entendiendo de manera errónea que el abogado interpuso el incidente por sí mismo y no por su defendido, definiendo así que carecería de legitimación activa; 2) Lesionando el principio de legalidad pretendieron aplicar por “analogía” el art. 396.2 del CPP, concluyendo con un supuesto razonamiento integrador que refiere que para presentar un recurso se requiere la firma del imputado, ejecutando una interpretación poco razonable y arbitraria, puesto que no existe la analogía en materia penal y no se puede aplicar un artículo que refiere al desistimiento a la presentación de un recurso; 3) Se lesionó el derecho a la impugnación y al principio de verdad material, puesto que aplicando el art. 394 del CPP, su abogado, con mandato tácito y la aclaración de su nombre presentó su recurso de apelación, especificando que se encontraba impedido de firmar el mismo por encontrarse detenido; sin embargo, tal aspecto no fue tomado en cuenta y menos que posteriormente presentó un memorial por el que ratificó y convalidó su firma, siendo distinto si es que el escrito solo hubiese llevado la firma y nombre del abogado; 4) La resolución carece de fundamentación y motivación, puesto que los fundamentos utilizados fueron irrazonables en ausencia de ponderación de derechos que se vieron limitados en contraposición con un supuesto requisito formal que si se cumplió por mandato tácito y que fue ratificado expresamente, argumentando con doctrina legal y jurisprudencia constitucional no vinculante ni semejante a la problemática de fondo; y, 5) Se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que le privaron de conocer una respuesta al fondo de sus agravios expresados en apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) El derecho a la impugnación en materia penal garantiza el ejercicio efectivo de los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y la revisión de las resoluciones judiciales que causan agravios: El Principio pro actione; iii) Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables , el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El derecho a la impugnación en materia penal garantiza el ejercicio efectivo de los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y la revisión de las resoluciones judiciales que causan agravios: El Principio pro actione

El derecho a la impugnación se encuentra reconocido en el art. 180.I de la CPE, el cual establece que “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”, por su parte el art. 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone dentro de las garantías mínimas a la que se puede acceder dentro de un proceso el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; asimismo, en el marco de la protección judicial que merece el precitado derecho el art. 25.1 de la CADH señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, lo cual implica que, las partes pueden utilizar todos los medios recursivos establecidos dentro de un proceso cuando consideran que las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales afectan sus intereses y en consecuencia les causen agravios, garantizando de esta forma el ejercicio eficaz de los recursos señalados en el Código de Procedimiento Penal, para que los fallos que son emitidos por la jurisdicción ordinaria puedan ser revisados por otras instancias judiciales y pronunciarse sobre los agravios denunciados, es así que, “…la eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no debe constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente”. Asimismo, la jurisprudencia a través de la SCP 0022/2006 de 18 de abril se pronunció sobre el derecho a la segunda instancia señalando que el mismo se constituye en un elemento del derecho al debido proceso, conforme lo establecido en el art. 8.2.h) de la CADH (reiterado por la SCP 0591/2012 de 20 de julio). En este orden de ideas, el régimen de impugnaciones previsto en el Código de Procedimiento Penal, posibilita a las partes cuestionar las resoluciones judiciales y así poder resguardar sus intereses cuando han sido afectados, constituyéndose el referido derecho un elemento del debido proceso, garantizando de esta forma el acceso a la justicia y por ende la tutela judicial efectiva, conforme lo entendió la SCP 1267/2012 de 19 de septiembre.

III.2.1. El Principio Pro actione

El art. 256 de la CPE establece que: “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los 3 Caso Cabreara García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr.167 y Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 108 4 Al respecto, corresponde señalar que uno de los elementos que compone el debido proceso es el derecho a la segunda instancia consagrado en normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrada a la legislación interna mediante Ley 1430, de 11 de febrero de 1993, que en la norma de su art. 8.2 inc. h) dispone que toda persona tiene “Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, garantía judicial que al ser parte del debido proceso, se constituye en irrenunciable para las personas, pues, sobre la base de la falibilidad humana, constituye la garantía de que la imposición de una sanción pueda ser revisada, para enmendar los errores de hecho y de derecho que pudieron haberse cometido, y que en caso de ser imposible su revisión pueden ocasionar daño y afectar los derechos de las personas. 5 El F.J. III.2 señala que: “El régimen de impugnaciones previsto en la norma adjetiva penal de nuestro Estado, responde a las exigencias de las diferentes disposiciones normativas de orden internacional, constituyéndose en un derecho fundamental de los justiciables. La impugnación implica un ataque frontal contra una determinación judicial que se considere gravosa o lesiva a los intereses jurídicos de una de las partes sometidas a la jurisdicción de una autoridad, con ello se pretende garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, derechos que están ampliamente reconocidos y garantizados por la Norma Suprema. (las negrillas son nuestras).

Se debe tener presente que, toda resolución judicial por más perfecta que le parezca al juzgador, es fruto de la obra humana, de modo que no puede ser intachable o infalible. En el marco de ese razonamiento, el régimen de las impugnaciones, constituye un elemento imprescindible del debido proceso, porque a través de ella es posible cuestionar los fallos dentro de una misma estructura jurídica de un Estado. Bajo esa premisa, desde la óptica de la Norma Fundamental, la impugnación se entiende como un principio, tal como prescribe el art. 180.II de la CPE, cuyo texto señala: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Sin embargo, se debe tener claramente definido que, el constituyente boliviano, al referirse a la impugnación como un principio, quiso referirse al derecho fundamental de recurrir el fallo judicial ante la autoridad superior en jerarquía, comprensión que refleja el espíritu de las diferentes normas de orden internacional, como el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), cuyo texto prevé: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. En esa misma línea de entendimiento, el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), prescribe: “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”

contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”. En este entendido, la Constitución Política del Estado establece la aplicación de los Tratados e instrumentos internaciones de derechos humanos preferentemente sobre la referida Norma Suprema, siempre y cuando sean más favorables, en el marco del principio de convencionalidad. Por su parte, el art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) sobre las normas de interpretación establece que: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”. Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece que la interpretación de las normas tanto internas como las del sistema internacional de derechos humanos deben ser favorables a los derechos humanos. En este entendido, las pautas de interpretación de las normas internas que efectivizan la protección de los derechos fundamentales, conforme lo establecido en el art. 256 de la CPE son los principios de favorabilidad y el pro homine; del cual el principio pro actione se constituye en una manifestación procesal “…que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en aras de su máxima efectividad. Para la administración de justicia esto significa interpretar y aplicar las normas procesales para favorecer la procedencia de las instancias correspondientes”. Asimismo, la jurisprudencia constitucional también se ha referido al principio pro actione en la SC 1044/2003 de 22 de julio, señalando que deriva de las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva y que:

“…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados" En este entendido, a través de la SC 0501/2011 de 25 de abril, bajo el principio señalado precedentemente la interpretación de las normas procesales deben ser más favorables, lo que se aplica también en el momento de la admisibilidad de la acción tutelar, a fin de garantizar una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0139/2012 de 4 de mayo y 2271/2012 de 9 de noviembre.

Ahora bien, la finalidad del principio pro actione es garantizar el acceso a los recursos legales, debiendo para ello eludir los formalismos excesivos que impidan el pronunciamiento judicial de fondo respecto a las pretensiones y agravios denunciados por las partes, lo cual permite a su vez efectivizar el derecho al acceso a la justicia, y por ende el derecho a una resolución fundamentada que ponga fin a un conflicto litigioso, en lugar de declarar la improcedencia de la demanda o el rechazo de un recurso, pues de lo contrario las autoridades judiciales vulnerarían derechos y garantías constitucionales, otorgando prevalencia al derecho formal sobre el material, conforme lo entendió la SCP 0271/2013 de 13 de marzo, en este entendido la referida Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que:

6 Ferrer Mac-Gregor, E. y Herrera A. (coord.), Op. Cit. p. 356. El juicio de amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, Tomo I

7 Por otra parte, teniendo en cuenta que el principio pro actione, tiene como fin garantizar el acceso a los recursos legales desechando todo rigor o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial de fondo sobre las pretensiones o agravios invocados, resulta innegable la directa vinculación de este principio con el derecho de acceso a la justicia, cuyo contenido mínimo esencial se traduce en el acceso propiamente dicho a la justicia para que toda persona pueda ser oída y juzgada previamente en un debido proceso; a un pronunciamiento judicial oportuno que ponga fin a un conflicto entre partes o tutele sus intereses o derechos; al uso efectivo de los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico, y, al cumplimiento y ejecución de lo resuelto en juicio, de donde se infiere que, la exigencia de formalismos o ritualismos extremos, puede degenerar en vulneración de derechos o garantías constitucionales, cuando, el juzgador, al dar a las formalidades procesales prevalencia sobre derechos fundamentales, superpone el derecho formal sobre el derecho sustancial.

Ahora bien, habiéndose establecido que forma parte del debido proceso el derecho de las personas al acceso a una justicia pronta, oportuna e imparcial, en atención al principio pro actione, los formalismos procesales son susceptibles de ser flexibilizados por el juzgador a partir de la ponderación entre el incumplimiento de la formalidad y el derecho de acceso a la justicia, es decir que, el principio pro actione, compele al juzgador a no imprimir excesivo rigor en el cumplimiento de los requisitos adjetivos de la demanda en aras de emitir un pronunciamiento de fondo que efectivice el derecho a una resolución

“…resulta entonces imperante que los administradores de justicia ciñan su actuación a la aplicación de los principios y valores constitucionales así como a aquellos instrumentos jurídicos de corte internacional que sean de mayor beneficio a las partes, conforme prescribe el art. 410.II con relación a los arts. 13.IV y 256 del texto constitucional, al momento de aplicar e interpretar la normativa legal vigente, debiendo, conforme se ha desarrollado, en aplicación de los principios de verdad material y pro actione, hacer prevalecer el derecho sustantivo sobre el formal a efectos de precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales. Siguiendo esta pauta de entendimiento, la SCP 1784/2013 de 21 de octubre, señaló que el principio de impugnación permite fundamentada que ponga fin a un conflicto litigioso, en lugar de declarar la improcedencia de la demanda o el rechazo de un recurso, que podría cercenar el acceso a la tutela judicial efectiva. 8 El F.J II. Sobre el principio de impugnación en los procesos judiciales establece que: La norma constitucional de referencia, implícitamente consolida uno de los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, como es el principio pro actione, por lo mismo, actione, por lo mismo, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 501/2011-R reiterada en la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, sostuvo: “…se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones. Así, el constituyente boliviano, incluyó de manera acertada dicho principio dentro del texto constitucional, de esta manera, la Constitución Política del Estado, en su art 14.III señala: 'El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos'; de igual forma, el 14.V establece: 'Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano'; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: 'I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'” (las negrillas nos pertenecen).

Sobre la misma temática, la SCP 0139/2012 de 4 de mayo, estableció que el citado principio: “…se configura como una pauta esencial no solo para la interpretación de derechos fundamentales, sino también como una directriz esencial para el ejercicio del órgano de control de constitucional y la consolidación del mandato inserto en el art. 1 de la CPE; además, asegura el cumplimiento eficaz de los valores justicia e igualdad material, postulados axiomáticos directrices del nuevo modelo de Estado y reconocidos de manera expresa en el Preámbulo de la Constitución Política del Estado y en el art. 8.1 también del texto constitucional.

En efecto, el principio pro-actione, asegura que a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material” (las negrillas nos corresponden).

Finalmente, la norma constitucional de referencia, también contempla como principio la “accesibilidad”, que no es otra cosa que el derecho de acceso a la justicia, cuyo fundamento se contempla en el art. 115.I de la CPE, que señala: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. De la misma forma, el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Las normas referidas precedentemente establecen la base jurídica del derecho de acceso a la justicia, entendido como elemento integrador del debido proceso, bajo esa óptica, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, haciendo alusión al art. 8.1 de la CADH, señaló: “…como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos dela persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”, entendimiento que fue reiterado en las SSCC 1363/2010-R, 0492/2011-R y SCP 0898/2012 de 22 de agosto, entre otros.

la consolidación del principio proactione, el cual a su vez posibilita el acceso a la justicia, materializando así el ejercicio pleno de los derechos fundamentales como de las normas del sistema internacional de derechos humanos; asimismo, respecto al régimen de impugnación establecido en el Código de Procedimiento Penal, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional entendió que los recursos dispuestos en el citado Código independientemente de su naturaleza, tramitación u objeto, garantizan el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, pues posibilitan acudir ante las autoridades judiciales a fin de obtener respuesta a sus pretensiones a través de dichos recursos y en alusión al caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, reiterada en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entendió que “…el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso…” (sic); consecuentemente, el ejercicio del derecho a la impugnación implica también garantizar el cumplimiento del derecho al debido proceso.

Bajo el desarrollo jurisprudencial y doctrinal señalado, se concluye que el derecho a la impugnación a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se traduce en una garantía para las partes de ejercer su derecho a la defensa, y en consecuencia efectiviza el debido proceso, posibilitando el acceso a la justicia; asimismo, como principio constitucional de la administración de la justicia se constituye en una directriz de cumplimiento obligatorio para las autoridades judiciales, debiendo garantizar a las partes ejercer los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal durante la tramitación del proceso; empero, cuidando que no se exijan formalismos innecesarios que provoquen dilaciones en el ejercicio de Sobre la temática de análisis, la SC 0524/2010-R de 5 de julio, señaló: “El derecho de acceso a la justicia, el mismo que, de acuerdo a la doctrina, se constituye en un presupuesto general para la garantía del debido proceso; y tiene el siguiente contenido mínimo: a) El acceso propiamente a la justicia para que pueda ser oída; b) Obtener un pronunciamiento judicial oportuno que solucione el conflicto o tutele sus intereses o derechos; y, c) El cumplimiento y ejecución de lo resuelto en juicio”.

De lo anterior, se colige que el derecho de acceso a la justicia tiende a materializar la eficacia y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas de orden internacional en materia de Derechos Humanos, por lo tanto, cualquier óbice sobre los puntos señalados en la jurisprudencia constitucional señalada, vulnera el derecho objeto de análisis; consiguientemente, la exigencia desmesurada de formalidades procesales también conculca el derecho de acceso a la justicia, en razón a que, si las autoridades encargadas de impartir justicia pueden conceder respuestas efectivas y oportunas a los planteamientos de los justiciables, pese al incumplimiento de los requisitos formales, la misma claramente armonizará con los postulados y los retos asumidos en el nuevo modelo del Estado, con una justicia plurinacional y descolonizada.

El F.J. III.2 establece que “Al respecto, en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, asumiendo los fundamentos de la Sentencia de 23 de julio de 2004, caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, precisó que: “La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable”; de la misma forma, en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, señaló: “Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido…”.

ese derecho y por ende en su resolución. Es así que, el principio pro actione materializa el derecho a la impugnación, pues manda que las autoridades efectúen una interpretación amplia de los derechos fundamentales, debiendo aplicarse por ende normas que viabilicen los medios de impugnación y la resolución de los agravios denunciados a través de ellos.

III.3. Tutela judicial efectiva como garantía jurisdiccional

Al respecto el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica señala: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; en ese sentido el art. 115.I de la CPE, refiere: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. En ese marco, el Tribunal Constitucional en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, reiterada entre otras por la SC 0492/2011-R de 25 de abril y SCP 2235/2012 de 8 de noviembre señala:

"La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (las negrillas son nuestras).

Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito en forma precedente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:

9 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”. 10 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre.

No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.

“…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley…”.

De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.

III.4. Análisis del caso concreto.

El peticionante de tutela alega como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación y a la tutela judicial efectiva, además de los principios de legalidad y verdad material; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos; conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, se emitió la Resolución 23/2020 de 31 de enero, que declaró infundado su recurso de nulidad de imputación, por lo que, contra tal determinación planteó apelación incidental, emitiéndose el Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre que incurrió en los siguientes agravios: 1) Efectuó un análisis forzado para establecer que su persona no interpuso el recurso conforme los requisitos exigidos por el art. 394 del CPP, concretamente por ausencia de su firma, sin considerar que es su abogado quien resguarda sus derechos e intereses dentro del proceso, existiendo un mandato tácito al señalar en el memorial de forma textual: “y por el interesado impedido por detención preventiva”, entendiendo de manera errónea que el abogado interpuso el incidente por sí mismo y no por su defendido, definiendo así que carecería de legitimación activa; 2) Lesionando el principio legalidad pretendieron aplicar por “analogía” el art. 396.2 del CPP, concluyendo con un supuesto razonamiento integrador que refiere que para presentar un recurso se requiere la firma del imputado, ejecutando una interpretación poco razonable y arbitraria, puesto que no existe la analogía en materia penal y no se puede aplicar un artículo que refiere al desistimiento a la presentación de un recurso; 3) Se lesionó el derecho a la impugnación y al principio de verdad material, puesto que aplicando el art. 394 del CPP, su abogado, con mandato tácito y la aclaración de su nombre presentó su recurso de apelación, especificando que se encontraba impedido de firmar el mismo por encontrarse detenido; sin embargo, tal aspecto no fue tomado en cuenta y menos que posteriormente presentó un memorial por el que ratificó y convalidó su firma, siendo distinto si es que el escrito solo hubiese llevado la firma y nombre del abogado; 4) La resolución carece de fundamentación y motivación, puesto que los fundamentos utilizados fueron irrazonables en ausencia de ponderación de derechos que se vieron limitados en contraposición con un supuesto requisito formal que si se cumplió por mandato tácito y que fue ratificado expresamente, argumentando con doctrina legal y jurisprudencia constitucional no vinculante ni semejante a la problemática de fondo; y, 5) Se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que le privaron de conocer una respuesta al fondo de sus agravios expresados en apelación.

De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: a través de Resolución 23/2020 se declaró infundado el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el ahora accionante (Conclusión II.1); por lo que, el 5 de febrero de 2020 se formuló contra dicha determinación apelación incidental, solicitando se revoque la misma, constando en el memorial la firma del abogado y junto a ella la aclaración “por el interesado impedido por detención preventiva” (Conclusión II.2); habiendo tomado conocimiento del memorial, el Juez de Instrucción, emitió Decreto de 6 de febrero del señalado año, por el que determinó: “previo a disponer venga con la firma del interesado”(Conclusión II.3); ya que, en cumplimiento, el 13 de febrero de 2020, el ahora impetrante de tutela presentó memorial (firmado), por el cual señaló que se ratifica y convalida el contenido del memorial de apelación incidental (Conclusión II.4). Entonces, el 14 de febrero de 2020 se decretó por el Juez de primera instancia la remisión de la apelación ante el Tribunal de alzada para su consideración (Conclusión II.5), emitiéndose finalmente el Auto de Vista 226/2020 de 21 de octubre, por el cual el Vocal ahora demandado rechazó y declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto “solo por el abogado del imputado CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA” (sic) confirmando en consecuencia la Resolución 23/2020 de 31 de enero (Conclusión II.6).

En consecuencia, de conformidad a los parámetros establecidos por la problemática planteada, corresponde determinar si es evidente la vulneración a los derechos alegados, teniendo que:

III.4.1. Respecto a la primera y tercera problemática

El accionante refiere que en el Auto de Vista se efectuó un análisis forzado para establecer que su persona no interpuso el recurso conforme los requisitos exigidos por el art. 394 del CPP, concretamente por ausencia de su firma, sin considerar que es su abogado quien resguarda sus derechos e intereses dentro del proceso, existiendo un mandato tácito al señalar en el memorial de forma textual: “y por el interesado impedido por detención preventiva”, entendiendo de manera errónea que el abogado interpuso el incidente por sí mismo y no por su defendido, definiendo así que carecería de legitimación activa. Además, de ello, que se lesionó el derecho a la impugnación y al principio de verdad material, puesto que aplicando el art. 394 del CPP, su abogado, con mandato tácito y la aclaración de su nombre presentó su recurso de apelación, especificando que se encontraba impedido de firmar el mismo por encontrarse detenido; sin embargo, tal aspecto no fue tomado en cuenta y menos que posteriormente presentó un memorial por el ratificó y convalidó su firma, siendo distinto si es que el escrito solo hubiese llevado la firma y nombre del abogado. Entonces, sobre la presente problemática, se observa que la autoridad judicial ahora demandada sobre el punto determinó:

En este sentido, se tiene que a la luz de la doctrina legal aplicable establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, y que ha sido expresa y específicamente invocada, se ha establecido claramente, y con efecto de cumplimiento obligatorio, que el abogado particular que responde al nombre de LUIS FERNANDO VELASCO EULERT NO CUENTA CON LEGITIMACION ACTIVA PARA HABER FORMULADO DE MANERA DIRECTA Y SIN LA FIRMA DE LA PARTE IMPUTADA EL RECURSO DE APELACION INCIDENTAL QUE OCUPA NUESTRA ATENCION, por cuanto del mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 394 del CPP ya mencionado que se señala que: "el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley..." se infiere que tiene legitimación activa para recurrir de una resolución judicial dictada en el proceso penal, el sujeto o parte procesal que hubiere sufrido algún agravio por la emisión de la resolución impugnada, sujetos o partes entre los cuales se puede mencionar al imputado, el acusador particular, el Ministerio Público, y la propia víctima, pudiendo incluir dentro de dicha legitimación para impugnar al defensor estatal o defensor de oficio público, quien puede representar a su defendido en todas las instancias, sin necesidad de poder expreso conforme dispone el Art. 109 del CPP, lo que significa que el abogado particular, por sí solo, por sí mismo, no cuenta con legitimación para formular a nombre de su cliente recurso de apelación alguno, mérito por el cual a la luz del artículo 394 del CPP dicho profesional no estaría expresamente legitimada para interponer el recurso, sino que resultaría ser "un impetrante ajeno" que NO se encuentra debidamente legitimado para impugnar; en efecto, el Tribunal Supremo de Justicia en la jurisprudencia invocada de manera taxativa e indubitable ha establecido lo siguiente: "El Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista impugnado y los Autos de 29 y 30 de julio de 2019, obró de forma errónea y carente de fundamentación; puesto que sin fundamento claro, legítimo y lógico, ABRIÓ SU COMPETENCIA ADMITIENDO EL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA INTERPUESTA POR SAUL VILLARPANDO BALLESTEROS, SIN OBSERVAR QUE EL MISMO NO TENÍA DERECHO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE SER EJERCIDO POR QUIEN TENGA LEGITIMIDAD ACTIVA...", razonamientos, fundamentos, y conclusiones que obligatoria e inexcusablemente deben ser aplicados por parte de esta Sala Penal Cuarta al caso concreto remitido a nuestro conocimiento, ello en aplicación del mandato establecido por el artículo 420 del CPP. (…) Por último, si bien es cierto que existe un memorial presentado en fecha 13 de febrero de 2020 por parte de CARLOS ANDRES DE LA ROCHA GUERRA, por medio del cual manifiesta que convalida el memorial presentado por su abogado el día 05 de febrero de 2020, no es menos evidente que dicho pronunciamiento del imputado es resultado de la emisión de la providencia de fecha 06 de febrero de 2020 emitida por el Juez A- quo en el cual afirma que previamente a emitir pronunciamiento sobre la apelación el memorial debe presentarse con la firma del imputado, determinación judicial que es completa y absolutamente contraria al mandato contenido en el artículo numeral 4) del CPP que determina que EL JUEZ A-QUO NO TIENE FACULTAD ALGUNA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO FORMULADO, lo que significa que la única posibilidad de actuación que tenía el Juez era -en aquel momento disponer el traslado del recurso y la remisión ante el Tribunal de Alzada que es el único facultado para pronunciarse si en la perspectiva objetiva o subjetiva el recurso resultaba ser admisible, ya que el exigir que el memorial sea presentado con la firma del imputado, en los hechos y de facto el Juez ha ampliado el plazo para la presentación del recurso de apelación, lo que a la luz del principio de legalidad y del principio de seguridad jurídica es inadmisible, ya que con ello se quebranta la garantía constitucional de igualdad efectiva de partes, ya que en esa forma de proceder, los recursos de apelación se presentaran sin cumplir formas y luego de días de haberse vencido el plazo serán corregidos o subsanados en los términos en los que sea necesario, generando de esa forma un completo caos e inseguridad en relación a las partes que se encuentran sometidas a proceso judicial Como se observa, la determinación asumida por la autoridad demandada, se limita a ejecutar una interpretación literal del art. 394 del CPP, agregando que el abogado del imputado no puede considerarse parte dentro del proceso penal; y que, por ende, la presentación del memorial de apelación con su sola firma no permite la admisibilidad del recurso al estar limitado tal aspecto a solo las partes del proceso; además que, el memorial de convalidación de firma no sería válido, puesto que se emitió como exigencia del Juez a quo, cuando el mismo no se encuentra autorizado para pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso. Sin embargo, tal determinación, resulta evidentemente lesiva, puesto que la interpretación a realizarse en el caso concreto, debió considerar el principio de favorabilidad, pro homine y pro actione que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales en aras de su máxima efectividad; principios, que buscan garantizar a toda persona imputada el acceso a los recursos y medios impugnaticios desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Entonces, la autoridad judicial ahora demandada, debió en primera instancia considerar la situación legal del imputado; es decir, debió tomar en cuenta que se encontraba guardando detención preventiva y que tal situación, de forma evidente, le dificulta la ejecución de trámites procesales, por lo que depende de su abogado para tal situación; y, si bien es evidente que las autoridades de primera instancia se encuentran imposibilitadas de emitir criterios respecto a la admisibilidad de un recurso, ello no limita el derecho a la impugnación que le asiste al imputado, quien al momento de convalidar su firma reconoció que la apelación planteada responde a su voluntad. Como aclaración, es pertinente establecer que no se está reconociendo al abogado como parte del proceso penal y tampoco se desconoce el alcance del art. 394 del CPP; sin embargo, se determina que es deber de toda autoridad judicial ejecutar un análisis pormenorizado del caso concreto que se le presente al momento de analizar la admisibilidad de un recurso, verificando el contexto sobre el cual se desarrolló la tramitación del mismo, la situación legal del imputado y si la determinación asumida no puede resultar lesiva a otros derechos o principios que rigen en la materia; pues en el presente caso, existe la presentación del recurso de apelación que si bien no cuenta con la firma del imputado, esta fue posteriormente convalidada con una justificación válida, referida precisamente a que se encontraba guardando detención preventiva y que por ende no pudo suscribir inmediatamente el documento; situación diferente hubiera sido, si el mismo hubiera negado su intención de presentar el recurso; sin embargo, en el caso, estando clara la manifestación de su voluntad que correspondía ingresar al fondo de lo impetrado. Por lo referido es que, evidenciando una incorrecta interpretación de la norma y su aplicación al caso concreto; además de ser lesiva a los principios de favorabilidad, pro homine y pro actione que sobre las presentes problemáticas corresponde conceder la tutela solicitada.

III.4.2. Respecto a la segunda problemática

El accionante refiere que lesionando el principio legalidad pretendieron aplicar por “analogía” el art. 396.2 del CPP, concluyendo con un supuesto razonamiento integrador que refiere que para presentar un recurso se requiere la firma del imputado, ejecutando una interpretación poco razonable y arbitraria, puesto que no existe la analogía en materia penal y no se puede aplicar un artículo que refiere al desistimiento a la presentación de un recurso. Al respecto, se tiene que la resolución ahora cuestionada, sobre el punto estableció:

Sin perjuicio de lo que ha sido ampliamente desarrollado, y por la utilidad ilustrativa que tiene en relación al caso que nos ocupa, este Tribunal de Alzada considera de necesidad referirse a los razonamientos de la SCP 0068/2010-R de 03 de mayo, que en relación a la declaratoria de inadmisibilidad de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares por falta firma del imputado en la apelación ha establecido el siguiente razonamiento: “lo que significa que, el hecho de que no se hubiese considerado la apelación interpuesta por su abogado por ausencia de su firma como apelante e imputado, no se constituye en la causa directa de la restricción de libertad presuntamente indebida, pues si bien la medida cautelar y los fundamentos para determinarla pueden ser objeto de impugnación y revisión vía alzada, no es menos evidente que dicho recurso tiene su propio procedimiento y será el fondo de la decisión asumida que en su caso lo considere. (...) En consecuencia, no se evidencia que la inadmisibilidad del recurso de apelación por falta de firma del imputado o procesado se constituya en acto ilegal u omisión indebida que esté directamente vinculado con una presunta ilícita restricción de su libertad...", mérito por el cual este Tribunal de Alzada considera que dicha jurisprudencia constitucional resulta sustento de la decisión que se adopta por parte de este Tribunal de Alzada, ya que no estamos en presencia de una solicitud de mero trámite, sino que nos encontramos frente a un hecho trascendental que se refiere a la presentación de una apelación, razonamiento de exigencia de firma del imputado en la apelación que adquiere fuerza cuando se analiza el articulo 396 numeral 2) del CPP, que establece que para desistir de un recurso el defensor deberá tener mandato expreso del imputado, lo que en un razonamiento integrador y de concordancia práctica nos lleva a la conclusión de que para presentar un recurso necesariamente se requiere de la firma del imputado. Conforme a lo descrito, se observa que el Vocal ahora demandado, busca justificar la determinación asumida, remarcando, la existencia de un “hecho trascendental” (apelación incidental), alegando que necesariamente requiere la firma del imputado, usando como ejemplo el art. 396.2 del CPP, que exige la existencia de un mandato expreso para que el abogado pueda firmar por el imputado un desistimiento. Sin embargo, nuevamente incurre en error, puesto que la justificación usada se aparta del caso concreto; es decir, de la cita realizada, se observa que se menciona a la SCP 0068/2010-R de 3 de mayo; sin embargo, en ningún momento aclara si se trata de un hecho semejante, puesto que recuérdese, el presente caso aborda la existencia de una apelación incidental contra un auto que declaró infundado un incidente de nulidad de imputación formal; en la cual, el imputado se encuentra con detención preventiva, el abogado presentó el memorial con la aclaratoria correspondiente y el imputado finalmente convalidó el contenido del primer memorial justificando la falta de su firma. Entonces, se observa que la cita a la SCP 0068/2010-R no manifiesta similitud precisa al caso que se analiza, pues esta, únicamente determina la invalidez de un memorial de apelación sin firma, sin agregar mayor contexto que permita establecer la similitud de hechos. Además de ello, la cita del art. 396.2 del CPP, es totalmente imprecisa, pues la misma aborda de forma específica el trámite del desistimiento de un recurso y no así, la presentación del mismo; y, si bien el Vocal trata de dar a entender la exigencia de un mandato expreso como requisito ineludible para la presentación de un recurso; se debe considerar que -como se desarrolló en el acápite previo-, las autoridades judiciales tienen la obligación de analizar toda situación en base a los principios que rigen la materia y el contexto en el cual se desarrolló el trámite garantizando de esta manera el derecho a la impugnación que le asiste al imputado. En consecuencia, se puede establecer que la determinación asumida en este punto, carece de fundamentación y motivación, conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al ejecutarse una cita imprecisa de jurisprudencia y citar de forma errónea al art. 396.2 del CPP, además de aplicar de forma equivocada tales preceptos al caso concreto; correspondiendo en consecuencia, sobre la presente problemática, conceder la tutela solicitada.

III.4.3. Respecto a la cuarta problemática

El impetrante de tutela refiere que la resolución careceré de fundamentación y motivación, puesto que los fundamentos utilizados fueron irrazonables en ausencia de ponderación de derechos que se vieron limitados en contraposición con un supuesto requisito formal que si se cumplió por mandato tácito y que fue ratificado expresamente, argumentando con doctrina legal y jurisprudencia constitucional no vinculante ni semejante a la problemática de fondo. En ese contexto, se tiene que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que: la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Sobre el punto, se observa que la resolución ahora cuestionada, basa su fundamentación abordando en primera instancia el principio de legalidad y taxatividad en relación a la aplicación del art. 394 del CPP; estableciendo en suma, que no puede entenderse a dicho artículo de forma distinta a que solo las partes procesales pueden plantear un recurso, no encontrándose dentro de tal categoría al abogado que en el caso concreto presentó su apelación incidental a nombre del ahora accionante; observando sobre el punto, una indebida interpretación de la norma, puesto que si bien la norma penal es taxativa, la interpretación realizada por la autoridad demandada resulta ser arbitraria, ya que si bien es evidente que el abogado no es considerado parte procesal; en el presente caso, no actuó por sí mismo, sino respondiendo a la voluntad del imputado, aspecto que se evidencia del memorial que convalida el memorial de apelación; y, la falta de firma en el memorial, no se constituye en causal específica de inadmisibilidad, puesto que el referido art. 394 del CPP, le da a las partes procesales el derecho a recurrir, mas no exige textualmente la existencia de firma en el memorial de apelación.

Además de ello, se observa que cita al art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la SCP 0610/2010-R de 19 de julio, que abordan el derecho a recurrir, sin otorgar la autoridad demandada mayor explicación que el señalar que las mismas no consideran al abogado como parte procesal para efectivizar tal derecho; no siendo pertinentes para el análisis de fondo de la resolución planteada. Finalmente, cita a la SCP 0068/2010-R de 3 de mayo y al art. 396.2 del CPP como ejemplo de la necesidad de mandato expreso; sin embargo, como se desarrolló en el acápite previo, la referida sentencia constitucional, no guarda relación con los hechos suscitados al momento de plantear la apelación incidental y el indicado artículo aborda una temática diferente a la aplicable en el caso concreto, puesto que la misma se refiere al proceso para el desistimiento de un recurso. Por lo descrito, se observa una fundamentación y motivación errónea, puesto que no se citó ni interpretó de forma debida los preceptos legales que buscaron justificar la decisión de declarar la improcedencia del recurso de apelación, correspondiendo respecto a la presente problemática conceder la tutela solicitada.

III.4.4. Respecto a la quinta problemática

El accionante señala que se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que le privaron de conocer una respuesta al fondo de sus agravios expresados en apelación.

Al respecto se tiene que el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional estableció que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.

Bajo ese parámetro, y conforme a lo desarrollado se debe establecer, que de forma evidente el Vocal ahora demandado negó al accionante la posibilidad de impugnar la resolución que declaró infundado su incidente de nulidad de imputación formal, justificando la improcedencia de su recurso sin una debida fundamentación y motivación, puesto que interpretó de forma errónea el alcance del art. 394 del CPP razón por la cual, se puede alegar una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva, correspondiendo respecto a la presente problemática conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2021 de 21 de enero (siendo lo correcto 5 de febrero de 2021), cursante de fs. 121 a 126 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos que los establecidos por la referida Sala Constitucional, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0939_2023-S1.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 246c8fa9de48bb682285a65aaf0ded066f0adb6ee2fa9ef501ddfc580d0aab45

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