Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 62 a 65 vta., dictada por el Juez Público de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada; sin embargo, dada la concesión de la tutela dispuesta por el Juez de garantías y la subsecuente resolución que se habría emitido al efecto, la misma se mantiene incólume y, por ende, el estado del proceso penal principal en el que se origina esta acción tutelar, a fin de evitar algún perjuicio en el avance de dicho proceso ordinario, como emergencia de la presente revocatoria.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0938/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54189-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 01/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 62 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Adalid Brandon Marca Foronda contra Alexei Fernando Orellana Romero, Juez Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 22 a 29 vta., el accionante expresó que:
Emergente de un proceso penal en su contra, en su condición de menor infractor, seguido por el Ministerio Público a instancia de parte por la presunta comisión del delito de tentativa de violación de infante, niña, niño y adolescente -en etapa preparatoria-, el 21 de enero de 2023, se dispuso su internación en el Centro de Infractores “COMETA”, por el plazo de cuarenta y cinco días, por lo que se señaló audiencia de control de su internación para el 7 de marzo de ese año, que finalmente se llevó a cabo pasados dos días de dicha detención, es decir, a los cuarenta y siete días de tal determinación, pues el Juez ahora demandado señaló de oficio audiencia para el 9 de marzo de ese año. En esa audiencia, ante la falta de acusación y superado el plazo de su internación, correspondía disponer la cesación de la detención preventiva que se le impuso en cumplimiento del art. 291.I.c) del Código Niña, Niño o Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, empero, por el contrario se mantuvo su internación en dicho Centro de infractores, aplicando legislación correspondiente a mayores de edad, por ende, la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- y el Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante esa situación solicitó complementación, señalando que un menor infractor no podía ser juzgado mediante un procedimiento penal ordinario que regula el accionar procesal de personas con mayoría de edad y que por ello no era aplicable; no obstante esa solicitud, el Juez demandado mantuvo el rechazo de la cesación de su detención preventiva, incurriendo en el delito de prevaricato, pues vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Si la citada autoridad jurisdiccional pretendía aplicar el procedimiento común en un proceso de menor infractor debió efectuar una valoración integral e interpretación sistemática de las normas conforme al art. 7 del CPP, es decir, realizando una interpretación favorable. Al tratarse de un menor infractor, debió aplicarse la norma especializada, de acuerdo al art. 291.I.c del CNNA, que prevé la cesación de la detención preventiva cuando esta exceda los cuarenta y cinco días sin acusación; situación que va en contra del principio de legalidad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la igualdad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; así como de los principios de legalidad y favorabilidad; citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó que se conceda la tutela y disponga dejar sin efecto el Auto “de Vista” de 10 de marzo de 2023 y, se ordene la emisión de una nueva Resolución en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 61 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: a) El Juez demandado si bien señaló audiencia para el 7 de marzo de 2023, no especificó la hora, por lo que reprogramó dicha audiencia para el 9 de igual mes y año; una vez instalada la misma, el Ministerio Público sostuvo que no correspondía la cesación de la detención preventiva porque existían modificaciones a la ley penal; sin embargo, la defensa manifestó que no resultaba cierta esa situación, porque el Código Niña, Niño y Adolescente, en lo relativo a la cesación, no había sufrido ningún cambio y que el art. 291.I.c) de dicho cuerpo normativo era claro al establecer que la detención preventiva cesaría cuando esta excediera de los cuarenta y cinco días y sin acusación fiscal; b) La Ley 1443 no modificó el Código Niña, Niño y Adolescente; c) Al ser menor de edad, cuando presuntamente cometió el delito atribuido, se le aplicó el Código Niña, Niño y Adolescente; por ello, mal se podría aplicar ahora el Código de Procedimiento Penal y las modificaciones efectuadas por la Ley 1443; d) El Juez demandado aplicó el art. 239 del CPP para rechazar la cesación de la detención preventiva; sin embargo, esa norma es aplicable a un mayor de edad y si el mencionado Juez pretendía aplicar el art. 239 del CNNA, cayó en un error, pues ese artículo aborda un tema absolutamente diferente a la situación que se resolvió; e) Hasta el 9 de marzo de 2023, ya se cumplían cuarenta y siete días de detención preventiva, es decir, dos días más de lo legalmente previsto; y, f) En este caso “…ni siquiera se puede alegar una subsidiari[e]dad porque (…) el derecho a la libertad [está] Constitucionalmente garantizado…” (sic).
Alexei Fernando Orellana Romero, Juez Público Mixto, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba, en audiencia de garantías señaló que: 1) Inicialmente el delito investigado era en grado de tentativa de violación, empero “…luego de la toma de la declaración anticipada…” (sic) se advirtió que prácticamente se había consumado; en este caso, se está frente a una víctima doblemente vulnerable; 2) Se ratifica en la vigencia de la Ley 1443 dictada para precautelar a menores de edad víctimas de agresiones sexuales; 3) El art. 231 bis del CPP contiene una excepción cuando se trata de solicitudes de cesación de la detención preventiva de personas procesadas por delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante niño, niña o adolescente; y, 4) El impetrante de tutela pudo haber planteado apelación contra la decisión que discrepa, incluso de acuerdo al Código Niña, Niño y Adolescente, el abogado de la defensa debió efectuar una protesta de planteamiento de apelación, empero consultado por el Fiscal; no lo hizo; entonces, se debe cumplir con la subsidiariedad antes de acudirse a esta vía constitucional; por otro lado, para que proceda la cesación deben analizarse otros aspectos más, como los riesgos de fuga y de obstaculización.
Carlos Renato García Rueda, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías arguyó que: Si bien el accionante está siendo juzgado al amparo del Código del Niño, Niña y Adolescente, empero no se debe perder de vista que ya es mayor de edad; por tal razón, se le debe exigir el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, como lo prevé la SCP 0306/2019-S4 que señaló, que cuando exista imputación formal, se debe apelar la resolución que imponga medidas cautelares.
Giovani Edson Salvatierra Alcocer, Fiscal de Materia, en audiencia, añadió: i) El accionante cometió presuntamente el delito imputado a los 17 años y 8 meses, por lo que se lo procesó al amparo del Código Niño, Niña y Adolescente; ii) El Ministerio Público, el 24 de febrero de 2023, emitió Resolución conclusiva en el caso de autos; y, iii) El imputado ya no es menor de edad, pues cumplió 18 años y 6 meses de edad, por lo que a efectos de plantear una acción de libertad, debe cumplir con la subsidiariedad excepcional.
El Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 01/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 62 a 65 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado en el término de veinticuatro horas emita una nueva resolución conforme a los lineamientos establecidos en la presente resolución, con base en los siguientes fundamentos: a) El Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023 no se ajusta a la exigencia establecida en el art. 291.I.c) del CNNA, que establece que procederá la cesación de la detención preventiva cuando se haya vencido el plazo de esta medida y no exista acusación formal, circunstancias que no fueron analizadas por el Juez demandado y que debió resolver conforme a dicha norma, omisión que vulneró el derecho a la libertad y a la debida fundamentación y motivación; b) La Ley 1443 no modificó el Código Niño, Niña y Adolescente, por lo que la autoridad demandada se apartó del principio de legalidad y objetividad, así como de los principios previstos en dicho Código consistentes en el interés superior del niño, igualdad; y, las garantías previstas en su art. 8; c) El art. 239 del CPP es una norma aplicable a personas mayores de edad; por lo tanto, inaplicable al impetrante de tutela, pues al ser este menor infractor tiene su legislación especial; y, d) En aplicación del art. 49 del Reglamento del Código Niña, Niño y Adolescente -Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015-no se podrá invocar la falta de normativa o procedimiento expreso, que desconozca el derecho de los niños y adolescentes; por lo que, se debe disponer lo más favorable, aspecto que ha sido desconocido por el Juez demandado en su Auto de 9 de marzo de 2023.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa fotocopia de la cédula de identidad del accionante, del cual se evidencia que nació el 2 de julio de 2004 (fs. 6).
II.2. Consta Auto de 21 de enero de 2023, dictado por el Juez demandado dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de parte en contra de Adalid Brandon Marca Foronda, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa, por el cual se dispuso su detención preventiva -quien a tiempo de la presunta comisión delictual tenía diecisiete años, es decir, era menor de edad- en el Centro de Infractores “Cometa” de la ciudad de Cochabamba, por el lapso de cuarenta y cinco días, actuado en el que se señaló audiencia de control de detención para el 7 de marzo de ese año (fs. 45 a 47 vta.). II.3. Se verifica Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, complementado mediante resolución de la misma fecha, dictados por el Juez demandado, dentro de la audiencia de control de detención preventiva y requerimiento conclusivo de terminación anticipada, dentro del proceso penal referido supra, mediante los que se resolvió denegar el pedido de cesación de la detención preventiva del hoy impetrante de tutela (fs. 34 a 35).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante, detenido preventivamente, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la igualdad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, de los principios de legalidad y favorabilidad, por cuanto el Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, por el que rechazó la cesación de su detención preventiva -dentro de proceso penal seguido en su contra como menor infractor por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente en grado de tentativa-, en aplicación del art. 239 del CPP destinado a mayores de edad, soslayando que ya habían pasado los cuarenta y cinco días de dicha detención, lo que ameritaba su cesación, como lo dispone el art. 291.I.c) del CNNA. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, la SCP 0693/2025-S1 de 24 de junio señaló: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0237/2018-S2 de 28 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional, en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física, ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías, en las que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal, ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea la justicia constitucional; entendimiento que fue reiterado por la SC 0054/2010-R de 27 de abril, entre muchas otras. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; cuyo primer supuesto señala, que las arbitrariedades cometidas antes de haber dado aviso del inicio de la investigación a la autoridad judicial, deben ser denunciadas ante el juez instrucción penal de turno y si ya se cumplió con esta formalidad; es decir, con el aviso del inicio de la investigación, ante el juez competente, por lo tanto, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir denunciando los supuestos actos ilegales; caso en el cual de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad por parte de este Tribunal, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación ni presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho razonamiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, indicando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, ii) Existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial antes anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, constituyéndose también en el garante de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, no solo de quienes son parte en el proceso, sino de igual forma, de aquellos que participan accidentalmente en el mismo, como por ejemplo los testigos…” (las negrillas corresponden al texto citado).
En el caso de aquellos accionantes que son mayores de edad, pero que aún estén siendo juzgados en su calidad de menores infractores -por haberles sido atribuida la comisión de un delito que hubieran efectuado cuando eran menores de dieciocho años-, les es aplicable la jurisprudencia constitucional -citada precedentemente- correspondiente a quienes son mayores de edad, pues ya no pertenecen a un grupo vulnerable de la sociedad, es decir, deben cumplir con la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad; así se entiende de lo resuelto por la de la SCP 0097/2021-S2 de 7 de mayo, que señaló: “Ahora bien, tomando en cuenta que la presente demanda tutelar fue interpuesta en favor del menor NN, lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, y en consideración que se denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia del Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2020, corresponde hacer abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y no exigir el agotamiento de los medios de impugnación intraprocesales, en procura de realizar un examen de fondo de la cuestión planteada y así materializar la protección reforzada que otorga el Estado en favor del menor NN accionante”; en ese orden, dicho razonamiento dispone que si a menores de edad que planteen una acción de libertad no se les exige la subsidiariedad excepcional que rige a la mencionada demanda tutelar, no ocurre lo mismo con los mayores de edad, a quienes les es exigible el agotamiento de la vía ordinaria a tiempo del planteamiento de la indicada acción tutelar. En estrecha relación con ello, se advierte la forma expresa en que la jurisprudencia constitucional resolvió una cuestión de subsidiariedad con relación a quienes en su calidad de menores infractores plantearon una acción de libertad siendo ya mayores de edad; así, a través de la SCP 0275/2024-S4 de 2 de julio, se señaló: “En ese marco, torna menester considerar que si bien de acuerdo a lo señalado por el impetrante de tutela, al momento de la comisión del hecho endilgado contaba con menos de dieciocho años, lo cual fue corroborado por la autoridad demandada; no obstante, también esta autoridad aclaró que durante la tramitación de la causa, ya habría adquirido la mayoría de edad; en ese contexto, remitidos al antecedente contenido en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, consta la presentación de un memorial con el título “ADJUNTA DOCUMENTACIÓN QUE REFIERE” (sic), presentado el 6 de junio de 2022, ante la Jueza ahora demandada, que de manera textual expresa: “JOEL ALVARO QUISPE APAZA con C.I. 10092806 L.P mayor de edad y hábil por derecho, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del Delito de ASESINATO, con el respeto que merece su autoridad expongo y pido: …” (las negrillas nos pertenecen), extremo que permite colegir que a esa fecha –6 de junio de 2022– el solicitante de tutela ya contaba con la mayoría de edad, situación que imposibilita hacer [sustracción] de la subsidiariedad excepcional que fue invocada, dado que la Resolución de 26 de igual mes y año, de la cual se solicita el control tutelar fue emitida con posterioridad al cumplimiento de su mayoría de edad; es decir, cuando ya era mayor de edad. Por lo referido, correspondía que el impetrante de tutela, previamente a acudir a esta jurisdicción constitucional, agote los mecanismos de defensa intra procesales previstos por el ordenamiento jurídico, concretamente el recurso de apelación incidental establecido en el art. 314 del CNNA, el cual constituye el mecanismo idóneo y específico para la protección y reparación de sus derechos en la vía ordinaria, permitiendo que el fallo de primera instancia, sea revisado por un Tribunal superior, cuyas facultades le permiten corregir o enmendar las presuntas arbitrariedades e irregularidades en las que hubiera incurrido la Jueza a quo, mérito por el cual concierne la denegatoria de la tutela, con la aclaración que no se ingresó al fondo de las problemáticas contenidas en los puntos 1, 2, 3, y 4 que conciernen al fondo de la resolución cuestionada” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original). No obstante que esta Sentencia se basó en la fecha de la Resolución cuestionada para aplicar la subsidiariedad excepcional, dado que dicha flexibilidad favorece a menores de edad que plantean acciones de libertad –como lo estableció la primera jurisprudencia anotada-, es la mayoría de edad que se tiene en ese momento la que hace inaplicable dicha flexibilidad y no así la edad que se tenga a la fecha de la resolución cuestionada.
Finalmente, para complementar el entendimiento jurisprudencial mediante el cual se exige el agotamiento de la vía ordinaria a menores infractores que ya son mayores de edad al planteamiento de su acción de libertad, se tiene a bien citar lo previsto por el art. 314 del CNNA, que regula la apelación incidental contra medidas cautelares: “I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones: a. Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento;
b. La que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la investigación en casos relacionados a organizaciones criminales, asociaciones delictuosas o delitos complejos; y c. Las que se dicten en ejecución de sentencia. II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente.
III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso”.
El accionante, detenido preventivamente, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la igualdad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, de los principios de legalidad y favorabilidad, por cuanto el Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, por el que rechazó la cesación de su detención preventiva -dentro de proceso penal seguido en su contra como menor infractor por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente en grado de tentativa-, en aplicación del art. 239 del CPP destinado a mayores de edad, soslayando que ya habían pasado los cuarenta y cinco días de dicha detención, lo que ameritaba su cesación, como lo dispone el art. 291.I.c) del CNNA.
Establecido el planteamiento del problema, corresponde compulsar la prueba cursante en obrados; en ese orden, se tiene que existe un proceso penal seguido en contra del impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente en grado de tentativa, por el Ministerio Público a denuncia de parte, ante el Juzgado a cargo del Juez ahora demandado, emergente del cual el 21 de enero de 2023, se emitió el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva en el Centro de Infractores “Cometa” de la ciudad de Cochabamba, ya que en esa oportunidad tenía la edad de diecisiete años, es decir, era menor de edad (Conclusión II.1); igualmente, el 9 de marzo de 2023, dicho Juez emitió el Auto Interlocutorio por el cual se rechazó la cesación de su detención preventiva (Conclusión II.2). Por otro lado, se advierte que el impetrante de tutela nació el 2 de julio de 2004, por lo que a la fecha del planteamiento de esta acción de tutela -10 de marzo de 2023- ya era mayor de edad, pues cumplió dieciocho años el 2 de julio de 2022. En ese contexto, considerando que el impetrante de tutela está buscando dejar sin efecto el citado Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, a fin de lograr su libertad, y dado que ya llegó a la mayoría de edad a tiempo de plantear esta acción tutelar -10 de marzo de 2023-, le es aplicable el alcance de la subsidiariedad excepcional, es decir, que debió haber agotado la vía ordinaria contra dicho Auto, pues solo en el caso de ser menor de edad a tiempo del planteamiento de la acción de libertad no le es exigible dicho agotamiento, como claramente se entiende de la SCP 0097/2021-S2 de 7 de mayo citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. A mayor abundamiento, en el mencionado Fundamento Jurídico -emergente de jurisprudencia constitucional pertinente- también se estableció que aquel menor infractor, que ya es mayor de edad al momento de activar este tipo de acciones tutelares, debe agotar la vía ordinaria prevista. En ese orden, advertida la falta de agotamiento del recurso de impugnación contra el Auto Interlocutorio de 9 de marzo de 2023, que pretende revertir el solicitante de tutela, es evidente que no cumplió con la referida subsidiariedad excepcional, situación procesal constitucional que -se reitera-le es exigible dada su mayoría de edad a tiempo de activar esta acción de tutela, lo que impide ingresar a una revisión de fondo de su denuncia y, por ende, se debe denegar la tutela impetrada. No obstante ello, dado que dicha denegatoria de tutela amerita revocar la resolución revisada, corresponde dimensionar los efectos de su concesión dispuesta por el Juez de garantías, a fin de evitar perjuicios en el desarrollo del proceso penal principal seguido contra el accionante; es decir, que se debe determinar que se mantenga incólume dicha concesión, ya que una resolución de medidas cautelares, que es provisional y que eventualmente puede mutar, no afecta el curso de un proceso ordinario principal. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 62 a 65 vta., dictada por el Juez Público de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada; sin embargo, dada la concesión de la tutela dispuesta por el Juez de garantías y la subsecuente resolución que se habría emitido al efecto, la misma se mantiene incólume y, por ende, el estado del proceso penal principal en el que se origina esta acción tutelar, a fin de evitar algún perjuicio en el avance de dicho proceso ordinario, como emergencia de la presente revocatoria.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0938_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 007af258bbc8d7fdb040135b25f13d52e31314b215c36dc182ca7c2d87022623
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