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SCP 0938/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
40238-2021-81-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, toda vez que, dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), el Juez de primera instancia a través del Auto Definitivo 36/2019 de 15 de febrero, declaró improbada su pretensión de ser tenido como tercerista de dominio excluyente, determinación que al ser impugnada fue confirmada mediante Auto de Vista D-93/2020 de 19 de mayo, dictado por los Vocales ahora demandados; no obstante, en su emisión: i) No se pronunciaron respecto a su condición o no de tercerista de dominio excluyente; a la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC; y, al estado de indefensión en que se lo colocó, al no permitírsele intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. ii) Con base en disposiciones normativas abrogadas, modificando lo dispuesto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 062/2021 de 24 de marzo, cursante de fs. 70 a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. La intervención de terceros en materia civil
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0938/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción amparo constitucional Expediente: 40238-2021-81-AAC Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 062/2021 de 24 de marzo, cursante de fs. 70 a 72 vta., dictada dentro de la acción de amparo constitucional presentada Juan Abel Mendoza Cusicanqui contra Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por los memoriales presentados el 19 de febrero y 4 de marzo de 2021, cursantes de fs. 33 a 37 vta.; y, de 41 a 42 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como copropietario del bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, se apersonó al proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y “Rosmary” Chipana Maceda (su ex cónyuge), el cual se sustanciaba ante el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; ello en razón que, nunca se le notificó con la demanda planteada, y principalmente, con el objeto que se lo tenga como tercerista de dominio excluyente, ya que el bien inmueble del que es copropietario, fue ofrecido como garantía de pago, sin su consentimiento y por medio de un acto de conciliación aprobado judicialmente con base en disposiciones normativas abrogadas. Para el efecto, cumplió con todos los presupuestos exigidos por el Código Civil y Código Procesal Civil; y argumentó que, conforme lo dispuesto por el art. 1471 del Código Civil (CC), el acreedor (Rodolfo Lalo Roca Luna) no podía haber consignado una doble garantía para el pago de lo que se le adeudaba, en vista de que otro bien inmueble, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990064264, ya tenía tal condición jurídica de forma precedente, mismo que cubría de sobremanera los $us15 000.- (quince mil dólares estadounidenses) que se exigían como deuda a pagar. Pese a ello, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a través de Auto Definitivo 36/2019 de 15 de febrero, declaró improbada su pretensión. Ante tal circunstancia, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz – ahora demandados– a través de Auto de Vista D-93/2020 de 19 de mayo, disponiendo confirmar el Auto Definitivo de 15 de febrero de 2019. Determinación que asumieron: a) Sin pronunciarse respecto a su condición o no de tercerista de dominio excluyente; a la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC; y, al estado de indefensión en que se lo colocó, al no habérsele permitido intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada principal planteada; b) Con base en disposiciones normativas abrogadas, modificando lo dispuesto por el art. 52 del CPC, específicamente el término “discute” por el de “embargo”, realizando una errónea interpretación de dicha disposición normativa; y, trayendo a colación el razonamiento jurisprudencial del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre, que no es aplicable al caso; y, c) Omitiendo valorar los cinco elementos de prueba que presentó (un certificado de información rápida, un acta de conciliación, el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017, la Sentencia “147/2017” y el Oficio “385/2018”), los cuales sustentarían su pretensión de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; citado el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE)

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela solicita, y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista D-93/2020, debiendo emitirse uno nuevo, disponiendo tenérselo como tercerista de dominio excluyente; y, 2) Se anule el Auto Definitivo de 15 de marzo de 2017.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 24 de marzo de “2020”, según consta del acta cursante de fs. 67 a 69 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó de forma íntegra la acción de amparo constitucional que presentó.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Eddy Arequipa Cubillas, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe presentado el 16 de marzo de 2021, cursante a fs. 51 y vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto: i) El Auto de Vista D-93/2020 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, por lo que no se lesionó el derecho al debido proceso del accionante; ii) Existe un error de transcripción de lo dispuesto por el art. 52 del CPC, empero, tal aspecto no puede generar que el Auto de Vista D-93/2020 sea declarado nulo; iii) Compulsados todos los antecedentes, se evidencia que las notificaciones dentro del proceso coactivo civil se ejecutaron conforme lo dispuesto por el Código Procesal Civil, por otro lado, un sujeto procesal, tenido como tercerista de dominio excluyente, no podría pretender que sean declaradas nulas tales diligencias; y, iv) El accionante no tomó en cuenta la acción de amparo constitucional que tiene como objeto, la tutela de derechos y principios. Jorge Adalberto Quino Espejo, Vocal de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe ni concurrió a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 45.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rodolfo Lalo Roca Luna, Paulo Roberto Bastos Taborga y “Rosemery” Chipana Maceda, no presentaron memorial alguno ni concurrieron a la audiencia pese a su legal notificación cursante a fs. 45 y 60.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, a través de la Resolución 062/2021 de 24 de marzo, cursante de fs. 70 a 72 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La pretensión del accionante, respecto a ser tenido como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemary Chipana Maceda (su ex cónyuge), ya no tendría objeto, en vista de que el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, fue sometido a venta judicial, incluso antes del acto de conciliación de 13 de marzo de 2017; por lo que, no tendría ningún derecho propietario sobre el mismo; b) La venta judicial, cuya existencia ha sido puesta a conocimiento por el accionante, se llevó a cabo por disposición del Juez Público Civil y Comercial Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; c) Pese a que se disponga que los Vocales ahora demandados dicten un nuevo auto de vista, los presupuestos de la tercería de dominio excluyente no llegaran a concurrir; y, d) Los Vocales ahora demandados se pronunciaron respecto a los agravios denunciados en el recurso de apelación que interpuso el impetrante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 24 de mayo de 2022, cursante a fs. 84, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 125); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de todos los antecedentes se establece lo siguiente: II.1. Del Certificado de Información Rápida de 13 de marzo de 2017, expedido por Derechos Reales, se tiene que, Juan Abel Mendoza Cusicanqui – accionante– y “Rosemery” Chipana Maceda –terceros interesados– serían propietarios del bien inmueble registrado en dicha dependencia Estatal, bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807 (fs. 8) II.2. Del Auto Interlocutorio de 27 de julio de 2017 (Complementario de la Sentencia 147/2017 de 5 de junio), emitido por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, se tiene que: 1) “Rosmary” Chipana Maceda –tercera interesada y ex cónyuge del accionante– ofreció como garantía de pago en favor de Rodolfo Lalo Roca Luna, el 50% del bien inmueble del que sería copropietaria, el cual está registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807; y, 2) “Rosmary” Chipana Maceda fue condenada al pago de $us15 000.- en favor del último de los mencionados (fs. 21 a 22). II.3. Por memorial de 3 de octubre de 2018, Juan Abel Mendoza Cusicanqui

–impetrante de tutela– se apersona al proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), sustanciado ante el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, con el objeto de que se lo tenga como tercerista de dominio excluyente; para el efecto habría presentado como elementos de prueba “Cédula de Identidad de Juan Abel Mendoza Cusicanqui, Certificado de Matrimonio, Contrato de Prestamo de dinero por $us. 10.000.-, Contrato de Préstamo de dinero por $us. 5.000.-, Resolución Nº 553/2014 Perención de Instancia, Respuesta demanda de Divorcio, Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0700/2014 1388/2013” (sic [fs. 107 a 109 vta.]). II.4. A través del Auto Definitivo 36/2019 de 15 de febrero, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, declara improbada la pretensión perseguida por el accionante, concerniente a tenérselo como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y “Rosmery” Chipana Maceda (fs. 110 a 112 vta.). II.5. Por memorial de 7 de marzo de 2019, Juan Abel Mendoza Cusicanqui

–impetrante de tutela– interpone recurso de apelación contra el Auto Definitivo 36/2019, denunciando como agravios generados, los siguientes:

“1. Con este rechazo a la tercería, el juez está violando el Art. 115.1 de la C.P.E. donde menciona y ordena que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 2. El Art. 69 parágrafo 2 de la ley 025, el Juez, tenía la obligación de rechazar el acta de conciliación de Fjs. 22 al 24 en la demandas orales o escritas sobre inmuebles cuando considere que la conciliación vulnere derechos constitucionales, como es el del presente caso por INDEFENSION, porque en ningún momento me notificaron con la demanda. 3. El juez, violo el Art. 2 del C.P.C., porque tenía la obligación de impulsar el proceso tomando medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, como es el del presente caso que con su rechazo provoca la apelación lógica y justa, provocando CARGA PROCESAL en el sistema judicial. 4. El Juez, violó el principio de saneamiento del Art. 1 del C.P.C. ya que con su decisión de rechazo a la tercería, no tomo decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, para evitar nulidades futuras.

5. Con este rechazo, se violo el Art. 180 de la C.P.E. sobre el principio de legalidad o seguridad jurídica, porque en su decisión señalo a la ley 1770, cuya ley fue abrogado el 25 de junio del 2015, y en su reemplazo se aprobó la ley 708, esta violación se llama PREVARICATO.

6. Este rechazó a la tercería, viola los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, consagrados en el Art. 180 de la C.P.E.

7. Como autoridad judicial por más de 10 años de ejercicio, el juez aprobó el acta de conciliación, sin cumplir el mandato de los artículos 177(1), 192(1), 192(II) todos ellos de la ley 603 del Código de las Familias, que se le puso en conocimiento en el planteamiento de la tercería, donde ordena que la "comunidad de gananciales se regula por la Ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad de pleno derecho, tampoco ha solicitado mi consentimiento expreso para enajenar, hipotecar, o dejar en prenda, tampoco han adjuntado la RESOLUCION por un juez de Familia para una reivindicación a título exclusivo. 8. Esta resolución 36/2019, viola el Art. 119(II), relacionado a la protección de los jueces a MI DERECHO INVIOLABLE A LA DEFENSA, esta violación sumado al delito de PREVARICATO, obligan al Tribunal de Segunda Instancia a aplicar el Art. 108 del C.P.C., para ANULAR DE OFICIO todo el proceso”. (sic [fs. 114 a 118]). II.6. A través del Auto de Vista D-93/2020 de 19 de mayo, Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandados– resuelven el recurso de apelación interpuesto por el accionante, determinando confirmar el Auto Definitivo 36/2019, ello con base en los siguientes fundamentos:

“La tercería de dominio excluyente debe sin duda cumplir con las condiciones de procedencia previsto en el Código Procesal Civil en su Art. 52 que señala: ‘Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se embargó, en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes.’; por su parte, el Auto Supremo N° 528/2012 de 14 de diciembre de 2012 señala que la tercería definida por la doctrina como la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el embargo trabado sobre un ‘bien que es de su propiedad’ O de ‘pago preferencial’ que interviene para exigir el crédito el con producto de la bien embargado. Asimismo señala que existen dos clases de tercerías, una de dominio, por la que el tercero alega ser el dueño, tener el dominio del bien embargado otro de mejor derecho, por la cual el tercero alega tener mejor derecho que el embargante para quedarse con el producto de la venta del bien embargado (ej: acreedor hipotecario mejor derecho que el quirografario).

En se sentido, en el presente caso y absolviendo los agravios denunciados, de la revisión de antecedentes, se tiene como partes procesales a Rodolfo Lalo Roca Luna (Demandante) Y Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosmery Chipana Maceda (Demandados); es decir, el ahora recurrente no se constituye en parte procesal por lo que no podría reclamar la citación judicial, menos argüir indefensión.

Con relación a la aplicación de una norma abrogada (Ley 1770), el recurrente debe considerar que la acción de defensa que invoca es la tercería de dominio excluyente, y como tal, tenía la carga de cumplir con la prerrogativa de ley, ahora bien, la decisión que aprueba el acta de conciliación, data del 15 de marzo de 2017 Y las parte procesales, en su momento, no objetaron la decisión, por lo que debe tomarse en cuenta que el derecho material está por encima del derecho formal, es decir, las partes al arribar a un acuerdo conciliatorio, la autoridad judicial, en el fondo, actuó otorgado la tutela judicial, por eso mismo las partes no objetaron la decisión judicial, entonces, mal podría el recurrente buscar una nulidad mediante la tercería de dominio excluyente, cuando, el mismo debió ceñirse en demostrar su derecho propietario conforme la norma adjetiva civil.

Con relación al acta de conciliación siendo que el mismo seria lesivo a los intereses del recurrente, por cuanto tendría su derecho ganancial en un 50%; al respecto; de la revisión del acta de conciliación de fs. 11-12, se evidencia que Rosmery Chipana Maceda (ex cónyuge del recurrente) otorgó en garantía de la deuda el bien inmueble ubicado en la Calle Jorge Saenz, Nro. 1204, de 180Mts2, registrado en registrado en Derechos Reales 2.01.0.99.0086807 en el 50% de 50% de acciones y derechos ganancialicios resultante entre Rosmery Chipana Maceda y Juan Abel Mendoza Cusicanqui; con este antecedente, queda claro que desde el inicio del presente proceso, fue resguardado el derecho ganancial que el recurrente ahora reclama, pero además, el bien objeto de la tercería, fue objeto de venta judicial, por lo que el derecho positivo no está demostrado, cayendo los agravios en meras intenciones no prosperables. Por las razones precedentemente señaladas se evidenciar que la tercería de dominio excluyente no cumple con los parámetros procesales, por lo que la decisión asumida por la autoridad judicial fue determinada conforme a los datos procesales y las normas que rigen la materia, correspondiendo disponer su ratificación.” (sic [fs. 31 a 32 vta.]) II.7. Del acta de audiencia virtual de 24 de marzo de “2020”, en la que fue objeto del contradictorio, la acción de amparo constitucional presentada por el accionante, se extrae lo siguiente:

“Vocal - Dra. Blanca Alarcon Yamapsi.- (…) mi pregunta es para la parte accionante para el señor Juan Abel Mendoza Cusicanqui, mismo que ha planteado esta acción tutelar señalando que se hubiera violado su derecho a la defensa, mi consulta es el señor ha planteado esta tercería de dominico excluyente dentro del proceso de cobro de dinero, sin embargo de ello quería saber que cuando se ha procedido a la subasta y remate del bien inmueble que el señala que es propietario del 50%, si se ha procedido a la subasta y remate esta se hizo por el total o solamente sobre el 50% de la ex cónyuge deudora Rosemary Chipana Maceda.

Abogado - Parte Accionante.- (…), se ha procedido al remate del 100% del inmueble”. (…).

Vocal Presidente - Dr. Heriberto V. Pomier Madriaga.- (…), para el 13 de marzo de 2017 en que se llevó el acta de conciliación suscrito solo pro su ex esposa, en el juzgado 15 de partido en lo civil ya se había rematado el bien inmueble de la calle Jorge Saenz, correcto.

Abogado - Parte Accionante.- Correcto.

(…).

Vocal Presidente - Dr. Heriberto V. Pomier Madriaga.- (…) usted plantea la tercería de dominio excluyente conociendo que el remate del bien inmueble se había consolidado en el 100%, entonces cual es la pretensión en el fondo que usted nos está reclamando en esta instancia (…).

Abogado - Parte Accionante.- (…), lo que estoy solicitando en el fondo de todo es que el señor Roca no cobre los $us.- 23.000 dólares del juzgado 15, el saldo del remate que es otro proceso, lo que estos pidiendo en si es que esos 23.000 $us me corresponde a mi persona”. (sic [fs. 67 a 69 vta.])

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, toda vez que, dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), el Juez de primera instancia a través del Auto Definitivo 36/2019 de 15 de febrero, declaró improbada su pretensión de ser tenido como tercerista de dominio excluyente, determinación que al ser impugnada fue confirmada mediante Auto de Vista D-93/2020 de 19 de mayo, dictado por los Vocales ahora demandados; no obstante, en su emisión: i) No se pronunciaron respecto a su condición o no de tercerista de dominio excluyente; a la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC; y, al estado de indefensión en que se lo colocó, al no permitírsele intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. ii) Con base en disposiciones normativas abrogadas, modificando lo dispuesto por el art. 52 del CPC, específicamente el término “discute” por el de “embargo”, realizando así una errónea interpretación de dicha disposición normativa; y, trayendo a colación el razonamiento del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre, que no es aplicable al caso; y, iii) Omitieron valorar los cinco elementos de prueba que presentó (un certificado de información rápida, un acta de conciliación, el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017, la Sentencia “147/2017” y el Oficio “385/2018”), los cuales sustentarían su pretensión de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: a) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional Análisis del caso concreto; c) La intervención de terceros en materia civil; y d) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan el marco fáctico y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

3La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’ (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto, entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de 5La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse’. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ...en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen)

6“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Suprema, por el cual, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales –los cuales gozan de igual jerarquía–, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio , fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, 7“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 8“Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

‘Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. ´”

estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen 9La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señaló: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las y los jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1 , al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las y los jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.4. La intervención de terceros en materia civil

El art. 50 del CPC, establece la regulación y el alcance respecto a la intervención de terceros; es así que, en su parágrafo I dispone que: “Se admite la intervención de terceros cuando éstos asumen la calidad de parte en el proceso, quedando en consecuencia vinculados a la sentencia, salvo que la ley establezca lo contrario”.

Además de lo señalado, el art. 51 del CPC establece dos clases de intervención del tercero que son: a) Voluntaria, sea principal o accesoria y b) Forzosa.

En el caso de la intervención voluntaria, sea principal o accesoria, se encuentra la clasificación de las tercerías, entre ellas la tercería de dominio excluyente, de derecho preferente, coadyuvante simple, coadyuvante litisconsorcial, y la oposición a un embargo; y en cuanto a la intervención forzosa se tiene la citación de evicción, llamamiento en causa de un tercero y denuncia de tercero.

Ahora bien, a fin de ahondar el estudio sobre la intervención de los terceros interesados en materia civil y las implicancias que devienen del mismo, es importante el enfoque doctrinal, en este sentido cabe señalar que, es evidente que dentro de un proceso intervienen tanto el demandante como el demandado; sin embargo, en virtud a:

…las relaciones jurídicas que son tan complejas que, a menudo la litis afecta derechos de terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido y de cuya sentencia, no obstante, puede derivarles un perjuicio”, en consecuencia, la intervención de terceros se puede realizar de dos maneras, cuando se trata de procesos de conocimiento y de ejecución, en el primer caso el contenido es jurídico y en el segundo es económico, bajo esta comprensión existen dos formas en la que el interesado puede hacer valer su interés, que son a través de un proceso de ejecución, mediante la tercería de dominio o de mejor derecho; y, en el proceso de conocimiento, por su intervención en la relación procesal, en las cuales los terceros tienen diferente posición; es decir que, en la tercería se conserva su calidad de tercero, por cuanto no le afecta la sentencia que decida la litis, mientras que, en el de intervención asume el carácter de sujeto de la relación procesal y quedará vinculado por la sentencia que vaya a dictarse.

Asimismo, el tratadista Lino Palacio sostiene: “la intervención de los terceros tiene lugar, cuando durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes originarias a fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados a la causa o el objeto de la pretensión” y sobre la intervención principal o excluyente indica que “el tercero hace valer un derecho propio y una pretensión incompatible con la interpuesta por el actor en el proceso judicial. Para Castellanos Trigo terceros y terceristas tienen diferentes conceptualizaciones, en virtud al fin que tiene cada uno de ellos, es así que, tercero es el que interviene en el proceso judicial; empero, cuando es admitido en el proceso, deja de ser tercero para convertirse en parte del proceso, porque tiene algún interés o derecho en la pretensión del objeto del proceso; y, tercerista es la persona que no tiene ningún interés en la pretensión del proceso y solamente interviene en el proceso para solicitar un desembargo o la preferencia de pago, de ahí que, cuando consigue ese objetivo sale del proceso directamente, en esa medida no puede convertirse en parte del proceso, pues no tiene ningún interés o algún derecho en la pretensión procesal que se discute en la causa . A mayor abundamiento sobre el tema, la expresión tercero en su acepción genérica denota la condición de desinteresado con respecto a una relación, en ese sentido, desde el punto de vista del proceso judicial y en este caso particular del civil, se constituye en “…un individuo que interviene en el debate procesal en defensa de un interés propio diverso de los que constituyen objeto de las pretensiones que se ventilan en el proceso judicial, y que puede resultar afectado como consecuencia de las decisiones que se adopten en juicio”, en cambio los terceristas no pueden convertirse en parte del proceso, porque tienen una intervención momentánea en el mismo, porque consiguen su fin y desaparecen del proceso.

III.4.1. La tercería de dominio excluyente

A partir del desarrollo normativo y doctrinal sobre la intervención de los terceros interesados en materia civil, cabe profundizar el estudio de la tercería de domino excluyente, la cual se encuentra regulada en el art. 52 del CPC como parte de la intervención voluntaria principal y accesoria y que dispone: “Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se discute en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes”.

Asimismo, el art. 360.I del CPC establece que la tercería puede ser propuesta en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares, a consecuencia de las medidas cautelares que afectan los bienes del tercerista o cuando alega mejor derecho que el embargante y que de acuerdo a su tramitación debe ser corrida en traslado a las partes, quienes tienen el plazo de cinco días para responder la referida tercería, sujetándose al trámite de los procesos incidentales, en el caso específico de la tercería excluyente de dominio, conforme lo dispuesto en el parágrafo II de la citada disposición, dispone que …no se suspenderá el trámite en lo principal hasta llegase al estado de remate del bien litigado. El trámite de estas tercerías quedará dispensado cuando se trate de bienes cuyo derecho propietario se justifique con la correspondiente inscripción en el registro público correspondiente. Justificado el derecho de propiedad que fundamenta la tercería con el certificado pertinente, la autoridad judicial ordenará la cancelación de la cautela, con notificación a las partes, que sólo podrán oponerse alegando y probando error en el informe registral o falsedad de la inscripción. Las oposiciones de cualquier otro género que pudieren deducirse no serán admitidas, sin perjuicio del derecho de hacérselas valer en el proceso que corresponda…

De lo señalado, el civilista Gonzalo Castellanos Trigo, realiza una diferenciación respecto a la tercería de dominio excluyente y preferente y la intervención excluyente, señalando que:

…el tercerista se limita a hacer valer su derecho de dominio sobre algún bien que haya sido embargado injustamente en el proceso principal, o el derecho a ser pagado con preferencia al ejecutante con motivo de la venta de la cosa embargada por tener el mismo un privilegio; y en tanto no deduce una pretensión incompatible o conexa con aquella sobre la que versa la litis, a cuyo resultado por lo demás es indiferente, no pierde su condición de tercerista pretensión incompatible o conexa con aquella sobre la que versa la Litis

…en la intervención excluyente el tercero asume su calidad de parte y su pretensión jurídica es incompatible con la del actor y la del demandado, debiendo resolverse dicha pretensión jurídica en el momento de dictarse sentencia conjuntamente con la del actor y del demandado. En este entendido las tercerías de dominio excluyente, se constituyen en una “…pretensión en cuya virtud una persona distinta a las partes intervinientes en un determinado proceso, reclama el levantamiento de un embargo trabado en dicho proceso sobre un bien de su exclusiva propiedad…”, tercería que tiene su fundamento en los derechos de propiedad y de defensa. (El resaltado es añadido)

De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 0528/2012 de 14 de diciembre, efectuó un análisis respecto a los terceros y los terceristas, mencionando también la comprensión efectuada por el tratadista Gonzalo Castellanos Trigo sobre dichas figuras jurídicas; asimismo, el mencionado Auto Supremo nombrando al autor Alex Parada Mendia, quien en su Libro la Tercería de Dominio Excluyente, señala que “la tercería de dominio no es un caso de intervención procesal”, y citando a Fernández López indica que: “expresa dos razones principales por las que la tercería de dominio excluyente no puede ser considerada un fenómeno de intervención procesal. 1) La intervención procesal es una figura típica del proceso de declaración, mientras que la tercería de dominio excluyente está pensada principalmente para los procesos de ejecución (ámbito de embargo ejecutivo), si bien son perfectamente posibles como oposición del terreno al embargo preventivo. 2) La intervención procesal es un cauce procesal genérico que permite ejercitar distintas acciones y oponerse inclusive al objeto del proceso. La tercería de dominio excluyente se refiere a una acción específica que pretende en forma concreta el levantamiento del embargo erróneamente trabado sobre un bien o derecho de su propiedad” (El resaltado es añadido [reiterada por los Autos Supremos 0275/2013 de 27 de mayo y 1114/2018 de 1 de noviembre]). Efectuado el entendimiento doctrinal y jurisprudencial sobre la tercería de dominio excluyente, corresponde centrar nuestra atención en algunas características principales sobre esa figura, teniendo claro que lo que se pretende con la mencionada tercería es dejar sin efecto el embargo ejecutivo dispuesto por la autoridad judicial sobre el bien que alega el tercerista que es de su propiedad, para ello el tercerista debe valer ese derecho acreditando el registro de su titularidad en Derechos Reales, y darle publicidad a ese derecho propietario, es así que de acuerdo a lo establecido por el art. 1538.I del CC:

I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales. III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados.

De lo señalado, se extrae que una de las características primordiales para que se dé lugar a la tercería de dominio excluyente es que de acuerdo al art. 52 del CPC el tercerista justamente debe alegar un derecho positivo y de existencia cierta, lo que implica que debe acreditar la publicidad de su derecho propietario a través del registro público en Derechos Reales, bajo los parámetros que establece la norma señalada precedentemente; sin embargo, existe una salvedad en cuanto a la posesión del titular del bien inmueble, según lo dispuesto por el art. 361 del CC respecto a la facultad del tercerista que señala:

El tercerista podrá solicitar en cualquier momento se dejen sin efecto las medidas decretadas sobre los bienes sujetos a su derecho propietario, ofreciendo cautela suficiente a juicio de la autoridad judicial, para responder al crédito del embargante en caso que no probare ser suyos los bienes embargados.

Sobre esta disposición el tratadista Gonzalo Castellanos Trigo ha entendido que:

…tiene por objeto proteger la posesión de la cosa. Cuando el tercerista no ha podido demostrar la propiedad del bien embargado, como por ejemplo, presentar un documento privado que no se encuentra registrado en Derechos Reales o por otra situación, tiene todavía posibilidad de obtener el desembargo del bien, cubriendo totalmente la obligación… Lo que implica que el nombrado en cualquier momento; es decir, antes que se aprueba el remate judicial, puede obtener el referido desembargo del bien afectado, debiendo cubrir capital, intereses y costas procesales.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, toda vez que, dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), el Juez de primera instancia a través del Auto Definitivo 36/2019, declaró improbada su pretensión de ser tenido como tercerista de dominio excluyente, determinación que al ser impugnada fue confirmada mediante Auto de Vista D-93/2020, dictado por los Vocales ahora demandados; no obstante, en su emisión: i) No se pronunciaron respecto a su condición o no de tercerista de dominio excluyente; a la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC; y, al estado de indefensión en que se lo colocó, al no permitírsele intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. ii) Con base en disposiciones normativas abrogadas, modificando lo dispuesto por el art. 52 del CPC, específicamente el término “discute” por el de “embargo”, realizando así una errónea interpretación de dicha disposición normativa; y, trayendo a colación el razonamiento del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre, que no es aplicable al caso; y, iii) Omitieron valorar los cinco elementos de prueba que presentó (un certificado de información rápida, un acta de conciliación, el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017, la Sentencia “147/2017” y el Oficio “385/2018”), los cuales sustentarían su pretensión de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente. Revisados y compulsados los antecedentes se evidenció que, el accionante se apersonó al proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), el cual se sustanciaba ante el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, con el objeto que se lo tenga como tercerista de dominio excluyente, ya que el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, del que sería copropietario, había sido ofrecido en el mismo, como garantía de pago en favor del primero de los mencionados (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); así, ante dicho apersonamiento se emitió el Auto Definitivo 36/2019, declarándose improbada la pretensión perseguida por el impetrante de tutela (Conclusión II.4); por lo que, mediante memorial de 7 de marzo de 2019, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra el indicado Auto (Conclusión II.5); que mereció el Auto de Vista D-93/2020, por el que, los Vocales ahora demandados resolvieron el recurso de apelación interpuesto por el accionante, confirmando el mencionado Auto Definitivo (Conclusión II.6). Ahora bien, en audiencia virtual de 24 de marzo de “2020”, en la que fue objeto del contradictorio, la acción de amparo constitucional presentada por el accionante, se tiene que, ante las preguntas efectuadas por la Sala Constitucional, el impetrante de tutela refirió que, el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, del cual sería copropietario, ya había sido sometido a venta judicial en un 100% para el 13 de marzo de 2017 y que el mismo ya estaba siendo ocupado por terceras personas; además que, lo único que pretende es que, se le restituya la suma de dinero que le correspondería por dicha transacción (Conclusión II.7).

Bajo ese contexto, de forma previa a analizar en el fondo la problemática identificada, cabe precisar que, los abundantes e ininteligibles argumentos explanados por el accionante, tanto en su memorial de acción de amparo constitucional, como en el correspondiente a su subsanación (fs. 33 a 37 vta., y de 41 a 42 vta.), dan cuenta que éste realiza dos peticiones ante la jurisdicción constitucional: Primero, que se deje sin efecto el Auto de Vista D-93/2020, debiendo los Vocales ahora demandados dictar otro en el dispongan tenerlo como tercerista de dominio excluyente; y, segundo, que se anule el Auto Definitivo de “15 de marzo de 2017”. En ese marco, compulsados todos los antecedentes, se llega a constatar que la última de esas Resoluciones no fue dictada por los Vocales ahora demandados, sino por el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la capital del departamento de La Paz, quien no fue sometido a este proceso constitucional en calidad de autoridad demandada y mucho menos intervino en ningún sentido en la sustanciación del mismo; en ese sentido, no existe en consecuencia una relación directa entre el Auto Definitivo de “15 de marzo de 2017” y los Vocales ahora demandamos; por lo que, se llega a concluir que estos carecen le legitimación pasiva. Correspondiendo denegar la tutela solicitada con relación a dicho acto jurídico-procesal.

Realizada la precisión anunciada, la problemática identificada será analizada en el fondo tomando en cuenta el orden en que fue estructurada; no sin antes resaltar que, la misma prácticamente llegó a ser deducida después de efectuado un arduo examen de los abundantes e ininteligibles argumentos explanados por el accionante, tanto en su memorial de acción de amparo constitucional, como en el correspondiente a su subsanación. En ese sentido, cabe desarrollar lo siguiente: a) En cuanto a que los Vocales demandados no se pronunciaron respecto: a.1) A la condición o no de tercerista de dominio excluyente del accionante; a.2) A la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC; y, a.3) Al estado de indefensión en que se colocó al accionante, al no permitírsele intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada principal planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. Con el objeto de abordar el particular, debe traerse a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente a la congruencia externa, como elemento del derecho al debido proceso (art. 115 de la CPE); el cual señala lo siguiente:

Se constituyere en el principio rector por el que, en toda determinación judicial se exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita, al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita, al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita, al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. (Fundamento Jurídico III.2.) Bajo ese marco, los antecedentes dan cuenta que, a través del Auto Definitivo 36/2019, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, declaró improbada la pretensión perseguida por el accionante, de tenérselo como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (Conclusiones II.3 y II.4); determinación contra la que se interpuso recurso de apelación denunciando como agravios generados los siguientes:

“1. Con este rechazo a la tercería, el juez está violando el Art. 115.1 de la C.P.E. donde menciona y ordena que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 2. El Art. 69 parágrafo 2 de la ley 025, el Juez, tenía la obligación de rechazar el acta de conciliación de Fjs. 22 al 24 en la demandas orales o escritas sobre inmuebles cuando considere que la conciliación vulnere derechos constitucionales, como es el del presente caso por INDEFENSION, porque en ningún momento me notificaron con la demanda. 3. El juez, violo el Art. 2 del C.P.C., porque tenía la obligación de impulsar el proceso tomando medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, como es el del presente caso que con su rechazo provoca la apelación lógica y justa, provocando CARGA PROCESAL en el sistema judicial. 4. El Juez, violó el principio de saneamiento del Art. 1 del C.P.C. ya que con su decisión de rechazo a la tercería, no tomo decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, para evitar nulidades futuras. 5. Con este rechazo, se violo el Art. 180 de la C.P.E. sobre el principio de legalidad o seguridad jurídica, porque en su decisión señalo a la ley 1770, cuya ley fue abrogado el 25 de junio del 2015, y en su reemplazo se aprobó la ley 708, esta violación se llama PREVARICATO. 6. Este rechazó a la tercería, viola los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, consagrados en el Art. 180 de la C.P.E. 7. Como autoridad judicial por más de 10 años de ejercicio, el juez aprobó el acta de conciliación, sin cumplir el mandato de los artículos 177(1), 192(1), 192(II) todos ellos de la ley 603 del Código de las Familias, que se le puso en conocimiento en el planteamiento de la tercería, donde ordena que la "comunidad de gananciales se regula por la Ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares bajo pena de nulidad de pleno derecho, tampoco ha solicitado mi consentimiento expreso para enajenar, hipotecar, o dejar en prenda, tampoco han adjuntado la RESOLUCION por un juez de Familia para una reivindicación a título exclusivo. 8. Esta resolución 36/2019, viola el Art. 119(II), relacionado a la protección de los jueces a MI DERECHO INVIOLABLE A LA DEFENSA, esta violación sumado al delito de PREVARICATO, obligan al Tribunal de Segunda Instancia a aplicar el Art. 108 del C.P.C., para ANULAR DE OFICIO todo el proceso” (Conclusión II.5). Ese medio de impugnación fue resuelto por los Vocales ahora demandados a través del Auto de Vista D-93/2020, quienes dispusieron confirmar el Auto Definitivo 36/2019. Ahora bien, atendiendo los argumentos explanados por el accionante, tanto en su memorial de acción de amparo constitucional, como en el correspondiente a su subsanación, se pasarán a compulsar los mismos, que, según su entender, no merecieron ningún pronunciamiento; en ese sentido:

Respecto a que no existiría pronunciamiento sobre su condición o no de tercerista de dominio excluyente. Los Vocales ahora demandados señalaron lo siguiente:

“La tercería de dominio excluyente debe sin duda cumplir con las condiciones de procedencia previsto en el Código Procesal Civil en su Art. 52…

(…)

Con relación a la aplicación de una norma abrogada (Ley 1770), el recurrente debe considerar que la acción de defensa que invoca es la tercería de dominio excluyente, y como tal, tenía la carga de cumplir con la prerrogativa de ley… (…)

Por las razones precedentemente señaladas se evidenciar que la tercería de dominio excluyente no cumple con los parámetros procesales, por lo que la decisión asumida por la autoridad judicial fue determinada conforme a los datos procesales y las normas que rigen la materia, correspondiendo disponer su ratificación”. (sic [Conclusión II.6.])

Respecto a que no existiría pronunciamiento sobre el estado de indefensión en que se lo colocó, al no habérsele permitido intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada principal planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. Los Vocales ahora demandados señalaron lo siguiente:

“En se sentido, en el presente caso y absolviendo los agravios denunciados, de la revisión de antecedentes, se tiene como partes procesales a Rodolfo Lalo Roca Luna (Demandante) Y Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosmery Chipana Maceda (Demandados); es decir, el ahora recurrente no se constituye en parte procesal por lo que no podría reclamar la citación judicial, menos argüir indefensión.

…ahora bien, la decisión que aprueba el acta de conciliación, data del 15 de marzo de 2017 Y las parte procesales, en su momento, no objetaron la decisión, por lo que debe tomarse en cuenta que el derecho material está por encima del derecho formal, es decir, las partes al arribar a un acuerdo conciliatorio, la autoridad judicial, en el fondo, actuó otorgado la tutela judicial, por eso mismo las partes no objetaron la decisión judicial, entonces, mal podría el recurrente buscar una nulidad mediante la tercería de dominio excluyente, cuando, el mismo debió ceñirse en demostrar su derecho propietario conforme la norma adjetiva civil.

Con relación al acta de conciliación siendo que el mismo seria lesivo a los intereses del recurrente, por cuanto tendría su derecho ganancial en un 50%; al respecto; de la revisión del acta de conciliación de fs. 11-12, se evidencia que Rosmery Chipana Maceda (ex cónyuge del recurrente) otorgó en garantía de la deuda el bien inmueble ubicado en la Calle Jorge Saenz, Nro. 1204, de 180Mts2, registrado en registrado en Derechos Reales 2.01.0.99.0086807 en el 50% de 50% de acciones y derechos ganancialicios resultante entre Rosmery Chipana Maceda y Juan Abel Mendoza Cusicanqui; con este antecedente, queda claro que desde el inicio del presente proceso, fue resguardado el derecho ganancial que el recurrente ahora reclama, pero además, el bien objeto de la tercería, fue objeto de venta judicial, por lo que el derecho positivo no está demostrado, cayendo los agravios en meras intenciones no prosperables”. (Concluían II.6.)

De lo descrito se constata que los Vocales ahora demandados solo resolvieron parte de los agravios denunciados por el accionante en el recurso de apelación que interpuso; estando entre estos los concernientes a que: 1) No existiría pronunciamiento sobre su condición o no de tercerista de dominio excluyente; y, 2) No existiría pronunciamiento sobre el estado de indefensión en que se colocó, al no habérsele permitido intervenir en el acto de conciliación donde se ofreció como garantía de pago, el bien inmueble del que es copropietario, y la falta de notificación con la demandada principal planteada por Rodolfo Lalo Roca Luna. No habiendo resulto en ningún sentido (ya sea de forma positiva o negativa) el concerniente a que: No existiría pronunciamiento sobre la doble garantía que consignó Rodolfo Lalo Roca Luna para el pago de lo que se le adeudaba, pese a lo dispuesto por el art. 1471 del CC. Sin embargo, dicha omisión no podría atribuírseles a los Vocales ahora demandados, ya que, de la compulsa del recurso de apelación interpuesto por el accionante, se llega a constatar que éste no denunció como agravio generado aquella última circunstancia; imposibilitando así a que en el Auto de Vista D-93/2020 se emita algún pronunciamiento al respecto. Ello lleva a entender que las indicadas autoridades judiciales ahora demandadas solo se limitaron a proceder conforme a lo dispuesto por el art. 265.I del CPC; lo que es legal y constitucionalmente válido, y que no podría desembocar en la lesión de ningún derecho del accionante. Arribar a una conclusión diferente supondría atribuir actos irregulares sin base en ningún elemento de prueba y desnaturalizar la naturaleza jurídica de las disposiciones normativas del Código Procesal Civil, lo que no podría suscitarse cuando la Jurisdicción Constitucional se ve impelida a dictar resoluciones objetivas en resguardo del orden constitucional; por tal motivo, con relación a este extremo, corresponde denegar la tutela solicitada. b) En cuanto a que los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista D-93/2020: b.1) Con base en disposiciones normativas abrogadas; b.2) Modificando lo dispuesto por el art. 52 del CPC, específicamente el término “discute” por el de “embargo”, realizando así una errónea interpretación de dicha disposición normativa; y, b.3) Trayendo a colación el razonamiento jurisprudencial del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre, que no es aplicable al caso. Con el objeto de abordar el particular, debe traerse a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente a la fundamentación, como elemento del derecho al debido proceso (art. 115 de la CPE); ya que los argumentos explanados por el accionante, tanto en su memorial de acción de amparo constitucional, como en el correspondiente a su subsanación, llevan a entender de que sería el mismo el que habría resultado lesionado; el cual señala lo siguiente:

La fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. (Fundamento Jurídico III.1). Bajo ese marco, los antecedentes dan cuenta que, a través del Auto de Vista D-93/2020, los Vocales ahora demandados confirmaron el Auto Definitivo 36/2019 –a través del que fue declarada improbada la pretensión perseguida por el accionante, de ser tenido como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemary Chipana Maceda (su ex cónyuge)–. Determinación que asumieron con sustento en la premisa normativa compuesta por lo dispuesto por los arts. 52 y 265 del CPC , y el razonamiento del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre. Ahora bien, respecto a que el Auto de Vista D-93/2020 se habría dictado con base en disposiciones normativas abrogadas: El accionante, por un lado, no especifica a cuál de las que hacen a dicho Auto de Vista se refiere; lo que lleva a entender que, el mismo de forma genérica y subjetiva atribuye a los Vocales ahora demandados el haber incurrido en un acto irregular. Por otro lado, de la compulsa del Auto de Vista D-93/2020, se constata que los operadores de justicia ahora demandados no sustentaron la determinación de confirmar el Auto Definitivo 36/2019, en ninguna disposición normativa que haya sido expulsada del ordenamiento jurídico vigente; sino, en lo dispuesto por los arts. 52 y 265 del CPC, los cuales, junto al cuerpo normativo al que pertenecen, son plenamente aplicables, por pertinentes, para la resolución de la controversia que se les puso a conocimiento a través del recurso de apelación. Ya que mientras que el primero articulado regula las tercerías de dominio excluyente en el proceso civil boliviano; el segundo, regula las facultades, poderes y deberes, de las autoridades jurisdiccionales que integran los tribunales de segunda instancia. Por lo cual, lo aseverado por el accionante, no es evidente. Respecto a que los Vocales ahora demandados modificaron lo dispuesto por el art. 52 del CPC, específicamente el término “discute” por el de “embargo”, realizando así una errónea interpretación de dicha disposición normativa: De la compulsa del Auto de Vista D-93/2020, específicamente de su Considerando III, se tiene que aquellos señalaron:

“La tercería de dominio excluyente debe sin duda cumplir con las condiciones de procedencia previstos en el Código Procesal Civil en su Art. 52 que señala: ‘Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se embargó, en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes’”. (sic) De lo descrito se constata que las autoridades judiciales ahora demandadas en ningún sentido modificaron lo dispuesto por el art. 52 del CPC, debido a que, no se logra identificar el supuesto cambio de términos que refiere el accionante; lo que sí se llega a constatar, es que los mismos citaron dicha disposición normativa de forma correcta, la cual, como se estableció en el apartado precedente, es pertinente para la resolución de la controversia que se les puso a conocimiento a través del recurso de apelación interpuesto por aquel. No siendo evidente la supuesta modificación de los términos que hacen a lo dispuesto por el art. 52 del CPC, tal y como lo ha venido aseverando el accionante; no podría arribarse al entendimiento de que los mismos realizaron una errónea interpretación de dicha disposición normativa. Por el contrario, se llega a constatar que los Vocales ahora demandados dictaron un fallo que en el fondo genera un estado de certidumbre jurídica para el impetrante de tutela, ya que de forma correcta llega a definir la pretensión que venía persiguiendo, atendiendo a los aspectos del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), tal y como se pasará a explicar en posteriores apartados.

Respecto a que, los Vocales ahora demandados, al dictar el Auto de Vista D-93/2020, trajeron a colación un razonamiento del Auto Supremo 528/2012 de 14 de diciembre, que no sería aplicable al caso: De la compulsa del indicado Auto de Vista, específicamente de su Considerando III, se tiene que aquellos señalaron lo siguiente:

“…por su parte, el Auto Supremo Nº 528/20212 de 14 de diciembre de 20212 señala que la tercería definida por la doctrina como la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el embargo trabado sobre un "bien que es de su propiedad" o que interviene para exigir el "pago preferencial" de su crédito con el producto de la venta del bien embargado. Asimismo señala que existen dos clases de tercerías, una de dominio, por la que el tercero alega ser el dueño, tener el dominio del bien embargado otro de mejor derecho, por la cual el tercero alega tener mejor derecho que el embargante para quedarse con el producto de la venta del bien embargado (ej: acreedor hipotecario mejor derecho que el quirografario)”. (sic)

De lo descrito se constata que las autoridades judiciales ahora demandadas no incurrieron en ninguna irregularidad que llegue a lesionar los derechos del accionante, al traer a colación “doctrina legal” de un Auto Supremo que trató tópicos relacionados “a los terceros y a las tercerías dentro del proceso civil boliviano”; debido a que con la misma, se llega a entender que, aquellos únicamente pretendieron darle consistencia y un mayor margen de comprensión al Auto de Vista D-93/2020 que dictaron. Si bien el Auto Supremo 528/2012 razonó sobre disposiciones normativas del Código de Procedimiento Civil abrogado, su “razón de la decisión” (ratio decidendi), sus considerandos y su parte dispositiva (por tanto), en ningún sentido incidieron en la determinación asumida por los Vocales ahora demandados al dictar el Auto de Vista D-93/2020, ya que como se llegó a entender anteriormente, estos solo se apoyaron en la “doctrina legal” (categorías conceptuales de carácter doctrinal) de dicho Auto Supremo proferido por el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, el accionante no explanó un solo argumento con el que haga entrever, cual es la forma en que el proceder de los Vocales ahora demandados llegó a lesionar sus derechos, habiéndose limitado de forma abstracta y genérica a realizar solo una conjetura que impide a la Jurisdicción Constitucional la posibilidad de efectuar un mayor análisis de la supuesta irregularidad en que habrían incurrido estos. Ahora bien, tomando en cuenta lo desarrollado hasta este momento, se llega a la conclusión de que los Vocales ahora demandados dictaron un fallo debidamente fundamentado, alejado de toda forma de arbitrariedad. A través del Auto de Vista D-93/2020, que se sustenta en una premisa normativa pertinente, los operadores de justicia ahora demandados claramente y de forma suficiente, aunque no de manera meticulosa, explican los motivos por los cuales llegaron a confirmar el Auto Definitivo 36/ 2019, a través del cual fue declarada improbada su pretensión de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge); siendo la razón principal, el hecho de que los prepuestos normativos exigidos por el art. 52 del CPC no fueron cumplidos, ya que el bien inmueble del que sería copropietario fue sometido a venta judicial, es decir que, “existiría una manifiesta carencia de objeto procesal”. Por lo cual, al no ser evidente que los Vocales ahora demandados lesionaron los derechos del impetrante de tutela; con relación a este extremo, corresponde denegar la tutela solicitada.

c) En cuanto a que los Vocales ahora demandados omitieron valorar los elementos de prueba presentados por el accionante (un certificado de información rápida, un acta de conciliación, el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017, la Sentencia “147/2017” y el Oficio “385/2018”), los cuales sustentarían su pretensión de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente.

Con el objeto de abordar el particular, debe traerse a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente a los supuestos en los que la Jurisdicción Constitucional tiene potestad para revisar la actividad de valoración probatoria realizada por las autoridades competentes de la jurisdicción ordinaria o administrativa; el cual señala lo siguiente:

El juez constitucional debe considerar lo siguiente: La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; sin embargo, puede revisar la misma cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. (Fundamento Jurídico III.3.) Bajo ese marco, los antecedentes dan cuenta que el accionante, por memorial de 3 de octubre de 2018, se apersonó al proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), con el objeto de que se lo tenga como tercerista de dominio excluyente; para el efecto habría presentado como elementos de prueba los siguientes: “Cédula de Identidad de Juan Abel Mendoza Cusicanqui, Certificado de Matrimonio, Contrato de Prestamo de dinero por $us. 10.000.-, Contrato de Préstamo de dinero por $us. 5.000.-, Resolución Nº 553/2014 Perención de Instancia, Respuesta demanda de Divorcio, Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0700/2014 1388/2013” (sic [Conclusión II.3]). Habiendo sido declarada improbada la pretensión perseguida por el accionante, a través del Auto Definitivo 36/2019, el mismo, por memorial de 7 de marzo de 2019, interpuso recurso de apelación contra el indicado Auto Definitivo (Conclusión II.5.), sin presentar otro elemento de prueba al margen de los ya citados. Medio de impugnación que fue resuelto por los Vocales ahora demandados a través del Auto de Vista D-93/2020. De lo descrito se llegan a constatar dos aspectos importantes; por un lado, que el accionante en ningún momento presentó los elementos de prueba que ahora refiere que no fueron valorados por los Vocales ahora demandados; ya sea en su memorial con el que solicitó se lo tenga como tercerista de dominio excluyente; como en su memorial, por el que interpuso recurso de apelación contra el Auto Definitivo 36/2019.

Y por otro lado, que los elementos de prueba a los que hace referencia el accionante, consistentes en un certificado de información rápida, un acta de conciliación, el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017, la Sentencia “147/2017” y el Oficio “385/2018”; llegarían a corresponder exclusivamente al fondo del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), en el cual, aquel no se constituyó en ningún momento en sujeto procesal. Por tales motivos, obviamente los Vocales ahora demandados no se veían impelidos de valorar los elementos de prueba que el accionante considera no merecieron ningún tipo de estimación, ya que estos al emitir el Auto de Vista D-93/2020, debían circunscribir únicamente a la controversia que se les puso a conocimiento, a través de los actos jurídico-procesales relacionados a la pretensión perseguida del impetrante de tutela, de ser tenido como tercerista de dominio excluyente dentro de un proceso coactivo civil en el que no tiene calidad de sujeto procesal; es decir, a los argumentos y elementos de prueba que hacen al memorial de 3 de octubre de 2018 (Conclusión II.3), a los fundamentos, motivos y determinación asumida a través del Auto Definitivo 36/2019 (Conclusión II.4), y, a los argumentos que hacen al memorial de 7 de marzo de 2019 (Conclusión II.5). Pese a ello, los Vocales ahora demandados se pronunciaron en determinado sentido respecto a alguno de los elementos de prueba que el accionante considera que no fueron valorados, como ser por ejemplo los concernientes al “acta de conciliación” y al Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2017; empero, solo con el objeto de ponerle en contexto, de que la pretensión perseguida por aquel, de ser tenido como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), no cumplía con los presupuestos exigidos por el art. 52 del CPC. Proceder que en ningún sentido podría llegar a suponer, que lesiona los derechos del accionante.

No siendo entonces evidente que los Vocales demandados hayan omitido arbitrariamente valorar elementos de prueba que le fueron presentados, se llega a la conclusión de que, los mismos no lesionaron los derechos del accionante; motivos por los que, con relación a este extremo, corresponde denegar la tutela solicitada.

Finalmente, en cuanto a la solicitud del accionante, de ser tenido como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge). Pese a que se constató que los hechos denunciados por el accionante no son evidentes; la jurisdicción constitucional, al final, llega a entender que aquel, en el fondo lo que reclamada es el hecho de que no se lo llegó a tener como tercerista de dominio excluyente dentro del proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), cuando, según a su entender, cumplió con todos los presupuestos exigidos por el Código Civil y Código Procesal Civil, demostrando que en el mismo, el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, del cual sería copropietario, había sido ofrecido como garantía de pago en favor del primero de los mencionados, sin su consentimiento y por medio de un acto de conciliación aprobado judicialmente con base en disposiciones normativas abrogadas (Conclusiones II.1 y II.2). Esa circunstancia, que lesionaría los derechos del accionante, si bien no fue puesta a conocimiento de la Jurisdicción Constitucional como un hecho expresamente denunciado, amerita que sea debidamente dilucidada. Ello en mérito a que debe ser garantizado el derecho de acceso a la justicia constitucional del accionante, y principalmente, con el fin de colocar a éste en un estado de certidumbre jurídica. En ese sentido, para poder abordar el particular, debe traer a colación el razonamiento jurisprudencial concerniente a los terceros en los procesos judiciales en materia civil, en particular, lo atiente a las tercerías de dominio excluyente; el cual señala lo siguiente:

Las tercerías de dominio excluyente (de carácter voluntaria y momentánea), se constituyen en una pretensión en cuya virtud, una persona, distinta a los sujetos procesales intervinientes en un determinado proceso civil, reclama el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien de su exclusiva propiedad (por tener mejor derecho positivo, existente y acreditado). Instituto jurídico-procesal que tiene por objeto el resguardo del derecho a la propiedad, por lo cual, puede hacerse valer hasta antes de que el fin del referido embargo llegue a materializarse, es decir, de la venga judicial a la que puede ser sometido el bien en cuestión. (Fundamento Jurídico III.4.)

En ese marco, los antecedentes dan cuenta que, por memorial de 3 de octubre de 2018, el accionante se apersonó al proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), con el objeto de que sea tenido como tercerista de dominio excluyente, ya que el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, del cual sería copropietario, fue ofrecido como garantía de pago en favor del primero de los mencionados. Pretensión que a través Auto Definitivo 36/2019 –emitido por el Juez Publico Civil y Comercial Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz– fue declarada improbada, sosteniendo en concreto, entre unos de sus fundamentos y motivos, que dicho bien inmueble ya había sido sometido a venta judicial por disposición del Juez Publico Civil y Comercial Décimo Quinto de la misma circunscripción, por lo que no se puede llegar a afectar intereses de terceros. El Auto Definitivo 36/2019, al haber sido objeto de impugnación por parte del accionante, fue confirmada a través del Auto de Vista D-93/2020, proferida por los Vocales ahora demandados; determinación que estos últimos asumieron sosteniendo en concreto, entre uno de sus fundamentos y motivos, que aquel no habría satisfecho los presupuestos exigidos por el art. 52 del CPC, ya que el referido bien inmueble, ya había sido sometido a venta judicial (existencia de carencia de objeto procesal). Por otro lado, del acta de audiencia (virtual) de 24 de marzo de “2020”, se llegó a constatar que el mismo accionante, ante las preguntas que le formuló la Sala Constitucional, en concreto afirmó que, el ante dicho bien inmueble, del cual sería copropietario, ya fue sometido a venta judicial en su totalidad (100%), lo que se suscitó por el 13 de marzo de 2017; y pues, únicamente buscaba que se le restituya la suma de dinero que le correspondería por dicha transacción (Conclusión II.7.). De lo descrito se llega a constatar que, el accionante pretendía que sea tenido como tercerista de dominio excluyente dentro proceso coactivo civil seguido por Rodolfo Lalo Roca Luna contra Paulo Roberto Bastos Taborga y Rosemery Chipana Maceda (su ex cónyuge), aproximadamente un año y medio después de que el bien inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada 2010990086807, del cual sería copropietario, fue sometido a venta judicial. En ese sentido, se llega a la conclusión de que, el accionante intentó valerse de los efectos jurídicos del instituto de la “tercería de dominio excluyente”, de forma extemporánea (Fundamento Jurídico III.4.) e inobservando lo dispuesto por el art. 52 del CPC; ya que ha momento de presentar su memorial de 3 de octubre de 2018 (Conclusión II.3.), el mismo ya no era titular de ningún derecho positivo, existente y acreditado que pueda hacer valer dentro del aludido proceso coactivo civil. Entendimientos que también se llegan a plasmar tanto en el Auto Definitivo 36/2019, como en el Auto de Vista D-93/2020. Por lo cual, siendo evidente que los Vocales ahora demandados no incurrieron en alguna irregularidad que haya desembocado en la lesión de los derechos a la defensa y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba, inherentes al accionante; y principalmente, conociéndose la “verdadera” pretensión perseguida por aquel, tanto en la Jurisdicción Ordinaria como en la Constitucional (“que se le restituya la suma de dinero que le correspondería por la venta judicial llevada a cabo y que recayó sobre el bien inmueble del que habría sido copropietario”), corresponde denegar la tutela solicitada. Consiguientemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos y motivos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 062/2021 de 24 de marzo, cursante de fs. 70 a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

10 “…en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

11 ÁLVAREZ JULIÁ, Luis, NEUSS Germán R.J. y WAGNER Horacio. Manual de Derecho Procesal, 2da edición actualizada y ampliada, primera reimpresión, 1992, pág. 112.

12 PALACIO, Lino Enrique: Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires - Argentina, 1986, Tomo II, pág. 225.

13 CASTELLANOS TRIGO, Gonzalo, Análisis del Nuevo Código Procesal Civil Comentado, Concordado y Anotado, pág. 250.

14 CASTELLANOS TRIGO, Gonzalo, Análisis del Nuevo Código Procesal Civil Comentado, Concordado y Anotado, pág. 252.

15 CASTELLANOS TRIGO, Gonzalo, Análisis del Nuevo Código Procesal Civil Comentado, Concordado y Anotado, pág. 220-221.

16 CASTELLANOS TRIGO, Gonzalo, Análisis del Nuevo Código Procesal Civil Comentado, Concordado y Anotado, pág. 361.

17 La SC 0979/2010-R de 17 de agosto, en su FJ.III.3 sostuvo: “…legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada”. Razonamiento jurisprudencial seguido por la SCP 0051/2023-S1 de 21 de marzo.

18 El Código Procesal Civil establece “Artículo 265 (Facultades del tribunal de segunda instancia): I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.”.

19 Ibid. “Artículo. 52 (Tercería de dominio excluyente). Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se embargó, en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes. Ibid. “Artículo 265 (Facultades del tribunal de segunda instancia). I. El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación. II. No podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo que la contraparte hubiera apelado en forma principal o se hubiere adherido. III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”. 20Considerando III (Fundamentos de la Resolución): “1. La tercería definida por la doctrina como la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el embargo trabado sobre un "bien que es de su propiedad" o que interviene para exigir el "pago preferencial" de su crédito con el producto de la venta del bien embargado. Asimismo señala que existen dos clases de tercerías, una de dominio, por la que el tercero alega ser el dueño, tener el dominio del bien embargado otro de mejor derecho, por la cual el tercero alega tener mejor derecho que el embargante para quedarse con el producto de la venta del bien embargado (ej: acreedor hipotecario mejor derecho que el quirografario)”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0938_2023-S1.pdf · páginas 1 a 38.

Huella digital del PDF (SHA-256): f369592b42e13ae3fcc183e2df723a6641d7904a25e64daef2406d533d68fe68

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