Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de mayo de 2026
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa; y, la seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso administrativo interno iniciado en su contra por incumplimientos vinculados a aportes y obligaciones frente a la CNS, siendo encontrados responsables y tras ejercer defensa e interponer recursos, la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, confirmó la responsabilidad administrativa y, simultáneamente, declaró su prescripción, decisión incongruente, al mantener dos determinaciones incompatibles, generando incertidumbre jurídica, omitiendo también pronunciarse de forma integral sobre los agravios planteados. Ante ello el Director General demandado sostuvo que la acción tutelar fue interpuesta fuera de plazo, vulnerando el principio de inmediatez; careciendo de precisión el planteamiento respecto a los agravios concretos; en el fondo el proceso tiene origen en una “nota de cargo” de la CNS por adeudos de las gestiones 2014 a 2018, lo que motivó el inicio de un proceso sumario administrativo en el que se atribuyó a los impetrantes de tutela diversas omisiones funcionales vinculadas al manejo de planillas, aportes y gestión institucional; determinándose responsabilidad administrativa con sanción de destitución, en resguardo de intereses estatales; en fase de impugnación, los nombrados invocaron prescripción, siendo esta declarada junto con la ratificación de responsabilidad; confirmada mediante la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, estableciendo que no existe contradicció…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0937/2026-S2 Sucre, 18 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 66208-2024-133-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 166/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Roberto Noriega Flores, Julio Gualberto Carrasco Miranda, Juan Carlos Mamani Paco, Ronald Masías Luna y Delia Marcela Manzaneda Valdivia contra Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI).
Por memoriales presentados el 26 de junio y 3 de julio de 2024, cursantes a fs. 1 y 15 a 27; y, 31 a 33 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
Mediante Resolución Inicial Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 11/2023 de 20 de septiembre, la Autoridad Sumariante del SENAMHI -hoy tercera interesada- dispuso el inicio de proceso disciplinario en su contra, atribuyéndoles responsabilidad por adeudos institucionales frente a la Caja Nacional de Salud (CNS), derivados de incumplimientos en la remisión de planillas, formularios y avisos laborales, así como por su presentación extemporánea, generando sanciones conforme a la normativa vigente. Sustanciado el proceso administrativo, ejercieron defensa en todas las etapas, interponiendo recursos de revocatoria y jerárquico contra la determinación que estableció su responsabilidad administrativa, recurso último que fue resuelto por Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI -ahora demandado- mediante Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023 de 19 de diciembre, que, por una parte, confirmó la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023 de 28 de noviembre, ratificando la existencia de responsabilidad administrativa y, por otra, declaró la prescripción de dicha responsabilidad; la citada Resolución Jerárquica incurre en una incongruencia interna manifiesta, al mantener simultáneamente dos decisiones incompatibles, la confirmación de responsabilidad administrativa y la declaración de su prescripción, generando incertidumbre jurídica respecto a los efectos del fallo, pues mientras la prescripción extinguiría la potestad sancionadora del Estado, la ratificación de responsabilidad mantiene formalmente vigente una determinación sancionatoria; asimismo, el Director General demandado omitió pronunciarse sobre todos los agravios planteados en su recurso de jerárquico, limitándose a citas jurisprudenciales, señalando la falta de invocación oportuna de la prescripción, sin explicar de manera razonada por qué correspondía mantener la responsabilidad administrativa pese a la operatividad de la prescripción, sin resolver el problema jurídico central, no se manifestó en torno a la contradicción en la parte dispositiva ni guardó correspondencia entre lo solicitado, considerado y resuelto, configurándose una arbitrariedad, al no existir justificación sobre la coexistencia de una determinación sancionatoria con otra de carácter extintivo, que compromete la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al dejar abierta la posibilidad de futuras actuaciones en su contra.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa; y, la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023; y, la emisión de una nueva, que declare la prescripción de la responsabilidad administrativa, al haber transcurrido el plazo legal previsto por la normativa aplicable, restableciendo así sus derechos y garantías.
Celebrada la audiencia pública el 22 de julio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 124 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y cuestionaron los fundamentos del proceso sumario. En primer lugar, señalaron que la nota de cargo de la CNS posee un carácter puramente provisional al no contar con un proceso coactivo fiscal concluido, lo que resta sustento a la responsabilidad administrativa atribuida. Asimismo, denunciaron la falta de individualización de responsabilidades, toda vez que la autoridad impuso una sanción uniforme sin diferenciar las funciones de cada sumariado. De igual forma, alegaron que no se consideró la situación de varios procesados próximos a jubilarse, manteniéndolos en un estado de incertidumbre jurídica. Por otra parte, ampliaron el argumento sobre la incongruencia de la Resolución Jerárquica cuestionada, denunciando tanto contradicciones internas -entre responsabilidad y prescripción- como una falta de correspondencia con su pretensión principal, la cual se limitaba a la prescripción. Finalmente, enfatizaron que la prescripción es de orden público y extingue la potestad sancionadora, impidiendo que la autoridad mantenga vigente una sanción.
Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI, a través de sus representantes mediante informe escrito cursante de fs. 116 a 119 vta. y en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, señalando lo siguiente: a) La acción tutelar fue interpuesta fuera del plazo previsto por el art. 129.II de la CPE y el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), incumpliendo el principio de inmediatez; b) La acción de defensa contiene una exposición extensa y reiterativa de hechos, sin identificar de manera clara y concreta los agravios ocasionados por la Resolución impugnada, lo que debilita la pretensión constitucional; c) El proceso se origina en la “nota de cargo” emitida por la CNS por adeudos correspondientes a las gestiones 2014 a 2018, que ascienden a Bs1 945 372,21.- (un millón novecientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y dos 21/100 bolivianos); a partir de ello, se instruyó el inicio del proceso sumario administrativo mediante la Resolución Inicial Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 11/2023, atribuyéndoles diversas omisiones funcionales vinculadas al manejo de planillas, documentación institucional y gestión administrativa falta de pago de aportes, incumplimiento en la presentación de formularios (AVC-03 y AVC-07), deficiencias en la gestión presupuestaria y ausencia de acciones correctivas por parte de las máximas autoridades, los ahora impetrantes de tutela, por sus cargos y experiencia prolongada en la institución, tenían pleno conocimiento de dichas irregularidades; d) Mediante la Resolución Final Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 15/2023, la Autoridad Sumariante declaró la existencia de responsabilidad administrativa de los accionantes, estableciendo conductas negligentes relacionadas con falta de control, omisión en el cumplimiento de funciones y deficiente gestión administrativa, imponiendo la sanción de destitución conforme a la Ley de Administración y Control Gubernamentales; asimismo, no responde a una persecución individual, sino a la necesidad de resguardar intereses estatales y garantizar la continuidad operativa del SENAMHI; e) Los sumariados interpusieron recursos de revocatoria contra la resolución final, oportunidad en la cual invocaron la prescripción; la autoridad sumariante, mediante Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023, ratificó la responsabilidad administrativa y, simultáneamente, declaró la prescripción de la misma, pronunciándose sobre los agravios expuestos; f) Los impetrantes de tutela interpusieron recurso jerárquico cuestionando principalmente la supuesta incongruencia de la citada Resolución de Revocatoria. Este recurso fue resuelto mediante Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, que confirmó íntegramente la resolución impugnada, estableciendo que no existe contradicción, pues la prescripción extingue la posibilidad de sancionar, pero no elimina la determinación de responsabilidad administrativa, concluyendo que no se vulneraron derechos de los sumariados; g) Los accionantes no invocaron la prescripción durante la fase sumarial, sino recién en etapa de impugnación, lo que no invalida la determinación de responsabilidad, sino únicamente torna inaplicable la sanción, situación que fue reconocida en las resoluciones emitidas; y, h) Las resoluciones administrativas fueron claras, motivadas y comprensibles, negando la existencia de incongruencia o falta de fundamentación; añade que, en caso de dudas, los accionantes pudieron solicitar aclaración o complementación, lo cual no hicieron, por lo cual no existe lesión a derechos fundamentales y la acción de amparo constitucional carece de sustento.
Lizet Melvy Balladares Quisbert, Autoridad Sumariante del SENAMHI, pretendió intervenir en audiencia a través de otro de los representantes legales de dicha institución; sin embargo, el Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, restringió su participación en calidad de tercera interesada, en consideración a que ya había expuesto sus argumentos al actuar como representante legal del Director General demandado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 166/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 125 a 129, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, y ordenó que la autoridad demandada en el plazo de cinco días emita una nueva resolución observando los fundamentos y argumentos expuestos en dicha Resolución, ello con base en los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes fueron sancionados con la destitución de sus cargos al haberse determinado responsabilidad administrativa en su contra; posteriormente, en fase de impugnación, interpusieron recurso de revocatoria, en el cual no solo cuestionaron la decisión de fondo, sino que además invocaron la prescripción de la responsabilidad administrativa como mecanismo de defensa, alegando el transcurso del plazo legal; en respuesta, la Autoridad Sumariante declaró la prescripción a favor de los sumariados; sin embargo, simultáneamente ratificó la Resolución Final Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 15/2023, manteniendo la determinación de responsabilidad; frente a dicha decisión, los impetrantes de tutela formularon recurso jerárquico, sosteniendo que resultaba jurídicamente incompatible declarar la prescripción de la responsabilidad administrativa y, a la vez, mantener vigente una resolución que establece responsabilidad y sanción; no obstante, el Director General demandado confirmó íntegramente la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023, reproduciendo esta dualidad decisoria; 2) El debido proceso se vulnera cuando las decisiones administrativas o judiciales carecen de coherencia interna y en el caso concreto, si bien la autoridad demandada reconoce doctrinalmente que la prescripción extingue la potestad sancionadora del Estado, concluye contradictoriamente que puede subsistir la declaración de responsabilidad, aunque la sanción resulte inaplicable; dicho razonamiento, carece de debida fundamentación y motivación, al desconocer la naturaleza jurídica de la prescripción de la responsabilidad administrativa, constituyendo la prescripción una cuestión de previo y especial pronunciamiento que impide ingresar al análisis de fondo; por tanto, una vez declarada, extingue la acción administrativa y excluye cualquier pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad; 3) No resulta jurídicamente posible que coexistan una declaración de prescripción de la responsabilidad administrativa y, simultáneamente, una sanción administrativa derivada de dicha responsabilidad. Al verificarse la prescripción, la Autoridad Sumariante debió dejar sin efecto la Resolución Final Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 15/2023 y limitarse a declarar la extinción de la acción, resultando contraria a derecho cualquier decisión que mantenga efectos sancionatorios; 4) Se rechaza el argumento de la parte demandada relativo a que se trataría de una prescripción de la sanción, aclarando que, en el caso concreto, el proceso se encontraba en fase de impugnación y no de ejecución; y que por ello, lo declarado fue la prescripción de la responsabilidad administrativa, que impidió la imposición misma de la sanción y no solo su ejecución; 5) Sobre el incumplimiento del principio de inmediatez, este argumento carece de sustento, puesto que el cómputo del plazo se interrumpe con la presentación de la acción de amparo constitucional y no con su admisión, razón por la cual no concurre extemporaneidad; y, 6) La autoridad demandada vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes, en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, en conexión con el principio de seguridad jurídica, al emitir una resolución contradictoria que genera incertidumbre al declarar la prescripción de la responsabilidad administrativa y, simultáneamente, mantener vigente la sanción derivada de aquella. Vía enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante solicitó se enmiende la frase de “responsabilidad civil” por “responsabilidad administrativa”; asimismo, solicitó que los responsables sean condenados a la reparación de daños y perjuicios. Por otro lado, la parte demandada, pidió pronunciamiento expreso sobre los daños y perjuicios requeridos por la parte impetrante de tutela, alegando que la norma establece que no existen “…costas ni gastos ni perjuicios…” (sic). Ante ello, la Sala Constitucional, acogió la petición relacionada a la corrección de datos consignando “responsabilidad administrativa”; y, en relación a la reparación de daños y perjuicios determinó que era un aspecto “…que debe resolver el Tribunal Constitucional en revisión…” (sic).
Mediante Auto Constitucional (AC) 020/2026-CA/S de 8 de enero, cursante de fs. 140 a 142, ante la solicitud efectuada por la accionante de adelanto de sorteo (fs. 135 a 135), en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el referido requerimiento.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 11 de diciembre de 2023, mediante el cual Luis Roberto Noriega Flores, Julio Gualberto Carrasco Miranda, Juan Carlos Mamani Paco, Ronald Masías Luna y Delia Marcela Manzaneda Valdivia -ahora accionantes- formularon recurso jerárquico contra la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023 de 28 de noviembre, que dispuso ratificar la Resolución Final Sumario Administrativo Interno SENAMHI/Imbq 15/2023 de 10 de noviembre, que estableció responsabilidad administrativa en su contra (fs. 108 a 109). II.2. Consta Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023 de 19 de diciembre, emitida por Hugo Cristóbal Mamani Ticona, Director General a.i. del SENAMHI, mediante la cual confirmó en todas sus partes la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023 (fs. 110 a 114 vta.).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa; y, la seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso administrativo interno iniciado en su contra por incumplimientos vinculados a aportes y obligaciones frente a la CNS, siendo encontrados responsables y tras ejercer defensa e interponer recursos, la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, confirmó la responsabilidad administrativa y, simultáneamente, declaró su prescripción, decisión incongruente, al mantener dos determinaciones incompatibles, generando incertidumbre jurídica, omitiendo también pronunciarse de forma integral sobre los agravios planteados. Ante ello el Director General demandado sostuvo que la acción tutelar fue interpuesta fuera de plazo, vulnerando el principio de inmediatez; careciendo de precisión el planteamiento respecto a los agravios concretos; en el fondo el proceso tiene origen en una “nota de cargo” de la CNS por adeudos de las gestiones 2014 a 2018, lo que motivó el inicio de un proceso sumario administrativo en el que se atribuyó a los impetrantes de tutela diversas omisiones funcionales vinculadas al manejo de planillas, aportes y gestión institucional; determinándose responsabilidad administrativa con sanción de destitución, en resguardo de intereses estatales; en fase de impugnación, los nombrados invocaron prescripción, siendo esta declarada junto con la ratificación de responsabilidad; confirmada mediante la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, estableciendo que no existe contradicción, pues la prescripción extingue la posibilidad de sancionar, mas no la determinación de responsabilidad; y, que la prescripción no fue invocada oportunamente en fase sumarial, encontrándose dicha Resolución Jerárquica debidamente fundamentada, sin que los accionantes hayan hecho uso de mecanismos de aclaración, por lo que no existiría vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0855/2025-S2 de 5 de agosto citando a su vez la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “‘En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el Estado Constitucional de Derecho, el derecho al debido proceso, previsto en el art. 115.II de la CPE, impone a toda autoridad administrativa o jurisdiccional la obligación inexcusable de resolver los recursos que le sean planteados mediante resoluciones debidamente fundamentadas, motivadas y congruentes. Esta exigencia se presenta no solo en procesos judiciales, sino también en procedimientos administrativos, incluidos aquellos relativos a la revisión y resolución de impugnaciones o apelaciones contra convocatorias y sus resultados.
La motivación y la fundamentación de una resolución constituyen garantías esenciales del debido proceso: la primera, exige exponer las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión; y, la segunda, implica el respaldo normativo pertinente que justifica la conclusión adoptada. Por su parte, la congruencia obliga a que la autoridad se pronuncie de forma expresa, clara y completa sobre todos los agravios formulados por el recurrente, evitando introducir consideraciones ajenas a lo pedido o dejar sin respuesta los cuestionamientos planteados” (las negrillas corresponden al texto original).
De la revisión integral de los antecedentes, particularmente del recurso jerárquico interpuesto por los accionantes (Conclusión II.1) y de la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023 de 19 de diciembre (Conclusión II.2), se advierte que el problema jurídico no se agota en una simple denuncia de incongruencia formal, ni se circunscribe a una discusión de mera legalidad sobre el alcance del régimen de prescripción, sino que se sitúa en el ámbito del control constitucional del debido proceso; en ese marco, el núcleo del conflicto radica en determinar si la autoridad demandada cumplió con su deber de emitir una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente, al sostener la coexistencia entre la declaración de responsabilidad administrativa y la prescripción de la misma, frente a un agravio que cuestionaba precisamente esa aparente contradicción. Los impetrantes de tutela en su acción tutelar identificaron como lesiva una contradicción estructural en la decisión administrativa, señalando expresamente que la Resolución de Revocatoria SENAMHI/AUT-SUM/Imbq 017/2023 de 28 de noviembre, confirmada en sede jerárquica dispuso, por una parte: “PRIMERO.- RATIFICAR la RESOLUCIÓN FINAL SUMARIO ADMINISTRATIVO INTERNO SENAMHI/lmbq N° 15, de fecha 10 de noviembre de 2023” (sic) que estableció su responsabilidad, mientras que, por otra, declara la “…PRESCRIPCIÓN de la responsabilidad administrativa…” (sic), afirmando que dicha dualidad genera incertidumbre jurídica al “…no saben a cuál determinación atenerse” (sic). Este planteamiento configura un agravio claro, concreto y central, que obligaba a la autoridad demandada a emitir un pronunciamiento expreso, coherente y debidamente justificado. Sobre el tratamiento de la prescripción en materia administrativa en la Resolución Jerárquica impugnada El Director General demandado reconoce expresamente que la prescripción implica la pérdida de la potestad sancionadora, al señalar que “‘la potestad sancionadora de la Administración puede perderse (…) por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripción (extintiva)…’” (sic); asimismo, afirma que la prescripción “…interrumpe el procedimiento de persecución de la falta” (sic); sin embargo, simultáneamente sostiene que “…si bien existe la determinación de la responsabilidad administrativa (…) la sanción a aplicarse se torna inaplicable…” (sic); “…sin embargo, no elimina la infracción cometida…”(sic). En ese sentido, se advierte que la autoridad introduce dos premisas relevantes extinción de la potestad sancionadora e inexigibilidad de la sanción sin desarrollar un razonamiento que explique cómo, a partir de ellas, resulta jurídicamente viable mantener una declaración de responsabilidad administrativa. En particular, no se justifica cómo puede subsistir válidamente un efecto jurídico derivado de una potestad que la propia autoridad reconoce como afectada por la prescripción, ni se articula una interpretación sistemática del art. 16 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -aprobado por Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992- que permita comprender dicha conclusión; por consiguiente, el defecto no radica en la opción interpretativa asumida, sino en la ausencia de una fundamentación suficiente que permita sostenerla de manera coherente dentro de la propia estructura decisional. Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que toda resolución debe contener una exposición clara de las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión, así como mantener una estricta correspondencia entre lo solicitado, lo considerado y lo resuelto, preservando la coherencia interna como unidad lógica del fallo. Bajo ese parámetro, del contraste entre el recurso jerárquico y la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, se evidencian las siguientes deficiencias: i) Incongruencia interna
La contradicción denunciada mantiene la ratificación de una decisión que estableció responsabilidad administrativa con sanción de destitución y, simultáneamente, declara la prescripción de esa misma responsabilidad. Frente a ello, la autoridad demandada se limita a afirmar que “…no es contradictoria ni incongruente…” (sic), sin desarrollar una explicación que permita compatibilizar ambos efectos jurídicos; esta omisión, implica una ruptura del hilo conductor de la decisión; es decir, de la coherencia que debe existir entre los fundamentos y la parte dispositiva, afectando la resolución como unidad lógica, en términos constitucionales, no se trata únicamente de una inconsistencia formal, sino de una incongruencia interna que impide comprender racionalmente el sentido de la decisión, vulnerando el estándar de coherencia exigido por el debido proceso.
Una contradicción que hace ininteligible una decisión, implica falta de fundamentación en este sentido el agravio principal fue formulado de manera clara por los recurrentes al identificar la contradicción entre la ratificación de responsabilidad y la declaración de prescripción; sin embargo, la autoridad demandada no desarrolla una respuesta clara a este cuestionamiento. En efecto, la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023, no explica por qué la prescripción no impide mantener la declaración de responsabilidad, no se basa en el art. 16 del DS 23318-A, ni justifica jurídicamente la coexistencia de ambas determinaciones; por el contrario, se limita a exponer consideraciones generales sobre el debido proceso y la potestad sancionadora, sin establecer un nexo lógico entre dichas premisas y la conclusión adoptada, incurriendo precisamente en el defecto advertido por la jurisprudencia constitucional cuando señala que una resolución puede ser extensa, pero carecer de las razones que justifiquen la decisión.
ii) Falta de respuesta efectiva a los agravios
Los recurrentes -hoy accionantes- denunciaron expresamente que el Director General demandado “…no ha considerado (…) todos y cada uno de los argumentos (…) no ha motivado y mucho menos fundamentado la resolución” (sic), enfatizando la incertidumbre generada, por cuanto “…no saben a cuál determinación atenerse” (sic). Frente a ello, la autoridad demandada respondió de manera genérica, remitiéndose al “Considerando III”, sin identificar ni resolver de forma específica la contradicción en la parte resolutiva, la falta de correspondencia entre lo solicitado y lo decidido; y, la viabilidad jurídica de mantener efectos derivados de una responsabilidad declarada prescrita. Esta forma de respuesta no constituye un pronunciamiento material sobre el agravio, sino una remisión formal que elude el problema jurídico planteado, incumpliendo el deber de resolver de manera expresa, clara y completa los cuestionamientos formulados. Asimismo, el argumento de que la prescripción “…predispone la inexigibilidad de la sanción (…) no elimina la infracción…” (sic) resulta insuficiente en la medida en que no explica su incidencia concreta en el caso, ni resuelve la contradicción advertida, manteniendo una ambigüedad que se traduce en efectos reales, como la posible generación de registros administrativos o la remisión ante la Contraloría General del Estado, lo que demuestra que la declaración de responsabilidad no es inocua; en consecuencia, la falta de respuesta efectiva no solo afecta la motivación, sino que incide directamente en los derechos de los administrados. En consecuencia, se establece que la Resolución Jerárquica SENAMHI/MAE/01/2023 impugnada no resolvió de manera efectiva el problema jurídico planteado por los ahora impetrantes de tutela, sino que validó una decisión internamente incompatible, sin proporcionar una justificación normativa y lógica suficiente que permita comprender la coherencia de su determinación. En ese marco, si bien no corresponde a la justicia constitucional definir de manera abstracta si la prescripción extingue únicamente la sanción o también la responsabilidad administrativa; sin embargo, sí es posible verificar que la autoridad demandada no desarrolló una fundamentación suficiente que justifique la interpretación asumida, ni explicó de qué manera resultaría jurídicamente viable sostener simultáneamente efectos aparentemente incompatibles. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166/2024 de 22 de julio, cursante de fs. 125 a 129, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0937_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 583db76a13b80bc4351de5fff34844005b14f89d5913b0345ae49c8fab4b41a4
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