Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Fiscal de Materia ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad de 6 de marzo de 2023, no resolvió la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentada el 14 de febrero de igual año, y reiterada el 24 de dicho mes y año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Sobre el trámite del procedimiento abreviado; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a William Paredes Chire, Fiscal de Materia para que en futuras actuaciones obre bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0937/2025-S1 Sucre, 13 de agosto de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54164-2023-109-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabricio Serafín Cahuana Lara en representación sin mandato de Miguel Ángel Martínez Paco contra William Paredes Chire, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de marzo de 2023, cursante de fs. 6 a 8 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y hurto de minerales, previstos y sancionados por los arts. 298 y 326 bis del Código Penal (CP), el 12 de febrero de 2023, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; el 14 de igual mes y año, solicitó acogerse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiéndose en consecuencia el requerimiento de 15 de ese mes y año; por el que, el Fiscal de Materia ahora accionado dispuso que se pasen obrados a su despacho a efectos de analizar lo solicitado; sin embargo, hasta el 24 de dicho mes y año, no se resolvió su solicitud; puesto que, la misma fue reiterada, mereciendo en respuesta el requerimiento de 27 del citado mes y año; puesto que, el mencionado Fiscal señaló que dicha petición estaba siendo valorada, y que de una compulsa de actuados se dispondrá lo que en derecho corresponda.
En ese sentido, hasta la interposición de esta acción de libertad transcurrieron más de veinte días desde la primera petición, sin obtener una resolución fundamentada y concreta en cuanto a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, ocasionándose una dilación indebida e incumpliendo lo previsto por el art. 326.III del Código de Procedimiento Penal (CPP).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I, 109, 110, 115, 116 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Fiscal de Materia ahora accionado en el día emita resolución fundamentada respecto a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado.
Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 16 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante haciendo uso de la palabra y en respuesta a las preguntas realizadas por el Juez de garantías, manifestó que: a) Se celebró la audiencia de juicio oral, público y contradictorio el 7 de marzo de 2023, a las 11:00 horas, en el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro; en la que, efectivamente se efectuó la salida alternativa de procedimiento abreviado y fue condenado a una pena privativa de libertad de tres años de reclusión, estando en presencia de su abogado; b) En la referida audiencia, tanto la parte civil como el Fiscal de Materia hoy accionado renunciaron a la formulación de algún recurso; c) El citado Fiscal aceptó “el orden de abreviado”, porque también lo firmó; y, d) En cuanto a que se le aplicó algún beneficio de la suspensión condicional de la pena, y si presentó Certificación de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), señaló que dicha Certificación no cuenta con ningún antecedente; asimismo, su abogado le indicó que entre “hoy o mañana” se dispondría su libertad.
William Paredes Chire, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 7 de marzo de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: 1) Su autoridad no rechazó la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentada por el accionante; no obstante, a la excesiva carga procesal; 2) En la mencionada fecha, a las 11:00 horas, se celebró la audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio, y en etapa de incidentes y excepciones la defensa del accionante planteó la indicada solicitud, la cual fue materializada conforme al art. 373 del CPP; por lo que, el accionante aceptó la comisión de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y hurto de minerales; asimismo, se le sentenció a una pena de tres años de privación de libertad, conforme con el acuerdo efectuado por el accionante y su defensa técnica ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro; emitiéndose en consecuencia, la Sentencia 20/2023 de 7 de marzo de 2023; y, 3) Las partes procesales renunciaron la formulación del recurso de apelación restringida; por lo que, dicha Sentencia quedó ejecutoriada. Alternativamente el accionante fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena, en aplicación de los arts. 24 y 366 del CPP; en consecuencia, no existió la vulneración de los derechos a la libertad de locomoción o al debido proceso.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 22 a 24, declaró “probada en parte” -siendo lo correcto concedió en parte- la tutela solicitada, disponiendo que al Fiscal de Materia ahora accionado: “1.- Se le conmina a la Autoridad Fiscal, que en el plazo de 24 horas , si el accionante con sola detención o beneficiado con libertad. 2. No habiendo cumplido, aquella solicitud en el tiempo oportuno y bajo el principio de celeridad, tomando en cuenta su detención preventiva, notifíquese al Fiscal Departamental a fines de llamada de atención.” (sic); todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a lo denunciado por el accionante en esta acción de libertad, el Fiscal de Materia hoy accionado no emitió respuesta alguna al memorial presentado por el accionante el 14 de febrero de 2023; por el que, pidió la salida alternativa de procedimiento abreviado; en consecuencia, recién el “día de hoy” -se entiende 7 de marzo de 2023-, se consideró dicho requerimiento; y, ii) No se remitió el cuaderno de investigación ante su despacho a pesar de que fue solicitado; tampoco se tiene el acta de audiencia de consideración de salida alternativa; sin embargo, como se denunció, el mencionado Fiscal no cumplió a cabalidad en cuanto a obrar con inmediatez.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2023, ante William Paredes Chire, Fiscal de Materia -ahora accionado- Miguel Ángel Martínez Paco -hoy accionante- solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 2); mereciendo en respuesta el requerimiento de 15 de igual mes y año, que tuvo presente en lo principal lo manifestado por el nombrado y ordenó que los obrados pasen a su despacho a efectos, de analizar lo solicitado y disponer lo que en derecho corresponda (fs. 3). II.2. A través de memorial presentado el 24 de febrero -de 2023-, ante el Fiscal de Materia ahora accionado, el accionante reiteró la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado (fs. 4); mereciendo en respuesta el requerimiento de 27 de igual mes y año; por el que, el mencionado Fiscal resolvió que se tuvo presente en lo principal, y de una revisión se tiene que la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado está siendo valorada, misma que de una compulsa de actuados se dispondrá lo que en derecho corresponda (fs. 5).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Fiscal de Materia ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad de 6 de marzo de 2023, no resolvió la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentada el 14 de febrero de igual año, y reiterada el 24 de dicho mes y año. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad innovativa; b) Sobre el trámite del procedimiento abreviado; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0760/2022-S1 de 5 de agosto, haciendo mención a la SCP 0427/2020-S1 de 2 de septiembre, señala que: “Conforme lo establecido por el art. 323 inc. 2) del CPP, concluida la investigación dentro un determinado caso, el o la Fiscal de Materia podrá requerir ante el Juez de Instrucción Penal, entre otros actos conclusivos, la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo remitir a ese efecto ante la citada autoridad jurisdiccional, las actuaciones y evidencias obtenidas durante la etapa investigativa; en ese sentido este Tribunal ha establecido, a través de la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, que la salida alternativa del procedimiento abreviado, constituye ʽ…una de las formas de finalizar un conflicto o contienda penal, que como la doctrina expuso, a diferencia de otras salidas alternativas, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino, lo abrevia y provoca la solución inmediata a la Litisʼ -litigio-.
Sobre el trámite y resolución del procedimiento abreviado; debe partirse por lo establecido en el art. 373 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que dispone: Artículo 373. (Procedencia)
en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él. III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. En ese sentido, el imputado puede efectuar la solicitud ante el Fiscal o autoridad jurisdiccional; ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, en la solicitud de procedimiento abreviado que efectúe el Fiscal, es necesario exhibir todos los elementos probatorios que generen en la autoridad judicial, la plena convicción que los hechos se suscitaron tal y como los presentó la autoridad fiscal encargada de la investigación; por lo que, no basta con solo presentar el acuerdo del imputado y su defensor. Ahora bien, en cuanto al plazo para resolver una solicitud de procedimiento abreviado formulada por el imputado, se debe considerar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal que, a tiempo de referirse al alcance de las salidas alternativas, señala en su art. 326.II, III y IV, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 lo siguiente: II. En estos casos, la o el imputado podrá efectuar su solicitud a la o el fiscal con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal; esta solicitud no es vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o querellante podrá formular oposición fundada. IV. La o el fiscal deberá, de forma obligatoria y bajo responsabilidad, promover la conciliación y otras salidas alternativas desde el primer momento del proceso hasta antes de concluida la etapa preparatoria, dejando constancia de la promoción. La o el fiscal informará a la autoridad jurisdiccional sobre la promoción de la conciliación y las demás salidas alternativas correspondientes. V. Las solicitudes de conciliación y de otras salidas alternativas, deberán atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la jueza o el juez y la o el fiscal. En aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral, previstas en el Código de Procedimiento Penal, las y los Fiscales deberán solicitarlas sin demora y bajo responsabilidad, en cuanto concurran las condiciones legalmente exigidas, buscando prioritariamente la solución del conflicto penal. Por su parte, el art. 328.II y IV del CPP, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, señala que: II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá notificada a la víctima o querellante.
(…) IV. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad. En ese sentido, si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual el Ministerio Público deba responder a la solicitud de procedimiento abreviado efectuada por el imputado, corresponde aplicar el plazo de cinco días dispuesto en el art. 300.II del CPP, que regula el término para emitir una resolución conclusiva de la investigación preliminar por su naturaleza análoga; considerando por un lado que, cualquier resolución emitida por la Fiscala o el Fiscal, sea rechazando o admitiendo la solicitud deberá estar debidamente fundamentada; acorde además a los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.I de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros, al igual que el artículo 5 numeral 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de junio de 2012-; motivo por el cual, toda autoridad fiscal bajo el conocimiento de una solicitud de procedimiento abreviado, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, acorde ello además a la obligación taxativa de los Fiscales de atender sin dilación la solicitud de salidas alternativas y dentro de los plazos legales si están fijados o aquellos que sean razonables -art. 326.III del CPP; y, 62 de la antes mencionada Ley- de no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del imputado, sin que este razonamiento implique necesariamente el diferimiento a su petición, sino más bien a ser escuchado oportunamente, al efecto de contar con una respuesta positiva o negativa. Respecto al plazo de atención de la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado para los jueces; debemos remitirnos al art. 328 del CPP, que establece en el parágrafo II de la citada normativa, que la aplicación del procedimiento abreviado deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez días siguientes de solicitadas; determinando asimismo, cuando el imputado se encuentre con detención preventiva, la determinación de la realización de la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, disponiendo inclusive la habilitación de horas y días inhábiles; por su parte el parágrafo IV de la misma norma, señala que la solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad. De lo referido se concluye que, el procedimiento abreviado como una salida alternativa, depende del cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron lugar a la investigación y emisión de este requerimiento conclusivo, pudiendo ser solicitado por la o el imputado, a la o el Fiscal con conocimiento de la Jueza, el Juez o Tribunal, ya sea en la etapa preparatoria o en la etapa de juicio; en este último caso, inclusive hasta antes de pronunciarse la sentencia; debiendo el Ministerio Público y/o el Órgano jurisdiccional, resolver la solicitud conforme a los plazos determinados por el Código de Procedimiento Penal” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, el Fiscal de Materia ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad de 6 de marzo de 2023, no resolvió la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentada el 14 de febrero de igual año, y reiterada el 24 de dicho mes y año. De antecedentes se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio o sus dependencias y hurto de minerales; el 14 de febrero de 2023, el nombrado solicitó al Fiscal de Materia ahora accionado, salida alternativa de procedimiento abreviado, mereciendo en respuesta el requerimiento de 15 de igual mes y año; por el que, se tuvo presente en lo principal lo manifestado por el referido Fiscal y ordenó que los obrados pasen a despacho a efecto de analizar lo solicitado y disponer lo que en derecho corresponda (Conclusión II.1.). Posteriormente, al no obtener respuesta, a través del memorial presentado el 24 de febrero de 2023, el accionante reiteró la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado; en respuesta el Fiscal de Materia hoy accionado por requerimiento de 27 del mismo mes y año, resolvió que se tuvo presente en lo principal, y de una revisión se tiene que dicha solicitud está siendo valorada, misma que de una compulsa de actuados se dispondrá lo que en derecho corresponda (Conclusión II.2.). Encontrándose descrita la documentación acompañada en la presente acción de defensa y previo a resolver el problema jurídico planteado, es preciso aclarar que de conformidad con lo indicado por el accionante y el Fiscal de Materia ahora accionado, la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, fue resuelta en la audiencia de 7 de marzo de 2023; en la que, se emitió la Sentencia 20/2023; por la que, se condenó al accionante a la pena de tres años de privación de libertad; en ese sentido, lo pretendido por el nombrado en cuanto a la resolución de la solicitud que presentó a la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado ya fue superada; no obstante, dicha situación no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; puesto que, es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; por consiguiente, se ingresará a examinar la actuación del Fiscal de Materia hoy accionado. Ahora bien, conforme se advierte de antecedentes, el accionante mediante esta acción de libertad denunció que el Fiscal de Materia ahora accionado no resolvió el memorial presentado el 14 de febrero de 2023; por el que, pidió aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, recibiendo como respuesta el requerimiento de 15 de igual mes y año; ya que, el mencionado Fiscal, dispuso que se pasen obrados a su despacho a objeto de analizar lo solicitado y disponer lo que en derecho corresponda; sin embargo, transcurridos los días no resolvió la misma; en consecuencia, el accionante por memorial presentado el 24 del citado mes y año, reiteró la referida solicitud; sin embargo, el Fiscal de Materia hoy accionado indicó que ya estaba siendo valorada y que posterior a una compulsa de actuados se dispondría lo que en derecho corresponda; en consecuencia, dicho Fiscal dejó que transcurra el tiempo sin otorgar una respuesta fundamentada al accionante en cuanto a su solicitud, cuando la misma tenía que ser respondida de manera fundamentada dando o no viabilidad al procedimiento abreviado en el plazo de cinco días, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual claramente señala que aunque no existe un plazo legal específico para que el referido Fiscal responda a la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado presentada por el imputado -accionante-, por analogía y con base en el principio de celeridad procesal, entre otros, y en resguardo del derecho a la libertad, se aplica esa analogía el plazo de cinco días previsto por el art. 300.II del CPP; por lo que, los fiscales de materia tienen la obligación de atender esas solicitudes sin dilación, conforme a los plazos legales o razonables. El incumplimiento puede generar efectos dilatorios que vulneran los derechos del accionante. En conclusión, en mérito a todo lo mencionado en el contexto fáctico y procesal citado precedentemente, el Fiscal de Materia ahora accionado incumplió con su deber de atender de manera oportuna y pronta la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, permitiendo que transcurra el plazo previsto para tal efecto, sin considerar que el tratamiento de esas solicitudes deben ser con la mayor celeridad; más aun, al tratarse de personas que se encuentran privadas de libertad, como sucedió con el accionante que se encontraba cumpliendo una detención preventiva; por consiguiente, el citado Fiscal omitió actuar bajo los principios constitucionales de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la CPE, correspondiendo conceder la tutela solicitada, al evidenciarse la vulneración del principio de celeridad como elemento del derecho al debido proceso, vinculado al derecho a la libertad del accionante, lo cual no implica que se deba disponer la libertad del nombrado; ya que, ese aspecto concierne a la autoridad judicial competente que tiene el control jurisdiccional del proceso penal de referencia. En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar “probada en parte” -siendo lo correcto conceder en parte- la tutela solicitada, aunque con terminología errónea, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 7 de marzo, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en todo la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; y, 2º Exhortar a William Paredes Chire, Fiscal de Materia para que en futuras actuaciones obre bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia previstos por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, evitando la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0937_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
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