Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de la defensa y a recurrir vinculado a la libertad, a la vida y a la salud mental; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, habiendo la Jueza de la causa declarado sin lugar el incidente de enajenación mental que interpuso, formuló apelación incidental al concluir la audiencia; sin embargo, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 04/2023 de 15 de febrero, declararon inadmisible dicha impugnación, al no haber especificado los aspectos cuestionados del fallo recurrido, conforme al art. 396.3 del CPP, efectuando una interpretación aislada del art. 404 del citado Código, el cual establece que cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, juez o tribunal que la dictó; extremo que no fue considerado por los prenombrados, no habiéndole dado la oportunidad de exponer sus agravios en la audiencia de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 90 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en las vertientes invocadas, vinculado al derecho a la libertad, al no haber actuado los Vocales demandados conforme estableció la jurisprudencia constitucional citada precedentemente. 2° DENEGAR respecto al derecho a la salud mental.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54180-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Victoria Mora Vargas de Flores en representación sin mandato de Joe Luís Flores Mora contra Luís Esteban Ortíz Flores y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 43 a 59, el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores, encontrándose con detención preventiva, se llevó a cabo la audiencia para considerar el incidente de enajenación mental que interpuso; a tal efecto, la Jueza a quo mediante Auto Interlocutorio 026/2023 de 13 de enero, declaró sin lugar al mismo, disponiendo la prosecución de la causa; en vista de ello, interpuso recurso de apelación incidental de manera oral, conforme estipula el art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Remitidos los antecedentes ante la instancia de alzada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados-, en audiencia para fundamentar los agravios, pronunciaron el Auto de Vista 04/2023 de 15 de febrero, declarando inadmisible el recurso planteado, señalando que no se cumplió con lo establecido en el art. 396.3 del citado Código, al no haberse precisado cuál o cuáles serían los aspectos cuestionados del fallo y que iban a ser objeto de apelación; labor que debió efectuarse ante el Juez inferior que emitió la misma. Con dicha determinación, le dejaron en total indefensión al no permitirle ejercer el derecho a recurrir, mucho menos a defenderse de acuerdo a los arts. 403, 404 y 406 del CPP, que en el fondo se encuentra directamente vinculado con su derecho a la vida, a la libertad y al injusto procesamiento; puesto que, el objeto de la interposición del referido medio recursivo, era para que una persona que tiene problemas mentales, no permanezca en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; ya que, el médico psiquiatra al realizar su reconocimiento, indicó que tenía epilepsia, retraso mental moderado y trastorno depresivo moderado, por lo que no era capaz de comprender los actos del proceso. En consecuencia, se debió disponer su internación en un establecimiento adecuado o al cuidado de padres, tutor o curador, en virtud a lo dispuesto en el art. 86 del Código Adjetivo Penal, y al continuar detenido, se encuentra en riesgo su vida y libertad.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes a la defensa y a recurrir o a la impugnación, vinculado a la libertad, a la vida y a la salud mental, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1, 8.2 inc. h) y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 04/2023 y que los Vocales demandados, de manera inmediata dicten nueva resolución, que en el fondo admita el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 26/2023 de 13 de enero; y, b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes, se señale día y hora de audiencia pública de apelación donde fundamentará de manera oral los agravios “…sin tantos formalismo ni rigorismos procesales que atentan contra la tutela judicial efectiva y [su] sagrado e irrestricto derecho a la defensa y la salud Mental” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 84 a 86 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar, y ampliándola expresó que: 1) Antes de ser privado de libertad padecía de epilepsia, enfermedad que fue empeorando; por lo que, solicitó un reconocimiento psiquiátrico. En mérito a ello, la Jueza de la causa dio curso a su pedido; sin embargo, al no poderse efectuar dicho estudio, presentaron a un perito, quien acompañó el informe correspondiente; a cuyo efecto, la autoridad judicial señaló audiencia para considerar el incidente de enajenación mental; 2) Pese a que el informe estableció que no podía comprender los actos del proceso, la Jueza a quo declaró sin lugar al referido incidente; por tal motivo, de forma oral interpuso recurso de apelación incidental, conforme prevé el art. 404 del CPP, para la remisión de antecedentes ante la Sala Penal correspondiente; 3) En dicha instancia, los Vocales demandados, declararon inadmisible su recurso, sin haber analizado el fondo del proceso, señalando que no habría especificado los aspectos cuestionados de la resolución apelada, efectuando una interpretación aislada de la indicada norma procesal, sin darle la oportunidad de exponer sus agravios, vulnerando sus derechos; y, 4) Reiteró que se conceda la tutela demandada, para que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, le permita fundamentar los agravios respectivos, y resuelvan si corresponde o no la aplicación de la enajenación mental, debiendo primar el principio de favorabilidad y pro homine por libertate, por sobre todo, el derecho a la salud mental que tiene toda persona y el de entender y comprender los actos de proceso.
Luís Esteban Ortíz Flores, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, el 10 de marzo de 2023, presentó informe escrito cursante de fs. 82 a 83, manifestando que: i) La tutela constitucional no debe ser forzada a un rol casacional, es decir que solo es factible activarla ante evidente vulneración de derechos y garantías constitucionales y no cuando una resolución no es acorde al interés que pretenda el accionante, pues ello equivaldría a que se interprete la legalidad ordinaria, lo que por esta vía no es posible; ii) En el presente caso, el recurso de apelación incidental fue interpuesto a la conclusión de la audiencia, celebrada el 13 de enero del mismo año, donde el abogado defensor señaló: ‘…conforme a la Ley y habiendo sido notificados en audiencia y siendo que aún no se ha instalado el juicio oral, vamos a plantear recurso de apelación, para fundar los agravios en la Sala Penal de turno…’ (sic); iii) Por ello, la forma de interponer el citado recurso, incumple lo previsto en el art. 396.3 del CPP; puesto que, el recurrente no indicó de manera específica cuáles son los aspectos cuestionados de la resolución, haciendo especial precisión que no se exige una fundamentación de los agravios al momento de plantearlo; ya que, la norma solo estableció bajo el principio dispositivo en la fase recursiva, precisar cuál o cuáles son los aspectos objetados del fallo, y que van a ser objeto de apelación; aclaración que se debe realizar ante el Juez que emitió la resolución impugnada; y, iv) El Tribunal de alzada considera que no existe vulneración alguna a derechos y garantías constitucionales del procesado, “…siendo que conforme se podrá advertir de la lectura del auto de vista emitido, la fundamentación expresada dentro del mismo ha sido conforme los antecedentes cursantes en el cuaderno de autos” (sic); solicitando se deniegue la tutela impetrada. Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin bien asistió a la audiencia de garantías; sin embargo, no intervino en la misma, tampoco presentó informe alguno.
La representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, requirió que se pueda resolver la presente acción de defensa, de acuerdo a los principios de objetividad y legalidad, establecidos en el Código Adjetivo Penal y la Constitución Política del Estado; estando la suscrita a lo que se resuelva.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 90 vta., concedió la tutela solicitada, anulando el Auto de Vista 04/2023 de 15 de febrero, y ordenando a las autoridades demandadas, que dentro del tercer día de su legal notificación, señalen audiencia y emitan nueva resolución, en el que se deberán previamente escuchar los fundamentos de los agravios planteados contra el fallo apelado, con base en los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de alzada no puede negar el derecho de recurrir y fundamentar en audiencia, por una cuestión formal que puede ser cumplida o subsanada ante dicha instancia; por ello, debe considerar el recurso de apelación incidental invocado, donde el apelante fundamentará sus agravios conforme señala el art. 404 del CPP; b) Al negarle esta posibilidad al recurrente, “…por no haber señalado en el Juzgado aquo…” (sic), es una interpretación contraria al derecho de recurribilidad; puesto que, conforme señala el citado precepto legal, existen dos formas de interponer el recurso de apelación incidental: una por escrito debidamente fundamentada y la otra de manera oral que se debe efectuar en audiencia ante el Tribunal que la dictó, no existiendo trascendencia en que se obligue al apelante a fundamentar ante el Juez que no conocerá ni resolverá los agravios, al no tener esa facultad; y, c) El referido Tribunal de segunda instancia, interpretó erróneamente el derecho de recurrir; puesto que, no existe un óbice para que el mismo escuche los agravios y los resuelva en audiencia, no pudiendo anteponerse las formalidades ante los derechos universales y constitucionales que se deben aplicar, conforme establece la Constitución Política del Estado, en cuanto a la situación de los errores u omisiones que pueden ser subsanados a la luz del derecho constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Joe Luís Flores Mora -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente agravado, tipificado y sancionado por el art. 318 con relación al art. 319 ambos del Código Penal (CP); en audiencia virtual de juicio oral, celebrada el 13 de enero de 2023, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 026/2023, declarando sin lugar el incidente de enajenación mental planteado por el peticionante de tutela, disponiendo en consecuencia la prosecución de ese actuado judicial. Concluida el mismo, el prenombrado a través de su abogado, señaló que: “…habiendo sido notificados en audiencia, siendo que aún no se ha instalado el Juicio oral, vamos a plantear el recurso de apelación para fundamentar los agravios en la Sala Penal de Turno…” (sic). A tal efecto, la autoridad judicial indicó: “…siendo que aún no se ha Instalado el Juicio Oral, una vez elaborada el acta remítase a la sala penal de turno, a fines de que la defensa pueda fundamentar sus agravios, una vez devuelta la apelación se va a resolver conforme a ley” (sic [fs. 23 a 27 vta.]). II.2. En la audiencia de apelación incidental efectuada el 15 de febrero del citado año, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -hoy demandados-, pronunciaron el Auto de Vista 04/2023, resolviendo declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto. Ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda planteada por la impetrante de tutela; el Tribunal de alzada, mediante Auto de la misma fecha, precisó el fallo emitido, manteniendo el mismo conforme a los fundamentos expuestos (fs. 33 a 35).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de la defensa y a recurrir vinculado a la libertad, a la vida y a la salud mental; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, habiendo la Jueza de la causa declarado sin lugar el incidente de enajenación mental que interpuso, formuló apelación incidental al concluir la audiencia; sin embargo, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 04/2023 de 15 de febrero, declararon inadmisible dicha impugnación, al no haber especificado los aspectos cuestionados del fallo recurrido, conforme al art. 396.3 del CPP, efectuando una interpretación aislada del art. 404 del citado Código, el cual establece que cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, juez o tribunal que la dictó; extremo que no fue considerado por los prenombrados, no habiéndole dado la oportunidad de exponer sus agravios en la audiencia de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación al alcance del régimen de apelación previsto en el art. 403 y ss. del CPP, la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, señala que: “El contenido normativo precitado regula el trámite del recurso de apelación incidental emergente del cuestionamiento a las resoluciones a impugnarse descritas en el art. 403 del CPP, señalando su interposición en el art. 404 -primer acápite- del mismo cuerpo legal, cuyo tenor literal prevé dos posibilidades que aluden al momento procesal que tienen las partes para su formulación, oral en audiencia o escrita luego de su notificación; del cual, amerita una interpretación desde el derecho a la impugnación consistente en la facultad reconocida a las partes de refutar y abrir el debate sobre la validez de una determinada resolución judicial ante los tribunales superiores, partiendo el análisis de los siguientes escenarios:
Un primer supuesto alude aquellos casos que sean resueltos en audiencia de manera oral, ante circunstancias que requieran sustanciación y ameritan contradictorio, señalando su impugnación en el mismo acto procesal de manera verbal e inmediatamente. Si bien de la literalidad de la norma, a prima facie, no devela ambigüedad alguna; sin embargo, dicha regulación así como se encuentra, puede dar lugar a interpretaciones perniciosas, respecto de, hasta dónde debe ser entendido el momento a partir del vocablo ‘inmediatamente’, expresión que resulta indeterminada y sin claridad de hasta cuándo es considerado inmediato, ocasionando que el apelante pueda recurrir incluso más allá de ese límite. Para cuyo análisis, de una interpretación sistemática desde el derecho a la impugnación con relación al alcance procesal del recurso de apelación incidental y momento oportuno para su activación; así como, en resguardo de la igualdad de las partes procesales, amerita aclarar dicha imprecisión, deduciendo -a partir del contexto normativo que regula el art. 404 del CPP-, que el enunciado ‘inmediatamente’, es acorde al contenido general del trámite del recurso de apelación incidental, pues la primera parte refiere al instante preciso en el que deba realizarse la impugnación, para luego dar paso a aquellos otros casos en los que no resulte en esa oralidad, coligiéndose la interpretación en sentido que el término ‘inmediatamente’ no puede dar lugar a otra intención que no sea que la impugnación a la decisión que resulte de la resolución del listado contenido en el art. 403 del CPP y otros como los que refiere el numeral 11, opere en el acto procesal en el que se dicta; es decir, las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada. (…) Por consiguiente, con base en esas consideraciones, resulta aclarado el contenido normativo del art. 404 del CPP -primer acápite-, a fin de garantizar el derecho de las partes a la impugnación según el momento procesal que corresponda, a objeto de activar el recurso de apelación respecto de los casos que procede previstos en el art. 403 del mencionado texto normativo, que se traduce en la garantía jurisdiccional que tienen las partes procesales para ejercer sus facultades y derechos en una contienda judicial” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original). Por su parte, la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, determinó que: “…mediante la promulgación de la Ley 1173 se modificó el régimen de apelación previsto en los arts. 403 y ss. del CPP (entre otras cuestiones), a partir de ello, el recurso de apelación incidental contra las resoluciones previstas en la referida disposición legal puede ser interpuesto de manera oral o escrita; así entendido, cuando la decisión a impugnar es dictada en audiencia y de manera oral por el juez o tribunal su apelación debe ser en el acto, de manera inmediata y oral. Siguiendo el entendimiento previsto por el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; la simple interposición o formulación oral del recurso de apelación ante la autoridad que emitió la decisión impugnada -sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora- es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada y se aperture su competencia, declarando la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia…” (el énfasis y subrayado pertenecen al texto original).
Bajo este mismo entendimiento, la SCP 0991/2023-S2 de 12 de diciembre, conforme con el razonamiento desarrollado en la SCP 0935/2021-S2, sostuvo que: “Acorde a dichas premisas y con el fin de establecer un marco normativo concordante con los fines y objetivos de la Ley 1173; se modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos. En ese orden y formulado el recurso de manera oral, de conformidad a lo previsto en el art. 405 de la norma adjetiva penal corresponde remitir los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, escenario natural de debate en el que se deberán exponer los agravios ocasionados por el juez o tribunal, ello en observancia de uno de los principios que fundamentan el sistema penal acusatorio; como es el de inmediación, que ordena una comunicación directa entre el juez o autoridad judicial decisora con las partes y órganos de prueba que puedan tener información pertinente sobre la veracidad o no de un hecho determinado; al respecto el art. 113 del CPP, dispone que las audiencias públicas deben realizarse en cumplimiento a los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano-como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación…” (énfasis y subrayado corresponden al texto original).
Entendimiento reiterado en la SCP 0172/2025-S3 de 31 de marzo.
En la presente causa, el accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de la defensa y a recurrir vinculado a la libertad, a la vida y a la salud mental; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 04/2023 de 15 de febrero, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental que formuló, al no haber especificado los aspectos cuestionados del Auto Interlocutorio recurrido; sin embargo, efectuaron una interpretación aislada del art. 404 del CPP, el cual establece que cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, juez o tribunal que la dictó; extremo que no fue considerado por dichas autoridades, no habiéndole dado la oportunidad de exponer sus agravios en la audiencia de apelación. Con carácter previo, es pertinente señalar que al haberse alegado la vulneración del derecho al debido proceso y tomando en cuenta que los actos denunciados en la presente acción tutelar, se encuentran vinculados con el derecho a la libertad del peticionante de tutela, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Una vez efectuada dicha aclaración, corresponde precisar que, de la revisión y compulsa de los antecedentes remitidos a este Tribunal, se llegó a evidenciar que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Joe Luís Flores Mora -ahora impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente agravado, tipificado y sancionado por los arts. 318 y 319 del CP; en audiencia virtual de juicio oral celebrada el 13 de enero de 2023, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija, emitió el Auto Interlocutorio 026/2023, declarando sin lugar el incidente de enajenación mental planteado por el prenombrado, disponiendo en consecuencia la prosecución de dicho actuado judicial. Concluida la audiencia, el solicitante de tutela a través de su abogado, interpuso recurso de apelación para fundamentar los agravios ante la instancia de alzada; a tal efecto, la Jueza de la causa dispuso que, al no haberse aún instalado el juicio oral, una vez elaborada el acta se remita a la Sala Penal de turno, a fin de que la defensa pueda fundamentar sus agravios; una vez devuelta la apelación se resolvería conforme a ley. En la audiencia de apelación incidental efectuada el 15 de febrero del citado año, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -hoy demandados-, pronunciaron el Auto de Vista 04/2023, resolviendo declarar inadmisible el recurso de apelación incidental formulado, con los siguientes fundamentos: 1) La forma de interponer el recurso, incumple lo establecido en el art. 396.3 del CPP; dado que, el recurrente no indicó de manera específica cuál o cuáles son los aspectos cuestionados de la Resolución que van a ser objeto de apelación; precisión que debe ser efectuada ante el Juez que pronunció el fallo recurrido, no exigiéndose una fundamentación de agravios al momento de formular la impugnación, según establece la indicada norma; y, 2) Al no haberse cumplido con la formalidad al momento de plantear el recurso, no se abre la competencia del Tribunal de alzada, para considerar el mismo. Ante la solicitud de explicación, complementación y enmienda planteada por la impetrante de tutela; el Tribunal ad quem, mediante Auto de la misma fecha, precisó el fallo emitido, manteniendo el fallo conforme a los fundamentos expuestos.
Ahora bien, conforme se tiene expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación de lo previsto en el art. 404 -primer acápite- del CPP, las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia, luego de emitida la resolución y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación de agravios será desarrollada o expuesta posteriormente en alzada; a partir de ello, la simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada -sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora- es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada y se aperture su competencia, declarando la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Bajo ese contexto, se evidencia que los Vocales demandados, en la emisión del Auto de Vista ahora impugnado, no actuaron acorde a la jurisprudencia constitucional desarrollada en líneas precedentes, al declarar inadmisible el recurso de apelación incidental impetrado por el accionante, con el argumento de no haber indicado de manera específica los aspectos cuestionados de la resolución; hecho que impidió al prenombrado que el Tribunal de alzada revise y en su caso corrija el fallo de primera instancia supuestamente erróneo, pronunciado por la Jueza de la causa; situación que conlleva a que este Tribunal, conceda la tutela solicitada; puesto que, por una errónea interpretación de la normativa penal vigente, se evitó que se aperture la competencia de la instancia de alzada, declarando la admisibilidad del recurso y se emita una decisión de fondo que corresponda, en virtud a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente -hoy peticionante de tutela- a ser expuestos en la audiencia de consideración y resolución de la apelación incidental formulada; considerando además que, el momento procesal en el que se interpuso el citado medio recursivo, era previo a la instalación y sustanciación del juicio oral, conforme precisó la Jueza de la causa en el Auto Interlocutorio 026/2023, a efectos de la aplicación del art. 404 del CPP. Por lo expuesto, se evidencia que la actuación de los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista 04/2023, lesionó el derecho al debido proceso en su componente de la defensa y a recurrir, vinculado a la libertad invocado por el impetrante de tutela; por lo que, se hace viable otorgar la tutela solicitada. Respecto al derecho a la salud mental alegado como transgredido, cabe aclarar que el mismo no es objeto de tutela vía acción de libertad. Asimismo, en cuanto al derecho a la vida invocado como vulnerado por el solicitante de tutela, corresponde señalar que no se evidenció su transgresión, a efectos de su concesión a través de esta acción tutelar, no siendo suficiente su simple mención a efectos de su consideración y tutela; dado que: “…es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto [las negrillas pertenecen al texto original]). En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 90 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el Tribunal de garantías, y los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, en las vertientes invocadas, vinculado al derecho a la libertad, al no haber actuado los Vocales demandados conforme estableció la jurisprudencia constitucional citada precedentemente. 2° DENEGAR respecto al derecho a la salud mental. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0936_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): e523fce2eb633755c32711ee14e3c099111e0cb50fc4f1297afbe77197c0d5a0
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