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SCP 0936/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56920-2023-114-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, al “…derecho de la víctima al resarcimiento de los gastos y perjuicios ocasionados por la condenada…” (sic); toda vez que, los Jueces demandados, al emitir el Auto Interlocutorio 03/2023, dispusieron erróneamente que las costas sean a favor del abogado Jaime Augusto Toconás Dávila y no así de su persona en calidad de víctima; consecuentemente, dicho Auto Interlocutorio carece de fundamento al contrariar el art. 264.2 del CPP, que establece que las costas corresponden a quien afrontó los gastos del proceso, incluidos honorarios profesionales.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 61/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 92 a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mimos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la debida fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que resuelven solicitudes de aclaración, complementación y enmienda
  2. III.2. Sobre el pago de los honorarios profesionales del abogado como parte de las costas
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2025-S2 Sucre, 25 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56920-2023-114-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 61/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 92 a 100, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoria Sonia Dávila Paco de Toconás contra Nataly Patricia Flores Aguanta, Roger Ernesto Gutiérrez Martínez y José Luis Rodríguez Landaeta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de junio y 7 de julio de 2023, cursantes a fs. 1, 28 a 30 vta. y 40 a 42, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de mayo de 2018, María Valentina Dávila Méndez fue condenada por uso de instrumento falsificado a un año y cuatro meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado y de la víctima. En ese entendido, solicitó la tasación de costas el 19 de agosto de 2022, misma que fue aprobada el 20 de septiembre de igual año; y, al no ser observada la planilla de liquidación, el 11 de noviembre del citado año pidió la ejecución de la sentencia; por lo que, se emitió el Auto Interlocutorio 308/2022 de 28 del referido mes, que ordenó el embargo de bienes a favor de su persona. Sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 03/2023 de 4 de enero, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandados- dispusieron erróneamente que las costas fueran a favor del abogado Jaime Augusto Toconás Dávila, y no de la víctima, lo que motivó la interposición de recurso de apelación que fue rechazado por Auto de Vista 16/2023-SP1 de 14 de febrero. Dicho Auto Interlocutorio -03/2023-, carece de fundamento y vulnera su derecho como víctima al resarcimiento, ya que el art. 264.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que las costas corresponden a quien afrontó los gastos del proceso, incluidos honorarios profesionales, por lo que, el razonamiento se encuentra apartado de la norma, resultando ilógico que la víctima no recupere los gastos durante todo el proceso, más aún si en el expediente se encuentra la copia de la factura que canceló por concepto de honorarios profesionales, constituyendo otro elemento irracional el solicitar que el abogado emita nueva factura a favor de la acusada por los servicios prestados a la víctima, puesto que se estaría imponiendo que el profesional facture dos veces por el mismo servicio. En ese entendido, conforme a los arts. 113.I de la Norma Suprema y 266 del CPP, las costas comprenden los gastos generados durante todo el proceso y serán devueltos por el imputado cuando sea condenado, resultando ser un resarcimiento a favor de la víctima; por consiguiente, al haber dispuesto las costas a favor del abogado, se vulnera el derecho de la víctima al resarcimiento de los gastos y perjuicios ocasionados por la condenada. Finalmente, el Auto Interlocutorio 03/2023 es el que causa la lesión de sus derechos constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, al “…derecho de la víctima al resarcimiento de los gastos y perjuicios ocasionados por la condenada” (sic); citando al efecto los arts. 113.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto interlocutorio 03/2023; y, b) Se mantenga firme el Auto Interlocutorio 308/2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 85 a 91 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nataly Patricia Flores Aguanta, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 57, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) El memorial de amparo constitucional es impreciso ya que deduce que la resolución cuestionada es el Auto Interlocutorio 03/2023; sin embargo, esta decisión fue apelada, dando lugar al Auto de Vista 16/2023-SP1; 2) La accionante debió dirigir la acción tutelar contra las autoridades que emitieron el referido Auto de Vista conforme a la jurisprudencia sobre subsidiariedad, dado que, no procede activar la vía constitucional cuando ya se ha ejercido un recurso ordinario respecto a la misma resolución; 3) Si se analizara el fondo, se advierte que, al momento de dictarse el Auto Interlocutorio impugnado, no existía factura de pago de honorarios de la víctima a su abogado en el cuaderno procesal; y, la planilla de costas ya fue ejecutoriada tomando en cuenta solo los honorarios profesionales, sin otros ítems pendientes; y, 4) Se advierte que la accionante no subsanó “…las observaciones que sus autoridades realizaron mediante Auto de 4 de julio de 2023” (sic). Roger Ernesto Gutiérrez Martínez, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, por informe oral presentado en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: i) El problema surge por la interpretación errónea de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, que limitó el derecho de las partes a impugnar resoluciones judiciales apoyándose en el art. 272 del CPP, que restringe recursos sobre costas y honorarios; sin embargo, el art. 180 de la CPE, garantiza el derecho de impugnación frente a cualquier resolución judicial, superando dicho criterio; ii) La referida Sala Penal no permitió que las partes expongan sus fundamentos ni ingresó al fondo de la apelación, declarando inadmisible el recurso sin motivación suficiente, pese a que el Auto Interlocutorio 03/2023, ya había sido impugnado; y, iii) Corresponde a dicha Sala Penal resolver el fondo, en atención al bloque de constitucionalidad, para garantizar justicia pronta y efectiva, además, la misma no dispuso ninguna remisión al Consejo de la Magistratura. José Luis Rodríguez Landaeta, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de la acción tutelar pese a su notificación cursante a fs. 45.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

María Valentina Dávila Méndez, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada con imposición de costas a favor de las autoridades demandadas y su persona, refiriendo que: a) No existe normativa que diga que los honorarios deban ser pagados a la víctima; b) La accionante solicitó el pago de costas procesales y honorarios, habiéndose cancelado previamente los gastos y parte de las costas en el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro mediante la Sentencia “603/2022”, que reconoció solo gastos y no honorarios como reparación de daños. Posteriormente, los Jueces demandados emitieron una planilla de honorarios por Bs. 6 500.-, conforme al arancel mínimo del Ministerio de Justicia, sin que la parte acusada objetara dicha calificación; y, c) La impetrante de tutela interpuso esta acción tutelar alegando vulneración de derechos, pero no precisó qué derecho constitucional fue afectado; se verificó que ya hizo uso de la apelación como vía ordinaria, que la legitimación activa y pasiva no se configuran y, que el Auto Interlocutorio 03/2023 cuenta con la debida fundamentación y se encuentra ejecutoriado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 61/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 92 a 100, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 03/2023, debiendo los Jueces demandados emitir uno nuevo sin espera de turno; 2) Sin costas, tomando en cuenta que es excusable su actuar; y, 3) Adosar al expediente constitucional las piezas referidas por ese Tribunal bajo el principio de verdad material; con base en los siguientes fundamentos: i) El auto impugnado lesiona el debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, al no realizar interpretación integral de antecedentes, pues previamente se había dispuesto el pago a la víctima conforme al Auto Interlocutorio 242/2022 de 20 de septiembre, por cuanto, no es posible que la autoridad haya olvidado que las costas procesales y honorarios debían ser cancelados por la tercera interesada a favor de la accionante; ii) Resulta incongruente referir que debe realizarse el pago al abogado Jaime Augusto Toconás Dávila y no a la víctima, cuando es la misma autoridad quien dispuso, a través del precitado Auto Interlocutorio, que se puede realizar el pago a la víctima a través de la aprobación de la planilla de costas; y, iii) En ese entendido, el Auto Interlocutorio 03/2023 lesionó el derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, al no haber realizado las autoridades demandadas una interpretación integral de sus propios actos, debiendo reconducirse esa vulneración a la legalidad. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el abogado de la tercera interesada solicitó “…se aclare, en realidad, los documentos que se ha presentado, la sentencia en el Juzgado que se ha emitido (…) una aclaración valorativa o no valorativa a efecto que el Tribunal ahora el Juzgado incidentado pueda fundamentar o pueda valorar esos aspectos…” (sic). Al respecto, la Sala Constitucional refirió que fue tomada en cuenta la prueba adjuntada, ya que se estableció que la planilla de costas solo identifica la cancelación de honorarios profesionales y no otros aspectos; además, la misma fue aprobada por el Auto Interlocutorio 242/2022 que refirió que el pago sea realizado a la víctima, sin observaciones de la tercera interesada; por lo que, no existe nada que complementar o enmendar.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 19/2018 de 22 de mayo, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro declaró a María Valentina Dávila Méndez -hoy tercera interesada- autora del delito de uso de instrumento falsificado, condenándola a la pena privativa de libertad de un año y cuatro meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento con costas y pago de responsabilidad a favor del Estado y de la víctima (fs. 2 a 10). II.2. Por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, Victoria Sonia Dávila Paco de Toconás -ahora accionante- solicitó la tasación de costas y costos (fs. 11); ante lo cual, fue emitida la planilla de costas procesales y honorarios de 5 de septiembre del referido año, por el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Curahuara de Cargangas del departamento de Oruro en suplencia legal del Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del señalado departamento (fs. 12), dando lugar al proveído de la misma fecha, por el cual, el referido Tribunal de Sentencia ordenó sea puesto en conocimiento de los sujetos procesales (fs. 13). II.3. A través del Auto Interlocutorio 242/2022 de 20 de septiembre, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro dispuso la aprobación de la planilla de costas de 5 de septiembre de 2022 (fs. 14 y vta.); posteriormente, por Auto de Vista 106/2022 de 27 de octubre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por María Valentina Dávila Méndez y confirmó el precitado Auto Interlocutorio (fs. 15 a 18 vta.). II.4. Mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2022, la accionante solicitó el inicio de la ejecución de la “…resolución que dispuso las costas procesales…” (sic [fs. 19]); dando lugar a que, por proveído de 14 de igual mes y año, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, ordene la notificación con esa petición a la acusada (fs. 20). II.5. Cursa el Auto Interlocutorio 308/2022 de 28 de noviembre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, que dispuso iniciar y continuar con los procedimientos de ejecución hasta el remate de los bienes de la tercera interesada en tanto cumpla con el pago a favor de la accionante en la suma de Bs6 500.-, en consecuencia dispuso la notificación al Registrador de Derechos Reales (DD.RR.) a objeto de que proceda a la inscripción del embargo del bien inmueble de propiedad de la prenombrada por la mencionada suma a favor de la impetrante de tutela (fs. 21 y vta.).

II.6. Consta Auto Interlocutorio 316/2022 de 5 de diciembre, por el cual, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, modificó el monto del embargo dispuesto por Auto Interlocutorio 308/2022, disponiendo la notificación al Registrador de DD.RR. a objeto de que se proceda a la inscripción del embargo del bien inmueble registrado a nombre de la tercera interesada, hasta alcanzar la suma de Bs5 500.- (cinco mil quinientos bolivianos), en favor de la accionante (fs. 22). II.7. Mediante Auto Interlocutorio 03/2023 de 4 de enero, Nataly Patricia Flores Aguanta, Roger Ernesto Gutiérrez Martínez y José Luis Rodríguez Landaeta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro -hoy demandados-, rechazaron y declararon infundada la solicitud de aclaración presentada por la hoy tercera interesada -en su calidad de acusada-; y, de oficio, en aplicación del art. 168 del CPP, corrigiendo lo dispuesto en los Autos Interlocutorios 308/2022 y 316/2022, dispusieron la notificación del Registrador de DD.RR. para que proceda a la inscripción del embargo del bien inmueble de propiedad de la prenombrada a favor de Jaime Augusto Toconás Dávila y sea hasta el monto de Bs.5 500.-; además, siendo que es la parte acusada quien está cancelando los honorarios profesionales del abogado de la acusación particular, el interesado debería presentar la factura correspondiente a nombre de la antes nombrada para el recojo del monto ya depositado por la misma (fs. 23 y vta.). II.8 Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, la accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 03/2023 (fs. 24 y vta.), por lo que, a través de Auto de Vista 16/2023-SP1 de 14 de febrero, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Oruro declaró inadmisible dicho recurso (fs. 25 a 26). II.9. Cursa la factura 00001 de 13 de septiembre de 2015, emitida por el “Estudio Jurídico ‘Toconas’ Jaime A. Toconas Dávila” (sic) por concepto de “Honorarios profesional” y la suma de Bs3 500.- (tres mil quinientos bolivianos) a favor del “señor: Toconas” con Número de Identificación Tributaria o cédula de identidad 2720348 (fs. 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; y, al “…derecho de la víctima al resarcimiento de los gastos y perjuicios ocasionados por la condenada…” (sic); toda vez que, los Jueces demandados, al emitir el Auto Interlocutorio 03/2023, dispusieron erróneamente que las costas sean a favor del abogado Jaime Augusto Toconás Dávila y no así de su persona en calidad de víctima; consecuentemente, dicho Auto Interlocutorio carece de fundamento al contrariar el art. 264.2 del CPP, que establece que las costas corresponden a quien afrontó los gastos del proceso, incluidos honorarios profesionales.

Ante ello, Nataly Patricia Flores Aguanta -Jueza demandada-; señaló que el Auto Interlocutorio 03/2023 fue apelado y dio lugar al Auto de Vista 16/2023-SP1; por lo que, la tutela debe denegarse, puesto que la acción debió dirigirse contra las autoridades que emitieron este último; asimismo, en cuanto a la jurisprudencia sobre subsidiariedad, no procede activar la vía constitucional cuando ya se ha ejercido un recurso ordinario respecto a la misma resolución. Por su parte, Roger Ernesto Gutiérrez Martínez -Juez codemandado-, manifestó que existe una errónea interpretación de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que limitó el derecho de las partes a impugnar resoluciones judiciales apoyándose en el art. 272 del CPP; sin embargo, el art. 180 de la CPE, garantiza el derecho de impugnación; pese a ello, el Auto Interlocutorio 03/2023, ya fue impugnado, correspondiendo a la referida Sala Penal resolver el fondo considerando el bloque de constitucionalidad. José Luis Rodríguez Landaeta -Juez codemandado-, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la debida fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones que resuelven solicitudes de aclaración, complementación y enmienda

Al respecto, la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “...En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes”. Al respecto se tiene que cualquier aclaración, complementación y enmienda que modifique una determinación se constituye en una potestad que no es discrecional ni ilimitada, sino que debe ejercerse con estricto respeto a los principios de congruencia, fundamentación y motivación que informan el debido proceso; en este sentido, debe considerar y en su caso analizar expresamente los antecedentes que sustentan la decisión, precisar el error, omisión o ambigüedad, aún de manera breve; además, se debe motivar de forma clara y suficiente las razones jurídicas y fácticas de la modificación, aclaración y complementación; por cuanto, la ausencia de motivación o la contradicción con los antecedentes procesales puede generar incertidumbre a las partes, vulnerar el derecho a la defensa y abrir espacio a interpretaciones arbitrarias de forma que dicha facultad debe orientarse a reforzar la seguridad jurídica y no a introducir nuevos elementos que alteren el sentido original de la decisión.

III.2. Sobre el pago de los honorarios profesionales del abogado como parte de las costas

Los honorarios profesionales de abogados obedecen a una relación contractual entre el cliente y el profesional del derecho, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad -art. 454 del Código Civil (CC)- de forma que pueden ser superiores al arancel profesional debiendo en su caso ser cancelados por la parte contratante y no por la parte procesal perdidosa en la medida en la que el profesional abogado no tiene relación jurídica directa con el mismo. En este sentido, la obligación directa de pago recae sobre quien contrató y recibió el servicio, siendo esa persona quien debe figurar como obligado en la facturación, conforme a la Ley de Reforma Tributaria (LRT) y el art. 3 inc. t) de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102100000011 de 11 de agosto de 2021, que indica: “Nominatividad: Datos consignados en los Documentos Fiscales que identifican al comprador, que comprende el Número de Identificación Tributaria o Número de su Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Pasaporte o Cédula de Identidad de Extranjero)”; toda vez que, en materia tributaria, el hecho generador de la obligación de facturar se perfecciona con la prestación efectiva del servicio profesional en favor de la persona o cliente que recibe la asesoría y defensa; y, la obligación tributaria del abogado consiste en emitir factura a nombre de dicho cliente en respaldo del pago realizado, teniendo presente el art. 22 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-. Por consiguiente, el reconocimiento procesal del reembolso de los honorarios profesionales de abogados no altera la esencia de la relación contractual privada que vincula al profesional con su cliente, ni sustituye la obligación tributaria de emitir factura a nombre de quien efectivamente recibió el servicio. De esta manera, se asegura una interpretación armónica y constitucionalmente coherente entre los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad tributaria y autonomía de la voluntad contractual, garantizando a las partes del proceso penal un régimen de costas que respete tanto la justicia procesal como las obligaciones civiles y tributarias que se derivan del ejercicio profesional del abogado.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Victoria Sonia Dávila Paco de Toconás -ahora accionante- contra María Valentina Dávila Méndez -hoy tercera interesada- por el delito de uso instrumento falsificado, fue emitida la Sentencia 19/2018 de 22 de mayo, que declaró autora del referido delito a la prenombrada, disponiendo que las costas y pago de responsabilidad serán a favor del Estado y de la víctima en ejecución de fallos (Conclusión II.1); en ese entendido, la accionante solicitó la tasación de costas y costos, practicándose la respectiva Planilla de costas procesales y honorarios el 5 de septiembre de 2022 (Conclusión II.2) siendo aprobada por Auto Interlocutorio 242/2022 de 20 de septiembre (Conclusión II.3).

Posteriormente, por memorial de 11 de noviembre de 2022, la accionante solicitó la ejecución de las costas procesales (Conclusión II.4); por lo que, mediante Auto Interlocutorio 308/2022 de 28 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, dispuso iniciar y continuar con los procedimientos de ejecución hasta el remate de los bienes de la tercera interesada en tanto cumplía con el pago a favor la impetrante de tutela en la suma de Bs6 500.-; en consecuencia, se ordenó la notificación a DD.RR. para la inscripción del embargo del bien inmueble a favor de la prenombrada hasta alcanzar la suma señalada (Conclusión II.5), siendo modificado el monto por Auto Interlocutorio 316/2022 de 5 de diciembre (Conclusión II.6).

Sin embargo, Nataly Patricia Flores Aguanta, Roger Ernesto Gutiérrez Martínez y José Luis Rodríguez Landaeta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro -hoy demandados-, al amparo del art. 168 del CPP, mediante Auto Interlocutorio 03/2023 de 4 de enero, determinaron corregir de oficio los Autos Interlocutorios 308/2022 y 316/2022, disponiendo la notificación a DD.RR. para que proceda a la inscripción del embargo del bien inmueble de propiedad de la tercera interesada, a favor del abogado Jaime Augusto Toconás Dávila y hasta el monto de Bs.5 500.-; y, que siendo que es la parte acusada quien está cancelando los honorarios profesionales del abogado de la acusación particular, el interesado debería presentar la factura correspondiente a nombre de la ahora tercera interesada para el recojo del monto ya depositado por la misma (Conclusión II.7).

Habiendo la impetrante de tutela interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 03/2023, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de Auto de Vista 16/2023-SP1 de 14 de febrero, declararon inadmisible dicho recurso, invocando el art. 272 del CPP que establece lo siguiente: “Las observaciones a la planilla se tramitarán por vía incidental. La resolución del juez o tribunal tendrá fuerza ejecutiva y se hará efectiva en el mismo proceso, sin recurso ulterior, en el término de tres días”; en este sentido, la observación de los Jueces demandados de que la acción debió ser dirigida también contra los prenombrados Vocales no puede ser atendida en la medida en la que la interpretación de dicha norma tampoco fue impugnada.

Ahora bien el art. 264 del CPP referido al contenido de las costas en materia penal, no se limita a establecer un listado de gastos procesales, sino que configura un verdadero mecanismo de justicia económica, cuyo objetivo es evitar que el ejercicio del derecho de acceso a la justicia se traduzca en una carga patrimonial irrazonable para quien resultó con la razón jurídica, es así que, esa normativa conlleva a tres componentes esenciales de las costas procesales: a) Gastos judiciales formales, como papel sellado, timbres y otros pagos derivados de actuaciones judiciales; b) Honorarios de profesionales auxiliares de la justicia, incluyendo abogados, peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes; y, c) Remuneración de jueces ciudadanos, imputada a favor del Estado.

En el caso concreto, las autoridades demandadas, a través del Auto Interlocutorio 03/2023, ahora objetado, corrigieron de oficio los Autos Interlocutorios 308/2022 y 316/2022, disponiendo que el embargo del bien inmueble de la condenada -hoy tercera interesada- y el pago de la suma de Bs5 500.- sean realizados a favor del abogado Jaime Augusto Toconás Dávila y no de la víctima; aspecto que no es coherente con el trámite de la causa; además, de la lectura del Auto Interlocutorio 03/2023, se advierte que el mismo no explica las razones por las que se dispuso dicho cambio, atribuyéndolo simplemente a la firma de los memoriales de solicitud de ejecución de las costas y de embargo suscritos por el abogado, quien sería aparentemente el directo interesado, pese a que en Sentencia inicialmente se dispuso el pago de forma diferente; y, sin considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que establece que, los honorarios provienen de una relación contractual entre el cliente y el profesional; por lo que, la obligación de pago en el monto que se hubiese acordado recae directamente en quien contrató el servicio; por cuanto el reconocimiento procesal del reembolso de costas, no modifica esta relación privada ni la obligación de facturación. En ese entendido, los Jueces demandados tampoco obraron de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que toda autoridad judicial se encuentra obligada a emitir las resoluciones de manera motivada, fundamentada y congruente en resguardo del debido proceso, toda vez que la falta de motivación o contradicción con los antecedentes vulnera la defensa y genera inseguridad, por ello, la facultad del art. 168 CPP debe aplicarse para reforzar la seguridad jurídica, respetando la congruencia procesal y la finalidad resarcitoria del art. 264 CPP y el cumplimiento de las normas legales aplicables al caso concreto.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 61/2023 de 12 de julio, cursante de fs. 92 a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mimos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0936_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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