B.IA.LEGAL

SCP 0936/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
44293-2022-89-AL
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, a ser oído y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 182/2021 de 16 de noviembre, confirmó el referido Auto Interlocutorio, sin pronunciarse sobre todos los agravios denunciados, ni efectuar ninguna fundamentación ni la correcta valoración de los medios de prueba que no consideró el citado Juez, con relación al único riesgo latente, que es el peligro para la víctima. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso
  3. III.3. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2023-S3 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44293-2022-89-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 06/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramiro Mamani Zarate en representación sin mandato de Magdani Hurtado Villavicencio contra David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 17 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), el Juez de primera instancia, en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio de 16 de julio de 2021, ordenó su detención preventiva, al no desvirtuar el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) relacionado al peligro efectivo para la víctima; y el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2, ambos artículos. modificados por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, con relación a la falta de investigación. Frente a esa determinación, formuló recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio, que fue resuelto mediante Auto de Vista de 16 de septiembre de igual año, a través del cual, se mantuvo latente el peligro de fuga establecido por el art. 234.7 del CPP argumentando que el hecho ocurrió en el entorno familiar y en el domicilio de la abuela de la víctima, no pudiendo enervarse dicho riesgo procesal sin considerar la naturaleza del hecho. En consecuencia, nuevamente solicitó audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, en la que el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento Pando, mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, rechazó su petición, sin efectuar la debida fundamentación ni una correcta valoración de los nuevos elementos de prueba que presentó con el objeto de desvirtuar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP. Frente a ello, formuló recurso de apelación incidental, que se resolvió mediante Auto de Vista 182/2021 de 16 de noviembre, emitido por el Vocal ahora accionado, sin atender todos sus agravios; por lo tanto, una determinación incongruente que no efectuó una correcta valoración integral sobre las pruebas presentadas, con relación al informe pericial del perito psicológico donde concluye que la víctima no presentó una afectación por el hecho denunciado y respecto a la documentación del contrato de alquiler donde actualmente estaría viviendo su esposa e hijos, demostrando con ello que ese domicilio se encuentra alejado a la vivienda de la víctima y lugar del hecho, así como de forma equivocada confirmó el Auto interlocutorio de 8 de noviembre de 2021 sin realizar una fundamentación, al no indicar el motivo por el cual se mantiene latente ese único riesgo procesal, ya que el informe pericial refirió que no es un peligro para la víctima, quien no presentó una afectación o secuela por el hecho denunciado; además, no se señaló cuál es la forma que podría enervarse ese riesgo procesal o la razón por la cual persiste.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, a ser oído y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 8.II, 13.IV, 22, 23, 109.I, 110, 115.II, 116.I, 117.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 7.1.2 y 3; 8.2; 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emita un nuevo Auto de Vista que garantice una debida fundamentación, con relación al art. 124 del CPP, adecuándose a las Sentencias Constitucionales “antes citadas”, referidas a enervar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y, b) Las medidas cautelares personales previstos por el art. 231 bis. 1 al 9 -del CPP-, distintas a la detención preventiva, ya que las mismas no son reales, materiales y objetivas, al contrario son meras suposiciones que vulneran el derecho al debido proceso.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Vocal ahora accionado solamente argumentó subjetivamente que persiste el único riesgo procesal, indicando que el hecho denunciado se suscitó dentro del entorno familiar en un domicilio de la abuela de la víctima donde también vive el imputado -accionante- y que se encuentra a una o dos cuadras y media del domicilio de la madre de la víctima, al efecto como nuevo elemento de prueba presentó informe elaborado por el perito psicológico forense previa valoración de la víctima y con el consentimiento de la denunciante, a través del cual se estableció que la víctima no presentó secuelas a consecuencia del hecho denunciado, encontrándose en perfecto estado y para desvirtuar respecto al domicilio presentó un contrato de alquiler donde vive con su madre y su esposa, lugar que se encuentra alejado del domicilio de la víctima y del lugar de los hechos; y, 2) El referido Vocal emitió el Auto de Vista 182/2021 sin enmarcarse en lo establecido en la norma aplicable al caso y la jurisprudencia constitucional, por ello solicitó se admita la presente acción de libertad de carácter reparadora y restringida, ordenando a la “autoridad” que emita otro tipo de resolución fundamentada en la que exista una valoración y motivación con relación a los agravios denunciados.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en audiencia manifestó que: i) En el Auto de Vista 182/2021 que emitió, evidentemente quedó latente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP y para alegar la cesación de la detención preventiva se debe establecer que fue lo que motivó al Juez de la causa asumir esa medida y cuáles son las razones para determinar que ya no concurre ese riesgo procesal, por lo que entre esos motivos se tiene que el delito es de agresión sexual a una menor de edad, que por la situación de familiaridad el Juez de la causa señaló que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desventaja. Ante esa situación el accionante presentó la documentación por la cual acredita que cambió de domicilio -contrato de alquiler en un domicilio que no se encuentra cerca de la víctima- y un informe psicológico donde se manifiesta que la víctima no tiene ninguna secuela a consecuencia del hecho denunciado; y, ii) El Juez de la causa señaló que no se desvirtuó ese riesgo procesal haciendo referencia a la Constitución Política del Estado, a los Convenios Internacionales como el de Belém Do Pará y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que obliga a las autoridades judiciales aplicar la perspectiva de género, por esa razón los motivos son claros y el Auto de Vista 182/2021 no se encuentra apartado de las normas del derecho, conteniendo la debida fundamentación; por lo que, solicitó que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando, por Resolución 06/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que el Auto de Vista 182/2021, emitido por el Vocal ahora accionado, cumple con la exigencia normativa, así como la jurisprudencia constitucional que se plasmó de manera objetiva, concreta y precisa al mencionar que se trata de un caso de violencia sufrida contra una niña en su entorno familiar, que se encuentra en el grupo de vulnerabilidad y desventaja frente a la conducta demostrada por el acusado -accionante-; puesto que, se tiene el informe pericial efectuado a la víctima, a través del cual, no se juzga el comportamiento de la menor de edad sino se tiene que determinar el comportamiento del acusado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 29 de marzo de 2023, cursante a fs. 29, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 15 de agosto de 2023, cursante a fs. 58; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, por el cual se rechazó la cesación de la detención preventiva de Magdani Hurtado Villavicencio -hoy accionante-, conforme a lo previsto por el art. 235 ter del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173; y ante la enmienda y complementación formulada, se ratificó en los argumentos expuestos respecto a la decisión de rechazo bajo el argumento de no desvirtuarse el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, al finalizar la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, el accionante formuló recurso de apelación incidental, contra el referido Auto Interlocutorio (fs. 5 a 8). II.2. Cursa Acta de audiencia de apelación de medidas cautelares y el Auto de Vista 182/2021 de 16 de noviembre, emitido por David Zeballos Burgoa, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -ahora accionado-, a través del cual, confirmó el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021 (fs. 32 a 34 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, a ser oído y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 182/2021 de 16 de noviembre, confirmó el referido Auto Interlocutorio, sin pronunciarse sobre todos los agravios denunciados, ni efectuar ninguna fundamentación ni la correcta valoración de los medios de prueba que no consideró el citado Juez, con relación al único riesgo latente, que es el peligro para la víctima. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso

La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, señaló que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la justicia pronta y oportuna, a ser oído y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, ante la formulación de recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 182/2021 de 16 de noviembre, confirmó el referido Auto Interlocutorio, sin pronunciarse sobre todos los agravios denunciados, ni efectuar ninguna fundamentación ni la correcta valoración de los medios de prueba que no consideró el citado Juez, con relación al único riesgo latente, que es el peligro para la víctima. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, Consta Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de Primera Instancia, por lo cual se rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante, conforme a lo previsto por el art. 235 ter del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173; y ante la enmienda y complementación formulada, se ratificó en los argumentos expuestos relacionados a la decisión de rechazo, bajo el argumento de no desvirtuarse el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y al finalizar de la audiencia de consideración de cesación de detención de la preventiva, el accionante formuló recurso de apelación incidental, contra el citado Auto Interlocutorio (Conclusión II.1.). En consecuencia, mediante Auto de Vista 182/2021, emitido por el Vocal ahora accionado, se confirmó el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021 (Conclusión II.2.). Ahora bien, conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. III.2. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones vinculadas al régimen de medidas cautelares deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en los que basaron sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo reemplazar esa labor con la simple relación de los documentos o requerimientos. Dentro de esa lógica, dicha exigencia tiene mayor incidencia en la emisión de una resolución que disponga o ratifique la aplicación de la detención preventiva, en la que se debe establecer el cumplimiento de los requisitos de validez para ese fin, alcanzando esa obligación tanto al Juez de primera instancia como al Tribunal de alzada que conozca en grado de apelación y la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Asimismo, el Tribunal de segunda instancia debe dejar pleno convencimiento de que no habría otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los aspectos denunciados por el accionante en esta acción tutelar son evidentes o no. Por consiguiente, si bien no se tiene memorial alguno donde se expongan los agravios denunciados contra el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, del Acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, así como del Auto de Vista 182/2021, se establece que el accionante denunció que el Juez de primera instancia: a) No consideró la nueva prueba presentada, concerniente en el informe pericial psicológico del Ministerio Público, que de forma clara, previa valoración sostenida con la víctima bajo la autorización de la denunciante, se llegó a la conclusión que la víctima no representa ni demostró tener alguna secuela que indique que el accionante representa ese peligro; y, b) Se tiene el presupuesto que el hecho denunciado se suscitó en el domicilio de la abuela -de la víctima- y para poder cumplir con las medidas de protección y no distorsionar el riesgo procesal, presentó un contrato de alquiler adjuntando documentación que acreditó que desde septiembre -se entiende de 2021- está viviendo con su hijo en el domicilio de “Alejandro Cárdenas Divico” en el barrio el Bosque, por ello no tendrá contacto ni verá a la víctima; sin embargo, esas pruebas no fueron valoradas. En consideración al recurso de apelación incidental planteado por el accionante, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 182/2021, señaló que: 1) El argumento y fundamentación del Juez de primera instancia respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, se engloba en el hecho que es un caso de violencia donde se encuentra involucrada una menor de edad, quien sufrió la presunta “agresión” sexual, encontrándose además en una situación de vulnerabilidad y desventaja; puesto que, esa conducta fue exteriorizada por el accionante aprovechando de su vínculo familiar según la declaración de la menor de edad; por lo que la pericia realizada a la menor de edad en la que se señala que no existiría secuela alguna en la víctima, no enerva ese riesgo procesal, ni el hecho del cambio de domicilio del accionante y que no viviría en el lugar; y, 2) De por medio se encuentran los Convenios Internacionales, como es el de Belém Do Pará, la Constitución Política del Estado y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que obliga a las autoridades judiciales a observar desde una perspectiva de género y efectuar una aplicación intersectorial, brindando protección reforzada por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la menor de edad, por esa razón, el Juez de primera instancia efectuó una aplicación correcta al mantener latente el mencionado riesgo procesal. En ese sentido, tomando en cuenta los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental, así como los hechos denunciados en esta acción tutelar, se tiene que, en cuanto a la falta de consideración de la nueva prueba que presentó, concerniente al informe pericial psicológico y el contrato de alquiler que adjuntó para enervar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, el Vocal ahora accionado mencionó que en ese caso se encuentra involucrada una niña, quien sufrió la presunta “agresión” sexual, y de acuerdo a la conducta que demostró el imputado -accionante- aprovechando de su vínculo familiar según la declaración de la menor de edad, se encuentra en una situación de vulnerabilidad y desventaja, por ello, la pericia efectuada a la víctima en la que se señaló que no existiría secuela alguna, así como el hecho del cambio de domicilio del accionante y que no viviría en el lugar, no enervan ese riesgo procesal, e incluso tomando en cuenta los Convenios Internacionales, como es el de Belém Do Pará, la Constitución Política del Estado y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, advierte que con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, el Vocal ahora accionado, tomó en cuenta las pruebas referidas por el accionante, explicando de manera clara y precisa todas las razones que le permitieron asumir esa determinación, incluso hizo referencia de manera puntual a los elementos que analizó, señalando que persiste el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, resaltando al efecto las garantías que ofreció a la víctima; es decir, que su decisión de confirmar el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia, se sostuvo principalmente en razón a que la víctima de la supuesta agresión sexual, es una menor de edad que además es mujer, amparándose en el hecho de encontrarse dentro de los grupos de vulnerabilidad y la aplicación de la perspectiva de género que le obliga actuar en virtud a la protección reforzada que requiere la menor de edad; puesto que, basándose en pruebas objetivas -declaración de la menor de edad- y en aplicación a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia y convenios, efectuó una ponderación respecto a la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima con relación al imputado -conforme al tipo de delito y en razón a que el supuesto hecho denunciado como ilegal se suscitó en el domicilio de la abuela de la víctima-, y el resguardo efectivo del Estado hacia la misma, teniendo en cuenta que el peligro para la víctima debe ser comprendido desde una protección amplia en delitos de violencia sexual y familiar, entendimiento acogido además por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la 0017/2019-S2 de 13 de marzo, mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género; por lo tanto, no existe omisión alguna de valoración de prueba, ni falta de fundamentación y motivación, correspondiendo denegar la tutela solicitada sobre este aspecto.

En ese marco, es necesario precisar también que la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-, contiene diversas normas inherentes a los derechos de las mujeres y la tutela de los mismos que deben otorgar los Estados partes, regulaciones entre las que se tiene el derecho a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, que entre otros, comprende el derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad personal; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; y el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley; siendo deber de los Estados partes, entre muchos, adoptar medidas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, así como establecer medidas de protección. Es con base en estos lineamientos y directrices normativas que el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que a su vez inspiró en parte la modificación del Código de Procedimiento Penal a través de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 mayo de 2019-, incluyendo normas vinculadas a la aplicación de medidas cautelares, y de protección para las mujeres observando justamente su vulnerabilidad, previniendo su resguardo de forma oportuna; por lo que, el Estado tiene la obligación de aplicar adecuada, oportuna y diligentemente, no solo las normas relacionadas con los derechos de las mujeres, sino los diversos instrumentos internacionales que tiendan a su protección; aspecto considerado por la jurisprudencia constitucional, sin que la observancia y aplicación de sus entendimientos pueda alegarse como arbitraria o irracional.

Respecto a la falta de pronunciamiento sobre todos los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental, conforme se precisó precedentemente, esta Sala del Tribunal

Constitucional Plurinacional identificó dos agravios, que se encuentran relacionados con las pruebas mencionadas; es decir, con el informe pericial psicológico y el contrato de alquiler que adjuntó, los cuales fueron tomados en cuenta por el Vocal ahora accionado para efectuar su análisis del caso; por lo tanto, no se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada. Conforme a lo expuesto, se advierte que el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 182/2021, con la debida fundamentación, motivación y congruencia, efectuando una valoración integral de la prueba presentada, vinculada a su derecho a la libertad, por lo que no existe vulneración de los derechos mencionados anteriormente, en esta acción de defensa, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En la presente acción tutelar, el accionante alega la vulneración de los derechos a la defensa, a la justicia pronta y oportuna; y, a ser oído, sin embargo, se tiene que el nombrado solamente se limitó a citar dichos derechos, sin exponer ningún argumento que explique de manera precisa y clara las razones por las que consideró que el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista de 182/2021, los habría vulnerado, además tampoco expresó de forma clara la vinculación de dichos derechos con alguno de los bienes jurídicos que protege la presente acción de defensa; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 18 de noviembre, cursante de fs. 22 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0936_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0b0d66d74d2f41c8c5f42a10d4c8c15d97bd30827c7ae47950f5bfc21410c17f

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