Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Concede la tutela
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al fuero sindical, a la inamovilidad laboral, estabilidad laboral, al trabajo digno sin discriminación y con salario justo, y a una fuente laboral estable, toda vez que, no obstante encontrarse en el ejercicio de la dirigencia sindical, con baja médica, y mientras el Sindicato de Trabajadores planteaba un conflicto colectivo de trabajo, COTAS R.L. le sorprendió con la afectación a su percepción salarial del mes de octubre de 2020, habiendo rebajado su bono de antigüedad de Bs10 035,47.- a Bs3 183.-, y su prima vacacional de Bs22 984,47.- a Bs9 000.-, sin ningún fundamento legal y sin considerar su fuero sindical, situación que fue puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz que pronunció la Conminatoria de Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 28/2021 de 2 de marzo, conminando a la empresa, a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y Prima Vacacional de forma inmediata, resolución que no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Alcance y protección del fuero sindical; b) El Fuero Sindical y las Conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 56/2021 de 10 de mayo, cursante de fs. 199 vta. a 203 vta., emitida por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la restitución de su bono de antigüedad y prima vacacional, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0936/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 41012-2021-83-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 56/2021 de 10 de mayo, cursante de fs. 199 vta. a 203 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Beatriz Rivero Montero contra Rubén Darío Méndez Añez, Representante Legal de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz de Responsabilidad Limitada (COTAS R.L.).
Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2021, cursante de fs. 36 a 41, la accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Trabaja en COTAS R.L. en el cargo de “Oficial Administrativo Cuentas por Pagar”, con una remuneración de Bs22 984,47.-(veintidós mil novecientos ochenta y cuatro 47/100 bolivianos) como consta en sus boletas de pago de agosto y septiembre de 2020; sin embargo, fue sorprendida con una rebaja de su sueldo del mes de octubre de 2020, observando que se disminuyó su bono de antigüedad de Bs10 035,47 (diez mil treinta y cinco 47/100 bolivianos) a Bs3 183.- (tres mil ciento ochenta y tres bolivianos); es decir el monto de Bs6 035,47.- (seis mil treinta y cinco 47/100 bolivianos); también, rebajaron su prima vacacional de Bs22 984,47.- a Bs9 000.- (nueve mil bolivianos), es decir Bs13 984,47.-trece mil novecientos ochenta y cuatro 47/100 bolivianos); el monto que se rebajó de su sueldo fue de Bs20 019,94.-(veinte mil diecinueve 94/100 bolivianos), sin ningún fundamento legal.
Esta situación se dio mientras el Sindicato de Trabajadores de COTAS R.L. planteaba un conflicto colectivo de trabajo, donde el demandado incurrió en esta ilegalidad a sabiendas de su condición como dirigente de la “Confederación Sindical de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicaciones, Agua y Gas de Bolivia”; y, que además se encontraba con baja médica y hospitalizada. Como consecuencia de dicha rebaja salarial, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, con el fin de solicitar la reincorporación a su fuente de trabajo por inamovilidad laboral, por violación al fuero sindical, más la restitución y regularización del salario al nivel percibido hasta antes de la rebaja salarial; de esta manera se le extendió la Única Citación para la audiencia de 19 de febrero de 2021, en la cual, la representante de COTAS R.L. no acreditó idóneamente facultades para actuar en la misma, por lo que se dispuso la inasistencia de la parte empleadora, considerada a su vez como prueba idónea y aceptación de despido injustificado. En consecuencia, se dictó la Conminatoria de Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 028/2021 de 2 de marzo, por la que se conminó a COTAS R.L. a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y Prima Vacacional de forma inmediata. Finalmente, el 31 de marzo de 2021, la Inspectora del Trabajo del citado departamento, se apersonó a COTAS R.L. donde verificó el incumplimiento a la Conminatoria ya descrita.
Alega como vulnerados sus derechos al fuero sindical, a la inamovilidad laboral, a la estabilidad laboral, al trabajo digno sin discriminación y con salario justo y a una fuente laboral estable; citando al efecto los art. 46 y 51.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y se ordene su restitución y regularización del salario en lo que respecta al bono de antigüedad y prima vacacional en forma inmediata.
La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 10 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 196 a 199 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional.
Wigberto Eyzaguirre Montenegro y Roland David Mojica Guerra, representantes legales de COTAS R.L., mediante informe escrito presentado el 10 de mayo de 2021, cursante de fs. 191 a 194 vta., manifestaron que: a) La Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM. 028/2021 de 2 de marzo, de manera arbitraria e ilegal, vulneró los principios y garantías que rigen el procedimiento administrativo y dejó en total estado de indefensión a COTAS R.L., bajo el argumento de no contar con apoderada legal con facultades suficientes para actuar en audiencia, existiendo según el inspector, falta de personería de la representación de la empresa; y en consecuencia, determinó establecer una supuesta inconcurrencia del empleador, motivo por el cual se dispuso tener como prueba plena y aceptación del despido injustificado; b) Beby Rosa Juárez Salvatierra, se presentó a audiencia con poder y no así María Elva Ciancaglino como se expresa erróneamente en la Conminatoria, resultando que la misma contaba con plena facultad de representación de COTAS R.L., no existiendo la inconcurrencia alegada; c) La accionante denuncia una supuesta rebaja ilegal de su sueldo en cuanto al bono de antigüedad y prima vacacional; al respecto, los referidos descuentos emergen y se fundan en un convenio colectivo de trabajo de 11 de junio de 2014 “Convenio Laboral 1710-2014” suscrito por la denunciante en su condición de dirigente sindical, el cual se encuentra en pleno trámite de demanda de cumplimiento en el “Juzgado Segundo de Trabajo” (sic), proceso que fue iniciado y citado a la ahora accionante, con anterioridad al trámite de reincorporación por inamovilidad laboral por fuero sindical; d) No correspondía a la Jefatura Departamental del Trabajo el conocimiento y trámite de la denuncia de reincorporación antes señalada, así como tampoco la acción de amparo de amparo constitucional, toda vez que la problemática de fondo de la presente relación laboral es de conocimiento anterior de la “Juez del Juzgado Segundo de trabajo” autoridad, a quien le corresponde pronunciarse sobre la procedencia y legalidad de cálculo y pago del bono de antigüedad, así como los alcances y forma de pago de la prima vacacional a favor de la accionante; e) La peticionante de tutela, no fue desvinculada de su fuente laboral, continúa percibiendo su salario de forma mensual, a pesar de que la misma no acreditó de manera formal una justificación legal para no incorporarse a su puesto de trabajo desde mediados del mes de enero de 2021, como tampoco se negó o restringió el ingreso a su fuente laboral; y, f) COTAS R.L. dando cumplimiento efectivo a las determinaciones establecidas en el “Convenio Laboral Colectivo de 11 de junio de 2014 1710-2014” procedió a regular el bono de antigüedad y la prima vacacional de la trabajadora Jenny Beatriz Rivero Montero, toda vez que en dicho documento en su cláusula tercera se señaló que para efectos de su liquidación y pago mensual, los trabajadores mantendrían la antigüedad actual, motivo por el cual no existe fundamento para que la accionante continúe percibiendo el pago diferenciado del bono de antigüedad y prima vacacional, hecho que constituye un enriquecimiento ilícito y/o sin justa causa. Asimismo, en audiencia, manifestaron que: 1) El poder con que se apersonó la apoderada de COTAS R.L. a la audiencia, fue desconocido por el inspector de la causa, de manera arbitraria, dejándolos en completo estado de indefensión; 2) No puede ejecutarse una conminatoria que vulneró los principios del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa, la legalidad y el deber de fundamentación y congruencia; 3) El abogado de la accionante no explicó por qué COTAS R.L. tendría que cancelar un monto de Bs10 000.-(diez mil bolivianos) por bono de antigüedad, cuando de acuerdo a la normativa vigente y la antigüedad que tiene la trabajadora ese bono está por los bs3 000.-(tres mil bolivianos) y en cuanto al tema de la prima vacacional, no es un derecho adquirido, ni un beneficio social, es una liberalidad de la empresa, siendo cuestiones que deben ser tutelados en la vía ordinaria y no a través de Conminatoria; 4) Mediante un convenio laboral firmado el 2014 por la propia accionante en su calidad de dirigente sindical, se estableció que todos los trabajadores de COTAS R.L. debían adecuarse el pago del bono antigüedad a la normativa vigente en base a tres salarios mínimos nacionales; 5) Fueron citados con una conminatoria de reincorporación laboral, cuando la trabajadora jamás fue cesada de su fuente laboral y continuaba percibiendo su salario; 6) No hubo desvinculación ni una reducción de sueldo, hubo una adecuación a la normativa vigente; y, 7) En virtud del principio de subsidiariedad, previamente se debe agotar la instancia correspondiente, para establecer si corresponde o no la forma en que se están calculando los bonos de antigüedad y la prima vacacional.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 56/2021 de 10 de mayo, cursante de fs. 199 vta. a 203 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Empresa accionada COTAS R.L., dé estricto cumplimiento a la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM 028/2021 de 2 de marzo, bajo los siguientes fundamentos: i) Si bien existe un proceso ordinario abierto, será esa jurisdicción la que resuelva la aplicación y el pago de los beneficios que hoy reclama la accionante, sobre la base de la protección de su fuero sindical; ii) Esta jurisdicción únicamente brindará una protección provisional hasta en tanto el Tribunal Constitucional resuelva lo contrario o el juez ordinario resuelva lo que corresponde y se tenga una sentencia debidamente ejecutoriada, que determine si corresponde o no la aplicación del Convenio del 2014 o la reducción que hoy se reclama; y, iii) Dada la naturaleza de los derechos sociales reclamados por la accionante, corresponde su protección provisional en forma inmediata.
Por Decreto Constitucional de 4 de mayo de 2022, cursante a fs. 207, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto de 2023 (fs. 231); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Mediante Contrato de Trabajo de 30 de noviembre de 1995, la antes denominada Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz de la Sierra COTAS LTDA, contrató los servicios de Jenny Beatriz Rivero Montero de León -ahora accionante-, con duración indefinida a partir del 1 de diciembre de 1995 en el cargo de Operadora Inicial del departamento de Atención al Socio de la Gerencia de Atención al Socio y Promoción de Servicios. (fs. 106 a 107). II.2. Conforme “Convenio Colectivo de Trabajo, COTAS Ltda. - Sindicato de Trabajadores 1710-2014, GG-11/2014 de 11 de junio de 2014”, suscrito por COTAS: Jorge Ernesto Ávila Antelo, Secretario Consejo de Administración; Iván Nicolás Uribe Rivero, Presidente Consejo de Administración; Pablo Vladimir Rafael Sitic Vargas, Tesorero Consejo de Administración; Saul Antelo Torrico, Gerente General y por el Sindicato: Lorgio Zacarías Suárez Limpias, Secretario General; Omar Dario Cuellar Otero, Secretario de Hacienda; Jenny Beatriz Rivero de Barba, Secretaria de Relaciones; Carlos Froilán Becerras Hidalgo, Secretario de Conflictos. En su cláusula TERCERA agregó lo siguiente:
“TERCERA.- (Acuerdos).- Los acuerdos, términos y alcances del presente convenio colectivo y acuerdo transaccional son los siguientes: 3.1. Para los trabajadores afectados por la medida de readecuación salarial.- (…) b. Bono e Antigüedad: Para efectos de su liquidación y pago mensual, los trabajadores mantendrán la antigüedad que tienen actualmente, de forma tal que: I. Los trabajadores percibirán su Bono de Antigüedad de acuerdo a la ley vigente y el nuevo Salario Mínimo nacional vigente, en función a sus años de antigüedad desde la fecha inicial de su contratación. II. En lugar de iniciar un nuevo cómputo de vacaciones (a partir de la fecha en que fue comunicada la reasignación salarial), los trabajadores mantendrán la cantidad de días de vacación que tuvieran acumulados. (…) 3.3. Prima vacacional.- Para todos los trabajadores sindicalizados, en los rangos de Bs. 7.000 a Bs. 9.000, a partir de la gestión 2014. La Prima vacacional se pagará de forma retroactiva al 1ro de enero 2014. Los términos específicos de este concepto se encuentran detallados en el numeral 3.4 siguiente.” (sic [fs. 124 a 136])
II.3. Por Resolución Ministerial 302/17 de 20 de abril de 2017 el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social en uso de las facultades conferidas por Ley resolvió:
“Artículo Primero.- Reconocer al Directorio de la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia, elegido por la gestión que comprende del 30 de marzo de 2017 al 29 de marzo de 2020, constituido por:
Secretario Ejecutivo Rubén Dario Quispe Banda Secretario general de Luz y fuerza Rómulo Lafuente López Secretario General de Telecomunicaciones Jery Lidan Guillen Toanzos Secretario de Aguas Ever Lucio Muñoz Olmos Secretario de Relaciones Nal. e Int. Gerónimo Zambrana Montaño Secretario de Conflictos de Luz y Fuerza Gustavo Alfredo Jesús Céspedes Saucedo Secretario de Conflictos de Luz y Fuerza José Grover Rojas Vásquez Secretario de Conflictos de Telecomunicaciones Jenny Beatriz Rivero de Barba Secretario de Conflictos de Telecomunicaciones Marcela Civera Barrero Secretario de Conflictos de Aguas José Luis Vacaflos Herrera Secretario de Conflictos de Aguas Germán Tórrez Rueda Secretario de Finanzas Rosario del Carmen Arce Pizarroso Secretario de Organización y Control Sindical Efraín Urbano Roca Justiniano Secretario de Bienestar Social y Vivienda Teodoro Salvador Guardia Torrico Secretario de Actas Alberto Cabrera Huayhua Secretario de Prensa y Propaganda Oscar Luis Nava López Secretario de Cultura y Deportes Juan de Dios Enriquez Luna Secretario Permanente José Balcera Delegado a la Central Obrera Boliviana Germán Miramira Quinpe Delegado Titular a la Int. de Servicios Públicos Fernando Villagómez Lino Delegado Suplente a la Int. de Servicios Públicos Leonel Narciso Meriles Gareca Delegado a Control social Jhonny marco Velásquez Mendoza Asesor Consejero Walter Aguilera Valdez Director Laboral Titular Caja Petrolera de Salud Miguel Ángel Natusch Cabrera Director Laboral Suplente Caja Petrolera de Salud Julio Méndez Mendoza Artículo Segundo.- Declarar en Comisión Sindical con el goce del 100% (Cien por ciento) de sus haberes y demás derechos laborales a los dirigentes sindicales reconocidos en el artículo primero de la presente Resolución Ministerial. Artículo Tercero.- El Directorio al finalizar su mandato debe dar cumplimiento al decreto Supremo Nº 17287 de 18 de marzo de 1980, que dispone la obligatoriedad de rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones, una vez concluida su gestión.” (sic [fs. 11 a 12]).
II.4. Cursa Boleta de Pago correspondiente al mes de agosto/2020 emitida por COTAS R.L. a favor de Jenny Beatriz Rivero Montero, en el cargo de Oficial Administrativo Cuentas por pagar, señalando:
Ingresos: Haber básico: 12.949.00
Haber ganado: 12,949.00 Bono Antigüedad: 10,035.47 Total, Ingresos: 22,984.47 Total, Descuentos: 3,500.21 Líquido pagable: 19,484.27 (fs. 4). II.5. Consta Boleta de Pago correspondiente al mes de septiembre/2020 emitida por COTAS a favor de Rivero Montero Jenny Beatriz, en el cargo de Oficial Administrativo Cuentas por pagar, señalando:
Ingresos: Haber básico: 12.949.00 Haber ganado: 12,949.00 Bono Antigüedad: 10,035.47 Total, Ingresos: 22,984.47 Total, Descuentos: 3,550.21 Líquido pagable: 19,434.27 (fs. 5). II.6. Se evidencia Resolución Ministerial 357/20 de 4 de septiembre de 2020 por la cual el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en uso de sus atribuciones conferidas por ley; resolvió:
“Artículo Único.- Reconocer la Ampliación de Mandato y declaratoria en Comisión del Comité Ejecutivo de la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LUZ-FUERZA, TELECOMUNICACIONES, AGUAS Y GAS DE BOLIVIA, previsto en la Resolución Ministerial Nº 302/17 de 20 de abril de 2017, por un lapso computable a partir del 30 de marzo de 2020 y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 1058/19 de 31 de octubre de 2019, nota Cite: COB-CEN Nº 070/2020 de fecha 17 de marzo de 2020 e informe emitido por la Dirección General de Asuntos Sindicales.” (sic [fs. 13 a 14]). II.7. Mediante Boleta de Pago correspondiente al mes de octubre/2020 emitida por COTAS a favor de Jenny Beatriz Rivero Montero, en el cargo de Oficial Administrativo Cuentas por pagar, teniendo como:
Ingresos: Haber básico: 12.949.00 Haber ganado: 12,949.00 Bono Antigüedad: 3,183.00 Prima Vacacional: 9,000.00 Total, Ingresos: 25,132.00 Total, Descuentos: 2,660.73 Líquido pagable: 22,471.27 (fs. 6). II.8. A través de Parte de baja y alta médica de 3 de noviembre de 2020, emitida por Himbert Hurtado, Jefe de Medicina del Trabajo de la Caja Petrolera de Salud (CPS) Neisi Zema, Médico Internista; Certifican que Jenny Rivero Montero -ahora accionante-; con Matricula de Asegurada 19655729 RMJ; De la empresa COTAS Ltda.; fue atendida en dicho nosocomio con el diagnóstico de quemadura de 2do grado en el 25% de superficie corporal, se encuentra imposibilitada de concurrir a sus labores desde el día 2 de noviembre de 2020 hasta el día 2 de diciembre de 2020, retorna el día 3 de diciembre de 2020 (fs. 10). II.9. Conforme el Memorial presentado el 11 de noviembre de 2020,
COTAS R.L. representada legalmente por su Gerente General, Rubén Darío Méndez Añez, interpuso demanda por devolución de cobro indebido contra Saúl Aguilera Velásquez (fs.56 a 59). II.10. Por Memorial presentado el 9 de diciembre de 2020, COTAS R.L.
representada legalmente por su Gerente General, Rubén Darío Méndez Añez, amplió demanda de cumplimiento de convenio laboral y devolución de cobros indebidos en contra de Saúl Aguilera Velásquez, Miguel Velásquez Ordoñez, Lorgio Zacarías Suárez Limpias y Jenny Beatriz Rivero Montero (fs. 62 a 64).
emitida por Inspector del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, dirigida a la Empresa COTAS R.L., por una denuncia interpuesta por Jenny Beatriz Rivero Montero, parte del Sindicato de Trabajadores de Cotas R.L. con el cargo de Secretaria de Conflictos por concepto de Reincorporación por Inamovilidad Laboral y Fuero Sindical, por cuanto los CITA, CONMINA y EMPLAZA a presentarse por única vez el día viernes 19 de febrero de 2021 a horas 15:00 (fs. 16).
JDTSC/JCCHS/CONM. 028/2021 de 2 de marzo, emitida por Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo a.i., del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, por el que CONMINA a la empresa COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES SANTA CRUZ R.L. “COTAS R.L.” Proceder a la restitución y regularización del Salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y prima Vacacional de la trabajadora JENNY BEATRIZ RIVERO MONTERO, y sea de forma inmediata a partir de su legal notificación (fs. 17 a 19).
31 de marzo de 2021, emitido por Delma Atahuichi Calani, Inspectora del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, dirigido a Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz a.i., se informó que se pudo constatar que la empresa COTAS RL no dio cumplimiento a la CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN JDTSC/JCCHS/CONM.028/2021 de 2 de marzo, la cual conmina a dicha empresa que proceda a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al bono de antigüedad y prima vacacional de la trabajadora JENNY BEATRIZ RIVERO MONTERO. (fs. 22)
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al fuero sindical, a la inamovilidad laboral, estabilidad laboral, al trabajo digno sin discriminación y con salario justo, y a una fuente laboral estable, toda vez que, no obstante encontrarse en el ejercicio de la dirigencia sindical, con baja médica, y mientras el Sindicato de Trabajadores planteaba un conflicto colectivo de trabajo, COTAS R.L. le sorprendió con la afectación a su percepción salarial del mes de octubre de 2020, habiendo rebajado su bono de antigüedad de Bs10 035,47.- a Bs3 183.-, y su prima vacacional de Bs22 984,47.- a Bs9 000.-, sin ningún fundamento legal y sin considerar su fuero sindical, situación que fue puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz que pronunció la Conminatoria de Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 28/2021 de 2 de marzo, conminando a la empresa, a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y Prima Vacacional de forma inmediata, resolución que no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Alcance y protección del fuero sindical; b) El Fuero Sindical y las Conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo; y, c) Análisis del caso concreto.
Los principios y derechos fundamentales adoptados por la Organización Internacional al Trabajo (OIT), clasificados en cuatro categorías son:
- La libre asociación, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. - La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. - La abolición del trabajo infantil. - La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
Dichos principios y derechos son universales y se aplican en todos los países que son miembros de la OIT, como en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia. En el marco del primer derecho enunciado precedentemente, la referida Organización Internacional, emitió a su vez varios convenios de protección de la libertad sindical del trabajador como ser el Convenio 87 que en su art. 2 señala que “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”; asimismo, el art. 11 dispone que “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación”. De igual manera el art. 1 del Convenio 88 adoptado en la trigésima segunda reunión en Ginebra el año 1949, sobre derecho de Sindicalización y de Negociación colectiva, ratificado por Bolivia mediante DL 07737 de 28 de julio de 1966, expresa:
“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo” (las negrillas son añadidas).
Así establecido, se debe comprender que la protección estatal otorgada a un dirigente o dirigente sindical, tiene la finalidad de que pueda gozar del ejercicio pleno de sus funciones sindicales, lo cual implica que estos no pueden ser despedidos por esa condición; toda vez que, no se puede coartar su libertad sindical. En el marco de la protección a la libertad sindical establecida en el sistema internacional de derechos humanos a través de los convenios de la OIT enunciados, el art. 51 de la CPE establece una amplia protección de las y los trabajadores a organizarse en sindicatos y reconoce que las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, y por ende se respeta su estabilidad laboral así como todos sus beneficios sociales. Por su parte la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0111/2014 de 10 de enero, respecto al fuero sindical señaló que:
“Previamente, resulta necesario definir que se ha de entender por fuero sindical, para lo cual Guillermo Cabanellas, establece que es ´la garantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su condición representativa sindical, para no ser despedidos, trasladados, ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin justa causa”. Y el mismo autor, agrega que: “El fuero sindical representa la garantía que los Poderes Públicos otorgan a los trabajadores que, actuando en cargos directivos o representativos de sindicatos legalmente constituidos, necesitan, por razón del contrato de trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical´.
Por su parte Mario Pasco Cosmópolis, establece como definición de fuero sindical al ´conjunto de privilegios, vale decir, las medidas legales de carácter especial destinadas a proteger a los dirigentes sindicales y a garantizarles libertad de acción en el ejercicio de sus funciones´, y finaliza señalando que: ´es la protección contra la amenaza de despido, el traslado arbitrario u otras formas de persecución o discriminación a causa de su actividad gremial´.
De igual forma, la SCP 1888/2012 de 12 de octubre, sostuvo que:
“En ese sentido, se tiene que del fuero sindical deviene la estabilidad laboral, otorgada a los dirigentes sindicales para garantizar la defensa del interés colectivo que representan, el ejercicio autónomo de sus funciones como representantes de un sindicato, en procura de la efectivización de los derechos a través de la dirigencia. En consecuencia la protección estatal busca resguardar el interés de los trabajadores o trabajadoras que tomaron la decisión de agruparse y conformar una organización sindical, buscando precautelar sus derechos, conquistas y aspiraciones”. (las negrillas nos corresponden) Así también respecto al alcance del fuero sindical desde y conforme la Constitución Política del Estado, la SCP 1864/2014 de 25 de septiembre, que consagra al fuero sindical como una garantía, ha establecido tres elementos que materializan su ejercicio pleno:
“…i) Impone una prohibición de despido, determinando que los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, incluso hasta un año después de haber concluido su gestión; ii) Impone una prohibición de no disminuir derechos sociales; y, iii) Determina la imposibilidad de persecución o privación de libertad, por actos realizados en cumplimiento de la dirigencia sindical”. (la negrilla y subrayado, corresponden al texto original)
Los elementos señalados para ejercer el fuero sindical fueron reiterados en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0021/2015-S2 de 16 de enero, 0609/2017 de 19 junio, entre muchas otras. Así también, el precepto constitucional supra mencionado, de acuerdo a los razonamientos expresados marca la esencia del fuero sindical en relación a la protección del trabajo como medio de subsistencia del capital humano, aspecto que además fue ampliamente desarrollado por la SCP 0631/2016-S2 de 30 de mayo, misma que estableció que el fuero sindical es un privilegio del que gozan los representantes de los trabajadores para el cumplimiento de su gestión, cuya finalidad es impedir la remoción en sus cargos, su procesamiento o persecución en razón a ser representantes de su gremio.
5 En su F. J. III.2. refiere que: “El fuero sindical es un privilegio del que gozan los representantes de los trabajadores para el cumplimiento de su gestión, cuya finalidad es impedir la remoción en sus cargos, su procesamiento o persecución en razón a ser representantes de su gremio.
Por ello, los dirigentes o representantes de sindicatos, se encuentran protegidos por la Constitución Política del Estado y la legislación laboral, así el art. 51.VI de la Norma Suprema, señala: “Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirá sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical”.
Por su parte, el DS 29539 de 1 de mayo de 2008 determina desde qué momento rige el fuero sindical a favor de los dirigentes sindicales y la obligación de rendir cuentas de su gestión.
A su vez y de manera particular el Decreto Ley (DL) 0038 de 7 de febrero de 1944, elevado a rango de Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, denominada Ley del Fuero Sindical, tiene como objetivo primordial proteger el ejercicio de ese derecho garantizando la permanencia de los dirigentes sindicales elegidos por la voluntad de los obreros y empleados sindicalizados, evitando las represalias que pudieran ejercitarse contra los mismos por las actividades desarrolladas en mérito a su calidad de representantes de los trabajadores.
Finalmente, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado por Bolivia mediante Ley 194 de 28 de noviembre de 1962 y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por nuestro Estado mediante DS 7737 de 28 de julio de 1966, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), disponen que los Estados deben garantizar la libre sindicalización de los trabajadores. No obstante, la normativa glosada resulta necesario precisar que el hecho de que un trabajador sea dirigente sindical y se encuentre protegido por el fuero sindical, no es óbice para que enfrente un proceso administrativo por posibles transgresiones a las normas internas que pudiere haber cometido dentro su fuente de trabajo, como funcionario unipersonal y no así en representación de su sindicato. Ante un supuesto de esta índole el art. 9 del Código Procesal del Trabajo, establece que la judicatura laboral tiene competencia para conocer procesos por desafuero sindical y el art. 241 de la misma norma señala el trámite que debe seguirse para éste, que luego de ser sustanciado y declarada mediante sentencia probada la causal de desafuero sindical, se determine si corresponde que el dirigente sindical sea destituido del cargo.
Respecto al tópico, la SCP 0470/2012 de 4 de julio, señaló que: “el fuero sindical es una figura que busca proteger dentro de la empresa a los trabajadores que lideran los sindicatos, se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión; asimismo, se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo.
El fuero sindical tiene como finalidad impedir que la empresa ´pase cuenta de cobro´ a los trabajadores que organizan y lideran sindicatos, puesto que pocos empresarios desean tener en sus empresas a trabadores que luchen por mejorar sus condiciones que pueden afectar la rentabilidad del empresario.
Es por ello que el fuero sindical impide que los trabajadores sean trasladados dentro de la empresa, o que sean degradados en sus cargos para así afectar sus condiciones laborales, e impide que sean despedidos sin la autorización de un juez.
Sin duda que sin el fuero sindical, los sindicatos no podrían existir, ya que la ´persecución y acoso´ contra sus líderes seria implacable haciendo inútil la finalidad misma de los sindicatos, puesto que no podrían actuar con plenas garantías laborales.
Al respecto la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 51.VI textualmente señala: ´Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirá sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical´”.
Según la línea jurisprudencial citada, los dirigentes sindicales, al ser los encargados de promover la protección de los derechos de los trabajadores de base, se hallan protegidos por el fuero sindical y por tal motivo no pueden ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin justa causa, hasta un año después de haber concluido su mandato.
Así también, la SCP 0027/2015-S1 de 2 de febrero, con relación a la estabilidad reforzada de los representantes sindicales hizo hincapié en el contenido expreso de la Recomendación 143 de la OIT de 23 de junio de 1971 que prevé, entre otros aspectos, que los representantes de los trabajadores, deberían gozar de una protección eficaz contra cualquier acto que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su condición, de su gestión y de su participación en la actividad sindical, siempre y cuando su actuación se enmarque en la ley; concluyendo que, en el marco de la normativa constitucional y el bloque de constitucionalidad, desmejorar las condiciones laborales de un trabajador protegido por el fuero sindical o despedirlo sin justa causa, constituye un atentado grave contra el derecho a la 6 En su F.J. III.3., señala que: “…el Estado reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a asociarse libremente; reconocimiento que surge ante la necesidad de adoptar medidas específicas y radicales que materialicen la protección constitucional a la libertad sindical; es por esto que, la lucha por el respecto de éstos derechos, no puede ser condicionada a sanción ni someterse a capricho estatal o particular; motivo por el cual, los dirigentes sindicales, encargados de promover las pretensiones de sus representados, se hallan protegidos por el fuero sindical que asegura y garantiza el cumplimiento de su gestión y que además previene que no serán despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin justa causa, hasta un año después de haber concluido su mandato (art. 51.VI de la CPE), de donde se estable la necesaria existencia de un sistema de protección especial y reforzado respecto a las personas que cumplen labor sindical.
Dicha previsión, se cimienta en el contenido expreso de la Recomendación 143 de la OIT de 23 de junio de 1971 que prevé, entre otros aspectos, que los representantes de los trabajadores, deberían gozar de una protección eficaz contra cualquier acto que pueda perjudicarles, incluido el despido por razón de su condición, de su gestión y de su participación en la actividad sindical, siempre y cuando su actuación se enmarque en la ley; por lo que, de acuerdo al art. 6.2 de dicha Recomendación, los representantes deberían contar con medidas específicas de protección como las siguientes:
“a) Definición detallada y precisa de los motivos que pueden justificar la terminación de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores. b) Exigencia de consulta, dictamen o acuerdo de un organismo independiente, público o privado, o de un organismo paritario antes de que el despido de un trabajador sea definitivo; c) Procedimiento especial de recurso accesible a los representantes de los trabajadores que consideren que se ha puesto fin injustamente a su relación de trabajo, o que sus condiciones de empleo han sido modificadas desfavorablemente, o que han sido objeto de trato injusto; d) Por lo que se refiere a la terminación injustificada de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores, el establecimiento de una reparación eficaz que comprenda, a menos que ello sea contrario a los principios fundamentales de derecho del país interesado, la reintegración de dichos representantes en su puesto, con el pago de los salarios no cobrados y el mantenimiento de sus derechos adquiridos; e) Imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado; f) Reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal”. En consecuencia, atendiendo nuevamente al bloque de constitucionalidad, es preciso que los estados parte de la OIT, se adecúen a las previsiones contenidas en la Recomendación en revisión y que, en consecuencia, se adopten medidas legislativas que mejoren y/o modifiquen las condiciones en las que se desenvuelven los dirigentes y dirigentas sindicales en el ejercicio de su labor, ya que estando reconocido el derecho a la libertad sindical, es preciso contrarrestar los despidos emergentes de la función sindical que, por su esencia, conlleva consecuencias graves frente al empleador y que pueden derivar en el retiro intempestivo del funcionario, ocurriendo, una suerte de discriminación basada en el ejercicio sindical. (…) No obstante, “…el hecho que un trabajador sea dirigente sindical y se encuentre resguardado por el fuero sindical, no excluye de ninguna manera su responsabilidad administrativa, que es inherente a todo servidor público. Los servidores públicos son responsables de sus actuaciones de acuerdo a normativa legal aplicable con responsabilidad, ejecutiva, administrativa, civil y penal. Es así que la normativa vigente ha establecido el trámite del desafuero sindical ante la Judicatura laboral para que luego de dicho trámite y probada la causal de desafuero sindical con sentencia ejecutoriada de la judicatura laboral, se determine si corresponde, la destitución del cargo que ocupaba, el dirigente sindical. Es decir de acuerdo al art. 2 del Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, sobre la responsabilidad por la función pública, el proceso sumario interno se puede tramitar independientemente, ya que el tener fuero sindical no significa estar exento de responsabilidad administrativa, pero no es viable la destitución del trabajador si no se ha tramitado previamente el desafuero sindical conforme a derecho, razonamiento concordante con el art. 51 parágrafo VI de la CPE, que mantiene una concepción garantista” (SC 1429/2011-R de 10 de octubre).
De donde se infiere que, el periodo de estabilidad laboral reforzada a favor de dirigentes sindicales, no implica que éstos no puedan ser removidos, desmejorados o trasladados de su fuente laboral por un motivo debidamente justificado en la ley y mediante un debido proceso, que permita establecer si los actos censurados se hallan protegidos bajo el privilegio del fuero sindical; caso contrario deberán ser sometidos a la justicia laboral en un proceso de desafuero, previa remoción de su cargo”.
asociación y práctica sindical, reconocidos en su carácter fundamental en los arts. 21.4 y 51.VI de la CPE. No obstante, señala que el hecho que un trabajador sea dirigente sindical y se encuentre resguardado por el fuero sindical, no excluye de ninguna manera su responsabilidad administrativa, que es inherente a todo servidor público, por lo que, son responsables de sus actuaciones de acuerdo a normativa legal aplicable con responsabilidad, ejecutiva, administrativa, civil y penal; y en ese entrever, la normativa vigente ha establecido el trámite del desafuero sindical ante la judicatura laboral para que luego de dicho trámite y probada la causal de desafuero sindical con sentencia ejecutoriada, se determine si corresponde, la destitución del cargo que ocupaba como dirigente sindical.
Consiguientemente, queda establecido que los dirigentes sindicales, encargados de promover las pretensiones de sus representados se hallan protegidos por el fuero sindical que asegura y garantiza el cumplimiento de su gestión y que además previene que no serán despedidos, ni desmejorados en sus condiciones laborales sin justa causa, hasta un año después de haber concluido su mandato, salvo que sean sometidos a la justicia laboral en un proceso de desafuero, previa remoción de su cargo.
Finalmente, también cabe señalar que la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley de 8 de diciembre de 1942- reconoce el derecho de asociación en sindicatos, quienes a su vez deben dirigirse a través de un comité responsable; por lo que, las relaciones entre de los trabajadores con el poder púbico será mediante las Federaciones Departamentales de Sindicatos o Confederaciones Nacionales (art. 99, 100 y 101 de la LGT) y es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social quien tiene la competencia para garantizar la representación de las organizaciones sindicales, previo reconocimiento de su ente matriz y para este efecto los principales dirigentes de centrales nacionales, confederaciones y federaciones de trabajadores serán declarados en comisión, mediante Resolución Ministerial expresa, con el cien por ciento de sus haberes y beneficios sociales, mientras desempeñan sus funciones sindicales. En consecuencia, el fuero sindical se constituye en un derecho y garantía fundamental que posibilita el ejercicio de la libertad sindical de las y los dirigentes sindicales, a fin de que puedan ejercer las acciones correspondientes a la naturaleza del cargo sindical; por lo que, el Estado a través de la instancia competente debe garantizar plenamente el ejercicio efectivo de dicho derecho y garantía, en el marco de la Constitución Política del Estado, las normas del sistema internacional de derechos humanos desarrollado ampliamente ut supra, y las leyes internas que se rigen a la Norma Suprema, es así que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional se debe efectivizar los elementos que hacen a dicho derecho como la prohibición de despido, determinando que los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, incluso hasta un año después de haber concluido su gestión; la prohibición de no disminuir derechos sociales; y, determinar la imposibilidad de persecución o privación de libertad, por actos realizados en cumplimiento de la dirigencia sindical, y ampliando los mismos también corresponde garantizar la representación de las organizaciones sindicales, previo reconocimiento de su ente matriz a través de una Resolución Ministerial, que implique la declaratoria en comisión con el cien por ciento de sus haberes y beneficios sociales a los principales dirigentes de centrales nacionales, confederaciones y federaciones de trabajadores, mientras desempeñan sus funciones sindicales.
Departamentales del Trabajo
A tiempo de establecer la necesidad de interpretar desde y conforme a la Constitución Política del Estado los alcances de protección del fuero sindical, la SCP 1864/2014 de 25 de septiembre, estableció los supuestos que deben considerarse ante la afectación de los derechos laborales de los dirigentes sindicales, ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a fin de plantear su denuncia y la correspondiente emisión de la Conminatoria y su carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento.
“Existiendo una regulación normativa sobre el derecho constitucional a la sindicalización, emitida antes de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, resulta imprescindible analizar e interpretar el alcance de este derecho a partir del art. 51 de la CPE, que reconoce a las trabajadoras y los trabajadores el derecho a organizarse en sindicatos; tenor del que se establece que el constituyente ha desarrollado este derecho otorgándole un contenido literal, parte de ese contenido es precisamente la garantía al fuero sindical, previsto por el Parágrafo Sexto del citado precepto. En este cometido, desarrollando el derecho a la sindicalización el art. 51.VI de la Norma Fundamental consagra la garantía del fuero sindical, otorgándole tres elementos que garantizan su ejerció pleno: i) Impone una prohibición de despido, determinando que los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, incluso hasta un año después de haber concluido su gestión; ii) Impone una prohibición de no disminuir derechos sociales; y, iii) Determina la imposibilidad de persecución o privación de libertad, por actos realizados en cumplimiento de la dirigencia sindical. Del análisis de estos tres elementos, relacionados con la normativa antes descrita; se tiene que el fuero sindical es la garantía de la que gozan algunas trabajadoras o trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa; sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo. Conforme a los elementos desglosados, se advierte que entre estos existe una expresa prohibición de no disminuir los derechos sociales de un dirigente sindical; elemento que en el caso presente, conviene hacer énfasis, al estar directamente relacionado con la problemática planteada en la presente acción de amparo; en consecuencia, corresponde precisar que la no afectación o disminución de derechos sociales, debe entenderse a toda medida adoptada por el empleador tendiente a desmejorar las condiciones laborales que tenía una trabajadora o trabajador antes de asumir la dirigencia sindical, con el objeto de limitar o entorpecer el cumplimiento de sus funciones sindicales; a no ser que exista una razón técnica, económica o que la naturaleza de la prestación del servicio así la imponga; justificaciones que a objeto de garantizar el fuero sindical, en su elemento no afectación o disminución de derechos sociales, también deberán ser evaluadas previamente por el juez del trabajo, en los alcances del DL 38 de 7 de febrero de 1944, elevado a rango de ley por la Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, autoridad jurisdiccional que en definitiva previo informe del Inspector del Trabajo podrá autorizar o no la medida adoptada por el empleador. Por lo expuesto, aplicando materialmente el derecho a la sindicalización proclamada por la Norma Fundamental, por poseer la característica de un derecho directamente aplicable por previsión del art. 109.I de la CPE.; deberá considerarse los siguientes supuestos:
a) En el supuesto de que el empleador no asuma el procedimiento precedentemente citado, cuando adopte una medida que tienda a desmejorar o disminuir las condiciones laborales de un dirigente sindical; la trabajadora o trabajador afectado, podrá acudir a la Jefatura Departamental del Trabajo de su jurisdicción denunciando este hecho; entidad que en el marco de las facultades previstas en el art. 86 inc. i) del DS29894 de 7 de febrero de 2009, previa verificación emitirá conminatoria disponiendo que la parte empleadora en el plazo de 48 horas de su legal notificación restituya los derechos laborales que le fueron afectados o disminuidos injustificadamente al dirigente sindical. Conminatoria que es de cumplimiento obligatorio, la que podrá ser impugnada mediante los recursos de revocatoria y jerárquico en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo; cuya interposición no implica suspender su ejecución o cumplimiento. b) En caso de que el empleador no cumpla con la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo; el dirigente sindical podrá interponer la acción de amparo constitucional, exigiendo el respeto y cumplimiento de la garantía del fuero sindical al no existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados por el empleador.” (sic)
Los supuestos señalados para ejercer el fuero sindical fueron reiterados en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0784/2019-S3 de 21 de octubre, 0756/2020-S2 de 1 de diciembre y 0830/2021-S4 de 12 de noviembre, entre muchas otras. Ahora bien, este entendimiento fue complementado por la SCP 0828/2018-S4 de 5 de diciembre que señaló lo siguiente:
“…la justicia constitucional, de evidenciar la dilación en el cumplimiento de la conminatoria emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá conceder la tutela únicamente con carácter provisional, pues, conforme expresa la línea jurisprudencial citada, al empleador, en aplicación del principio de igualdad, se le abren los mecanismos impugnativos administrativos y judiciales a fin de revertir la decisión; en tal sentido, la protección constitucional que otorgue este jurisdicción, pervivirá en sus efectos en tanto se emita el último pronunciamiento que emerja de la activación de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico, por parte del empleador.”
Entendimiento que fue reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0274/2020-S4 de 27 de julio y 0768/2020-S4 de 26 de noviembre.
Consiguientemente, queda establecido que cuando las condiciones laborales de un dirigente sindical sean desmejoradas o disminuidas, podrá acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo de su jurisdicción, a efectos de que se emita una conminatoria -cuyo cumplimiento es obligatorio- por la cual se restituyan sus derechos laborales afectados o disminuidos injustamente, de tal manera que en el caso de no ser cumplida por el empleador, el dirigente pueda interponer la acción de amparo constitucional, exigiendo el respeto y cumplimiento de la garantía del fuero sindical. Ahora bien, dicha conminatoria se constituye en una tutela de carácter provisional, toda vez que el empleador tiene expeditos los medios impugnativos administrativos y judiciales.
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos al fuero sindical, a la inamovilidad laboral, estabilidad laboral, al trabajo digno sin discriminación y con salario justo, y a una fuente laboral estable, toda vez que, no obstante encontrarse en el ejercicio de la dirigencia sindical, con baja médica, y mientras el Sindicato de Trabajadores planteaba un conflicto colectivo de trabajo, COTAS R.L. le sorprendió con la afectación a su percepción salarial del mes de octubre de 2020, habiendo rebajado su bono de antigüedad de Bs10 035,47.- a Bs3 183.-, y su prima vacacional de Bs22 984,47.- a Bs9 000.-, sin ningún fundamento legal y sin considerar su fuero sindical, situación que fue puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz que pronunció la Conminatoria de Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 28/2021 de 2 de marzo, conminando a la empresa, a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y Prima Vacacional de forma inmediata, resolución que no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar. De las Conclusiones del presente fallo constitucional se establece que la accionante es trabajadora de la empresa COTAS R.L. (Conclusión II.1); y, posterior a ello asumió el cargo de Secretaria de Conflictos de Telecomunicaciones, reconocido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, adquiriendo el fuero sindical (Conclusión II.3); habiéndose reconocido la ampliación de su mandato y declaratoria en comisión por Resolución Ministerial 357/20 (Conclusión II.4); en pleno goce de su fuero sindical, sufrió el descuento de su bono de antigüedad y prima vacacional (Conclusiones II.4, II.5 y II.7); ante este hecho, acudió denunciando este extremo a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, emitiéndose la Conminatoria Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM. 028/2021 de 2 de marzo (Conclusión II.12); que conforme al Informe Memorándum JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 056/2020 de 31 de marzo de 2021, se pudo constatar que la empresa COTAS R.L. no dio cumplimiento a la misma (Conclusión II.13). A continuación, corresponde analizar si se concederá o denegará la tutela, a cuyo efecto, sobre la base del planteamiento del problema, se advierte que la peticionante de tutela, denuncia que como trabajadora de COTAS R.L. se encontraba con fuero sindical, sin embargo a pesar de ello, sufrió el descuento de su bono de antigüedad y prima vacacional, en consecuencia realizó la correspondiente denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz que a su vez, emitió una Conminatoria de respeto al fuero sindical, la cual fue incumplida por el empleador.
Ahora bien, a efectos de la verificación constitucional de esta denuncia, corresponde previamente remitirnos a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, y por ende se respeta su estabilidad laboral así como todos sus beneficios sociales; en consecuencia la jurisprudencia constitucional ha asumido que el fuero sindical -según Guillermo Cabanellas- es la garantía que se otorga a determinados trabajadores, motivada en su condición representativa sindical, para no ser despedidos, trasladados, ni modificadas sus condiciones de trabajo, sin justa causa; además que, representa la garantía que los Poderes Públicos otorgan a los trabajadores que, actuando en cargos directivos o representativos de sindicatos legalmente constituidos, necesitan, por razón del contrato de trabajo que los vincula a un empresario o patrono, una protección suficiente para el ejercicio de su actividad sindical; en consecuencia, se debe efectivizar los elementos que hacen a dicho derecho como la prohibición de despido de su fuente de trabajo, incluso hasta un año después de haber concluido su gestión; la prohibición de no disminuir derechos sociales; determinar la imposibilidad de persecución o privación de libertad, por actos realizados en cumplimiento de la dirigencia sindical; y, garantizar la representación de las organizaciones sindicales, previo reconocimiento de su ente matriz a través de una Resolución Ministerial, que implique la declaratoria en comisión con el cien por ciento de sus haberes y beneficios sociales a los principales dirigentes; no obstante, un trabajador que sea dirigente sindical y se encuentre resguardado por el fuero sindical, no excluye que sus actuaciones, de acuerdo a normativa legal aplicable, sean sujetas a responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil y penal; y en ese entrever, la normativa vigente ha establecido el trámite del desafuero sindical. En virtud a ello, conforme el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se deben considerar los siguientes supuestos: 1) Si el empleador adopta una medida que tienda a desmejorar o disminuir las condiciones laborales de un dirigente sindical; la trabajadora o trabajador afectado, podrá acudir a la Jefatura Departamental del Trabajo de su jurisdicción denunciando este hecho; entidad que en el marco de las facultades previstas en el art. 86 inc. i) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, previa verificación emitirá conminatoria disponiendo que la parte empleadora en el plazo de 48 horas de su legal notificación restituya los derechos laborales que le fueron afectados o disminuidos injustificadamente al dirigente sindical. Conminatoria que es de cumplimiento obligatorio, la que podrá ser impugnada mediante los recursos de revocatoria y jerárquico en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo; cuya interposición no implica suspender su ejecución o cumplimiento; 2) En caso de que el empleador no cumpla con la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo; el dirigente sindical podrá interponer la acción de amparo constitucional, exigiendo el respeto y cumplimiento de la garantía del fuero sindical al no existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados por el empleador. Sin embargo, dicha conminatoria se constituye en una tutela de carácter provisional, toda vez que el empleador tiene expeditos los medios impugnativos administrativos y judiciales.
Bajo estas consideraciones jurisprudenciales, corresponde ingresar al análisis de esta denuncia a fin de verificar si las alegaciones expresadas por la ahora solicitante de tutela resultan evidentes o no; a tal efecto, se evidencia que la accionante, en su calidad de dirigente sindical, se encontraba protegida por la garantía del fuero sindical, lo que implica que de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, sus condiciones de trabajo o sus haberes podían ser afectados, disminuidos o desmejorados por el empleador, hasta un año después del cese de su representación sindical; sin embargo, COTAS R.L. le sorprendió con la afectación a su percepción salarial del mes de octubre de 2020, habiendo rebajado su bono de antigüedad de Bs10 035,47.- a Bs3 183.-, y su prima vacacional de Bs22 984,47.- a Bs9 000.-, y no obstante existir una Conminatoria de respeto al fuero sindical emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, que ordenó a la empresa que de forma inmediata a partir de su legal notificación restituya y regularice el salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y prima Vacacional de la trabajadora Jenny Beatriz Rivero Montero, ésta no fue cumplida hasta la interposición de la presente acción tutelar.
En consecuencia, la reducción del bono de antigüedad y prima vacacional de la accionante, incidió negativamente en sus percepciones mensuales, lo que constituye una disminución y desmejoramiento de sus derechos sociales, misma que fue aplicada por COTAS R.L., siendo que al momento de adoptarse dicha medida, la peticionante de tutela se encontraba en el ejercicio de la dirigencia sindical como Secretaria de Conflictos de Telecomunicaciones de la “Confederación Sindical de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia”, y por ende protegida por la garantía del fuero sindical, situación que una vez puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de La Paz, fue protegida mediante la Conminatoria Respeto al Fuero Sindical JDTSC/JCCHS/CONM.Nº 028/2021 de 2 de marzo, la cual no fue cumplida por la empresa.
Entonces, al existir en el presente caso una Conminatoria de Cumplimiento, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, que ordenó a COTAS R.L., proceder a la restitución y regularización del salario en lo que respecta al Bono de Antigüedad y Prima Vacacional, que no fue cumplida hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, corresponde conceder la tutela solicitada y ordenar su inmediato cumplimiento.
No obstante, se aclara que la tutela a ser concedida posee un carácter esencialmente provisional, toda vez que, al empleador, en aplicación del principio de igualdad, cuenta con los mecanismos impugnativos administrativos y judiciales a fin de revertir la decisión; en tal sentido, la protección constitucional que otorgue esta jurisdicción, pervivirá en sus efectos en tanto se emita el último pronunciamiento que emerja de la activación de los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico.
Consiguientemente, la citada Sala Constitucional al conceder la tutela, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 56/2021 de 10 de mayo, cursante de fs. 199 vta. a 203 vta., emitida por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo la restitución de su bono de antigüedad y prima vacacional, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 Declaración de la OIT de 1988 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
2 Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
3 Convenio 88 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949.
4 El art. 51 de la CPE establece que: I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. II. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. III. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. IV. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. V. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. VI. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por
actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses.
7 La Ley General del Trabajo sobre las organizaciones de patronos y trabajadores establece: “ARTICULO 99º.- Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales o de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado su personería y constituirse con arreglo a las reglas legales. ARTICULO 100º.- La finalidad esencial del sindicato es la defensa de los intereses colectivos que representa. Los de trabajadores particularmente, tendrán facultades para celebrar con los patronos contratos colectivos y hacer valer los derechos emergentes; representar a sus miembros en el ejercicio de derechos emanados de contratos individuales, cuando los interesados lo requieran expresamente; representar a sus miembros en los conflictos colectivos y en las instancias de conciliación y arbitraje; crear escuelas profesionales e industriales, bibliotecas populares, etc.; organizar cooperativas de producción y consumo, exceptuando la elaboración de artículos similares a los que fabrica la empresa o industria en que trabaja. ARTICULO 101º.- Los sindicatos se dirigirán por un comité responsable, cuyos miembros serán bolivianos de nacimiento. Los inspectores del trabajo concurrirán a sus deliberaciones y fiscalizarán sus actividades”.
8 art. 86 inc. i) del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009.
9 Art.97 del Decreto Supremo (DS) 22407 de 11 de enero de 1990.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0936_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f53faa86333b5158c2806c8b588f61822bcc376fc4bd941592268e0f951725c
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