Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de mayo de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 628/2023 de 14 de octubre, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2026-S2 Sucre, 18 de mayo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59456-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 628/2023 de 14 de octubre, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yhoseli Argollo Quisbert contra Juan Carlos Taco Espinal, Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Mónica Claudia Irusta Flores.
La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la igualdad de las partes y al trato humano; así como a la garantía del debido proceso en su elemento defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, se emitió el Auto Interlocutorio 227/2023 de 9 de “agosto” -lo correcto y en adelante es octubre-, mediante el cual el Juez demandado resolvió declararla rebelde y ordenar la expedición del correspondiente mandamiento de aprehensión; en consecuencia, señala que el 13 de octubre de 2023, aproximadamente a horas 12:20, en inmediaciones del Banco Económico Sociedad Anónima (S.A.), ubicado en la calle Tres Jorge Carrasco de El Alto, Mónica Irusta Flores -codemandada-, juntamente con efectivos policiales, se apersonaron a su fuente laboral con la finalidad de ejecutar el referido mandamiento de aprehensión, pese a que nunca fue notificada con la audiencia de revocatoria de medidas cautelares ni asumió una conducta reticente frente al llamado de la autoridad jurisdiccional. Por ello, solicita se ordene a la autoridad demandada dejar sin efecto el citado mandamiento y cesar la persecución en su contra. El Juez demandado, en audiencia de garantías manifestó que la impetrante de tutela fue legalmente notificada por la Oficina Gestora de Procesos (OGP) el 6 de octubre de 2023; a tal efecto, adjuntando copia de la correspondiente diligencia de notificación (fs. 14). Asimismo, señala que, por negligencia de la peticionante de tutela, no se produjo su conexión al sistema Cisco Webex, circunstancia que motivó la emisión de la declaratoria de rebeldía; en mérito a ello, solicita se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 628/2023 de 14 de octubre, cursante de fs. 16 a 19, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que se demostró que la accionante fue legalmente notificada, extremo acreditado mediante la exhibición, en audiencia de garantías, de la correspondiente diligencia. Asimismo, señala que la prenombrada también fue notificada mediante mensaje de WhatsApp al número de celular correspondiente a su abogado, a través del cual, el Juez demandado hizo conocer el señalamiento de audiencia de medidas cautelares para el 9 de octubre de 2023. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la impetrante de tutela, solicitó pronunciamiento sobre la persecución indebida y presencia en su fuente laboral ejercida por la codemandada. Al respecto, el Juez de garantías, resolvió no ha lugar a dicha solicitud, señalando que la Resolución era clara. Por su lado, la autoridad demandada, solicitó se llame la atención a la peticionante de tutela y se sancione sus abogados; toda vez que, fue debidamente notificada; ante ello, el citado Juez de garantías, determinó ha lugar con relación a la accionante, a quien se le llamó severamente la atención con la advertencia que se remitirán antecedentes ante el Ministerio Público en caso de reincidencia; y, no ha lugar respecto a los abogados, a quienes se instó a observar que los datos consignados en los memoriales sean correctos.
Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
En cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, inició que: “…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de hábeas corpus operará de manera subsidiaria”. Ahora bien, el art. 87 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que el imputado será declarado rebelde cuando: “1) No comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto en este Código”. Asimismo, el referido Código en su art. 88 establece que: “El imputado o cualquiera a su nombre, podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca” (las negrillas son nuestras).
La problemática planteada por la impetrante de tutela radica en que, dentro del proceso penal seguido en su contra, fue declarada rebelde mediante Auto Interlocutorio 227/2023 de 9 de octubre, disponiéndose, entre otras medidas, la expedición de mandamiento de aprehensión en su contra; en consecuencia, la codemandada -víctima en el indicado proceso penal-, juntamente con funcionarios policiales, se apersonó a su fuente laboral con la finalidad de ejecutar el referido mandamiento. De lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, establece que la declaratoria de rebeldía, así como la ejecución del mandamiento de aprehensión -cuya cesación se pretende mediante la presente acción de libertad- y las demás medidas emergentes de dicha declaratoria, pueden quedar sin efecto mediante la comparecencia voluntaria del rebelde ante la autoridad jurisdiccional competente, con la finalidad de justificar su inasistencia; en ese entendido, dicho mecanismo constituye la vía procesal idónea para dejar sin efecto las determinaciones asumidas como consecuencia de la declaratoria de rebeldía; y, en caso de que persistan las medidas dispuestas, a pesar de haberse presentado ante la autoridad jurisdiccional, recién resulta posible interponer la acción de libertad. Por lo expuesto, la pretensión de la peticionante de tutela de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión de 10 de octubre de 2023, en virtud a la declaratoria de rebeldía dispuesta por el Auto Interlocutorio 227/2023, no resulta viable a través de la acción de libertad; puesto que, en el marco de la subsidiariedad excepcional de dicho mecanismo de defensa, y en observancia del art. 91 del CPP, que establece que: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuara su trámite dejándose sin efecto las ordenes dispuestas a efectos de su comparecencia…”; en ese entendido, la accionante debió comparecer previamente ante el Juez de la causa -ahora demandado- a objeto de justificar su inasistencia, constituyendo dicho mecanismo la vía idónea para procurar el restablecimiento de los derechos que denuncia como vulnerados y, únicamente ante la persistencia de la lesión alegada, acudir a la justicia constitucional; por consiguiente, al no haberse acreditado el agotamiento previo del mecanismo ordinario descrito, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 628/2023 de 14 de octubre, cursante de fs. 16 a 19, pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0935_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0282f77cd8faf3ef075ddfbe890eb07f0eb29d058d0745c69ddc2b9a124ded0d
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