Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de agosto de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos y garantías al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal que instó contra Zacarías Quenta Morague, se emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor de este último, que fue ratificada mediante Resolución FDLP/WEAL/S-346/2022, emitida por el Fiscal Departamental demandado, quien, de manera contradictoria a sus reiteradas solicitudes de que se realizara la pericia documentológica sobre los documentos presuntamente falsos, fundamentó su decisión en la ausencia de dicha pericia a la que además calificó como necesaria, sin indicar el motivo por el cual los fiscales asignados al caso no atendieron las referidas solicitudes presentadas de su parte a lo largo de toda la etapa preparatoria. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado sostuvo que: a) En la Resolución impugnada, luego de valorar todos los elementos probatorios recolectados, se concluyó que ambas partes presentaron documentación acreditando su derecho propietario; b) No se contaba con la pericia documentológica solicitada; sin embargo, tampoco existían elementos de convicción suficientes que permitieran sostener una acusación fiscal; y, c) El accionante, pese a alegar que reiteró en varias oportunidades la solicitud de dicha pericia, únicamente ofreció como prueba un memorial de 13 de mayo de 2019, que fue presentado quince meses después de la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitad…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 110/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 70 a 75, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, emita nueva resolución conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2025-S2 Sucre, 25 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56916-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 110/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 70 a 75, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Surco Huanca contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2022 y 9 de enero de 2023, cursantes a fs. 1; 26 a 30; y, 37, el accionante manifiesta lo siguiente:
El 19 de diciembre de 2016, formalizó una denuncia penal contra Zacarías Quenta Morague ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, solicitando en el “Otrosí 2°” la realización de un estudio pericial grafológico sobre la firma de Adrián Castillo Nava, tanto en la minuta de compraventa del lote de terreno de su propiedad como en dos certificaciones emitidas por la Junta Vecinal Alto Lima de la ciudad de El Alto. Dicha solicitud mereció el decreto de 28 de diciembre de 2016, que dispuso que el requerimiento sería considerado en su oportunidad; no obstante, reiteró en múltiples ocasiones la petición de que se practicara la mencionada pericia, sin obtener respuesta alguna por parte del Ministerio Público, que omitió pronunciarse o fundamentar su decisión.
Posteriormente, se emitió el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018 de 28 de febrero, mediante el cual se dispuso la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de los antecedentes penales del imputado. Dicho requerimiento fue objetado, dando lugar a la emisión de la Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022 de 4 de mayo, por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, quien ratificó el sobreseimiento impugnado bajo el argumento de que no se contaba con la pericia documentológica sobre el documento público presuntamente falso, considerada un elemento probatorio indispensable, y que, además, no existían suficientes elementos para determinar el grado de participación del sindicado en los ilícitos atribuidos. En dicha Resolución, no se expuso el motivo ni el impedimento por el cual la solicitud de realizar el estudio grafológico sobre la minuta de compraventa y las certificaciones -reiterada durante toda la etapa preparatoria- no fue atendida por los fiscales asignados al caso. Tal inactividad dejó a su persona, como denunciante, en situación de total indefensión, al privarle de la obtención de una prueba indispensable para sustentar la defensa de su derecho propietario.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos y garantías al debido proceso y a la defensa, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022; y, b) La realización del estudio grafológico a la minuta de compraventa firmada por Adrián Castillo Nava y Zacarías Quenta Morague, así como a las certificaciones de la Junta Vecinal Alto Lima de la ciudad del El Alto.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 68 a 69, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de garantías.
William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 45 a 46 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) El recurso de impugnación, además de referir sospechas de actos de corrupción por parte de los fiscales que emitieron el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018, menciona la presentación de un memorial de 13 de mayo, sin precisar el año, dado que, dicha petición se realizó quince meses después de haberse dictado el referido Requerimiento y de revisarse todos los antecedentes del cuaderno de investigación; 2) La Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022 analizó y valoró los elementos incorporados al cuaderno de investigaciones, concluyendo que ambas partes presentaron documentación que acredita su derecho propietario; empero, no se cuenta con un peritaje documentológico que permita constatar la existencia de falsedad en el Testimonio de 18 de octubre de 1981 ni en las certificaciones de la Junta Vecinal de Alto Lima; por cuanto, el señalado estudio no fue realizado; 3) Pese a la inexistencia de la referida pericia documentológica, tampoco existe otra documentación que haga presumir que el imputado hubiera cometido los delitos denunciados; razón por la cual, no se advirtieron elementos suficientes para sostener una acusación fiscal en juicio oral; y, 4) El accionante sostiene que solicitó la realización de la pericia cuestionada en varios memoriales; no obstante, únicamente presentó como prueba el memorial de 13 de mayo de 2019, mediante el cual formula dicho requerimiento, esto es, quince meses después de emitido el precitado Requerimiento Conclusivo; extremos que descartan que la determinación asumida sea contradictoria.
Antonio José Quenta Poma, mediante memorial cursante de fs. 77 a 79; y, en audiencia de la acción tutelar, a través de su abogado, señaló que la Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022 cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación, así como con la valoración integral de todas las pruebas recolectadas, señalando que la presente acción no identifica de manera clara las presuntas vulneraciones u omisiones atribuidas a la autoridad demandada. Martha Dionisia y Efrain, ambos de apellidos Quenta Poma, no asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional ni presentaron escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 66.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 110/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 70 a 75, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien no se habría realizado el peritaje a los documentos impugnados, siendo responsabilidad del Ministerio Público llevar adelante la etapa preparatoria, dicha labor también es coadyuvada por el accionante, quien debió advertir oportunamente la falta de ejecución de dicha pericia; y, ii) Correspondía al impetrante de tutela formular observación ante el Ministerio Público y, en caso de que esta no fuera atendida, acudir ante el juez contralor de garantías para que se pronuncie al respecto, lo cual no ocurrió.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018 de 28 de febrero; Nelson Quisbert Copa, Jose Omar Yujra Paucara y Ruben Cruz Acarapi, Fiscales de Materia, dispusieron el sobreseimiento a favor de Zacarías Quenta Morague, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Luis Surco Huanca -ahora accionante- y otro, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 15 a 18 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 7 de junio de 2019 ante el Ministerio Público, el accionante y Andrés Freddy Surco Huanca impugnaron el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018 (fs. 19 a 20). II.3. A través de Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022 de 4 de mayo, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, -ahora demandado-ratificó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018, disponiendo la conclusión del proceso, la cesación de las medidas cautelares que se hubiese impuesto a Zacarías Quenta Morague y la cancelación de antecedentes penales en relación al delito referido (fs. 22 a 24); dicha Resolución fue notificada al accionante el 4 de julio de 2022 (fs. 34).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos y garantías al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal que instó contra Zacarías Quenta Morague, se emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor de este último, que fue ratificada mediante Resolución FDLP/WEAL/S-346/2022, emitida por el Fiscal Departamental demandado, quien, de manera contradictoria a sus reiteradas solicitudes de que se realizara la pericia documentológica sobre los documentos presuntamente falsos, fundamentó su decisión en la ausencia de dicha pericia a la que además calificó como necesaria, sin indicar el motivo por el cual los fiscales asignados al caso no atendieron las referidas solicitudes presentadas de su parte a lo largo de toda la etapa preparatoria. Ante ello, el Fiscal Departamental demandado sostuvo que: a) En la Resolución impugnada, luego de valorar todos los elementos probatorios recolectados, se concluyó que ambas partes presentaron documentación acreditando su derecho propietario; b) No se contaba con la pericia documentológica solicitada; sin embargo, tampoco existían elementos de convicción suficientes que permitieran sostener una acusación fiscal; y, c) El accionante, pese a alegar que reiteró en varias oportunidades la solicitud de dicha pericia, únicamente ofreció como prueba un memorial de 13 de mayo de 2019, que fue presentado quince meses después de la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La necesidad de realizar investigaciones penales adecuadas, oportunas y exhaustivas no solo cumple una función individual -al esclarecer los hechos para cada víctima- sino también puede tener una dimensión colectiva, al permitir que la sociedad conozca lo ocurrido, evitando la repetición de hechos similares y fortaleciendo la confianza en las instituciones.
Este rol-obligación inherente al Ministerio Público implica que las investigaciones deben efectuarse aplicando todos los medios legales y técnicos disponibles. Además, el retraso injustificado en la práctica de actos investigativos idóneos no solo produce la pérdida de pruebas, sino que además obstaculiza la determinación de responsabilidades; por ello, las investigaciones en todo tipo de delitos deben ser oportunas -iniciándose de manera inmediata después de los hechos- y proactivas -impulsadas por las autoridades como un deber jurídico propio-, sin trasladar la carga probatoria a las víctimas o a sus familiares.
Ahora bien, la función del Ministerio Púbico en la investigación es permitir que se conozca la verdad sobre los hechos denunciados como delitos, lo que implica que la investigación y la obtención de datos probatorios deben orientarse a maximizar la probabilidad de acierto en la decisión judicial. En ese sentido, el acervo probatorio no puede entenderse como una formalidad, sino como la estructura epistemológica que sustenta la determinación de los hechos; es decir, mientras más completa y fiable sea la información disponible, mayor será la probabilidad de adoptar una decisión correcta. Bajo esa lógica, la etapa de conformación del acervo probatorio resulta determinante, pues constituye la base sobre la cual se realizará la valoración de la prueba -ya que, no es posible valorarla sin haberse conformado el acervo probatorio- y, en última instancia, la decisión judicial -pues esta solo puede adoptarse sobre la base de una valoración probatoria-.
En su calidad de titular de la acción penal y director funcional de la investigación, el Ministerio Público debe actuar bajo los principios de legalidad, objetividad y exhaustividad, lo que implica la obligación de recolectar todos los elementos de juicio necesarios para esclarecer los hechos, tanto aquellos que incriminen como los que favorezcan al imputado -arts. 115 y 180 de la CPE; y, 72, 73 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-. En efecto, en la etapa preliminar o preparatoria, el Ministerio Público tiene la obligación de recolectar de oficio los elementos de juicio y extraer de ellos la mayor información posible, de forma que, una investigación le permita incluso acrecentar las causales investigativas y por tanto las pruebas a valorar; por el contrario, si omite tal recolección, se incrementa el riesgo de error y se genera indefensión; toda vez que, la falta de obtención adecuada de pruebas impide que las partes, cuenten con los insumos necesarios para cuestionar, refutar o desvirtuar la imputación o acusación.
Siendo que el proceso investigativo no es resultado del azar, sino de la planificación investigativa, se tiene que, el Ministerio Público debe identificar qué diligencias resultan indispensables para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, considerando sus particularidades. Así, por ejemplo, en delitos contra la vida, son esenciales las pericias forenses, autopsias y análisis balísticos; en delitos financieros, las auditorías y peritajes contables; y en delitos sexuales, los informes médicos y psicológicos lo que inclusive está previsto o debería estarlo en protocolos especializados.
En ese entendido, cuando la víctima o el imputado solicitan la incorporación de determinados elementos probatorios, el Fiscal de Materia no puede omitir su obtención de manera arbitraria, sino que, en caso de considerar que la diligencia es impertinente, innecesaria o no conducente para la investigación sobre el delito que se está investigando, tiene la obligación de motivar expresamente su decisión.
Al respecto, la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “...En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes”. Entonces, ya sea en la resolución de rechazo, imputación formal, sobreseimiento o acusación se debe explicar de forma clara y suficiente las razones por las cuales se rechazó efectuar la prueba solicitada, justificando por qué la prueba requerida no guarda relación con el objeto del proceso; resulta redundante o innecesaria; o carece de relevancia para incidir en la determinación de la responsabilidad penal u otro argumento que justifica su no producción. Solo de este modo se asegura el principio de objetividad y el derecho de las partes a conocer las razones de las decisiones que afectan el desarrollo de la investigación, evitando actos arbitrarios y previniendo la indefensión.
El proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Luis y Andrés Freddy, ambos de apellido Surco Huanca, contra Zacarías Quenta Morague se produjo por la presunta comisión del delito de falsificación de un Testimonio de Escritura Pública que este último presentó en un proceso de usucapión, respecto de un lote de terreno ubicado en la zona Alto Lima, adquirido de Adrián Castillo Nava, quien vendió dicho inmueble a sus padres fallecidos de quienes a su vez -los denunciantes- adquirieron el derecho propietario a título de sucesión hereditaria. Al respecto, se emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 26/2018 de 28 de febrero (Conclusión II.1), que fue impugnado por Luis Surco Huanca -ahora accionante- y Andrés Freddy Surco Huanca, quienes señalaron que se solicitó la realización de un peritaje en documentología el 13 de mayo de 2019 (Conclusión II.2); asimismo, Resolución FDLP/WEAL/S-346/2022, de 4 de mayo (Conclusión II.3), que contiene una extensa referencia a los actuados investigativos desarrollados en la etapa preparatoria, entre los cuales se encuentran documentos presentados, tanto por la parte denunciante como por el denunciado, incluyendo la documentación cuestionada por presunta falsedad, placas fotográficas del inmueble y diversas certificaciones. También se recogieron declaraciones testificales que reconocen a ambas partes como propietarias del bien inmueble objeto de litigio.
De la valoración de dichos elementos, se concluyó que ambas partes habrían demostrado su derecho propietario sobre el lote de terreno referido; sin embargo, en cuanto a la posible existencia del delito de falsedad, el Fiscal Departamental demandado, en la Resolución FDLP/WEAL/S- 346/2022, sostuvo lo siguiente:
“…no se cuenta con un Peritaje en Documentología para poder constatar de que existió una Falsedad Ideológica en el Testimonio de fecha 18 de octubre de 1981 ni en las Certificaciones de la Junta de Vecinos de Alto Lima 2da. Sección, ya que no se realizó el estudio correspondiente a esta documentación y al no comprobarse este aspecto, mucho menos se puede constatar que se haya hecho uso de un Instrumento Falsificado…” (sic).
En ese sentido, se determinó que respecto a la denuncia por falsedad material, resultaba indispensable la realización de una pericia documentológica para establecer la existencia del tipo penal de falsedad, lo que, en su caso, permitiría o no el análisis de la concurrencia del delito de uso de instrumento falsificado.
Siendo que el deber de investigar de manera responsable y dirigir la investigación en los procesos penales -como aquel del cual emerge la presente acción- recae precisamente en el Ministerio Público, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde enfatizar que la carga de justificar por qué una prueba no resulta necesaria recae en la autoridad fiscal, máxime si no se fundamentó la existencia de algún impedimento razonable que imposibilitara la realización de la pericia. En consecuencia, fundamentar una resolución de sobreseimiento en la falta de producción de una prueba cuya práctica correspondía precisamente a la institución que observa su ausencia resulta contradictorio.
En efecto, la investigación penal no se limita a la simple acumulación de pruebas, sino que exige la selección técnica y adecuada de los medios probatorios, identificando aquellas diligencias indispensables para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal investigado. Del mismo modo, cuando la víctima o el imputado solicitan la incorporación de determinados elementos probatorios, el Fiscal de Materia no puede omitir su producción de manera arbitraria, sino que debe justificar adecuadamente tal decisión. En el presente caso, la observación formulada por la parte accionante constituye una crítica al diseño de la investigación por su carácter deficiente, aspecto que incluso parece ser reconocido por la propia autoridad demandada al señalar, en su resolución, que dicha pericia era necesaria para determinar la verdad histórica de los hechos.
Si bien la autoridad demandada advirtió que la solicitud de la pericia documentológica fue presentada con posterioridad a la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, no fundamentó cuál era la razón por la que los documentos o pruebas existentes hacían irrelevante dicho peritaje. Es decir, no explicó si la prueba observada era redundante, innecesaria o carente de relevancia para incidir en la determinación de la responsabilidad penal, aspectos indispensables para justificar válidamente la decisión de prescindir de su práctica; en consecuencia, esta omisión obliga a conceder la tutela. Finalmente, corresponde precisar que, si bien el art. 324 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- únicamente faculta al Fiscal Departamental a ratificar el sobreseimiento o disponer la acusación, al establecer lo siguiente: “Si el fiscal departamental revoca el sobreseimiento, intimará al Fiscal inferior o a cualquier otro, para que dentro del plazo de diez (10) días presente requerimiento conclusivo de acusación a la Jueza, Juez o Tribunal de sentencia competente…”, en caso de que en la nueva resolución -y a partir de la valoración integral de la prueba existente- se determine la relevancia de la prueba pericial, y correspondiere, a criterio de la autoridad competente, formular acusación, la falta de diligencia en la investigación obligaría, de manera excepcional, a disponer la producción de dicha prueba en la etapa de juicio, a fin de no desvirtuar las etapas procesales. Por consiguiente, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 110/2023 de 5 de junio, cursante de fs. 70 a 75, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz, emita nueva resolución conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0935_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9685a654c8b515b1bad5df5fa4ca810b63ea96e9753d0f47fd3f39ae8ac6164d
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