Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la estabilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, así como al principio pro homine; toda vez que, mediante escritos de 3 de febrero y 10 de mayo de 2021, comunicó el estado de gestación de su esposa y solicitó el pago del subsidio prenatal; sin embargo, la autoridad demandada, a través Memorándum 060/2021 de 10 de mayo, le comunicó su desvinculación laboral, sin considerar su condición de padre progenitor. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: 1) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. Línea jurisprudencial de carácter sustantivo; 2) Sobre el derecho a la seguridad social, con especial atención a las asignaciones familiares en favor de los niños y niñas; y, 3) Análisis del caso.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 109/21 de 30 de junio de 2021, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, referente a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la salud y a la seguridad social, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la autoridad demandada proceda a la reincorporación de Jorge Adalberto Chale Morales, teniendo esta condición hasta el año cumplido de su hijo; así como, la cancelación de los beneficios laborales y los subsidios pre natal, de natalidad y lactancia, en base a los razonamientos de este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto al derecho a la estabilidad laboral.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 41327-2021-83-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 109/21 de 30 de junio de 2021, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Alberto Chale Morales contra Yessica Sung Osinaga, Secretaria Municipal de Administración y Finanzas del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 24 de junio de 2021, cursante de fs. 15 a 32, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, el 1 de agosto de 2017 como Técnico “A”, demostrando un buen desempeño al momento de cumplir sus funciones; posteriormente, a través de Memorándum 01/2019 de 2 de diciembre, fue designado con el ítem 15 en el cargo de Asesor Técnico de la Unidad de Asesoría del Concejo Municipal de Warnes. El 3 de febrero de 2021, informó al Jefe de Recursos Humanos que su esposa Larissa Inés Cisneros Vargas, se encontraba en estado de gestación, adjuntando al efecto certificado de matrimonio y ecografía de 2 de igual mes y año; posteriormente, el 10 de mayo del mismo año, presentó una nota dirigida a Yessica Sung Osinaga, Secretaria Municipal de Administración y Finanzas del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes -ahora demandada-, solicitando el pago del subsidio prenatal y de lactancia, puesto que su esposa se encontraba atravesado el quinto mes de embarazo, extremo acreditado con fotocopias de afiliación a la Caja Nacional de Salud, certificado de atención prenatal, carnet de salud de embarazo y parto, y reporte de empresa en mora otorgado por ente gestor de salud; sin embargo, en la misma fecha, fue notificado con el Memorándum 060/2021 de 10 mayo, emitido por la autoridad demandada, quien de forma intempestiva le comunicó su retiro laboral, lesionando sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, sin considerar el estado de gestación de su esposa, quien estaba siendo beneficiada no solo con la remuneración que percibía de forma mensual como servidor público, sino también con los subsidios o asignaciones familiares que la entidad empleadora está obligada por ley a cumplir, de los cuales, hasta la fecha -entiéndase de interposición de la presente acción de defensa-, no percibió ni un solo pago; asimismo, se vulneró su derecho a la salud y a la seguridad social, ya que se realizó en los distintos entes gestores -Caja Nacional de Salud y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)-, el procedimiento de baja como servidor público; en consecuencia, no podrá acceder al igual que su esposa e hijo, al seguro social a corto plazo, en caso de contraer alguna enfermedad, constituyéndose en un riesgo muy grande en este momento por la emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19, debido a su desvinculación laboral no se está realizando las contribuciones para su jubilación, situación que afecta gravemente a su derecho a la seguridad social a largo plazo.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la estabilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, así como al principio pro homine, citando al efecto los arts. 18, 35.I, 36.I, 37, 45, 46.I y II y 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo: a) La nulidad del Memorándum 060/2021 de 10 de mayo; y, b) Su inmediata reincorporación a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y el reconocimiento de todos sus derechos que le corresponden como el pago de “subsidios y natalidad”.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 44, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó lo siguiente: 1) Fue desvinculado sin tomar en cuenta el estado de gestación de su esposa, inobservando el razonamiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0530/20210-R de 12 de julio, “807/2015-S2” y 0772/2020-S2 de 2 de diciembre, que establecen la no obligatoriedad de acudir a otra jurisdicción sea ordinaria o administrativa, en búsqueda de garantizar la protección inmediata del derecho a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor; y, 2) Mediante escritos de 3 de febrero y 10 de mayo de 2021, comunicó a la entidad demandada el estado de embarazo de su esposa, adjuntado al efecto certificado médico, informe de ecografía y demás documental de respaldo, además solicitó el pago del subsidio de pre lactancia, debido a que su esposa tenía más de seis meses de embarazo, y el mismo es cancelado a partir del quinto mes; sin embargo, no se le pagó tal beneficio; asimismo, señaló que la entidad demandada, respecto a su primera hija solo le canceló el subsidio de natalidad, quedando pendientes los subsidios de pre lactancia y lactancia.
Yessica Sung Osinaga, Secretaria Municipal de Administración y Finanzas del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, mediante informe escrito presentado el 29 de junio 2021, cursante de fs. 37 a 38, así como en audiencia virtual, refirió lo siguiente: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, con el propósito de uniformar criterios jurisprudenciales en torno a un asunto que genera aun controversia, es decir, a la reincorporación, ya que existía más de un entendimiento al respecto; ii) La cuestionaste dentro de este tema es, “puede mediante un memorándum de agradecimiento, cesarse el vínculo laboral con un funcionario de libre nombramiento que además tiene a su esposa en gestación” (sic); en ese entendido, no se puede manifestar que la inamovilidad laboral beneficiaria también a los funcionarios de libre nombramiento, con esa finalidad se invocó dos fallos constitucionales, la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, que refiere, que la inmovilidad laboral contempla el caso de la unificación de libre nombramiento; sin embargo, antes se excluía de manera expresa al funcionario de libre nombramiento, al funcionario electo y al funcionario designado, es ese entendido, la SCP 0683/2019-S3 de 4 de octubre, señaló que no se puede cesar el vínculo laboral de un funcionario de libre nombramiento mediante memorándum de agradecimiento de servicios; sin embargo, conforme a la jurisprudencia vigente y actualizada, se tomó en cuenta la SCP 0413/2020-S3 de 7 de agosto, que establece que es posible retirar a funcionarios de libre nombramiento a través de memorándum de agradecimiento de servicios, ya que no goza de inamovilidad laboral; en ese sentido, la aludida SCP 0683/2019-S3 invocada por la parte accionante, no se constituye en un fallo significativo para los fines de esta problemática; iii) La indicada SCP 0645/2020-S3, reiteró que si es posible con un memorándum de agradecimiento de servicios, desvincular a los funcionario de libre nombramiento, razonamiento reiterado en la SCP 0785/2020-S3 de 4 de noviembre; en la que, en un caso similar se denegó la tutela, puesto que el funcionario de libre nombramiento no gozó de inamovilidad laboral, al igual que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0413/2020-S3 y 0785/2020-S3; y, iv) “…la Sentencia Constitucional N° 1781/2004, ya entonces se indicaba que era perfectamente posible la mutación en cuanto a la línea jurisprudencial, por eso hay que tomar en cuenta que es lo que se dice siempre hasta el final. En resumen, la cuestión fundamental, el hecho que si se puede a través de un memorándum como el que ha sido firmado por mi cliente, disponer el cese del vínculo laboral con un funcionario de libre nombramiento, está claro que no es solamente valido, sino jurisprudencialmente satisfactorio…” (sic); consecuentemente, no se vulneró los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, ya que como funcionario de libre nombramiento no goza de los mismos.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 109/21 de 30 de junio de 2021, cursante de fs. 44 a 50, concedió la tutela solicitada de forma provisional, ordenando la reincorporación del accionante a su fuente laboral, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, tomando en cuenta que, al no gozar de la confianza de la autoridad demandada, deberá permanecer en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico salario y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, con base en los siguientes fundamentos: a) Respeto a la observación realizada por la parte demandada en cuanto a la argumentación vertida por el impetrante de tutela, referente a la inamovilidad de funcionarios de libre nombramiento, se tiene que la jurisprudencia contenida en la SCP 1417/2012-S2 de 20 de diciembre, tomó en cuenta el razonamiento de la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, y a su vez, ambas son mencionadas en la SCP 0448/2017-S2 de 9 de noviembre, así como la SCP 0630/2020-S2 de 9 de noviembre, es decir, que en cuanto a la aseveración referente a que la SCP 1424/2015-S2 sería una sentencia asilada, aquello no es evidente; por lo que, mientras la jurisprudencia no sea modulada por un fallo posterior, conserva su validez; b) De la misma manera, la jurisprudencia señalada por la demandada, en cuanto a la no extensión de la inamovilidad laboral para los funcionarios de libre nombramiento, está fundada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0185/2020” (sic), 0413/2020-S3 y 0645/2020-S3, como unificadoras, es decir, se reconoce expresa y enfáticamente la existencia de líneas jurisprudenciales distintas, respecto a la extensión o no de la inamovilidad laboral del funcionario de libre nombramiento; y, c) Las conclusiones a las que arriba la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, son de aplicabilidad única y exclusivamente para las conminatorias de reincorporación laboral, emitidas en sede administrativa, ello conforme la protección del estándar más alto; en ese sentido, en cuanto a la protección de derechos desde la perspectiva más alta de los derechos de las y los trabajadores, sin desconocer la existencia de las distintas líneas jurisprudenciales, se evidencia que tanto el accionante como la parte demandada reconocieron que el impetrante de tutela es padre progenitor, funcionario de libre nombramiento y que fue retirado a través de Memorándum 060/2021 de 10 de mayo; en consecuencia, para esta Sala Constitucional la aplicación del estándar más alto de protección de derechos de los trabajadores es la que contempla las Sentencia Constitucionales Plurinacionales 1417/20212 de 20 de septiembre, 1425/2015-S2 de 23 de diciembre, 0448/2017-S2 de 22 de mayo y 0630/2020-S2 de 9 de noviembre.
Por Decreto Constitucional de 14 de junio de 2022, cursante a fs. 54, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar Información complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 21 de agosto (fs. 85): por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta Certificado de matrimonio de 7 de mayo de 2019, de Jorge Alberto Chale Morales -ahora accionante- y Larissa Inés Cisneros Vargas, registrado el 27 de abril de 2017 (fs. 13). II.2. Mediante Memorándum 01/2019 de 2 de diciembre, José Luis Pérez Zabala, Secretario de Administración y Finanzas del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, comunicó al impetrante de tutela, el cambio de sus funciones al cargo de Asesor Técnico, dependiente de la Unidad de Asesoría (fs. 2). II.3. Por escrito de 3 de febrero de 2021, el peticionante de tutela puso a conocimiento del Jefe de Recursos Humanos, el estado de gestación de su esposa (fs. 10 a 14). II.4. Consta Certificado de atención prenatal de 7 de mayo de 2021, correspondiente a la esposa del peticionante de tutela, emitido por la Caja Nacional de Salud (fs. 5). II.5. Cursa Reporte de empresa en mora de 7 mayo de 2021, emitido por la Caja Nacional de Salud, dirigido al Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, referente a los beneficios de la esposa del accionante (fs. 8). II.6. A través de certificación de ecografía obstétrica de 10 de mayo de 2021, se acreditó el embarazo de la esposa del impetrante de tutela, quien tiene “21.4” semanas de gestación (fs. 6 a 7).
II.7. Por escrito de 10 de mayo de 2021, el peticionante de tutela solicitó a Yessica Sung Osinaga, Secretaria de Administración y Finanzas del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes -ahora demandada-, el pago del subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de embarazo de su esposa (fs. 4). II.8. Mediante Memorándum 060/2021 de 10 de mayo, la autoridad demandada, comunicó al solicitante de tutela que se prescinde de sus funciones (fs. 12).
El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la estabilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, así como al principio pro homine; toda vez que, mediante escritos de 3 de febrero y 10 de mayo de 2021, comunicó el estado de gestación de su esposa y solicitó el pago del subsidio prenatal; sin embargo, la autoridad demandada, a través Memorándum 060/2021 de 10 de mayo, le comunicó su desvinculación laboral, sin considerar su condición de padre progenitor. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: 1) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. Línea jurisprudencial de carácter sustantivo; 2) Sobre el derecho a la seguridad social, con especial atención a las asignaciones familiares en favor de los niños y niñas; y, 3) Análisis del caso.
En lo concerniente al presente tema, de manera progresiva se fue desarrollando un criterio uniforme respecto a la protección de la mujer embarazada y del progenitor hasta el año de nacimiento de la hija o hijo, generándose de esta manera líneas jurisprudenciales no solo procesales sino esencialmente de carácter sustantivo; en ese entendido, a fin de comprender estas últimas es preciso realizar una exposición sucinta de cada una de ellas. a) Sobre la garantía de inamovilidad funcionaria
1) Contratos de carácter indefinido
Al respecto, la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000 refiriéndose al fundamento de la garantía de la inamovilidad funcionaria señaló que:
“…la Constitución Política del Estado establece el Recurso de Amparo como protección inmediata contra “los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos...”, precepto legal que es aplicable al caso de autos, por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley. Por ello, la Constitución Política del Estado mediante el art. 193 establece: “El Matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado”, precepto constitucional que guarda estrecha coherencia con el art. 1ro. de la Ley No. 975 de 2 de marzo de 1988, que señala: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año del nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas y privadas”.
Posteriormente, siguiendo la línea proteccionista, la SCP 0086/2012 de 16 de abril, entre otras, señaló que:
“Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la “igualdad” y la “justicia” sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad.
En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (negrillas añadidas). Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: “a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija” (las negrillas fueron agregadas) (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle”.
2) Contrato a plazo fijo
Al respecto, la SC 0109/2006-R de 31 de enero, estableció que tratándose de contratos a plazo fijo es posible hablar de estabilidad laboral, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, por lo que el cumplimiento del término pactado no constituye ipso facto la culminación de la relación laboral; de ahí que, tratándose de contratos a plazo fijo al trabajo de las mujeres trabajadoras embarazadas, deben tenerse en cuenta las siguientes sub reglas:
1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.
Posteriormente, la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, que se consagra el estándar más alto en cuanto a la garantía de inamovilidad de mujer embarazada o con hijos menores de un año con contratos a plazo fijo, asumiendo el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0109/2006-R, pero además, en una interpretación a la luz del modelo constitucional vigente a partir de 2009 y en el marco de la normativa infra-constitucional existente en el Estado Plurinacional de Bolivia, adicionó que en mérito al principio de primacía de la realidad, las condiciones descritas en virtud a las cuales es extensible la garantía de la inamovilidad, deben ser verificadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señalando lo siguiente:
De lo señalado se infiere que la Dirección General del Trabajo, las Jefaturas Departamentales y Regionales, deben realizar la verificación de que las actividades a ser desarrolladas por el empleado o contratado, no constituyan tareas propias y permanentes, pues como se ha establecido existe la prohibición de realizar contratos a plazo fijo en este tipo de tareas, pudiendo sólo realizarse dichos contratos en tareas propias y no permanentes, las cuales están definidas por la Resolución mencionada como aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, y están identificadas claramente por la referida Resolución”.
Además, otro elemento esencial que implica una complementación a la SC 0109/2006-R, es que amplió la aplicación de la garantía de inamovilidad a aquellos supuestos que en virtud al principio de primacía de la realidad evidencien que la trabajadora a pesar de haber suscrito un contrato a plazo fijo para labores extraordinarias, realice labores ordinarias y propias del giro. Asimismo, la SCP 0789/2012 desarrolló en una interpretación de la normativa infra-constitucional, los alcances de las labores extraordinarias o temporales.
3) Funcionarios de libre nombramiento
En lo concerniente a la inmovilidad laboral de la mujer embarazada y progenitor con hijos menores a un año, en cargos de libre nombramiento, la línea jurisprudencial puede ser resumida de la siguiente manera: La SC 0572/2005-R de 24 de mayo, señaló que es viable la interposición del entonces recurso de amparo, pues el mismo se constituye en un mecanismo rápido y eficaz para tutelar prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación; sin que el argumento esgrimido por el recurrido, en sentido de que el cargo que ejercía la recurrente es de libre nombramiento, dado que la protección de la norma es el resguardo de la maternidad, siendo inclusive que dicha protección se extiende a las mujeres en gestación que ejercen funciones en la actividad privada.
Razonamiento reiterado en las SSCC 0434/2010-R, 1650/2010-R y 0086/2012, entre otras. De manera posterior, la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, inaplicando el precedente referido en la SC 0572/2005-R que se constituye en el estándar más alto de jurisprudencia, estableció que la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor no puede ser aplicada a todos los funcionarios o funcionarias públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; sin embargo, en una interpretación favorable, la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, mutó el mencionado concluyendo que la garantía de inamovilidad funcionaria alcanza a todo tipo de funcionarios públicos, incluidos los de libre nombramiento; empero, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial. En ese sentido, aunque la sentencia no lo dijo expresamente, se constituyó en una Sentencia reconductora de la línea, porque retornó al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0572/2005-R, enriqueciendo su contenido a partir de los principios de favorabilidad y aplicación directa de derechos. Consecuentemente, la SCP 1417/2012, contiene el precedente con el estándar más alto de protección respecto a la protección sobre la inmovilidad laboral de la mujer embarazada y progenitores con hijos menores a un año, en cargos de libre nombramiento.
b) Alcance de la garantía de la inamovilidad y requisitos para su tutela
En cuanto al alcance de la garantía de la inamovilidad laboral, la SC 1536/2005-R de 29 de noviembre estableció:
“Por otra parte, la Ley 975, no garantiza únicamente la inamovilidad de la mujer embarazada en su fuente de trabajo, sino que también la protege de aquellas situaciones que en el trabajo impliquen esfuerzos que afecten su salud, lo que la hacen merecedora de un tratamiento especial en el desempeño de su actividad laboral que le permitan desarrollar éstas en condiciones adecuadas, por lo mismo no puede ser afectada en su nivel salarial ni su condición en su puesto de trabajo”.
Asimismo, la SCP 1120/2012 de 6 de septiembre, determinó que procede pago de haberes no percibidos a favor de la o el progenitor que no fue reincorporado ante la vulneración de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de una mujer en estado de gravidez hasta el año de nacimiento del hijo o hija; y, que al momento de resolver el amparo no sea posible su reincorporación por contar el menor de edad con más de un año de nacido.
La SCP 0105/2012 de 23 de abril, estableció que la madre y/o padre progenitores gozan de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo, para cuya garantía no es exigible comunicar al empleador sobre el estado de gravidez, jurisprudencia que fue reiterada en la SCP 2557/2012 de 21 de diciembre, entre otras, entendimiento último que mutó la posición del Tribunal Constitucional expresada en las SSCC 1416/2004-R de 1 de septiembre, 0771/2010-R de 2 de agosto, entre otras, que establecieron el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador.
La Constitución Política del Estado en su art. 45, garantiza el derecho a la seguridad social, cuando expresa:
“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. (…) V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozaran de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas fueron añadidas). La norma fundamental citada precedentemente reconoce el derecho a la seguridad social, estableciendo su garantía para todas las bolivianas y bolivianos y en especial para los padres y madres, cuando establece que es un régimen que cubre entre otras las atenciones por maternidad y paternidad.
En ese marco, la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la universalidad, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, que encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, fue establecida por el Estado Boliviano para abarcar al cien por ciento de la población del país, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona, así lo expresó la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, al señalar que:
“…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona”. En el mismo sentido, los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, han reconocido el derecho a la seguridad social; así tenemos: a la Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH (art. 22)], la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre [DADDH (art. XVI)], el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC (art. 9)], en cuyo marco se adoptó el “Protocolo de San Salvador”, que respecto a este derecho expresa:
“1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2) Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Muelle Flores vs. Perú, expresó el amplio reconocimiento que merece el derecho a la seguridad social, por los instrumentos internacionales, y, agregó que su labor jurisdiccional le permite interpretar el contenido del derecho y las obligaciones que conciernen al Estado al respecto, en esa comprensión formuló el siguiente entendimiento:
“… se puede derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso”. Jurisprudencia reiterada sobre la protección de los derechos de los niños y niñas, relacionada a la percepción de las asignaciones familiares La SCP 0076/2012 de 12 de abril, menciona que pese a que se haya disuelto la relación laboral, el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, siendo preeminente sus derechos, y gozan de supremacía en recibir la protección y socorro en toda circunstancia, siendo sus derechos de atención prioritaria en los todos los servicios públicos o privados, máxime si se trata de una persona menor de edad que conforme a los arts. 58 y 60 de la CPE son titulares de derechos. Posteriormente la SCP 0753/2013-L de 30 de julio, al tomar en cuenta el DS 0012, cuyo objetivo es equilibrar la protección de las mujeres en estado de gestación y a los progenitores de hijos menores a un año de edad frente al empleador sea este público o privado, y al existir la conclusión de la relación laboral en la cual no fuese aplicable la inamovilidad laboral, refiere que el empleador está obligado a suministrar la prestación de subsidios, en favor del menor de un año de edad, de natalidad y lactancia hasta que el infante cumpla el año de edad correspondiente. A su vez, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea de la SCP 0134/2014 de 10 de enero, explicó que la Seguridad Social no solo está comprendida como el acceso a la salud, sino que al tratarse de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de hijos menores a un año de edad, también engloba el derecho a recibir prestaciones conforme al Régimen de Asignaciones Familiares, las mismas que conforme al art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987 regula que estas Asignaciones Familiares serán pagadas a cargo y costo de los empleadores, sean estos del sector público o privado, que entre otras son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en le entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y c) El Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida, siendo estas prestaciones ser pagadas directamente por el empleador. Posteriormente la SCP 0022/2018-S2 de 23 de febrero, la que cita como precedente a la SCP 0532/2016-S3 de 9 de mayo, estableció que:
“Es prioridad del Estado resguardar el derecho a la salud del ser en gestación y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelar su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, como la provisión de las asignaciones familiares por parte del empleador que son de cumplimiento obligatorio” (las negrillas pertenecen al original). De donde se puede concluir que con el afán de proteger los derechos de las niñas y niños menores de un año de edad, o aun naciturus, y que los padres progenitores estén en una relación laboral o no, el empleador tiene la obligación de pagar las asignaciones familiares concernientes en los Subsidios de Prenatalidad, Natalidad y Lactancia conforme lo descrito en la Jurisprudencia Constitucional Glosada y la normativa referida. Estando el empleador forzado por ley, a cumplir con el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que tengan un ser en gestación y hasta un año de edad y trabajen en el territorio del Estado y que prestan servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter público privado; por cuanto; los derechos de los niños y niñas están protegidos íntegramente por el Estado, a través de la Norma Suprema y Leyes infraconstitucionales en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad. Asignaciones familiares, que también deben ser cancelados, aún haya cesado la relación laboral entre la mujer embarazada o el padre progenitor, ya que dichas asignaciones al constituirse en derechos sociales, son derechos irrenunciables y por consiguiente de cumplimiento obligatorio por parte del empleador en favor de los beneficiarios.
El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la estabilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, así como al principio pro homine; toda vez que, mediante escritos de 3 de febrero y 10 de mayo de 2021, comunicó el estado de gestación de su esposa y solicitó el pago del subsidio prenatal; sin embargo, la autoridad demandada, a través Memorándum 060/2021 de 10 de mayo, le comunicó su desvinculación laboral, sin considerar su condición de padre progenitor. De los antecedentes establecidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que, consta Certificado de matrimonio de 7 de mayo de 2019, del impetrante de tutela y Larissa Inés Cisneros Vargas, registrado el 27 de abril de 2017; posteriormente, a través de Memorándum 01/2019 de 2 de diciembre, se comunicó al peticionante de tutela, el cambio de sus funciones al cargo de Asesor Técnico, por escrito de 3 de febrero de 2021, el impetrante de tutela puso a conocimiento del Jefe de Recursos Humanos, el estado de gestación de su esposa; asimismo, consta Certificado de atención prenatal de 7 de mayo de 2021, Reporte de empresa en mora de la misma fecha, certificación de ecografía obstétrica de 10 de mayo de 2021, que acredita el embarazo de la esposa del impetrante de tutela, quien tiene “21.4” semanas de gestación; motivo por el que, a través de escrito de 10 de mayo de 2021, el peticionante de tutela solicitó a la autoridad demandada, el pago del subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de embarazo de su esposa; mereciendo, Memorándum 060/2021 de 10 de mayo, mediante el cual, le comunicó que se prescinde de sus funciones (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7 y II.8).
Ahora bien, conforme a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, a partir de la aplicación del principio de favorabilidad, la inamovilidad de la mujer embarazada y de la o el progenitor es aplicada a todas las y los funcionarios públicos, entre ellos, los funcionarios de libre nombramiento; sin embargo, se debe tomar en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esa manera cuenten con la certidumbre de que no serán retirados del cargo, por motivo del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo, ello debido a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de las autoridades electas o designadas; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.
En ese contexto, por lo expuesto precedentemente, se advierte que por escrito de 3 de febrero de 2021, el peticionante de tutela puso a conocimiento del Jefe de Recursos Humanos, el estado de gestación de su esposa (Conclusiones II.3); extremo acreditado por Certificado de atención prenatal de 7 de mayo de 2021, Reporte de empresa en mora de la misma fecha, certificación de ecografía obstétrica de 10 de mayo de 2021, que señala que la esposa del impetrante de tutela, tiene “21.4” semanas de gestación (Conclusiones II.4, II.5 y II.6); posteriormente, a través escrito de 10 de mayo de 2021, el peticionante de tutela solicitó a la autoridad demandada, el pago del subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de embarazo de su esposa (Conclusiones II.7), mereciendo Memorándum 060/2021, por el cual, se le comunicó que se prescinde de sus funciones (Conclusiones II.8), evidenciándose así que el accionante gozó de inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, en ese sentido, ello no implica la obligación de mantener al impetrante de tutela en el mismo cargo de confianza; empero, como se tiene establecido en el razonamiento del Fundamento Jurídico precedente, puede permanecer en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo; puesto que la inamovilidad laboral representa el reconocimiento pleno de sus derechos al trabajo y a la seguridad social; toda vez que, al estar iniciando la vida de un nuevo ser, esta se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad; razón por la que, el Estado debe garantizar el acceso al más alto nivel posible de protección, razón por la que corresponde conceder la tutela solicitada y dejar sin efecto el Memorándum 060/2021 suscrito por la autoridad demandada. Asimismo, conforme la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en cuanto a la seguridad social señaló que todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones a corto plazo, es decir, el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para que todas las personas -hombres y mujeres-, que tengan un ser en estado de gestación y hasta que cumplan un año de edad; y trabajen en el territorio nacional, en las diferentes modalidades de trabajo, tienen derecho a las asignaciones familiares estipuladas por ley; por cuanto los derechos de las niñas y los niños están protegidos íntegramente por el Estado, a través de la Constitución Política del Estado y las normas infraconstitucionales, ello en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad. En ese marco, se tiene que el 12 de marzo de 2021, el accionante a través escrito de 10 de mayo de similar año, solicitó a la autoridad demandada, el pago del subsidio prenatal correspondiente al quinto mes de embarazo de su esposa (Conclusiones II.7); sin embargo, a través de Memorándum 060/2021, se le comunicó que se prescinde de sus funciones (Conclusiones II.8).
En ese marco, se puede extraer conforme al memorial de amparo constitucional, ratificado en la audiencia virtual, se estableció que, al ser padre progenitor de un hijo menor a un año, en apego a la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y conforme a la denuncia realizada por el impetrante de tutela, en el entendido de que no se le canceló las asignaciones familiares consistentes en los subsidios prenatal y de natalidad, extremo que no fue negado por la parte demandada, se concluye que le corresponde el pago de los mencionados beneficios, ya que al tratarse de un menor perteneciente al grupo de personas vulnerables o de atención prioritaria protegido por la Norma Suprema y las leyes nacionales, corresponde el pago de los subsidios pre natal, de natalidad y lactancia hasta que la menor cumpla un año de edad, pues lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial del derecho a la seguridad social con repercusión en los demás derechos invocados respecto al ser en gestación; asimismo, se estableció que el derecho a la salud, puede estar en detrimento y vulneración, al no hacerse efectivo el pago de las asignaciones familiares, ya que dichos subsidios van en procura del bienestar tanto de la madre gestante como del recién nacido velando por su vida y salud, ya que dichos subsidios al margen que pueden ser monetizables, con los cuales se puede acceder al servicio de salud sea público o privado, también los subsidios de lactancia van en decoro del derecho de salud de nacido vivo al dotarse de alimentos complementarios entregados con el objetivo de reforzar sus defensas y salud de los menores de un año de edad, las que si no son dotadas de manera oportuna y diligente van en desmedro del derecho a la vida y salud de los infantes recién nacidos, que de manera directa afectarían de cierto modo al no percibir las prestaciones obligadas a los empleadores, correspondiendo conceder la tutela respecto a este reclamo efectuado por el accionante. Por otra parte, respecto a la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, es menester indicar que; toda vez que, el impetrante de tutela no atravesó un proceso de selección, concurso público o convocatoria; en ningún momento tuvo la calidad de funcionario de carrera, siendo considerado como funcionario de libre nombramiento, hasta el momento de su desvinculación con el Memorándum 060/2021; por lo que, considerando lo dispuesto en el art. 59 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, al referir que los funcionarios provisorios, son servidores no reconocidos por la carrera administrativa; por lo que, no gozan de la estabilidad funcionaria, establecida en el art. 7.II inc. a) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027- de 27 de octubre de 1999, no resulta aplicable al accionante; correspondiendo denegar la tutela al respecto. Por lo precedentemente argumentado, la citada Sala Constitucional, al conceder la tutela, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 109/21 de 30 de junio de 2021, cursante de fs. 44 a 50, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, referente a los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral en su condición de padre progenitor, a la salud y a la seguridad social, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que la autoridad demandada proceda a la reincorporación de Jorge Adalberto Chale Morales, teniendo esta condición hasta el año cumplido de su hijo; así como, la cancelación de los beneficios laborales y los subsidios pre natal, de natalidad y lactancia, en base a los razonamientos de este fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela impetrada en cuanto al derecho a la estabilidad laboral. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La SCP 1112/2012 de 6 de septiembre, citado por la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, expresa al respecto que: “… el derecho a la seguridad social tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0935_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e64e3b8ebd72843f9995d0e85ba283b6e44a7439cf7351587c7fa349c99133b
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