B.IA.LEGAL

SCP 0934/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 30 de diciembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51494-2022-103-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, estado de inocencia, juicio previo y prohibición de actos arbitrarios de poder; al trabajo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; y, reserva legal; toda vez que, aludiendo el cumplimiento del Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero, a través del Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, de manera arbitraria, el Consejo de la Magistratura dispuso agradecer sus servicios como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, debido a la designación y posesión de Jueces Agroambientales de carrera; sostuvo que habiendo interpuesto recurso de revocatoria, contra el Instructivo y el Memorando precitados, éste fue resuelto por la Resolución RDCM-SC 001/2022, emitida por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Santa Cruz, afirmando que al haber sido su persona designada de forma provisional o transitoria en el cargo, no gozaba de estabilidad ni de inamovilidad laboral; Resolución que vulneró sus derechos fundamentales; por lo que, decidió presentar recurso jerárquico, el cual fue resuelto por los Consejeros de la Magistratura hoy accionados, mediante la Resolución RJ/SP 09/2022 de 5 de mayo, por el cual confirmaron totalmente la Resolución del recurso de revocatoria, cerrando la fase administrativa, concluyendo entre lo más relevante que por su categoría de provisionalidad o transitoriedad, no existió la lesión de sus derechos laborale…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 148/2022-SCII de 17 de noviembre, cursante de fs. 261 a 265, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos del debido proceso, el derecho a la defensa, juicio previo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; en los términos del presente fallo constitucional; DENEGAR la tutela respecto de los principios de estado de inocencia y de reserva legal; correspondiendo en consecuencia disponer lo siguiente: 1° Dejar sin efecto, el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, la Resolución RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, pronunciados por Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz; y, la Resolución RJ/SP/09/2022 de 5 de mayo, emitida por Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros del Consejo de la Magistratura y todo lo actuado, que en su mérito hubiese sido realizado; así también, se deja sin efecto parcialmente la Convocatoria Pública Nacional 27/2021, el Acuerdo 07/2022 de 13 de enero y la designación como Juez de carrera, todo respecto al cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz de Osmar Poldar Fernández Velasco; se deja sin efecto el Título de 13 de enero de 2012, el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-JA-027/2022 de 17 de enero, el Acto de Juramento y Posesión de 28 de enero de 2022 del nombrado en el cargo señalado de la impetrante de tutela y todo actuado que se hubiese realizado que afecte a la misma.

2° Disponer que de forma inmediata las autoridades del Consejo de la Magistratura restituyan a Rosa Barriga Vallejos, a sus funciones jurisdiccionales en el cargo de Jueza Agroambiental del distrito Judicial de Santa Cruz, que deben efectivizar las autoridades del Consejo de la Magistratura, con todos los derechos laborales, cargas sociales y salarios devengados hasta la restitución efectiva de sus funciones, no pudiendo ser restituida en otro cargo similar por constituirse en Jueza natural del mencionado Juzgado. 3° Se dispone que por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, dentro del plazo de tres meses de la notificación con el presente fallo, viabilice la realización de una Auditoria Jurídica de la Convocatoria Pública Nacional 05/2012, del cargo de Juez Agroambiental de la capital II del distrito judicial de Santa Cruz luego llamado Juez Agroambiental de Santa Cruz, bajo responsabilidad, debiendo remitir a esta Sala Constitucional el resultado de la auditoria, advirtiendo que de existir un nombramiento ilegal a favor de la -hoy tutelada-, no tendrá efecto la tutela y debe proseguirse con las acciones legales. 4° Por el Consejo de la Magistratura, inicie las acciones de Ley de repetición contra todo implicado que corresponda, en el plazo máximo de tres meses, desde la notificación con el presente fallo, en relación a la segunda disposición del presente fallo constitucional. 5° Notifíquese el presente fallo al Fiscal General del Estado, de forma personal y/o por cédula, para las acciones de responsabilidad penal contra todos los involucrados del Consejo de la Magistratura por las acciones y omisiones a la garantía de independencia judicial de Rosa Barriga Vallejos con inamovilidad laboral en el cargo de Jueza Agroambiental de Santa Cruz; así también, Rosa Barriga Vallejos constitúyase en víctima en el proceso penal que se inicie contra los responsables del Consejo de la Magistratura y otros, en defensa de la garantía de independencia judicial y se instaure el proceso penal correspondiente. 6º Notifíquese al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que en cumplimiento de la presente Sentencia, proceda a la defensa de la garantía de la independencia judicial a favor de la ahora accionante (Rosa Barriga Vallejos), en relación al punto 5º del por tanto de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 7º Conceder el pago solicitado por la accionante de los daños y perjuicios y costas procesales a calcularse por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental en ejecución de sentencia, en el marco establecido dentro de la jurisprudencia citada dentro del FJ III.6 (SCP 0113/2012 de 27 de abril).

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la aplicación del estándar más alto respecto a los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de los jueces llamados transitorios.
  2. III.2. Sobre los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales de los jueces, como garantía del principio de independencia judicial
  3. III.3. Análisis sobre la normativa legal dispuesta a efectos de materializar la parte orgánica de la Norma Suprema
  4. III.4. La garantía de independencia judicial
  5. III.5. Prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal
  6. III.6. Alcance del derecho de reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales: Estándar de protección más alto
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0934/2024-S3 Sucre, 30 de diciembre de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51494-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 148/2022-SCII de 17 de noviembre, cursante de fs. 261 a 265, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosa Barriga Vallejos contra Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros del Consejo de la Magistratura -representados legalmente en la acción tutelar por Claudia Steffan Zeballos Aquino, Luz Maira Elio Roca, Manuel Limbert Rojas Cavero, Eulogio Guzman Villarroel y Daniel Carlos Barrientos Eduardo-; y, Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 21 de octubre de 2022, cursantes de fs. 112 a 121 vta. y 150 a 151, respectivamente, la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó sus funciones regularmente como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, hasta que fue notificada con el ilegal Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero; por el que, en cumplimiento del Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero, se dispuso agradecer sus servicios, de manera arbitraria; señalando que, con la designación y posesión de Jueces Agroambientales de carrera, los actuales Jueces Agroambientales Transitorios, deberían dejar de ejercer esos cargos, en virtud del Acuerdo 07/2022, que aprueba el Reglamento de la Carrera Judicial y el Acuerdo 173/2021, por el que se aprueba el Manual del Subsistema del Ingreso a la Carrera Judicial, Modalidad de Concurso de Méritos y Examen de Competencia. Ante esa decisión ilegal e inconvencional que le generó agravios a su carrera profesional y proyecto de vida, ofreció como prueba que no tenía sentencia condenatoria o disciplinaria que acredite la concurrencia de causales para cesarla del cargo, previstas en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el 31 de enero de 2022, formuló recurso de revocatoria, mismo que fue resuelto por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, a través de la Resolución RDCM-SC 001/2022, en la que sostuvo que al haber sido su designación como Jueza provisional o transitoria, según las “Leyes 04, 040 y 212”, su persona no gozaba de estabilidad ni de inamovilidad laboral, es por ello que no se vulneró sus derechos ni garantías constitucionales; por lo que, decidió confirmar el Memorando de despido; ante esa indebida Resolución, la impetrante de tutela formuló recurso jerárquico, en el que alegó la lesión de sus garantías convencionales y constitucionales al trabajo en condiciones estables, equitativas sin discriminación y satisfactorias; derechos políticos, protección y favorabilidad; no discriminación y, en suma, a la garantía del debido proceso, tanto en sus facetas sustantiva como subjetiva, solicitando que sea resuelto aplicando el control de convencionalidad. Por lo que remitió obrados al pleno del Consejo de la Magistratura y al no existir Resolución de su recurso en plazo hábil, en varias ocasiones solicitó sea resuelto, adjuntando prueba consistente en un CD en las que la autoridad accionada Marvin Arsenio Molina Casanova, confiesa que el despido de jueces transitorios vulnera derechos fundamentales. Añadió que el 8 de julio de 2022, la SCP 0704/2020- S1 de 9 de noviembre, la cual tiene fuerza vinculante, fue notificada al Consejo de la Magistratura, misma que, con similar base fáctica a su caso, resolvió que los despidos basados en la transitoriedad atentan a los derechos laborales de los jueces y por ende el principio de independencia judicial; por ello, al no haberse resuelto su recurso jerárquico el 29 de agosto de 2022, reiteró su solicitud de resolución, invocando expresamente que se aplique el criterio vinculante del fallo constitucional antes mencionado; no obstante, con una fecha falsa hicieron aparecer la Resolución RJ/SP/09/2022 de 5 de mayo, notificándola después de más de tres meses, es decir el 24 de agosto de ese año, siendo entregada a su defensa técnica. Aludió que la citada Resolución de Recurso Jerárquico, emitida por los Consejeros de la Magistratura, cierra la fase administrativa, sostuvo que estos determinaron confirmar totalmente la Resolución del recurso de revocatoria apelada, considerando entre lo más relevante que por su categoría de provisionalidad o transitoriedad, no existía la posibilidad de lesionar su derecho al debido proceso, siendo que formalmente no concurre una norma violentada, tampoco observan un acto arbitrario de poder; en relación a sus derechos políticos, refirieron que la transitoriedad o provisionalidad no fue invocada por el Consejo de la Magistratura en forma discrecional para la emisión del Memorando de agradecimiento de funciones; es decir, que no tiene forma de exigir estabilidad y permanencia en un cargo judicial que de hecho es provisional; por lo que, no se evidenció la vulneración de algún derecho que le asista; puesto que, su desvinculación obedeció a la transitoriedad del cargo que ocupaba, incluso sobre su invocación a que se ejerza un control de convencionalidad, éstos fundamentaron que su decisión se dio con base a la LOJ, refiriendo que la norma legal claramente define el carácter transitorio y provisional de los cargos del Órgano Judicial y sus consecuencias jurídicas. Argumentó que, la prueba que produjo en la vía administrativa como ser su título de Jueza obtenido el 13 de febrero de 2013, demuestra que ingresó a la carrera judicial conforme a la normativa vigente (art. 6.II de la Ley 212 de 23 de noviembre de 2011 -Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional-), previa convocatoria pública emitida por el propio Consejo de la Magistratura, no por el Consejo de la Judicatura; a pesar de ello, las autoridades ahora accionadas, desconocieron sus derechos laborales legalmente adquiridos, en relación a la causa de su despido ilegal, e incluso le aplicaron un trato discriminatorio, desconociendo e incumpliendo lo dispuesto en la SCP 0704/2020-S1 de 9 de noviembre, Sentencia Constitucional Plurinacional cuyo precedente se constituye en el estándar más alto de protección sobre los derechos de estabilidad laboral de los jueces, éstos mantienen los agravios que ya quedaron resueltos y que además se ordenaron a esas autoridades que un despido basado en la transitoriedad o provisionalidad, resulta arbitrario, ilegal, inconstitucional e inconvencional. Sostuvo que las actuaciones asumidas por los Consejeros accionados, lesionaron sus derechos, garantías constitucionales y convencionales, afectando el debido proceso en sus componentes del juicio previo, presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además de sus derechos sociales y económicos, desconociendo la jurisprudencia vinculante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; fue ilegal y arbitrariamente desvinculada de sus funciones jurisdiccionales sin considerar que su persona ingresó a la carrera judicial en 2013, desempeñando su funciones como Jueza, sin que pese en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada ni antecedentes disciplinarios; es decir, sin que existan razones legales para cesarla de sus funciones de Jueza, más aún, cuando merece garantías reforzadas como autoridad judicial, según lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, estado de inocencia, juicio previo y prohibición de actos arbitrarios de poder; al trabajo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; y, reserva legal; citando al efecto a los arts. 46, 48.II, 109.II, 115.II, 116.I, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 e inc. c), 23.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos y sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto, el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero y la Resolución RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, pronunciada por Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Santa Cruz; y, principalmente la Resolución RJ/SP/09/2022 de 5 de mayo, emitida por Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros de la Magistratura; y, b) En consecuencia sea restituida inmediatamente a sus funciones jurisdiccionales como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, con todos sus derechos laborales y cargas sociales, ordenando a su vez la reparación integral del daño causado, incluyendo salarios devengados, costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 248 a 260 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando los mismos, señaló lo siguiente: 1) Para que no se tome como una interpretación errada, si bien mientras se resolvía el recurso jerárquico que interpuso, se notificó al Consejo de la Magistratura, con la SCP 0704/2020-S-1 de 9 de noviembre, en el cual no se pide que ese fallo constitucional sea cumplido, sino que por aplicación del derecho jurisprudencial, se tenga en cuenta que esa Sentencia ya resolvió con fuerza vinculante que la transitoriedad o vinculatoriedad no implica la libre remoción de los jueces, ya sean estos transitorios o provisionales, convirtiéndose esta sentencia en el estándar más alto de interpretación de los derechos fundamentales, respecto a los derechos de estabilidad laboral de los jueces; por lo tanto, los Consejeros accionados no pueden insistir en basar su decisión de confirmar la Resolución del recurso de revocatoria en la transitoriedad y mantener vigente el Memorando de su despido indebido, pese a que se definió que tal hecho se constituye en un acto ilegal, arbitrario e inconvencional; es decir, que las autoridades accionadas mantienen una ilegalidad al pronunciar una Resolución que cierra la fase administrativa, por una simple decisión propia, por ello, es que comparte que la lesión de derechos y garantías, deviene de los accionados y no de quien inicialmente emitió el Memorando de agradecimiento de servicios; 2) Tanto el constituyente como el legislador, condicionaron la aplicación de cualquier sanción administrativa o despido de una fuente laboral, al cumplimiento de un debido proceso previo, los cuales adquieren mayor trascendencia al tratarse en este caso de una Jueza “transitoria”, misma que se encuentra sujeta a garantías reforzadas de acuerdo a la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como lo establece la misma jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 3) La normativa en la que se ampara el Consejo de la Magistratura, no alcanza a su caso, porque sostiene que su persona fue elegida por esta institución y si se revisa el contenido del art. 6.1 de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011-, este precepto legal en ningún momento le autoriza emitir convocatorias para elegir jueces provisionales, otra cosa es que el Consejo de la Magistratura no realizó el Reglamento y no cumplió con la Resolución (no indica cual), motivo por el cual la accionante refiere que no se presentó a la convocatoria.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros de la Magistratura, representados legalmente por Luz Maira Elio Roca, Eulogio Guzmán Villarroel y Daniel Carlos Barrientos Eduardo, en virtud del Testimonio de Poder 724/2022 de 15 de noviembre (fs. 201 a 203); remitieron informe de 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 204 a 212 vta., mediante el que manifestaron lo siguiente: i) La peticionante de tutela, dentro de su acción de amparo constitucional, no adjuntó documental que acredite que es Jueza de carrera judicial, más aún cuando su designación data de marzo de 2013; por ello, en aplicación del art. 6.II de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley 212 de 23 de diciembre de 2011- el cual determinó que en caso de acefalias, las Salas Plenas de los Tribunales de Justicia y del Consejo de la Magistratura, según corresponda y excepcionalmente, tendrán la facultad de designar autoridades y personal de forma provisional; por ende, no es posible realizar un análisis de razonabilidad sobre la transitoriedad de los jueces de manera contraria a la Ley o establecer una carrera judicial por el transcurso del tiempo de permanencia en el cargo, siendo que la transitoriedad se encuentra establecida en la Disposición Transitoria Cuarta de la LOJ; la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 -Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público-, Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 -Ley de Adecuación de Plazos para la Elección de los Vocales Electorales Departamentales y la Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional- y la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Política del Estado (CPE), que determinan la terminología de “Juez, Vocal y personal de apoyo transitorios”; por lo tanto, no puede ser un término sujeto a razonabilidad; puesto que, de acuerdo al principio de reserva de ley, se considera jueces transitorios a aquellos designados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política del Estado y las normas precitadas y antes que exista un Reglamento de Carrera Judicial o Manual del subsistema de Ingreso; razonamiento que fue expuesto en la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo, confirmado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0665/2018-S4, 0722/2018-S3, 0421/2018-S3, 0774/2018-S3, 0476/2018-S4, 0543/2018-S3, 0350/22018-S3, 0416/2018-S4, 0241/2018-S4, 0163/2018-S3, 0233/2018-S4, 0783/2018-S4, 0438/2018-S3 y 0376/2022-S4; ii) El Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo 172/2021, que modifica el Acuerdo 72/2020, aprobó el Reglamento de la Carrera Judicial y por Acuerdo 173/2021, aprobó el Manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial – Modalidad de Concurso de Méritos y Examen de Competencia, los cuales regulan los procedimientos de selección de postulantes a los cargos de Juezas y Jueces de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental; es así que, se emitió la Convocatoria Pública 27/2021, para Jueces Agroambientales, designándose posteriormente a las autoridades de los nueve distritos judiciales; iii) La designación de la solicitante de tutela con base al art. 6.II de la Ley 212, mantiene su calidad de transitoria o provisional, entre tanto la carrera judicial no sea implementada por el Consejo de la Magistratura, es por eso que no existe la posibilidad de haberle quebrantado algún derecho o el debido proceso, porque materialmente no existe una normativa vulnerada; así lo entendió el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo y SCP 0163/2018-S3 de 15 de mayo, manteniendo la línea de que aquellos que ejercen cargos jurisdiccionales o de apoyo jurisdiccional, dejaron de pertenecer a la carrera judicial y pasaron a ser transitorios o provisionales que no gozan de la estabilidad e inamovilidad laboral establecida a favor de los servidores de carrera judicial; iv) Teniendo en cuenta la transitoriedad de las funciones de Jueces y personal de apoyo jurisdiccional, no hay forma material de exigir estabilidad y permanencia en el cargo, sin que se haya ingresado a la carrera judicial, extremo que es aplicable al presente caso; puesto que, la solicitante de tutela se encontraba en el cargo de Juez de manera transitoria; iv) La decisión asumida por el Consejo de la Magistratura, plasmada en el Memorando CM-RRHH SCZ 006/2022, se encuentra fundamentada al tenor del art. 182. 1 y 3 de la LOJ, modificada por el art. 2 de la Ley 929 -Ley de Modificación a las Leyes 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional y 026 del Régimen Electoral-; las Leyes 003, 040, y 212, además de la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo y la SCP 0163/2018- S3 de 15 de mayo; determinación ante el cual la accionante presentó sus recursos de impugnación que fueron resueltos en la vía administrativa; por lo que, no existe vulneración de sus derechos constitucionales; v) Conforme al marco normativo relativo a la carrera judicial implementada desde la gestión 2021, la impetrante de tutela postuló a las Convocatorias Públicas 06/2022, 24/2022 y 26/2022, para optar a los cargos de Jueza Agroambiental de Valle Grande, las dos primeras y la última para el cargo de Jueza de Ejecución Penal en el departamento de Santa Cruz; en consecuencia, con esas postulaciones reconoció su condición de Jueza transitoria o provisoria; vi) Respecto a la SCP 0704/2020-S1, ésta tiene efecto inter partes, según lo estableció el Auto Constitucional 0028/2022 ECA de 13 de julio, cuya problemática está vinculada a una Jueza que fue destituida siendo egresada del Instituto de la Judicatura, lo que no acontece en el presente caso; por ello, no existe la analogía necesaria para que sea considerada y aplicada dentro del presente caso; y, vii) Al no existir lesión de derechos por parte del Consejo de la Magistratura y estando ya ocupado el cargo de la accionante por un Juez designado en el marco de la carrera judicial implementada en observancia de la normativa vigente, solicitan se deniegue la tutela y en caso de desconocerse la carrera judicial del tercero interesado, se ordene su destitución a fines de incorporar a ese cargo a la demandante de tutela.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Osmar Poldar Fernández Velasco, presentó informe escrito cursante de fs. 197 a 199 vta., argumentando que: a) Su persona fue designado en el cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz, según Convocatoria Pública 27/2021, el cual siguió todos los procedimientos legales y reglamentarios para el acceso a la función judicial de carrera; b) No se vulneraron los derechos alegados por la impetrante de tutela, dado que la Convocatoria 27/2021 era pública, pudiendo ésta postularse al fungir como Jueza transitoria; sin embargo, no lo hizo lo que demuestra su desinterés para optar por la institucionalización a la que tenía derecho; y, c) El razonamiento de la SCP 0704/2020-S1, no puede ser usado para mermar derechos de otros jueces que ingresaron a la función judicial con base a una convocatoria pública; es decir, no puede utilizarse para lesionar derechos adquiridos por otros jueces; por lo señalado, se demuestra que la pretensión de la accionante no se ajusta a los parámetros establecidos por la propia jurisprudencia que invoca.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 148/2022-SCII de 17 de noviembre, cursante de fs. 261 a 265, denegó la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de lo solicitado, con los siguientes fundamentos: 1) El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad encomendada por la Ley de crear, reglamentar la carrera judicial, por lo que emitió la Convocatoria Pública Nacional 27/2021, para jueces institucionalizados de carrera, en el que estableció una nómina de los cargos a los cuales se podían presentar todos los abogados que cumplían con los requisitos establecidos; así como, los jueces que se encontraban ejerciendo los cargos, publicándose además el cronograma correspondiente del proceso de selección de los postulantes, donde se siguieron las etapas desde la aprobación de la convocatoria mediante Sala Plena hasta la remisión de listas aprobadas al Tribunal Supremo de Justicia y el manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial, Modalidad de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia el 16 de septiembre de 2021; 2) En ese sentido, la peticionante de tutela, en cuanto tuvo conocimiento de la referida Convocatoria Pública Nacional, donde existía la amenaza inminente que podía ser cesada de sus funciones; es decir, que este se constituye en realidad en el acto vulnerador de sus derechos y garantías, pudo interponer contra la misma los recursos de impugnación que la Ley le franquea; empero, la misma dejó transcurrir todo el proceso de selección en todas sus etapas; en tal sentido, el Memorándum CM-RRHH-SCZ 006/2022, se constituye en un acto operativo que da cumplimiento a todo el proceso de selección de la Convocatoria Pública Nacional 27/2021; y no así, en el acto que vulneró sus derechos; señaló que, la solicitante de tutela en audiencia respondió a las preguntas realizadas en virtud al art. 36.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), de por qué activó los recursos correspondientes contra la referida convocatoria, manifestó que había pensado que la misma sería dejada sin efecto como tantas otras que corrieron la misma suerte, causándole inseguridad, lo que implica que existió dejadez de su parte; y, 3) En cuanto a esa inacción por parte de la demandante de tutela, existe jurisprudencia constitucional a través de la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, que claramente determinó que tal conducta omisiva puede ser considerada un consentimiento al ser ésta una expresión de la libre voluntad; por lo que, no existe causa para dar curso a la tutela solicitada, jurisprudencia aplicable al caso concreto; puesto que, al haberla dejado pasar y no observar la referida convocatoria pública nacional al cargo que venía ocupando, la cual concluyó con la posesión de un profesional abogado en el cargo de juez agroambiental, siendo Osmar Fernández Velasco, ahora tercero interesado, quien ganó esa convocatoria y consolidó sus derechos, al ser incorporado como Juez de carrera, frente a la pasividad de la impetrante de tutela, quien dejó pasar todo el referido proceso sin activar recurso alguno; por tal motivo, se concluye que dentro del presente caso existen actos consentidos, circunstancia que impide analizar el contenido de los demás actuados posteriores, además de poder analizar el fondo de lo propuesto por la impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se verifica constancia de recepción en fecha 13 de diciembre de 2012, del sobre de postulación de la impetrante de tutela a la convocatoria 05/2012, entre otros cargos al de Juez Agroambiental de Santa Cruz (fs.394); de igual modo, el Memorando 025/2013 de 7 de marzo, por el cual el Presidente del Tribunal Agroambiental, designó a la -hoy accionante- conforme al art. 6. II. de la Ley 212 en el cargo de Juez Agroambiental II de Santa Cruz de la Sierra, siendo posesionada en ese cargo de acuerdo en el Acta de Audiencia de Juramento y Posesión el 18 de marzo de 2013; así también, cursa Titulo expedido por la entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura de 13 de febrero de 2013, en aplicación del art. 6.II de la Ley 212, designó a Rosa Barriga Vallejos -ahora impetrante de tutela- como “JUEZ AGROAMBIENTAL DE LA CAPITAL II DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ” (fs. 389, 390, 391, 394, 399 a 400 vta.). II.2. Mediante Memorando 147/2015 de 7 de enero, en mérito de la aprobación de la nueva estructura del Órgano Judicial para la gestión 2015, mediante Resolución Ministerial 1284 de 30 de diciembre de 2014, el entonces Presidente del Tribunal Agroambiental, reasignó a la peticionante de tutela, como Jueza Agroambiental de Santa Cruz II con el ítem 4517 (fs. 15). II.3. Por Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, dio cumplimiento al Instructivo CM-DNRH 001/2022 que mediante Acuerdo 07/2022 del Consejo de la Magistratura y aprobado el Reglamento de Carrera Judicial y por el Acuerdo 173/2021, aprobado el Manual de Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial Modalidad Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia, la encargada de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, comunicó a la solicitante de tutela, que se dispuso su agradecimiento de funciones, instruyendo que presente un informe final de actividades a la presidencia del Tribunal Agroambiental (fs. 3). II.4. La impetrante de tutela, a través de memorial presentado el 31 de enero de 2022, interpuso recurso de revocatoria contra el Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero y el Memorando emergente CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero (fs. 5 a 12 vta.). II.5. Mediante Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, resolvió confirmar en todo el Memorando CM -RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, que dispuso el agradecimiento de funciones de Rosa Barriga Vallejos en el cargo de Jueza Agroambiental II de Santa Cruz de la Sierra, emitido por disposición de Sala Plena del Consejo de la Magistratura (fs. 21 a 24). II.6. Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, la accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, por el cual solicitó se deje sin efecto el Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero; el Memorando emergente CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero; y su Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, que confirmó los dos anteriores actos administrativos; disponiendo la continuación de su función jurisdiccional en el Juzgado Agroambiental de Santa Cruz de la Sierra; tal solicitud se basó, en los siguientes fundamentos:

-Los actos administrativos impugnados por la peticionante de tutela cometen el gravísimo error de considerar que el Juzgado que regentaba estuviera acéfalo, o estaría en vigencia de transitoriedad vencida hace más de diez años atrás, e incluso mucho antes de su designación, lo que implica la vulneración de su garantía constitucional y convencional al derecho al trabajo estable, en condiciones equitativas y satisfactorias previsto por los arts. 46.2 de la CPE; y, 6 y 7 del Protocolo de San Salvador (ratificado por el Estado Boliviano por Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005); garantías que se encuentran reforzadas por la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; puesto que, el lapso de transitoriedad cesó incluso antes de su legal designación.

-Como Jueza titular del Juzgado Agroambiental de Santa Cruz II y a partir del 2019, del Juzgado Agroambiental de Santa Cruz Capital con Ítem 4517, jamás la evaluaron a esos fines o algún otro, menos recayó en contra de su persona sanción con sentencia ejecutoriada en materia disciplinaria o penal. -En el hipotético caso en que se encontrara bajo la categoría de la transitoriedad; que no lo está, aun así, merecía ser objeto del debido proceso (art. 117.I de la CPE y 8 de la CADH), para cesarle legalmente del cargo, o el cumplimiento inmediato de la condición de transitoriedad, lo que es imposible en su caso; puesto que, el lapso venció antes de su legal nombramiento, además advierte que aplicando el control de convencionalidad, la Corte IDH estableció que la provisionalidad no equivale a la libre remoción. -Denunció la vulneración de sus derechos políticos establecidos por el art. 23.1.c) de la CADH, respecto a su derecho de acceder sin discriminación y en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país; norma que debe aplicarse de manera preferencial en su caso tal y como lo dispone el art. 256 de la CPE, en relación a la indebida inclusión en los juzgados acéfalos y/o transitorios para despedirle sin el debido proceso cuando el juzgado no está acéfalo ni aplica transitoriedad alguna (fs. 25 a 31 vta.). II.7. A través de la Resolución RJ/SP 09/2022 de 5 de mayo, Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros de la Magistratura -autoridades accionadas- resolvieron confirmar totalmente la Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, emitida por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz; esta determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

-Debido a la categoría de provisionalidad del cargo ejercido por la recurrente, se establece que la desvinculación o cesación de funciones asumida por el Consejo de la Magistratura, mediante el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, ingresa dentro de los parámetros legales insertos en la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, -Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y del Ministerio Público-, modificada por la Ley 040 de 1 de septiembre del mismo año, cuyo art. 3 declara la transitoriedad de todos los cargos de la extinta Corte Suprema y Cortes Distritales, regulada por la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011 (art. 14 de la Ley 212 concordante con el art. 215 de la LOJ).

-Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso, se debe tener en cuenta que la movilidad funcionaria de personal jurisdiccional se aplica administrativa y legalmente, en cumplimiento del Reglamento de Administración y Control de Personal, aprobado por Acuerdo 121/2012 y el Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Jurisdiccional, aprobado por Acuerdo 041/2018, modificado en parte por el Acuerdo 67/2018; por lo que, no se advierte ningún acto arbitrario de poder en la decisión administrativa cuestionada, basándose en la normativa citada y en la jurisprudencia sentada por la SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo.

-En relación a la vulneración de sus derechos políticos, tal extremo no resulta cierto; debido a que, se encontraba en las mismas condiciones legales y constitucionales que toda la planta de personal jurisdiccional y de apoyo judicial a quienes les alcanzan las previsiones de las Leyes 003, 040 y 212; por lo que, la provisionalidad y transitoriedad no fue invocada por el Consejo de la Magistratura en forma arbitraria o discrecional o como un mero acto de poder para la emisión del Memorando de agradecimiento de servicios ahora cuestionado; en el marco del proceso gradual de renovación de recursos humanos hasta que se desarrolle normativamente la carrera judicial.

-En cuanto a la supuesta vulneración de su derecho al trabajo, conforme a lo establecido por el art. 6.I de la Ley 212, no hay forma material de exigir estabilidad y permanencia en un cargo judicial, que de hecho y derecho es provisional, caso contrario no se estaría obrando bajo el principio de igualdad de las personas ante la Ley, porque no pueden existir privilegios o prerrogativas mientras no exista una normativa positiva que posibilite que todos los servidores públicos judiciales y de apoyo se encuentren en las mismas condiciones de igualdad con relación a las garantías de inamovilidad y estabilidad; por lo que, no se advierte la violación alguna al derecho al trabajo; criterio similar se sostiene respecto a la vulneración del principio de favorabilidad y de no discriminación; puesto que, debe tenerse en cuenta el carácter transitorio primigenio de su designación y que todo el personal jurisdiccional y de apoyo judicial se encuentra en la misma situación jurídica, a partir de los regímenes establecidos por las leyes 003; 045 y 212.

-En cuanto al control de convencionalidad, se tiene que la emisión del Memorando cuestionado se encuentra fundamentado en derecho por los arts. 182.1 de la LOJ, modificada por el art. 2 de la Ley 929, cuyos argumentos han sido objeto de control de constitucionalidad conforme las SCP 0499/2016-S2 y SCP 0051/2018-S3, que definen plenamente el carácter transitorio y provisional de los cargos del órgano judicial y por ende sus consecuencias jurídicas sobre los regímenes de estabilidad y remoción laboral; por lo que, no se advierte la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente (fs. 38 a 45). II.8. Cursa informe CM/DNRRHH/UNEE/ESC. 069/2024 de 15 de noviembre de 2024, de la Directora Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura ante la solicitud de información efectuada por este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Decreto Constitucional de 4 de octubre de 2024, por el cual informa que la solicitante de tutela no figura en ninguno de los cursos de formación inicial de la Escuela de Jueces del Estado y que fue dispuesta con carácter provisional por el art. 6.II. de la Ley 212 (fs. 384 a 385 y 404 a 406); por medio de informe del técnico de escalafón distrito de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura se informa que Rosa Barriga Vallejos fue designada como Juez Agroambiental II de Santa Cruz de la Sierra, con el Memorando 025/2013, “en la forma de ingreso no se tiene alguna documentación o informe si fue designada por convocatoria o egresada de la Escuela de la Judicatura” (fs. 412), así también, por Cite: CM-UNDAP-INT. 1299/2024 de 15 de noviembre, suscrito por personal del Consejo de la Magistratura de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, Administración de Personal y de Dotación informaron que “no cursa antecedente ni registro respecto a la Convocatoria Pública Nacional para el cargo de Juez Agroambiental de la Capital 2° del Distrito de Santa Cruz, en la que se hubiese postulado y designado…” a la solicitante de tutela (fs. 416); asimismo, se verifica informe CM-JNDAP- 281/2024 de 26 de agosto, suscrito por el Jefe Nacional de Dotación y Administración de Personal del Consejo de la Magistratura por el cual informa que “no cursa antecedentes ni registro referente a la CONVOCATORIA o ACUERDO DE SALA PLENA DE DESIGNACION en el referido cargo” de la peticionante de tutela en el cargo de Juez Agroambiental II de Santa Cruz, “mediante el cual se designó el 13 de febrero de 2013”, emitido en atención al decreto constitucional de 15 de agosto de 2024, por el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional solicitó información (fs.365 vta. y 369). II.9. Se verifica que Osmar Poldar Fernández Velasco, postuló a la Convocatoria Pública Nacional 027/2021 del Consejo de la Magistratura, que convoco al cargo de la impetrante de tutela por transitoriedad, quien fue habilitado y luego designado para ejercer el cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz por Acuerdo 07/2022 de 13 de febrero, suscrito por Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses y Omar Michel Durán Presidente, Decana y Consejero a su turno, todos del Consejo de la Magistratura, el Presidente de entonces del Consejo de la Magistratura expidió y designó al nombrado como Juez de carrera en el cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz por título que expidió el 13 de enero de 2022; así como, el Memorando de designación de 17 de mismo mes y año, efectuándose el juramento y posesión por Acta de Juramento y Posesión de 28 de mismo mes y año (fs. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 241 y 241 a 245).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, estado de inocencia, juicio previo y prohibición de actos arbitrarios de poder; al trabajo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; y, reserva legal; toda vez que, aludiendo el cumplimiento del Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero, a través del Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, de manera arbitraria, el Consejo de la Magistratura dispuso agradecer sus servicios como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, debido a la designación y posesión de Jueces Agroambientales de carrera; sostuvo que habiendo interpuesto recurso de revocatoria, contra el Instructivo y el Memorando precitados, éste fue resuelto por la Resolución RDCM-SC 001/2022, emitida por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura Santa Cruz, afirmando que al haber sido su persona designada de forma provisional o transitoria en el cargo, no gozaba de estabilidad ni de inamovilidad laboral; Resolución que vulneró sus derechos fundamentales; por lo que, decidió presentar recurso jerárquico, el cual fue resuelto por los Consejeros de la Magistratura hoy accionados, mediante la Resolución RJ/SP 09/2022 de 5 de mayo, por el cual confirmaron totalmente la Resolución del recurso de revocatoria, cerrando la fase administrativa, concluyendo entre lo más relevante que por su categoría de provisionalidad o transitoriedad, no existió la lesión de sus derechos laborales legalmente adquiridos; desconociendo e incumpliendo lo establecido por la SCP 0704/2020-S1 de 9 de noviembre, que constituye el estándar más alto de protección sobre la estabilidad laboral para los jueces, sean o no transitorios o provisionales y que tiene carácter vinculante aplicable al caso concreto; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto, el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero y la Resolución RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, pronunciados por Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz; y, principalmente la Resolución RJ/SP/09/2022 de 5 de mayo, emitida por Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros de la Magistratura, disponiendo en consecuencia sea restituida inmediatamente a sus funciones jurisdiccionales como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, con todos sus derechos laborales y cargas sociales, ordenando a su vez la reparación integral del daño causado, incluyendo salarios devengados, costas, daños y perjuicios. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; por tal motivo, dentro del presente caso corresponderá analizar los siguientes temas: i) Sobre la aplicación del estándar más alto respecto a los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de los jueces a quienes llaman transitorios; ii) Sobre los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales de los jueces, como garantía del principio de independencia judicial; iii) Análisis sobre la normativa legal dispuesta a efectos de materializar la parte orgánica de la Norma Suprema; iv) La garantía de independencia judicial; v) Prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal; vi) Alcance del derecho de reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales: Estándar de protección más alto; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la aplicación del estándar más alto respecto a los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de los jueces llamados transitorios.

Sobre este tema en particular la SCP 0704/2020-S1 de 9 de noviembre, estableció lo siguiente: ”…debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos y garantías fundamentales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional; por consiguiente, cuando se trate de acciones de amparo constitucional en las que se denuncie una supuesta lesión a derecho laborales como la estabilidad e inamovilidad laboral de jueces, debe aplicarse el estándar jurisprudencial más alto, que es el entendimiento más favorable al acceso a la justicia constitucional, que fue desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, en las que se establece que el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y las garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho. A partir de lo señalado y efectuado el examen de la línea jurisprudencial en cuanto al tratamiento de los derechos laborales de los jueces transitorios, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0832/2015-S3; por cuanto, no limita la protección de sus derechos laborales ni desconoce los principios de directa aplicabilidad de la parte dogmática de la Norma Suprema e independencia judicial, sino -como se tiene señalado-determina otorgar la protección y tutela de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, pues no desconoce los derechos adquiridos en su condición de funcionarios de carrera, generando la posibilidad de revisar el Escalafón Judicial, que además fue dispuesto por la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, a efectos de resguardar su desempeño judicial y respetar los procesos meritocráticos a los que fueron sometidos de acuerdo a su carrera judicial, garantizando la continuidad de aquellos operadores de justicia que muestren idoneidad y capacidad en la función pública a fin de contar con una eficiente administración de justicia; además, por adoptar estándares internacionales de protección a sus derechos laborales, reiterando que únicamente pueden ser removidos de sus cargos, solo por faltas disciplinarias graves y acorde a procedimientos justos que aseguren objetividad e imparcialidad.

III.2. Sobre los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales de los jueces, como garantía del principio de independencia judicial

Por mandato del art. 109 de la CPE: “Todos los derechos reconocidos en la Norma Suprema son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; mandato que además coincide con en el principio de directa aplicabilidad de la parte dogmática de la Ley Fundamental; que de ninguna manera pueden ser desconocidos a momento de materializarse la parte orgánica de la misma, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. El art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones laborales son de cumplimiento obligatorio, sustentadas en los principios de continuidad, estabilidad laboral, no discriminación, de irrenunciabilidad -entre otros-, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; de igual forma, el art. 115 de la misma Norma Supremareconoce y protege el derecho al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Por su parte, el art. 178 de la misma Ley Fundamental, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, respeto a los derechos -entre otros-, constituyéndose en una garantía de la independencia judicial, el desempeño de los Jueces de acuerdo a una carrera judicial. Del análisis de ambas normativas constitucionales, se entiende que todo proceso de transición inter-orgánico al cual sea sometido el Órgano Judicial debe respetar: 1) Los derechos fundamentales de los jueces transitorios en el marco de lo dispuesto por el art. 48, 115 -entre otros-y 109 de la CPE; y, 2) El desempeño de los jueces de acuerdo a una carrera judicial que garantice la independencia judicial, por mandato del art. 178.II.1 de la misma Norma Suprema”. Posteriormente, la misma Corte IDH en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, sobre la garantía judicial a la previsibilidad de la sanción y protección judicial que deben gozar los jueces, señaló lo siguiente: “190. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial”.

191. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, de la independencia judicial derivan las siguientes garantías: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

192. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha establecido que i) el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces y las juezas en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana. 193. En los casos de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros), ambos contra Ecuador, esta Corte aclaró que la independencia judicial no solo debe analizarse en relación con el justiciable, dado que el juez debe contar con una serie de garantías que hagan posible la independencia judicial. En dichas oportunidades, la Corte precisó que la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. En tal sentido, la garantía institucional de la independencia judicial se relaciona directamente con un derecho del juez de permanecer en su cargo, como consecuencia de la garantía de inamovilidad en el cargo. (…)

200. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Corte establece que la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y juezas implica que: (i) su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato; (ii) los jueces y juezas solo puede ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia; (iii) todo proceso disciplinario de jueces o juezas deberá resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas en procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley […]” (las negrillas son nuestras). La misma Corte, en el Caso Cordero Bernal Vs. Perú, reiteró que de la independencia judicial se derivan las garantías: a) A la estabilidad e inamovilidad en el cargo; b) A un adecuado proceso de nombramiento; y, c) A ser protegidos contra presiones externas. Sobre la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo, la Corte considerada que implica, a su vez: c.1) Que la separación de los jueces de sus cargos debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque han cumplido el término de su mandato; c.2) Que los jueces solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia; y, c.3) Que todo proceso deberá resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución Política del Estado o la Ley.

III.3. Análisis sobre la normativa legal dispuesta a efectos de materializar la parte orgánica de la Norma Suprema

“El proceso de transición inter-orgánico, de ninguna manera tiene un carácter indefinido; razón por la cual, este Tribunal considera que no puede convalidar prácticas que generan inestabilidad laboral e inseguridad jurídica en los jueces bolivianos en su generalidad, pretendiendo realizar interpretaciones relacionadas con sus derechos fundamentales, focalizadas en el carácter transitorio de los mismos.

En ese contexto y con carácter previo a analizar la situación de los jueces en Bolivia, a efectos de brindar protección y tutela a sus derechos laborales, es preciso realizar las siguientes diferencias a las que fueron sometidos, por el supuesto carácter transitorio de su relación laboral.

III.3.1. Diferencias entre jueces transitorios del Poder Judicial, provisorios e incorporados a la nueva carrera judicial del Órgano Judicial
III.3.1.1. De los jueces transitorios

Conforme al art. 3.I de la Ley 003 modificado por la Ley 040, se declara la transitoriedad -entre otros- de los jueces que formaban parte del Poder Judicial hasta que sean elegidos y posesionadas las máximas autoridades del Órgano Judicial, disponiendo además aplicar la Disposición Transitoria Sexta de la CPE; la cual, establece un plazo máximo de un año después de que entre en vigencia la Ley del Órgano Judicial, y de acuerdo con ésta, procederse a la revisión del Escalafón Judicial.

De donde se tiene, que esta norma engloba a todos los jueces que formaron parte de la carrera judicial instaurada por el ex Poder Judicial, a través de procesos meritocráticos de formación para administrar justicia, donde se generó un Escalafón Judicial como un registro detallado de méritos y deméritos de los servidores judiciales; que sobre el particular, haciendo una interpretación progresiva de los derechos fundamentales con relación a la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, este Escalafón se encontraba sujeto a revisión, precisamente con el propósito de resguardar los principios de aplicación directa de la parte dogmática de la Norma Suprema e independencia judicial a favor de los jueces en transición, lo que no implica el desconocimiento de sus derechos fundamentales.”

III.4. La garantía de independencia judicial

Sobre este tema en particular, la 0823/2020-S1 de 8 de diciembre, citando a la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, se tiene lo siguiente:” El sistema judicial de un país es esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades. Los tribunales desempeñan una función fundamental para asegurar que las víctimas o potenciales víctimas de violación de derechos humanos sean protegidas, y que dispongan de un recurso efectivo y obtengan reparación, actuando como contrapeso esencial de los demás Órganos de poder estatal, que asegura que las leyes del Órgano Legislativo y los actos del Órgano Ejecutivo respeten los derechos humanos y el Estado constitucional de derecho. La Asamblea General de las Naciones Unidas enfatizó que el imperio del derecho y la adecuada administración de justicia cumplen un papel central en la promoción y protección de los derechos humanos, sobre la independencia judicial cabe apuntar que no está dirigida a otorgar beneficios o privilegios; halla su justificación en proteger a los individuos contra los abusos de poder y garantizar una recta administración de justicia.

El derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial queda consagrado en el art. 10 de la DUDH y en el art. 14 del PIDCP, así como en tratados y convenciones regionales como en el art. 8 de la CADH.

De acuerdo con el art. 8.1 de la CADH, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial, lo que nos remite a la impartición de justicia a través del juez natural, como un presupuesto del debido proceso ya que, en ausencia de aquel, no existe verdadero proceso, sino apariencia de tal; de esta manera, si una persona es juzgada o su litigio es resuelto por cualquier individuo u órgano que carezca de los citados atributos, el procedimiento que se sigue no merece la calificación de proceso y la resolución en la que culmina no constituye una auténtica sentencia.

La Corte IDH ha establecido que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Órgano Judicial, la cual ha entendido como esencial para el ejercicio de sus funciones; por ello, los justiciables tienen el derecho, derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes.

Desde la faceta institucional, en relación con el Órgano Judicial como sistema, el Estado debe evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos.

Desde la faceta individual, con relación a la persona del juez específico y teniendo en cuenta los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, el Tribunal ha resaltado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es, precisamente, la garantía de la independencia de los jueces respecto al proceso de su nombramiento, su inamovilidad en el cargo y su protección contra presiones externas (las negrillas nos corresponden).

En cuanto a su protección contra presiones externas, los referidos Principios Básicos 2 y 4 disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquier sector o por cualquier motivo. De esta forma, el Estado debe abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Órgano Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico, y debe prevenir dichas injerencias e investigar y sancionar a quienes las comentan (énfasis añadido).

El Tribunal Constitucional desde su creación en su labor de interpretación de la Constitución Política del Estado abrogada, ha manifestado que la independencia judicial, comprende que los jueces están sujetos solamente a la Ley, así lo expresó en la SC 1190/2001-R de 12 de noviembre, más tarde en la SC 1077/2006-R de 30 de octubre, con relación a la independencia judicial de los jueces de garantías señaló que: ´…el juez o tribunal de hábeas corpus debe gozar de absoluta autonomía e independencia judicial en las causas sometidas a su conocimiento, a cuyo efecto tiene la amplia garantía de resolver la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o Poderes del Estado y que por lo mismo, una actuación que tienda a invadir esa independencia judicial resulta arbitraria e ilegal…‴.

En ese marco el Tribunal Constitucional a la luz de los paradigmas de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, con relación a la independencia judicial en la SC 0124/2010-R de 10 de mayo, precisó: “…como garantías de la independencia judicial el propio desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales (art. 178.II CPE); para asegurar esa independencia, el Órgano Judicial, debe actuar a través de sus jueces, de una forma eficaz, eficiente, y correcta, cuyo desempeño, se refleja en la propia sociedad boliviana, o por decirlo en otras palabras, sea moralmente recto y por tanto, concordante con la realidad del verdadero titular del poder”(las negrillas fueron incorporadas).

Más tarde la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, puntualizó que: “…el principio de independencia judicial previsto por las normas del art. 178.I de la CPE, supone, entre otros aspectos, la libre apreciación y resolución del caso concreto por parte de cada juez, sin estar reatado más que a su conciencia y a los elementos aportados por las partes, emitiendo en base a los mismos su decisión, misma que se constituye en inimputable desde la perspectiva de la responsabilidad del juzgador, dicho de otro modo, ningún juez puede ser sujeto a proceso disciplinario, penal, civil ni de ninguna otra índole, por las expresiones contenidas en sus resoluciones, interpretaciones de la ley o por sus fallos, pues amenazarlos, cuestionarlos o procesarlos mediante la vía disciplinaria o penal, es someter a la actividad jurisdiccional a una inaceptable presión externa lesiva de la independencia judicial”. Complementando ese razonamiento la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, expuso que: “…se puede concluir que, conforme prevé el art. 178.I constitucional, es preciso que el Órgano Judicial, a través de todas las jurisdicciones que lo componen, opere en su conjunto, dentro del marco de la independencia judicial y autonomía decisoria, amparado de toda incidencia externa, distinta a los límites que el ordenamiento jurídico impone; por cuanto lo contrario, implicaría que los jueces deban adoptar decisiones a partir de parámetros diferentes a la aplicación del orden jurídico y el análisis imparcial de los hechos, trastrocando la delicada labor de impartir justicia a parte de la subordinación del juzgador a factores externos y ajenos a sus específicas funciones y atribuciones…”. Finalmente, la SCP 0049/2019 de 12 de septiembre, a través de la SCP 0866/2018-S4 de 20 de diciembre, estableció que: “…el principio de independencia judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE, el cual se constituye en una de las expresiones de la separación de órganos, cuyo ejercicio del poder público implica que deben ejercer sus funciones de manera autónoma y dentro de los márgenes que establece la Constitución Política del Estado”. Este Tribunal desde su creación ha manifestado que el principio de independencia judicial implica la libre apreciación y resolución del caso concreto por parte de cada juez, sin estar reatado más que a su conciencia y a los elementos aportados por las partes; así lo entendió este Tribunal en la SCP 0137/2013 de 5 de febrero, señalando que: “Asimismo, debe precisar que la independencia de las autoridades jurisdiccionales asegura la libertad judicial, para que su actuar se encuentre exento de cualquier presión o poder externo o interno.

Ahora bien, tanto la imparcialidad como la independencia judicial, al margen de configurarse como directrices principistas, se caracterizan por ser verdaderas garantías constitucionales para las autoridades jurisdiccionales, asegurando así una administración plural de justicia enmarcada en los principios de probidad y honestidad, pilares esenciales para el Estado Constitucional de Derecho, rasgo esencial asumido por el Estado Plurinacional de Bolivia.

En el orden de ideas expuesto, las directrices principistas referidas que tal como se dijo, se configuran también como verdaderas garantías constitucionales para las autoridades jurisdiccionales, generan también para éstas la responsabilidad por el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual, de acuerdo a los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe ser establecida en el marco del respeto a las reglas del debido proceso.”

Conforme a todo lo desarrollado, las garantías judiciales reforzadas dispuestas por el art. 8 de la Convención americana sobre Derechos humanos (CADH), especialmente la de independencia judicial, se encuentra constitucionalmente consagrada como derecho y principio en los arts. 120.I y 178.I de la CPE, gozando de preeminencia en el ordenamiento jurídico de acuerdo al art. 410.II de la misma Ley Fundamental.

III.5. Prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal

En cuanto a la prevalencia del derecho material, dentro de la SCP 1617/2013 de 4 de octubre, se estableció lo siguiente: “…principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, el principio pro-actione y la justicia material, que derivan de las características de los derechos fundamentales y de los criterios constitucionalizados de interpretación y se conectan con los principios de celeridad y no formalismo. Así, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, sostuvo que: ‘Esta jurisdicción constitucional, en su función específica de proteger los derechos fundamentales de las personas, se encuentra impregnada de los principios informadores de la teoría de los derechos fundamentales, lo que implica, entre otros, aplicar los principios de prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades, así como los de indubio pro homine, favorabilidad y pro actione; en virtud de los cuales, en casos de dudas respecto a la aplicación de una norma restrictiva de la acción tutelar, no se la debe obviar, dando preeminencia en todos los casos, al derecho sustantivo, es decir, a la acción y a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas’.

El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, conforme lo entendió la SC 0897/2011 de 6 de junio,’…se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material. Así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de «verdad material», debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, también a la justicia constitucional. De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos (las negrillas fueron añadidas).

En este sentido, debe considerarse que la Constitución Política del Estado, en el art. 9 inc. 4), establece como fines y funciones esenciales del Estado, ‘Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución’. En coherencia con dicha norma, el art. 13.I de la CPE, establece que el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar los derechos.

(…)

Este principio, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener:

“…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

Con relación al principio de justicia material, la SC 0548/2007-R de 3 de julio, reiterada por la SCP 2029/2010-R de 9 de noviembre, sostuvo que es: “…una vivificación del valor superior ‘justicia’ la obligación, en la tarea de administrar justicia, de procurar la realización de la ‘justicia material’, como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia…". (las negrillas son nuestras)

III.6. Alcance del derecho de reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales: Estándar de protección más alto

El derecho a la reparación, en el caso boliviano, está constitucionalmente reconocido en el art. 113.I de la CPE, establece las medidas tendientes a mitigar los daños ocasionados por la vulneración de derechos cuando señala que: “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”.

En tal sentido, el texto constitucional establece que como consecuencia de la vulneración de derechos, deriva uno nuevo que le corresponde a la víctima, el derecho a la reparación. En conexitud con este precepto legal, el art. 39.I del CPCo, establece que: “La resolución que conceda la acción, podrá determinar también, la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto el Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia”.

Conforme a lo anotado, de la vulneración de los derechos, se concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna, por lo que, de concederse la tutela solicitada, podrían emergerse responsabilidades, siendo indispensable identificar contra quienes recaería tal situación.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional, mediante el AC 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, relacionado con la calificación de daños y perjuicios, establece que el contenido del derecho a la reparación debe circunscribirse a lo siguiente: “…1) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra, 2) los gastos que la recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado…”. De lo que se extrae que la concepción de este derecho desde el desarrollo jurisprudencial, resultaría ser netamente patrimonialista. Al respecto, el AC 0004/2014-CDP de 1 de septiembre, señala: “…descartando así otros aspectos al margen, cuyo reclamo en su caso, corresponderá a otras vías legales, no pudiendo desnaturalizarse la esencia de la justicia constitucional…”. La concepción del nuevo modelo de Estado desde la promulgación de la Constitución Política del Estado el 2009, el derecho a la reparación, visto a través del principio/valor suma qamaña -vivir bien-, debe propender a mitigar no solo los daños patrimoniales, sino y principalmente los daños extrapatrimoniales. En ese sentido, si analizamos referencialmente los demás valores insertos en el texto constitucional, veremos que los mismos, al igual que el suma qamaña, guían a la aplicación de una reparación integral -tanto patrimonial como extrapatrimonial-; es decir, son fundamentos filosóficos de la misma: ñandereko -vida armoniosa-, teko kavi -vida buena-, ivi maraei -tierra sin mal- y qhapaj ñan -camino o vida noble-, advirtiéndose una protección integral del ser humano y de la vida en general -naturaleza-, teniéndolos a ambos como el epicentro de todo el sistema.

Asimismo, otro valor propio de nuestro sistema jurídico, es la dignidad, reconocida en los arts. 8 y 22 de la CPE, sobre el cual la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.2, establece que: “…el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de `humano´, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”.

Consiguientemente, desde los principios y valores de nuestra Norma Suprema, la reparación debe tener un contenido integral que alcance a mitigar los daños patrimoniales, pero principalmente extrapatrimoniales.

En ese marco, es necesario revisar la jurisprudencia desarrollada por la Corte IDH, que ha sido fundamental en el tema de las medidas de reparación integral; así, a partir del art. 63.1 de la CADH ha logrado garantizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos de una manera eficaz.

La Corte IDH a partir del primer caso contencioso que conoció, cual es el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, cuya Sentencia de 21 de julio de 1989, sobre Reparaciones y Costas, en el párrafo 26, establece que:

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.

A partir de lo anterior, la Corte IDH fue delineando una línea jurisprudencial en la que desarrolló medidas de reparación con carácter integral y no únicamente patrimonial; Así, podemos citar que estas medidas incluyen la restitución, indemnizaciones económicas por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Las medidas de reparación anotadas deben ser aplicadas por todos los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco del control de convencionalidad, lo que significa que la reparación prevista en el art. 113.I de la CPE, que fue referida precedentemente, debe ser comprendida dentro de los parámetros establecidos por la Corte IDH que, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014 de 4 de noviembre y a los principios de favorabilidad y progresividad -arts. 13 y 256 de la CPE- contiene el estándar más alto de protección al derecho de reparación; en ese sentido, debe acogerse lo desarrollado por la Corte IDH, que señala que la reparación integral implica: 1) La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos; 2) La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano; 3) La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación, señala que: “…es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente Sentencia…”; por ende, las medidas de reparación serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos; 4) La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: “Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas”. En resumen, estas medidas corresponden principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; y, 5) La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos. Así por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos.

III.7. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, estado de inocencia, juicio previo y prohibición de actos arbitrarios de poder; al trabajo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; y, reserva legal; toda vez que, aludiendo el cumplimiento del Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero, a través de Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, de manera arbitraria se dispuso agradecer sus servicios como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, debido a la designación y posesión de Jueces Agroambientales de carrera; sostuvo que, habiendo interpuesto recurso de revocatoria contra el Instructivo y Memorando precitados, este fue resuelto por la Resolución RDCM-SC 001/2022, emitida por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, afirmando que al haber sido designada de forma provisional o transitoria no gozaba de estabilidad ni de inamovilidad laboral; Resolución contra la que formuló recurso jerárquico, el cual fue resuelto por los Consejeros de la Magistratura accionados a través de la Resolución RJ/SP 09/2022 de 5 de mayo, por la que se confirmó totalmente la Resolución del recurso de revocatoria, cerrando la fase administrativa, concluyendo entre lo más relevante que por su categoría de provisionalidad o transitoriedad, no existió la lesión de sus derechos laborales legalmente adquiridos, desconociendo e incumpliendo lo establecido por la SCP 0704/2020-S1 de 9 de noviembre, que constituye el estándar más alto de protección sobre ese ámbito y tiene carácter vinculante aplicable al caso concreto.

De la revisión de antecedentes, se tiene que la impetrante de tutela fue designada como JUEZ AGROAMBIENTAL DE LA CAPITAL II DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ, el 13 de febrero de 2013 (Conclusión II.1); posteriormente, mediante Memorando 147/2015 de 7 de enero, en mérito de la aprobación de la nueva estructura del Órgano Judicial para la gestión 2015, mediante Resolución Ministerial 1284 de 30 de diciembre de 2014, el entonces Presidente del Tribunal Agroambiental, la reasignó como Jueza Agroambiental de Santa Cruz II con el ítem 4517 (Conclusión II.2).

El 27 de enero, por Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022, dando cumplimiento al Instructivo CM-DNRH 001/2022 que mediante Acuerdo 07/2022 del Consejo de la Magistratura y aprobado el Reglamento de Carrera Judicial y por el Acuerdo 173/2021, aprobado el Manual de Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial Modalidad Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia, la encargada de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, comunicó a la peticionante de tutela, que se dispuso su agradecimiento de funciones, instruyendo que presente un informe final de actividades a la presidencia del Tribunal Agroambiental (Conclusión II.3); ante esa determinación, a través de memorial presentado el 31 de enero de 2022, interpuso recurso de revocatoria contra el Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero y el Memorando emergente CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero (Conclusión II.4); mediante Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, resolvió confirmar en todo el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, que dispuso el agradecimiento de funciones de Rosa Barriga Vallejos en el cargo de Jueza Agroambiental II de Santa Cruz de la Sierra, emitido por disposición de Sala Plena del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.5).

Por memorial presentado el 1 de abril de 2022, la solicitante de tutela planteó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, por el cual solicitó se deje sin efecto el Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero; el Memorando emergente CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero; y, la Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, que confirmó los dos anteriores actos administrativos, disponiendo la continuación de su función jurisdiccional en el Juzgado Agroambiental de Santa Cruz de la Sierra (Conclusión II.6).

A través de la Resolución RJ/SP 09/2022 de 5 de mayo, Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros de la Magistratura -autoridades accionadas- resolvieron confirmar totalmente la Resolución Administrativa RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, emitida por la Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz (Conclusión II.7).

III.7.1. Sobre el presunto incumplimiento del principio de la subsidiariedad y la existencia de actos consentidos y la prevalencia del derecho sustancial

Dentro del presente caso, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca denegó la tutela impetrada, arguyendo que la demandante de tutela, en cuanto tuvo conocimiento de la referida Convocatoria Pública Nacional, donde existía la amenaza inminente que podía ser cesada de sus funciones; es decir, que este se constituye en realidad en el acto vulnerador de sus derechos y garantías, ésta pudo interponer contra la misma los recursos de impugnación que la Ley le franquea; empero, la misma dejó transcurrir todo el proceso de selección en todas sus etapas; en tal sentido el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022, se constituye en un acto operativo que da cumplimiento a todo el proceso de selección de la Convocatoria Pública Nacional 27/2021, y no así en el acto que vulneró sus derechos. Por tal motivo se concluyó que tal conducta omisiva de la impetrante de tutela puede ser considerada un consentimiento y al ser esta una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela, jurisprudencia aplicable al caso concreto; puesto que, dejó pasar y no observó la referida convocatoria pública nacional al cargo que venía ocupando. Sobre este tema en particular, de la revisión de antecedentes, resulta necesario el advertir que la solicitante de tutela, interpuso recurso de revocatoria contra el Instructivo CM-DNHR-001/2022 de 24 de enero y el Memorando emergente CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, acto que revela que en ningún momento ha consentido los actos que vulneraron sus derechos fundamentales. Otro aspecto a considerar es que dentro de los recursos de revocatoria y jerárquico presentados, solicitó la aplicación del control de convencionalidad, señalando claramente que los estándares establecidos por la Corte IDH instituyeron que la provisionalidad no equivale a la libre remoción, dentro de este apartado, sobre este punto en particular, se tiene que la SCP 0704/2020-S1 determinó que el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0832/2015-S3; por cuanto, no limita la protección de sus derechos laborales ni desconoce los principios de directa aplicabilidad de la parte dogmática de la Norma Suprema e independencia judicial, sino -como se tiene señalado- determina otorgar la protección y tutela de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral, pues no desconoce los derechos adquiridos en su condición de funcionarios de carrera, generando la posibilidad de revisar el Escalafón Judicial, que además fue dispuesto por la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, a efectos de resguardar su desempeño judicial y respetar los procesos meritocráticos a los que fueron sometidos de acuerdo a su carrera judicial, garantizando la continuidad de aquellos operadores de justicia que muestren idoneidad y capacidad en la función pública a fin de contar con una eficiente administración de justicia; además, por adoptar estándares internacionales de protección a sus derechos laborales, reiterando que únicamente pueden ser removidos de sus cargos, por faltas disciplinarias graves y acorde a procedimientos justos que aseguren objetividad e imparcialidad. En ese entendido, se tiene que la denuncia específica de la impetrante de tutela es que en ningún momento fue sometida a evaluación de su desempeño como Juez Agroambiental, antes de proceder al lanzamiento de la mencionada convocatoria y posterior desvinculación de su cargo, extremo que fue reconocido por las autoridades accionadas, que ante la cita del estándar más alto de protección, se remitieron simplemente a afirmar que la referida SCP 0704/2020-S1, solo tendría efecto inter partes, según lo estableció el Auto Constitucional 0028/2022 ECA de 13 de julio, cuya problemática está vinculada a una Jueza que fue destituida siendo egresada del Instituto de la Judicatura, lo que no acontece en el presente caso.

Lo afirmado por las autoridades accionadas implica en el fondo un serio desconocimiento respecto al carácter vinculante y obligatorio de las sentencias constitucionales; puesto que, claramente en esa resolución constitucional se estableció la protección de los derechos a la estabilidad laboral de los jueces, de manera general, independientemente de su forma de designación, sean estos transitorios o no y es que antes de proceder a su remoción, ésta solamente puede ser ejecutada por la comisión de faltas disciplinarias graves (previo un debido proceso) o por la evaluación de su desempeño y capacidad en la función pública, desconocimiento que se dio dentro del presente caso, por lo que se constata la vulneración material de los derechos de la peticionante de tutela a un debido proceso y a la estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Ante la comprobación del incumplimiento del estándar más alto de protección, respecto a la estabilidad laboral de los jueces y al debido proceso, por parte de las autoridades accionadas establecido por la SCP 0704/2020-S1, resulta claro que debe darse prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, correspondiendo aplicar la jurisprudencia citada en el FJ. III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con el objeto de materializar el principio pro actione y la justicia material, dejando de lado criterios formalistas como el de la subsidiariedad, correspondiendo analizar el fondo de lo impetrado.

III.7.2. Sobre el incumplimiento del estándar más alto de protección de los derechos fundamentales de los jueces

De la revisión de los antecedentes dentro del presente caso, resulta claro que el Consejo de la Magistratura, procedió a lanzar la convocatoria mediante Sala Plena hasta la remisión de listas aprobadas al Tribunal Supremo de Justicia, publicándose además el manual del Subsistema de Ingreso a la Carrera Judicial, Modalidad de Concurso de Méritos y Exámenes de Competencia el 16 de septiembre de 2021, llevando a cabo los actos sin haber sometido a la accionante a un proceso previo que cumpla con sus garantías constitucionales o procesos de evaluación en el ejercicio de su cargo, a efectos de formar parte de la carrera judicial, el art. 14 del Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en la VI Cumbre de Iberoamérica de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Canarias, España del 23 a 25 de mayo de 2001, establece respecto a la inamovilidad de las juezas y los jueces, el principio de inamovilidad lo siguiente: “los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos que la Constitución establezca” y justamente nuestra Norma Suprema en su art.

233, consagra con su espíritu constitucional para el Órgano Judicial el imperativo “…los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa…”, en el caso en análisis conforme a las (Conclusiónes II.1 y 2) de este fallo, la peticionante de tutela Rosa Barriga Vallejos postuló al cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz, convocada por Convocatoria Pública 05/2012 del Consejo de la Magistratura, su sobre de postulación fue recepcionada por el Consejo de la Magistratura el 13 de diciembre de 2012, a las pocas semanas de esa postulación fue posesionada y designada en ese cargo con título suscrito en su favor por la Presidenta del Consejo de la Magistratura el 13 de febrero de 2013 y la emisión del Memorando al efecto el 7 de marzo de 2013; es decir, todos estos actos se generaron mínimo a los dos meses de postular al cargo señalado, tiempo razonable a la presentación de su sobre, así como la existencia de esa documental que obra en su favor que dan certeza que la impetrante de tutela participó de la Convocatoria Pública 5/2012, para el cargo de Juez Agroambiental y ganó el concurso, por lo cual fue designada y posesionada en el cargo por el Consejo de la Magistratura, luego conforme a la (Conclusión II.2), por la nueva estructura del Órgano Judicial fue reasignado su cargo al cargo de Juez Agroambiental II de Santa Cruz; consecuentemente, la peticionante de tutela es Juez de carrera por el espíritu constitucional del art. 233 de la CPE, aplicado al Órgano Judicial concordante con el art. 109.I de la CPE “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables…” y el art. 14 del Estatuto Iberoamericano del Juez y normas conexas nacionales e internacionales con inamovilidad y doble reforzamiento en su cargo por la garantía de independencia judicial; por su parte, el Consejo de la Magistratura no demostró que la solicitante de tutela es Jueza provisoria como determina el art. 6.II. de la Ley 212, ni transitoria; es más, afirmó conforme a la (Conclusión II.8) de este fallo que no cuentan con documentación o informe si la impetrante de tutela fue designada por convocatoria o egresada del instituto de la Judicatura, que no figura en ninguno de los cursos de formación inicial de la Escuela de Jueces del Estado, que no cursa antecedente ni registro respecto a la convocatoria pública nacional para el cargo de Juez Agroambiental de la Capital de Santa Cruz, en la que se hubiese postulado y se haya designado a la solicitante de tutela, menos informes del cargo antes de la nueva estructura del Órgano Judicial señalada en la (Conclusión II.2.); informaron además, que no cursa antecedentes ni registro respecto a la convocatoria o Acuerdo de Sala Plena de designación referente a la peticionante de tutela el 13 de febrero de 2013; empero, existe la documental de título, acta, memorando señalados y sobre de postulación, como actos que llevan al ingreso de la solicitante de tutela por convocatoria pública, opera en consecuencia en su favor la presunción de veracidad conforme a la SCP 0624/2024-S4 de 17 de septiembre, que razonó: ”a la luz del principio de presunción de veracidad, entendido como la obligación de la parte demandada, en su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, permite presumir la veracidad de los hechos o actos denunciados por el accionante”, el informar por parte del Consejo de la Magistratura que no tienen antecedentes en archivos de la entidad, no tiene peso frente a los actos documentados en favor de la peticionante de tutela, se evidencia también los actos arbitrarios de autoridades del Consejo de la Magistratura que conforme a la (Conclusión II.9) ilegalmente convocaron públicamente al cargo de la solicitante de tutela y por Acuerdo 07/2022 de 13 de enero, designaron arbitrariamente como Juez de carrera judicial, en el cargo de carrera judicial de la solicitante de tutela al ciudadano Osmar Poldar Fernández Velasco como Juez Agroambiental de Santa Cruz, efectuando actos ilegales de título, memorando, acta y posesión sin validez alguna, constituyéndose el nombrado ciudadano en víctima de los arbitrios de las autoridades del Consejo de la Magistratura que arbitrariamente convocaron al cargo de la impetrante de tutela en lesión a su garantía de inamovilidad laboral en el cargo de Jueza Agroambiental de Santa Cruz, incumpliendo así obligaciones internacionales del Estado Boliviano, de estabilidad laboral de la solicitante de tutela jueza vulnerada en su garantía de independencia judicial con inamovilidad agradecida de funciones por Memorando de 27 de enero de 2022, sin un debido proceso en el marco de la Ley 025. Resulta imperioso sentar, que la jurisprudencia constitucional, establece un elemento esencial del debido proceso, en los casos de los Jueces Transitorios, que se realice, previamente a su desvinculación y de manera periódica, procesos de evaluación, mismos que de no realizarse y proceder de manera directa a lanzar convocatorias públicas, sin que estos puedan además participar en igualdad de condiciones, implica la vulneración directa del debido proceso, siendo estos los supuestos facticos que se acomodan a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos los casos en los que se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, afectando la estabilidad laboral de los jueces a quienes tildan de transitorios, más aun cuando los actos denunciados se aplicaron de manera discriminatoria a la solicitante de tutela, específicamente por el hecho que las autoridades demandadas justifican tales actos en mérito que para la opinión de ellos, la accionante es una Jueza Transitoria, con lo cual arbitraria y reiteradamente los accionados, pasan a afirmar que los jueces transitorios y provisorios no están en igualdad de condiciones que los jueces de carrera y que estos pueden ser removidos de sus cargos en cualquier momento, sin sustento jurídico alguno. En ese sentido, el debate sobre el carácter provisional, transitorio o que sea de carrera de la demandante de tutela, alegado por las autoridades accionadas como un justificativo para proceder a la desvinculación de la misma resulta ser arbitraria; puesto que, la jurisprudencia desarrollada por la SCP 0704/2020-S1, acoge los estándares más altos de protección para todos los jueces, independientemente de su forma de designación, protege la estabilidad laboral de los jueces como su derecho al debido proceso garantizando la continuidad de aquellos operadores de justicia que muestren idoneidad y capacidad en la función pública a fin de contar con una eficiente administración de justicia, con preminencia del espíritu constitucional del art. 233 de la CPE, para el órgano judicial que es imperativo en el Estado la condición de jueza de carrera de la solicitante de tutela protegida y garantizada por imperio constitucional. Por último, no puede dejarse de lado lo referido en el FJ. III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la independencia judicial, que aplicando los estándares internacionales determinó que, los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Órgano Judicial, la cual ha entendido como esencial para el ejercicio de sus funciones; por ello, los justiciables tienen el derecho, derivado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten ser independientes. Por todo lo previamente fundamentado, se llega a la conclusión de que se pudo constatar dentro del presente caso la vulneración de los siguientes derechos fundamentales: Derecho al debido proceso, en mérito a que las autoridades demandadas, sin haber sometido a un proceso previo a la impetrante de tutela se procedió a emitir el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero; por el que, en cumplimiento del Instructivo CM-DNRH-001/2022 de 24 de enero, se dispuso agradecer sus servicios, de manera arbitraria; contraviniendo la jurisprudencia citada en los FJ III.1 (aplicación del estándar más alto respecto de los derechos a la estabilidad laboral de los jueces llamados transitorios); III.2 (estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos fundamentales de los jueces, como garantía del principio de independencia judicial); resulta claro además que los actos demandados, al no actuar conforme lo mandan los más altos estándares de protección respecto a la estabilidad laboral de las y los jueces, al emitir de modo directo y sin proceso previo el memorándum de agradecimiento de servicios sin un proceso previo, aparte de vulnerar el derecho al debido proceso, también vulneró su derecho a la defensa. Es necesario advertir que los actos denunciados, al disponer el agradecimiento de servicios de la accionante, sin tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional y los altos estándares de protección para la estabilidad laboral de los jueces, las autoridades demandadas, bajo los mismos argumentos de la transitoriedad de los jueces que fueron utilizados de manera reiterada en otros casos con supuestos fácticos similares, inaplicaron los principios de protección y favorabilidad citados en los FJ III.1; III.2 de la presente sentencia constitucional. En cuanto a la presunta vulneración del principio de la presunción a la inocencia, se tiene que la decisión tomada en su caso por las autoridades demandadas obedeció simplemente al supuesto carácter transitorio de la accionante en su cargo de Juez; motivo por el cual, no se advierte la vulneración de dicho principio dentro del presente caso. Derecho al trabajo y a una fuente de trabajo estable, mismos que por los actos previamente detallados, atentaron de manera directa contra la estabilidad laboral de los jueces, entendimiento que se citó también dentro del FJ III.1 de la presente sentencia constitucional, al determinarse el agradecimiento de servicios de la impetrante de tutela, vulnerando la jurisprudencia aplicable de protección de sus derechos a la estabilidad laboral e independencia judicial. Derechos políticos, se advierte que la jurisprudencia constitucional, por medio de la SCP 0347/2015-S1 de 13 de abril, reiterando los argumentos expresados en la SC 0980/2010-R de 17 de agosto, señaló que: «…no se puede restringir el derecho a ejercer materialmente dicho cargo, debiendo garantizarse por el contrario, la posibilidad de hacer cumplir las labores para las cuales fueron elegidas o elegidos en condiciones dignas y justas; por tanto, al impedir el desempeño de cargos electos, se vulnera el derecho a ejercer la función pública y en consecuencia se restringe los derechos políticos.; bajo tales argumentos, los actos cometidos por las autoridades demandadas claramente vulneraron este derecho de la accionante, correspondiendo su tutela provisional.

En cuanto a la garantía constitucional de no discriminación, dentro del análisis del caso se concluyó que los actos denunciados se aplicaron de manera discriminatoria a la solicitante de tutela, específicamente por el hecho que las autoridades demandadas justifican tales actos en mérito a que para ellos la accionante es una Jueza Transitoria, siendo este un criterio arbitrario y reiterado de los accionados en más de una ocasión, para afirmar que los jueces transitorios y provisorios no están en igualdad de condiciones que los jueces de carrera y que estos pueden ser removidos de sus cargos en cualquier momento; por ello, se concluye que dentro del presente caso existieron actos discriminatorios ejercidos en contra de la ahora accionante. En cuanto a la presunta vulneración del principio de reserva legal, no se advierte argumentos jurídicos relevantes que permitan concluir como y de qué manera se hubiera vulnerado tal principio, correspondiendo la denegatoria sobre este punto en particular.

III.7.3. Respecto a la solicitud de pago de daños y perjuicios y costas

Al constatarse la vulneración de los derechos a la estabilidad laboral, debido proceso, entre otros, de la impetrante de tutela, a través de la emisión del Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, en la que de manera arbitraria, los miembros del pleno del Consejo de la Magistratura dispusieron el agradecer los servicios de la peticionante de tutela como Jueza Agroambiental del Distrito Judicial de Santa Cruz, incumpliendo lo determinado por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los altos estándares establecidos por la CIDH para la protección de los jueces, en el ejercicio de sus funciones, con el argumento reiterado que los jueces transitorios y provisorios no tienen los mismos derechos que los jueces de carrera, para justificar los actos de desvinculación de sus cargos jurisdiccionales; por lo que ante tales circunstancias, en aplicación de la jurisprudencia citada en el FJ III.6 de la presente Sentencia, corresponde conceder el pago de daños y perjuicios solicitado por la solicitante de tutela, conforme a lo determinado por el art. 113.I de la CPE y el art. 39.I del CPCo; lo que implica a su vez el pago de los sueldos devengados desde el momento que fue apartada de su cargo hasta la fecha de reincorporación de la accionante a su cargo, con todos los derechos sociales que ello involucra. Bajo el mismo razonamiento, corresponde también determinar el pago de costas procesales, todos estos averiguables en el proceso de ejecución de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 148/2022-SCII de 17 de noviembre, cursante de fs. 261 a 265, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia: CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos del debido proceso, el derecho a la defensa, juicio previo, a una fuente laboral estable en condiciones satisfactorias y derechos políticos; las garantías de prohibición de discriminación, de protección y favorabilidad; en los términos del presente fallo constitucional; DENEGAR la tutela respecto de los principios de estado de inocencia y de reserva legal; correspondiendo en consecuencia disponer lo siguiente: 1° Dejar sin efecto, el Memorando CM-RRHH-SCZ 006/2022 de 27 de enero, la Resolución RDCM-SC 001/2022 de 25 de marzo, pronunciados por Laura Céspedes Sánchez, Encargada Distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz; y, la Resolución RJ/SP/09/2022 de 5 de mayo, emitida por Marvin Arsenio Molina Casanova, Omar Michel Durán y Mirtha Gaby Meneses Gómez, Consejeros del Consejo de la Magistratura y todo lo actuado, que en su mérito hubiese sido realizado; así también, se deja sin efecto parcialmente la Convocatoria Pública Nacional 27/2021, el Acuerdo 07/2022 de 13 de enero y la designación como Juez de carrera, todo respecto al cargo de Juez Agroambiental de Santa Cruz de Osmar Poldar Fernández Velasco; se deja sin efecto el Título de 13 de enero de 2012, el Memorando CM-DIR.NAL.RR.HH.-JA-027/2022 de 17 de enero, el Acto de Juramento y Posesión de 28 de enero de 2022 del nombrado en el cargo señalado de la impetrante de tutela y todo actuado que se hubiese realizado que afecte a la misma.

2° Disponer que de forma inmediata las autoridades del Consejo de la Magistratura restituyan a Rosa Barriga Vallejos, a sus funciones jurisdiccionales en el cargo de Jueza Agroambiental del distrito Judicial de Santa Cruz, que deben efectivizar las autoridades del Consejo de la Magistratura, con todos los derechos laborales, cargas sociales y salarios devengados hasta la restitución efectiva de sus funciones, no pudiendo ser restituida en otro cargo similar por constituirse en Jueza natural del mencionado Juzgado. 3° Se dispone que por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, dentro del plazo de tres meses de la notificación con el presente fallo, viabilice la realización de una Auditoria Jurídica de la Convocatoria Pública Nacional 05/2012, del cargo de Juez Agroambiental de la capital II del distrito judicial de Santa Cruz luego llamado Juez Agroambiental de Santa Cruz, bajo responsabilidad, debiendo remitir a esta Sala Constitucional el resultado de la auditoria, advirtiendo que de existir un nombramiento ilegal a favor de la -hoy tutelada-, no tendrá efecto la tutela y debe proseguirse con las acciones legales. 4° Por el Consejo de la Magistratura, inicie las acciones de Ley de repetición contra todo implicado que corresponda, en el plazo máximo de tres meses, desde la notificación con el presente fallo, en relación a la segunda disposición del presente fallo constitucional. 5° Notifíquese el presente fallo al Fiscal General del Estado, de forma personal y/o por cédula, para las acciones de responsabilidad penal contra todos los involucrados del Consejo de la Magistratura por las acciones y omisiones a la garantía de independencia judicial de Rosa Barriga Vallejos con inamovilidad laboral en el cargo de Jueza Agroambiental de Santa Cruz; así también, Rosa Barriga Vallejos constitúyase en víctima en el proceso penal que se inicie contra los responsables del Consejo de la Magistratura y otros, en defensa de la garantía de independencia judicial y se instaure el proceso penal correspondiente. 6º Notifíquese al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, para que en cumplimiento de la presente Sentencia, proceda a la defensa de la garantía de la independencia judicial a favor de la ahora accionante (Rosa Barriga Vallejos), en relación al punto 5º del por tanto de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 7º Conceder el pago solicitado por la accionante de los daños y perjuicios y costas procesales a calcularse por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental en ejecución de sentencia, en el marco establecido dentro de la jurisprudencia citada dentro del FJ III.6 (SCP 0113/2012 de 27 de abril). Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Isidora Jiménez Castro Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADA MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.1, indica: “Esta forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación

de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

2 Establece: “Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. 3Determina: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. 4Dispone que: “I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. II. Constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial 2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales” (las negrillas son añadidas). 5A través de la Sentencia de 5 de octubre de 2015 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

6 A través de la Sentencia de 16 de febrero de 2021 sobre Excepción Preliminar y Fondo. Párrafo 72.

7 Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004 de la Corte IDH, párrafo 171; Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011 de la Corte IDH, párrafo 97; y, Caso López Lone y otros vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015 de la Corte IDH, párrafo 190. 8Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009 de la Corte IDH, párrafo 114; y, Caso López Lone y otros vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015 de la Corte IDH, párrafo 218. 9Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008 de la Corte IDH, párrafo 55; y, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012 de la Corte IDH, párrafo 186. 10Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

11 Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011 de la Corte IDH, párrafo 100. 12Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009 de la Corte IDH, párrafo 146; y, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012 de la Corte IDH, párrafo 186.

13 El art. 63.1, señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

14 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 sobre Reparaciones y Costas. Serie C No. 7, párr. 26. 15Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 sobre Reparaciones y Costas. Serie C No. 7, párr. 26. 16Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 287, párr. 567. 17Carlos Martín Beristain, Diálogos sobre la Reparación, Qué Reparar en los Casos de Violaciones de Derechos Humanos, pág. 175.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0934_2024-S3.pdf · páginas 1 a 39.

Huella digital del PDF (SHA-256): 754de96ad3612a8e823f1dbd9738a1e13eaea222f61f3107d9b0b0848a14aaaa

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