B.IA.LEGAL

SCP 0934/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
38526-2021-78-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado en recurso de apelación incidental emitió el Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, declarando improcedente el citado recurso, así como también confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, que determinó su detención preventiva, sin la debida fundamentación y motivación ya que se dispuso dicha medida extrema sin cumplirse con los presupuestos establecidos por el art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, ya que no se señaló el tiempo de la misma alegando que se trataría de un procedimiento inmediato, y sosteniendo la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, cuando la víctima es la Empresa Minera Huanuni que es una persona jurídica y no así una persona natural. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2021 de 13 de febrero, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la falta de fundamentación y motivación en cuanto a la previsión del art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal.

a) Disponer la nulidad del Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, únicamente respecto a lo referido sobre la aplicación en el presente caso de lo señalado por el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitir nuevo auto de vista en el término de cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronunciándose con la debida fundamentación y motivación considerando el requisito de temporalidad previsto por la citada norma legal, siempre y cuando la situación jurídica de los accionantes no hubiese sido modificada; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada sobre la falta de fundamentación y motivación respecto al peligro procesal previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal relacionado al derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0934/2023-S3 Sucre, 28 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 38526-2021-78-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2021 de 13 de febrero, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de Freddy Estalla Aguilar, William Herrera Mamani, Wilson Estalla Puente, José Manuel “Chamca” Flores, Humberto Siacara Choque y Raúl Rojas Arias contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 12 de febrero de 2021, cursante de fs. 30 a 33 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión de los delitos de hurto de minerales, asociación delictuosa para la comisión de delitos vinculados a la sustracción de minerales, allanamiento de domicilio y sus dependencias y sabotaje, previsto y sancionado por los arts. 132 ter, 232, 298 y 326.1 del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, Coactivo Fiscal Tributario e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Primera, dispuso sus detenciones preventivas, por la concurrencia de los presupuestos previstos en el art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y su modificación mediante la Ley 1226 -de 18 de septiembre de 2019-, señalando la existencia del primer presupuesto material como es el hecho antijurídico y la probabilidad de participación, con relación al segundo refirió la concurrencia de los riesgos procesales establecidos por el art. 234.1, 2 y 7 del referido Código, en el sentido de no haberse acreditado domicilio, trabajo y arraigo natural. De esa manera también indicó que serían un peligro efectivo para la Empresa Minera Huanuni -víctima-, más aun tomando en cuenta que la mencionada Empresa es un bien del Estado. Otro aspecto que señaló fue la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización señalado por el art. 235.4 del citado Código, refiriendo que hubiesen inducido a sus familiares a realizar las acciones descritas, para finalmente indicar que no sería necesaria la concurrencia del art. 233.3 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226; puesto que, el caso se trataría de un procedimiento inmediato. El Auto Interlocutorio 05/2021, fue objeto de apelación incidental; por lo que, el Vocal hoy accionado, conoció la misma, la cual mediante Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, declaró su improcedencia y confirmó el referido Auto Interlocutorio, señalando que es correcto que se hubiese indicado que sus personas eran un peligro para la víctima y que además como se trata de un procedimiento inmediato correspondería la detención únicamente por el art. 233.1 y 2 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226. Según lo establecido por el art. 233 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, los requisitos formales para la determinación de la restricción de la libertad de una persona, es que debe concurrir de manera simultánea tres presupuestos, ante la ausencia de uno de ellos no procede la detención preventiva, independientemente que se trate de un procedimiento inmediato o procedimiento ordinario, teniéndose que el Juez de primera instancia solo dispuso su detención preventiva en base a dos de los primeros requisitos. El Vocal ahora accionado confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021, decisión adoptada de manera ilegal; puesto que, al advertir la ausencia de uno de los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, podía revocar el citado Auto Interlocutorio y disponer medidas cautelares menos gravosas más aun considerando que la víctima y el Fiscal de Materia no plantearon recurso de apelación sino únicamente la parte imputada -entre ellos sus personas-, y que los nombrados tampoco denunciaron ese tercer presupuesto en audiencia cautelar. El art. 234.7 del CPP señala que una persona puede ser considerada un peligro efectivo para la sociedad, o para la víctima o denunciante, que desde su punto de vista el legislador se refirió a la persona “de carne y hueso”, y no a una persona jurídica como es una institución o una empresa; por lo que, la jurisprudencia constitucional señaló que ese riesgo procesal puede ser acreditado a partir del bien jurídico vulnerado como ser en casos de asesinato o violaciones, pudiéndose considerar dicho riesgo procesal a partir de la naturaleza del hecho; empero, en procesos donde se tiene como bien jurídico protegido la propiedad, se debe analizar el referido riesgo a partir de los antecedentes del imputado; sin embargo, el Vocal hoy accionado sin considerar esa situación y que en audiencia de aplicación de medidas cautelares el Fiscal de Materia no presentó ni un solo elemento de prueba para acreditar dicho riesgo procesal, lo ratificó indicando que sus personas serían un peligro para la víctima; es decir, para la Empresa Minera Huanuni, extremo ilógico e ilegal. En ese sentido, el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 42/2021 sin la debida fundamentación y motivación, al pronunciar una determinación de hecho y no de derecho.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se declare “con lugar” la acción de libertad, y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, emitido por el Vocal ahora accionado, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas desde su legal notificación emita uno nuevo, conforme a la previsión del art. 233 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de febrero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 39, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 35.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2021 de 13 de febrero, cursante de fs. 40 a 44 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo anular el Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, emitido por el Vocal ahora accionado, y que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas emita uno nuevo; bajo los siguientes fundamentos: a) A partir de la emisión de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014- el legislador incorporó al procedimiento penal los procedimientos inmediatos para delitos en flagrancia, que para su concurrencia están vinculados a dos presupuestos uno formal y otro material, que determinan en primera instancia que ante la existencia de un ilícito en flagrancia, el Fiscal de Materia tiene la obligación de solicitar se aplique el indicado procedimiento, encontrándose facultado a través de los arts. 393 bis. y 393 ter. del CPP, y una vez admitido el procedimiento inmediato podrá solicitar el plazo de treinta días para realizar actos complementarios de investigación, presentar la acusación si considera que tiene los elementos necesarios para interponerla y ejecutar los actos preparatorios de juicio oral, público y contradictorio que disponen los citados arts. 393 quater y ss., o en su caso solicitar la aplicación de una salida alternativa en los cuales se incluye el procedimiento abreviado; b) El Auto de Vista 42/2021, en su fundamento del art. 233.4 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226 es contradictorio a lo que establece; puesto que, dicho artículo es claro en señalar los tres componentes que deben concurrir para determinar la detención preventiva de un ciudadano porque además en el último componente que corresponde al numeral 3 de referido artículo se encuentra vinculado a que ese plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos que se realizaran en dicho término están dirigidos a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, entendiéndose que la investigación de la misma corresponde a la etapa preliminar, etapa preparatoria, y la etapa de juicio oral, público y contradictorio y a la aplicación de la Ley cuando se entienda la existencia de una sentencia que deba cumplir o no determinado ciudadano y de ser así a partir de la resolución de las medidas cautelares el juez no podría apartarse de la consideración de ese último componente del indicado artículo, en base al argumento de que se admitió un procedimiento inmediato para delitos en flagrancia y ante la inexistencia de ejercitar algún medio de investigación, no advertir que el Fiscal de Materia tenía la obligación en cumplimiento de esa misma norma fundar el plazo de la detención preventiva en los siguientes elementos, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley; en consecuencia, los fundamentos del numeral 4 del Auto de Vista 42/2021 no explican expresamente si es o no necesario aplicar el art. 233.3 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226 para emitir una resolución de detención preventiva en consideración a que se constituye un componente del art. 233 del citado Código como requisito para disponer la medida extrema; c) El procedimiento inmediato para delitos en flagrancia con los elementos de su procedencia no se encuentran relacionados a la resolución de la situación jurídica del imputado, y es en ese marco que lo fundado por la defensa técnica de los accionantes es razonable en sentido de que el indicado Auto de Vista necesariamente debe explicar por qué no existe la necesidad de fijar un plazo vinculado a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, además de determinar si el Juez de primera instancia obró de manera objetiva, al no determinar petitorio expreso sobre la inconcurrencia del plazo y a partir de aquello establecer si la falta de ese componente permitía determinar la detención preventiva a la sola presencia del art. 233.1 y 2 del CPP, modificado por las Ley 1173 y 1226; y, d) Con relación a la denuncia que efectúa la defensa técnica de los accionantes en cuanto a la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, se debe considerar en primera instancia que el Vocal hoy accionado debe observar la estricta materialización de los recursos, a cuyo efecto la doctrina legal aplicable señala que no solo tiene que denunciar la vulneración de derechos y garantías constitucionales sino también que deben plantearse como debe emplear una determinada disposición legal o infringirlas y aquellas deben recaer necesariamente en las denuncias de agravios que se ejercitó por parte de los accionantes, en ese sentido debemos señalar de manera clara que existe jurisprudencia como la establecida en la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo, que vio la necesidad de aclarar la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril respecto del art. 234.10 del citado Código, reconducido por la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, y el entendimiento establecido por la “SCP 056/2014”, sobre la concurrencia de ese riesgo procesal, estableciendo que para poder fundar la existencia del peligro para la sociedad necesariamente debe determinarse la actividad delictual de un ciudadano a través de un certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), debiendo demostrar que el imputado tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso, y en cuanto al elemento de constituirse en un peligro efectivo para la víctima, aquella está librada muchas veces al subjetivismo del juzgador; empero, que de manera razonable y en virtud a la naturaleza de los hechos la peligrosidad del imputado se tenga que proteger la vida y la integridad física y sexual vinculada a una persona natural y es en ese sentido que el Vocal ahora accionado, debió señalar en cuál de esas dos circunstancias se enmarca la protección que pretende otorgar el Juez de primera instancia e indicar de manera plena si los accionantes constituyen o no en su actuar a ese riesgo procesal, lo que tampoco se evidencia en el Auto de Vista 42/2021, estableciendo que en el caso concreto el Juez de la causa argumentó de manera no muy precisa en el sentido de que se encuentra vinculado al hecho por qué los accionantes fueron encontrados en el interior de la mina obstaculizando la actividad laboral de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, en esa circunstancia hubiesen generado peligro no solo a la referida Empresa sino también a los trabajadores, por lo que desde esa perspectiva hay motivo fundado para adoptar este peligro de fuga para la víctima y para la sociedad en su conjunto a cuyo efecto de debe ser claro y preciso bajo el principio de legalidad, asimismo el art. 234.7 del CPP, no discrimina su aplicación como riesgo de fuga, solamente para determinados delitos si no es aplicable en todos los hechos punibles, de esa manera que en el presente caso hay un peligro tanto para la víctima como para la sociedad, y es posible aplicarla a las empresas o personas jurídicas donde existen trabajadores o personas que fueron puestos en peligro para la sociedad en su conjunto porque también están expresadas en personas; empero, debemos referir que en ese razonamiento no expresa cual fuera la naturaleza del hecho porque se habla de obstaculización de la labor cotidiana de los trabajadores de la empresa, pero en ningún otro hecho de peligro, porque el presupuesto de obstaculización se encuentra previsto por el art. 235 del señalado Código, en cada uno de sus elementos, en consecuencia el Auto de Vista 42/2021 es confusa, no establece en que forma los accionantes se constituyen en un peligro para la víctima o para la sociedad, consecuentemente el Vocal ahora accionado incurrió en falta de fundamentación de hecho y de derecho al emitir el señalado Auto de Vista, correspondiendo dar lugar a lo solicitado por los accionantes, debiendo el mencionado Vocal emitir uno nuevo en función a los fundamentos expuestos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 30 de mayo de 2022, cursante a fs. 51, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente Resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 14 de agosto de 2023, cursante a fs. 79; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal. Asimismo, no habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal, Tributario e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Primero, donde dispuso la detención preventiva de Freddy Estalla Aguilar, William Herrera Mamani, Wilson Estalla Puente, José Manuel “Chamaca” Flores, Humberto Siacara Choque y Raúl Rojas Arias -ahora accionantes-, dejando constancia que en aplicación del art. 233.1 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, no se determinó un plazo de duración de la detención preventiva, debido a la existencia de una acusación emitida por el Ministerio Público contra los nombrados, dentro de una solicitud de procedimiento inmediato por delito flagrante (fs. 2 a 27). II.2. Mediante Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado-, declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por los accionantes y otros, y en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021. Alternativamente excluyó el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.4 del CPP, en favor de los nombrados. Así también dio por acreditada la situación ocupacional o laboral de todos los accionantes (fs. 67 a 72 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado en recurso de apelación incidental emitió el Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, declarando improcedente el citado recurso, así como también confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, que determinó su detención preventiva, sin la debida fundamentación y motivación ya que se dispuso dicha medida extrema sin cumplirse con los presupuestos establecidos por el art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, ya que no se señaló el tiempo de la misma alegando que se trataría de un procedimiento inmediato, y sosteniendo la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, cuando la víctima es la Empresa Minera Huanuni que es una persona jurídica y no así una persona natural. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En el mismo sentido, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, estableció que: “…el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes” (las negrillas fueron agregadas). Bajo ese contexto, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, señaló que: “…lo dispuesto por el art. 398 del CPP, impone al juzgador que a tiempo de resolver la apelación, responda a todos los puntos apelados, más no lo libera a que en virtud a ello, se abstenga de analizar los presupuestos previstos por el art. 233 del CPP; al contrario, dicha obligación debe igualmente cumplirse inexorablemente, toda vez que el imputado tiene el derecho de conocer inequívocamente los motivos que llevaron al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida cautelar, lo que no implica de ninguna manera, que la valoración de los elementos concurrentes, represente un apartamiento de los aspectos impugnados” (las negrillas son nuestras).

Consecuentemente, en efecto los Tribunales de alzada tienen la obligación de delimitar su competencia a los aspectos cuestionados por el apelante respecto a la resolución impugnada, en los casos en que se disponga, modifique o mantenga una medida cautelar, así como también deben cumplir con la previsión del art. 23.I de la CPE, que establece el principio de legalidad al cual debe estar sujeta toda restricción a la libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, el Vocal ahora accionado en recurso de apelación incidental emitió el Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, declarando improcedente el citado recurso, así como también confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, que determinó su detención preventiva, sin la debida fundamentación y motivación ya que se dispuso dicha medida extrema sin cumplirse con los presupuestos establecidos por el art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, ya que no se señaló el tiempo de la misma alegando que se trataría de un procedimiento inmediato, y sosteniendo la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, cuando la víctima es la Empresa Minera Huanuni que es una persona jurídica y no así una persona natural. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Auto Interlocutorio 05/2021 de 16 de enero, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Administrativo, Coactivo Fiscal, Tributario e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro en suplencia legal de su similar Primero, dispuso la detención preventiva de los accionantes, dejando constancia que en aplicación del art. 233.2 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, no se determinó un plazo de duración de la detención preventiva, debido a la existencia de una acusación emitida por el Ministerio Público contra de los nombrados, dentro de una solicitud de procedimiento inmediato por delito flagrante (Conclusión II.1.). En ese sentido, a través del Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, el Vocal hoy accionado, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por los accionantes y otros, y en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021. Alternativamente excluyó el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.4 del CPP, en favor de los nombrados. Así también dio por acreditada la situación ocupacional o laboral de todos los accionantes (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que, tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho en que fundan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada por una simple relación de los documentos o requerimientos; exigencia que dentro de ese entendimiento de observancia del debido proceso comprende también a la emisión de una resolución de medida cautelar, en la cual se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, constituyendo en una obligación que no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. En ese sentido, el presunto acto vulneratorio a los derechos de los accionantes, radica en que el Vocal ahora accionado emitió el Auto de Vista 42/2021, que confirmó el Auto Interlocutorio 05/2021 que determinó su detención preventiva sin fundamentación y motivación; puesto que, se dispuso dicha medida extrema sin cumplir con el presupuesto establecido por el art. 233.3 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, ya que no se determinó el tiempo de duración de la misma alegando que se trataría de un procedimiento inmediato, y sosteniendo la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, cuando la víctima es la Empresa Minera Huanuni que es una persona jurídica y no así una persona natural. Por consiguiente, según se tiene el acta de audiencia de consideración de apelación incidental de medida cautelar de 11 de febrero de 2021, cursante de fs. 56 a 66 vta., los accionantes a través de su abogado señalaron los agravios por los cuales interpusieron el recurso de apelación incidental, correspondiendo aclarar que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, se referirá únicamente a lo que motivó esta acción de libertad por parte de los nombrados; asimismo, tampoco se pronunciará respecto a los agravios de los otros recurrentes; en ese sentido se tiene lo siguiente: En cuanto al art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226 El art. 23 de la CPE en relación con el art. 233.3 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226, establece que únicamente se puede restringir el derecho a la libertad cuando se cumplan con la concurrencia simultanea de los tres presupuestos señalados en el mencionado artículo; sin embargo, se podrá advertir de la revisión de la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 05/2021, que el Juez de primera instancia no dispuso la concurrencia del indicado numeral, afirmando en la parte considerativa que en el presente caso se trataría de un delito flagrante; por lo que, se encontraría facultado a proceder de esa manera. Se tiene que a partir de las Leyes 1173 y 1226 se debe considerar la indicada concurrencia de los tres presupuestos procesales, vinculados al plazo de la detención preventiva, frente a actos de investigación desarrollados en cierto termino, sosteniendo el mencionado Juez de la causa que existiría una acusación presentada por el Fiscal de Materia; por cuanto, a su criterio no sería necesario establecer un plazo de la detención preventiva, ya que el proceso se encontraría en juicio oral, público y contradictorio debiéndose considerar que el art. 393 ter. de la Ley 1173 estableció que el Ministerio Público puede acusar si encuentra suficientes elementos de convicción, existiendo la posibilidad de que la parte imputada presente pruebas de descargo en el plazo de cinco días posteriores a su notificación con la acusación; y, que hasta el momento de la audiencia cautelar el caso estaba con el Juez de primera instancia en etapa preparatoria, por lo que solicitó ante la ausencia del tercer prepuesto se aplique lo establecido por el art. 231 bis. del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226. Al respecto el Auto de Vista 42/2021, señaló que el argumento central de todos los recurrentes en el recurso de apelación incidental fue en el sentido de que el Juez de la causa no fijo el plazo de la detención preventiva al haberse formulado la acusación. En consecuencia, la parte apelante indicó que debió haberse fijado el mismo, y al no realizarse conculcaría sus derechos y garantías constitucionales. Al respecto necesariamente se debe interpretar la ley de manera sistemática y extensiva, sobre la concepción jurídica del espíritu de la ley, del motivo por el cual se incluyó en la Ley 1173 el plazo de duración de la detención preventiva, a cuyo efecto consideró que el mismo debe ser solicitado por las partes procesales, no pudiendo señalar el Juez de primera instancia el mismo de oficio cuando ya concluyó la investigación. Se debe considerar que en el presente caso, ni el Ministerio Público ni la víctima solicitaron el plazo de la detención preventiva, por lo que no existiría motivo alguno de que la nombrada autoridad estaría obligada a señalar el mismo. En ese sentido, se tiene que el Ministerio Público en el caso concreto concluyó la investigación, ya que formuló acusación; por ello, no hay necesidad de establecer un plazo de duración de la detención preventiva; puesto que, el mismo se da en función a fijar el plazo para la investigación y recolección de pruebas, para que así el Fiscal de Materia concluya en una de las formas que establece la ley, se debe entender en ese sentido lógico sistemático de la ley y de esa manera se fija el plazo correspondiente, pudiéndose ampliar incluso éste de manera fundamentada. Por lo expuesto, el Juez de la causa señaló que debe existir una solicitud expresa sobre la duración de la detención preventiva. Analizado el limitado razonamiento emitido por el Vocal ahora accionado, se advierte que concluyó que el Juez de primera instancia no señaló el plazo de la detención preventiva que según lo establecido por la Ley 1173, el término de duración de la detención preventiva debe ser solicitado por las partes procesales, no pudiendo señalarse el mismo de oficio, considerando que ni el Ministerio Público, ni la víctima solicitaron el plazo de la detención preventiva, por lo que el nombrado Juez no estaría obligado a fijar el mismo, y considerando que en el presente caso se concluyó la etapa preparatoria, al haber el Ministerio Público formulado acusación. Dicho análisis resulta insuficiente a los efectos de conocer a cabalidad las razones jurídico legales por las cuales la nombrada autoridad se apartó de la aplicación de la norma bajo el argumento de existir una acusación formal y haberse dado curso al procedimiento inmediato en el caso penal del cual deviene esta acción tutelar, ello al tratarse de un delito flagrante, sin explicar de forma clara, concreta y objetiva el por qué se apartó de la previsión del art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, así como también de la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 1062/2022-S3 de 18 de agosto, que al respecto señaló que: “…si bien el art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1226 exige fijar el plazo de su duración, limita dicha exigencia a la etapa preparatoria cuando dispone que debe señalarse los actos investigativos a realizarse en el término de tiempo solicitado; empero, dicha regulación normativa a su vez prevé en su último párrafo, que en etapa de juicio y recursos el plazo de la duración de la detención preventiva queda supeditada a la existencia o subsistencia de riesgos procesales, consecuentemente su finalidad no se enmarca estrictamente a un proceso investigativo, sino que radica en precautelar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”. En ese contexto, el Vocal hoy accionado a tiempo de emitir el Auto de Vista 42/2021, confirmando los argumentos del Juez de primera instancia sobre la innecesaria consideración de lo señalado por el art. 233.3 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, no cumplió con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional en materia de acciones de libertad, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación alegado como vulnerado por los accionantes, mismo que encuentra relación con el derecho a la libertad de los nombrados; correspondiendo consecuentemente conceder la tutela solicitada al respecto. Respecto al art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173 Los accionantes señalaron que la jurisprudencia constitucional diferenció dos aspectos sobre el peligro de fuga, cuando se encuentra comprometido el bien jurídico vida, libertad sexual y otros, es utilizado para que de una u otra manera pueda llegar a la inclusión, en cambio cuando se trata de una infracción al bien jurídico protegido como ser la propiedad, necesariamente se debe considerar los antecedentes del imputado; puesto que, si tiene antecedentes penales de forma reiterada será un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, sobre ese particular el Juez de la causa hizo referencia a como fueron aprehendidos los imputados -entre ellos los accionantes- para luego concluir que existe una vulnerabilidad por parte de la víctima que es la Empresa Minera Huanuni. Sobre ese punto corresponde señalar que es viable que la autoridad jurisdiccional pueda realizar un estudio de la naturaleza de los hechos, cuando el legislador estableció tres presupuestos; es decir, víctima denunciante o sociedad, debiéndose considerar que no se trata de una persona física sino de una persona jurídica -empresa-, peligro procesal que no debió ser incorporado en el presente caso, puesto que siempre se quiso resguardar con esa norma la integridad física de la víctima, al margen de que tampoco se presentó pruebas al respecto. En respuesta a ese agravio denunciado por los accionantes el Vocal ahora accionado señaló que, en relación al art. 234.7 del CPP la argumentación de la parte apelante fue que no sería posible aplicar ese riesgo de fuga a las personas jurídicas en delitos patrimoniales. Al respecto la jurisprudencia constitucional estableció que el peligro a la víctima y a la sociedad debe ser interpretado en dos vertientes, la primera vinculada a los antecedentes de los imputados, la segunda en sentido de que el peligro se encuentre relacionado con la presunta comisión del hecho delictuoso. La señalada norma no discrimina su aplicación para ciertos ilícitos; es decir, no establece que solamente sea aplicable para determinados delitos o para proteger a grupos vulnerables, siendo el peligro de fuga para todos los delitos, debiendo demostrarse con elementos de convicción a los efectos de su adopción. Es así que el Juez de la causa argumentó que se encuentra relacionado al hecho puesto que los imputados -entre ellos los accionantes- fueron encontrados en el interior de la mina, obstaculizando la actividad laboral de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, en esa circunstancia se hubiese generado el peligro no solo a la referida Empresa sino también a los trabajadores, desde esa perspectiva hay motivo fundado, como para adoptar ese peligro de fuga para la víctima y la sociedad en su conjunto, en sentido de que el art. 234.7 del citado Código no discrimina su aplicación como riesgo de fuga solamente para determinados delitos, sino es aplicable en todos los hechos punibles, entonces, el desarrollo jurisprudencial de este fallo constitucional va relacionado a la naturaleza de los hechos punibles. De esa manera, en el caso concreto hay un peligro para la víctima como para la sociedad y es posible aplicarlo a las empresas o personas jurídicas donde existen trabajadores o personas que fueron puestos en peligro, constituyendo un peligro para la sociedad en su conjunto, considerando que en el presente caso, los accionantes hubiesen presuntamente saboteado las actividades laborales de los trabajadores mineros de la referida Empresa; por cuanto, el riesgo de fuga es adoptable, no habiendo encontrado defecto alguno en el Auto de Vista 42/2021 sobre ese aspecto. En ese sentido, a partir de lo argumentado por el Vocal ahora accionado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pudo evidenciar que de forma suficientemente razonable, dentro del marco de lo establecido por el art. 234.7 del CPP, el Vocal hoy accionado explicó de manera comprensible la persistencia del peligro de fuga, sosteniendo que la citada norma no discrimina su aplicación para determinados delitos, no encontrándose establecida solamente para proteger a grupos vulnerables, teniéndose a partir del argumento del Juez de primera instancia que el mismo se encuentra relacionado al hecho ya que los imputados -entre ellos los accionantes- fueron encontrados en el interior de la mina, obstaculizando la actividad laboral de los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, en esa circunstancia se hubiese generado el peligro no solo a la Empresa sino a los trabajadores; por lo que, considerando ese extremo, puede ser aplicada en el presente caso al tratarse de una persona jurídica donde existen personas que se encontraban en su lugar de trabajo, quienes fueron puestos en peligro, considerando de esa manera la peligrosidad de los accionantes respecto a los hechos y al peligro que representan para la sociedad en su conjunto, considerando que en el caso concreto, los nombrados hubiesen presuntamente saboteado las actividades laborales de los trabajadores mineros, constituyendo este un contenido de sustento argumentativo en base a la normativa analizada que a contrario de lo denunciado en esta acción de defensa cumple con los parámetros de la exigida fundamentación y motivación como elementos del debido proceso. Finalmente, al no advertirse que el Vocal ahora accionado a tiempo de determinar la persistencia del peligro de fuga analizado, hubiese vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación alegado como vulnerado por los accionantes relacionado con el derecho a la libertad, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 04/2021 de 13 de febrero, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la falta de fundamentación y motivación en cuanto a la previsión del art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal.

a) Disponer la nulidad del Auto de Vista 42/2021 de 11 de febrero, únicamente respecto a lo referido sobre la aplicación en el presente caso de lo señalado por el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitir nuevo auto de vista en el término de cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronunciándose con la debida fundamentación y motivación considerando el requisito de temporalidad previsto por la citada norma legal, siempre y cuando la situación jurídica de los accionantes no hubiese sido modificada; y,

2° DENEGAR la tutela solicitada sobre la falta de fundamentación y motivación respecto al peligro procesal previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal relacionado al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0934_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6c52bae300edf6898e24f85d33b0006ef97860ace8958a079f2b01db3087bf95

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