Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, el 31 de diciembre de 2020, de manera arbitraria mediante Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-AS- 078/2020 prescindió de sus servicios, y pese a tener inamovilidad laboral, por cuanto, a través de escritos y certificado de atención prenatal se hizo conocer a la aludida autoridad que su esposa estaba embarazada de dos meses, aspecto que no fue considerado; solicitando se deje sin efecto el referido Memorándum, ordenándose se le reincorpore al mismo cargo que ocupaba, el pago de sueldos devengados, vacaciones y demás asignaciones familiares. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores menores a un año; 2) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; 3) Sobre el derecho a la seguridad social; 4) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 122/2021 de 9 de junio, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral; y, consiguientemente:
1º Se dispone que en el plazo de setenta y dos horas de notificado con este fallo constitucional, se realice por parte de la Procuraduría General del Estado, el pago de sueldos devengados en favor de Christian Eduardo Branisa Caballero, desde el momento de su desvinculación laboral hasta que su hija haya cumplido un año de edad, es decir desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 25 de mayo de 2021, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º Se ordena que en el plazo de setenta y dos horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se efectúe el pago de las asignaciones familiares pendientes, las que serán determinadas y calculadas en ejecución de sentencia. 3º Se dispone la cancelación de los periodos de vacaciones adeudadas en favor Christian Eduardo Branisa Caballero en el plazo de setenta y dos horas de notificada con el presente fallo constitucional, o en su caso mediante acuerdo de partes gozar de los mismos, los cuales serán calculados en ejecución de sentencia. 4° Llamar la atención de manera severa a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, advirtiéndoles que en caso de reincidencia en procesos análogos o en otros con tinte laboral, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento correspondiente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0934/2023-S1 Sucre, 24 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 41367-2021-83-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 122/2021 de 9 de junio, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Christian Eduardo Branisa Caballero contra Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Procurador General del Estado.
A través de memorial presentado el 14 de mayo de 2021, cursante de fs. 34 a 43 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 4 de agosto de 2017, fue designado en el cargo de Especialista I - Profesional Especialista, dependiente de la Dirección General 4 de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, por Memorándum PGE-DEP-DGAA-RRHH-MN 057/2017, puesto que fueron confirmadas por los Memorándums PGE-DGAA-RR-HH-REO- 041/2017 de 3 de octubre; PGE-DESP-DGAA-UGTH-TR 006/2018 de 30 de abril; y, PGE-DGAA-UGTH-REO- 040/2019 de 3 de abril; para posteriormente pasar a depender de la Dirección General 3 de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, el 24 de octubre de 2019, a través de Memorándum PGE-DESP-DGA-UGTH-TR- 021/2019. El 25 de octubre de 2019, presentó ante el Jefe de la Unidad de Gestión del Talento Humano, una nota haciendo conocer que su esposa se encontraba embarazada; a su vez, el 1 de octubre de 2020, fue designado en el cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, por Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-TR 030/2020, siendo dependiente de la Dirección General de Defensa I de la Procuraduría General del Estado; que si bien, el 12 de noviembre de 2020, puso a disposición su cargo ante el Procurador General del Estado, para ser removido a otra unidad; empero, nunca renunció a su derecho constitucional de inamovilidad laboral desde la gestación de su hija hasta que cumpliese un año de edad, en apego al art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, de forma intempestiva, ilegal e injustificado, el 31 de diciembre del mismo año, fue desvinculado de su fuente laboral mediante el Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS- 078/2020, vulnerando con dicha actitud sus derechos constitucionales.
El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral, señalando al efecto los arts. 48 y 129 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiéndose: a) Su reincorporación laboral; b) La cancelación de sueldos devengados; y, c) El pago de vacaciones y asignaciones familiares restantes.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 55 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó los términos de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestó que: 1) Los arts. 8.II y 48 de la Norma Suprema, protegen el derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad laboral; 2) Es importante que se considere las líneas jurisprudenciales que han establecido el estándar jurisprudencial más alto respecto a la protección de los derechos y garantías constitucionales, debiendo dejarse de lado el requisito de subsidiariedad existente para padres progenitores; 3) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al derecho a la inamovilidad laboral en el caso de padres progenitores de niños menores a un año de edad alcanzan también al personal de libre nombramiento, debiendo el empleador esperar a que el menor cumpla un año de edad para proceder a su eventual desvinculación, aspecto que no fue tomado en cuenta por la autoridad demandada, debiendo ser restituido dicho derecho; 4) No existe actos consentidos; y, 5) Se deje sin efecto el Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS 078/2020 de 31 de diciembre, y se disponga la reincorporación a su anterior fuente laboral, y se proceda al pago de sus sueldos devengados con las respectivas asignaciones familiares.
Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Procurador General del Estado, a través de su representante legal, en audiencia manifestó que: i) El accionante debe cumplir con los requisitos de contenido, fundamento y admisibilidad, y someterse a las alternativas que fueron desarrolladas por el Tribunal Constitucional como las causales de denegatoria por cuestiones elementales o situaciones que impiden que el de garantías conozca la causa; ii) En el caso presente, la causal de denegatoria radica en la sustracción del objeto, que conforme lo establecido en la SC 581/2020-S2 de 21 de octubre indica que “cuando se presente el fenómeno de la carencia actual del objeto del amparo porque el hecho que genero la vulneración de los derechos constitucionales quedo extinguido como quiera que la finalidad de la acción de tutela es brindar protección de los derechos fundamentales entonces dicha finalidad no se justifica al momento en que la vulneración o amenaza cesa porque desapareció el derecho que la genero y por ende no existe razón de ser de la reparación del derecho ni la de declaración que el juez o tribunal de garantías pueda remitir para dicha reparación” (sic); iii) En el caso el hecho desapareció, ya que la menor al 21 de mayo de 2021 ya cumplió el año de edad, operando la sustracción de la tutela; y, iv) Otro aspecto es los actos consentidos, perpetrados por el accionante, ya que existe un comportamiento negligente por parte del titular, puesto que no presentó reclamo alguno ante la administración, y al no ejercitar dicho derecho se traduce en un acto negligente.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, por Resolución 122/2021 de 9 de junio, cursante de fs. 56 a 59 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante ingresó a la Procuraduría General del Estado como funcionario de libre nombramiento; b) Respecto a la inamovilidad laboral, no está reconocido de manera universal a todos los servidores públicos, conforme lo hace el art. 5 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- al explicar los tipos de servidores y los derechos asignados; y, c) Se tiene que el derecho a la inamovilidad laboral, no asiste a los funcionarios de libre nombramiento, ya que su alcance no está vinculado al hecho de ser reclutados sin ningún proceso, sino de forma directa, y por las características de confianza y especialidad no se encuentran bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, sea producto de embarazo o de discapacidad.
Mediante decreto constitucional de 9 de mayo de 2022, cursante a 64, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 21 de agosto de 2023, cursante a fs. 118; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorándum PGE-DESP-DGAA-RRHH-MN 057/2017 de 4 agosto, Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado, designó a Christian Eduardo Branisa Caballero –ahora accionante– en el cargo de Especialista I-Profesional Especialista, dependiente de la Dirección General 4 de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con el Itém 42, con un nivel salarial de Bs15 382,00.- (quince mil trescientos ochenta y dos bolivianos [fs. 3]). II.2. Cursa Memorándum PGE-DGAA-RR-HH-REO- 041/2017 de 3 de octubre, por el que tras haber sido aprobado la Escala Salarial y Estructura de Cargos de la Procuraduría General del Estado, se le comunicó al impetrante de tutela que desde la fecha “… su número de Ítem es el N° 42, bajo el cargo de Especialista I, puesto Profesional Especializado…” (sic), con la misma dependencia y el mismo salario. (fs. 4); para posteriormente ser modificado el número de Ítem al 44, con el mismo cargo y puesto, en la misma dependencia y con igual remuneración, a través del Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-TR- 006/2018 de 30 de abril (fs. 5). II.3. Por Memorándum PGE-DGAA-UGTH-REO- 040/2019 de 3 de abril, el Procurador General del Estado comunicó al peticionante de tutela, que desde dicha fecha “su número de Ítem es el N° 44, ocupando el cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, puesto Profesional Especializado dependiente de la Dirección General de Defensa 4, percibiendo una remuneración mensual de Bs16 228,00 (dieciséis mil doscientos veintiocho bolivianos)” (sic [fs. 6]). II.4. Consta Memorándum PG-DESP-DGAA-UGTH-TR- 021/2019 de 24 de octubre, por el cual el accionante fue transferido al cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, puesto de Profesional Especializado, dependiente de la Dirección General de Defensa 3 de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con un haber mensual de Bs16 877,00 (dieciséis mil ochocientos setenta y siete bolivianos [fs. 7]). II.5. A través de Nota de 25 de octubre de 2019, dirigida a Marcelo Caba, Jefe de la Unidad de Gestión del Talento Humano de la Procuraduría General del Estado, el impetrante de tutela dio a conocer el estado de embarazo de su esposa (fs. 10); constando el Certificado de Atención Prenatal emitido por la Caja Petrolera de Salud de 23 de enero de 2020, en la que Helmut Guzmán Ginecólogo Obstetra, señala que Liliana Lorini Lazaro -esposa del accionante- “Recibe atención medica prenatal desde el 2do. mes de embarazo. Otorgandole a partir de la fecha su habilitación para el subsidio Prenatal” [sic (fs. 11)].
II.6. El 6 de julio de 2020, la Unidad de Afiliaciones de la Administración Departamental La Paz de la Caja Petrolera de Salud, remitió a la Procuraduría General del Estado, el Aviso para Pago de Subsidios Familiares, Form. N° SEC – 12, con Cite 0006813, en la cual se solicita el pago de los subsidios: “… DE NATALIDAD Bs. 2.000,00, una sola vez, por el nacimiento de su HIJO (A) (…) SUBSIDIO LACTANCIA Bs. 2.000,00 mensual a entregarse en ESPECIE Productos Lácteos Nacionales, conforme a las citadas disposiciones, a partir de: Jun-20 hasta: may-21, en favor de su HIJO (A) (…)” (sic [fs. 12]). II.7. Por Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-TR- 030/2020 de 1 de octubre, el impetrante de tutela fue transferido al cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, puesto Profesional Especializado, dependiente de la Dirección General de Defensa I de la Procuraduría General del Estado, con una remuneración de Bs16 877,00 (dieciséis mil ochocientos setenta y siete bolivianos [fs. 8]). II.8. Consta Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS- 078/2020 de 31 de diciembre, emitido por Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Procurador General del Estado, mediante el cual comunica al accionante que: “En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Procuradurial N° 183/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, concordante con lo previsto en el parágrafo I de la Disposición Final Segunda de la Ley del Presupuesto General del Estado N° 1356 de fecha 28 de diciembre de 2020, la cual aprueba la nueva Estructura de Cargos de la Procuraduría General del Estado, comunico a usted que, el ítem y cargo asignado a su persona ya no forman parte de la nueva estructura organizaciones, aclarándole que su relación laboral con esta entidad pública y el pago de sus haberes serán efectivos hasta el día jueves 31 de diciembre de 2020” (sic [fs. 9]). II.9. A través de memorial de 30 de marzo de 2021, el impetrante de tutela, se dirige a Wilfredo Walter Aruchari Cuellar, Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando la reincorporación laboral, pago de salarios devengados, pago de vacaciones, asignaciones familiares y subsidios de natalidad restantes, adjuntando prueba al respecto, en la que se tiene el Certificado de Nacimiento de su hija, con fecha de nacimiento de 25 de mayo de 2020, teniendo como padres a Christian Eduardo Branisa Caballero -peticionante de tutela- y Liliana Lorini Lazaro (14 a 33).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, el 31 de diciembre de 2020, de manera arbitraria mediante Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-AS- 078/2020 prescindió de sus servicios, y pese a tener inamovilidad laboral, por cuanto, a través de escritos y certificado de atención prenatal se hizo conocer a la aludida autoridad que su esposa estaba embarazada de dos meses, aspecto que no fue considerado; solicitando se deje sin efecto el referido Memorándum, ordenándose se le reincorpore al mismo cargo que ocupaba, el pago de sueldos devengados, vacaciones y demás asignaciones familiares. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores menores a un año; 2) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; 3) Sobre el derecho a la seguridad social; 4) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, 5) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, reiterada entre otras por la SCP 0442/2015-S3 de 4 de mayo, estableció que tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de la acción de amparo constitucional.
Posteriormente la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, –reiterado entre otras por la SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre– en el Fundamento Jurídico III.4 concluyó que por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el padre progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a que no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa. Finalmente, la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, siguiendo el lineamiento jurisprudencial descrito en forma precedente, pero a su vez realizando una distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional en el caso de padres progenitores, concluyó:
Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, como son: a) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa; y, b) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o el hijo contenida en la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles, por cuanto algunas veces la o el progenitor justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía acción amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y, en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla tal conminatoria. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: 1) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador, quien se niega a reincorporar a la o el progenitor o, en su caso; y, 2) La denuncia de despido de mujer embarazada o progenitor, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o el hijo, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación de las mujeres embarazadas, progenitoras o progenitores, y en ambos casos se busca la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y el resguardo de los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden a los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o el niño… (las negrillas nos corresponden).
De lo glosado en forma precedente, se establece que cuando se trata de mujeres embarazadas y padres progenitores de hijos menores a un año, no es necesario que se acuda a la Jefatura Departamental de Trabajo solicitando la conminatoria de reincorporación laboral, sino que puede interponer directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer vales sus derechos y garantías vulnerados.
El orden constitucional establecido en la Norma Suprema aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI:
Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad (las negrillas son añadidas). En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la accionante también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida.
En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, señaló que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger.
En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:
…En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...(el resaltado es añadido). En esa labor reconstructora del pensamiento jurisprudencial, la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, de igual forma se refirió a los aspectos sustantivos sobre la garantía contenida en el art. 48.VI de la CPE, señalando que, si bien la misma emerge del mandato constitucional, su alcance también fue interpretado por este Tribunal -cita las SSCC 1417/2012, 1521/2012, 0109/2006-R, 0789/2012, entre otras-, en las cuales considerando los aspectos sustantivos de esta garantía, se determinó que existen excepciones a la protección de la inamovilidad laboral de la o el progenitor en función a la clase de servidor público que pide la tutela, entre ellos se tiene la siguiente diferenciación: i) Progenitores con calidad de servidores públicos; ii) Progenitores con contrato a plazo fijo; y, iii) Progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa. a) En relación a progenitores con calidad de servidores públicos Al respecto, la citada jurisprudencia realiza la siguiente sub clasificación o diferenciación: 1) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad-implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial (SCP 1417/2012 de 20 de septiembre); y, 2) Los servidores públicos progenitores elegidos por voto popular o, servidores públicos libremente designados con alto rango jerárquico, no tienen derecho a la inamovilidad laboral; empero, el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad social a corto plazo o de salud (SCP 1521/2012 de 24 de septiembre); b) Sobre las y los progenitores con contrato a plazo fijo Al respecto, la citada jurisprudencia ha realizado interpretaciones sobre el alcance de su protección; al efecto, citando el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0109/2006-R de 31 de enero, aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo fijo, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son:
1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo, aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible 5 6El FJ III.2, establece que: “…en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE (…), puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad (…) empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza. En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida…”. 6 El FJ III.1, establece que: “…a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral”. Así, en el caso concreto, en su FJ.III.2, resolvió: “…no se puede alegar vulneración al goce de la inamovilidad laboral, ni siquiera, por motivos de protección del progenitor justamente por la naturaleza del cargo del accionante [Fiscal de Distrito]. En casos de autoridades de alto rango jerárquico la garantía de inamovilidad en razón a contar con un hijo menor de un año de edad trastrocaría la organización institucional del Estado boliviano e impediría el logro de los objetivos institucionales y sin duda podría afectar incluso un ejercicio eficiente de las tareas del Ministerio Público”. “Pese a ello, precautelando los derechos a la salud y la seguridad social, la autoridad demandada designó al accionante en el cargo de Fiscal de Materia, cargo que evidentemente no sólo implicará reciba una remuneración justa por su trabajo, sino que a la vez, garantizará la seguridad social a corto plazo extrañada y el seguro de salud”.
aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad. La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser entendida en el marco de la complementación asumida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto en el Fundamento Jurídico III.2.2, fallo que interpretando el art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación al art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT) y los arts. 1 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinido, concluyó que:
En este entendido, si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable no exigir al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora, embarazada en el lapso de la prestación de servicios; no obstante, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT; b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009;
c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; sin embargo, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en 13 cumplimiento a la Resolución Administrativa (RA) 650/007 de 27 de abril de 2007. En este entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que, con relación al visado de los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: “Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa.
En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica.
Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación entre otras las siguientes:
a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración). b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores. c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada.
c) En cuanto a las y los progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la postergación de la sanción administrativa
Al respecto la SCP 0572/2020-S1, precisó que:
La protección de la y el progenitor sometido a un proceso disciplinario alcanza durante todo el espacio temporal previsto en la garantía de inamovilidad laboral contenida en el art. 48.VI de la CPE, razón por la cual debe postergarse incluso la ejecución de la sanción administrativa al fenecimiento de dicho término. En ese sentido, las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R, SC 1580/2011-R, y la SCP 0086/2012 de 16 de abril. Finalmente, la aludida jurisprudencia, citando la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, como un aspecto de relevancia respecto a los medios de prueba y su valoración para que proceda la protección de la inamovilidad laboral del padre progenitor estableció la no exigencia del requisito de dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional (las negrillas nos pertenecen).
La Constitución Política del Estado en su art. 45, garantiza el derecho a la seguridad social, cuando expresa:
7 En ese razonamiento, corresponde aclarar que el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0076/2012, entendió restrictivamente, que no es posible postergar la sanción administrativa en este supuesto. 8 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 9 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integridad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. (…) V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozaran de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal (las negrillas son ilustrativas). La norma fundamental citada precedentemente establece las normas fundamentales sobre el derecho a la seguridad social, estableciendo su garantía para todas las bolivianas y bolivianos y en especial para los padres y madres, cuando establece que es un régimen que cubre entre otras las atenciones por maternidad y paternidad. En ese marco, la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la universalidad, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, que encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, fue establecida por el Estado Boliviano para abarcar al 100% de la población del país, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona, así los expreso la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, señalando:
…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona (las negrillas son añadidas).
En el mismo sentido, los instrumentos internacionales también han reconocido el derecho a la seguridad social: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XVI), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9), en cuyo marco se adoptó el “Protocolo de San Salvador”, que respecto a este derecho (art. 9) expresa:
1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2) Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto (las negrillas son ilustrativas).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Muelle Flores vs. Perú, expresó el amplio reconocimiento que merece al derecho a la seguridad social, por los instrumentos internacionales, y, agrego que su labor jurisdiccional le permite interpretar el contenido del derecho y las obligaciones que conciernen al Estado al respecto, en esa comprensión formulo el siguiente entendimiento:
…se puede derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, como por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso (el resaltado es ilustrativo).
En relación a las asignaciones familiares en favor de la madre y padre con menores de un año, como parte integrante de la seguridad social, establecida en el art. 45.V de la CPE, la jurisprudencia de la SCP 0076/2012 de 12 de abril, ha señalado que el Estado es el ente obligado a resguardar las etapas de gestación, que comprenden el periodo prenatal y posnatal, para que se desarrollen en condiciones adecuadas, de tal manera que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido:
Bajo ese contexto, la igualdad contenida en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad se constituye en formal, al reconocer a todos los miembros de la sociedad en un plano de igualdad; empero, lo que se busca a través de su observancia en todos los ámbitos jurídicos, es su efectiva materialización, como sería el caso de mujeres embarazadas o madres de un niño o niña menor de un año, cuya situación respecto de los demás u otros sectores, por su especial condición, se encuentra en un plano desigual, dado que durante la gestación, periodo prenatal y posnatal, son etapas en los que se presenta un alto grado de vulnerabilidad, colocándola en una situación de desventaja material, lo cual no puede concebirse teniendo en cuenta que bajo el nuevo modelo constitucional, se pretende la eficacia máxima de los derechos. En ese sentido, es preciso que dichas etapas se desarrollen en condiciones adecuadas de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido (las negrillas son ilustrativas).
Ahora la SCP 0841/2006-R de 29 de agosto, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, ha manifestado que todo trabajador del sector público y privado tiene derecho a contar, entre otros aspectos, con las prestaciones de corto plazo como son las asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad y que la misma debe ser cumplida en forma obligatoria por el empleador.
En este marco normativo, se concluye que todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad (las negrillas son ilustrativas). Respecto a la comprensión de las asignaciones familiares, la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, haciendo referencia a la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, ha manifestado, que las asignaciones familiares que el empleador debe otorgar son: El Subsidio Prenatal, que consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria de un pago mensual en dinero o especie equivalente a un salario mínimo nacional por los cinco últimos meses de gestación; El Subsidio de Natalidad, que consiste en el pago de un sueldo mínimo nacional por el nacimiento de cada hijo; y, El Subsidio de Lactancia, que consiste en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo durante los primeros doce meses de vida del menor.
En ese contexto, de acuerdo con las normas citadas precedentemente, respecto al régimen de asignaciones familiares, la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, indicó: '…el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida.
En conclusión, con certeza podemos manifestar que, el empleador está forzado por ley, a cumplir con el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para todas las personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que tengan un ser en gestación y hasta un año de edad y trabajen en el territorio de la República y prestan servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público, por cuanto los derechos de los niños y niñas están protegidos íntegramente por el Estado, a través de las normas infra constitucionales y la misma Norma Suprema en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad.
Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones de defensa y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones de defensa contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé los arts. 115.I de la Norma Suprema, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente
…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal (el resaltado y subrayado es ilustrativo). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:
La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley (el resaltado y subrayado nos corresponde). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios. En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto- Bajo esa comprensión: i) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que 11 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado” (el resaltado es ilustrativo). 12 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 13 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”
deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte; y, ii) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto-de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en la acción de amparo constitucional y acción de libertad, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125 y 128 de la CPE. Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones de defensa como la acción de amparo constitucional, acción de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acción popular. No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:
Artículo 16.- (Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.
Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)
I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.
III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger. De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo despues de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la Constitución Política del Estado, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías. Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la CPE, que señala:
decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley (el resaltado ilustrativo). Previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema. De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: a) No son acatados; b) Son cumplidos parcialmente; c) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, d) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: 1) Requerir la intervención de la fuerza pública; 2) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; 3) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, 4) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral; toda vez que, la autoridad demandada, el 31 de diciembre de 2020, de manera arbitraria mediante Memorándum PGE-DESP-DGAA-UGTH-AS- 078/2020 prescindió de sus servicios, y pese a tener inamovilidad laboral, por cuanto, a través de escritos y certificado de atención prenatal se hizo conocer a la aludida autoridad que su esposa estaba embarazada de dos meses, aspecto que no fue considerado; solicitando se deje sin efecto el referido Memorándum, ordenándose se le reincorpore al mismo cargo que ocupaba, el pago de sueldos devengados, vacaciones y demás asignaciones familiares. De los antecedentes descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, el 4 de agosto de 2017, fue designado como Especialista I-Profesional Especialista, dependiente de la Dirección General 4 de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, mediante Memorándum PGE-DESP-DGAA-RRHH-MN 057/2017, siendo modificado su cargo el 3 de octubre de 2017, al de Especialista I, puesto Profesional Especializado, para de forma posterior ser modificado el número de Ítem al 44; de forma posterior, se le comunicó que a partir del 3 de abril de 2019, ocuparía el cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, con el puesto Profesional Especializado, dependiente de la Dirección General de Defensa 4, mediante el Memorándum PGE-DGAA-UGTH-REO-040/2019, siendo transferido el 24 de octubre de 2019, a la Dirección General de Defensa 3 en el mismo cargo y puesto, con igual salario; es así que el 25 del mismo mes y año, el accionante dio a conocer a la Unidad de Gestión de Talento Humano de la Procuraduría General del Estado, el embarazo de su esposa, existiendo el Certificado de Atención Prenatal de 23 de enero de 2020, en la que se certifica que Liliana Lorini Lazaro recibe atención prenatal desde su segundo mes de embarazo, por lo cual el 6 de julio del mismo año, la Caja Petrolera de Salud, solicita a la entidad demandada proceda a realizar el pago de subsidios de Natalidad y Lactancia en favor del impetrante de tutela por el nacimiento de su hija NN; en ese contexto, el 1 de octubre de 2020, fue transferido a la Dirección General de Defensa I de la Procuraduría General del Estado, en el cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, puesto Profesional Especializado, para posteriormente, por Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS- 078/2020 de 31 de diciembre, ser desvinculado de su fuente laboral, por haber sido suprimido el cargo que ocupaba al existir una nueva Estructura de Cargos dentro de la entidad, solicitando finalmente el 30 de marzo de 2021 al Director General del Servicio civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la reincorporación laboral, pago de salarios devengados, pago de vacaciones, asignaciones familiares y subsidios de natalidad restantes, en la que adjuntó el Certificado de Nacimiento de su hija NN, nacida el 25 de mayo de 2020 (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8 y II.9).
Con carácter previo corresponde referirse a la concurrencia de la subsidiariedad, que si bien no fue objeto de debate por parte de la autoridad demandada, es imperante que la jurisdicción constitucional aborde todos los elementos con las cuales está revestido la acción de amparo constitucional, como lo es el principio de subsidiariedad; al respecto la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en relación a mujeres embarazadas y padres progenitores con niños menores a un año, señaló que no es necesario que acuda a la Jefatura Departamental de Trabajo solicitando la conminatoria de reincorporación laboral, sino que puede interponer directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías; por lo que, el ahora accionante pese a haber acudido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y al no existir evidencia de respuesta alguna por parte de dicha institución, al haber presentado la presente acción de defensa, actuó conforme a derecho, aspecto que a su vez permite ingresar al análisis de fondo de la problemática.
i) Respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral de padres progenitores e inamovilidad laboral
En ese contexto, de la revisión de antecedentes, particularmente de los memorándums de designación y de desvinculación, se advierte que el accionante es servidor público de libre nombramiento; respecto a los cuales la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, por constituirse los mismos en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta que el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial; al efecto señala que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en etapa de gestación y de los progenitores desde la concepción de la niña o niño hasta que el mismo cumpla un año de edad.
En ese marco, de la revisión de antecedentes se establece que la autoridad demandada, por Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS-078/2020 de 31 de diciembre, desvinculó laboralmente al accionante del cargo de Jefe de Unidad II/Especialista I, puesto Profesional Especializado, dependiente de la Dirección General de Defensa I de la Procuraduría General del Estado, por haber sido suprimido el cargo que ocupaba al existir una nueva Estructura de Cargos dentro de la Procuraduría General del Estado, no obstante que era padre de una niña menor a un año de edad; toda vez que, conforme se tiene del Certificado de Nacimiento de su hija, la misma nació el 25 de mayo de 2020 (Conclusión II.9); por lo que en mérito al art. 48.IV del a CPE y la referida jurisprudencia descrita precedentemente, el impetrante de tutela gozaba del derecho a la inamovilidad laboral “estabilidad laboral” por ser padre progenitor; y, por consiguiente ante la comunicación realizada a la entidad demandada respecto al estado de embarazo que tenía su esposa, correspondía tomar en cuenta dichos aspectos por parte de la autoridad demandada en resguardo primero del ser en gestación, y posteriormente velando por el interés superior de la niña menor de un año, contexto y realidad que, lacera los argumentos vertidos por los representantes legales de la autoridad demandada, respecto de que al momento de llevarse a cabo la audiencia de garantías -9 de junio de 2021- la menor ya hubiese cumplido un año de edad, y que al no haber reclamado ante la administración de la institución se aplicaría tanto la sustracción de objeto, como también el elemento de actos consentidos. Ante ese aspecto, hay que hacer las siguientes aclaraciones: a) Conforme a la Conclusión II.9 de este fallo constitucional, la hija del impetrante de tutela nació el 25 de mayo de 2020. b) La desvinculación laboral fue efectivizado el 31 de diciembre de 2020 a través del Memorándum PGE-DPS-DGAA-UGTH-AS-078/2020.
c) La acción de amparo constitucional, fue interpuesta el 14 de mayo de 2021 (fs. 34 a 43 vta.).
d) La audiencia de garantías fue llevada a cabo el 9 de junio de 2021 (fs. 51 a 55 vta.).
En ese orden de idas, se tiene que, si bien la audiencia fue llevada a cabo cuando la menor ya hubiese cumplido el año de edad, dicha situación no puede ser imputado a la parte accionante, puesto que como se indicó, la acción de defensa fue interpuesta el 14 de mayo de 2021, momento en que la hija del accionante aún no habida cumplido un año de edad, por lo que mal podría deducirse aplicar la sustracción de objeto pretendido por la parte demandada, puesto que dicha realidad no es por causa atribuida al prenombrado, otra cosa hubiera sido que la acción tutelar fuere presentado posterior al 25 de igual mes y año -fecha en que la hija cumplía el año de edad- aspectos que en el presente caso no ocurre, por lo que no se puede dar cabida a dicho argumento que va en detrimento de los derechos, garantías e interés de una menor de edad que cuenta con protección reforzada por parte del Estado, que si bien, la inamovilidad -estabilidad laboral- se lo otorga al padre o madre progenitores; empero, el espíritu de dicho derecho va en favor de la vida y salud del nuevo ser; no siendo razón suficiente lo vertido por la parte demandada, por cuando los derechos del niño, de la madre y el progenitor de un niño menor a un año, conforme a la aludida jurisprudencia están protegidos desde su concepción. Así también, la argumentación por parte de la autoridad demandada de que al no haber reclamado el accionante ante la administración de la institución, recaería en actos consentidos, la misma no puede ser tomada en cuenta, puesto que conforme se estableció de antecedentes, dicha autoridad tuvo conocimiento del estado de embarazo de la esposa del accionante mediante nota presentada por el mismo, es más, la Caja Petrolera de Salud solicitó el pago de subsidios familiares al nacimiento de la hija del impetrante de tutela, por lo que no correspondía al prenombrado reclamar dicho extremo a la entidad, al tener conocimiento pleno de los antecedentes, y por consiguiente era obligación de la autoridad demandada procurar cumplir con las normas constitucionales y legales en favor del accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada. ii) Sobre el derecho a la seguridad social
Respecto al reclamo del derecho a la seguridad social, en mérito a la concesión de la tutela por inamovilidad laboral -estabilidad laboral- por ser padre progenitor de una hija menor a un año, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional relativo a la seguridad social, señaló que todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a contar con las prestaciones de corto plazo; es decir el pago de la asignación familiar, que comprende los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, para todas las personas de ambos sexos, que tengan un ser en gestación y hasta un año de edad, y trabajen en el territorio nacional; por cuanto los derechos de los niños y niñas están protegidos íntegramente por el Estado, a través de las normas infra constitucionales y la misma Norma Suprema en su calidad de sector más vulnerable de la sociedad.
En el presente caso, si bien, no fue denunciado como derecho vulnerado la seguridad social; empero, en el petitorio descrito en su memorial de acción de amparo constitucional, y en su intervención en la audiencia de garantías, el impetrante de tutela solicitó el pago de sus asignaciones familiares, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, se ingresará a analizar este aspecto. En ese contexto, el peticionante de tutela solicitó el pago de sus asignaciones familiares restantes, los cuales no hubieran sido cancelados o abonados por parte de la entidad demandada, a los que tiene derecho a partir de la gestación hasta que su hija cumpla un año de edad, hechos que no fueron rebatidos por los representantes legales del de la autoridad demandada, los que trataron de deslindar responsabilidad con el argumento de que al no haber reclamado ante la administración de la institución, el mismo hubiera convalidado dicho accionar a través de actos consentidos, aspecto que no puede tomarse en cuenta, en atención a que los derechos laborales son irrenunciables, e imprescriptibles, por lo que al no haber desvirtuado las denuncias realizadas por el accionante, corresponde que en ejecución de sentencia se cuantifique el monto y los periodos restantes impagos por asignaciones familiares que deberán ser honrados por la parte demandada, correspondiendo conceder la tutela al respecto. iii) Respecto a la solicitud del pago de los sueldos devengados y vacaciones
Tras haber sido concedido el derecho a la inamovilidad laboral -estabilidad laboral- por su condición de padre progenitor como funcionario público de libre nombramiento, y que no fue desvirtuado por la parte demandada sobre el pago de sus sueldos devengados y las vacaciones pendientes a los que tuviera derecho el accionante, corresponde que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de sueldos devengados desde el momento de su desvinculación hasta que su hija hubiera cumplido el año de edad, y por consiguiente ya sea el pago o ejercicio del derecho de vacaciones, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
1) En el caso concreto, si bien se concede la tutela respecto al derecho a la inamovilidad laboral -estabilidad laboral- en favor del impetrante de tutela en su condición de padre progenitor de una hija menor de edad en su calidad de funcionario público de libre nombramiento; debiendo por consiguiente ordenarse la reincorporación laboral del prenombrado al mismo cargo que ocupaba; empero, existe una salvedad, puesto que al momento de llevar a cabo la audiencia de garantías -9 de junio de 2021-, la hija del accionante, ya tenía cumplido el año de edad, puesto que el nacimiento de la niña data del 25 de mayo de 2020, cumpliendo el año de edad el 25 de mayo de 2021, por lo que no podría operarse la respectiva reincorporación laboral del peticionante de tutela, no obstante, como se determinó la autoridad demandada en ejecución de sentencia debe cancelar al impetrante de tutela los sueldos devengados desde el momento de su desvinculación hasta el cumplimiento del año de edad de su hija, abonar las asignaciones familiares pendientes, y cancelar o en su caso hacer gozar de su derecho a las vacaciones.
2) Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y los arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la autoridad demandada -Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Procurador General del Estado- o la autoridad en actuales funciones, está impelido a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional referido a la cancelación de los sueldos devengados desde el momento de su desvinculación hasta el cumplimiento del año de edad de su hija -31 de diciembre de 2020 hasta el 25 de mayo de 2021-, asignaciones familiares pendientes hasta que la hija cumpla el año de edad -25 de mayo de 2021- pago de vacaciones o uso de los mismos en favor de Christian Eduardo Branisa Caballero, so pena de ser inclusive sancionado por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes sanciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme establece la Norma Suprema y la Ley en base a lo determinado por el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento por parte de la autoridad demandada, la Sala Constitucional referida que conoció la acción debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral de padres progenitores e inamovilidad laboral que afectan directamente a la familia del impetrante de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 122/2021 de 9 de junio, cursante de fs. 56 a 59 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral de padres progenitores y a la inamovilidad laboral; y, consiguientemente:
1º Se dispone que en el plazo de setenta y dos horas de notificado con este fallo constitucional, se realice por parte de la Procuraduría General del Estado, el pago de sueldos devengados en favor de Christian Eduardo Branisa Caballero, desde el momento de su desvinculación laboral hasta que su hija haya cumplido un año de edad, es decir desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 25 de mayo de 2021, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2º Se ordena que en el plazo de setenta y dos horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se efectúe el pago de las asignaciones familiares pendientes, las que serán determinadas y calculadas en ejecución de sentencia. 3º Se dispone la cancelación de los periodos de vacaciones adeudadas en favor Christian Eduardo Branisa Caballero en el plazo de setenta y dos horas de notificada con el presente fallo constitucional, o en su caso mediante acuerdo de partes gozar de los mismos, los cuales serán calculados en ejecución de sentencia. 4° Llamar la atención de manera severa a Blanca Isabel Alarcón Yampasi y René Oscar Delgado Ecos, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, advirtiéndoles que en caso de reincidencia en procesos análogos o en otros con tinte laboral, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento correspondiente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El FJ III.4 señala: “Inicialmente y respecto al tratamiento que tuvo la denuncia de reincorporación laboral, que el ahora accionante presentó en la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, se tiene que el titular de dicha repartición pese a contar con un informe que recomendó instruir la conminatoria de reincorporación, no se pronunció en el fondo de lo peticionado, pues con los argumentos desarrollados en la Conclusión II.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyó que existiría prueba que requiere ser interpretada en la vía ordinaria, por lo que declinó competencia y dejó expedita la vía para que las partes hagan valer sus derechos. Frente a tal situación, esta Sala conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tiene presente que, la tutela que se otorga a las madres trabajadoras en estado de embarazo y a los padres progenitores, prevé una excepción al principio de subsidiariedad; por consiguiente, la falta de conminatoria de reincorporación laboral, no se constituye en impedimento alguno para que esta jurisdicción pueda efectuar el análisis de fondo de la problemática planteada”.
2 El FJ III.4 señala: “…En observancia de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, relativo a la abstracción del principio de subsidiariedad en los casos de grupos vulnerables, se tiene que no es imprescindible que la accionante (madre de un menor de un año de edad) agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, al tratarse de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa, pues las mismas merecen una protección inmediata soslayando esa exigencia procesal; por lo que, corresponde ingresar al examen de fondo del caso”.
3 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras.
4 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “…la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.
10 La SCP 1112/2012 de 6 de septiembre, citado por la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, expresa al respecto que: “… el derecho a la seguridad social tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos”.
14 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.
15 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0934_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3a3429125bcf964387553a4b14247f88dcceae87a9e8012b1dd27ca799db587
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