B.IA.LEGAL

SCP 0933/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54293-2023-109-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa material amplia e irrestricta, a ser oído, a la igualdad, acceso a la justicia y petición, y al principio de inmediación; puesto que, las autoridades demandadas con la emisión del Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio, incurrieron en los siguientes actos ilegales: 1) Dispusieron que el acusado participe en juicio únicamente de manera virtual, pese a encontrarse en esa etapa, negando su presencia física ante el Tribunal y rechazando la solicitud de traslado físico del acusado del Recinto Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, indicando que la virtualidad no vulnera derechos debido a la Ley 1173 y las medidas derivadas del COVID-19; 2) Negaron otorgar copia de la grabación de audiencia, únicamente permitiendo escuchar el audio en Secretaría y no mediante Oficina Gestora ni ciudadanía digital, sin argumento jurídico; y, 3) No permitieron que lo abogados patrocinantes ejerzan el uso de la palabra, al restringir su intervención bajo la afirmación que la participación de un abogado es suficiente y las demás serían irrelevantes; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, invocando los alcances de la acción de libertad en su modalidad innovativa y reparadora, se disponga: i) Anular obrados hasta el vicio más antiguo, como es el Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio, y emitan un nuevo Auto, conminando a las autoridad…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 29 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Sobre la apelación de las excepciones e incidentes
  3. III.3. El recurso de apelación restringida como medio idóneo de impugnación en etapa de juicio oral, público y contradictorio
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0933/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54293-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 42 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Ríos Filipps en representación sin mandato de Miguel Ángel Salazar Tellez contra José Mancilla Anajia, Saúl Vargas Mérida y Ana María Valverde Alave, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 5 a 12, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra sometido a juicio oral, público y contradictorio, en el cual el Ministerio Público lo acusó por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante; por lo que, las autoridades demandadas, mediante Auto de apertura de juicio de 9 de marzo de 2023, dispusieron que la audiencia se desarrolle de manera mixta, estableciendo que el acusado -ahora accionante- participe virtualmente desde el Recinto Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, mientras que las demás partes concurran de forma presencial ante dicha autoridad jurisdiccional. Para ese fin, se ordenó oficiar a dicho Recinto Penitenciario para que sea trasladado a la audiencia virtual.

Dicha Resolución fue considerada un acto inapelable; por ello, solicitó que se deje sin efecto y se emita uno nuevo, disponiendo su traslado físico ante el Tribunal de Sentencia demandado, alegando la vulneración de los derechos a la defensa material e “inmediación”; sin embargo, las autoridades demandadas rechazaron su solicitud, fundamentando que a partir de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y del contexto generado por la pandemia del COVID-19, se habilitó el uso de audiencias virtuales, criterio que -según dicho Tribunal- no implica vulneración de derechos, máxime cuando se proporcionó el enlace de conexión.

No obstante, se afirma que se ha vulnerado su derecho a la defensa; puesto que, al no estar presente físicamente, no se puede interrogar de manera directa a los testigos de cargo y descargo, preparar adecuadamente su estrategia ni decidir oportunamente la pertinencia de su declaración. Asimismo, al ser nuevo su abogado patrocinante, ni siquiera lo conoce personalmente, lo que impide preparar una defensa adecuada, extremo que no puede subsanarse mediante medios tecnológicos sin afectar derechos fundamentales o garantías constitucionales.

Adicionalmente, solicitó copia de la grabación ante la Secretaría del Tribunal, la cual no se encuentra en la Oficina Gestora de Procesos; empero, su petición fue negada sin fundamento jurídico, indicándole únicamente que, si deseaba escuchar el registro, debía hacerlo presencialmente en Secretaría, vulnerando con ello el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE); pues, la normativa dispone la obligación de grabar audiencias en las oficinas gestoras y garantizar acceso mediante ciudadanía digital como abogado, precisamente para evitar tergiversaciones, más aun tratándose de un proceso donde la presunta víctima es un niño.

Asimismo, denuncia la vulneración del derecho a la defensa amplia e irrestricta, debido a que en el informe evacuado por Secretaría de dicho tribunal se consignó como abogados patrocinantes a Lorena Añez, Jorge Montero y su representante; pese a ello, cuando solicitaron el uso de la palabra, se les negó, bajo el argumento que, al haber intervenido uno de los abogados, las demás intervenciones serían irrelevantes.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa material amplia e irrestricta, a ser oído, a la igualdad, acceso a la justicia y petición, y al principio de inmediación, citando al efecto los arts. 24, 14.1, 115.I, 119.I de la CPE; y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, invocando los alcances de la acción de libertad en su modalidad innovativa y reparadora, se disponga: a) Anular obrados hasta el vicio más antiguo, como es el Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio, y emitan un nuevo Auto, conminando a las autoridades demandadas que disponga el trasladado físico desde el Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, hasta el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y que el Juicio se desarrolle en su presencia de forma ininterrumpida hasta dictarse Sentencia; b) Se ordene la entrega de la copia de la grabación de la audiencia, por ser los abogados del acusado; y, c) A partir de la instalación del juicio oral público y contradictorio, se otorgue el uso de la palabra a sus otros abogados patrocinantes del acusado, permitiendo el ejercicio pleno de una defensa técnica adecuada, evitando que su participación se limite a una presencia formal que desnaturaliza los derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 23 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) El abogado patrocinante no lo conoce ni tuvo contacto con él; debido a que, se encuentra detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, y él se encuentra en el departamento de Santa Cruz de la Sierra; 2) Según la Ley 1173 las audiencias pueden ser virtuales por el COVID-19 que fue una epidemia mundial; sin embargo, el principio de inmediación no puede ser vulnerado, porque el art. 330 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de la autoridad jurisdiccional y de todas la partes; vale decir que, forman parte del juicio, el Tribunal, los Jueces, el Ministerio Público y la parte acusada; y, 3) Previamente a la instalación de la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio, puso en conocimiento de las autoridades demandadas; empero, se negó su petición, argumentando que el art. 113.III de la -Ley 1173 faculta a los Tribunales de poder llevar a cabo dicho juicio, sin la presencia del acusado, solamente habilitado de manera virtual y con la presencia de sus abogados.

I.2.2. Informe de los demandados

José Mancilla Anajia, Saúl Vargas Merida y Ana María Valverde Alave, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito presentado el 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 31 y vta., señalaron que: i) Mediante Auto de apertura de juicio de 1 de marzo de 2023, se dispuso que el juicio oral público y contradictorio se desarrolle de manera mixta, estableciéndose que el accionante recluido en el Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, participe de forma virtual desde dicho recinto, mientras que las demás partes deberán asistir presencialmente ante el Tribunal. Para tal efecto, se ofició al mencionado Recinto Penitenciario a fin de garantizar la conexión virtual del prenombrado, conforme se evidencia en el oficio de fs. 22. conforme al art. 113 inc. II último párrafo del CPP, que faculta a la Jueza, el Juez o Tribunal, disponer la realización de audiencias mediante videoconferencia, siempre que se resguarde el derecho a la defensa y se adopten las previsiones correspondientes para garantizar el acto procesal. En ese marco, sostuvieron que en ningún momento se vulneró el derecho a la defensa del acusado al disponer la modalidad virtual, pues se garantizó su participación efectiva, tal como consta en el acta de juicio oral de 9 de marzo de 2023; audiencia en la que se dio inicio al juicio y se avanzó hasta los alegatos iniciales, habiéndose suspendido posteriormente a solicitud del Ministerio Público; ii) Respecto a la solicitud del abogado defensor para que se le entregue copia de la grabación de la audiencia de juicio oral de 9 de marzo de 2023, el Tribunal resolvió no ha lugar a lo solicitado, permitiendo únicamente que el abogado defensor escuche el audio en Secretaría, debido a que el caso se encuentra bajo reserva, en memoria del menor como presunta víctima y su familiar menor. Esa determinación se adoptó en observancia del art. 193 inc. d) del Código Niña, Niño y Adolescente -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, que dispone la obligación de guardar reserva en los procesos para proteger la dignidad e integridad de la niña, niño o adolescente; en consecuencia, afirmaron que no se vulneró derecho alguno, además se ordenó que pueda escuchar las grabaciones en Secretaría; y, iii) Finalmente, señalaron que en la citada audiencia de juicio oral, el peticionante de tutela acusado estuvo asistido por cuatro abogados defensores, haciendo uso de la palabra únicamente el abogado José Luis Ríos Filipps, sin participación de los demás. Por las razones expuestas, el Tribunal solicitó que se deniegue la tutela constitucional interpuesta, al no haberse evidenciado vulneración de derechos fundamentales. En audiencia de la presente acción de libertad, entre otros, refirió que se ha garantizado en todo momento el derecho a la defensa del impetrante de tutela; puesto que la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, se avanzó hasta los alegatos iniciales y posteriormente se suspendió, debido a que el Ministerio Público tenía otra audiencia cautelar. Seguidamente, señalaron audiencia de continuación de dicho juicio oral, público y contradictorio para el 16 y 17 –sin señalar mes y año- todo el día en ese caso.

I.2.3. Resolución

Los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 42 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 29 vta., denegaron la tutela solicitada, exhortando a las autoridades demandadas que garantice la materialización del derecho a la defensa, la comunicación del accionante con su abogado, previo a la realización de audiencia de juicio y durante la realización del mismo. Decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) Evidentemente, en virtud a la pandemia del COVID-19, el Órgano Judicial se sumó hacia las nuevas tecnologías; por ello, se realizaron las audiencias virtuales en procesos penales, viabilizando con ello la realización de los diferentes actos, al respecto, existe una opinión dividida, por lo que, el Tribunal consideró que existe una ley específica para realizar ese tipo de audiencia y por otra parte tiene el deber de procurar la materialización del derecho a la defensa; b) No existió una vulneración de las reglas al debido proceso, en razón a que la Ley incorporó esa forma de juzgamiento para que se desarrollen de esa manera los juicios; y, c) El Tribunal debió garantizar que los derechos del accionante se materialicen y sumadas las nuevas tecnologías también debió garantizar que el accionante dentro del proceso penal que se le sigue en su contra, se comunique permanentemente con su abogado, tanto antes de la realización del juicio, así como durante su desarrollo. En ese sentido, se consideró que no existe una vulneración evidente del derecho a la defensa porque el Tribunal demandado, está realizando la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, conforme a lo establecido por Ley. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del accionante, señaló que, tomando en cuenta el estándar más alto de protección de derechos humanos, advirtió que en la resolución emitida no se realizó una adecuada fundamentación, ni motivación respecto a los argumentos expuestos, limitándose únicamente a citar disposiciones de la Ley, la cual constituye una norma de jerarquía inferior a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, no se efectuó análisis alguno ni se brindó fundamentación ni motivación en relación con los estándares y obligaciones derivados de dichos instrumentos internacionales. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional refirió que se explicaron las razones de su decisión, considerando las normas legales que regulan esa situación y el resto no son normas específicas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de apertura de juicio de 1 de marzo de 2023, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Miguel Ángel Salazar Tellez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia de juicio oral, público y contradictorio, para el 9 de marzo de 2023 a horas 15:10, declarándose la reserva del juicio por encontrarse inmerso un menor de edad, y precautelando que el impetrante de tutela asista sin abogado defensor, se le designa un abogado de Defensa Pública, debiendo oficiarse por secretaría. Asimismo, considerando que el acusado Miguel Ángel Salazar Tellez se encuentra cumpliendo su detención preventiva en el Recinto Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz, se dispuso que el juicio oral, público y contradictorio se desarrolle de manera mixta; vale decir, de forma virtual con el prenombrado desde el penal donde se encuentra recluido y las demás partes deberán asistir de forma presencial a ese Tribunal; para el efecto se oficie a dicho Recinto Penitenciario para que el acusado sea trasladado a la audiencia virtual (fs. 3 y 4). II.2. Por Acta de audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio de 9 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, con la conexión virtual del accionante. En el desarrollo de la audiencia, el abogado de la defensa, planteó un incidente de actividad procesal defectuosa alegando la vulneración del derecho a la defensa del acusado, por haber señalado su participación de forma virtual en la audiencia de juicio oral. Dicho incidente se declaró infundado; y posteriormente, el abogado de la defensa solicitó que se le otorgue una copia del Auto dictado, conforme lo previsto en el art. 113.IV, con el fin de plantear el recurso de apelación. Al efecto, el Presidente del Tribunal demandado, refirió que tratándose de menores, de ese salón no saldrá ningún audio, precautelando el interés superior del menor y solamente lo que corresponda por escrito se le entregará por Secretaría. Asimismo, se autorizó que solo escuche los audios que quedarán grabados en Secretaría, con el fin de que ejerza su derecho a la defensa. Posteriormente, presentó otro incidente de actividad procesal defectuosa, por vulnerar el art. 54 inc. 1) del CPP, el cual se declaró infundado, ante ello, tanto el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como la Defensa del acusado hicieron reserva del recurso de apelación y prosiguió la audiencia hasta suspenderse nuevamente en razón a la petición aceptada del Ministerio Público (fs. 33 a 44 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa material amplia e irrestricta, a ser oído, a la igualdad, acceso a la justicia y petición, y al principio de inmediación; puesto que, las autoridades demandadas con la emisión del Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio, incurrieron en los siguientes actos ilegales: 1) Dispusieron que el acusado participe en juicio únicamente de manera virtual, pese a encontrarse en esa etapa, negando su presencia física ante el Tribunal y rechazando la solicitud de traslado físico del acusado del Recinto Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, indicando que la virtualidad no vulnera derechos debido a la Ley 1173 y las medidas derivadas del COVID-19; 2) Negaron otorgar copia de la grabación de audiencia, únicamente permitiendo escuchar el audio en Secretaría y no mediante Oficina Gestora ni ciudadanía digital, sin argumento jurídico; y, 3) No permitieron que lo abogados patrocinantes ejerzan el uso de la palabra, al restringir su intervención bajo la afirmación que la participación de un abogado es suficiente y las demás serían irrelevantes; por lo que, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, invocando los alcances de la acción de libertad en su modalidad innovativa y reparadora, se disponga: i) Anular obrados hasta el vicio más antiguo, como es el Auto de apertura de juicio oral, público y contradictorio, y emitan un nuevo Auto, conminando a las autoridades demandadas que disponga el traslado físico del acusado desde el Centro Penitenciario de Chonchocoro del departamento de La Paz, hasta el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz y que el juicio se desarrolle en su presencia de forma ininterrumpida hasta dictarse Sentencia; ii) Se ordene la entrega de la copia de la grabación de la audiencia, por ser los abogados del acusado; y, iii) A partir de la instalación del juicio oral público y contradictorio, se otorgue el uso de la palabra a otros abogados patrocinantes del acusado, permitiendo el ejercicio pleno de una defensa técnica adecuada, evitando que su participación se limite a una presencia formal que desnaturaliza los derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento, fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno, para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señala que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa, pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo la primera Sentencia confirmadora del precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea, la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, indica que 3El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, refiere: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, expresa: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de libertad”. 6El FJ III.3, refiere: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: `De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, indica: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó:

cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente, o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal, tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualiza que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria que implique vulneración de derechos fundamentales, debe ser presentada ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal, se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de dicha acción tutelar, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo mutó el entendimiento contenido en la SC `…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8El FJ III.3, expresa: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 9El FJ III.4, precisa: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 10El FJ III.2, establece que: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional, conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -Fiscales y Policías-, lesivos a derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos; no procediendo por tanto, la activación directa de la acción de libertad. En la etapa de juicio oral, los actos u omisiones ilegales o indebidas que constituyan actividad procesal defectuosa y vulneren derechos y garantías deben ser reclamados ante el tribunal de juicio, que es autoridad competente no solo para sustanciar el juicio oral, sino también sus emergencias.

III.2. Sobre la apelación de las excepciones e incidentes

La SC 0421/2007-R de 22 de mayo -reiterada por la SCP 1145/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras- generó subreglas para la interposición del recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad (…).

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”. 11El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

excepciones, señalando que: 1) En la etapa preparatoria, es posible interponer recurso de apelación incidental, con la aclaración que dicha apelación no tiene efecto suspensivo; y, 2) En el juicio oral no es posible interponer recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, en mérito a que el juicio oral debe desarrollarse sin interrupciones; por ende, las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio; con la aclaración que las resoluciones que declaren probadas las excepciones, sí pueden ser apeladas incidentalmente, en el marco de lo previsto por el art. 403 y ss. del CPP.

Este razonamiento, fue posteriormente ampliado a los incidentes por la SC 0873/2010-R de 10 de agosto, que respecto a los medios de impugnación a utilizarse en el juicio oral, para las resoluciones que resuelven incidentes, establece que deben ser los mismos que se utilizan para las excepciones, en el marco de lo establecido en la SC 0421/2007-R.

Por su parte, la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2.4, señala:

1) La tramitación y resolución de incidentes y excepciones durante la fase de preparación del juicio -nuevas o no tramitadas en la etapa preparatoria- podrá ser diferida a juicio oral; sin embargo, dicha determinación deberá ser motivada, considerando la necesidad de protección inmediata e incontrovertible del derecho, o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos de la excepción o incidente formulado, de tal suerte que, si la decisión se decanta por diferir su tratamiento y resolución a juicio, el Tribunal de Sentencia Penal deberá motivarla a partir de la necesidad de generar mayor debate en juicio sobre el incidente o excepción formulada y la necesidad de tener mayores elementos para resolver, supuesto en el cual, con la exteriorización de este razonamiento, se tendrá por satisfecha la motivación; 2) Si el Tribunal de Sentencia Penal decide resolver la excepción o incidente de manera inmediata, se deberá seguir el procedimiento previsto en el art. 314.II del CPP; en tanto que si decide tramitarla en la etapa del juicio, se aplicarán las reglas previstas en el art. 345 del CPP; 3) La decisión del Tribunal de Sentencia Penal de diferir la tramitación y resolución de un incidente o excepción formulada en juicio oral, debe ser motivada, y al igual que en el punto uno de estas subreglas, debe atender a la necesidad de protección inmediata del derecho o el carácter innecesario del desarrollo del juicio ante los efectos del incidente o excepción formulada; y, 4) Las resoluciones sobre incidentes o excepciones pueden ser impugnadas: 4.i) A través del recurso de apelación incidental cuando fueron resueltas en la etapa preparatoria y en la fase de preparación del juicio; y, 4.ii) A través del recurso de apelación restringida, previa reserva de recurrir, si fueron resueltas en el juicio oral.

III.3. El recurso de apelación restringida como medio idóneo de impugnación en etapa de juicio oral, público y contradictorio

A través de la SC 1529/2011-R de 11 de octubre, se establece que:

‘“…como todos los derechos, el de recurrir está sujeto a las normas generales que lo rigen, entre ellos la oportunidad o el plazo, el contenido o expresión de agravios y la forma en que deban formularse. En cuanto a la apelación incidental se la debe presentar y tramitar en sujeción a las previsiones de los arts. 404 a 406 del CPP, deduciéndose la imposibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo objeto la averiguación de los hechos, no permite su sustanciación durante la celebración del mismo, correspondiendo en su caso hacer reserva de apelación restringida, conforme tiene anotada la jurisprudencia constitucional' (SC 2255/2010-R de 19 de noviembre).

Desarrollando el citado criterio y asumiendo la posición expresada en anteriores fallos constitucionales, la citada Sentencia aludiendo a la SC 0421/2007-R de 22 de mayo, precisa: '…Conforme se ha anotado precedentemente, el juicio oral debe desarrollarse sin interrupción, lo que implica que los medios de impugnación deben ser racionalizados atendiendo a las características de continuidad, inmediación y oralidad del juicio; características que se desnaturalizarían si las resoluciones dentro del juicio oral fueran impugnadas en forma sistemática, provocando serias disfunciones procesales.

Si se realizaría una lectura parcial de las normas contenidas en los arts. 403.2 y 396 del CPP, aceptando la posibilidad de que las resoluciones que rechacen excepciones en el juicio sean apeladas incidentalmente en efecto suspensivo, el juicio tendría que suspenderse, en muchos casos por meses, desconociendo la previsión contenida en el art. 335 del CPP que establece en forma categórica los casos en los que el juicio puede suspenderse, entre los que no figura la apelación de las excepciones planteadas durante esta etapa, atentando contra el propio sistema acusatorio oral.

(…)

Consecuentemente, al momento de resolver en la audiencia de juicio las excepciones o incidentes, será suficiente que las mismas, sean resueltas en forma oral, debido a que, conforme lo determina el art. 371 del CPP en el acta del juicio oral quedan registradas, entre otros aspectos, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes y sus protestas de recurrir; lo que abre la posibilidad de que estos aspectos sean impugnados a través del recurso de apelación restringida, como lo establece expresamente el art. 407 del CPP´.

(…)

De lo anotado se concluye que en el juicio oral no es posible interponer el recurso de apelación incidental para impugnar las resoluciones que rechacen excepciones, sino que las partes podrán reservarse el derecho de recurrir una vez pronunciada la sentencia cuando exista agravio.

Razonamiento reiterado en la SC 0414/2011-R de 14 de abril, que al respecto puntualiza: 'De lo referido, se concluye que el derecho a recurrir, consagrado tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución Política del Estado, debe ser garantizado plenamente dentro de todo proceso, sea judicial o administrativo, en ese orden, las excepciones y los incidentes planteados dentro de los procesos penales, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el art. 314 y ss. Del CPP, (…) admite el recurso de apelación ya sea incidental o restringida, dependiendo del momento procesal de su presentación, en la etapa preparatoria será mediante apelación incidental ante el juez cautelar y en juicio oral, ante el juez o tribunal de sentencia a través del recurso de apelación restringida”’ (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

En el presente caso, corresponde resolver sobre: i) La participación exclusivamente virtual del acusado en juicio oral, público y contradictorio, específicamente si la autoridad demandada vulneró el derecho a la defensa material y al debido proceso al disponer que el acusado solo participe de forma virtual, pese a encontrarse en dicho juicio y el rechazo del traslado físico del acusado al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz; ii) La negativa injustificada de otorgar copia de la grabación de audiencia; y, iii) La restricción al uso de la palabra de los abogados patrocinantes. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se advierte que en el proceso penal seguido contra Miguel Ángel Salazar Téllez por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista de Santa Cruz dictó Auto de apertura de juicio el 1 de marzo de 2023, señalando audiencia para el 9 de marzo de 2023. Debido a la participación de un menor, se dispuso la reserva del juicio y, ante la eventual ausencia de abogado particular, se designó defensa pública. Considerando que el acusado se encontraba con detención preventiva en el Recinto Penitenciario Chonchocoro del departamento de La Paz, el Tribunal determinó que el juicio se desarrollaría de manera mixta, ordenando que el acusado participe virtualmente desde el recinto penitenciario, mientras las demás partes debían asistir presencialmente (Conclusión II.1).

En la audiencia de 9 de marzo de 2023, en la que el acusado participó de forma virtual, su defensa interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa alegando vulneración del derecho a la defensa por haber dispuesto la participación virtual del acusado; incidente que fue declarado infundado. El defensor solicitó copia del Auto para interponer apelación conforme al art. 113.IV del CPP, a lo que el Presidente del Tribunal indicó que, por tratarse de menores, no se permitiría la salida de audios de la sala, limitándose la entrega a documentación escrita y autorizándose únicamente que se escuchen las grabaciones en secretaría. La defensa planteó un segundo incidente por presunta vulneración del art. 54 inc. 1) del CPP, que también fue rechazado. Frente a ello, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la defensa del acusado formularon reserva de apelación. La audiencia se suspendió posteriormente a solicitud del Ministerio Público (Conclusión II.2.).

En ese sentido, se tiene que el accionante denunció que la autoridad judicial dispuso su participación virtual en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, lesionando sus derechos alegados; sin embargo, se evidencia que no agotó las vías ordinarias que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, pues si bien planteo el incidente de actividad procesal defectuosa cuestionando la modalidad de participación -presencial vs. virtual-, el cual fue declarado infundado; empero, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso se observa que no existe constancia alguna que haya hecho uso de la reserva de apelación para impugnar determinaciones de la etapa de juicio -art. 407 del CPP- que es obligatoria para posteriormente cuestionar en apelación restringida cualquier acto del desarrollo en dicho juicio. Si no existe reserva del derecho a interponer la apelación restringida, que sería el medio idóneo de impugnación en esa etapa de juicio, se incumple con el principio de subsidiariedad excepcional.

En ese contexto, a pesar que el accionante presentó el incidente de actividad procesal defectuosa, por las razones expuestas, se advierte que no agotó los medios idóneos, pues no formuló la reserva de apelación, que es un mecanismo procesal obligatorio para activar el control del Tribunal de alzada; por lo que, sobre este punto corresponde denegar la tutela solicitada en aplicación a la subsidiariedad excepcional.

Con relación al segundo y tercer acto lesivo denunciado por el accionante, referidos a la negativa de entrega de las grabaciones del juicio oral, público y contradictorio, así como a la participación de todos sus abogados patrocinantes, y conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que las irregularidades atribuidas al desarrollo del juicio debieron ser cuestionadas mediante el incidente de actividad procesal defectuosa previsto en los arts. 169 y 170 del CPP, al no hacerlo, se evidencia que no se agotaron los medios idóneos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

En tal sentido, se concluye que antes de acudir a la vía constitucional, el accionante debió activar los mecanismos procesales ordinarios idóneos para la corrección de tales actos por las autoridades superiores en grado, lo que no ocurrió en el caso de autos; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada por incumplimiento del requisito de subsidiariedad excepcional, cuando se advierte que se pretende sustituir los mecanismos de impugnación propios del proceso penal, tales como los incidentes y la apelación restringida; situación que, imposibilita a la jurisdicción constitucional realizar pronunciamiento de fondo, con relación a los aspectos reclamados.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 42 de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 29 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, indica que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, señala: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art.

18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0933_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 65d7025a41fbb2419ba627553133c6b25c8d6bed3cc5585f9a74c7a9269fe0bf

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