B.IA.LEGAL

SCP 0932/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de agosto de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51104-2022-103-AAC
Departamento
Potosí.
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo digno, a la inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo menor y a la alimentación; puesto que, en su calidad de funcionaria provisoria del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, fue despedida injustificadamente, bajo la excusa de haber cometido faltas en su desempeño, sin tomar en cuenta que tiene bajo su dependencia dos hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad; por lo que, goza de inamovilidad laboral, circunstancia que hizo conocer oportunamente; y, siendo vana la denuncia y solicitud de reincorporación laboral presentada a la Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por inasistencia injustificada del empleador. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 30 septiembre, cursante de fs. 238 a 244 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Leydi Abigail Condori Choque, en cuyo mérito se deja sin efecto el Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022 de 11 de julio, y se ordena al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, a) La reincorporación laboral inmediata de la accionante por gozar de inamovilidad laboral al tener bajo su dependencia a su hijo menor con discapacidad, al mismo cargo laboral que desempeñaba antes de su desvinculación laboral o a un cargo similar sin afectar su nivel salarial; y, b) El pago de sus salarios devengados y el cumplimiento de sus demás derechos laborales, sea en el plazo de diez días a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Ordenar que la accionante gestione la verificación de la subsistencia de las circunstancias que sustentan la inamovilidad laboral, por tener bajo su dependencia a su hijo menor de edad con discapacidad múltiple, física motora, del 80%, a través de la Trabajadora Social de la unidad pertinente como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio Legal Integral Municipal o la que corresponda, del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” del departamento de Potosí, y presentar el respectivo informe a la autoridad judicial que conoce la causa, de manera cuatrimestral a partir de su notificación con el presente fallo constitucional; y,

3º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la pretensión del establecimiento de responsabilidad civil, así como al pago de costas, en atención a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y razonamientos desplegados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la excepción a la subsidiariedad y el acceso directo a la acción de amparo constitucional en casos de personas que tienen bajo su dependencia personas con discapacidad
  2. III.2. De la protección de las personas con discapacidad y la inamovilidad laboral de trabajadores o servidores públicos que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0932/2023-S3 Sucre, 25 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51104-2022-103-AAC Departamento: Potosí. En revisión la Resolución 01/2022 de 30 septiembre, cursante de fs. 238 a 244 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Leydi Abigail Condori Choque contra Cesar Ali Lupa, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 21 de septiembre de 2022, cursante de fs. 135 a 139 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Vive en la “ciudad” de Uyuni del departamento de Potosí, junto a sus hijos, uno de ellos con discapacidad en un 80%, con carnet de discapacidad 096131, bajo la dependencia únicamente de su persona ante la ausencia paterna, constituyendo junto a ellos su núcleo familiar, Mediante Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH. 008/2022 de 8 de febrero, fue designada como Coordinadora de Educación y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, durante el desempeño de sus funciones fue frecuente la conducta inapropiada del Director de Desarrollo Humano del referido Gobierno Municipal -su superior jerárquico-, al que rehuyó continuamente, lo que le costó ganarse represalias infundadas. El 22 de junio de 2021, por un incidente con el padre de su hija menor, quien es funcionario de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), fue víctima de agresión física y verbal, la retuvo por la fuerza dentro la camioneta a su cargo, impidiéndole ingresar puntualmente a su fuente laboral. Ese incidente derivó en una denuncia en la Policía Provincial de Colcha “K” y la “Defensoría Municipal de la Niñez”, actualmente existe un proceso por violencia intrafamiliar en la “ciudad” de Uyuni de departamento de Potosí, contra el padre de su hija; dicho incidente fue aprovechado por el Director de Desarrollo Humano para que se emita contra su persona memorando de llamada de atención, en forma genérica y sin mayores referencias. Representó el memorando de llamada de atención, con Nota de 30 de junio de 2022, haciendo conocer el citado incidente que le impidió llegar puntualmente y recalcando su situación de madre a cargo de dos menores, uno de ellos con discapacidad, sin respuesta alguna; empero, sufriendo presión y acoso permanente por su superior jerárquico, hasta que fue sorprendida con el Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022 de 11 de julio, de agradecimiento de servicios, señalando que sus salarios serán cancelados solamente hasta el 15 de julio de 2022, así como las vacaciones adeudadas, constituyendo una decisión discrecional. Acudió ante el Alcalde ahora accionado y le pidió con humildad y respeto, como profesional y madre, único sostén de su familia, que reconsidere su decisión por la inamovilidad del goza por estar a cargo de su hijo con discapacidad; empero, no recibió atención ni explicación alguna, solo que su decisión ya fue tomada y se encargará de responder ante las instancias correspondiente, causándole frustración por el desconocimiento e incumplimiento de las normas que protegen a padres con niños con discapacidad. Acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en busca de protección a sus derechos, entidad en la que se señaló audiencia y procedió a dejar la copia de ley al Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” hoy accionado; empero, mediante memorial señaló que la notificación debió realizarse por funcionario policial, a pesar de conocer la realización de la audiencia; para una segunda audiencia señalada, el referido Gobierno Municipal ordenó que no se recepcione ninguna notificación o copia; por lo que fue apersonándose de oficina en oficina, hasta que logró notificar con presencia policial; empero, no concurrió a la audiencia, alegando -mediante memorial presentar casi en el acto- que se encontraba en otras ocupaciones; se señaló nueva audiencia y dispuso nueva notificación para el efecto, acudiendo para ello con la autoridad policial; empero, después de insistir con la notificación “…nuevamente se negaron a recepcionar, aduciendo que el accionado no se encuentra, tal como se exhibe de la certificación de la secretaria Municipal Jhezeve S. Portillo Calle” (sic), audiencia a la que se resistió asistir una y otra vez, burlándose de la autoridad administrativa laboral, privándole de su fuente laboral, impidiendo de contar con ingresos económicos para el sustento de su familia, restringiendo y amenazando la salud de su hijo con discapacidad.

Lamentablemente tuvo que atravesar una letanía porque tiene dificultades económicas, recibe presiones a través del Responsable de Responsable de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” para que desista de la denuncia, reteniéndole el sueldo de “julio”; hasta “septiembre” son tres meses que no tiene ingresos económicos, ya que debe erogar gastos para la atención de su hijo con discapacidad, que fue derivado a especialidad en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, medicamentos esenciales por un valor de Bs500 (quinientos bolivianos) aproximadamente, que le proveía la “CNSS”, a un examen de resonancia magnética programada para el 23 de “septiembre”, lo que le motiva a presentar la presente acción tutelar.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo digno, a la inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo menor y a la alimentación; citando al efecto los arts. 15, 16.I, 18, 35 y 46.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se le restituyan sus derechos laborales suprimidos por el Alcalde ahora accionado, disponiéndose: a) La nulidad del Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH AGRAD. 005/2022 de 11 de julio; b) La restitución a sus funciones de Coordinadora de Educación y Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”; c) El pago de sus sueldos devengados desde la fecha de su despido hasta el día de su efectiva restitución y de los bonos de té, sea mediante depósito a su cuenta bancaria y remitan a ese Tribunal sus boletas de pago para la atención médica de su hijo con discapacidad; y, d) El establecimiento de responsabilidad civil y se condene con costas cuantificables en ejecución de sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 229 a 238, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) La presente acción de amparo constitucional fue presentado para proteger a su hijo menor de edad, quien no se encuentra recibiendo tratamiento médico alguno por el despido laboral bajo la excusa de que es funcionaria provisional, incluso se señaló que su persona actuó de mala fe, porque no informó del menor con discapacidad a su cargo, sin considerar que para la afiliación en la Caja Nacional de Salud (CNS), fueron presentados los documentos de sus hijos menores de edad; 2) Se hizo referencia de memorandos de llamadas de atención o amonestación extrañamente firmados por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” hoy accionado y no por el inmediato superior, de los cuales, su persona -accionante- tiene conocimiento solo de tres, desconoce del resto; por lo que, podría decirse que se fabricaron memorandos, incluyendo el del incidente con el padre de su hija menor oportunamente representado, sin embargo, esos problemas no afectaron el desarrollo de su trabajo responsable; 3) Se le calumnió de haber causado daño económico al municipio, que por su mal desempeño de trabajo, las juntas escolares y las autoridades se encuentran enojadas, dando a entender que estas son las causas de su destitución; empero, no se ajusta al Reglamento Interno del Personal y se desconoce a las instituciones como el Ministerio Público para hacer conocer esos presuntos hechos; y, 4) Oportunamente se hizo conocer la justificación del atraso en el ingreso al trabajo y que tiene bajo su dependencia su hijo menor con discapacidad; por lo que, en ningún momento se actuó con mala fe, cuando lo único que se busca es la protección y respeto de la vida de su hijo con discapacidad y de ella misma como cabeza de familia.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Cesar Ali Lupa, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” del departamento de Potosí, representado legalmente por Rubén Iver Reyes y Álvaro Constantino Aramayo Fuertes, mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 203 a 211 vta., así como en audiencia, manifestó que: i) Si bien la accionante acudió a la Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, presentando su denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, en el que se señaló audiencia “…sin embargo ante la falta notificación pertinente se la devolvió, siendo que únicamente se dejó en sobre cerrado de manera irregular, sin haberse cumplido la notificación respectiva de manera personal o por cedula como correspondía…” (sic), luego se notificó a su autoridad; empero, recibió convocatoria del Gobernador Autónomo Departamental de Potosí; por lo que, se solicitó la suspensión de la audiencia, y para la última audiencia no se le notificó, no se tiene constancia alguna puesto que Jhezeve Portillo no es Secretaria del Municipio, sino asistente del Secretario General del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”; por lo que, no se agotó dicha instancia administrativa conforme dispone los Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495 1 de mayo de 2010, acudiendo erróneamente la accionante a la vía constitucional e incumpliendo el principio de subsidiariedad; ii) Por el informe de Edwin Félix Mamani, Responsable de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, la accionante fue designada en el cargo de Coordinadora de Educación y Deportes, dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, mediante Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH. 008/2022 de 8 de febrero, en el que de manera expresa que la designación es en calidad de funcionario provisorio, porque su ingreso no fue bajo convocatoria, menos cumpliendo el proceso de selección para el ingreso de la carrera administrativa; iii) Según el Informe de 5 de julio de 2022, de Ernesto Quispe, Director de Desarrollo Humano del Responsable del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, son cinco actividades en las que tendría observaciones en sus funciones, de los que derivaron en la “…determinación de prescindir de los servicios agradeciéndosele a través de Memorándum CITE GAMCK/DAF/RRHH AGRAD. Nº 005/2022 de 11 de julio…” (sic) otorgándole hasta el 15 de octubre de 2022, para hacer de sus activos fijos, lo que vino a traer funestas consecuencias para la institución respecto a la generación de documentos para el proceso de cancelación de trabajos a la empresa sobre la Refacción Coliseo Cerrado de Concha “K”, a la alimentación complementaria escolar, al mantenimiento de la infraestructura de las unidades educativas, a la adquisición de mobiliario para las unidades educativas, a la primera feria “EMPRENDEDURISMO BTH” y Humanístico Colcha “K”, todos en perjuicio de la población; iv) Por el Responsable RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” se informa que la accionante recibió en diferentes fechas memorandos de llamadas de atención, con el fin de que pueda tomar las medidas correctivas; además, en varias oportunidades se le hizo llamadas de atención verbal “…para que pueda mejorar su rendimiento laboral, pero a la fecha no se tiene resultado alguno la funcionaria no responde a las exigencias del cargo…” (sic), lo que ocasiona malestar social y disconformidad de las Juntas Escolares y padres de familia de las Unidades Educativas y autoridades de las comunidades de los municipios; por lo que, el referido informe concluye señalando que “…según el reglamento interno de la institución y en base a las normativas nacionales se estaría procediendo a la desvinculación del personal de la institución a la Sra. Leydi Abigail Condori Choque…” (sic); por lo que, además de ser personal provisorio, el despido fue de manera justificada, “…no fue un retiro discresional menos atentatorio a los derechos de la accionante y de su hijo, sino fue en estricta observancia a la Ley Nº 223 siendo que fue por falta faltas cometidas a raíz de las 3 llamadas de atención acumuladas así como mal desempeño de funciones que fueron informadas por su inmediato superior además del antecedente de un conflicto social ocasionado por una tardía inicio del proceso de contratación del DESAYUNO ESCOLAR para los estudiantes de la Unidades Educativas del Municipio que a la fecha aún se resume consecuencia…” (sic); y, v) La accionante no hizo conocer al Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, que tiene un hijo menor de edad con discapacidad parcial del 80%, menos presentó documento que acredite este extremo por el Comité Departamental de Personas con Discapacidad (CODEPEDIS) o instancia competente; por lo que, en ningún momento se vulneró derecho alguno, menos se incumplió la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 y su Reglamento DS 1893 de 12 de febrero de 2014. Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela, en todas las pretensiones formuladas por la accionante.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Jhenny Yucra, en audiencia, a través de su abogado manifestó que: a) Ya se encontraba trabajando en la “Alcaldía” en otro cargo, con un sueldo menor;

empero, al conocer una convocatoria de un cargo mayor se presentó siempre con aspiraciones de crecer profesionalmente con incremento salarial, tuvo la oportunidad de ganar la convocatoria; por lo que, a la fecha de retornar al cargo, se estaría afectando derechos; y, b) Al momento de asumir al cargo, su persona ya solicitó informes e indagaciones de las demás unidades y con la sociedad para conocer que el trabajo que estaba atrasado; por lo que, está teniendo problemas con las autoridades y está resolviendo los problemas y está cargando con la responsabilidad.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K”, del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 30 septiembre, cursante de fs. 238 a 244 vta.: 1) Concedió en parte la tutela solicitada por la accionante, con relación al derecho al trabajo vinculado a la remuneración justa y oportuna; puesto que, a la fecha no se le canceló el sueldo que le corresponde; es decir, hasta el 15 de julio de 2022, como también el pago de los beneficios sociales -aguinaldos, vacaciones, bono de refrigerio- por el tiempo trabajado, como también a la seguridad social traducida en asignaciones familiares correspondientes a su hijo adolescente con discapacidad, sí así correspondiera, debiendo el Alcalde hoy accionado efectuar el pago del derecho tutelado de forma inmediata y depositarse en la cuenta bancaria 1-44869135 del Banco Unión y los demás beneficios tutelados previa cuantificación respectiva en los plazos de ley si así correspondiera y depositarse en la cuenta bancaria referida; 2) Denegar la tutela solicitada en cuanto al derecho al trabajo e inamovilidad laboral por discapacidad de hijo menor, derecho a la salud y los demás derechos conexos con personas con discapacidad; puesto que, la accionante tiene iniciado el trámite respectivo ante la instancia administrativa laboral hasta la obtención de una resolución definitiva respecto a los derechos conculcados, debiendo agotarse esa instancia; y, 3) Se conmina al Cesar Ali Lupa, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” hoy accionado, a comparecer a la instancia administrativa laboral, por si o mediante apoderado legal y agotar esa instancia para dilucidar los demás derechos laborales presuntamente vulnerados de la accionante. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes adjuntos y la exposición de las partes procesales en audiencia, se concluye que existe un trámite pendiente en la Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, iniciado por la accionante denunciando despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral, que a la fecha no cuenta con una resolución definitiva por la inasistencia del Alcalde ahora accionado a esa instancia administrativa; ii) Si bien existe una posible vulneración al derecho al trabajo, a la inamovilidad laboral por discapacidad de hijo menor de edad y otros derechos denunciados por la accionante, esa instancia debe ser agotada necesariamente; y, iii) La vulneración del derecho al trabajo vinculado al salario justo y oportuno, es evidente por la falta de cancelación del sueldo correspondiente a “julio”, reconocido en el informe del Alcalde hoy accionado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Certificados de nacimiento de NN, nacido el 3 de junio de 2008, emitido por la Oficialía 588-MO, Libro 515080560NO, Partida 19, Folio 19 de Villazon, provincia Modesto Omiste, del departamento de Potosí; en el que se consigna como madre a Leydi Abigail Condori Choque -ahora accionante- y Félix Llanque Aguilar como padre; y, de BB, nacida el 9 de agosto de 2020, emitido por la Oficialía 51201001, Libro LIBN-18, Partida 49, Folio 49 de Uyuni, provincia Antonio Quijarro, del referido departamento, en el que figura como madre la accionante y Juan Gabriel Acebey Zunagua, como padre (fs. 5 a 6). II.2. Mediante Carnet de discapacidad de CONALPEDIS se evidencia que NN, C.I. 12496434, presenta una discapacidad múltiple, física motora, del 80%, documento vigente desde el 21 de febrero de 2017 a 21 de febrero de 2021 (fs. 7). II.3. Consta Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH. 008/2022 de 8 de febrero, emitido por Cesar Ali Lupa, Alcalde “Constitucional” del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” -ahora accionado-, por el que la accionante fue designada en el cargo de Coordinadora de Educación y Deportes, en calidad de funcionaria provisoria, bajo la dependencia de la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, a partir del 9 de febrero de 2022 (fs. 9). II.4. Por Nota dirigida al Alcalde ahora accionado, la accionante, hizo conocer la justificación al Memorando GAMCK/DAF/RRHH/ 48/2022 de llamada de atención escrita por atraso el “22 y 23 de junio”; asimismo, puso en conocimiento que tiene a su cargo a su hijo menor de doce años de edad con discapacidad de 80%, registrado en el CONALPEDIS. Nota que fue recepcionada el 30 de junio de 2022, por el Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” (fs. 10). II.5. Cursa Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022 de 11 de julio, emitido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” ahora accionado, por el que hizo conocer a la accionante la decisión de prescindir de sus servicios, al efecto sus salarios serían cancelados hasta el 15 de julio de 2022 (fs. 11). II.6. Mediante documento médico “Epicrisis Pediatria”, expedido por Edil Escobar Mendoza, Pediatra Neurólogo, Mat. Profesional. E-224 CNS Hospital Materno Infantil, se evidencia que NN, de catorce años de edad, fue ingresado el 16 al 19 de agosto de 2022, para estudios y valoraciones por especialistas (fs. 42 a 43).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo digno, a la inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo menor y a la alimentación; puesto que, en su calidad de funcionaria provisoria del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, fue despedida injustificadamente, bajo la excusa de haber cometido faltas en su desempeño, sin tomar en cuenta que tiene bajo su dependencia dos hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad; por lo que, goza de inamovilidad laboral, circunstancia que hizo conocer oportunamente; y, siendo vana la denuncia y solicitud de reincorporación laboral presentada a la Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por inasistencia injustificada del empleador. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la excepción a la subsidiariedad y el acceso directo a la acción de amparo constitucional en casos de personas que tienen bajo su dependencia personas con discapacidad

La Constitución Política del Estado vigente, establece que la acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco la jurisprudencia constitucional razonando sobre su naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional expresó que ésta acción de defensa se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima para la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales o garantías constitucionales cuando están restringidos, suprimidos o amenazados por servidores públicos o personas físicas o jurídicas; en otros términos, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, busca el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Constituye la acción de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta acción de defensa se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez prevista implícitamente por el art. 129.I y II de la CPE. Respecto a la subsidiariedad, expresa que podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; en lo que atañe a la inmediatez prescribe que podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, desde el hecho vulneratorio que se denuncia o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial presuntamente lesivo. La jurisprudencia constitucional concluyó que la acción de amparo constitucional es subsidiaria porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, en todo caso implica el agotamiento previo de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales que la ley le franquea al accionante; de persistir las vulneraciones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, podrá acudir a la justicia derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección” (las negrillas son añadidas), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual. 4 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, expresa que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son añadidas). 5 La SCP 0046/2012 de 26 de marzo, establece respecto al objeto de protección de la acción de amparo constitucional:

“Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas son añadidas). 6 Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el Código Procesal Constitucional, en su art. 129 establece:

“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. 7 Respecto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional la SC 1337/2003 – R de 15 de septiembre, expresa textualmente: “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”.

constitucional para su protección y restablecimiento. En caso de existencia de otros medios o recursos que la ley establece, para la protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, el caso recae en uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional previstos en el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, por mandato del art. 54.II del CPCo, ésta regla reconoce supuestos excepcionales plenamente justificados: 1) Cuando la protección pueda resultar tardía; y, 2) Exista el riesgo inminente de un daño irremediable e irreparable; supuestos excepcionales que el extinto Tribunal Constitucional estableció a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y que continuó la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional fue estableciendo situaciones excepcionales en las que el agotamiento de tales vías implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz, justificando la excepción al principio de subsidiariedad. Añade la 8 En torno a la subsidiariedad la SCP 0196/2014-S2 de24 de noviembre, expresa: “Esta acción de defensa, instituida para la protección y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como lesionados, exige para su procedencia, el agotamiento previo por parte de quien la plantea, de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales, que la ley le franquea, los que utilizados y en caso de persistir la lesión, podrá acudirse a la justicia constitucional” (las negrillas son agregadas). 9 Respecto a los casos de improcedencia el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece:

“1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.

2 Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.

3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, el cual no se haya hecho uso oportuno.

4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas son nuestras). 10 El art. 54.II del CPCo, expresamente establece: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela” (las negrillas son nuestras) 11 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”. 12 Respecto a la existencia de situaciones excepcionales que justifican la excepción de la subsidiariedad, la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, refirió que: “…existen situaciones excepcionales en las que el agotamiento de tales vías implicaría la consumación irreversible de la vulneración del derecho, con el consiguiente daño irremediable, en cuyo caso la tutela resultaría ineficaz…” (la negrillas son añadidas), citado por la SCP 0055/2013 de 11 de enero, SCP 2126/2013 de 21 de noviembre, entre otras.

jurisprudencia constitucional que se establecieron ciertas situaciones que exigen la abstracción del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional en casos excepcionales fijados por la misma; en los que, a pesar de la existencia de medios o recursos intraprocesales de impugnación, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o vulneración de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; puesto que, no constituyen vías idóneas para el inmediato cese de los actos lesivos, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; entre las situaciones excepcionales se pueden citar: las denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades y de la tercera edad, sectores de la sociedad identificadas por la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional como grupos vulnerables que requieren acceso inmediato a la jurisdicción constitucional, con abstracción del principio de subsidiariedad; excepción extensiva a las personas que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad.

III.2. De la protección de las personas con discapacidad y la inamovilidad laboral de trabajadores o servidores públicos que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad

La Constitución Política del Estado tiene consagrado un régimen especial de protección a las personas con discapacidad, en ese entendido establece derechos entre los que resalta, el derecho a ser protegido por su familia y el Estado, la prohibición de cualquier 13 En lo que atañe a situaciones excepcionales que justifican la excepción al principio de subsidiariedad, establec e la SCP 0055/2013 de 11 de enero: “…es importante destacar que vía jurisprudencial, de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad” (las negrillas son añadidas) citada por la SCP 0055/2013 de 11 de enero, entre otras. 14 La SCP 0390/2014 de 25 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, señala que: “El principio de subsidiariedad constituye una de las características principales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculados con personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, personas con capacidades diferentes, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad”. 15 El Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio, desarrollo la excepción a la subsidiariedad y el acceso directo a la jurisdicción constitucional para la tutela de los derechos de personas con discapacidad o que tienen a su cargo personas con discapacidad. 16 Respecto a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70 de la CPE, establece: “1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

tipo de discriminación o maltrato a personas con discapacidad y la reserva de ley para el establecimiento de beneficios. En ese marco constitucional, la Ley General para Personas con Discapacidad, Ley 223 de 2 de marzo de 2012, establece una serie de beneficios, entre ellas, en el ámbito laboral, la garantía de la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, en tanto cumplan con las normas y no haya causales que justifiquen debidamente su despido, su decreto reglamentario, delega la elaboración y aprobación de un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en su segunda parte. Con posterioridad, la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, impuso al Estado, el deber de garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en el sector público y privado, en 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales”. 17 La Constitución Política del Estado estable respecto a la prohibición de discriminación y la reserva de ley para los beneficios de las personas con discapacidad: “Artículo 71.

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley” (las negrillas son nuestras). 18 El art. 34 de la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, establece como beneficio para las personas con discapacidad, la garantía de la inamovilidad laboral: “Artículo 34. (ÁMBITO DEL TRABAJO).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido” (las negrillas nos pertenecen). 19 El DS 1893 de 12 de febrero de 2014, establece en el art. 22, respecto a la inamovilidad laboral:

“I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia.

II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres,

madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado” (las negrillas son nuestras).

tanto cumplan con las normas vigentes y no existan causales que justifiquen su desvinculación”. Sin embargo, en vigencia de la Ley 223, el Tribunal Constitucional Plurinacional al resolver el caso de un funcionario municipal que fue despedido injustificadamente, no obstante tener bajo su dependencia a su hermana, con discapacidad visual permanente (ceguera en ambos ojos), le otorgó la tutela solicitada y dispuso su reincorporación laboral al cargo del que fue destituido, la declaración de su inamovilidad funcionaria durante el tiempo que se encuentre bajo su dependencia y cuidados, y el pago de sus salarios devengados por el periodo de cesantía en su fuente laboral. Razonamientos y decisión que fueron sustentados en un sistema normativo -Ley y Decreto reglamentario-preconstitucional más favorable; consiguientemente, la citada jurisprudencia constitucional estableció implícitamente la inamovilidad laboral de los trabajadores o servidores públicos que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad que tengan una relación de parentesco en línea colateral de segundo grado. Asimismo, éste mismo Tribunal hizo extensiva este beneficio al resolver el caso de un funcionario de una universidad pública que fue despedido injustificadamente, reconociendo su inamovilidad laboral por tener bajo su dependencia a su madre con discapacidad física-motora (grado de discapacidad moderado), concediéndole la tutela solicitada y disponiendo su reincorporación laboral al cargo del que fue destituido y el pago de sus salarios devengados por el periodo de cesantía en su fuente laboral, expresando textualmente:

20 El art. 2.V de la Ley 977, establece expresamente: “ARTÍCULO 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN).

(…)

V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (las negrillas son nuestras). 21 SCP 0391/2012 de 22 de junio. 22 La Ley 1678 de la Persona con Discapacidad, de 15 de diciembre de 1995, tenía como objeto regular los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad, normar los procesos destinados a la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de las personas discapacitadas, así como su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazos; su reglamento expresado en el DS 27477, 6 de mayo de 2004, estableció en el art. 5.II en los siguientes términos: “Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria…”. Norma reglamentaria que posteriormente fue modificado por el DS 29608 de 8 de junio de 2008, por un texto más restrictivo, que a la letra decía: “II. La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y sólo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo Nº 28521” (las negrillas son nuestras).

“En consecuencia, esta protección conlleva a obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta; toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley” (las negrillas son nuestras). En atención a los razonamientos precedentemente citados, se puede concluir que la jurisprudencia constitucional estableció implícitamente la inamovilidad laboral de los trabajadores o servidores públicos que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad que tengan una relación de parentesco en línea directa de primer grado -padres o hijos-. Entendimientos jurisprudenciales que se encuentran sustentados en la aplicación del principio pro homine, como criterio de interpretación de los derechos fundamentales, que enseña: “…se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.” Tratándose de servidores públicos provisorios, que se diferencian de los funcionarios electos, designados y de libre nombramiento; por cuanto, no desempeñan funciones jerárquicas, tampoco ejercen cargos de especialidad o de confianza de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE); empero, si ocupan un puesto de la carrera administrativa y su inamovilidad no representa un riesgo a la continuidad del servicio público o a las metas institucionales, en esa comprensión, la protección de este beneficio o garantía de inamovilidad laboral alcanza a los funcionarios provisorios en cualquiera de las casos previstos -para el servidor público en su condición de discapacitado o tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad- hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso dentro el cual podrá participar. Sin embargo, la inamovilidad laboral de los trabajadores o servidores públicos, no tiene un carácter absoluto; puesto que, la misma Ley 223, estableció las causales de perdida de éste beneficio, teniendo las mismas un carácter enunciativo y no limitativo; en ese entendido, la inamovilidad laboral por circunstancias que atañen a la discapacidad, subsistirá en tanto el trabajador o servidor público tenga bajo su dependencia a la persona con discapacidad -hijo, padre o hermano-. Con el añadido de que tenga que cumplir los deberes administrativos impuestos en la Ley 223 y los Decretos reglamentarios.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo digno, a la inamovilidad laboral por discapacidad de su hijo menor y a la alimentación; puesto que, en su calidad de funcionaria provisoria del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, fue despedida injustificadamente, bajo la excusa de haber cometido faltas en su desempeño, sin tomar en cuenta que tiene bajo su dependencia dos hijos menores de edad, uno de ellos con discapacidad; por lo que, goza de inamovilidad laboral, circunstancia que hizo conocer oportunamente; y, siendo vana la denuncia y solicitud de reincorporación laboral presentada a la Jefatura Regional del Trabajo de Uyuni del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por inasistencia injustificada del empleador. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que la accionante fue designada en el cargo de Coordinadora de Educación y Deportes, funcionaria provisoria, bajo dependencia de la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, a partir del 9 de febrero de 2022, mediante Memorándum con CITE: GAMCK/DAF/RRHH. 008/2022, suscrito por el Alcalde hoy accionado (Conclusión II.3.).

Por Nota dirigida al Alcalde ahora accionado, la accionante, hizo conocer la justificación al Memorando GAMCK/DAF/RRHH/ 48/2022 de llamada de atención escrita por atraso el “22 y 23 de junio”; asimismo, puso en conocimiento que tiene a su cargo a su hijo menor de doce años de edad con discapacidad de 80%, registrado en el CONALPEDIS. Nota que fue recepcionada el 30 de junio de 2022, por el Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” (Conclusión II.4.). Sin embargo, mediante Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022, emitido por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” ahora accionado, por el que hizo conocer a la accionante la decisión de prescindir de sus servicios, al efecto sus salarios serían cancelados hasta el 15 de julio de 2022 (Conclusión II.5.). En ese contexto, se procederán a revisar las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales y garantías constitucionales denunciadas por la accionante; sin embargo, es necesario abordar previamente una cuestión de orden procesal o formal, la falta de agotamiento de los medios o recursos en sede administrativa para la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, planteada por el Alcalde ahora accionado a tiempo de presentar su informe; además, de haberse invocado y fundamentado por el Juez de garantías, para la resolución de la presente acción tutelar. Respecto al presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad. Esta cuestión fue planteada por el Alcalde ahora accionado y por el Juez de garantías en la resolución de la presente acción de amparo constitucional. Es necesario aclarar que, vía jurisprudencia constitucional el principio de subsidiariedad que rige esta acción tutelar, encuentra excepción en algunos casos excepcionales precisados en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, entre ellos, los casos vinculados a personas con discapacidad; puesto que, forman parte de grupos vulnerables, que requieren acceso inmediato a la jurisdicción constitucional; esta excepción, se hizo extensiva a las personas que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad. En esa comprensión, en el presente caso, la accionante tiene bajo su dependencia a dos hijos menores, nacidos el 2008 y 2020 respectivamente (Conclusión II.1.), de los cuales, el hijo mayor tiene discapacidad múltiple, física motora, del 80%, acreditado mediante el Carnet de discapacidad de CONALPEDIS, documento vigente desde el 21 de febrero de 2017 a 21de febrero de 2021 (Conclusión II.2.). En ese entendido, la accionante, al tener bajo su dependencia a su hijo menor con discapacidad, se encuentra en los casos de excepción a la subsidiariedad y acceso directo a la jurisdicción constitucional para que el problema jurídico planteado sea considerado y resuelto en el fondo; por lo que, no le era exigible agotar los medios o recursos en sede administrativa con el objeto de buscar la restitución de sus derechos. Además, es necesario precisar que por los hechos descritos en la acción de amparo constitucional y el informe del Alcalde ahora accionado se puede concluir que la audiencia en el procedimiento administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral presentada por la accionante ante la autoridad administrativa laboral de Uyuni, no fue celebrada según reconocimiento efectuado por el Alcalde hoy accionado en el informe presentado en la presente acción tutelar; tampoco hay evidencia de que con posterioridad a la resolución de la presente causa constitucional, la autoridad administrativa haya resuelto la denuncia formulada por la accionante. Respecto al problema de fondo planteado. A fin de abordar la problemática planteada, es necesario tener presente que, como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el ámbito constitucional corresponde la protección de los trabajadores o servidores públicos provisorios por su condición de personas con discapacidad, a través de la garantía de su inamovilidad laboral, beneficio extensible -vía jurisprudencia constitucional- a trabajadores o funcionarios provisorios que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, con una relación de parentesco de primer grado en línea directa. En ese marco jurídico, para ingresar al análisis de fondo planteado es necesario efectuar algunas precisiones. Si bien la desvinculación laboral de la accionante, mediante el Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022 de 11 de julio, expresa que se asumió la decisión de prescindir de sus servicios, sin señalar una causa de manera expresa ni implícita alguna; empero, resulta claro e incontrovertible que la desvinculación se debió a las “…faltas cometidas a raíz de las 3 llamadas de atención acumuladas así como mal desempeño de funciones que fueron informadas por su inmediato superior además del antecedente de un conflicto social ocasionado por una tardía inicio del proceso de contratación del DESAYUNO ESCOLAR para los estudiantes de la Unidades Educativas del Municipio que a la fecha aún se resume consecuencia…” (fs. 208 vta.) presuntamente de la accionante. Empero, para la imposición de sanciones disciplinarias que deriven en la destitución o despido por la comisión de faltas disciplinarias por los servidores públicos (incluyendo provisorios -como la situación fáctica de la accionante-), como lo expresa la jurisprudencia de manera clara, escueta y contundente que, es preciso la realización previa de un debido proceso, incluyendo la etapa de impugnación en sede administrativa; por lo que, no puede aplicarse la destitución o retiro del servidor público provisorio de manera directa, con la excusa de imponerse una sanción disciplinaria por la comisión de faltas sin un previo proceso que incluya la etapa de la impugnación, como se tiene aplicado en el caso en análisis. Además, es necesario enfatizar, como se tiene señalado en líneas precedentes, que la accionante tiene bajo su dependencia a su hijo menor de quince años aproximadamente, con discapacidad múltiple, física motora, del 80%; quien fue sometido a estudios y valoraciones por especialistas entre el 16 al 19 de agosto de 2022, según documento médico expedido “Epicrisis Pediatria”, expedido por Edil Escobar Mendoza, Pediatra Neurólogo, Mat. Profesional E-224 CNS del Hospital Materno Infantil (Conclusión II.6.), en ese entendido, por su grado de discapacidad, requiere asistencia para su alimentación, vestimenta, necesidades biológicas y para cubrir los gastos de su manutención -alimentación, medicamentos, etc.-, con el apoyo económico imprescindible de la accionante en calidad de madre; en ese entendido a comprensión, este hecho constituye la base de la pretensión de la accionante, la inamovilidad laboral en el Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, entidad en la que cumple funciones de funcionaria provisoria, tal como establece de manera incuestionable el memorando de designación. En ese contexto, es necesario precisar que, en el marco de la Norma Constitucional, legal y la jurisprudencia constitucional citada al respecto, la accionante en su calidad de servidora pública provisoria, le corresponde la protección de la garantía de la inamovilidad laboral, al tener bajo su dependencia a su hijo menor de quince años aproximadamente, con discapacidad múltiple, física motora, del 80%; por lo que, su despido directo y sin respetar esta garantía, constituye una vulneración a su garantía de inamovilidad laboral, a su derecho al trabajo digno, al derecho a la salud, a la alimentación y a la vida; por cuanto, su desvinculación le impide contar con los recursos económicos necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación salud y vida, no solo personal sino, con la afectación necesariamente a su entorno familiar y principalmente a la persona con discapacidad bajo su dependencia; mereciendo por consiguiente, concederle la tutela de sus derechos y garantías constitucionales.

La protección antes aludida, también implica, el pago de los salarios devengados; puesto que, la desvinculación laboral a través del agradecimiento de servicios en las circunstancias anotadas, es totalmente injustificada, en ese entendido a la accionante le corresponde el pago de los salarios devengados desde su desvinculación hasta su efectiva reincorporación laboral en el mismo puesto laboral que se encontraba ocupando cuando fue despedida injustificadamente. Ahora bien, la protección que brinda la garantía de la inamovilidad laboral por tener bajo su dependencia a su hijo menor, con discapacidad múltiple, física motora, del 80%, subsistirá en tanto se mantengan subsistentes estas circunstancias que constituyen el sustento de la garantía de la inamovilidad laboral; a cuyo efecto, resulta necesario establecer una constatación de la subsistencia de éstas circunstancias a través la labor de verificación periódica que efectúe la Trabajadora Social de la Unidad pertinente (DNA-SLIM o la que corresponda) del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” del departamento de Potosí, cuyos informes deben ser remitidos a la autoridad judicial que conoce la causa, como Juez de garantías que tiene la atribución de ejecutar las resoluciones constitucionales -art. 16.I CPCo-; sin perjuicio de la protección del beneficio reconocido, corresponde a la accionante el cumplimiento de las obligaciones administrativas como la renovación de carnet de persona con discapacidad entre otros, establecidas en la Ley 223, y sus Decretos Reglamentarios. Finalmente, la accionante en el petitorio formuló como una de sus pretensiones el establecimiento de responsabilidad civil y la condena de costas, al respecto es necesario señalar que ni en la acción de amparo constitucional ni en audiencia, desplegó carga argumentativa específica que sustente su pretensión; además, respecto a las costas procesales, no pueden ser considerados por esta Sala, en razón a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 30 septiembre, cursante de fs. 238 a 244 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Leydi Abigail Condori Choque, en cuyo mérito se deja sin efecto el Memorando con CITE: GAMCK/DAF/RRHH/AGRAD. 005/2022 de 11 de julio, y se ordena al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”, a) La reincorporación laboral inmediata de la accionante por gozar de inamovilidad laboral al tener bajo su dependencia a su hijo menor con discapacidad, al mismo cargo laboral que desempeñaba antes de su desvinculación laboral o a un cargo similar sin afectar su nivel salarial; y, b) El pago de sus salarios devengados y el cumplimiento de sus demás derechos laborales, sea en el plazo de diez días a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Ordenar que la accionante gestione la verificación de la subsistencia de las circunstancias que sustentan la inamovilidad laboral, por tener bajo su dependencia a su hijo menor de edad con discapacidad múltiple, física motora, del 80%, a través de la Trabajadora Social de la unidad pertinente como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio Legal Integral Municipal o la que corresponda, del Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K” del departamento de Potosí, y presentar el respectivo informe a la autoridad judicial que conoce la causa, de manera cuatrimestral a partir de su notificación con el presente fallo constitucional; y,

3º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la pretensión del establecimiento de responsabilidad civil, así como al pago de costas, en atención a lo expuesto en los fundamentos jurídicos y razonamientos desplegados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referendum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.

2 El art. 128 de la CPE, expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (las negrillas nos pertenecen).

3 Respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, expresó textualmente: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los

23 La SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio.

24 La SCP 2246/2012 de 8 de noviembre, establece el criterio de interpretación pro homine.

25 La SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, respecto a la inamovilidad laboral de los servidores públicos provisorios, expresa: “Inicialmente cabe referir que de acuerdo a lo descrito ut supra, la limitación a la inamovilidad laboral, fue establecida para funcionarios electos, designados y de libre nombramiento, pero en el caso presente ninguna de estas condiciones incluye al ahora accionante (…), pues como se evidencia del Memorando de designación es un funcionario provisorio, que ocupa un puesto de la carrera administrativa, y por tanto su inamovilidad no representa un riesgo a la continuidad del servicio público o a la metas institucionales, ya que no desempeña funciones jerárquicas; tampoco su cargo es de especialidad o confianza de la MAE, circunstancia frente a la cual no puede realizarse una excepción a la inamovilidad laboral y por el contrario corresponde en favor del accionante la inamovilidad. No obstante, debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad” (las negrillas son nuestras).

26 Respecto a la destitución o despido de funcionarios provisorios y el derecho al debido proceso, la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0474/2011-R de 18 de abril, estableció que. “Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que, si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citado en la SC 1462/2011-R de 10 de octubre, SCP 0413/2020-S3 de 7 de agosto, entre otras.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0932_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1141b924d363efb7627524d22436a99a5bdacdb93eaca79e688d3975a80a15ff

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