B.IA.LEGAL

SCP 0931/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54259-2023-109-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; y, los principios de verdad material, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista de 16 de febrero de 2023: a) Con relación al riesgo de fuga previsto en el numeral 1 del art. 234 del CPP-, olvidó considerar que el 21 de noviembre de 2022 anunció el cambio de su domicilio; b) Respecto al peligro de fuga previsto en su numeral 4 del art. 234 del CPP, no fundamentó la razón por la que realizó una determinada valoración negativa de la prueba que presentó; toda vez que, para la imposición del referido riesgo procesal, se adjuntó un certificado de existencia de declaratoria de rebeldía en su contra, expedido por el “Juzgado de Instrucción Tercero”, el cual no tiene valor jurídico porque pertenece a un proceso rechazado y sobreseído; c) Con relación al peligro de fuga, previsto en el numeral 6 del art. 234 del CPP no ingresó al análisis de fondo de dicho presupuesto, toda vez que, en el expediente constaba en calidad de prueba el historial de denuncias que tenía y en el cual se detallaba que todos sus procesos penales no podían ser utilizados como causal de actividad delictiva anterior, debido a que todos ellos sin excepción se encontraban cerrados; y, d) Respecto al peligro de obstaculización previsto en su numeral 2-se entiende del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 28 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia, y a los principios de verdad material, eficiencia y eficacia, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero del 2023, emitido por Gina Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba;

b) Que la autoridad demandada, o quien ejerza dichas funciones emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación sobre el riesgo procesal previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54259-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 28 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jimmy Tito Bozo Bolívar contra Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 09 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 9, el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa, el “29” siendo lo correcto 26 de enero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, a través de la cual, la Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, de manera injusta, determinó la existencia de tres riesgos procesales para el peligro de fuga, contenidos en los numerales 1, 4 y 6 -se entiende del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP)- y uno respecto al peligro de obstaculización en el numeral 2 -se entiende del art. 235 del CPP- disponiendo la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, pese a que aportó prueba suficiente para desvirtuar los riesgos procesales. Habiendo interpuesto recurso de apelación contra dicha determinación, recurso de alzada que fue resuelto por Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 16 de febrero de igual año, a través del cual confirmó las medidas cautelares impuestas por la Juez a quo.

La Vocal demandada, en la emisión del citado Auto de Vista, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Con relación al peligro de fuga, previsto en el numeral 1 -se entiende del art. 234 del CPP-, confirmó la existencia de ese riesgo procesal, debido a que existió una contradicción en el señalamiento de domicilio, puesto que al momento de prestar su declaración informativa señaló un domicilio y al momento de presentar prueba del registro domiciliario indicó otro; sin embargo, la autoridad demandada omitió que el 21 de noviembre de 2022, anunció el cambio de su domicilio, puesto que vive en alquiler y no depende únicamente de él que continúe en el mismo domicilio, por lo que desvirtuó esa supuesta contradicción; b) Respecto al peligro de fuga previsto en su numeral 4 -se entiende del art. 234 del CPP-, no fundamentó la razón por la que realizó una determinada valoración negativa de la prueba que presentó, toda vez que, para la imposición del referido riesgo procesal, se adjuntó un certificado de existencia de declaratoria de rebeldía en su contra, expedido por el “Juzgado de Instrucción Tercero”, el cual no tiene valor jurídico porque pertenece a un proceso rechazado y sobreseído; c) Con relación al peligro de fuga, previsto en el numeral 6 -se entiende del art. 234 del CPP-, vulneró los principios fundamentales de verdad material, eficacia, eficiencia e impugnación, debido a que, de manera subjetiva contraviniendo a dichos principios, no ingresó al análisis de fondo de dicho presupuesto, toda vez que, en el expediente constaba en calidad de prueba el historial de denuncias que tenía y en el cual se detallaba que todos sus procesos penales no podían ser utilizados como causal de actividad delictiva anterior, debido a que todos los procesos se encuentran cerrados sin excepción; y, d) Respecto al peligro de obstaculización previsto en su numeral 2 -se entiende del art. 235 del CPP-, dicho riesgo procesal de manera equívoca fue confirmado por la autoridad demandada sin pronunciarse sobre las razones de fondo respecto a su decisión y sin mencionar el sustento legal, debido a que dicha fundamentación se basó en dos declaraciones testificales realizadas ante el investigador del caso, en las que nunca se menciona que su persona haya influido sobre ellos, los haya amenazado o intimidado, de esa manera se incumplió las directrices del art. 235 del CPP, fundándose en meras presunciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia y los principios de verdad material, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica; citando el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023 y se ordene a la autoridad demandada vuelva a emitir el respectivo Auto de Vista cumpliendo los lineamientos constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 27, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia señaló que: 1) Existe incongruencia en la valoración efectuada por la autoridad del juzgado de origen en cuanto a su domicilio, toda vez que había anunciado su cambio de domicilio ante la Fiscalía y que la Autoridad demandada no valoró esa situación y omitió expresar porque no se considera como un agravio; 2) Refiere que la prueba que presentó a objeto de desvirtuar el peligro de fuga establece que no tiene antecedentes de actividad delictiva anterior, y que todos los procesos penales son anteriores al proceso penal en cuestión y que dicha valoración no fue realizada por el Juez a quo y no fue verificada por la autoridad demandada, por lo que carece de fundamentación; 3) No se estableció de qué manera el Juez a quo realizó una correcta valoración de la prueba, razón por la que no puede dar preferencia al procedimiento antes que a la verdad material de los hechos; y, 4) La autoridad demandada no consideró los peligros procesales señalados por la Juez a quo y que fueron enervados de manera previa.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 20 a 21 vta., manifestó que: i) La compulsa de las pruebas que se aporta con el fin de aplicar, modificar medidas cautelares de carácter personal, es facultad exclusiva del Juez que está a cargo del proceso, los únicos casos en los que Tribunal de alzada puede intervenir en la revisión de dicho análisis sería cuando el juzgador se hubiere apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad y si ingresaran a valorar la prueba resultaría una doble valoración de la prueba; ii) Se establece que, en la labor de interpretación de la legalidad ordinaria, se puede utilizar criterios de interpretación exegética o gramatical, teológica, sistemática, entre otras, y solo cuando el intérprete de la legalidad, en sus decisiones utilice algún criterio de interpretación que implique vulneración a un principio constitucional, como ser la igualdad, legalidad, razonabilidad o proporcionalidad o cuando su interpretación afecte algún elemento del derecho al debido proceso, podrán ser tutelados a través del recurso de amparo constitucional, en ese sentido el accionante para la activación del control de constitucionalidad se debe cumplir ciertos requisitos y que la sola enunciación de normas o la sola relación de hechos no puede activar un control de constitucionalidad; y, iii) El Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, no vulneró normas procesales como el art. 124 y 169.3 del CPP, relativos a la debida fundamentación y motivación, principios de igualdad jurídica, libertad probatoria, razonabilidad y valoración vinculados a la libertad del accionante, toda vez que la Resolución cuestionada se encontraba debidamente motivada y fundamentada, explicando los motivos por los cuales decidieron de determinada manera, cumpliendo con la congruencia interna y externa, en congruencia con los puntos de agravio expresados por la defensa y la normativa legal aplicable al caso concreto que sustentan la decisión; por lo que pide que se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 28 a 35 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) Respecto al trabajo y ocupación del imputado, refirió ser constructor de la empresa constructora ESIAR SRL., en la ciudad de Sucre; sin embargo, el Ministerio Público efectuó observaciones respecto a los datos genéricos proporcionados por el imputado, imposibilitando mayores datos para la verificación respectiva del domicilio, evidenciándose una contradicción entre el domicilio que señaló y el nuevo domicilio que pretendió acreditar; además, se observó que la documentación respecto al último domicilio no cumple con los requisitos para emitir una certificación; y, se evidenció la ausencia de información de cambio de domicilio del imputado, razones por las que la autoridad demandada evidenció una incoherencia en los domicilios indicados por el accionante; b) Con relación al peligro fuga del numeral 6 del art. 234 del CPP, se evidenció que conforme a la audiencia de consideración de medidas cautelares de 26 de enero de 2023, la defensa no explicó la situación jurídica en la que se encontraba el imputado respecto a todos los procesos que se reportaron en su contra, razón por la cual, la Jueza de primera instancia analizó conforme a la documentación adjunta que existe varios procesos penales en su contra evidenciando un comportamiento reiterativo que da lugar a ese riesgo procesal; c) De los fundamentos respecto al peligro de fuga del numeral 4 del art. 234 del CPP, del razonamiento de la Jueza a quo, se advirtió que la defensa hizo referencia a una sentencia absolutoria, siendo evidente que tiene como efecto la supresión de medidas cautelares y las consecuencias de la declaratoria de rebeldía; sin embargo, se evidenció que durante el desarrollo del proceso, el imputado no se sometió al mismo, dando lugar a que se declare su rebeldía, motivo por el cual los fundamentos de la Jueza de primera instancia y la autoridad demandada son correctos; d) En relación, a la revisión del art. 235.2 del CPP, referida a que las declaraciones de los testigos habrían sido influenciados negativamente por el imputado, al no haberse invocado que reglas de la sana critica fueron vulnerados, se evidencia que los fundamentos de la Jueza de primera instancia y la autoridad demandada son correctos; en ese sentido, es evidente que el Tribunal de apelación no puede ingresar a realizar un análisis ponderando entre la información que aportó la prueba y los fundamentos que han motivado la Resolución de la Juez de primera instancia, para verificar la vulneración de reglas de la sana critica, y con ello, la errónea valoración probatoria, limitándose únicamente a la actividad de verificar la existencia de fundamentos objetivos para el establecimiento de los riesgos procesales por la Jueza de primera instancia, y la imposición de medidas cautelares; de la apelación interpuesta, se tiene que, el impetrante de tutela debió señalar los agravios denunciados, es decir, cuáles son las reglas de la sana critica racional o principios de la lógica que vulneraron su derecho al debido proceso en su garantía mínima de la correcta motivación y congruencia de resoluciones judiciales, lesión a los principios de verdad material, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica, vulnerando su derecho a la libertad, razón por la que la autoridad demandada efectuó una correcta revisión de la determinación asumida por la Jueza a quo; y, e) La apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el Juez ad quo, de hacerlo, su revisión sería intrascendente por cuanto los agravios tendrían un sustento diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior, puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada, ya que se tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados y corregir las irregularidades en las que habría incurrido. Posteriormente, la parte accionante, a través de su abogado, solicitó complementación y enmienda, debido a que se mencionó que su persona no hizo anuncio de cambio de domicilio, sin embargo, en el memorial de acción de libertad presentado ante el juzgado de origen, este hecho fue puesto a conocimiento de la Jueza a quo, resultando contradictorio con lo aseverado en esa audiencia; asimismo, solicitó que se complemente con relación al peligro de obstaculización, sobre el que se ha omitido pronunciamiento; debiendo tomarse en cuenta los agravios que han sido expuestos y que como Tribunal de garantías debieron ser identificados. Respondiendo a dicho pedido, la Jueza de garantías, mediante Auto pronunciado en la misma audiencia, dispuso que no corresponda ninguna aclaración, ya que respecto a la contradicción que se señala, con relación al cambio de domicilio, si bien se enuncio dicho aspecto, empero el domicilio no fue verificado, conforme a las reglas establecidas en la normativa, tal como razonó correctamente la Autoridad demandada; con relación al numeral 2 del art. 234 del CPP y el numeral 6 de la misma norma legal, la Vocal demandada sin ingresar a realizar una revalorización pudo identificar que el mismo se encuentra conforme a los actuados procesales y a la prueba presentada ante la autoridad de instancia al no haberse invocado las reglas de la sana crítica respecto a los testigos que habrían sido influidos negativamente por el imputado.

II. CONCLUSIÓNES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, de 16 de febrero de 2023, el imputado -accionante- a través de su abogado, estableció los siguientes puntos de apelación: 1) Con relación al agravio del art. 234.1 del CPP; en cuanto al domicilio la autoridad judicial fundó el riesgo procesal determinando que existiría una contradicción ente el domicilio real que tiene su defendido en su declaración informativa y la prueba que presentó referida al registro domiciliario que consigna como domicilio calle Nicasio Ríos N° 515, por lo que, demostró a la autoridad judicial con trasferencias bancarias, recibos de alquiler, que vive en ese lugar, que es un lugar habitable y que inclusive los vecinos conocen que habita en ese lugar junto a su familia; en ese entendido, dicho riesgo procesal ha sido fundado en base a la incongruencia omisiva de los antecedentes procesales, ya que el 21 de noviembre del 2022, presentó un memorial anunciando el cambio de domicilio, aspecto que la autoridad judicial omitió y terminó fundando el peligro de fuga por la falta de domicilio, por no haber informado con antelación el cambio de domicilio, siendo que en obrados cursa memorial en el que se pone a conocimiento de la autoridad judicial, el cual no tomó en cuenta al no percatarse de ese aspecto; 2) Respecto al agravio del art. 234.4 del CPP; que hace referencia respecto al comportamiento del imputado dentro de otro proceso, señalando que eso no implica que en el trascurso del proceso el imputado no se haya sometido al mismo, dicho riesgo se fundó en la declaratoria de rebeldía de 7 de mayo del 2019, emitido por el “Juzgado de Instrucción penal N° 3” (sic); con relación a lo cual la autoridad de instancia manifestó que no existe prueba fehaciente que pueda desvirtuar esa declaratoria de rebeldía; y que la sentencia absolutoria que presentó no evidencia que tenga o no conexión que el referido auto de rebeldía o que éste ya dejó de tener efecto; sin embargo, la prueba adjuntada demuestra que todos los procesos penales están cerrados, ya sea por sobreseimiento o rechazo; por lo que considera que la prueba que presentó no fue correctamente valorada, ya que no se tomó en cuenta su situación actual y anterior, puesto que al estar cerrados todos los procesos, la declaratoria de rebeldía dejó de tener efecto alguno de presunción en su contra; 3) Con referencia al agravio del art. 234.6 del CPP; señala que se realizó una mala valoración de la prueba ya que la víctima y el Ministerio Público, presentaron el informe emitido a través de la Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE), donde se consignan varios procesos en su contra; empero, por su parte presentó el historial de denuncias que fue omitido por la contraparte, el cual debió ser analizado correctamente por la autoridad judicial, ya que todas las denuncias formuladas en su contra se encontraban cerradas por sobreseimiento o rechazo y que las únicas denuncias abiertas son la referente al caso -se entiende que motiva esta acción de tutela- y una con sentencia absolutoria; y, 4) Referente al agravio del art. 235.2 del CPP; que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, refiere que se trata de fundar el riesgo procesal de obstaculización en base a dos declaraciones policiales, uno que dio la esposa del imputado y de otra persona que habría dado el dinero, respecto a la primera, manifiesta que ella llamo al imputado reclamando la mala actitud que estaba teniendo en el negocio, al haber recibido dinero y no lo quería devolver; considera que dichos aspectos no ponen en evidencia que haya existido amenaza o influencia negativa sobre los testigos, victimas o partícipes, la parte acusadora no cumplió con la carga de la prueba requerida para fundar el riesgo procesal, puesto que no existe prueba evidente referente a ello. Por lo que, solicita se deje sin efecto el Auto apelado y se revoque los riesgos procesales aplicados (fs. 16 a 17 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, la Vocal Relatora de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada- declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado -accionante-, confirmando la Resolución de 26 de enero de 2023; en base a los siguientes fundamentos: i) Con relación al agravio del art. 234.1 del CPP; considera que el razonamiento efectuado por la Jueza de primera instancia es adecuado toda vez que, el imputado al no haber comunicado oportunamente un eventual cambio de domicilio, se evidenció una incoherencia en los domicilios indicados por el imputado, y que como elemento de arraigo natural se exige habitualidad del domicilio, puesto que tiene la finalidad de garantizar que el imputado permanezca en un determinado ámbito territorial donde pueda ser habido en todo el transcurso del proceso; ii) Respecto al agravio del art. 234.4 del CPP; respecto a dicho riesgo procesal, la defensa hizo referencia a una sentencia absolutoria, efectivamente la absolución tiene como efecto la supresión de medidas cautelares y las consecuencias de la declaratoria de rebeldía; sin embargo, ello no implica que en el transcurso del proceso el imputado no se haya sometido al mismo, dando lugar a que se declare su rebeldía por renuencia al sometimiento del proceso; es decir, no tiene vinculación alguna el hecho de que se haya dictado una sentencia absolutoria con el hecho de que en la tramitación del proceso el imputado haya decidido no someterse conforme a las reglas que impone el procedimiento, por lo que los fundamentos de la Jueza a quo son correctos; iii) Con referencia al agravio del art. 234.6 del CPP; la defensa no explicó la situación jurídica en la que se encontraba el imputado en cada uno de los procesos que se reportaron en su contra, por lo que la Jueza a quo no tuvo la oportunidad de analizar lo referido, sin embargo la documentación que se le fue presentada le llevó a la deducción de que en contra del imputado existen varios procesos penales, evidenciando un comportamiento reiterativo que da lugar al referido riesgo procesal; y, iv) Referente al agravio del art. 235.2 del CPP; la Vocal demandada argumentó que respecto al peligro de obstaculización se basa en las declaraciones de los testigos que han sido influidos negativamente por el imputado; la defensa señaló que solo existió un reclamo, sin embargo ello recae en una injerencia objetiva en el ánimo de una persona, por lo que dicho riesgo procesal tiene un sustento objetivo basado en declaraciones, y que al no argumentar cuales son las reglas de la sana critica racional y los principios de la lógica que vulneraron sus derechos y garantías constitucionales el tribunal de alzada no puede ingresar a un análisis de ponderación entre la información que aportó la prueba y los fundamentos que motivaron a la Jueza a quo a emitir su Resolución (fs. 17 vta. a 19 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; y, los principios de verdad material, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista de 16 de febrero de 2023: a) Con relación al riesgo de fuga previsto en el numeral 1 del art. 234 del CPP-, olvidó considerar que el 21 de noviembre de 2022 anunció el cambio de su domicilio; b) Respecto al peligro de fuga previsto en su numeral 4 del art. 234 del CPP, no fundamentó la razón por la que realizó una determinada valoración negativa de la prueba que presentó; toda vez que, para la imposición del referido riesgo procesal, se adjuntó un certificado de existencia de declaratoria de rebeldía en su contra, expedido por el “Juzgado de Instrucción Tercero”, el cual no tiene valor jurídico porque pertenece a un proceso rechazado y sobreseído; c) Con relación al peligro de fuga, previsto en el numeral 6 del art. 234 del CPP no ingresó al análisis de fondo de dicho presupuesto, toda vez que, en el expediente constaba en calidad de prueba el historial de denuncias que tenía y en el cual se detallaba que todos sus procesos penales no podían ser utilizados como causal de actividad delictiva anterior, debido a que todos ellos sin excepción se encontraban cerrados; y, d) Respecto al peligro de obstaculización previsto en su numeral 2-se entiende del art. 235 del CPP-, confirmó dicho riesgo procesal sin pronunciarse sobre las razones de fondo respecto a su decisión y sin mencionar el sustento legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

1El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Estos razonamientos fueron asumidos por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba, cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.

A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Este entendimiento también fue asumido en la SCP 0014/2018 de 28 de febrero.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; y, los principios de verdad material, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica; toda vez que, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista de 16 de febrero de 2023: 1) Con relación al riesgo de fuga previsto en el numeral 1 del art. 234 del CPP, olvidó considerar que el 21 de noviembre de 2022 el impetrante de tutela anunció el cambio de su domicilio; 2) Respecto al peligro de fuga previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP, no fundamentó la razón por la que realizó una determinada valoración negativa de la prueba presentada; toda vez que, para la aplicación del referido riesgo procesal, se adjuntó un certificado de existencia de declaratoria de rebeldía en su contra, expedido por el “Juzgado de Instrucción Tercero”, el cual no cuenta con valor probatorio debido a que el mismo pertenece a un proceso rechazado y sobreseído; 3) Con relación al peligro de fuga, previsto en el numeral 6 del art. 234 del CPP no ingresó al análisis de fondo de dicho presupuesto, toda vez que, en el expediente cursaba en calidad de prueba el historial de denuncias, en el cual se detallaban todos los procesos penales previos, los cuales no podían ser utilizados como causal de actividad delictiva anterior, debido a que todos ellos sin excepción se encontraban cerrados y sobreseídos; y, 4) Respecto al peligro de obstaculización previsto en su numeral 2 del art. 235 del CPP, confirmó dicho riesgo procesal sin pronunciarse sobre las razones de fondo respecto a su decisión y sin mencionar el sustento legal. Con relación a las denuncias referidas a la revisión de la valoración de la prueba Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco de las auto restricciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, la revisión en sede constitucional de la valoración de la prueba efectuada por las autoridades de las otras jurisdicciones, procede cuando: i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. A objeto de examinar la presente denuncia amerita precisar que el apelante, hoy accionante, en la audiencia de apelación, con relación al riesgo procesal previsto en el numeral 1 del art. 234 del CPP, expresó como agravio que la Vocal demandada omitió considerar que el 21 de noviembre de 2022 puso a conocimiento el cambio de domicilio señalado en calle Nicasio Ríos N° 515 , no siendo cierto ni evidente que no hubiera informado con antelación dicho cambio; siendo que el mismo cursa en obrados, el cual no fue considerado por la autoridad judicial, prescindiendo de este aspecto (Conclusión II.1).

Respondiendo a dicho agravio, la Vocal demandada, en la emisión del Auto de Vista impugnado, señaló que el razonamiento realizado por la Jueza a quo sobre el agravio del art. 234.1 del CPP es adecuado toda vez que el imputado -ahora accionante-, al no comunicar oportunamente su cambio de domicilio, incurriendo en una contradicción en los domicilios indicados, siendo este un requisito indispensable para acreditar la habitualidad del mismo, puesto que tiene la finalidad de garantizar que el imputado permanezca en un determinado ámbito territorial.” (Conclusión II.2). Como se advierte, la Vocal demandada, omite valorar el escrito que el accionante alega haber presentado el 21 de noviembre del 2022, donde comunicó el cambio de su domicilio real, lo cual resultaba conducente a objeto de verificar si era evidente o no que esa comunicación hubiera sido extemporánea y por ende si el Juez de primera instancia incurrió o no en la omisión valorativa que denuncia en su agravio. Consecuentemente, resulta evidente que la Vocal demandada, ha incurrido en omisión de la valoración probatoria denunciada, con lo cual efectivamente vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación del cual forma parte la valoración de la prueba, así como los principios de eficiencia y eficacia; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada sobre esta denuncia. Con relación al riesgo de fuga previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP, el accionante se queja sobre una falta de fundamentación de la valoración de la prueba que habría presentado, arguyendo que el certificado de existencia de declaratoria de rebeldía en su contra, expedido por el “Juzgado de Instrucción Tercero”, que se adjuntó para demostrar dicho riesgo procesal, no tiene valor jurídico porque pertenece a un proceso rechazado y sobreseído.

Con relación al referido riesgo procesal, el apelante -hoy accionante-, denunció que, dicho riesgo se fundó en la declaratoria de rebeldía de 7 de mayo del 2019, emitido por el “Juzgado de Instrucción penal N° 3” (sic); con relación a lo cual la autoridad de instancia manifestó que no existe prueba fehaciente que pueda desvirtuar esa declaratoria de rebeldía; y que la sentencia absolutoria que presentó no evidencia que tenga o no conexión con el referido Auto de rebeldía, o que se haya dejado sin efecto; empero, la prueba adjunta demuestra que todos los procesos penales se encuentran cerrados, ya sea por sobreseimiento o rechazo; por lo que considera que la prueba presentada no fue correctamente valorada, ya que no se tomó en cuenta su situación actual y anterior, puesto que al encontrarse cerrados todos los procesos, la declaratoria de rebeldía quedó sin efecto (Conclusión II.1). La Vocal demandada, en el Auto de Vista impugnado, respondiendo a dicho agravio de la apelación argumentó en relación al riesgo procesal referido, que la defensa hizo referencia a una sentencia absolutoria, efectivamente la absolución tiene como efecto la supresión de medidas cautelares y las consecuencias de la declaratoria de rebeldía; sin embargo, ello no implica que en el transcurso del proceso el imputado no se haya sometido al mismo, dando lugar a que se declare su rebeldía por renuencia al sometimiento del proceso; es decir, no tiene vinculación alguna el hecho de que se haya dictado una sentencia absolutoria con el hecho de que en la tramitación del proceso el imputado haya decidido no someterse conforme a las reglas que impone el procedimiento, por lo que los fundamentos del juez de primera instancia son correctos (Conclusión II.2). En lo referente al art. 234.4 del CPP, la conclusión del proceso penal de donde se extrajo su declaratoria de rebeldía, no anula el hecho de que durante la tramitación del mismo no haya querido someterse a las reglas que impone el procedimiento, dando lugar a que se declare su rebeldía por renuencia al sometimiento del proceso. (Conclusión II.2). Esta Sala constitucional, no advierte que la vocal demandada hubiera incurrido en una falta de razonabilidad en la valoración de la prueba que habría acreditado que dentro del proceso en el que se le declaró rebelde, tuvo un resultado favorable al peticionante de tutela; puesto que, efectivamente lo que corresponde valorar para verificar la existencia del riesgo procesal de fuga previsto en el numeral 4 del 234 del CPP, es el comportamiento procesal que el imputado haya tenido en un proceso anterior, lo cual no queda desvirtuado por el eventual resultado favorable al imputado que haya devenido en dicha causa; pues una cosa es la conducta procesal del encausado de sometimiento al proceso y otra distinta la decisión del juez o tribunal sobre el mérito de la persecución penal; por lo que con relación a esta denuncia no se advierte la vulneración del debido proceso en su elemento de motivación, razón por lo cual corresponde denegar la tutela solicitada.

Con relación a la incongruencia omisiva

Con relación al riesgo previsto en el numeral 6 -se entiende del art. 234 del CPP-; el accionante denuncia que la Vocal demandada no ingresó al análisis de fondo de dicho presupuesto. A objeto de efectuar el contraste correspondiente, cabe precisar que el apelante, hoy accionante, con relación al referido riesgo procesal, expuso como agravio que se realizó una errónea valoración de la prueba ya que la víctima y el Ministerio Público, presentaron certificado emitido por PAUE, donde se consignan varios procesos en su contra; empero, por su parte presentó el historial de denuncias que fue omitido por la contraparte, el cual debió ser valorado correctamente por la autoridad judicial, ya que todas las denuncias formuladas en su contra se encuentran cerradas por sobreseimiento o rechazo y que las únicas denuncias abiertas son la referente al caso -se entiende de la que motiva esta acción de tutela- y otra con sentencia absolutoria (Conclusión II.1). En respuesta, la Vocal demandada, señaló que la defensa no explicó la situación jurídica en la que se encontraba el imputado en cada uno de los procesos penales en su contra, a objeto de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP, razón por la que considera que la Jueza a quo entendió a través de la documentación adjunta, que la existencia de varios procesos penales en su contra, ponen en evidencia un comportamiento reiterativo que da lugar al referido riesgo procesal (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones judiciales, en resguardo al derecho al debido proceso deben respetar el principio de congruencia, que en su dimensión externa, implica la correlación entre las peticiones de las partes y el pronunciamiento de los jueces o tribunales; y, empero, en lo que atañe a las resoluciones de apelación relativas a las resoluciones sobre medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III. 2 del presente fallo, ha establecido que la congruencia tiene un alcance diferente, en razón al carácter provisional que tienen las medidas cautelares que pueden ser revisadas inclusive de oficio. En ese marco, resulta evidente que el agravio denunciado por el apelante se refiere a una omisión de la valoración del historial de denuncias que habría presentado por su parte que daría cuenta que, salvo la denuncia relativa al proceso que motiva esta acción de tutela y de otro proceso en el que ha recaído sentencia absolutoria, todas las demás denuncias en su contra fueron rechazadas o sobreseídas, a partir de lo cual, resultaría incorrecta la valoración del historial de denuncia que el Ministerio Público y la víctima extrajeron del PAUE. Sin embargo, la autoridad demandada, en lugar de responder si era o no evidente la omisión de valoración probatoria en la que hubiera incurrido la autoridad judicial de primera instancia respecto a la prueba presentada por la parte imputada, se limita a justificar la conclusión a la que habría arribado el Juez de primera instancia, con base a la documentación presentada en audiencia y al hecho de que el imputado no habría explicado la situación jurídica en cada uno de los procesos reportados, por lo que termina aseverando, que con la prueba presentada se habría evidenciado un comportamiento reiterativo que dio lugar a la existencia del riesgo de fuga previsto en el numeral 6 del art. 234 del CPP; es decir, la Vocal demandada, efectivamente, no se pronunció sobre el agravio formulado en apelación, con lo cual resulta evidente que ha incurrido en la incongruencia omisiva que se denuncia y que vulnera el derecho al debido proceso en dicho elemento, así como los principios de eficacia y eficiencia; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada, aclarando que no amerita verificar la relevancia constitucional del defecto advertido, puesto que conforme señala la SCP 0014/2018-S2, citada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, por lo que no corresponde el análisis previo de relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando la denuncia de motivación arbitraria de la que forma parte la incongruencia, se refiere a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva. Con relación a la falta de motivación El accionante, denuncia que respecto al peligro de obstaculización previsto en su numeral 2 del art. 235 del CPP, dicho riesgo procesal de manera equivocada fue confirmado por la autoridad demandada sin pronunciarse sobre las razones de fondo respecto a su decisión y sin mencionar el sustento legal. El apelante, hoy accionante, denunció como agravio que sobre el art. 235.2 del CPP, la determinación -se entiende de la Jueza a quo- se basó en dos declaraciones policiales, que no evidencian que haya existido una amenaza o influencia negativa sobre los testigos, por lo que la parte acusadora no cumplió con la prueba requerida (Conclusión II.1 ). En respuesta, a dicho agravio, la Vocal demandada argumentó que respecto al peligro de obstaculización se basa en las declaraciones de los testigos que fueron influenciados negativamente por el imputado; la defensa señaló que solo existió un reclamo, sin embargo, ello recae en una injerencia objetiva en el ánimo de una persona, por lo que dicho riesgo procesal tiene un sustento objetivo basado en declaraciones, y que al no argumentar cuales son las reglas de la sana critica racional y los principios de la lógica jurídica que vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, por lo que, el tribunal de alzada no puede ingresar a un análisis de ponderación entre la información que aportó la prueba y los fundamentos que motivaron a la Jueza a quo a emitir su resolución (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme se desarrolla en el fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito al derecho a la fundamentación de las resoluciones, las autoridades judiciales, se hallan compelidas a justificar sus determinaciones exponiendo las razones jurídicas y fácticas que las sustentan; en lo que concierne al primer aspecto, que atañe a la construcción de la premisa jurídica del fallo, el juez o tribunal está obligado a citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos que sustenten su determinación y a justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera. En el caso examinado, como se advierte del contenido del Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, resulta evidente que la Vocal demandada, no fundamenta su decisión al no examinar el contenido de las declaraciones aludidas, puesto que, efectivamente no cita norma legal alguna o el entendimiento jurisprudencial ordinario o constitucional pertinente que establezca que el Tribunal de apelación, en la revisión de resoluciones sobre medidas cautelares de carácter personal, se halle impedido para verificar el contenido de la declaración de los policías a objeto de examinar si a partir de las mismas es posible inferir la existencia de alguna influencia o amenaza, por el hecho de que el apelante no hubiera identificado las reglas de la sana crítica quebrantadas por la Jueza a quo; consiguientemente, resulta evidente que la Autoridad demandada, al haber incurrido en dicho defecto, ha vulnerado el derecho al debido proceso, en su elemento de fundamentación y al mismo tiempo el principio de verdad material; lo que conlleva a la concesión de la tutela solicitada, puesto que, respecto a las resoluciones sobre medidas cautelares, como es la que motiva esta acción de tutela, no corresponde verificar la relevancia constitucional del defecto advertido, conforme lo ha establecido la SCP 0014/2018-S2, citada en el Fundamento jurídico III.3 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar totalmente la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 28 a 35 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y congruencia, y a los principios de verdad material, eficiencia y eficacia, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 16 de febrero del 2023, emitido por Gina Castellón Ugarte, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba;

b) Que la autoridad demandada, o quien ejerza dichas funciones emita nuevo Auto de Vista conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela con relación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación sobre el riesgo procesal previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0931_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4b226b637e338bac79b63f0239a00857adba8724f60cf7f76921f4af553feb9a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →