Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 2 de octubre de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento fundamentación, valoración probatoria, vertiente derecho a la defensa; en virtud a que, la autoridad ahora demandada, resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto en contra del indicado fallo, por Auto de Vista 40/2022, determinó declarar parcialmente procedente el recurso planteado manteniendo su detención preventiva; ello sin una debida fundamentación, valoración probatoria, lesionando la presunción de inocencia y también la vertiente derecho a la defensa, por cuanto no valoraron todos los elementos presentados en la audiencia de apelación para enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2023-S4 Sucre, 2 de octubre de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47586-2022-96-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 04 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Paúl Berna Berna contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 1; y, 45 a 49; el accionante, expuso los siguientes argumentos:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro agravado, encontrándose con detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Uyuni, conforme establece el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la cesación de su detención preventiva; empero, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2022, sin una debida fundamentación y motivación, dejó subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –hoy demandada–, quien por Auto de Vista 40/2022 de 27 de abril, resolvió declarar parcialmente procedente manteniendo su detención preventiva; lesionando el debido proceso vertiente derecho a la defensa, al validar la decisión del ad quo que soslayó la garantía a la presunción de inocencia, por el solo hecho de sustentar su decisión y determinar detención preventiva bajo el argumento de haber llegado a la conclusión de que la víctima es menor de edad y también es mujer, lo que demuestra su conducta exteriorizada al haberse negado a cumplir con sus deberes de asistencia al recién nacido y también por solicitar una prueba de paternidad, por cuanto refirió que: “…La ACCIONADA en su condición de PRESIDENTE DE LA SALA PENAL TERCERA (Tribunal de Alzada), efectuán una argumentación contraria a lo establecido en la línea jurisprudencial en relación al contraste sobre 1) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción que determinaron la imposición de la detención preventiva?, en relación a 2) Los nuevos elementos de convicción que aportados por mi persona:, nuevos elementos que demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida privativa de libertad. …” (sic), eso en el entendido que, la autoridad demandada habría adicionado un nuevo fundamento a los riesgos procesales cual es el de la vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y menor de edad, lo que también lesiona su derecho a la presunción de inocencia. Así la autoridad demandada, no valoró el conjunto de los elementos probatorios, ya que en el presente caso no existe la peligrosidad, por lo que no concurre el riesgo procesal de peligro para la víctima. Atentando de esta manera el debido proceso referente al art. 234.7 del adjetivo penal.
El accionante, alegó la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al debido proceso en su vertiente a la defensa, así también a la motivación de las resoluciones y valoración de la prueba; citando al efecto el artículo 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se anule la resolución cuestionada (Auto de Vista 40/2022); y, b) Se ordene emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada; valorando la prueba omitida y conforme a los fundamentos “esgrimidos por la propia vocal en el auto de vista de 28 de marzo de 2022”.
Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 59 a 62, presentes la parte accionante y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó en su integridad los argumentos expuestos en su demanda de acción de defensa, y ampliándola, señaló que: 1) La verdadera razón para interponer la acción de libertad, es la no valoración por parte de la autoridad accionada respecto al documento que demuestra la homologación del compromiso de asistencia familiar presentado como prueba de descargo en la audiencia de resolución de la apelación producto de la cual se emitió el Auto de Vista 40/2022; 2) El artículo 404 del CPP, permite presentar prueba en audiencia lo cual es contrario al criterio vertido por la accionada al emitir la resolución ahora cuestionada; 3) De la lectura de la resolución cuestionada en su acción, se advierte que existe una fundamentación aditiva, toda vez que, la autoridad demandada de manera arbitraria habría agregado el fundamento de que al solicitar la prueba de ADN el imputado, ello constituiría un peligro efectivo para la victima sin haber tomado en cuenta que el imputado se comprometió a pasar asistencia familiar a favor del menor, ya que ese tópico no fue debatido en las audiencias de cesación de la detención preventiva desarrolladas anteriormente; y 4) Solicita se realice un análisis integral para determinar o establecer los riesgos procesales, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales existentes en material constitucional.
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) La acción presentada, acusa una falta de motivación como parte del debido proceso en la cual incurrió la resolución cuestionada, pero no se puede advertir que el accionante habría demostrado tal extremo; ii) De igual manera rechaza el argumento, respecto a que al emitir su resolución ella habría incrementado un riesgo procesal, lo cual no es evidente, pues hace una remembranza acerca del origen de la causa principal, un delito de orden sexual donde la víctima es una menor que se ve involucrada como agraviada por el delito de estupro, producto del acceso carnal ésta se embarazó y dio a luz un hijo cuya paternidad se le atribuye al ahora accionante; y cuando se le comunicó a éste tal noticia su reacción fue la de manifestar que someterá a una prueba de paternidad al niño; y también eludió sus obligaciones de padre; todos los antecedentes cursan en el cuaderno procesal, del mismo también se colige que la menor era forzada a mantener relaciones sexuales. Los elementos antes descritos significan una conducta exteriorizada por el imputado hacia la víctima y en el contexto de la causa principal ello conlleva a determinar que el riesgo procesal inserto en el numeral 7 del artículo 234 del CPP continua presente; iii) Se sometió la decisión a lo establecido en la jurisprudencia constitucional que determina la protección reforzada a menores y mujeres, no se puede asimilar como desaparición del riesgo procesal la elaboración de los simples recibos, pues aún se mantiene latente la intención de someter al niño a la prueba de paternidad por parte del imputado, lo cual confirma la existencia de amenaza hacia la víctima como un riesgo efectivo que le afecta directamente, lo cual ha sido contextualizado al momento de emitir la resolución realizando un análisis integral de la situación; y, iv) Finalmente, manifiesta que dentro de sus labores lo que hizo fue contrastar los datos del proceso para verificar lo que fue puesto en su conocimiento, evidenciándose que el hostigamiento hacia la víctima es palpable por lo que corresponde mantener la medida gravosa a efectos de precautelar los derechos y garantías de la menor agredida. Por lo expuesto, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04 de 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 62 a 66, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Del análisis realizado de la causa, el informe prestado por la autoridad accionada y su fundamentación correspondiente; la intervención del abogado del accionante y los elementos contrastados, no se evidencia la lesión alegada, el impetrante de tutela pretende que se tome en cuenta una prueba documental a efectos de desvirtuar el riesgo procesal que lo mantiene con detención preventiva, lo que configura una imposibilidad de ingresar al fondo del asunto como solicita el imputado, lo cual es pertinente realizar en otro escenario jurídico; b) Sobre el derecho a la defensa no se observa que se habría vulnerado tal bien jurídico, porque el ahora accionante en su calidad de imputado pudo realizar todas las facultades procesales que la norma adjetiva penal le permite; c) Siendo apelado el indicado fallo, se emitió el Auto de Vista 40/2022, a través del cual la Vocal demandada, con relación al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, indicó que para sustentar este riesgo procesal, se consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima frente al agresor, y que la resolución confutada contiene una debida fundamentación, y en contraste a la pretensión del accionante se advirtió que éste último no se encuentra indebidamente procesado, además de que existen riesgos procesales que deben ser desvirtuados a efectos de lograr la cesación de la detención preventiva, además de que el accionante no ha demostrado que su vida corra peligro lo cual no goza de la cobertura del artículo 125 de la CPE; d) Se debe tomar en cuenta la normativa interna y la externa respecto a la protección de los derechos de los menores, porque tales bienes jurídicos siempre van a ser prioridad en cuanto a su aplicación y protección, el art. 60 de la CPE consagra el interés superior del menor como elemento prioritario en su tratamiento procesal; es por ello que la autoridad accionada actuó con sano criterio al establecer que la víctima debe ser protegida al comprobarse la existencia del riesgo procesal establecido en el art. 234. núm. 7) del CPP traducido en un peligro contra está ultima como sujeto procesal, por constituirse en una mujer menor de edad que cuenta con dieciséis años de edad, que producto de las relaciones sexuales mantenidas con el imputado, trajo al mundo a un niño y que ello significa que el ahora accionante con su pretensión de realizar una prueba de paternidad al niño, genera la desprotección a la víctima; y, e) El imputado puede acudir al control jurisdiccional para solicitar nuevamente la cesación de su detención preventiva acreditando nuevos elementos para desvirtuar los riesgos procesales que se mantienen vigentes. Por lo manifestado, se llegó a constatar que el Auto de Vista emitido por la Vocal demandada, es suficientemente motivado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido en contra de Roger Paúl Berna Berna – hoy accionante– por la presunta comisión del delito de estupro agravado; en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 18 de marzo de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, dispuso la detención preventiva del mencionado procesado, a ser cumplida en el Centro de Readaptación Productiva de Uyuni (fs. 14 vta. a 17 y vta.). II.2. El impetrante de tutela mediante su defensa técnica, en audiencia planteó recurso de apelación incidental bajo la previsión del art. 251 del CPP; impugnación que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y resuelta por la Vocal Yacira Yarusca Cardozo Calizaya –hoy demandada– quien al resolver dicha apelación, emitió el Auto de Vista 29/2022 de 28 de marzo, declarando parcialmente procedente la apelación dejando enervado el art. 234 núm. 4 del CPP, y vigente el numeral 7 del mismo artículo y norma; manteniéndose la detención preventiva del accionante (fs. 18 a 22 vta.). II.3. Ante la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, en audiencia de consideración de dicha petición, por Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2022, determinó rechazar la misma, manteniendo subsistente la detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Uyuni, conforme lo dispuesto por el Auto Interlocutorio de 18 de marzo del señalado año; decisión contra la cual, el impetrante de tutela, en el mismo acto procesal, interpuso recurso de apelación incidental (fs. 23 a 26 y vta.). II.4. Resolviendo el señalado recurso de apelación incidental, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Auto de Vista 40/2022 de 27 de abril, determinó declarar parcialmente procedente la apelación en el razonamiento del art. 234.7 del CPP en relación a la conducta exteriorizada por el imputado hacia la víctima, manteniendo vigente la detención preventiva en aplicación del enfoque de género y la protección reforzada de menores en razón a tratarse de un delito de índole sexual (fs. 68 a 70 y vta.). II.5. Al tomar conocimiento en audiencia de la resolución expedida, el abogado patrocinante del accionante, amparándose en el artículo 125 del CPP, plantea solicitud de explicación sobre el razonamiento de la prueba de ADN. En respuesta a dicha pretensión, la autoridad demandada emite el “Auto Complementario” de la misma fecha, expresando que, el solicitante de tutela, pretende se valore prueba que no fue de conocimiento del juez de grado, lo cual de materializarse la pretendida consideración de dicha literal, constituiría un agravio contra los derechos de la víctima y los demás sujetos procesales quienes no tuvieron la oportunidad de conocer y pronunciarse sobre tales elementos probatorios, concluyendo que no es posible estimar la pretendida valoración de la prueba documental, porque ello afectaría el fondo (fs. 71).
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento fundamentación, valoración probatoria, vertiente derecho a la defensa; en virtud a que, la autoridad ahora demandada, resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto en contra del indicado fallo, por Auto de Vista 40/2022, determinó declarar parcialmente procedente el recurso planteado manteniendo su detención preventiva; ello sin una debida fundamentación, valoración probatoria, lesionando la presunción de inocencia y también la vertiente derecho a la defensa, por cuanto no valoraron todos los elementos presentados en la audiencia de apelación para enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada La SCP 0153/2022-S4 de 18 de abril, al respecto precisó que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las mismas de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces, tribunales y salas constitucionales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R. (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas son nuestras). Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, representa que la autoridad que emita una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de estos asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución.
La SCP 0295/2012 de 8 de junio, al respecto precisó: “De acuerdo al art. 403 inc. 3) del CPP, el recurso de apelación incidental procede -entre otras- contra la resolución por la que se resolvió una medida cautelar o su sustitución. A este respecto -y a diferencia de la apelación restringida-, destaca que la naturaleza y alcance de este medio de impugnación, radica en que está instituido en el ordenamiento jurídico boliviano con la finalidad de impugnar las resoluciones que se emiten durante la etapa preparatoria del proceso y -en algunos casos- las dictadas durante la etapa de ejecución, pero siempre como emergencia de una determinación asumida ante el planteamiento de una cuestión incidental.
Lo anterior, se sustenta en que la apelación incidental se concibe como un recurso para resolver incidentes y no aquellas cuestiones vinculadas a la causa de fondo o resolución principal; por ello, tiene un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación, que está obligado únicamente a pronunciarse sin más trámite sobre la base exclusiva de los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia, ciñéndose a su competencia establecida en el art. 398 del CPP, por cuanto a través del recurso de apelación incidental se impugnan los agravios que el juzgador de primera instancia pudo causar al emitir su fallo.
En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada que -se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habría incurrido al asumir su determinación. Razonamiento que implica el cambio de línea jurisprudencial establecido por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
La jurisprudencia glosada precedentemente, contiene una meridiana claridad, respecto a la imposibilidad de valorar prueba nueva que sea aportada en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; ergo de permitirse aquello generaría una situación anómala que atentaría contra los preceptos encumbrados por el debido proceso, al constituirse dicha instancia en una de revisión de Derecho no pudiendo debatirse circunstancias de hecho, en dicha instancia simplemente se revisan los fallos en base a los agravios expresados por las partes interesadas que controvierten en vía de impugnación los fallos de los inferiores en grado.
La acción de libertad; así como, en las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita también las atribuciones entre jurisdicciones, respecto a la valoración de la prueba, en ese sentido la SC 0025/2010-R de 13 de abril, estableció que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas son nuestras). Asimismo la SC 0662/2010-R de 19 de julio, estableció situaciones excepcionales en las que puede ingresar a la valoración de la prueba al igual que las SSCC 0938/2005-R y 0965/2006-R, entre otras, sostuvo que: “La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas nos pertenecen).
El razonamiento jurisprudencial glosado, nos informa acerca de que la potestad exclusiva de la valoración de la prueba es única y exclusiva de los tribunales ordinarios, no pudiendo la jurisdicción constitucional transgredir tal limite, pues la única manera de que la jurisdicción ingrese a revisar la tarea de valoración probatoria se da cuando está claramente demostrada la vulneración a un bien jurídico protegido por las normas de la Ley Fundamental.
Al respecto la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización. Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: ‘…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático». En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial. En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado. (…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...‴ (las negrillas son nuestras).
Así, la SCP 0405/2018-S4 de 13 de agosto, concluyó señalando que: “La ponderación es el método de resolución de los conflictos entre los principios y, por tanto, no se opone a la subsunción sino a los criterios de solución de antinomías; es más antes de ponderar entre dos principios en pugna, es preciso un ejercicio de subsunción, formulando un juicio de relevancia respecto de cada uno de ellos. Y, luego, la propia ponderación se endereza a la construcción de una regla apta para la subsunción, pues ponderar consiste en atribuir un peso relativo a los principios relevantes a la luz de las circunstancias del caso, esto, consiste en precisar la condición de aplicación (en los principios en sentido estricto) o la consecuencia jurídica (en las directrices) que en el enunciado constitucional aparecen indeterminadas. En pocas palabras, la ponderación trata de dar respuesta a esta pregunta: a la luz de las propiedades que presenta un caso en el que resultan relevantes dos principios, cuál de ellos debe triunfar y cuál debe ceder; de ahí el resultado de la ponderación sea el establecimiento de una ‘jerarquía móvil’ puesto que un cambio en las circunstancias determina un cambio en la prioridad de los principios. De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas” (las negrillas corresponden al texto original).
La ponderación de derechos es una herramienta esencial cuando se trata de dilucidar asuntos en los cuales esté involucrados y conflictuados los derechos de menores de edad, mujeres y sobre todo víctimas de los delitos contra la libertad sexual, el sistema normativo tanto nacional como internacional, claramente permiten que el desarrollo de la actividad judicial se enmarque en la tutela protectiva hacia los derechos de los grupos vulnerables, a efectos de que sus bienes jurídicos sean resguardados, protegidos y reestablecidos, la seguridad de la víctima es una garantía de que la persona que ha sufrido el menoscabo de su bien jurídico, no sufra nuevamente dicho perjuicio, y más al contrario el Estado se ocupe de precautelar su integridad, a través de acciones y determinaciones que busquen asegurar su bienestar.
Al respecto, la SCP de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo, señaló que “La violencia de género se constituye en un flagelo a los derechos humanos y un problema social de gran magnitud, debido a su considerable incidencia y riesgo respecto a las secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la misma; así como, el alto costo social que representa para toda la sociedad, lamentablemente a lo largo de los años, el incremento de esta – principalmente contra las mujeres–, se ha visto reflejado en el aumento de feminicidios en Latinoamérica y en particular en Bolivia, delito que se instituye en el último eslabón de las diversas formas de violencia contra las mujeres. El Estado boliviano, en respuesta ante esta grave problemática que aqueja a nuestra sociedad, estableció un marco normativo que tiene por objeto la prevención, investigación, sanción y erradicación de este tipo de violencia, entre cuyas disposiciones, se tiene a la propia Norma Suprema, la cual en su art. 15.II y III, estipula que: ‘II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privadoʼ . Así, emergente de sus obligaciones convencionales; así como, los derechos fundamentales y garantías constitucionales plasmados en su Ley Fundamental, el Estado Boliviano, emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” (Ley 348); la cual, dispone:
‘ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. (…) ARTÍCULO 47. (APLICACIÓN PREFERENTE DE DERECHO). En caso de conflicto o colisión entre derechos individuales y colectivos, se dará preferencia a los derechos para la dignidad de las mujeres, reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley. ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE SEGURIDAD). La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar. (…)ʼ Por ello, en el marco normativo y jurisprudencial desarrollado previamente, se advierte la relevancia primordial de la protección de las víctimas de violencia de género en todas las etapas del proceso penal; más aún, cuando se trate víctimas de violencia feminicida –en el entendido de que el término víctima abarca de igual manera a la familia directa de aquellas personas que fallecieron a raíz de dicho ilícito–, definida como ‘…la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serloʼ (art. 7.2 de la Ley 348); dado que, éstas se encuentran en condición de vulnerabilidad para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización, intimidación o represalias al momento de que la persona que cometió el delito sea puesta en libertad; puesto que, esta vulnerabilidad procede de las circunstancias de la infracción penal. Ante esta situación de vulnerabilidad, la SCP 0152/2021-S4 de 17 de mayo, entre otras, ha remarcado la obligación de juzgar con perspectiva de género y la debida diligencia en los casos de violencia de género y generacional; así como, la aplicación preferente de la Ley 348, con base en la normativa nacional y convencional emitida al efecto; señalando que: “La violencia contra la mujer, y más aún cuando se trata de víctimas niñas, niños o adolescentes, se reviste de primordial atención para todas las instancias del Estado, que es el llamado a prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia de género y generacional, en todas sus especies… (…) En este contexto, sobre el deber de los Estados respecto a la debida diligencia, especialmente en casos de violencia en razón de género la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en el caso González y otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México[1].; estableció que: (…) 254. Desde 1992 el CEDAW estableció que «los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas». En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a «[p]roceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares» y lo mismo hizo la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. En el 2006 la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de la ONU señaló que «[t]omando como base la práctica y la opinio juris […] se puede concluir que hay una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga a los Estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de violencia contra la mujer»’ (las negrillas son nuestras). Así también, respecto a la debida diligencia en los casos de violencia de género; se tiene que: ‘En el marco de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ha determinado que la violencia contra la mujer es una manera de impedir que se ejercite en libertad e igualdad los derechos que se reconocen a las mujeres, lo cual implica que el Estado es responsable no solo de sus actos, sino también de particulares. Entonces el aparato estatal cuando no instituye los mecanismos para proteger a las mujeres y sin la debida diligencia, incumple no solo sus obligaciones internacionales sino un mandato constitucional, conforme a lo comprendido por el bloque de constitucionalidad y el carácter de aplicación preferente de los instrumentos internacionales en la materia, cuando consignan una protección más enfática que la Norma Suprema. Asimismo, debe prevenirse, investigarse, castigarse y repararse con la debida diligencia los delitos efectuados contra mujeres, sean éstos perpetrados por agentes estatales o por particulares, generando las condiciones aptas para denunciar estos ilícitos, reclamar el respeto de los derechos de las mujeres, optimizando la respuesta de la justicia penal ante hechos de violencia contra la mujer. La debida diligencia que debe ejecutarse desde todos los niveles del Estado, también se encuentra prevista en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual a través de lo dispuesto en su art. 7, indica entre otras obligaciones, que se debe prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia la violencia contra la mujer, además de incluir en la legislación doméstica las normas penales, civiles, administrativas y de cualquier otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el ordenamiento jurídico boliviano, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia ‘Ley 348’, se han tipificado delitos penales en razón de género, para la prevención de estos ilícitos, determinando incluso, en el marco de lo establecido en el art. 3.I de la citada ley, que el Estado Boliviano tiene la prioridad de erradicar la violencia hacia las mujeresʼ. En ese contexto; y, bajo el entendido de que, la administración de justicia, recae en las distintas jurisdicciones establecidas por el art. 179 de la Ley Fundamental, este Tribunal emitió el ‘Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, dirigido al personal vinculado a la jurisdicción constitucional, desde sus máximas autoridades hasta los foros judiciales relacionados a la tutela de derechos y protección de garantías, quienes son responsables de actuar con la debida diligencia y compromiso que demanda la interpretación y aplicación de la perspectiva de género en todo asunto en el que se identifiquen brechas de marginalidad, vulnerabilidad o desigualdad; mismo que tiene como finalidad concretar en la práctica jurisdiccional la igualdad y género en estrados judiciales; mediante la adopción de esta medida institucional positiva tendiente a evitar que, por cuestiones de género, no se materialicen los derechos fundamentales, peor cuando la ciudadanía se vea imbuida en procesos judiciales, se concentra la triada de justicia constitucional, mujeres y género. A su vez, el Órgano Judicial, dentro del cual se encuentra la jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces, como actores que ejercen el rol del Estado, a la hora de lograr el procesamiento y sanción efectiva de la violencia de género, mediante Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia; el Acuerdo SP.TA. 23/2016 de 23 de noviembre, del Tribunal Agroambiental; y, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, del Consejo de la Magistratura; aprobó el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Géneroʼ, que se constituye en un instrumento para los administradores de justicia, que tiene la finalidad de promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y garantizar el juzgamiento desde una visión de igualdad de género como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio. De este modo, con base en la normativa y jurisprudencia desglosada previamente; se concluye que, con la finalidad de materializar los presupuestos de protección a las víctimas de violencia de género, mediante el cumplimiento del marco legal citado supra, no como una mera obligación sino principalmente porque a través de ellos, las mujeres y las víctimas de violencia en general, sometidas a un estado de vulnerabilidad, encuentran el valor justicia y se restituye su dignidad humana, logrando de este modo trascender del ámbito individual repercutiendo a la restitución de los valores de la sociedad en su conjunto, en el marco del vivir bien, el Estado boliviano, tiene la obligación de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género, en todas sus instancias; más aún, en los procesos judiciales, donde mediante el procesamiento y sanción efectiva de los autores de estos delitos, se materializa la potestad de impartir justicia delegada por el pueblo boliviano a las autoridades jurisdiccionales competentes; aspecto que, no se encuentra restringido a una fase procesal, sino de forma permanente; debiendo por ello, las autoridades de todas las instancias y de todas las jurisdicciones reconocidas por la Ley Fundamental, juzgar siempre con perspectiva de género y en el marco de la debida diligencia a objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género” (las negrillas son añadidas).
El enfoque interseccional La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, ha establecido que: El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH[3], que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral[4]. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños[5]; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño[6] incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez[7], que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4[8] del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras). De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable[9]. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra a Mujer[10], resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual[11].
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior.
Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas[12]-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
A través de la presente acción de libertad, el accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación valoración probatoria y a la presunción de inocencia; en virtud a que la autoridad ahora demandada a tiempo de resolver su recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto interlocutorio que rechazo su solicitud de cesación a la detención preventiva, por Auto de Vista 40/2022, determinó declarar parcialmente procedente el recurso planteado manteniendo su detención preventiva; ello sin una debida fundamentación, valoración probatoria, lesionando la presunción de inocencia y también la vertiente derecho a la defensa, por cuanto no se valoraron todos los elementos presentados en la audiencia de apelación. En ese entendido, de antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Roger Paúl Berna Berna –hoy accionante– por la presunta comisión de estupro agravado, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, mediante Auto Interlocutorio de 18 de marzo de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, dispuso su detención preventiva, debiendo cumplir la misma en el Centro de Readaptación Productiva de Uyuni (Conclusión II.1).
Ante la emisión de dicho fallo judicial, el imputado mediante su abogado, en audiencia planteó recurso de apelación incidental bajo la previsión del artículo 251 del CPP; impugnación que fue sorteada a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y resuelta por la Vocal Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, quien al resolver dicha apelación, emitió el Auto de Vista 29/2022, declarando parcialmente procedente la apelación dejando enervado el art. 234 núm. 4) del CPP y vigente el numeral 7 del mismo artículo y norma; manteniéndose la detención preventiva (Conclusión II.2). Asimismo, se tiene que, ante una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el impetrante de tutela, el juez a quo, en audiencia de consideración de dicha petición, por Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2022, determinó rechazar la misma, manteniendo subsistente la detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Uyuni; decisión contra la cual, el solicitante de tutela –hoy accionante– en el mismo acto procesal, interpuso recurso de apelación incidental; el cual fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí – ahora demandada–, mediante el Auto de Vista 40/2022 de 27 de abril, por el que determinó declarar parcialmente procedente la apelación porque el imputado desvirtuó una parte del riesgo procesal al demostrar que él se comprometió a pagar asistencia familiar a favor del menor NN; empero, la autoridad demandada mantuvo firme e incólume la detención preventiva en virtud del art. 234.7 del CPP al verificarse que el imputado seguía exteriorizando su conducta amenazante contra la victima al solicitar la prueba de paternidad respecto del niño que nació producto del acceso carnal que mantuvo con la victima AA (Conclusiones II.3 y II. 4). Ante tal circunstancia, el accionante, instauró la presente acción de defensa, en contra de la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, quien emitió la resolución que ahora el impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) Se anule la resolución cuestionada (Auto de Vista 40/2022); y, 2) Se ordene emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada; valorando la prueba omitida y conforme a los fundamentos “esgrimidos por la propia vocal en el auto de vista de 28 de marzo de 2022”.
Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, y desarrollado los antecedentes remitidos a este Tribunal, corresponde efectuar el siguiente análisis:
Respecto a la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por el que se alega que resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto en contra del indicado fallo, la Vocal demandada, por Auto de Vista 40/2022, determinó declarar parcialmente procedente la apelación, porque el imputado si bien desvirtuó una parte del riesgo procesal al demostrar que se comprometió a pagar asistencia familiar a favor del menor NN; sin embargo, la autoridad demandada mantuvo firme e incólume la detención preventiva en virtud del art.234.7 del CPP al verificar que el imputado seguía exteriorizando su conducta amenazante contra la victima al solicitar la prueba de paternidad respecto del niño que nació producto del acceso carnal que mantuvo con la victima lo que significa que se mantiene subsistente el peligro efectivo; ello a decir del peticionante de tutela sin una debida fundamentación, motivación y valoración probatoria, por cuanto no se habrían valorado correctamente todos los elementos presentados en la solicitud de cesación de la detención preventiva, así como en la audiencia de resolución del recurso de apelación incidental.
En consecuencia con base a dicha pretensión, corresponde inicialmente conocer los argumentos del recurso de apelación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio de 18 de abril de 2022, por el cual el apelante ahora accionante solicitó se tome en cuenta que el Auto de Vista 29/2022 al haber modificado el razonamiento del juez ad quo, ha introducido elementos como la exigencia de atención de las necesidades del menor NN, lo cual es contrario a lo establecido por el juez ad quo quien esgrimió el criterio de que no se podía tomar en cuenta el compromiso de asistencia familiar porque no cumplía las formalidades exigidas para su validez; centrándose el mismo en los siguientes agravios:
a) Primer agravio, la decisión recurrida establece que, al mantenerse la detención preventiva por la vigencia del riesgo procesal inserto en el artículo 234.7 del CPP, acusa la falta de valoración de los elementos probatorios referente al riesgo procesal ya mencionado, pues el Juez ad quo, valoró negativamente las nuevas pruebas como el acuerdo de asistencia familiar suscrito ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; los recibos por depósitos de asistencia familiar; el informe evacuado por la responsable del SLIM-DNAS del Municipio de San Pablo de Lipez.
b) Segundo agravio, acusa una valoración subjetiva de los elementos probatorios referentes al riesgo procesal establecido en el art. 237.4 del CPP, por parte del Juez de primera instancia; ya que este riesgo se fundó en la falta de atención de parte del imputado para cubrir las necesidades del menor NN, y pese que mediante requerimiento fiscal se presentó un documento que acredita el cumplimiento de dichos deberes, la autoridad antes referida expresó que dicho documento carecía de validez jurídica al haber intervenido la victima siendo que esta es menor de edad y sin capacidad de obrar. En audiencia pretendió introducir al proceso la resolución emitida por una autoridad jurisdiccional competente que resuelve homologar el antes descrito acuerdo y con esa novedad pretende que el riesgo procesal sea desvirtuado al demostrarse que se está cumpliendo con la obligación de la asistencia familiar.
c) Como tercer agravio, solicita que se aplique el principio de proporcionalidad, toda vez que al existir un solo riesgo procesal, en virtud a la jurisprudencia la autoridad judicial está obligada a realizar un análisis integral para que se imponga medidas menos gravosas.
Ahora bien, habiendo el accionante a través de esta acción de defensa denunciado la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que la estructura de la resolución, tanto en el fondo como en la forma, deje pleno convencimiento a las partes de que se actuó no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso concreto, sino que también que la decisión está construida según los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, lo que no implica que la motivación sea necesariamente una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos impugnados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en contra del Auto Interlocutorio 18 de abril de 2022 y los fundamentos que utilizó la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí –hoy demandada–, dentro del Auto de Vista 40/2022, por el cual declaró parcialmente procedente la apelación, manteniendo la detención preventiva al subsistir el riesgo procesal del art.234.7 del CPP; en ese entendido, se tiene que:
Respecto al primer y segundo agravio, denunciados en el recurso de apelación presentado por el ahora accionante, referido específicamente a que la autoridad judicial de primera instancia no hubiera fundamentado, ni valorado los elementos probatorios referentes al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, presentados en audiencia de cesación de la detención preventiva; la Vocal demandada concluyó que, los agravios apuntan a la errónea valoración probatoria para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el señalado artículo, por lo que resolvió, bajo el siguiente fundamento: 1) El Juez a quo, indicó que “…cómo es posible que la defensoría de la niñez y adolescencia haya dado lugar a firmar este documento cuando la víctima es menor de edad mínimamente este documento debería estar suscrita por la madre y más en este documento se hace constar que el imputado solicita la prueba de ADN, es decir que al momento de suscribir este documento carece de legalidad toda vez que está suscrita por una menor de edad…” (sic), pues evidentemente el abogado del imputado, presentó elementos probatorios como el acta de compromiso de pago de asistencia familiar que solicitó la víctima y fue aceptada por el imputado quien también hizo constar que pedía se realice la prueba de ADN al menor NN; los recibos de depósito de la asistencia familiar, el informe de la responsable del SLIM-DNAS del Municipio de San Pablo de Lipez; arguyendo que con eso se habría desvirtuado el reclamo de falta de atención por parte del imputado hacia el menor NN y por lo tanto desvirtuado el riesgo procesal de peligro para la víctima; sin embargo, de la revisión del Auto Interlocutorio primigenio de 18 de marzo de 2022, se tiene que existe un elemento adicional que sirvió de argumento y fundamento por el cual se determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP; ya que para fundar este riesgo procesal, se consideró la situación de vulnerabilidad de la víctima frente al agresor referente a la exigencia por parte de este de realizar la prueba de paternidad al menor NN. Por lo que, el fundamento de que no se desvirtuaría el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 de la norma procesal penal, por cuanto los elementos presentados por la defensa, demuestran que el imputado persiste en su actitud, lo que genera incertidumbre e inseguridad en la víctima, por lo tanto dicho riesgo se encuentra objetiva y fundadamente acreditado; 2) En cuanto al hecho de que se habría cambiado el fundamento del juez ad quo a consecuencia de haberse emitido el Auto de Vista 29/2022 de 28 de marzo, porque supuestamente se adicionó un fundamento para sustentar el riesgo procesal que fue enervado, dicha afirmación no concuerda con la verdad material, ya que él informe psicológico cursante en el cuaderno procesal, establece que ante la noticia del embarazo de la víctima menor de edad, el imputado expresó su rechazo y negación al mismo tiempo que exigió se realice una prueba de ADN a la criatura a efectos de verificar la paternidad, lo cual le ocasionó una situación complicada y stress a la víctima porque aparte de tener que soportar el trauma del proceso, debía también lidiar con su condición de madre adolescente, aspecto desarrollado y tomado en cuenta por la autoridad ahora accionada, por lo tanto se evidencia la valoración, fundamentación de la autoridad judicial que el recurrente extraña en sus agravios; y, 3) Por otra parte, estableció que el análisis integral debe realizarse aplicando el principio de proporcionalidad, pero no solamente en beneficio del privado de libertad, sino se debe tomar en cuenta que la víctima es menor de edad, mujer y ahora madre, lo que configura un escenario complejo en el cual la ponderación de derechos debe emerger como herramienta para precautelar el interés superior de la menor, así también por su condición de víctima de un delito contra su libertad sexual, que ha coartado su avance normal como ser humano en el camino de su desarrollo sexual. Por todo ello, en conclusión no corresponde acoger los agravios invocados por la parte imputada, por carecer de mérito; por cuanto la resolución recurrida está fundamentada, no es evidente la errónea valoración que fue expuesto como agravio, así también no concurre la vulneración del derecho a la libertad porque el imputado fue sometido a una audiencia de medidas cautelares en la cual se tramitó conforme a las normas sustantivas y adjetivas que rigen a la materia, habiendo hecho uso de todos los recursos y medios de defensa que el marco legal le permite y beneficia.
Al respecto, es posible concluir que en el Auto de Vista analizado no se observa falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria en cuanto a los indicados agravios; por el contrario, se advierte una debida fundamentación, motivación enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia; pues se evidencia que la autoridad demandada explicó claramente los motivos por los que considera la subsistencia del riesgo procesal; por lo que, no se advierte vulneración de derecho alguno; puesto que, la Vocal demandada, no solo fundamentó de manera suficiente las razones de la decisión asumida, sino lo hizo con apego a lo establecido al respecto en la normativa y a la jurisprudencia; por cuanto: a) Con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la víctima; mantuvo latente el riesgo de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP, concluyendo que, el imputado presentó elementos probatorios como el acta de compromiso de asistencia familiar, los recibos de depósitos por asistencia familiar, el informe evacuado por la responsable del SLIM-DNAS del Municipio de San Pablo de Lipez; para enervar el indicado riesgo procesal, elementos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar de parte del imputado a favor del menor de edad NN, pero no enerva el riesgo procesal de peligro argumentado bajo la óptica de la conducta exteriorizada del imputado hacia la víctima para solicitar la prueba de paternidad respecto al menor; siendo que, la Resolución primigenia fundó la concurrencia del mencionado riesgo procesal, considerando la situación de vulnerabilidad de la víctima frente al agresor, ya que se estableció que la víctima fue persuadida por el agresor para entablar una relación de pareja y luego mantener relaciones sexuales en dos ocasiones habiendo sido llevada al domicilio del imputado bajo engaños y argucias, lugar donde fue agredida sexualmente y a consecuencia de ello resultó embarazada, posteriormente cuando le comunico la noticia al imputado éste arguyó que no era su hijo y que pediría una prueba de ADN generando esa conducta exteriorizada de amenaza hacia la victima que ya debía soportar la maternidad en su adolescencia y también el haber sido agredida sexualmente; por lo que el fundamento utilizado por la Vocal demandada respecto de dicho riesgo procesal, no resulta arbitrario o irracional, por cuanto evidentemente, dicho riesgo procesal, se fundó en la situación de vulnerabilidad de la víctima tal como faculta el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamental Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que: “En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 [numeral 7] del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante” (las negrillas son añadidas); por lo que, al concurrir el riesgo efectivo para la víctima y al existir una desventaja entre el autor y la víctima, no siendo el mismo enervado por el ahora accionante, la autoridad judicial hoy demandada en el marco de la debida diligencia, juzgó con perspectiva de género; de igual manera lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6 del presente fallo constitucional, impone el deber inexcusable de proteger a las víctimas que tengan al condición de niñas y adolescentes en los procesos penales, aplicando un enfoque interseccional, logrando que los elementos que sean de conocimiento de los juzgadores que se adeucuen a dichos postulados tengan el tratamiento acorde a lo estipulado, todo en cumplimiento además de lo estipulado por el art. 15 de la Ley Fundamental, es decir, priorizando la protección reforzada de la víctima de violencia sexual frente al sindicado (Fundamento Jurídico III.4) ponderación.
La Autoridad demandada fundamentó debidamente por qué no correspondía efectuar una valoración de los nuevos elementos probatorios presentados recién en alzada por el recurrente y que no fueron motivo de análisis por parte del ad quo a fin de enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, pues procesalmente no correspondía su consideración al no haber sido motivo de pronunciamiento en la solicitud de cesación, tal razonamiento está contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, porque de estimarse dicha pretensión, los demás sujetos procesales se encontrarían en desventaja, lo cual a todas luces es un quebrantamiento a la igualdad procesal, así como una restricción al principio procesal de contradicción que conjuncionados dan como resultado una arista de la seguridad jurídica que debe imperar a la luz del debido proceso en toda causa judicial. Así también la ahora demandada, si bien declaró parcialmente procedente el recurso de apelación porque al ver que la asistencia familiar comprometida a favor del menor NN ya había generado dicho beneficio para éste último y dicha prueba fue sometida al criterio del ad quo. Lo que no generó convicción en la juzgadora para levantar el riesgo efectivo para la víctima fue la persistente solicitud del imputado para procederse la prueba de ADN, además de que la prueba fue presentada en la audiencia de resolución de la apelación incidental estaba destinada a controvertir una situación ya debatida en la audiencia de consideración de solicitud de cesación de detención preventiva, lo que imposibilita que en etapa impugnatoria que constituye simplemente de revisión (Fundamento Jurídico III.2) se proceda a insertar elementos probatorios que no fueron de conocimiento del juez ad quo o que no se debatieron en la instancia de la cual deviene el recurso de apelación, más aun que la autoridad demandada tuvo a bien instrumentalizar la verdad material para validar los recibos de depósito por asistencia familiar y así enervar el riesgo procesal sustentado en el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, quedando de esta manera subsistente el riesgo procesal de peligro efectivo para la víctima.
En ese contexto, se concluye que el Auto de Vista 40/2022, ahora cuestionado de lesivo al debido proceso, expone de manera suficientemente clara y precisa los razonamientos intelectivos de hecho y de derecho, para declarar parcialmente procedente la apelación planteada por el hoy impetrante de tutela, manteniendo la detención preventiva, delimitando de forma puntual la aplicación normativa inherente al régimen de medidas cautelares, específicamente la atinente al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, denotando la subsistencia del mismo y por ende la inexistente de lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria denunciada en la presente acción de libertad; por cuanto se evidencia que la señalada autoridad jurisdiccional, efectuó una labor intelectiva precedentemente descrita, que no solo encuentra sustento en las citadas normas, lo que hace a la fundamentación del fallo, sino también a la motivación de la decisión asumida que se halla reforzada en la obligatoriedad de asumir criterios jurisdiccionales o juzgar bajo la perspectiva de género, que no solo está prevista por la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia sino también por el art. 15.III de la CPE, que prevé: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; perspectiva de género y enfoque interseccional que debe asumirse en el juzgamiento de causas donde se encuentran involucradas mujeres; más aún, si las mismas son víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos, respondiendo a la obligatoriedad contenida en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tendientes a adoptar medidas positivas para materializar el derecho a la igualdad material y sustantiva de las mujeres como sector vulnerable, eliminando cualquier discriminación directa y/o estructural, procurando garantizar el acceso a la justicia; por lo que, la autoridad judicial demandada explicó en términos claros y precisos sustentados en derecho, la concurrencia de los riesgos procesales de peligro efectivo para la víctima y el peligro de obstaculización; motivo por el cual, se consideró la permanencia de la detención preventiva del ahora accionante, cumpliendo de esta manera con la previsión del art. 398 del CPP y conforme a la normativa nacional y convencional detallada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, puesto que no se advierte que la autoridad demandada habría vulnerado los derechos alegados con su actuar, lo cual incumple lo establecido en el razonamiento jurisprudencial antes referido.
En ese contexto fáctico y normativo, se evidencia que la decisión de mantener la detención preventiva, obedece a una motivación y fundamentación coherente con las normas y jurisprudencia aplicables al caso concreto, sin advertirse incongruencias y tampoco ilegalidad en el desarrollo de la labor inherente al Vocal demandado, observándose un hilo conductor comprensible entre los diferentes motivos que rodean a la situación fáctica –razones de hecho– vinculada a la valoración de la prueba en función a los elementos fácticos del caso y su subsunción a la normativa aplicable acorde al procedimiento penal, sin apartarse de los marcos de razonabilidad y equidad, cumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP, conforme se tiene ampliamente explicado precedentemente, y concordante ello con los entendimientos jurisprudenciales glosados en los Fundamentos Jurídicos III. 5 y III.6, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; correspondiendo a tal efecto, denegar la tutela impetrada.
Por consiguiente, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 11 de mayo, cursante de fs. 62 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Potosí; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
1 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia tenía el 2018, la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, con 2,3 muertes por cada 100 mil mujeres. Boletín Vida libre de violencia.
2 “Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional”, 2021, pág. 49, Tribunal Constitucional Plurinacional.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0931_2023-S4.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): c8cb3e3b66a84f33d429bc9418482f8634a8d031fcdb94106f7435a592b15474
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