B.IA.LEGAL

SCP 0931/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49350-2022-99-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega vulnerados sus derechos de petición, a la participación política y al voto, debido a una serie de irregularidades en las que incurrió el Honorable Consejo Universitario de la UPEA tras el fallecimiento del entonces Rector de dicha Universidad, particularmente en lo que concierne a los comicios de 15 de noviembre de 2018, en los que de forma irregular no se computaron los votos -incluido el suyo-que tuvo un frente que decidió renunciar a la contienda electoral antes de computarse los resultados; y pese a ésa y otras irregularidades, dicha elección fue validada por la Resolución 173/2018 de 21 de noviembre y otras posteriores que dieron lugar a la elección -en otros comicios también irregulares emergentes de la Resolución 138/2021 de 9 de junio- de las autoridades universitarias actuales, que acarrearon todos los vicios incurridos desde entonces. Y si bien opuso varias notas ante el Honorable Consejo Universitario solicitando la reconsideración de la Resolución 138/2021, no mereció respuesta a ninguna de éstas, siendo la última la formulada el 8 de diciembre de 2021.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2023-S3 Sucre, 25 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49350-2022-99-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 117/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nicolás Félix Mendoza Quisbert contra Carlos Condori Titirico, Rector; Efraín Chambi Vargas, Vicerrector; Vidal Ticona, Director de Recursos Humanos (RR.HH.); Edwin Campos Ugarte, Abogado y Director Jurídico, y Edgar Guery Rosso López, Abogado y Asesor Jurídico (ambos gestión 2018); Marco Antonio Hinojosa Alanes, Abogado y Asesor Jurídico (gestión 2018-2022); Gabriel Pari Flores -Presidente Docentes- y Gerardo Valdez Balcázar -Presidente Estudiantil-, ambos del Honorable Consejo Universitario (gestión 2018); Virginia Celenia Vargas Moreira, Secretaria General (gestión 2018); David Atahuachi Quispe y Bernal Mamani Capchiri -ambos Presidentes de Docentes en las gestiones 2020 y 2021, respectivamente-, y Diego Quispe Siñani -Presidente Estudiantil, del Honorable Consejo Universitario (gestión 2020-2021); Juan Carlos Saavedra Villamil -Secretario General (gestión 2021)-; y, Juan David Fernández Ordoñez -Presidente Docente-, José Antonio Santa Cruz Rodríguez -Presidente Estudiante-, Alberto Chávez -Vicepresidente Docente-, Eddy Franz Bautista Condori -Vicepresidente Estudiante, María Luz Huanca Catacora -Secretaria de Hacienda Docente-, Nelson Llanquichoque Colquehuanca -Secretario de Hacienda Estudiante-, Enrique Flores Baltazar -Secretario de Actas Docente-, Juan Álvarez Aduviri -Encargado de Prensa y Propaganda Docente-, Reynaldo Santos Quispe Chambilla -Primer Vocal Docente- y Rubén Hugo Fernández Osco -Segundo Vocal Docente-, últimos del Comité Electoral para las Elecciones a Rector y Vicerrector por la gestión 2021-2024, y todos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de junio de 2022, cursante de fs. 88 a 120, y el escrito de subsanación interpuesto el 22 de igual mes y año (fs. 207 a 220), el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 24 de octubre de 2019, a través de la circular UPEA_S.G. _CIR_ JCSV_ 16/2019, Juan Carlos Saavedra Villamil -Secretario General de la UPEA-, entregó dos ejemplares de la Gaceta Universitaria 11, en la que se publica oficialmente las resoluciones emanadas por esa instancia de fiscalización a la comunidad universitaria en general, a Decanaturas de Área, Direcciones de Carrera y Unidades Administrativas; cursando en esa oportunidad, la Resolución 173/2018 de 21 de noviembre, correspondiente a la posesión del Rector de esa casa de estudios, en la persona de Freddy Gualberto Medrano Alanoca y como Vicerrector a Carlos Condori Titirico por la gestión 2018-2021. De cuya actuación se hace evidente la transgresión del art. 35 inc. 1) del Estatuto Orgánico de esa Universidad, que obliga a que las determinaciones del Honorable Consejo Universitario, se hagan públicas a las veinticuatro horas de la realización de la sesión respectiva, y no meses después, como ocurrió en el presente caso, evidenciando con ello la intención de evitar que la comunidad universitaria pueda impugnar los hechos irregulares ocurridos en el proceso de elección de sus máximas autoridades. Resultando que al presente, la actitud del prenombrado Secretario General de la UPEA, ahora coaccionado, se repite de forma flagrante desde la gestión 2021, puesto que persiste en el incumplimiento del plazo para la publicación de dichas resoluciones, lo que igualmente configura la inobservancia de sus funciones previstas en el indicado cuerpo estatutario. El 4 de febrero de 2020, presentó ante David Atahuachi Quispe -Presidente Docente-y Diego Quispe Siñani -Presidente Estudiantil-, ambos del Honorable Consejo Universitario de la UPEA (gestión 2020-2021), -con copia a las diferentes carreras que conforman dicha Universidad, así como también al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), al Ministerio de Educación, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos-, una solicitud de anulación de la Resolución 173/2018 y del proceso electoral universitario de 15 de noviembre de 2018, sin obtener respuesta alguna por más de dos años hasta el presente. En esa oportunidad, denunció que se vulneró los arts. 23 y 37 inc. 1) del Estatuto Orgánico de la UPEA en lo que concierne al porcentaje con el cual se logra la victoria en los comicios universitarios -(75%)-, que de no alcanzarse decantan en la realización de una segunda vuelta, pero que ante la renuncia del Frente “NUEVA IMAGEN” -que denunció irregularidades en dicho proceso electoral- se generó un vacío normativo que dio lugar a que se proclamara ganador al grupo “FUERZA U”. Hecho que debió dilucidarse por la instancia superior en jerarquía, siendo ésta la Asamblea General Docente Estudiantil, donde se conformó el Comité Electoral; o bien, el Tribunal Supremo Electoral -como máxima instancia que es encargada de llevar los procesos eleccionarios en el país-; pero sin embargo, fue irresponsablemente remitida a la Dirección Jurídica de esa Universidad, que a través de la nota DAJ 261/2018, ratificó el resultado de ese irregular proceso electoral anulando del conteo los votos del Frente que renunció, vulnerando así los derechos políticos de las y los votantes universitarios, siendo por ello responsables en la vía administrativa y penal; infringiendo con ello, los arts. 53 y 56 del “…Reglamento de Elecciones del Estatuto Orgánico de la Universidad…” (sic), puesto que se desahució la posibilidad de una segunda vuelta. Posteriormente, el 3 de marzo y 4 de septiembre de 2020, solicitó al Tribunal Supremo Electoral que se pronuncie sobre las irregularidades antes referidas suscitadas en los comicios universitarios de 15 de noviembre de 2018; habiendo recibido respuestas evasivas de dicha instancia; lo que ratifica la vulneración -por parte del Comité Electoral de la UPEA y de los miembros del Honorable Consejo Universitario-, de los derechos y garantías constitucionales “…de los votos de la Comunidad Docente - Estudiantil” (sic). De otro lado, indica que el 15 de mayo de 2020, se emitió la Resolución 047/2020, de continuidad de funciones y ampliación de mandato del Tribunal de Procesos Universitarios y de la Comisión Sumarial; a través de la cual, si bien se aprobó la ampliación de mandato específicamente para el caso del entonces universitario Alberto Chávez, en abril -se entiende de 2021-, éste figura como miembro del Comité Electoral, pero en calidad de Docente. Otro hecho irregular cometido por los miembros del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, fue la emisión de la Resolución 096/2020 de 9 de septiembre, a través de la cual conformaron una Comisión de Estabilidad de Autoridades Universitarias, sin participación de estudiantes universitarios, transgrediendo el art. 6 del Estatuto Orgánico del II Congreso Universitario de la UPEA, respecto al co gobierno Docente-Estudiantil, y el art. 29 del mismo cuerpo normativo, referido a que es precisamente el Congreso Universitario, el máximo nivel de decisión de esa casa de estudios superiores. Luego, el 30 de septiembre de 2020, el Honorable Consejo Universitario incurrió en un acto anómalo, pues ejerciendo las atribuciones de la Asamblea General Docente Estudiantil de la UPEA -conforme al art. 28 inc. 10) del Estatuto Orgánico de esa casa de estudios-, emitió la Resolución 117/2020, por la que aprobó la instalación para la realización del congreso interno extraordinario de esa universidad, a ejecutarse de manera virtual; no respetando lo establecido por el art. 29 inc. 2) del mismo cuerpo normativo, que exige que dicha instancia deliberativa puede convocarse cuando al menos dos tercios de las carreras lo determinen; condición que no se cumplió, transgrediendo así las normas internas de la Universidad, así como del Sistema Universitario, que no prevén dicha modalidad de reuniones. Sin embargo, el 14 y 15 de octubre de ese año, se realizó el referido congreso extraordinario sin la participación de la comunidad docente-estudiantil, en el que se discutió como punto único la elección de las autoridades universitarias.

Fue así que el 27 de noviembre de 2020, el Honorable Consejo Universitario dictó la Resolución 177/2020, de posesión como “Decano” del Área de Ciencias de la Educación, a Efraín Chambi Vargas por el periodo 2020-2022, aprobando así el informe del Comité Electoral de la referida Área Educativa de acuerdo al Informe Jurídico HCU-AJ 21/2020; sin que en esta determinación se establezca la antigüedad del primer periodo cumplido en el mismo cargo por la prenombrada autoridad posesionada, en virtud de la Resolución 167/2018 -del 31 de octubre-, que culminó el 31 de octubre de 2020; Resolución que, bajo un criterio antojadizo del Honorable Consejo Universitario, fue usada para justificar la antigüedad del precitado, a fin de que asuma el cargo de Vicerrector de la UPEA como Decano más antiguo. Luego, el 2 de marzo de 2021, un pequeño grupo de estudiantes del Área Financiera de la UPEA, al percatarse que los grupos de poder del Centro de Estudiantes del Área de Educación del recientemente posesionado y hoy accionado Decano -Efraín Chambi Vargas-, estaban manipulando a su antojo el Estatuto Orgánico y los Reglamentos de la Universidad, protagonizaron un hecho luctuoso que es de conocimiento público; y no obstante de este fatídico acaecimiento, las entonces autoridades, continuaron con la secuencia de arbitrariedades y vulneración de la normativa de esa casa de estudios, con el único fin de preservar su mandato de poder con su ilegal reelección. Posteriormente, el 14 de abril de 2021, el Honorable Consejo Universitario de la UPEA, sesionó de manera virtual -modalidad cuestionable-, convocando a los consejeros estudiantes y docentes, emitiendo la Resolución 072/2021, por la que considerando el fallecimiento del entonces Rector -Freddy Gualberto Medrano Alanoca-, determinó que Carlos Condori Titirico -Vicerrector- asuma en ese cargo hasta la conclusión de su mandato, de acuerdo a los arts. 39 inc. 2) y 40 inc. 1) del Estatuto Orgánico de esa Universidad; es decir, hasta la conclusión del periodo Rectoral aprobado por la Resolución 173/2018 -20 de noviembre de 2021-. Sin embargo, el sucesor a Rector, aprovechándose de su cargo convocó a las nuevas elecciones, vulnerando lo establecido en las determinaciones del Honorable Consejo Universitario en instancia de co-gobierno, cometiendo una falta grave prevista en los arts. 23 y 24 del Reglamento de Procesos Universitarios. Asimismo, al haber asumido la titularidad de la Rectoría de la Universidad, Carlos Condori Titirico dejó vacante el puesto; hecho que, en una cuestionable sesión virtual del Honorable Consejo Universitario, ameritó que se eligiera y posesionara a Efraín Chambi Vargas en tal cargo, en virtud a las Resoluciones 167/2018 y 177/2020 -antes señaladas-, por tener “supuestamente” la antigüedad requerida, sin considerar que cuando feneció el mandato de dicha autoridad y se sometió a un proceso eleccionario nuevo, éste perdió su antigüedad y por lo tanto no era factible que asuma la decanatura. Siendo por ello esta “posesión” nula de pleno derecho; más aún, cuando otros profesionales ostentaban mayor antigüedad que el prenombrado, como es el caso de Marco Antonio Bohórquez Llave y Freddy Mendoza Vargas. Así también, en los primeros dos artículos de la Resolución 072/2021 -que se cuestiona en sede constitucional-, claramente se establece que Carlos Condori Titirico

-en su calidad de Rector por sucesión estatutaria- concluía su mandato el 20 de noviembre de 2021; por lo que, en el hipotético caso que Efraín Chambi Vargas fuera el Decano con más antigüedad, en calidad de Vicerrector -se entiende, del primero-debía asumir y concluir en un plazo de noventa días, retornando a su cargo como Decano Titular del Área de Ciencias de la Educación; lo que transgrede el art. 49 inc. 4) -sin indicar de qué norma-. Tampoco se considera lo desarrollado en las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales 0156/2016 de 1 de diciembre y 0096/2018 de 12 de diciembre, respecto a los conceptos de suplencia e interinato. Tras ello, el 9 de junio de 2021, el Honorable Consejo Universitario de la UPEA, emitió la Resolución 138/2021, a través de la cual, de manera totalmente ilegal, arbitraria y desleal, sesionó, conformó, designó y posesionó a un Comité Electoral para realizar elecciones, excediendo sus atribuciones y el mandato de los arts. 27 inc. 1), 28 incs. 7) y 8), y 57 inc. 1) del Estatuto Orgánico de la Universidad; y, 12 del Reglamento de Elecciones Para Autoridades Universitarias. Señala que ello invalida todo el proceso eleccionario convocado por el Honorable Consejo Universitario, puesto que atenta contra los derechos constitucionales de la comunidad universitaria en co-gobierno docente-estudiantil, a través de un acto realizado en una sesión interna y de manera virtual, desconociendo y omitiendo la presencia de los mismos, manipulado los plazos para la presentación de varios candidatos y favoreciendo a las entonces autoridades de ese momento -el Rector, Carlos Condori Titirico y el Vicerrector, Efraín Chambi Vargas-; quienes constituyeron el único frente habilitado con la nueva denominación de "SOMOS U", y en su calidad de autoridades universitarias y candidatos a la vez, realizaron actos proselitistas, no obstante que no podían ser reelectos ni prorrogado su mandato por prohibición del art. 37 del Estatuto Orgánico de esa casa de estudios, pero que ahora se encuentran ostentando dichos cargos. Como se refirió precedentemente, a las irregularidades ya mencionadas del proceso eleccionario referido, se suma que varios miembros del Comité Electoral, tuvieron duplicidad de funciones, como fue el caso ya indicado en párrafos precedentes del entonces universitario Alberto Chávez, que luego intervino en esa instancia electoral, firmando la Resolución 138/2021 -por la cual el Honorable Consejo Universitario emitió la Convocatoria y Cronograma Electoral para Elecciones de Autoridades Superiores en este caso Rector y Vicerrector Gestión 2021-2024 de la UPEA-; firmando el prenombrado estudiante, como Vicerrector Docente del Comité Electoral para dichos comicios; y denotando con ello, que no existe certeza sobre el estatus real de dicha persona en la Universidad, ni sobre la obtención de su título académico, entre otras observaciones que infringen la normativa interna, debido al corto tiempo en el que supuestamente habría pasado de ser alumno a Docente, y menos aún respecto a cómo llegó a formar parte de una instancia directiva de la Universidad, ni por qué tuvo derecho a voto pese a no tener la antigüedad de dos años requerida para aquello, conforme a normativa interna de la UPEA. Es así que, con base a todos los antecedentes expuestos y habiendo agotado todas las instancias y mecanismos que le otorga la “Normativa Suprema”, el 5 de julio de 2021, presentó la denuncia correspondiente ante el Honorable Consejo Universitario, con copia al Tribunal Supremo Electoral, al CEUB, a las Direcciones de Carreras, Asociaciones de Docentes y sus correspondientes Centros de Estudiantes, a la Defensoría del Pueblo y otras instancias, solicitando se deje sin efecto la Resolución 138/2021 así como la conformación del pseudo Comité Electoral; y por ende, la nulidad del proceso eleccionario, a fin de convocar a una Asamblea General Docente-Estudiantil para reencaminar dichos comicios y que sus miembros sean elegidos en esta máxima instancia de decisión de forma paritaria conforme establece el Estatuto Orgánico en sus arts. 27, 47 inc. 1), 56, 57 incs. 1), 2) y 3) y demás disposiciones vigentes; sin que hubiese obtenido respuesta alguna por parte del Honorable Consejo Universitario hasta la fecha. Por lo que, el 1 de diciembre de 2021, reiteró su petición y amplió su denuncia, que igualmente no obtuvo atención alguna por la instancia requerida; lo que motivó a que insistiera en su pretensión el 8 de igual mes y año, sin éxito. Por ello, en su calidad de estudiante universitario de la UPEA, considera que se atentó y se continúa atentando contra sus derechos y garantías constitucionales -sin especificar cuáles serían éstos-, así como de los “…de la mayor parte de los estamentos Docente Estudiantil…” (sic), establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional y Tratados en materia de Derechos Humanos, y en lo pertinente del Estatuto Orgánico y Reglamento de la referida Universidad; puesto que en la gestión 2018, “nuestra” votación fue descartada sin dar mayor razón ni argumentación jurídica, ratificándose aquello por el Honorable Consejo Universitario en la Resolución 173/2018, y luego por la Resolución 072/2021, culminando la transgresión de sus derechos, con las Resoluciones 138/2021 y 140/2021. Considerando por ello que se encuentran agotados los recursos de impugnación previa a la interposición de su demanda tutelar; concluyendo su argumentación -el accionante- con una extensa cita de jurisprudencia constitucional respecto a la autonomía universitaria, la razonabilidad y proporcionalidad, el control de convencionalidad, la aplicación directa de la Constitución y otros.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos de petición y a la participación política -en audiencia señaló que sólo su derecho al voto hubiera sido conculcado-; citando al efecto los arts. 24, 26, 92 y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se declare la nulidad de las elecciones para Rector y Vicerrector de la UPEA, por el periodo 2021-2024, así como todas las acciones realizadas a partir del fallecimiento del anterior Rector de dicha casa de estudios -es decir, las Resoluciones del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, dictadas desde entonces-, por haber favorecido a la reelección del actual Rector y Vicerrector se esa Universidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 338 a 345, en presencia del accionante y de las autoridades universitarias accionadas; ausentes los coaccionados, Gabriel Pari Flores, Presidente Docente del Honorable Consejo Universitario (gestión 2018), Virginia Celenia Vargas Moreira, Secretaria General (gestión 2018), así como todos los miembros del Comité Electoral para las Elecciones a Rector y Vicerrector por la gestión 2021-2024, todos de la UPEA; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogada, ratificó íntegramente los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando en detalle lo allí expuesto. A las preguntas de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, precisó que los abogados de la parte accionada profirieron amenazas a los estudiantes en pleno Consejo Universitario -no indica fecha-, existiendo grabaciones de aquello; también indicó que, se cometieron varios delitos -sin especificar por parte de quiénes y sólo aludiendo a “el nuevo Director”-, al “fraguar” normativa para elegir al Comité Electoral, existiendo muchas anomalías, valiéndose de la pandemia para ejecutar actos en transgresión de las normas universitarias, indicando que nadie puede decir nada, porque existen represalias, amenazas y robo de mochilas y celulares. En una intervención final, en respuesta a las consultas de la mencionada Sala respecto a cuál fuera el acto lesivo de sus derechos invocados y en qué radicaría su pretensión de tutela, el accionante identificó a la Resolución 173/2018, respecto a la cual pide su nulidad por haber “…vulnerado derechos y garantías constitucionales que han sido vulnerados en el sentido de su emisión al voto” (sic), contra la cual presentó una nota y no un recurso de reconsideración propiamente dicho, en un plazo que no recuerda, puesto que recién tomó conocimiento formal de dicha Resolución emitida por el Honorable Consejo Universitario en la gestión 2019, no obstante que la norma indica que la misma debió publicarse dentro de las veinticuatro horas siguientes de su emisión; enfatizando, finalmente, que se lesionó su derecho al voto en las elecciones de 15 de noviembre de 2018, al haber sido éste anulado juntamente con otros seis mil votos, siendo ése su único derecho conculcado.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Carlos Condori Titirico, Rector; y, Efraín Chambi Vargas, Vicerrector, ambos de la UPEA, en audiencia informaron lo siguiente: a) El accionante cuestiona dos comicios realizados en la Universidad; empero, de forma alguna acredita que haya impugnado, dentro de dichos procesos electorales, conforme se admite por el art. 55 del Reglamento de Elecciones para Autoridades Universitarias de la UPEA, las irregularidades que directamente denuncia en sede constitucional; b) Tampoco se aprecia que haya formulado el recurso de reconsideración contra las Resoluciones emanadas por el Honorable Consejo Universitario; y, c) Si bien señala aspectos de forma respecto a unas supuestas notas, no indica de manera precisa cómo sus autoridades, como Rector y Vicerrector, hubieran transgredido sus derechos; limitándose su demanda tutelar, a una simple relación de hechos y de derechos. Razones por las que pide sea declarada infundada la acción de amparo constitucional. Edgar Guery Rosso López, Abogado y Asesor Jurídico de la UPEA (gestión 2018), en uso de la palabra, refirió que la Resolución “HCU 173” que cuestiona el ahora peticionante de tutela, emerge del criterio jurídico que en su oportunidad y con aprobación de sus instancias superiores, absolvió la circunstancia ocurrida tras el fallecimiento del entonces Rector de la señalada Universidad, referente a las elecciones, el cómputo de votos y otros; y que, el Informe Jurídico emitido, no reviste calidad de acto administrativo pues pudo o no acogerse por el Honorable Consejo Universitario, que es la instancia decisoria. Finalmente, cuestionó la legitimación activa del accionante, así como la inexistencia del nexo causal entre los hechos y los derechos aludidos como transgredidos, señalando además que no se argumentó cómo estos hubieran sido lesionados; advirtiendo, de otro lado, la concurrencia de actos consentidos por parte del ahora peticionante de tutela, puesto que no opuso el recurso de reconsideración, lo que daría cuenta que su demanda tutelar se planteó fuera del plazo de inmediatez. Edwin Campos Ugarte, Director Jurídico de la UPEA (gestión 2018), reiteró los fundamentos del informe vertido por su antecesor, cuestionando igualmente el cumplimiento de los requisitos de legitimación activa, nexo causal y subsidiariedad de la demanda tutelar interpuesta, por no haberse opuesto el recurso de reconsideración contra las Resoluciones del Honorable Consejo Universitario que le hubieran causado lesión a sus derechos. Añadiendo de otra parte, que la Resolución “HCU 096/2021” tuvo por propósito informar la culminación del mandato de las autoridades electas; por lo que, en consideración de la pandemia y en el marco de la autonomía universitaria plasmado en el art. 92.I de la CPE, se determinó conformar la Comisión de Estabilidad de Autoridades Universitarias. Finalizando su intervención señalando que no se le endilga directamente en su condición de representante de la Dirección Jurídica de la UPEA, ninguna acción u omisión lesiva de los derechos del ahora peticionante de tutela. Marco Antonio Hinojosa Alanes, aclaró no ser Presidente de Docentes, sino Director Jurídico de la UPEA desde la gestión 2018 “hasta la fecha” -4 de julio de 2022-, pronunciándose en igual forma que sus antecesores, reiterando su solicitud de denegatoria de tutela. Gabriel Pari Flores, Presidente Docente del Honorable Consejo Universitario; y, Virginia Celenia Vargas Moreira, Secretaria General, ambos de la UPEA (gestión 2018), no asistieron a la audiencia ni remitieron informe alguno pese a su citación mediante cedula conforme consta de fs. 225.

Gerardo Valdez Balcázar, Presidente Estudiantil del Honorable Consejo Universitario de la UPEA (gestión 2018); y, “Vladimir Atahuichi” -siendo lo correcto, David Atahuachi Quispe-, Presidente Docente del Honorable Consejo Universitario de la UPEA (gestión 2020-2021), se ratificaron en el informe vertido por la defensa técnica del Edwin Campos Ugarte. Bernal Mamani Capchiri, Presidente Docente; y, Diego Quispe Siñani, Presidente Estudiantil, ambos de Honorable Consejo Universitario de la UPEA (gestión 2020-2021), presentaron el informe escrito cursante de fs. 231 a 234 vta., refiriendo que en la emisión de las Resoluciones 173/2018, 138/2021 y 140/2021, no se transgredió norma alguna, habiéndose regido en su oportunidad al conteo de votos tras la renuncia irrevocable de uno de los frentes en la contienda electoral de 15 de noviembre de 2018; adecuándose -además- a la situación particular de la pandemia por COVID-19. Y sobre el cuestionamiento del hoy accionante sobre las elecciones de autoridades para el periodo 2021-2024, refirieron que ante la ausencia de impugnaciones contra dichos comicios, el Honorable Consejo Universitario emitió la Resolución 152/2021 -de 14 de junio-, aprobando el informe del Comité Electoral, designando y posesionando a las actuales autoridades de la UPEA. Asimismo manifestaron que el accionante no tiene legitimación activa; que no acreditó la vulneración del Estatuto Orgánico de esa Universidad ni de Reglamento alguno; que no cumplió con el principio de inmediatez, pues las Resoluciones que cuestiona en su demanda tutelar, datan de once a doce meses antes de activar la jurisdicción constitucional; y, que tampoco se cumplió con el principio de subsidiariedad, ya que no se opuso recurso alguno contra las decisiones del citado Consejo Universitario que cuestiona en sede constitucional. Finalmente indicaron que no existe correspondencia entre los hechos narrados en su demanda, con los derechos invocados como conculcados y su petitorio; por lo que, pidieron se deniegue la tutela. Asimismo, en audiencia a través de su abogado reiteraron todas las observaciones efectuadas por los demás accionados respecto a la acción de amparo constitucional opuesta en su contra, tanto en el fondo como en la forma. Añadiendo que de acuerdo a los arts. 25 del Reglamento del Honorable Consejo Universitario y 35 inc. 3) del Estatuto Orgánico de la UPEA, de no estar conforme con las Resoluciones dictadas por dicha instancia, el accionante tenía el plazo de quince días para deducir el recurso de reconsideración. De otro lado, con relación al derecho de petición también alegado en la demanda tutelar, refirieron que revisada la correspondencia desde 2018, cursa una nota recibida hace tres años atrás -el 4 de febrero de 2020-con el número de registro “0055”, con referencia de solicitud de anulación de la Resolución “173”, misma que -puesta a conocimiento del Honorable Consejo Universitario de entonces-, fue desestimada al no haberse formulado como un recurso de reconsideración, no estando por ello adecuada dicha petición al Estatuto Orgánico; y, respecto a los comicios tras los que fueron posesionadas las actuales autoridades universitarias de la UPEA, mencionaron que también consta la nota presentada el 12 de julio del 2021, con referencia a la solicitud de anulación de dicho proceso electoral, la misma que se registra como “0532" y que fue respondida oportunamente por el actual Honorable Consejo Universitario a través de la Nota Interna HCU. 100/2021 de 14 de “junio” -lo correcto sería julio-, que fue entregada al hoy accionante “…en febrero del presente año…” (sic), según informe de la Secretaria de Presidencia del Honorable Consejo Universitario, quien indicó que el interesado se apersonó a dicha instancia, dio lectura a la referida nota de respuesta y luego manifestó que volvería con su abogado para recogerla. Asimismo, señalaron que posteriormente, constan “dos” notas más con el mismo contenido -de 8 de diciembre de 2021-, que fue proveída remitiéndose a la respuesta con la nota “10”/2021. Antecedentes por los cuales, con base al entendimiento de la SCP 0215/2020 de 23 de julio, concluyeron que el ahora peticionante de tutela no cumplió con su obligación de recabar la respuesta formal a sus peticiones por lo que no se vulneró dicho derecho. Razones a partir de las cuales manifestaron amerita denegar la tutela impetrada. Juan Carlos Saavedra Villamil, Secretario General de la señalada Universidad (gestión 2021), no obstante hacerse referencia a su presencia en la audiencia de la acción tutelar, no se registró participación alguna, ocurriendo lo propio en relación a Vidal Ticona, Director de RR.HH. de la mencionada casa superior de estudios. Juan David Fernández Ordoñez -Presidente Docente-, José Antonio Santa Cruz Rodríguez -Presidente Estudiante-, Alberto Chávez -Vicepresidente Docente-, Eddy Franz Bautista Condori -Vicepresidente Estudiante, María Luz Huanca Catacora -Secretaria de Hacienda Docente-, Nelson Llanquichoque Colquehuanca -Secretario de Hacienda Estudiante-, Enrique Flores Baltazar -Secretario de Actas Docente-, Juan Álvarez Aduviri -Encargado de Prensa y Propaganda Docente-, Reynaldo Santos Quispe Chambilla -Primer Vocal Docente- y Rubén Hugo Fernández Osco -Segundo Vocal Docente-, todos del Comité Electoral para las Elecciones a Rector y Vicerrector por la gestión 2021-2024 de la UPEA, no asistieron a la audiencia, ni remitieron informe alguno pese a su citación por cédula cursante de fs. 227 a 230.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Si bien en el memorial de subsanación de la presente acción de amparo constitucional, el accionante identificó como terceros interesados a los Centros de Estudiantes y de Docentes de la UPEA, no cursa notificación alguna a dichas instancias universitarias con la demanda tutelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 117/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 346 a 349 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Difícilmente puede ingresarse al examen de los hechos denunciados sobre la supuesta nulidad de los comicios universitarios celebrados el 15 de noviembre de 2018, en virtud al principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional; 2) El 4 de febrero de 2020, “…junio 2021, diciembre 2021…” (sic), se presentaron una serie de notas vinculadas a la nulidad del proceso eleccionario de la gestión 2018; sin embargo, no puede obviarse la inobservancia del marco normativo referido al proceso de impugnación ante el Comité Electoral que pretenda o que pueda ser superado o subsanado de manera posterior a través de la formulación de dichas notas; 3) En el marco del art. 108.I de la Norma Fundamental, es facultad, obligación y responsabilidad de todo ciudadano y ciudadana -en este caso, estudiantes de la UPEA-, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico de esa Universidad. Resultando que en el caso de autos, sea imposible asumir una decisión de fondo por incumplimiento del principio de subsidiariedad, habida cuenta que no se agotaron los mecanismos recursivos de forma idónea en sede interna de esa casa de estudios y de manera posterior en la jurisdicción constitucional; operando por ello, igualmente, el principio de inmediatez regulado por el art. 129.II de la CPE, en relación al art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 4) Respecto a las Resoluciones “138 y 140 del 2021”, a cuya consecuencia se hubiera generado la aprobación del Comité Electoral y de manera posterior la aprobación de las elecciones universitarias respecto a las autoridades superiores de la UPEA por la gestión 2021-2024, el “…Estatuto Orgánico del sistema de la Universidad Pública…” (sic), igualmente prevé contra éstas un mecanismo de impugnación específico que es la reconsideración ante la misma instancia universitaria que las emitió; es decir, el Honorable Consejo Universitario; 5) Independientemente del número de alumnos que se hubiesen visto involucrados en la eventual anulación de los más de seis mil votos en las elecciones universitarias de la gestión de 2018, existen los medios para impugnar las irregularidades que se alegan, empero estos no fueron interpuestos en su momento. Confirmándose con ello, que el hoy accionante no cumplió con el presupuesto del reclamo previo en instancia interna de la UPEA de lo que ahora invoca en sede constitucional; 6) En julio de 2021, se consolidó todo el proceso eleccionario de la UPEA respecto a sus actuales autoridades de Rector y Vicerrector; lo que da cuenta que, desde entonces, la formulación de la presente demanda tutelar sobrepasó el plazo de la inmediatez; observándose que tampoco activó mecanismo alguno de impugnación en la vía administrativa interna; 7) No se evidencia de forma directa y de qué manera, la Asesoría y Dirección Jurídica, la Presidencia de los Comités Electorales, la Presidencia del Honorable Consejo Universitario en su Estamento Docente y en su Estamento Estudiantil de la UPEA, hubiesen generado un yerro en los derechos que invoca el hoy accionante; puesto que, en la demanda tutelar se postula que fue tras el desconocimiento de su voto en las elecciones de 15 de noviembre de 2018, que se produjo la lesión de los indicados derechos; y, 8) Lo propio ocurre con relación a las autoridades accionadas que intervinieron en las elecciones de la gestión 2021 de la UPEA, respecto a quienes tampoco se advierte un nexo de causalidad entre los hechos que se les endilga y los derechos invocados por el ahora peticionante de tutela, además de la inexistente identificación del acto lesivo en relación a éstas. Observación que si bien fue efectuada antes de la admisión de la demanda tutelar, no fue superada en la fase de la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional. Por memorial de 6 de julio de 2022, cursante de fs. 377 a 383, Nicolás Félix Mendoza Quisbert -accionante-, solicitó complementación, aclaración y enmienda de la Resolución 117/2022; petición que, fue desestimada por extemporánea, a través del Auto de 7 del mismo mes y año, dictado por la mencionada Sala Constitucional (fs. 383 vta.).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de la nota presentada el 12 de julio de 2021, ante el Honorable Consejo Universitario de la UPEA con referencia “ANULACIÓN DE LA ILEGAL CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL PARA ELECCIONES RECTOR Y VICERRECTOR 2021 a 2024” (sic), Nicolás Félix Mendoza Quisbert -ahora impetrante de tutela-, solicitó formalmente la reconsideración de la Resolución 138/2021, a fin de que se deje sin efecto la conformación del pseudo Comité Electoral y por ende del proceso eleccionario, para así convocar a una Asamblea General Docente Estudiantil a objeto de reencaminar dichos comicios y que sus miembros sean elegidos en esa máxima instancia de decisión de forma paritaria, conforme establecen los arts. 47 inc. 1), 56 y 57 incs. 1), 2) y 3) del Estatuto Orgánico de esa Universidad y demás disposiciones vigentes (fs. 310 a 313). II.2. Cursa la Nota Interna HCU. 100/2021 de 14 de julio, en respuesta a la nota descrita ut supra; en virtud de la cual, la Presidencia del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, atendió y explicó los cuestionamientos sobre la elección y conformación del Comité Electoral, así como respecto a la supuesta parcialización de tiempos en el cronograma electoral. Resolviendo finalmente la solicitud de reconsideración de la Resolución 138/2021, indicando que ésta última fue aprobada el 9 de junio de 2021, y que el recurso opuesto por el interesado, fue formulado el 12 de julio de igual año, fuera del plazo de los quince días establecidos en su normativa interna, siendo por ello extemporánea y en ese mérito inatendible (fs. 316 a 317). II.3. Por nota presentada el 1 de diciembre de 2021, el hoy accionante, reiteró la nota interpuesta el 12 de julio de igual año, efectuando una transcripción de la misma y ampliándola señalando que tras el fallecimiento del anterior Rector de la UPEA, se dejó un vacío de poder que ameritaba la aplicación del art. 40 inc. 1) del Estatuto Orgánico de la mencionada Universidad, el cual no fue acatado. Finalizando insistiendo en su pretensión de reconsideración de la Resolución 138/2021, aduciendo que las autoridades actuales de la UPEA fueron elegidas de forma ilegal, siendo nulos sus actos (fs. 318 a 322). Dicha solicitud mereció el proveído de 2 de diciembre de 2021, suscrita por Bernal Mamani Capchiri, Presidente Docente y Diego Quispe Siñani, Presidente Estudiantil del Honorable Consejo Universitario -ahora coaccionados-, dictaminando que el interesado se esté a la Nota Interna HCU. 100/2021, que dio respuesta a su primera nota de 12 de julio de ese año, por tratarse del mismo tenor (fs. 323). II.4. A través del escrito de 8 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela reiteró en su integridad las notas presentadas el 12 de julio y 1 de diciembre de igual año (fs. 324 a 328). Escrito que mereció el proveído de 9 de diciembre de 2021, igualmente suscrito por los antes nombrados Presidente Docente y Presidente Estudiantil del Honorable Consejo Universitario, reiterando que debe estarse a la Nota Interna HCU. 100/2021, que ya respondió a sus pretensiones (fs. 329). II.5. Consta el Informe E.E.M.M. 01/2022 de 7 de junio, emitido por la Secretaria del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, mediante el cual comunicó a la Presidencia de dicho estamento universitario, que el 3 de febrero de ese año, al promediar las dos de la tarde, se apersonó al Despacho del Honorable Consejo Universitario, Nicolás Félix Mendoza Quisbert, para hacer seguimiento de sus notas que fueron recibidas en dicha instancia, las mismas que merecieron respuesta oportuna en la gestión 2021, y que fueron entregadas al interesado en esa oportunidad, siendo leídas y revisadas por éste; sin embargo, las devolvió gritando e indicando que no entendía nada y que volvería a recogerlas acompañado de su abogado. Resultando que, hasta la fecha de emisión del Informe, el prenombrado no se apersonó nuevamente; aclarando que, debido a que dicha correspondencia conjuntamente toda la de la gestión 2021 debe archivarse, mandó en digital las respuestas a sus solicitudes, el 2 de junio de 2022, vía WhatsApp (fs. 330).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega vulnerados sus derechos de petición, a la participación política y al voto, debido a una serie de irregularidades en las que incurrió el Honorable Consejo Universitario de la UPEA tras el fallecimiento del entonces Rector de dicha Universidad, particularmente en lo que concierne a los comicios de 15 de noviembre de 2018, en los que de forma irregular no se computaron los votos -incluido el suyo-que tuvo un frente que decidió renunciar a la contienda electoral antes de computarse los resultados; y pese a ésa y otras irregularidades, dicha elección fue validada por la Resolución 173/2018 de 21 de noviembre y otras posteriores que dieron lugar a la elección -en otros comicios también irregulares emergentes de la Resolución 138/2021 de 9 de junio- de las autoridades universitarias actuales, que acarrearon todos los vicios incurridos desde entonces. Y si bien opuso varias notas ante el Honorable Consejo Universitario solicitando la reconsideración de la Resolución 138/2021, no mereció respuesta a ninguna de éstas, siendo la última la formulada el 8 de diciembre de 2021.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez, presupuesto constitucional de inexcusable cumplimiento que reviste a la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada

Sobre la referida temática, la SCP 1098/2016-S3 de 10 de octubre, reiterada por la amplia jurisprudencia emitida al respecto, sostuvo que: «“La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”. La jurisprudencia constitucional en su SC 1039/2010-R de 23 de agosto, entre otras, estableció en cuanto al principio de inmediatez el siguiente entendimiento: “La inmediatez, es una condición esencial para que el control de constitucionalidad pueda operar a través del amparo constitucional, en virtud a este presupuesto de orden procesal-constitucional, éste se consagra como un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida. En efecto, la inmediatez del amparo constitucional encuentra su génesis en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que taxativamente manda a los estados miembros del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, disciplinar a favor de las personas un recurso sencillo, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución, la ley o la citada Convención, precepto que debe ser fielmente cumplido en virtud al principio ‘pacta sunt servanda’. Por lo señalado, siguiendo el criterio desarrollado supra, se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada”. Respecto al cómputo del plazo de seis meses para la formulación de las acciones de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia constitucional, entre ellas la contenida en la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, estableció que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa”» (las negrillas son nuestras).

III.2. La teoría del hecho superado como causal de improcedencia y denegatoria de la acción de amparo constitucional

Sobre la temática la SCP 0671/2018-S2 de 17 de octubre, citando a la SCP 0822/2015-S1 de 4 de agosto y SCP 1541/2014 de 25 de julio, señaló que: “El art. 53.2 del CPCo, establece que esta acción de defensa no procederá cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de denegatoria de la tutela estuvo presente en la tradición jurisprudencial constitucional de larga data, en el entendido de que cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción (por todas la SC 0050/2004-R de 14 de enero). Por ello, a través de una infinidad de sentencias constitucionales se dio contenido a la comprensión de la causal de denegatoria del amparo constitucional cuando el acto reclamado cesó, en una línea jurisprudencial que se puede leer de la siguiente manera: a) La oportunidad procesal para entender que los efectos del acto reclamado terminaron es hasta antes de ser notificado el demandado con la acción de amparo constitucional, por cuanto si es posterior a dicha diligencia debe ingresarse al fondo de lo peticionado en el amparo (desde la SC 0254/2001-R de 2 de abril); b) La decisión o acto que hace cesar los efectos del acto reclamado debe ser notificada legal y válidamente al accionante (desde las SSCC 0638/2003-R, 0691/2003-R, 0932/2003-R); y, c) No es aplicable la causal de denegatoria del amparo constitucional por cesación de los efectos del acto reclamado si no existen pruebas que demuestren tal cesación (SC 0136/2002-R de 19 de febrero)” (las negrillas son agregadas). La SCP 0501/2018-S4 de 5 de septiembre, citando varias sentencias constitucionales, señaló: […la SCP 0106/2015-S1 de 13 de febrero, estableció que: “La acción de amparo constitucional, tiene por final procurar la protección de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados; empero, existen aquellos supuestos en los que las circunstancias que generaron la trasgresión desaparecen, consecuentemente el objeto de esta acción tutelar deja de existir, dando lugar a lo que en el ámbito jurídico-constitucional se conoce como ‘hecho superado’, sobre el cual no justifica emitir pronunciamiento alguno, por cuanto el objeto para decidir desapareció. (…) Este Tribunal, en la SC 1640/2010-R de 15 de octubre, hizo referencia a los elementos esenciales de la pretensión de la acción de amparo constitucional, estableciendo: «De acuerdo a lo expuesto, los elementos esenciales de la pretensión del amparo, son dos: a) la causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad, en este contexto, debe establecerse que en caso de corregirse o enmendarse cualquier situación fáctica que configure los elementos esenciales de la pretensión del amparo, evidentemente desaparece el objeto de la tutela y por tanto, es plenamente aplicable la teoría del hecho superado, reconocida por la línea jurisprudencial antes señalada y por tanto en estas circunstancias, la tutela debe ser denegada»’”. (…) Al respecto la SC 0998/2003-R de 15 de julio, señaló que: “...la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu propio del legitimado pasivo"; entendimiento que determina que para que opere la improcedencia de la acción de amparo constitucional por cesación del acto acusado de ilegal, es necesario que éste haya quedado sin efecto o se hubiera superado la vulneración al derecho cuya tutela se solicita, antes de la notificación con la demanda tutelar. Por su parte, la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, sostuvo: "El art. 128 de la CPE, establece que: 'La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la constitución y la ley’, es decir, que la finalidad de la acción de amparo constitucional es la protección de derechos fundamentales y no el establecimiento de responsabilidades que puede determinarse como consecuencia accesoria de la concesión de tutela pero no puede constituirse en el elemento central de la pretensión procesal ] (las negrillas son agregadas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega que, debido a una serie de irregularidades en las que incurrió el Honorable Consejo Universitario de la UPEA tras el fallecimiento del entonces Rector de esa Universidad, particularmente en lo que concierne a los comicios de 15 de noviembre de 2018, en los que de forma irregular no se computaron los votos -incluido el suyo- que tuvo un frente que decidió renunciar a la contienda electoral antes de computarse los resultados; y pese a ésa y otras irregularidades, dicha elección fue validada por la Resolución 173/2018 y otras subsecuentes que dieron lugar a la elección -en otros comicios posteriores también irregulares emergentes de la Resolución 138/2021- de las autoridades universitarias actuales, que acarrearon todos los vicios incurridos desde entonces. Y si bien opuso varias notas ante el Honorable Consejo Universitario solicitando la reconsideración de la Resolución 138/2021, no mereció respuesta a ninguna de éstas, siendo la última la formulada el 8 de diciembre de 2021.

Por cuya consecuencia, el accionante pretende que en sede constitucional se disponga declarar la nulidad de dos procesos electorales: el primero, realizado el 15 de noviembre de 2018 -en el que se hubiera conculcado su derecho a la participación política y al voto-; y el segundo, que -como consecuencia del anterior- arrastraría vicios de nulidad, que comprometen la legalidad de las autoridades ya electas para la gestión 2021-2024; añadiendo a su pretensión, que también se dejen sin efecto todas las acciones realizadas a partir del fallecimiento del anterior Rector de la referida Universidad -es decir, las Resoluciones del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, dictadas desde entonces-, por haber favorecido a la reelección del actual Rector y Vicerrector se esa Universidad.

En consecuencia, a fin de resolver la presente problemática en atención a su condicionamiento fáctico procesal, se ingresa al análisis siguiente:

III.3.1. Sobre la denuncia de vulneración del derecho a la participación política y al voto

Tratándose el tenor fáctico de la demanda tutelar, de hechos que -en parte- datan desde la gestión 2018 -es decir, de hace cuatro años antes de activada la jurisdicción constitucional por el hoy solicitante de tutela-, es preciso reparar en el planteamiento de esta acción de amparo constitucional dentro del plazo de inmediatez previsto en el art. 55.I del CPCo.

Así, de la sola relación de hechos proporcionada por el accionante tanto por escrito en sus memoriales, como en audiencia, resulta evidente que los supuestos actos acusados de lesivos de su derecho al voto y a la participación política, hubieran ocurrido en el acto eleccionario de 15 de noviembre de 2018, en cuya oportunidad no se habría contado o considerado su voto -entre los más de seis mil- en favor de un frente, que en ese entonces renunció a la contienda política universitaria, habiéndose efectuado sobre lo ocurrido un análisis jurídico que decantó en que a través de la Resolución 173/2018, se validaran los votos para el frente aún en carrera electoral y se lo proclamara ganador. Contra dicha Resolución, según aduce el propio impetrante de tutela, opuso solicitud de nulidad, que no se revolvió por más de “dos” años; periodo dentro del cual, si bien habría acudido a instancias del Tribunal Supremo Electoral para su pronunciamiento sobre las presuntas irregularidades de los comicios -recibiendo una respuesta evasiva-, no efectuó otro reclamo posterior, sea en la vía interna universitaria y menos aún en la jurisdicción constitucional, que haga advertible el cumplimiento del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, computables desde la comisión de la vulneración alegada.

Debiéndose, al respecto, hacer notar a la parte accionante, que el solo hecho de no haber obtenido una respuesta en “dos” años sobre su solicitud de nulidad de la Resolución 173/2018, no implica -como en apariencia pretende sea considerado- que el término de los seis meses de la inmediatez para activar la jurisdicción constitucional no comenzó a computarse, puesto que el art. 55.I del CPCo, es expreso en establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho” (negrillas añadidas).

Siendo innegable, entonces, que el hoy impetrante de tutela, ante el supuesto silencio del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, tenía pleno conocimiento de que la Resolución 173/2018 -que cuestiona en sede constitucional- se mantuvo vigente y que -como también lo indica en sus memoriales y en audiencia- le sucedieron otras posteriores. Lo que hace evidente que desde entonces, hasta el momento de activar su demanda tutelar, dejó transcurrir casi cuatro años sin efectuar reclamo alguno sobre la supuesta falta de pronunciamiento a su impugnación de nulidad de la Resolución antes mencionada, lo que sin duda hace imposible que este Tribunal pueda pronunciarse al respecto, por inobservancia del principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional; por lo que, sin mayor argumentación corresponde denegar la tutela sobre este aspecto.

III.3.2. Sobre la denuncia de vulneración del derecho de petición

En lo que respecta a la supuesta lesión de su derecho de petición, al no haberse dado respuesta a su solicitud de nulidad y de reconsideración de la Resolución 138/2021, que impugnó ante el Honorable Consejo Universitario. De antecedentes cursa la nota presentada el 12 de julio de 2021, a través de la cual el ahora accionante solicitó la “ANULACIÓN DE LA ILEGAL CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL PARA ELECCIONES RECTOR Y VICERRECTOR 2021 a 2024” (sic), pidiendo formalmente la reconsideración de la Resolución 138/2021, a fin de que se deje sin efecto la conformación del pseudo Comité Electoral y por ende del proceso eleccionario para ese periodo, para así convocar a una Asamblea General Docente Estudiantil a objeto de reencaminar dichos comicios y que sus miembros sean elegidos en esa máxima instancia de decisión de forma paritaria, conforme establecen los arts. 47 inc. 1), 56 y 57 inc. 1), 2) y 3) del Estatuto Orgánico de esa Universidad y demás disposiciones vigentes (Conclusión II.1).

Impugnación que mereció por respuesta la Nota Interna HCU. 100/2021 de 14 de julio (Conclusión II.2), en virtud de la cual, se atendieron y explicaron los cuestionamientos efectuados por el impugnante -hoy accionante- sobre la elección y conformación del Comité Electoral, así como sobre la supuesta parcialización de tiempos en el cronograma electoral. Resolviendo finalmente su solicitud de reconsideración de la Resolución 138/2021, indicando que ésta fue aprobada el 9 de junio de 2021, y el recurso opuesto por el interesado, el 12 de julio de igual año, estando fuera del plazo de los quince días establecidos en su normativa interna, siendo por ello extemporánea y en ese mérito inatendible.

Ahora bien, el hoy impetrante de tutela señala en su memorial de acción de amparo constitucional, que su solicitud de nulidad y reconsideración de la Resolución 138/2021, nunca le fue respondida ni notificada por el Honorable Consejo Universitario, y que fue por ello que reiteró su pretensión de forma escrita mediante las notas presentadas el 1 de diciembre de 2021 (Conclusión II.3) y la última de 8 de igual mes y año (Conclusión II.4) -con la que vencería el término de la inmediatez respecto a la activación de la jurisdicción constitucional únicamente sobre su derecho de petición-.

Sin embargo, como se tiene del desarrollo de la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, en la intervención de los actuales Presidentes del Honorable Consejo Universitario de la UPEA, se advirtió que el alegato del hoy accionante referido precedentemente sobre su denuncia de falta de atención a su petitorio de nulidad y reconsideración de la Resolución 138/2021 fue controvertido; puesto que, además de señalar que en las notas presentadas por el interesado, éste no identificó un medio por el cual pueda ser anoticiado de la respuesta a su petición, así como tampoco se apersonó a recabarla, se hizo énfasis en el Informe E.E.M.M. 01/2022 de 7 de junio, emitido por la Secretaria de dicha instancia universitaria, en el que se informó que -contrariamente a lo que aduce el accionante-, éste se habría apersonado el 3 de febrero de 2022 a recabar la respuesta a sus solicitudes de 12 de julio, 1 y 8 de diciembre -todas de 2021-, habiendo -en dicha oportunidad- leído en su integridad la Nota Interna HCU. 100/2021, devolviéndola y señalando que volvería a recogerla físicamente en compañía de su abogado; y debido a que, hasta el 2 de junio de 2022, el interesado -ahora solicitante de tutela- no regresó, en esa misma fecha se le remitió vía digital la precitada nota de respuesta; es decir, antes de la admisión y citación de la parte accionada con la presente demanda tutelar.

El contenido del referido Informe E.E.M.M. 01/2022 aludido en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional por el Honorable Consejo Universitario de la UPEA -accionado-, no fue discutido ni refutado por el hoy accionante, teniéndose entonces por evidente; y dado que, el 3 de febrero de 2022 tomó conocimiento personal de la Nota Interna HCU. 100/2021 (la misma que consta en la Conclusión II.4 de este fallo constitucional), y posteriormente éste mismo escrito le fue remitido vía digital el 2 de junio de ese año; del solo cotejo de esas fechas con la de interposición de su demanda tutelar, se hace evidente que cesaron los efectos del acto reclamado antes de la admisión de la acción de defensa y de que la parte accionada tomara conocimiento de la misma. Debido a que -precisamente-, el supuesto acto lesivo de su derecho de petición, consistente en la falta de respuesta a sus reclamos de reconsideración y nulidad de la Resolución 138/2021, se extinguió tras tomar conocimiento de la Nota Interna HCU. 100/2021.

Circunstancias que, como fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional -e independientemente además de que en el caso también podría aplicarse la denegatoria por ser una pretensión solicitada dentro de un procedimiento y no como derecho de petición autónomo-, hacen concurrente la causal de improcedencia reglada prevista en el art. 53.2 del CPCo, habida cuenta que cesaron los efectos del acto reclamado en sede constitucional por el hoy impetrante de tutela, antes de la admisión de su demanda y de que la parte accionada sea notificada con la acción de amparo constitucional; puesto que, la Nota Interna HCU. 100/2021 -que responde su petición- fue leída personalmente por el accionante y remitida vía digital el 2 de junio de 2022, la misma que consta físicamente en actuados.

Condiciones que hacen a la denegatoria de la tutela pretendida sobre el derecho de petición invocado por el impetrante.

III.3.3. Sobre la pretensión de declarar sin efecto todas las Resoluciones del Honorable Consejo Universitario que condujeron a la elecciones de las actuales autoridades universitarias de la UPEA

Finalmente, el hoy solicitante de tutela señala que el Honorable Consejo Universitario de la UPEA, emitió otras Resoluciones igualmente irregulares por contrariar la normativa interna de la Universidad y otras de carácter nacional, que dieron lugar a la elección y posesión ilegales de las actuales autoridades universitarias de la indicada casa superior de estudios; sin embargo, a más de mencionarlas, describir su contenido y señalar los preceptos presuntamente infringidos, no existe argumentación alguna efectuada por el ahora accionante, respecto a cómo dicha vulneración legal -que aduce hubiera incurrido el Honorable Consejo Universitario de la UPEA-, generó las infracciones que acusa en sede constitucional sobre sus derechos al voto, a la participación política y al de petición; y mucho menos, especifica en concreto cuál o cuáles serían los “otros” derechos o garantías que le fueron directamente restringidos con éstas, limitándose a señalar -vagamente- que toda la comunidad universitaria sería la afectada.

Falencia que igualmente impide al Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse al respecto, al no existir carga argumentativa a resolver; más aún, cuando el ahora accionante no señala si se opuso o no a las Resoluciones que alude -es decir, si cumplió con el principio de subsidiariedad previo a activar su demanda tutelar-; como tampoco menciona si se encuentra dentro del término de la inmediatez requerida, habida cuenta que todas éstas datan de la gestión 2020-2021. En ese sentido concurren sobre este punto de reclamo, causales regladas de improcedencia que convergen en la denegatoria de la tutela solicitada sin ingresar al fondo de lo demandado.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con distintos argumentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 117/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 346 a 349 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0931_2023-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 688160da3ec969957fae753ab19a11d569f48e6bda529dd290f9b446dc9c90aa

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