Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración a sus derechos la libertad y al debido proceso en sus elementos de congruencia, legalidad, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; porque a través del Auto de Vista 384/2021 el Vocal demandado: i) No se pronunció en relación a su agravio relativo a que se revoque la detención domiciliaria de los fines de semana; y, ii) Respecto al riesgo procesal 234.1 del CPP en el elemento domicilio, reconoció que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y a la parte querellante, sin embargo de manera contradictoria analizó y valoró la prueba aportada por su persona, aspecto que denota incongruencia en el fallo, sin que ninguna de las partes cuestione la “situación” de su domicilio en Oruro ni su actividad laboral refirió que el Auto Interlocutorio 420/2021 no efectuó dicho análisis, cuestionando su residencia en Oruro, cuando la norma es expresa al señalar domicilio o residencia en el país, actuó de manera oficiosa respecto a la restricción de su libertad, ya que las partes no solicitaron fundadamente dicha restricción, no valoró en su real dimensión el título de propiedad que presentó y tampoco los otros elementos de prueba acompañados que demostraron oportunamente la habitabilidad y habitualidad, y se amparó en suposiciones de horas y distancia del domicilio real y la fuente laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las reso…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 44/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0931/2023-S1 Sucre, 2 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42058-2021-85-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 44/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Arias Morales en representación sin mandato de Patricio Pérez Colque contra Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental Justicia de La Paz.
Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2021, cursante de fs. 8 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Kevin Alejandro Paredes Mamani, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio; la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 420/2021 de 1 de julio, disponiendo la aplicación de “medidas sustitutivas a la detención preventiva” como: a) La detención domiciliaria solo los días sábados y domingos, con salida laboral de lunes a viernes; b) El arraigo; c) La presentación periódica al juzgado los días viernes; d) La prohibición de concurrir a determinados lugares como la “Fiscalía de Sorata”; e) Fianza personal de dos garantes; y, f) La prohibición de tener contacto con los testigo del hecho. Determinación que al ser impugnada por el denunciante y el imputado fue resuelta a través del Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio, emitido por el Vocal demandado que no se pronunció en relación a su agravio relativo a la revocatoria de la detención domiciliaria de los fines de semana; además, si bien en el acápite “3.1” se reconoce la carga de la prueba prevista en el art. 231 Bis V del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, de manera contradictoria paso a analizar y valorar la prueba aportada por su persona cuando no le corresponde desvirtuar o acreditar nada, aspecto que denota incongruencia en el fallo. Alega que el Ministerio Público ni el denunciante solicitaron fundadamente la restricción de su libertad, pese a ello, actuó de manera oficiosa; asimismo, se tiene que ninguna de las partes reclamo como agravio la “situación” de su domicilio en Oruro, ni su actividad laboral en una “provincia paceña”, empero, el Vocal ahora demandado superando la competencia prevista en el art. 398 del CPP cuestionó la Resolución 420/2021, señalando que la misma no tiene la correcta coherencia o congruencia suficiente, ya que no tomó en cuenta que su persona trabaja como fiscal de materia en “SORATA” y vive en “ORURO” (consignando al respecto distancias y horas, entre ambos lugares), sin embargo, la aludida Resolución, si tomó dichos aspectos, determinando por ello la detención domiciliaria solo los fines de semana. Por otra parte, en el Auto de Vista 384/2021 no valoró en su real dimensión el título de propiedad que presentó, el cual reúne todas las condiciones para ser un documento público y que tiene fe probatoria, y tampoco los otros elementos de prueba acompañados que demostraron oportunamente la habitabilidad y habitualidad. Sumado a lo anterior, pese a que el art. 234.1 del CPP determina que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país, la autoridad judicial demandada transgrediendo dicha disposición oficiosamente cuestionó su residencia en Oruro cuando la norma es expresa al señalar domicilio o residencia en el país; además, el Auto de Vista 384/2021 desconoció los alcances de la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, que sostuvo que cuando se restringe el derecho a la libertad, la resolución debe considerar criterios de razonabilidad y no debe fundarse en meras suposiciones; no obstante, en su caso, la autoridad judicial demandada se amparó en suposiciones de horas y distancia del domicilio real y la fuente laboral; y, no se aplicó el mandato previsto en el art. 231 bis II del CPP en relación a los principios que hacen a las medidas cautelares de carácter personal.
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos congruencia, valoración de la prueba, fundamentación, motivación, y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2021 y se ordene se dicte una nueva resolución: “…resolviendo solamente todos y cada uno de los agravios expuestos, sin extralimitarse en agravios y fundamentos no invocados, cumpliendo con el principio de limitación por competencia; fundamentando objetiva y probatoriamente la nueva resolución y sea igualmente CONFIRMANDO en parte la resolución apelada manteniéndose las medidas sustitutivas y dejando sin efecto la detención domiciliaria los fines de semana” (sic).
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 29 de julio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 20, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó su memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que en el Auto de Vista 384/2021 se mencionó que la parte querellante cuestionó que la autoridad judicial de primera instancia tuvo por desvirtuado “…el elemento de la actividad laboral y lícita, así como el elemento domicilio del imputado y como un premio el acto cometido por parte del imputado ha dispuesto otorgar libertad sin considerar las circunstancias del servidor público…” (sic); no obstante, pese a que ese fue el único argumento del recurso de apelación incidental: 1) En el numeral 2 del Auto de Vista cuestionado al establecer la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, se hace alusión a la carga probatoria del Ministerio Público, de la parte querellante; no obstante, cuestiona la Resolución de primera instancia debido a que el imputado no habría acreditado un domicilio a la autoridad judicial, aspecto que no resulta lógico y coherente; y, 2) El Vocal ahora demandado incorporó otros argumentos que no fueron objeto de debate, actuando de manera ultra petita, ello debido a que en el acápite 5 del Auto de Vista 384/2021 se genera un nuevo criterio que ninguna de las partes lo planteó, relativo a su traslado desde “Luribay” a “Oruro”; es decir, nunca se observó que se tenga algún problema de distancia entre su lugar de trabajo y su domicilio; aspecto además que no justifica una detención preventiva, más aun cuando no se cumple con el requisito de proporcionalidad.
Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 29 de julio de 2021, cursante a fs. 17 y vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando al efecto los siguientes extremos: i) El Auto de Vista 384/2021 se encuentra debidamente fundamentado y motivado con relación a lo oído y dilucidado en audiencia, habiéndose justificado las razones por las cuales se tomó la decisión de disponer la detención preventiva; es así que, mantiene una estrecha relación con el art. 124 del CPP; y, ii) El impetrante de tutela manifiesta que nadie menciono la situación de domicilio y su actividad; no obstante, es la parte querellante que formula un agravio en relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP en su elemento domicilio, ya que no se demostraría la habitabilidad y habitualidad, en ese sentido, bajo la sana crítica y lógica se determinó que la resolución de primera instancia es incongruente “…pues el accionante habría señalado en su momento, es decir a la fecha de emisión de la Resolución Nro. 420/2021 de medidas cautelares – a) domicilio indicando que el mismo vive en el departamento de ORURO; b) En cuanto a la actividad laboral – mediante documentación hace referencia que el mismo se encuentra designado a la localidad de SORATA, dependiente del Ministerio Público y es más en su última parte de la resolución apelada se dispone: ‘con la aclaración que deberá solicitar ante al fiscal departamental su cambio de fiscalía…’, por lo que de acuerdo a las reglas de sana crítica y experiencia; encuentra incongruencia; puesto que se acredita tal cual se señala en la Resolución Nro. 420/2021 apelada como DOMICILIO-ORURO, como lugar de fuente laboral-LOCALIDAD DE SORATA DE LA CIUDAD DE LA PAZ, extremos que hacen notar (…) que no ha realizado un correcto razonamiento en la presente causa”. (sic)
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 44/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 21 a 23, determina la “procedencia en parte” -concedió en parte- de la acción de libertad, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2021, ordenándose se emita una nueva resolución, bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto de Vista cuestionado se circunscribe a fundamentos que no fueron cuestionados por las partes, tal como la distancia de la fuente laboral y el domicilio ya que el accionante reside en la ciudad de Oruro y su asiento laboral está en la localidad de “Luribay provincia Loayza del Departamento de La Paz”, incurriéndose en una incongruencia “aditiva”; y, no se fundamentó la habitabilidad y habitualidad alegada existiendo una incongruencia “omisiva”; b) En lo concerniente a la carga probatoria, no se advierte que ese aspecto hubiese sido reclamado ante el Ad quem “…y de acuerdo a los fundamentos esgrimidos, en este caso, si bien ha sido considerado por la autoridad accionada, sin embargo corresponde a la autoridad ordinaria proporcionar el valor que corresponde de acuerdo al art. 173, 124 del CPP” (sic); y, c) Sobre la falta de pronunciamiento respecto al recurso de apelación del impetrante de tutela, así como en relación al principio de proporcionalidad, de acuerdo a los antecedentes es evidente la omisión al respecto. En la vía de aclaración, enmienda y complementación, el peticionante de tutela solicitó la complementación de la parte dispositiva de la Resolución 44/2021 respecto a no solo disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 384/2021, sino también actuados posteriores, entre ellos, el mandamiento de detención preventiva librado contra su persona. Al respecto, el Tribunal de garantías complementó su determinación ordenando que “…queda sin efecto las actuaciones posteriores como el mandamiento de detención preventiva, entre tanto no sea resuelto a través del Auto de Vista que podrá determinar lo que en derecho corresponda” (sic).
Por Decreto Constitucional de 31 de agosto de 2022 (fs. 35), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs. 67) notificado a las partes el 23 de agosto de 2023, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo legal. Al no haber obtenido consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis, consideraciones a partir de las cuales, el presente fallo constitucional es pronunciado dentro del plazo legal establecido por el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 420/2021 de 1 de julio, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, que dispone la aplicación de medidas cautelares de carácter personal en favor del peticionante de tutela, consistentes en:
“1. La DETENCIÓN DOMICILIARIA del imputado en su domicilio acreditado con la previa verificación de la Secretaria del Juzgado, concediéndole salidas laborales con la aclaración de que deberá de solicitar ante el Fiscal Departamental o Fiscal General del Estado su cambio de Fiscalía a los efectos de no afectarle el derecho fundamental al trabajo y su salida laboral será realizada entre lunes y viernes debiendo de guardar su detención domiciliaria los días sábados y domingos.
2. Su arraigo por ante la dirección General de Migración.
3. La obligación de presentarse ante este despacho judicial todos los días vienes debiendo registrarse en un libro de registro con respecto a su presentación.
4. Se le prohíbe concurrir a determinados lugares específicamente a la Fiscalía de la Localidad de Sorata.
5. Se le impone la Fianza Personal de 2 garantes económicamente solventes los cuales en caso de fuga del imputado deberán de oblear la suma de Bs 10,000 esto a los efectos de su recaptura.
6. Se le prohíbe tener contacto con los testigos del hecho que investiga el Ministerio Público.” (sic [fs. 3 a 7]). II.2. Consta acta de audiencia pública de apelación de medida cautelar de 22 de julio de 2021, en la que se advierte que: 1) La víctima en su recurso de apelación incidental alegó que: 1.i) En relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP, la autoridad judicial sostuvo que el mismo no concurriría debido a que existe un folio real; no obstante, la amplia jurisprudencia determinó que el derecho propietario no demuestra la habitualidad ni habitabilidad, pues se requiere certificado o boletas firmadas por testigos que establezcan que el ciudadano si tiene domicilio en el cual habita antes de la sucesión de los hechos, teniendo su dormitorio, dependencias, servicios básicos; 1.ii) Respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 de la ley adjetiva penal, el Juez de control jurisdiccional manifestó que no se acreditó un certificado de movimiento migratorio y salidas ni entradas al país; empero, no puede presumirse su acreditación más aún si no tiene un arraigo natural o social; por lo que, no se tiene una debida fundamentación y motivación; 1.iii) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP pese a que se presentó elementos de conducta negativa del imputado, la autoridad judicial de primera instancia no valoró de forma íntegra “esta conducta de negociar actuados procesales”; y, 1.iv) La aplicación de las medidas cautelares debe realizarse considerando los principios de instrumentalidad, proporcionalidad, legalidad y aplicación de un orden justo; no obstante, en el caso concreto, la Jueza a quo no aplicó los mismos, “…ha olvidado realizar este análisis de la proporcionalidad y de la razonabilidad en la aplicación de estas medidas cautelares, toda vez que el mismo fiscal, ha actuado deliberadamente, se demuestra su comportamiento porque él estaba favoreciendo a la contraparte del ahora víctima, y lógicamente él tiene todas las facilidades para poder interferir en los actos investigativos y si se hace necesaria la extrema medida de la detención preventiva (…) en este caso, el bien jurídico protegido y haciendo una valoración amerita que se aplique la medida máxima que es la detención preventiva…” (sic).
Al respecto, la parte imputada ahora peticionante de tutela manifestó al no haberse presentado documentación que acredite los riesgos procesales, la Jueza de control jurisdiccional dispuso la detención domiciliaria y “…en aras de la respuesta que corresponde de parte de imputado a la apelación que ha presentado en audiencia la parte querellante al no haberse desvirtuado ni haberse en la presente audiencia presentado alguna documentación que pueda acreditar de que mi defendido o esa ampliación de riesgos procesales que se habrían presentado al Juez Cautelar no se podría argumentar que ahora la solicitud de detención preventiva que está pretendiendo la parte querellante, por lo tanto, vamos a contestar de esa manera, y vamos a pedir se rechace esa solicitud de revocatoria de la resolución 420/2021…” (sic).
2) En lo concerniente al recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado ahora accionante, el mismo alega:
“…la defensa se siente agraviada puesto a que la defensa ha presentado varios documentos que han desvirtuado los peligros establecidos y fundamentados por el fiscal y tomados en cuenta por la Sra. Juez en ese entonces, establecidos en el Art. 234.1 y Art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal, la defensa ha presentado para acreditar esa habitabilidad y habitualidad del domicilio, la documentación consistente en facturas de luz, facturas de agua, el derecho propietario de ese inmueble que está a nombre de mi cliente el Dr. Patricio Pérez, así también ha presentado un muestrario fotográfico del inmueble donde se puede apreciar la habitualidad y habitabilidad de mi defendido en dicho inmueble, por lo tanto, estos antecedentes no han sido considerados por la Juez A quo, es decir, hemos presentado documentación suficiente para acreditar que mi cliente vive y habita en el inmueble en la C. Oscar Soruco, Esq. Juancito Pinto, N° 4, de la Ciudad de Oruro, ahora bien si vemos el Art. 234 ultima parte del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal (…) entonces se ha acreditado con documentación pertinente ante la Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Ciudad de El Alto, esa habitualidad y esa residencia habitual, por tal sentido, esta documentación no ha sido valorada por la Juez A quo al haber ratificado todas medidas solicitadas por el Fiscal, es decir, que para la Juez A quo no se habría desvirtuado lo que refiere el Art. 234 núm. 1) en su elemento domicilio evidentemente trabajo y familia ya lo habíamos desvirtuado, puesto evidentemente el Sr. Patricio Colque, es funcionario del Ministerio Público.
(…)
…no resulta congruente que al momento de la resolución del proceso en su Resolución N° 420/2021, disponga la detención domiciliaria, puesto a que se habría solicitado por la defensa en esa oportunidad la libertad pura y simple puesto a que se habría desvirtuado lo que yo le he referido que mi cliente tiene domicilio, por lo tanto la Juez A quo también ha dispuesto la detención domiciliaria de mi defendido, en tal sentido, esta medida ha sido apelada (…) también habría solicitado también como medida cautelar (…) cambie de asiento fiscal, puesto a que el cumplía funciones en la localidad de Sorata evidentemente mediante esa resolución 420/2021, se ha realizado el cambio a la provincia de Luribay, donde actualmente cumple sus funciones como fiscal de materia, pero es a esa disposición emitida por la Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Ciudad de El Alto, es que nosotros no estamos de acuerdo puesto a que como lo he referido hemos desvirtuado el presupuesto del domicilio y evidentemente para la defensa se solicita y solicitamos en esta audiencia, se pueda revocar en cuanto a esta detención domiciliaria y se pueda otorgar a mi defendido dadas las circunstancias y otras que se tiene dentro de presente proceso, la libertad con medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir, se revoque esa detención domiciliaria y se conceda a la libertad de mi defendido con algunas medidas sustitutivas que ya han sido impuestas por parte de la Juez…” (sic).
Así, a la apelación incidental planteada por la parte imputada -ahora impetrante de tutela-, la parte víctima manifiesta:
“…no nos ha dicho que derecho se ha vulnerado, que elemento, que vertiente, ha dada más bien como que estaría sentado el riesgo del domicilio, cuando lo ha fundamentado la parte víctima, en forma totalmente confusa, en forma incongruente, incoherente la argumentación vertida, cómo puede pretender revocar una resolución para que este señor esté con libertad pura y simple, cuando ha sido encontrado en flagrancia con Sus. 500, cómo puede pretender desoír a una situación evidente de probabilidad de autoría del Art. 233 núm. 1) de la 1970, existiendo otros riesgos además, como el Art. 234 núm. 7), Art. 235 núm. 1) y 2), entonces aquí la parte apelante, en ningún momento ha demostrado ningún agravio, es decir no ha objetado la existencia del Art. 234 núm. 7), no ha objetado la existencia del Art. 235 núm. 1), no ha objetado la existencia del Art. 235 núm. 2), consiguientemente para que su autoridad pueda en parte revocar la resolución debió haber expresado cuales son los motivos cual la incongruencia de la resolución que en este caso no lo ha hecho …” (sic [fs. 53 a 56 vta.]). II.3. Mediante Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio, Yván Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispone admitir los recursos de apelación incidental presentados por ambas partes, declarando la improcedencia del recurso de apelación planteado por el imputado, y procedente las cuestiones alegadas por el querellante, revocando el Auto Interlocutorio 420/2021 y en su mérito dispone la detención preventiva de Patricio Pérez Colque, a ser cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses (fs. 24 a 25).
El accionante denunció la vulneración a sus derechos la libertad y al debido proceso en sus elementos de congruencia, legalidad, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; porque a través del Auto de Vista 384/2021 el Vocal demandado: i) No se pronunció en relación a su agravio relativo a que se revoque la detención domiciliaria de los fines de semana; y, ii) Respecto al riesgo procesal 234.1 del CPP en el elemento domicilio, reconoció que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y a la parte querellante, sin embargo de manera contradictoria analizó y valoró la prueba aportada por su persona, aspecto que denota incongruencia en el fallo, sin que ninguna de las partes cuestione la “situación” de su domicilio en Oruro ni su actividad laboral refirió que el Auto Interlocutorio 420/2021 no efectuó dicho análisis, cuestionando su residencia en Oruro, cuando la norma es expresa al señalar domicilio o residencia en el país, actuó de manera oficiosa respecto a la restricción de su libertad, ya que las partes no solicitaron fundadamente dicha restricción, no valoró en su real dimensión el título de propiedad que presentó y tampoco los otros elementos de prueba acompañados que demostraron oportunamente la habitabilidad y habitualidad, y se amparó en suposiciones de horas y distancia del domicilio real y la fuente laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los extremos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-.
En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla (resaltado añadido).
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.
Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El accionante denunció la vulneración a sus derechos la libertad y al debido proceso en sus elementos de congruencia, legalidad, valoración de la prueba, fundamentación y motivación; toda vez que, el Vocal ahora demandado a través del Auto de Vista 384/2021: a) No se pronunció en relación a su agravio relativo a la petición de revocatoria de la detención domiciliaria de los fines de semana; y, b) Respecto al riesgo procesal 234.1 del CPP sobre el elemento domicilio y actividad lícita, reconoció que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y a la parte querellante, quienes tenían la obligación de demostrar que carece de domicilio conocido en el país; sin embargo de manera incongruente analizó y valoró la prueba aportada por su persona contradiciendo el citado reconocimiento sumado a que oficiosamente sin argumentación alguna de la parte contraria cuestionó su residencia en Oruro cuando la norma legal “HABLA” de domicilio o residencia en el país contrastando con su actividad laboral que se encuentra a larga distancia en una “provincia paceña”; esto sin valorar en su real dimensión el título de propiedad que presentó y tampoco los otros elementos de prueba acompañados que demostraron oportunamente la habitabilidad y habitualidad, amparándose en suposiciones de horas y distancia del domicilio real y la fuente laboral.
Ahora bien, de los antecedentes del expediente se tiene que dentro del proceso penal seguido en contra del accionante se emitió el Auto Interlocutorio 420/2021 que dispuso seis medidas sustitutivas a la detención preventiva incluyendo la detención domiciliaria del imputado durante los fines de semana con salida laboral entre lunes y viernes.
Ante tal determinación, el denunciante y el imputado -ahora impetrante de tutela- interpusieron recurso de apelación incidental, mereciendo al efecto, el Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio que dispuso admitir la impugnación presentada por ambas partes, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas por el imputado -ahora demandante de tutela-, y procedente las cuestiones alegadas por la parte querellante, revocando el Auto Interlocutorio apelado y en su mérito ordenando la detención preventiva del peticionante de tutela (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).
Ahora bien, bajo ese marco, por razones de desarrollo argumentativo, en el caso se empezará el análisis respecto a la segunda problemática identificada precedentemente, en ese orden respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del CPP sobre el presupuesto domicilio o residencia habitual asentados en el país debe tenerse en cuenta los Fundamentos Jurídicos III.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto es obligación del Tribunal de alzada emitir resolución debidamente fundamentada y motivada, que expliquen las razones por las cuales, las autoridades judiciales consideran que se presentan los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, para la procedencia de la detención preventiva al igual que debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso cualquier medida de restricción de la libertad, considerando los motivos de agravio que fundamentan el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a consideración del tribunal de apelación, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten concluir fundadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican se mantenga, imponga o revoque la detención preventiva.
Ahora bien, se tiene que en el Auto de Vista 384/2021 de 22 de julio, el Vocal demandado refirió:
(…)
La parte querellante por su parte cuestiona el hecho de que la Autoridad Judicial ha tenido por desvirtuado el elemento de la actividad laboral licita, así como el elemento del domicilio del imputado y como un premio el acto cometido por parte del imputado ha dispuesto otorgarle libertad, sin considerar las circunstancias de servidor público en la cual se encuentra el ciudadano imputado. 2. Obrados demuestran que la Autoridad Judicial ha establecido la concurrencia del presupuesto material del Art. 233 numeral 1) consistente en la probabilidad cierta de autoría o participación de la persona imputada en el hecho ilícito que se le atribuye; asimismo, la Autoridad Jurisdiccional ha tenido como presente y concurrente el Art. 234 numeral 7) del CPP como riesgo procesal de fuga, así como los riesgos procesales de obstaculización consignados en los numerales 1) y 2) del Art. 235, la concurrencia de estos riesgos procesales, en ningún momento ha sido cuestionada por la parte imputada y en sentido inverso la parte querellante considera que a estos riesgos procesales debe añadirse adicionalmente el riesgo procesal del Art. 234 numeral 1) para el elemento del domicilio, porque sencillamente la Autoridad Jurisdiccional habría tenido por acreditado un domicilio única y exclusivamente en base a un folio real, el cual no demostraría la habitualidad, ni la habitabilidad Sobre este tema, la respuesta lógica, congruente y muy sencilla al problema jurídico presentado, es que todas las condiciones materiales para disponer la detención preventiva del imputado se encuentra dadas, que existe probabilidad de autoría, existe riesgo procesal de fuga, existe, así como existen riesgos procesales de obstaculización, sobre el añadir el riesgo procesal del Art. 234 numeral 1) relativo al elemento el domicilio del imputado, es indispensable tomar en cuenta que el mandato contenido en el numeral V del Art. 231 bis, establece que es carga probatoria del Ministerio Público, así como de la parte querellante o acusadora particular al establecer la concurrencia del riesgo procesal, entonces cuestionar la resolución judicial por el hecho de que el imputado no le habría acreditado un domicilio a la Autoridad Judicial no es lógico, no es coherente, no es correcto, porque el imputado nada tiene que demostrarle al Juez en una audiencia de aplicación de medidas cautelares, probablemente si tenga que hacerlo en una audiencia de cesación a la detención preventiva, pero una audiencia de medidas cautelares esa la parte querellante o acusadora particular la cual tiene que demostrar objetivamente la concurrencia del riesgo procesal y no en sentido inverso, atribuirle esa responsabilidad la parte impugnada. 3. En todo caso, entendemos que el razonamiento de parte de la Autoridad Jurisdiccional no tiene la coherencia y congruencia suficiente, ya que queda absolutamente claro que el presunto hecho ilícito que se atribuye al imputado, se habría producido en la Localidad de Sorata ¿no es cierto? Y el imputado le acredita tener un domicilio en la ciudad de Oruro, no necesitamos tener más de 3 dedos de frente para darnos cuenta que una cosa es el Departamento de Oruro, la ciudad de Oruro y otra completamente diferente el Departamento de La Paz, la localidad de Sorata; en consecuencia ese elemento del habitualidad en el domicilio en la ciudad o el Departamento de Oruro, no es pues lógico de ser presente cuando el imputado aparentemente cumpliría sus funciones como fiscal de materia en la Localidad de Sorata, que se encuentra en el departamento de La Paz; quienes conocemos un poco del tema de distancia, sabemos que mínimamente entre la ciudad de Oruro y la ciudad de La Paz, inclusive El Alto median entre 2 horas y media a 3 horas de tiempo para trasladarse y entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Sorata, también tenemos mínimamente unas 2 horas de traslado hasta Sorata como mínimo desde El Alto. En consecuencia, ¿cómo se puede tener por acreditado un domicilio en la ciudad de Oruro, siendo que la actividad laboral principal del imputado, en la cual habría aparentemente cometido el ilícito, es en la Localidad de Sorata del Departamento de La Paz?, la Autoridad Judicial no ha establecido razonabilidad, lógica y congruencia en su decisión, insisto Departamento de La Paz, Localidad Sorata, aproximadamente a 2 a 3 horas del centro de la ciudad de La Paz, domicilio Oruro, aproximadamente a 2, 3 horas de la ciudad de El Alto, más las otras dos horas de ingreso hasta Sorata, entonces, corresponde preguntarse ¿las 5 horas todos los días viaja el imputado de ida y de vuelta? ¿10 horas en total?, no tiene lógica, materialmente hablando no tiene congruencia; en este merito, efectivamente la Autoridad Jurisdiccional incurre en yerro de fundamentación al establecer que efectivamente hay un domicilio en la ciudad de Oruro, siendo que los hechos se habrían producido en la Localidad de Sorata de este Departamento de La Paz.
4. Al margen de aquello, resulta absolutamente cierto y evidente insisto y esta grabado que nadie ha cuestionado la concurrencia del riesgo procesal consignado en el Art. 234 numeral 7) y el Art. 235 numeral 1) y 2) del CPP. 5. Ahora bien, quienes tenemos la bendición de cumplir funciones como servidores públicos, nos encontramos en una situación jurídica absolutamente diferente del resto de la población, porque precisamente por esa condición de servidores públicos debemos tener muchísimo más cuidado en el cumplimiento de la norma, máxime si como en este caso cumplimos funciones de autoridad; en el caso del representante el Ministerio Público como fiscal o como este humilde ciudadano en función de Vocal y tenemos que observar una conducta de orden, decoro, respeto a la norma, inclusive por encima del común de la población, por algo somos fiscales, por algo somos jueces, por algo decimos conocer la ley y nuestro trabajo está basado en la ley y el cumplimiento de la ley y no resulta razonable que indiciariamente habiéndose cometido un hecho ilícito, todavía se persista en el ejercicio de la función fiscal, evidentemente lo han cambiado ahora dice a Luribay, y en relación a dicho traslado yo no entiendo como desde Oruro que tiene su domicilio llega hasta Luribay todos los días y de paso cumple la detención domiciliaria en Oruro, no tiene lógica, no tiene coherencia y la necesidad de la extrema medida está dada en función a que a partir del ejercicio de la autoridad fiscal, es perfectamente posible ejecutar influencia negativa en relación al curso de las investigaciones, nos guste o no nos guste, el hecho de ser Autoridad fiscal implica un poder, implica mando, implica autoridad, implica posibilidad de influenciar negativamente eventualmente dentro del desarrollo de una investigación y nosotros tenemos que velar que esta investigación se desarrolle con absoluta transparencia.
Entendemos el criterio de objetividad del Ministerio Público a través del señor fiscal Dr. Pacoricona; sin embargo, el Art. 120 Constitucional y en el Art. 233 Procesal penal facultades a la víctima para poder solicitar la extrema medida de la detención preventiva, demostrando la necesidad de dicha extrema medida, y en este caso esa necesidad está dada por la naturaleza propia del hecho que se atribuye a este ciudadano que hoy se encuentra en calidad de imputado ya que efectivamente los indicios son suficientes para establecer que habría sido sorprendido en posesión de suma de dinero exigida a la parte que hoy aparece como víctima de los hechos y ese es un delito propio de la función pública el cohecho y tenemos que permitir que esta investigación se desarrolle con absoluta claridad, transparencia y libre de todo de tipo de influencia.
De lo que se evidencia que si bien a prima facie podría percibirse que el Auto de Vista 384/2021 carecería de congruencia interna debido a que de manera inicial se reconoció que la carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, para luego determinar que el domicilio acreditado no cumpliría con el elemento de habitualidad, debe considerarse que tratándose del conocimiento de medidas cautelares de carácter personal, el ad quem debe compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos, tal como refiere el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en tal sentido, tomando en cuenta que la defensa del imputado arrimó documental con el objeto de acreditar domicilio, el hecho de referirse a los elementos de prueba aportados desde ningún punto de vista representa una incongruencia interna, pues debe comprenderse que al ofrecerse y producirse elementos indiciarios a la actuación procesal que se analiza, el operador de justicia se halla impelido de valorar todos y cada uno de esos elementos, siendo por ello que debe asignarse el valor correspondiente de acuerdo a lo previsto en el art. 173 del CPP, pues de no hacerlo se incurriría en una resolución arbitraria. Consecuentemente, con lo manifestado precedentemente, en el caso concreto se advierte que no se incurrió en contradicción entre los considerandos, por los motivos expuestos. Asimismo, debemos señalar que, para que el Vocal ahora demandado efectué el análisis de los antecedentes, constató inicialmente que la parte querellante en su recurso de apelación incidental manifestó que la Jueza de control jurisdiccional basándose en la existencia de un folio real determinó que el imputado -ahora accionante- si tendría domicilio acreditado, no obstante, no se habría considerado que el derecho propietario no demuestra la habitualidad ni habitabilidad. Consecuentemente, por lo señalado se tiene que el análisis efectuado por el Vocal demandado emergió del agravio planteado por la parte querellante en su recurso de apelación; razón por lo que, no se incurrió en la incongruencia alegada por el ahora accionante.
Lo mismo sucede respecto a la restricción de la libertad del peticionante de tutela por cuanto de la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la víctima en su recurso de apelación incidental relacionó sus agravios con los riesgos procesales previstos en el art. 234.1, 2 y 4 del CPP señalando que la Juez de control jurisdiccional “…ha olvidado realizar este análisis de la proporcionalidad y de la razonabilidad en la aplicación de estas medidas cautelares, toda vez que el mismo fiscal, ha actuado deliberadamente, se demuestra su comportamiento porque él estaba favoreciendo a la contraparte del ahora víctima, y lógicamente él tiene todas las facilidades para poder interferir en los actos investigativos y si se hace necesaria la extrema medida de la detención preventiva (…) en este caso, el bien jurídico protegido y haciendo una valoración amerita que se aplique la medida máxima que es la detención preventiva… ” (sic); en tal sentido, bajo lo expresado precedentemente, se tiene que, en el caso concreto existe un pedido expreso de la víctima para la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva; por lo que, no es evidente que el Vocal demandado hubiese actuado de manera oficiosa. Sobre la denuncia de vulneración al principio de legalidad, se debe considerar lo previsto en el art. 234.1 del CPP, que señala: “(…) 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país” toda vez que el mandato normativo contenido es expreso en cuanto a que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual asentado en el país, dicha previsión legal incluye el elemento de la habitualidad el cual implica que es el domicilio donde vive con su familia, lo frecuenta en forma diaria y permanece de manera constante en él, lo que fue analizado por el Vocal demandado en el Auto de Vista 384/2021 denunciado.
Ahora bien, en relación a esta problemática, es importante señalar que el accionante no cumplió con los requisitos necesarios para que este Tribunal considere la revisión de la actividad interpretativa de la autoridad demandada “…toda vez que, es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Ley Fundamental y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, no implica que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria, no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es así, que la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.1, precisó que ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela, señalando al respecto lo siguiente: De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales...” (sic [SSCCPP 0248/2018-S2 de 12 de junio y 0780/2018-S2 de 26 de noviembre -entre otras-]). Dado el citado incumplimiento de estos requisitos, no es pertinente ni necesario pronunciarse sobre la inobservancia al principio de legalidad denunciado por el ahora accionante debiéndose denegar la tutela sobre este agravio. En relación con la alegación de vulneración del derecho al debido proceso, específicamente en lo que respecta a la valoración de la prueba, se debe aplicar el mismo criterio señalado precedentemente debiéndose destacar que, conforme a lo señalado en el Auto de Vista 384/2021, el Vocal demandado efectivamente llevó a cabo una valoración del folio real y de las pruebas documentales presentadas. En este contexto, se establece que la afirmación del imputado sobre su domicilio en la ciudad de Oruro fue considerada, lo cual indica que el órgano jurisdiccional cumplió con su deber de realizar una valoración del medio probatorio correspondiente. No obstante, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional delineo con claridad que la actividad valorativa de la prueba resulta una tarea inherente a la función de juezas y jueces en las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial, de lo que se tiene que la labor constitucional no se enfoca en sustituir dicha valoración, sino en verificar que se haya realizado sin lesionar derechos fundamentales, empero esto se exceptúa cuando las autoridades jurisdiccionales se apartan de los principios de razonabilidad y equidad, se evidencia una omisión arbitraria en la consideración de las pruebas, ya sea de forma parcial o total y/o en situaciones donde la decisión se basa en una prueba inexistente o que distorsione los hechos utilizados en la argumentación, concluyéndose que en definitiva, el Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a verificar la ausencia de razonabilidad y equidad en la valoración de la prueba, así como a constatar cualquier actitud omisiva que comprometa la verdad material, teniéndose presente que cualquier irregularidad en la valoración de la prueba solo será causa de concesión de la tutela cuando tenga relevancia constitucional, incidiendo en el fondo de la demanda y constituyendo una lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales bajo la premisa obligatoria de que el impetrante de tutela demuestre a la justicia constitucional del por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la norma constitucional, debiéndose denegar la tutela sobre este punto. Con relación a la denuncia de lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, corresponde establecer que de lo argumentado en el Auto de Vista 384/2021, se tiene que el Vocal ahora demandado en un análisis integral de los antecedentes, efectuó la revisión del Auto Interlocutorio 420/2021 señalando que en la indicada Resolución se determinó la concurrencia de la probabilidad de autoría o participación del ahora impetrante de tutela, además de los riesgos procesales de fuga y obstaculización contenidos en los arts. 234.1 y 7; y; 235.1 y 2 de la ley adjetiva penal, dicha comprobación del cumplimiento de los dos requisitos para la detención preventiva, previstos en el art. 233.1 y 2 del CPP, este último en relación a las causales referidas precedentemente le hizo inferir sobre la necesidad de aplicar la detención preventiva. En tal razón, se advierte que dicho fallo contiene la suficiente fundamentación en base a la cual determina racionalmente las distancias y horas de viaje que lleva desde la ciudad de Oruro al municipio de Sorata, efectuando una adecuada motivación en base a la sana critica en su elemento de lógica y experiencia; toda vez que, no resulta lógico que se imponga la detención domiciliaria a cumplir en Oruro cuando en los hechos todos los días el imputado se encuentra trabajando en La Paz como es Sorata y ahora en la localidad de Luribay sumado que bajo el test de proporcionalidad se verificó además la concurrencia de los presupuestos de fuga y obstaculización anotados precedentemente. Consecuentemente no se advierte la lesión al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación o motivación; por lo que, respecto a esta problemática, corresponde denegar la tutela. Finalmente, en relación a la primera problemática referido a que el Vocal ahora demandado no se pronunció en relación a su agravio relativo a que se revoque la detención domiciliaria de los fines de semana, si bien se tiene que, en el recurso de apelación incidental planteado por el impetrante de tutela, el mismo refirió que:
…no resulta congruente que al momento de la resolución del proceso en su Resolución N° 420/2021, disponga la detención domiciliaria, puesto a que se habría solicitado por la defensa en esa oportunidad la libertad pura y simple puesto a que se habría desvirtuado lo que yo le he referido que mi cliente tiene domicilio, por lo tanto la Juez A quo también ha dispuesto la detención domiciliaria de mi defendido, en tal sentido, esta medida ha sido apelada (…) también habría solicitado también como medida cautelar (…) cambie de asiento fiscal, puesto a que el cumplía funciones en la localidad de Sorata evidentemente mediante esa resolución 420/2021, se ha realizado el cambio a la provincia de Luribay, donde actualmente cumple sus funciones como fiscal de materia, pero es a esa disposición emitida por la Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 2 de la Ciudad de El Alto, es que nosotros no estamos de acuerdo puesto a que como lo he referido hemos desvirtuado el presupuesto del domicilio y evidentemente para la defensa se solicita y solicitamos en esta audiencia, se pueda revocar en cuanto a esta detención domiciliaria y se pueda otorgar a mi defendido dadas las circunstancias y otras que se tiene dentro de presente proceso, la libertad con medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir, se revoque esa detención domiciliaria y se conceda a la libertad de mi defendido con algunas medidas sustitutivas que ya han sido impuestas por parte de la Juez….
Al respecto, de la revisión del Auto de Vista 384/2021 se advierte que, el Vocal demandado si consignó lo alegado por el ahora impetrante de tutela, señalando:
1. La parte imputada manifiesta en esencia que la medida dispuesta por parte de la Autoridad Jurisdiccional no resulta ser proporcional a la circunstancia jurídico procesal en la cual se encuentra su cliente, ya que habiéndole acreditado ante la Autoridad Jurisdiccional existencia de un arraigo tanto social, cuanto natural constituido por su domicilio o su familia y su actividad laboral, igual la Autoridad Jurisdiccional habría dispuesto la aplicación de la detención domiciliaria, medida que considera extrema y que debería ser revocada a través de la autoridad competente, en este caso esta Sala Penal Cuarta.
No obstante, pese a que se identificó cuál es el agravio denunciado, se evidencia que, el Vocal ahora demandado no emitió un pronunciamiento explícito al respecto, empero se entiende que al haber dispuesto la detención preventiva del imputado tácitamente rechazo la petición del agravio formulado al ser contrariamente opuesto a lo dispuesto en el Auto de Vista denunciado, más si en el caso en concreto se advirtió -se reitera- que se cumplen los dos requisitos para la detención preventiva, previstos en el art. 233.1 y 2 del CPP, este último en relación a los riesgos procesales referidos en los arts. 234.1 y 7; y, 235.1 y 2 del referido Código, consecuentemente la detención preventiva es inevitable, pues es una imposición de la ley. En este sentido, cabe destacar a la relevancia constitucional como parámetro para evaluar si la omisión, deficiencia o incongruencia implica un cambio en el fondo de las decisiones judiciales; a tal efecto, para identificar dicha vulneración debe determinarse si vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, igualdad a la defensa, entre otros garantizados por la Constitución Política del Estado, así en el caso particular, la omisión del Vocal de pronunciarse explícitamente sobre el agravio relacionado con la detención domiciliaria carece de impacto sustancial en el fondo de la decisión. Esto debido a que la imposición de la detención preventiva procedía por disposición expresa de la ley, dado que se cumplieron los requisitos legales y los riesgos procesales estaban debidamente acreditados; por lo tanto, la deficiencia en el pronunciamiento no afectó de manera decisiva los derechos fundamentales del impetrante, ya que la medida cautelar fue legalmente procedente y obligatoria según el marco normativo vigente. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 44/2021 de 29 de julio, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no haber existido consenso en la Sala dentro del presente caso, dirime el Magistrado Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller.
Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales
de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0931_2023-S1.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 67d2e510421693d74f4ac4ff5f66ed132377985aae2e7f6431b6db840921c260
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