B.IA.LEGAL

SCP 0930/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de agosto de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
25 de agosto de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56836-2023-114-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; toda vez que, mediante el Auto Supremo 77/2023, dictado dentro del proceso civil ordinario de nulidad de contratos seguido por su persona contra los terceros interesados, los Magistrados demandados: a) Convalidaron la omisión de valoración -por parte del Juez de la causa y del Tribunal de alzada-, respecto de las siguientes pruebas: 1) El documento privado de 6 de julio de 2007, relativo a la entrega voluntaria del cincuenta por ciento de un bien inmueble -que a su criterio demuestra una transferencia a título gratuito-; 2) El certificado de 30 de septiembre de 2011 -que según su persona-demostraría que el referido documento privado fue reconocido con preferencia a la minuta de transferencia de la misma fecha; 3) Las confesiones provocadas de los terceros interesados, en las que existirían contradicciones en torno al precio y al monto de las deudas por concepto de anticrético; y, 4) La prueba documental de reciente obtención -no identificada expresamente-; b) Ratificaron la incongruencia procesal, consistente en que el Juez de primera instancia sostuvo que la simulación entre partes únicamente podía acreditarse mediante contradocumento -criterio confirmado en segunda instancia-, pese a que la demanda fue planteada anunciando su prueba con otro documento escrito, conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 123 a 134 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Valoración de la prueba por la jurisdicción constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0930/2025-S2 Sucre, 25 de agosto de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56836-2023-114-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 55/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 123 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wilson Freddy Ponce Luna contra Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 26 de junio de 2023, cursante a fs. 1, 54 a 63; y, 80 a 81 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de abril de 2020 formalizó demanda ordinaria con pretensión múltiple de: a) Declaratoria de simulación absoluta de contrato; b) Nulidad de contrato de cesión; y, c) Reivindicación previa subinscripción y pago de daños y perjuicios. Interpuso esta demanda debido a que su madre y su tío suscribieron dos documentos redactados por la misma abogada: 1) Una de transferencia simulada de 6 de julio de 2007 -contiene una supuesta venta-; y, 2) Un documento privado de cesión -del cincuenta por ciento de un inmueble-, también de la misma fecha y reconocido ante Paola Vanessa Camacho Ojeda, Notaria de Fe Pública 14 de la ciudad de Oruro. Este último demostró que en la supuesta venta no existió pago alguno. La demanda se fundamentó en los arts. 543.I y 545.II del Código Civil (CC), destacando este último que: “‘…que entre partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros…’” (sic). En respaldo, citó la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos 370/2013 de 19 de julio, 270/2017 de 9 de marzo y 235/2018 de 4 de abril, en los cuales se admitió la simulación sin contradocumento, sustentada en otras pruebas escritas. No obstante, Sergio Ángel Arias Santalla, Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, mediante Sentencia 10/2022 de 27 de junio, sostuvo de manera incongruente que la simulación “…cuando es inter partes solo puede realizarse mediante contradocumento…” (sic). Además, señaló que los documentos presentados carecían de dependencia recíproca y que no existía contradeclaración expresa de los suscribientes. En el fondo, la demanda se centró en demostrar la simulación a través de “otra prueba escrita”, evidenciando que su madre Rosario Luna Vargas de Ponce cedió a Crisólogo Bravo Vargas -primo de la misma- el cincuenta por ciento del inmueble inscrito bajo la partida 896 en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de Oruro, sin que mediara pago alguno. Entre las cláusulas se estipuló que la cedente conservaría el derecho de habitar el inmueble hasta el fin de sus días, usufructuaría la tienda comercial, y que, en caso de una nueva construcción, recibiría un departamento con dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Asimismo, aportó certificación de 30 de septiembre de 2011, suscrita por la abogada Alejandrina Gonzales Barreta, que da cuenta de que ambos documentos fueron firmados el 6 de julio de 2007, priorizando el reconocimiento de firmas del documento titulado “‘…ENTREGA VOLUNTARIA DEL 50% DE BIEN…’” (sic) ante Notaria de Fe Pública 14 de la ciudad de Oruro; sin embargo, tras el fallecimiento de su madre, se protocolizó el documento de venta de manera oculta. También se acreditó la simulación mediante la confesión provocada de Crisólogo Bravo Vargas y de su esposa Abigail Alemán Cari de Bravo: i) El primero refirió que pagó Bs8 000.- (ocho mil bolivianos) en la sala de su casa; y, ii) La segunda indicó que se devolvió dinero a anticresistas después de la suscripción del documento de 6 de julio de 2007, mencionando un monto distinto al señalado por su esposo, lo que evidencia desconocimiento sobre el supuesto pago del precio. En alzada, denunció vulneración al debido proceso en sus componentes congruencia, valoración defectuosa de la prueba “Y OTROS”. Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familiar, de la Niñez y Adolescencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 492/2022 de 26 de septiembre, reconocieron la incongruencia, admitiendo “…la causa, bien podría resolverse en mérito al documento privado de cesión de bien inmueble, también de fecha 6 de julio; tal cual lo hizo el juez a quo al valorar íntegramente la prueba reclamada por el recurrente, como elemental para la causa resuelta, es decir que pese a mal interpretar los alcances del art. 545.II del Código Procesal Civil; el juez valor[ó] y desglos[ó] el contenido de la prueba…” (sic); además, calificaron como “contradocumento” a la “otra prueba escrita”, repitiendo la confusión del Juez de primera instancia. El mismo Auto de Vista señaló que, la certificación de la abogada, la confesión provocada y la prueba de reciente obtención fueron apreciadas conforme a la sana crítica; sin embargo, omitió explicar de qué manera incidieron en su convicción, revelando así mala valoración de la prueba. En ese contexto, interpuso recurso de casación, en el que reiteró las denuncias de incongruencia y deficiente valoración probatoria. En respuesta, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- mediante Auto Supremo 77/2023 de 25 de enero, ratificaron la incongruencia, pese a reconocerla, estableciendo que “…es evidente que el Tribunal de alzada realizo un análisis, sobre los alcances del instituto de la simulación descrito en el art. 545.II del Código Civil, concluyendo que la autoridad de primera instancia interpretó erróneamente la referida norma; sin embargo, no podemos dejar de lado que (…) fundamento y motivo respecto a porque no puede ser acogida su demanda de simulación de contrato…” (sic). No obstante, las referidas autoridades demandadas asumieron que el Juez de la causa valoró la prueba conforme a sus facultades, omitiendo considerar expresamente la certificación de la abogada, la confesión provocada y la prueba de reciente obtención. Asimismo, cumplió los requisitos jurisprudenciales fijados por el Auto Supremo 11/2016 de 14 de enero, al acreditarse que: a) Existió acuerdo bilateral en la suscripción de dos documentos el 6 de julio de 2007; b) Hubo discordancia intencional entre ambos, puesto que uno contenía una cesión sin precio y el otro una venta ficticia; y, c) Las partes tuvieron la intención de engañar a terceros, particularmente a una empresa constructora. Finalmente, los Magistrados demandados fundamentaron el Auto Supremo cuestionado en el Auto Supremo 1160/2015 de 16 de diciembre, que limita la prueba de la simulación al contradocumento, desconociendo el alcance de la “otra prueba escrita” reconocida por el art. 545.II del CC.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Disponga la nulidad “…la Sentencia N° 10/2022 (…) Auto de Vista N° 492/2022…” (sic) y Auto Supremo 77/2023, restituyendo y se emita nuevo fallo en apego a derecho; y, 2) Sea con costas y demás condenaciones de ley.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 112 a 122, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: i) Hasta el 2010, se declaraba improbada la demanda de simulación si no “…existía un control de documento a letra muerta…” (sic); sin embargo, a partir de los Autos Supremos 370/2013, “330/2017” y 235/2018, puede ser demostrada por otra prueba escrita; ii) El Auto Supremo 77/2023 sostiene que existe un documento de cesión en el que la vendedora se reservó el derecho de usufructo y en el que se establecía la obligación de entregar departamentos; no obstante, omite considerar que la vendedora impuso condiciones al comprador, pese a que, al adquirir la propiedad, este tenía las facultades de uso, goce y disfrute plenos sobre el bien; iii) Transcurrieron aproximadamente tres meses entre la suscripción de los documentos de transferencia y cesión, ambos de 6 de julio de 2007, y el fallecimiento de Rosario Luna Vargas de Ponce acaecido el 11 de octubre del mismo año. Durante ese lapso, la supuesta venta quedó en mera intención, al igual que la voluntad de construir en el inmueble, lo cual evidencia que nunca existió un verdadero propósito de transferir la propiedad; y, iv) Tras el fallecimiento de su madre fue “sacado” del inmueble, el cual nunca fue entregado a los compradores, ya que la transferencia no estuvo acompañada de contraprestación alguna. En consecuencia, el bien permaneció bajo posesión de la vendedora hasta su deceso.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 108 a 111, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) El accionante inició su demanda ordinaria solicitando se declare la simulación absoluta del contrato de compraventa de 6 de julio de 2007, así como la nulidad del contrato privado de cesión de la misma fecha, de la Escritura Pública 208/2007 de 21 de noviembre y de su respectiva matriz; b) El documento de cesión de 6 de julio de 2007 fue valorado, concluyéndose que únicamente acreditó que la madre del peticionante de tutela se reservó el derecho de usufructo; sin embargo, no hace referencia a que el documento de transferencia de la misma fecha sea simulado, ni respalda la inexistencia de intención de desprendimiento total del inmueble; por el contrario, ratificó que la propiedad ya no le pertenecía; c) La minuta de transferencia de dicha fecha establece que Rosario Luna Vargas de Ponce recibió la suma de Bs8 000.-, demostrando con ello que transfirió voluntariamente la propiedad objeto del proceso civil; d) La entrega del departamento por Crisólogo Bravo Vargas y el usufructo de la tienda quedaron supeditados a que éste decidiera renovar la construcción, lo cual constituye una condición; e) La referida minuta de transferencia fue reconocida judicialmente, y los informes periciales determinaron que la firma estampada en dicho documento correspondía efectivamente a la madre del impetrante de tutela; y, f) En ese entendido, la prenombrada tenía plena convicción de que el inmueble ya no era de su propiedad, reservándose únicamente el derecho de usufructo para ella y su hijo, situación que no hubiera sido necesaria en caso de haberse mantenido como propietaria, puesto que el peticionante de tutela adquirió el bien por vía de la sucesión hereditaria.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Crisólogo Bravo Vargas y Abigail Alemán Cari de Bravo, a través de su abogado, en audiencia de garantías, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) Los Magistrados demandados, mediante el Auto Supremo 77/2023, explicaron por qué la prueba presentada por el accionante no cumple con lo previsto en el art. 545.II del CC; 2) Se estableció que una concesión de usufructo no puede, en ningún caso, ser considerada como prueba de simulación; 3) En cuanto al reconocimiento de firmas, el impetrante de tutela interpuso una acción de amparo constitucional distinta, la cual resultó desfavorable a sus pretensiones; 4) De manera reconvencional, el peticionante de tutela demandó la nulidad del documento de transferencia de “7” -lo correcto es 6- de julio de 2007 -que ya contaba con reconocimiento de firmas y rúbricas-, alegando que la firma estampada no correspondía a su madre; sin embargo, su pretensión fue rechazada en razón a los informes periciales determinaron lo contrario; y, 5) Promovió un proceso de nulidad del trámite de reconocimiento de firmas, el cual fue declarado improponible en segunda instancia.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 55/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 123 a 134 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto Supremo 77/2023 sostuvo que el accionante presentó posiciones contradictorias, en contravención al principio de buena fe, pues también solicitó la nulidad del contrato de cesión de 6 de julio de 2007 por no tener precio; asimismo, precisó que no se demostró que el inmueble objeto de la litis tuviera carácter ganancial; ii) En cuanto a las pruebas que no fueron valoradas, el Tribunal Supremo de Justicia señaló que el Tribunal de alzada manifestó que el Juez a quo efectuó la valoración y desglose de las mismas; y, si bien no consideró la escritura pública de cancelación de gravámenes, ello no resulta pertinente ni conducente para el fin demandado; iii) Respecto a la supuesta errónea interpretación del art. 545.II del CC, el Auto Supremo distinguió entre simulación absoluta y relativa, destacando que la norma establece de manera expresa los medios probatorios admisibles para acreditar la simulación, ya sea entre las partes o frente a terceros. Bajo tal premisa, concluyó que la entrega de la cosa, entendida como el desplazamiento material de un bien en favor de otra persona, no implica necesariamente la transferencia del derecho propietario; iv) En el análisis de las cláusulas primera a la cuarta del contrato de entrega de bien, se advirtió que dicho documento solo consigna la reserva del derecho de usufructo, sin que ello configure prueba de simulación, ratificando que el inmueble ya no pertenecía a la madre del impetrante de tutela; v) En relación a la certificación de 30 de septiembre de 2011, se estableció que la misma no refiere que el primer documento fuese simulado ni que el segundo tuviera como finalidad proteger el derecho propietario de Rosario Luna Vargas de Ponce, limitándose a reflejar un compromiso estrictamente familiar; vi) Las confesiones provocadas tampoco acreditan la existencia de simulación, pues únicamente demuestran la transferencia del inmueble y la reserva de usufructo; vii) La certificación emitida por una empresa constructora se limita a demostrar que no existió contrato ni tentativa de proyecto con dicha entidad, descartando que hubiera sido objeto de engaño; por tanto, no resulta idónea para acreditar simulación; viii) El resto de la prueba solo evidencia que Rosario Luna Vargas de Ponce ostentaba derecho propietario sobre el inmueble de folio real con Matrícula 4.01.1.01.0000773 antes de su transferencia a Crisólogo Bravo Vargas, que cumplió con sus obligaciones tributarias y que habitaba en el bien junto a su esposo e hijo, siendo reconocidos en la zona, por lo que no es conducente; y, ix) Se concluyó que el inmueble en litigio fue transferido por Rosario Luna Vargas de Ponce a Crisólogo Bravo Vargas por el monto de Bs8 000.-, no siendo evidente que este último estuviera obligado a entregar un departamento a la madre del accionante, por cuanto ello se encontraba sujeto a condición; además, el documento de usufructo estableció expresamente la reserva del derecho de habitar el inmueble hasta el último día de su vida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene minuta de 6 de julio de 2007, suscrita por Rosario Luna Vargas de Ponce -vendedora- y Crisólogo Bravo Vargas -comprador-. Mediante dicho documento, la prenombrada transfiere una fracción del bien inmueble por el precio de Bs8 000.-, ubicado en la calle Cochabamba, actual av. del Ejército 685, inscrito en la oficina de DD.RR. de Oruro, bajo la Partida 896, del Libro de Propiedades de 1990 (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa documento privado de 6 de julio de 2007, suscrito por Rosario Luna Vargas de Ponce y Crisólogo Bravo Vargas, por el cual la primera hace entrega voluntaria del cincuenta por ciento del bien inmueble registrado en la oficina de DD.RR. de Oruro, bajo la Partida 896, señalando expresamente lo siguiente: “…me reservo el derecho de vivir en este inmueble mencionado hasta el fin de mis días. Por otra parte deseo que al dejar de existir mi persona se les permita vivir a mi hijo Freddy Ponce Luna en mi departamento conjuntamente con su posible esposa e hijos hasta que salga profesional y tenga la capacidad económica para toma[r] un Anticrético o poder pagar un alquiler en otro Inmueble” (sic [fs. 4 y vta.]). Asimismo, cursa formulario de reconocimiento de firmas 5446284, correspondiente al referido documento, suscrito por Paola Vanessa Camacho Ojeda, Notaria de Fe Pública 14 de la misma ciudad (fs. 3). II.3. Por certificado de 30 de septiembre de 2011, la abogada Alejandrina Gonzales Barreta hizo constar que, en su oficina ubicada en la calle Ayacucho 611 de la ciudad de Oruro, se constituyó Rosario Luna Vargas de Ponce con el objeto de suscribir una minuta de transferencia de un bien inmueble de 150 m², ubicado en la av. del Ejército Nacional, entre calles Tacna y Arica 685, a favor de Crisólogo Bravo Vargas. Del mismo modo, la prenombrada suscribió un documento privado de entrega voluntaria del mismo bien inmueble en favor del mencionado interesado, en el cual se consignaron declaraciones y compromisos entre ambos familiares. Dicho documento privado fue posteriormente sometido a reconocimiento de firmas (fs. 5). II.4. Constan fragmentos de las actas de confesión provocada de los terceros interesados, sin fecha de emisión y suscritas únicamente por ellos (fs. 17 a 19 vta.). II.5. Mediante Auto Supremo 77/2023 de 25 de enero, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, decidieron declarar “…INFUNDADO el recurso de casación de fs. 686 a 693 planteado por Wilson Freddy Ponce Luna, contra el Auto de Vista Nº 492/2022 de 26 de septiembre…” (sic [fs. 43 a 53]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; toda vez que, mediante el Auto Supremo 77/2023, dictado dentro del proceso civil ordinario de nulidad de contratos seguido por su persona contra los terceros interesados, los Magistrados demandados: a) Convalidaron la omisión de valoración -por parte del Juez de la causa y del Tribunal de alzada-, respecto de las siguientes pruebas: 1) El documento privado de 6 de julio de 2007, relativo a la entrega voluntaria del cincuenta por ciento de un bien inmueble -que a su criterio demuestra una transferencia a título gratuito-; 2) El certificado de 30 de septiembre de 2011 -que según su persona-demostraría que el referido documento privado fue reconocido con preferencia a la minuta de transferencia de la misma fecha; 3) Las confesiones provocadas de los terceros interesados, en las que existirían contradicciones en torno al precio y al monto de las deudas por concepto de anticrético; y, 4) La prueba documental de reciente obtención -no identificada expresamente-; b) Ratificaron la incongruencia procesal, consistente en que el Juez de primera instancia sostuvo que la simulación entre partes únicamente podía acreditarse mediante contradocumento -criterio confirmado en segunda instancia-, pese a que la demanda fue planteada anunciando su prueba con otro documento escrito, conforme al art. 545.II del CC; y, c) Desatendieron los lineamientos jurisprudenciales contenidos en los Autos Supremos 370/2013, 270/2017 y 235/2018, que desarrollan la doctrina sobre la libertad probatoria en armonía con la primacía de la realidad fáctica, aplicable cuando concurren documentos que evidencian simulación. Ante ello, los Magistrados demandados señalan que: i) Las acusaciones planteadas en el recurso de casación fueron debidamente atendidas; ii) El documento de cesión de 6 de julio de 2007 fue valorado, concluyéndose que solo demuestra que la madre del accionante se reservó el derecho de usufructo; no obstante, no acreditó que el documento de transferencia de la misma fecha sea simulado ni respalda la inexistencia de intención de desprendimiento total del inmueble; por el contrario, se confirmó que la propiedad no le pertenecía; y, iii) El documento privado de cesión de esa fecha, la certificación de la abogada y las confesiones provocadas no acreditan la supuesta simulación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Valoración de la prueba por la jurisdicción constitucional

La SCP 0101/2025-S2 de 10 de marzo, que estableció lo siguiente: “…si bien en principio a la jurisdicción constitucional no le corresponde revisar la valoración probatoria realizada por otras jurisdicciones, excepcionalmente puede hacerlo si es que se argumenta y expone la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales por una valoración apartada de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y cuando se haya omitido arbitrariamente valorar alguna prueba; sin embargo, también es imprescindible que el accionante explique de qué manera los extremos denunciados tendrán incidencia en la resolución final, es decir, su relevancia constitucional, dado que no cualquier defecto procesal amerita o justifica una eventual concesión de tutela en cuanto a la determinación de los derechos u obligaciones de la persona afectada” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Además, la SCP 0062/2025-S2 de 26 de febrero, estableció que: “…para que la justicia constitucional revise la valoración probatoria, es necesario que la parte accionante proceda a: 1) Identificar la prueba omitida en su valoración o valorada indebidamente; 2) Determinar cómo la obtención o la falta de producción de una prueba lesiona derechos y garantías; y, 3) Prestar atención a la relevancia constitucional; es decir, debe demostrarse que de haberse valorado una prueba en un determinado sentido, o en su caso de no hacerlo, los resultados del proceso habrían sido diferentes”.

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, el 1 de abril de 2021, Wilson Freddy Ponce Luna -ahora accionante- formalizó demanda ordinaria civil contra Crisólogo Bravo Vargas y Abigail Alemán Cari de Bravo -terceros interesados-, alegando que su madre, a efectos de viabilizar una construcción, efectuó una venta simulada de su propiedad. Este hecho fue sometido a reconocimiento de firmas y rúbricas, fraccionándose un segundo documento de la misma fecha que desvirtúa el pago del dinero, en la medida en que se evidencia que su madre “cedió” el inmueble y no lo vendió. No existió pago, mantuvo la posesión hasta que su hijo se graduara profesionalmente y, en caso de efectuarse la construcción, se le entregaría un departamento, condiciones que no existirían si se hubiera concretado la compraventa. Por ello, solicita la declaración de simulación de la minuta de 6 de julio de 2007, de transferencia de una fracción del bien inmueble registrado en la oficina de DD.RR. de Oruro, bajo la Partida 896 (Conclusión II.1), así como la nulidad del documento privado de la misma fecha de entrega voluntaria del cincuenta por ciento del referido inmueble.

Dicho proceso radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, ante el cual se presentaron y diligenciaron diferentes elementos de prueba, entre los cuales se encuentran el certificado de 30 de septiembre de 2011 (Conclusión II.3) y la confesión provocada de los terceros interesados (Conclusión II.4). Posteriormente, fue emitida la Sentencia 10/2022 de 27 de junio, que declaró improcedente la demanda del impetrante de tutela, misma que fue confirmada por el Auto de Vista 492/2022 de 26 de septiembre. Ante la interposición de recurso de casación por el accionante, expresando agravios contra el precitado Auto de Vista, Juan Carlos Berríos Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el Auto Supremo 77/2023 de 25 de enero, que lo declaró infundado (Conclusión II.5), alegando básicamente que al “ceder” su madre la propiedad en el contradocumento no queda claro si se entregó o no el dinero en el primer documento, por lo que debía aplicarse el principio de conservación del contrato. Asimismo, las cláusulas condicionantes solo permiten demostrar la constitución de un usufructo, pero no la simulación del primer documento. Bajo ese contexto, en la primera lesión alegada, el impetrante de tutela refiere que los Magistrados demandados convalidaron la omisión de la valoración de la prueba. En ese sentido, y conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se evidencia que el peticionante de tutela señala las pruebas que presuntamente habrían sido omitidas por las autoridades judiciales demandados, mencionando las siguientes: a) El documento privado de 6 de julio de 2007; b) La certificación de 30 de septiembre de 2011; c) Las confesiones provocadas de los hoy terceros interesados; y, d) La prueba documental de reciente obtención, sin especificarla. Esto denota que individualizó la prueba respecto a los tres primeros medios, pero no así respecto al último. Respecto al documento privado de 6 de julio de 2007, el peticionante de tutela indica que el mismo contiene una obligación de entrega de departamento y condiciones que denotan una transferencia a título gratuito, señalando textualmente: “Por qué el demandado Crisologo Bravo Vargas tuviera que asumir obligaciones considerables (cuantiosa) si fuera una venta real y enajenación perpetua?...” (sic). Sin embargo, los Magistrados demandados entendieron que el texto del documento no establece expresamente que el pago no existió y, más bien, ratifica el deseo de “ceder” la propiedad; es decir, el Auto Supremo 77/2023 se basó en la literalidad del referido documento, concluyendo que: “…no existe un solo párrafo que establezca que el documento de transferencia de 06 de julio de 2007, sea simulado. Tampoco logra demostrar que no exista la intención de desprendimiento del inmueble; por el contrario ratifica que la propiedad ya no es de su pertenencia…” (sic). En este sentido, no existe argumentación en la acción tutelar que desvirtúe el principio de conservación del contrato alegado por las autoridades judiciales demandadas; y, el mero desacuerdo respecto a la valoración probatoria no es suficiente para que esta instancia dé por lesionada la debida fundamentación e ingrese a revisar la valoración probatoria, en la medida en que la justicia constitucional no se constituye en una instancia procesal adicional al proceso civil. Sobre la certificación de 30 de septiembre de 2011, emitida por la abogada Alejandrina Gonzales Barreta, el accionante señala que esta prueba demuestra que: “…se priorizó el reconocimiento de firmas y rúbricas del documento privado de ‘ENTREGA VOLUNTARIA DEL 50% DE BIEN’, y no así la minuta simulada…” (sic). Asimismo, manifestó en audiencia de garantías que este documento no debería referir expresamente que la venta fue simulada. Los Magistrados demandados resolvieron que: “…en la certificación no menciona que el primer documento haya sido una simulación, también es necesario mencionar que esta certificación no establece que el segundo documento haya sido suscrito por Rosario Luna Vargas de Ponce con la intención de precautelar su derecho propietario, más al contrario solo refiere que fue un compromiso netamente familiar; lo cual es uniforme con el razonamiento que adopta este Tribunal cuando señala que el segundo documento fue suscrito por el grado de familiaridad y, por ello, se reservó el derecho a usufructo, lo cual no puede ser confundido para respaldar una simulación absoluta” (sic). Por consiguiente, al no haber el accionante realizado una crítica de los argumentos vertidos por dichas autoridades, indicando cómo vulneraron sus derechos fundamentales ni la relevancia de la prueba, no se puede ingresar al fondo de la problemática. En lo que concierne a las confesiones provocadas de los terceros interesados, el accionante precisa que existen contradicciones entre las mismas; sin embargo, no hizo referencia alguna al razonamiento probatorio realizado por los demandados en el Auto Supremo 77/2023, el cual establece que: “De estas dos confesiones solo se puede establecer que se suscribió dos documentos: el primero, por la transferencia del inmueble objeto de litis y, el segundo, en el que Rosario Luna Vargas de Ponce se reservó el derecho a usufructo, pero ninguna de las confesiones demuestra que haya existido una simulación. Asimismo, se tiene que Crisologo Bravo Vargas en su confesión provocada reiteró que realizó el pago acordado de Bs. 8000 y la esposa de este, si bien no ratificó que vio que se realizó el pago de los Bs. 8000, ello no llega a ser suficiente para desconocer, lo que se tiene plasmado en un documento de compraventa, más aún cuando el comprador en su confesión provocada ratificó que realizó dicho pago” (sic). Al respecto, el impetrante de tutela nuevamente se limita a manifestar su desacuerdo con la decisión, pero omite emitir criterio sobre dichas conclusiones a las que arribaron los Magistrados demandados, lo que impide que la justicia constitucional emita un pronunciamiento de fondo. Por consiguiente, al haber incumplido el peticionante de tutela los presupuestos para que la jurisdicción constitucional revise la valoración probatoria, de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela en lo referente a la lesión alegada en el primer punto, máxime si se toma en cuenta que el accionante denunció omisión de valoración de prueba pese a que existen pronunciamientos sobre la misma por parte de las autoridades judiciales demandados, mismos que no fueron cuestionados con la carga argumentativa que establezca que estos últimos se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir. En lo referente al segundo punto, el accionante refiere que los Magistrados demandados ratificaron la incongruencia que existe entre su demanda y la sentencia -confirmada en segunda instancia-; toda vez que, el Juez de primera instancia determinó que la simulación entre partes debe realizarse mediante contradocumento, pese a que él precisa que la probaría con otro documento escrito conforme al mismo articulado. Al respecto, el Auto Supremo 77/2023 establece que: “…la autoridad de primera instancia interpretó erróneamente la referida norma; sin embargo, no podemos dejar de lado que el Tribunal acusado, a momento de emitir el Auto de Vista, fundamentó y motivó respecto al porqué no pudo ser acogida su demanda de simulación de contrato” (sic). Es decir, que el reclamo del accionante fue tomado en cuenta e incluso reconocido por las autoridades judiciales demandadas; no obstante, también establecieron que el Auto de Vista 492/2022 fundamentó con otros argumentos el rechazo de su demanda, por lo que no se evidencia que se haya convalidado la incongruencia alegada, correspondiendo denegar la tutela al respecto. En lo que respecta al tercer punto, el impetrante de tutela señala que los Magistrados demandados no siguieron los lineamientos jurisprudenciales de los Autos Supremos 370/2013, 270/2017 y 235/2018, los cuales orientan sobre la libertad probatoria en ponderación con la primacía de la realidad fáctica cuando existen documentos que denotan simulación; empero, en la acción de amparo constitucional no existe argumentación alguna referida a cómo era aplicable dicha jurisprudencia al caso concreto y la similitud entre causas. En ese entendido, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 123 a 134 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0930_2025-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4335f4d3c2fae091710506a1b798efc153e3836c86be433419e48f80c999de10

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