B.IA.LEGAL

SCP 0930/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 22 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54691-2023-110-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación; a la defensa; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; toda vez, que dentro del proceso familiar de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Lizabeth Ávila Sanjinez en su contra, las autoridades demandadas sin valorar la prueba que adjuntó, emitieron el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, confirmando el Auto de rechazo al incidente de nulidad que interpuso cuestionando la citación irregular que se practicó con la demanda mediante cédula; decisión asumida con el argumento subjetivo de no ser evidente que hubiese quedado en indefensión porque el testigo de actuación de apellido Aguada, fuera su pariente y sin considerar los certificados que adjuntó acreditando que tiene domicilio en otro inmueble; por lo que, solicita se le conceda la tutela disponiendo la anulación del Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos por la parte accionante son evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, emitido por Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. b) Que los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el plazo de 48 horas de notificados con el presente fallo constitucional, sin espera de sorteo emitan nuevo Auto de Vista, siempre y cuando no hayan cumplido la Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023 emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0930/2023-S1 Sucre, 22 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54691-2023-110-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elma Meo Aguada contra Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 148 a 153 vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso familiar de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Lizabeth Ávila Sanjinez en su contra, que se desarrolló sin su participación hasta después de ejecutoriada la sentencia, dejándola en total indefensión, pues conforme acredita por la prueba que acompaña, se tiene que fue citada de manera anfibológica e incongruente con el Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2021; resolución que, al ser lesiva y atentatoria contra sus derechos y garantías constitucionales e intereses personales por cuanto no contiene la debida valoración de la prueba prevista por ley; por lo que, en tiempo hábil, el 1 de octubre de 2021 interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación prevista en el art. 344 del Código Procesal Civil (CPC). Los agravios que expuso en el referido recurso se circunscriben a que el Auto inicial de admisión de la demanda, con el cual se corrió traslado se produjo la citación mediante cédula judicial en el bien inmueble de Avenida Amarillo 738, del barrio San Juan de Integración de Riberalta que constituye el domicilio de la demandante y su familia, dado que ésta desde que falleció su hermano José Meo Aguada, tomó posesión de todos sus bienes, incluido dicho bien inmueble; es decir, que de manera astuta, maliciosa y desleal hizo que dicha citación por cédula se la practique en su propio domicilio con la finalidad de que no tomase conocimiento efectivo de la demanda para así impedir que asuma defensa u oposición a sus pretensiones en el proceso; aspecto que, fue reconocido expresamente por la demandante en su memorial de 20 de septiembre de 2021, al señalar que cuando falleció su esposo su persona tomó posesión de todos sus bienes que habían adquirido y construido, lo que implica que el referido inmueble donde se practicó la citación no es de su propiedad, no vivió ni vive en él; por lo que, la Juez A quo convalidó mediante el Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2021 un acto anómalo al igual que los Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del Beni que resolvieron la apelación mediante Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, confirmando la resolución apelada, pasando por alto el debido proceso y su derecho a la defensa. El citado Auto de Vista en cuanto al reclamo sobre la citación con la demanda, argumentó que no es evidente que hubiese quedado en indefensión porque el testigo de actuación de apellido Aguada, que según la demandada hubiera desconocido como su familiar y que es una casualidad que sea el mismo apellido, empero el art. 307.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- establece que se deja la citación por cédula a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de 18 años, asumiendo subjetivamente que quien recibió la cédula fuera su pariente sin que exista prueba alguna de ese extremo, lo que imposibilita convalidar un acto procesal con simples suposiciones, sin que exista prueba alguna; consiguientemente, el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022 no valoró ni apreció el bien mayor que es derecho a la defensa, siendo incumplido el principio de dirección establecido por el art. 1 numeral 4) del CPC respecto a la facultad de la autoridad jurisdiccional de encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz, eficiente e imparcial, procurando que las partes tomen conocimiento efectivo de las mismas. En conformidad con lo dispuesto por los arts. 105 y 106 del CPC, la nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de parte en cualquier estado del proceso y podrá ser invocada por quien hubiera sufrido indefensión y contra quien la hubiera provocado. En el mismo sentido, el art. 75.V de la citada norma procesal civil, establece que si la citación por cédula se hubiera practicado en el domicilio indicado por el demandante y tal domicilio resultare falso, la diligencia será nula; disposición que se aplica en el caso analizado porque de manera maliciosa y malintencionada la demandante indujo a error para que la citación se practicara en un domicilio distinto al suyo. Como no consintió ni convalidó su citación, luego de reclamar oportunamente mediante la interposición del recurso de reposición con alternativa de apelación, concedida la alzada se resolvió por Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022 confirmando la Resolución impugnada; por lo que, al no haber otro recurso al estar agotados los medios recursivos, se habilita la acción de amparo constitucional para la tutela de sus derechos fundamentales flagrantemente vulnerados.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, así como del principio de seguridad jurídica; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela demandada, disponiendo la anulación del Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022 y la nulidad de la citación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En la audiencia de acción de amparo constitucional, celebrada de manera virtual el 31 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 160 a 164 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional en todos sus términos, añadiendo lo siguiente: a) En el proceso de declaración de unión libre de hecho, fue dictada la sentencia declarando probada la demanda, pero sin considerar que la demandada desconocía sobre la misma, toda vez que luego de la admisión se libró comisión instruida que se diligenció en Riberalta en el propio domicilio de la demandante, figurando el formulario de citación en el expediente de 1 de junio de 2021 con la intervención de un testigo de actuación de nombre Gerardo Aguada, con una fotografía del mismo y un croquis de ubicación que señala Avenida de Integración, casa color amarillo; b) Al final del proceso, se tiene una certificación emitida por el SEGIP establece que su domicilio es en Riberalta, en la Avenida Pitón esquina Chirimoya, urbanización Pamahuya, que es el domicilio que tuvo y sigue teniendo, mismo que es diferente a la dirección donde se practicó la citación con la demanda que corresponde al domicilio de la demandante; c) El 12 de octubre de 2021 se enteró sobre el proceso de declaración de judicial de unión libre de hecho, ya se encontraba con sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada, dado que la audiencia se había llevado a cabo el 21 de junio del citado año, por lo que el proceso se siguió con una citación nula y defectuosa; es así que el día que tuvo conocimiento del proceso presentó un memorial planteando el recurso de reposición con alternativa de apelación con relación al domicilio donde se practicó la citación con la demanda, misma que no cumplió con su finalidad, emitiéndose el Auto de 4 de noviembre por el cual el Juez de la causa rechazó la reposición y concedió la apelación alterna remitiendo actuados ante la Sala Civil que pronunció el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2021, carente de fundamentación y motivación, mismo que desconoció la verdad material vulnerando una serie de derechos fundamentales, convalidando un acto nulo de pleno derecho; y, d) El Auto de Vista cuestionado no hizo una compulsa exhaustiva, omitió valorar, ignorando el derecho a la defensa, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva al haberse dictado de manera arbitraria sustentándose en argumentos falsos al mencionar que un familiar sin haberse demostrado que sea de esa manera fue quien firmó como testigo de la citación por cédula.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no presentaron informe escrito ni asistieron a audiencia de la presente acción de defensa; no obstante a su legal citación cursante a fs. 156 y 157.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Lizabeth Ávila Sanjinez, por intermedio de su abogado expresó lo siguiente: 1) La accionante presentó una parte de una declaratoria de herederos en favor de Felicidad Aguada Cordero como madre y heredera de José Meo Aguada, en virtud de la cual adquirió el inmueble ubicado en el barrio San Juan Avenida de Integración en el cual se practicó la citación con la demanda a la impetrante de tutela; 2) El 21 de marzo falleció José Meo Aguada y el 7 de abril se efectuó la declaratoria de herederos, mientras su esposa guardando duelo por su esposo; inmueble al que ingresaron la madre del fallecido y las hermanas a sacar las cosas; y, 3) Recién el 19 de abril de 2022 presentó la demanda de reconocimiento de unión libre de hecho, cuando la declarada heredera estaba en posesión del inmueble, en el cual no vivía de manera permanente, puesto que ella vivía en una localidad en la frontera entre Beni y Pando, no pudiendo la accionante alegar que no vivía en el inmueble en el cual fue citada cuando ingresaron a él; por lo que, no correspondía la nulidad de obrados.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del departamento de Pando, mediante Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 165 a 168 vta. concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución en el marco del debido proceso y sin esperar sorteo. Decisión asumida con los siguientes fundamentos: i) Los Vocales demandados no consideraron que Elma Meo Aguada, ahora accionante, al ser la parte demandada en el proceso de comprobación de la unión libre tiene interés directo en dicho proceso; dado que la misma hasta la emisión de la Sentencia no tuvo participación en éste porque si bien fue citada por cédula en la dirección proporcionada por la parte demandante y no se tenía más documentación que la contradiga; sin embargo, cuando se interpuso el incidente de nulidad presentó el certificado del Presidente del barrio Urbanización Pumahuya en el que refiere que su domicilio desde hace ocho años es sobre la Avenida Pitón, esquina Chirimoy, casa uno; información respaldada por las facturas de servicios básicos que se encuentran a su nombre; consecuentemente, al haberse dejado la cédula en Avenida de Integración en Riberalta, se la colocó en indefensión hasta la culminación del proceso, obteniendo así la demandante el fallo a su favor sin ninguna controversia; ii) Asimismo, es demostrable que la citación por cédula con la admisión de la demanda a la hoy accionante no cumplió su finalidad, puesto que no se advierte documento o acto alguno que demuestre que tenía conocimiento del proceso iniciado en su contra, más si el hecho de haberse realizado la diligencia de citación con la participación del testigo de actuación de apellido similar a la demandada “Aguada”, no otorga la certeza de que fuera un familiar para aplicar el art. 307 del CPC, por cuanto existen homónimos en nombres y apellidos pero no son familia; iii) Se evidencia que la impetrante de tutela inmediatamente se enteró del proceso, interpuso incidente de nulidad ante la autoridad competente y de ninguna manera convalidó la irregularidad de su citación, dado que su primera actuación fue dicho incidente y no existe contradicción a ello; y, iv) Cuando se deja citación por cédula el familiar o dependiente debe estar plenamente identificado y en el formulario de la diligencia no consta cuál es la relación de parentesco con la accionante y en el memorial de respuesta al incidente de nulidad la demandante solo señala que la demandada siempre estuvo en posesión del inmueble pero no prueba ese extremo ni indica cuál es el grado de parentesco del testigo de actuación y si bien adjuntó una resolución de amparo constitucional que planteó la madre de la demandada para que se le reconociera a su favor el inmueble de Avenida de Integración, calle Amarillo, pero no prueba que la demandada tuviera su domicilio en ese inmueble para considerar que la citación fuera válida y que hubiera cumplido su finalidad, por lo que se le negó el acceso a la justicia y a asumir defensa en el proceso iniciado en su contra.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del memorial presentado el 20 de abril de 2021, Lizabeth Ávila Sanjinez, -ahora tercera interesada-, planteó demanda de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho que sostuvo en vida de José Meo Aguada desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2021, fecha de su fallecimiento, con quien no procrearon hijos, teniendo convivencia en el municipio de San Lorenzo, en la comunidad Blanca Flor de Pando, dado que su conviviente era profesor en el área rural, por lo que para reclamar sus derechos de pensión de viudez como conviviente y los reembolsos de gastos de sepelio y otros requiere el referido reconocimiento de unión libre o de hecho, dirigiendo su demanda contra la hermana de su conviviente, ahora accionante, señalando el domicilio para la citación de la demandada en Riberalta del departamento de Beni, Avenida de Integración-Riberalta, calle Amarillo, adjuntando al efecto un croquis. Admitida la demanda mediante Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2021 y corrida en traslado, se citó a la demandada mediante comisión instruida en el domicilio señalado a través de cédula en presencia del testigo Sergio Aguada (fs. 12 a 16). II.2. Tramitado el proceso, fue emitida la Sentencia 128/2021 de 22 de junio, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de Cobija, a través de la cual fue declarada probada la demanda y comprobada la unión conyugal libre de Lizabeth Ávila Sanjinez y José Meo Aguada desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2021, disponiendo que una vez ejecutoriado el fallo, se haga conocer al Servicio de Registro Cívico de Pando para la inscripción en los registros respectivos de la mencionada unión libre comprobada judicialmente, siendo notificada a la demandada, ahora accionante, en Secretaría del Juzgado el 2 de julio del referido año, en conformidad con el art. 314 del CPC (fs. 46 a 48). II.3. Mediante Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2021, la Jueza de la causa declaró ejecutoriada la Sentencia 128/2021 de 22 de junio (fs. 50). II.4. Elma Meo Aguada -ahora accionante- mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2021, ante la Jueza Pública de Familia Segunda de Cobija, planteó nulidad de obrados del proceso de declaración judicial de reconocimiento de unión libre o de hecho que siguió en su contra Lizabeth Ávila Sanjinez hasta el vicio más antiguo, señalando que la demanda mencionada de 19 de marzo de 2020 estaba redactada un año antes al fallecimiento de su hermano y que la citación efectuada en cumplimiento de la comisión instruida se practicó a su persona mediante cédula fijada en el inmueble que se encuentra en posesión de la demandante y sin cumplir con los requisitos formales establecidos por el art. 76.I del CPC, por lo que dicha diligencia es nula al haberse realizado en un domicilio falso, solicitando se declare la nulidad hasta que se practique su legal y formal de la citación; la Jueza de la causa, por decreto de 10 de septiembre del mismo mes y año dispuso que se ponga en conocimiento el incidente de nulidad interpuesto a la demandante (fs. 76 a 80). II.5. Con la respuesta de la demandante, la Jueza Público de Familia Segunda de Cobija, a través del Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2021, rechazó el incidente de nulidad de citación planteado por la accionante, argumentando que no hizo referencia al perjuicio personal y directo que le ocasionó ni mencionó oposición a la declaratoria judicial de unión conyugal libre ni refirió la incidentista de qué forma se le causó indefensión, llamando la atención que el testigo de actuación de la citación practicada es de apellido Aguada en apariencia familiar del fallecido José Aguada (fs. 94 a 95 vta.). II.6. Por memorial presentado el 12 de octubre de 2021, la impetrante de tutela interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 1 de octubre del señalado año, argumentando que la demandante al responder el incidente de nulidad reconoció que al fallecimiento de su hermano estaba en posesión de todos los bienes, entre los que se encuentran el inmueble donde practicaron su citación en un acto procesal anómalo que no debe ser convalidado; la demandante tampoco demostró con prueba plena y suficiente que su madre y sus hermanos la hubieran despojado de todos los bienes que dejó a su fallecimiento su hermano José Meo Aguada y si bien su madre se declaró heredera ab intestato de todos los bienes, nunca pudo tomar posesión de ellos porque la demandante y sus parientes no lo permitieron, dando lugar que su madre tenga que demandar a los parientes de la actora que aún se encuentran en posesión del inmueble del barrio “San Juan de Integración” sobre la Avenida Amarillo 738 de Riberalta, extremo que acreditó por prueba que adjuntó al memorial del incidente de nulidad planteado. Corrido en traslado y con la respuesta de la demandante, la Jueza de la causa por Auto Interlocutorio de 4 de noviembre de 2021, rechazó el recurso de reposición planteado por la impetrante de tutela (fs. 99 a 102; y, 108 y vta.). II.7. Cursa Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, emitido por Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -autoridades demandadas-, en el cual confirmaron el Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2021 (fs. 135 a 137).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación; a la defensa; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación; toda vez, que dentro del proceso familiar de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Lizabeth Ávila Sanjinez en su contra, las autoridades demandadas sin valorar la prueba que adjuntó, emitieron el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, confirmando el Auto de rechazo al incidente de nulidad que interpuso cuestionando la citación irregular que se practicó con la demanda mediante cédula; decisión asumida con el argumento subjetivo de no ser evidente que hubiese quedado en indefensión porque el testigo de actuación de apellido Aguada, fuera su pariente y sin considerar los certificados que adjuntó acreditando que tiene domicilio en otro inmueble; por lo que, solicita se le conceda la tutela disponiendo la anulación del Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos expuestos por la parte accionante son evidentes a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, la garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/01-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: 1) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; 2) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; 3) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, 4) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 4.i) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 4.ii) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que: ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación; a la defensa; a la tutela judicial efectiva y a la impugnación, toda vez que dentro del proceso familiar de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Lizabeth Ávila Sanjinez en su contra, las autoridades demandadas sin valorar la prueba que adjuntó, emitieron el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, confirmando el Auto de rechazo al incidente de nulidad que interpuso cuestionando la citación irregular que se practicó con la demanda mediante cédula; decisión asumida con el argumento subjetivo de no ser evidente que hubiese quedado en indefensión porque el testigo de actuación de apellido Aguada, fuera su pariente; omitiendo considerar los certificados que adjuntó acreditando que tiene domicilio en otro inmueble.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que, el 20 de abril de 2021, Lizabeth Ávila Sanjinez, -ahora tercera interesada-, planteó demanda de declaración judicial de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho que sostuvo en vida de José Meo Aguada desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2021, fecha de su fallecimiento, con quien no procrearon hijos, teniendo convivencia en la comunidad Blanca Flor del Municipio de San Lorenzo del departamento de Pando, dirigiendo su demanda contra la hermana de su conviviente -ahora accionante-, señalando el domicilio para la citación de la demandada en Riberalta del departamento de Beni, Avenida de Integración-Riberalta, calle Amarillo, adjuntando al efecto un croquis. Admitida la demanda mediante Auto Interlocutorio de 26 de abril de 2021 y corrida en traslado, se citó a la demandada mediante comisión instruida en el domicilio señalado a través de cédula en presencia del testigo Sergio Aguada; tramitado el proceso, fue emitida la Sentencia 128/2021 de 22 de junio pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Pando, a través de la cual fue declarada probada la demanda y comprobada la unión conyugal libre de Lizabeth Ávila Sanjinez y José Meo Aguada desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2021, disponiendo que una vez ejecutoriado el fallo, se haga conocer al Servicio de Registro Cívico de Pando para la inscripción en los registros respectivos de la mencionada unión libre comprobada judicialmente, siendo notificada a la demandada, ahora accionante, en Secretaría del Juzgado el 2 de julio del referido año, en conformidad con el art. 314 del CPC. Ejecutoriada la sentencia mediante Auto Interlocutorio de 14 de julio de 2021, fue emitida la provisión ejecutoria 85/2021 encomendando al Servicio de Registro Cívico la inscripción en sus registros de la unión conyugal libre de Lizabeth Ávila Sanjinez y José Meo Aguada sostenida desde el 24 de marzo de 2016 hasta el 21 de marzo de 2021. Al tomar conocimiento del proceso, la impetrante de tutela mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2021 ante la Jueza Pública de Familia Segunda de Cobija, planteó nulidad de obrados del proceso de declaración judicial de reconocimiento de unión libre o de hecho que siguió en su contra por Lizabeth Ávila Sanjinez, hasta el vicio más antiguo, señalando que la demanda mencionada de 19 de marzo de 2020 estaba redactada un año antes al fallecimiento de su hermano y que la citación efectuada en cumplimiento de la comisión instruida se practicó a su persona mediante cédula fijada en el inmueble que se encuentra en posesión de la demandante y sin cumplir con los requisitos formales establecidos por el art. 76.I del CPC, por lo que dicha diligencia es nula al haberse realizado en un domicilio falso, solicitando se declare la nulidad hasta que se practique su legal y formal de la citación; la Jueza de la causa, por decreto de 10 de septiembre del mismo mes y año dispuso que se ponga en conocimiento el incidente de nulidad interpuesto a la demandante, con cuya respuesta, a través del Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2021, la jueza de la causa rechazó el incidente de nulidad de citación planteado por la accionante, argumentando que no hizo referencia al perjuicio personal y directo que le ocasionó ni mencionó oposición a la declaratoria judicial de unión conyugal libre ni refirió la incidentista de qué forma se le causó indefensión, llamando la atención que el testigo de actuación de la citación practicada es de apellido Aguada en apariencia familiar del fallecido José Aguada.

Decisión que fue objeto de recurso de reposición con alternativa de apelación, por memorial presentado el 12 de octubre de 2021, con el argumento de haber reconocido la demandante que al fallecimiento de su hermano estaba en posesión de todos los bienes, entre los que se encuentran el inmueble donde practicaron su citación en un acto procesal anómalo que no debe ser convalidado; remitidos los antecedentes ante el Tribunal de apelación y sorteada la causa, la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Auto de Vista de 23 de noviembre de 2021 confirmó el Auto Interlocutorio de 1 de octubre del citado año, objeto de apelación reiterando el argumento de la Jueza a quo, señalando que el testigo de actuación que intervino en la citación es de apellido “Aguada” presumiendo que se trata de un familiar.

Ahora bien, conforme estableció la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, uno de los requisitos que debe contener toda resolución para garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, es la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, además su valoración concreta y explícita de cada uno de ellos; aspecto que no se advierte en el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022; toda vez que, se limitó a señalar como argumento que la citación realizada en la forma que se hizo no dejó en indefensión a la recurrente como señala, toda vez que el testigo de actuación de apellido “Aguada” que si bien la citada trató de desconocer como familiar suyo y que es casualidad que lleve el mismo apellido al de ella, empero el art. 307.I de la Ley 603 dispone que la cédula de citación se deja a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de 18 años, debiendo identificarse debidamente a la persona que recibe la cédula, lo cual desvirtúa el argumento de la recurrente dado que la citación fue practicada de conformidad a las exigencias de ley, aspecto con el que concuerda el Tribunal de alzada porque lo que se busca con la citación a la demandada es que conozca de la existencia de la demanda de conformidad a lo dispuesto por el art. 305 del Código de las Familias y del Procedimiento Familiar “y por lo ya explicado, no es que solamente nos vayamos directo a relacionar que la demandada por la documentación que presenta adjunta a su solicitud de nulidad de obrados, acredite que vive en otro lugar” (sic), por lo que el formulario de citación cumplió su finalidad de que la demandada se entere de la demanda, no evidenciándose el agravio alegado. De los argumentos expuestos en el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, es evidente que no cumplió con la exigencia de la debida fundamentación, motivación y congruencia que toda resolución debe contener, puesto que no explica por qué concluyen que el testigo de actuación que intervino en la citación por tener el mismo apellido que la citada fuera familiar de ésta, dado que en dicha diligencia no consta la relación de parentesco argüida en el mencionado Auto de Vista, mismo que tampoco explica por qué los certificados que la accionante adjuntó como prueba de su domicilio real no desvirtúan que la citación se practicó en un domicilio errado y menos se pronuncia respecto al argumento del recurso de reposición con alternativa de apelación relativo a la confesión de la demandante al responder al recurso cuando afirmó haber tomado posesión de todos los bienes dejados al fallecimiento de su hermano, entre los que se encuentra el inmueble señalado en su demanda como domicilio de la demandada y tampoco las autoridades demandadas al emitir la resolución de alzada explicaron de qué forma la citación con la demanda de declaración judicial de unión libre de hecho hubiera cumplido su finalidad o con qué actuación la demandada hubiera asumido conocimiento de la demanda planteada en su contra y por qué no se aplicaría la disposición contenida en el art. 75.V del CPC; con dichas omisiones las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, afectando también el derecho a la defensa de la accionante, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de noviembre de 2022, emitido por Miguel Ángel García Solares y Luis Gonzalo Vargas Terrazas, Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. b) Que los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el plazo de 48 horas de notificados con el presente fallo constitucional, sin espera de sorteo emitan nuevo Auto de Vista, siempre y cuando no hayan cumplido la Resolución “023/2022” de 31 de marzo de 2023 emitida por la Sala Constitucional del departamento de Pando.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el por qué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso…”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0930_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1233bf36294de1442e68a966253c174f0c9f359ae3118f9dabd5db24dfd2d7de

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