B.IA.LEGAL

SCP 0929/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de agosto de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54253-2023-109-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, con la finalidad de recobrar su libertad, el 9 de marzo de 2023, presentó mediante memorial documento privado de compromiso de pago de asistencia familiar devengada a plataforma, donde le indicaron que el mismo no pudo ser entregado, debido a que, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, no quiso recibir el indicado memorial debido, a que no se le realizó la entrega de los expedientes de forma física ni por sistema, responsabilidad que ante la refuncionalización de los Juzgados recaía de forma inicial a la Secretaria -demandada- del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón y la Secretaria -codemandada- del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón que se encontraba en suplencia legal de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón, respectivamente, todos del departamento de Potosí, negligencia que evitó sea resuelta su situación jurídica, causándole una detención indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 91, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribual de garantías y en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0929/2025-S3 Sucre, 18 de agosto de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54253-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 15/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 91, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Valeriano Garzón en representación sin mandato de Ángel Eusebio Soto Farfán contra Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón y Teresa Sandra Iquise Lujan, Secretaria del Juzgado Público de Familia e instrucción Penal Primero de Villazón en suplencia legal de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón, respectivamente, todos del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursantes de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se emitió mandamiento de apremio el 25 de enero de 2021, por falta de pago de dicha obligación; por lo que, se encontraba privado de libertad en la Carceleta Provincial de Villazón del departamento de Potosí. Conforme los antecedentes expuestos, refirió que al haber llegado a un acuerdo con la madre de sus hijos respecto al pago de pensiones y con la finalidad de recobrar su libertad presentó el respectivo memorial a plataforma el 9 de marzo de 2023, donde le informaron que el Juzgado Público de Familia Segundo de Villazón del departamento de Potosí, no quiso recepcionar el referido memorial; ello debido a que, la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón del mismo departamento, no hizo la entrega de expedientes; y, que realizada la consulta a la referida funcionaria señaló que realizó la entrega de los mismos a Teresa Sandra Iquise Luján, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón, quien refirió que hizo la entrega a Gisela Rodríguez Barrientos, Secretaria de su similar Segundo, funcionaria, que por su parte, negó la recepción del expediente. Ante lo expuesto, señaló que debido a la negligencia de las funcionarias ahora demandadas -Dalma Lorena Mamani Poma y Teresa Sandra Iquize Luján-, no se pudo resolver su situación, causándole una detención indebida, a pesar de existir un acuerdo sobre el pago de pensiones; por lo que, interpuso la presente acción de libertad contra de las mencionadas funcionarias.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga su libertad inmediata y sea con el pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 81 a 86 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, en audiencia de garantías ratificó de manera íntegra el contenido de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Fue detenido en enero de 2021, por asistencia familiar devengada, posteriormente, llegó a un acuerdo conciliatorio con la madre de sus hijos respecto al pago de pensiones; b) El “8” de marzo -siendo lo correcto el 9 de marzo de 2023, presentó memorial solicitando su libertad, empero el expediente no fue recibido correctamente por las Secretarias demandadas generando su detención indebida; motivo por el cual, interpuso la acción de libertad; c) Se solicitó al Tribunal de garantías la expedición del mandamiento de libertad y el pago de daños y perjuicios por los días de detención indebida y los gastos de abogado; y, d) Finalmente, aclaró que Dalma Lorena Mamani Poma le indicó que el expediente fue entregado mediante Notaria de Fe Pública a Teresa Sandra Iquise Luján, quien supuestamente entregó a la Secretaria del Juez Henry Mamami Huayllani; empero, sin formalidad y tampoco consta el cargo de recepción.

I.2.2. Informe de las demandadas

Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, a través de informe escrito presentado el 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 31 y vta., señaló que: 1) En agosto de la gestión 2022, con motivo de la refuncionalización de los tribunales, se cumplió el Instructivo TSJ-PRES 3/2022 y SP-077/2022 (materia familiar), se elaboró un inventario de todos los procesos activos para que Teresa Sandra Iquise Lujan, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del mismo departamento, asuma suplencia legal de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón, respectivamente, según el art. 93.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, no obstante, dicha funcionaria manifestó que no asumiría la suplencia sin la existencia del inventario correspondiente; por lo que, de inmediato se procedió a su elaboración y entrega, asumiendo la citada suplencia desde septiembre de 2022; 2) Tras el inicio del año judicial el 18 enero de 2023, en los tres nuevos Juzgados se incorporaron funcionarios como ser secretarios y oficiales de diligencia; 3) Cualquier alusión de mala fe realizada por Gisela Rodríguez Barrientos carece de veracidad, ya que su persona no tenía ninguna obligación de entregarle ningún inventario puesto que el mismo fue realizado a la referida Secretaria en suplencia legal; 4) En su condición de Secretaria que no tiene facultades para resolver la libertad de una persona, conforme a la SCP 0031/2017-S3, de 8 de febrero, que estableció que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no ejercen jurisdicción y, por lo tanto, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; y 5) Bajo el mismo razonamiento, la SCP 0521/2021-S3, de 18 de agosto, precisó que el personal subalterno solo puede ser demandado en tres supuestos excepcionales: i) Exceso, contrariando determinaciones judiciales, ii) Vulneración de derechos por incumplimiento de funciones, y, iii) Inobservancia de órdenes de superiores; por lo que, al no incurrir en excesos, incumplimiento de funciones ni desobediencia a órdenes superiores, y que entregó el inventario completo en físico, carece de legitimación pasiva, en consecuencia, solicitó que se deniegue la tutela. Teresa Sandra Iquise Luján, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, a través de informe escrito presentado el 15 de marzo de 2023, cursante a fs. 19 y vta., señaló que: a) Asumió suplencia legal en los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón del referido departamento, desde el 26 de septiembre de 2022 hasta el 17 de enero de 2023, debido a la falta de personal en dichos Juzgados, en cumplimiento de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; b) Se generó cuatro inventarios, dos para cada juzgado refuncionalizado, el primero corresponde a las causas ya asignadas a cada juez, y el segundo a las causas del Juez, Yerck José Luis Núñez, quien al dejar de ser Juez en materia familiar ya no podía conocer esas causas, las cuales debieron ser sorteadas y divididas por Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, lo que no ocurrió, entregándose recién el inventario en físico el 7 de enero de 2023, que contenía las causas de los referidos Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo, pero no fue entregado el inventario de las causas que correspondían al Juez Yerck José Luis Núñez, puesto que al revisar los inventarios, se realizaron observaciones que aún no han sido subsanadas, motivo por el cual no se recepcionó el inventario hasta la fecha; c) Asimismo, realizó la entrega del inventario ya revisado por su persona a la nueva Secretaria titular de cada Juzgado refuncionalizado, respectivamente; d) Era responsabilidad de la Secretaria -codemandada- y el personal de dicho Juzgado el de realizar la entrega de los inventarios respectivos de todas las causas, ya que son los mismos quienes tiene conocimiento del total de causas ingresadas y no su persona, que cumplía funciones de suplencia legal de los Juzgados refuncionalizados y no del citado Juzgado que debía realizar el respectivo inventario; e) Desconoce si se hizo la entrega efectiva del expediente relacionado con la acción de libertad, pues no recibió dicho expediente de la Secretaria codemandada, y, revisado el Sistema de Registro judicial (SIREJ), constató que la causa aún aparece en el sistema del citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Publico de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, sin que se haya migrado al Juzgado correspondiente, en ese sentido la entrega de la causa y su división debieron ser gestionadas por el personal del referido Tribunal de Sentencia, lo cual no ocurrió; y, f) Es obligación del personal del precitado Tribunal de Sentencia dividir las causas correspondientes al Juez Yerck José Luis Núñez y no de su persona como dio a conocer en la respuesta emitida al memorándum de 1 de diciembre de 2022, en la que señaló que hasta dicha fecha no se plasmó la entrega e inventario de las causas. Asimismo, en audiencia señaló que: 1) De la revisión del formulario notarial que data del 14 de marzo de 2023 -día anterior a la audiencia-, al cual se adjuntó un aparente inventario; sin embargo, no se encuentra la recepción y no está consignada su firma; 2) De los cuatro inventarios solo se recibieron dos, toda vez que los inventarios en materia familiar no se recibieron debido a que existían bastantes observaciones, entre ellas inexistencia de fojas, cuerpos y actas; y, 3) En el caso en particular, dentro del proceso de asistencia familiar signado bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 5V054317, revisado el sistema se constató que es una causa anterior al asumir la suplencia legal, no existiendo actuados efectuados por su persona.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 91, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: i) De inmediato por Secretaría se expida mandamiento de libertad, haciendo constar que el incumplimiento del convenio celebrado por el obligado a las cuotas que se describe en dicho acuerdo podrá dar lugar a ser sujeto de apremio nuevamente y de esta manera privado de su libertad; y, ii) Remitir antecedentes a la Unidad de Control y Fiscalización dependiente del Consejo de la Magistratura con la finalidad de establecer la responsabilidad que corresponda en relación al expediente en cuestión dentro de la presente acción tutelar y en ejecución de sentencia de existir una responsabilidad de daños y perjuicios será considerado siempre y cuando la misma esté vinculada a la privación de libertad efectiva que devenga en una reparación de daños y perjuicios. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad requiere agotar el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la privación de libertad del accionante, la jurisprudencia estableció subreglas con el objeto de realizar excepción a este principio a objeto de reparar la indebida privación de libertad del prenombrado, atribuible a un hecho administrativo del personal de apoyo jurisdiccional; b) Conforme las funciones establecidas en el art. 94 de la LOJ, las Secretarias tienen la obligación de custodia del expediente e inventarios de los mismos, y entregarlos a la persona que la sustituya, en ese sentido, era obligación de la Secretaria titular la elaboración de los inventarios, para que sean pasados a la sustituta, evidenciando de tal manera, que las Secretarias demandadas incumplieron sus funciones; c) Aunque ambas demandadas afirman de manera contradictoria que no serían responsables; por un lado, indicando que el inventario si se entregó físicamente y por otro negando ello, la prueba demuestra que en ambos inventarios figura la causa familiar ahora cuestionada, lo que evidencia que sí tuvieron conocimiento físico de los expedientes al elaborar los inventarios; d) Conforme dichos antecedentes, no se podría afirmar que los Jueces hubieran tomado conocimiento de la causa para emitir alguna decisión jurisdiccional; puesto que como consecuencia se dispuso a plataforma remita los antecedentes, de donde pudieron advertir la existencia de un acuerdo de compromiso de pago con reconocimiento de firmas y rubricas ante Notario de Fe Pública; por ello, correspondía garantizar la libertad del accionante de manera inmediata y, al mismo tiempo, aclarar administrativamente la ubicación del expediente correspondiente a la causa familiar que motiva la acción de libertad; e) Aunque la codemandada Teresa Sandra Iquise Luján alegó que no era su obligación recibir el expediente, no es menos cierto que tomó conocimiento físico de los mismos e incluso realizó observaciones; esta actuación demuestra que no fue la medida más adecuada, y su conducta conjuntamente con la de la otra codemandada contribuyó a mantener indebidamente la privación de libertad del accionante, pese a existir un acuerdo de compromiso de pago con la parte beneficiaria; por lo que, conforme al art. 127. III del Código de las Familias y del proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, se dispuso su libertad inmediata; y, f) Finalmente, ordenó que la ubicación y manejo del expediente deben investigarse administrativamente para determinar y individualizar la responsabilidad funcionaria correspondiente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Evangelina Farfán Párraga contra Ángel Eusebio Soto Farfán -accionante- quien se encontraba privado de libertad; mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2023 a Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Asiento Judicial de Villazón, acreditó el pago de Bs3 500.- (tres mil quinientos bolivianos) por concepto de pago de asistencia familiar, y adjuntó documento privado de compromiso de pago de asistencia familiar debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas ante la Notaria de Fe Pública Primero, de 9 de marzo de 2023, solicitando se expida mandamiento de libertad en favor de su persona (fs. 13 a 15). II.2. Mediante Representación de 9 de marzo de 2023, los Auxiliares de Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Asiento Judicial de Villazón informaron que dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Evangelina Farfán Párraga contra el accionante, se recibió un memorial de igual data, solicitando mandamiento de libertad, el cual no pudo ser entregado debido a que Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria demandada del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Villazón -donde según sistema radicaba la causa-, señaló que debido a la refuncionalización de los juzgados entregó los expedientes a Teresa Sandra Iquise Lujan -codemandada-, quien a su vez señaló que el citado proceso se encontraba en la fila 57 de la división 68 de su inventario que fue entregado a Gisela Rodríguez Barrientos, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, funcionaria que refirió no haber recibido el expediente, y tampoco ningún inventario de forma física o por sistema; motivo por el cual, no se puedo realizar la entrega del citado memorial (fs. 12 y vta.). II.3. Mediante Acta Notarial 46/2023 de 14 de marzo, emitida por el Notario de Fe Pública 4 del distrito judicial de Villazón, manifestó que en la referida fecha se hizo presente Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Sentencia Penal de Villazón del mismo departamento, a objeto de solicitar se proceda a la intervención notarial de expedientes de los Jueces Marco Antonio Paredes Condori, Henry Mamani Huayllani y Yerck José Luis Núñez, que se hizo entrega a Teresa Sandra Equise Lujan, Secretaria del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón del señalado departamento (fs. 65 a 79).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, con la finalidad de recobrar su libertad, el 9 de marzo de 2023, presentó mediante memorial documento privado de compromiso de pago de asistencia familiar devengada a plataforma, donde le indicaron que el mismo no pudo ser entregado, debido a que, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, no quiso recibir el indicado memorial debido, a que no se le realizó la entrega de los expedientes de forma física ni por sistema, responsabilidad que ante la refuncionalización de los Juzgados recaía de forma inicial a la Secretaria -demandada- del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón y la Secretaria -codemandada- del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón que se encontraba en suplencia legal de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón, respectivamente, todos del departamento de Potosí, negligencia que evitó sea resuelta su situación jurídica, causándole una detención indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)

De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0 691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.

Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, con la finalidad de recobrar su libertad, el 9 de marzo de 2023, presentó mediante memorial el documento privado de compromiso de pago de asistencia familiar devengada, a plataforma, donde le indicaron que el mismo no pudo ser entregado, debido a que, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, no quiso recibir el indicado memorial, debido a que no se le realizó la entrega de los expedientes de forma física ni por sistema, responsabilidad que ante la refuncionalización de los Juzgados recaía de forma inicial a la Secretaria -demandada- del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón y la Secretaria -codemandada- del Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Villazón que se encontraba en suplencia legal de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón, respectivamente, todos del departamento de Potosí, negligencia que evitó se resuelva su situación jurídica, causándole una detención indebida.

En ese contexto de la revisión de los antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se constata que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido contra el accionante -privado de libertad- el 9 de marzo de 2023, el nombrado presentó memorial a Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Asiento Judicial de Villazón, cuyo contenido señaló que efectivizó el pago de Bs3 500 por concepto de pago de asistencia familiar, y adjuntó documento privado de compromiso de pago de asistencia familiar debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas ante la Notaria de Fe Pública Primero, de 9 de marzo de 2023, solicitando en consecuencia, se expida mandamiento de libertad en favor de su persona. Al respecto, los Auxiliares de Plataforma mediante representación de 9 de marzo de 2023, con relación al referido memorial informaron que si bien de la revisión del SIREJ el mismo se encontraba radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal de Villazón, la Secretaria demandada, indicó que el proceso no se encontraba en dicho Juzgado, puesto que, debido a la refuncionalización los mismos fueron entregados a la Secretaria ahora codemandada, quien tampoco, quiso recibir el memorial manifestando, que conforme el inventario entregado a Gisela Rodríguez Barrientos, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, el proceso en cuestión habría sido entregado a ese Juzgado; por su parte, la referida funcionaria señaló no haber recibido el expediente y tampoco ningún inventario de forma física o por sistema; motivo por el cual, no se puedo realizar la entrega del citado memorial.

Asimismo, cursa Acta Notarial 46/2023 de 14 de marzo, emitido por el Notario de Fe Pública 4 del municipio de Villazón del departamento de Potosí; por el cual, manifestó que en la citada fecha se hizo presente Dalma Lorena Mamani Poma, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia de Partido del Trabajo y Sentencia Penal de Villazón del mismo departamento, a objeto de solicitar se proceda a la intervención Notarial de los expedientes de los Jueces Marco Antonio Paredes Condori, Henry Mamani Huayllani y Yerck José Luis Núñez, que se hizo entrega a Teresa Sandra Equise Luján, Secretaria del Juzgado de Instrucción Primero y Familia de Villazón del señalado departamento, sin que figure la firma de recepción de la nombrada funcionaria en el inventario adjunto; sin embargo, sí se advierte el sello y firma de Gisela Rodríguez Barrientos; Secretaria, del Juzgado de Sentencia Penal, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí. En ese sentido, de los antecedes expuestos y lo señalado por Dalma Lorena Mamani Poma -Secretaria demandada- en el informe presentado en esta acción tutelar, que ante la refuncionalizacion de los juzgados en el mes de agosto de 2022, y en atención a los Instructivos TSJ-PRES 3/2022 y SP-077/2022 (Materia Familiar), debía realizar los inventarios de expedientes que pasarían a conocimiento de los Juzgados Públicos de Familia Primero y Segundo de Villazón del departamento de Potosí, obligación que se entiende debió ser cumplida en un plazo razonable; sin embargo, conforme el Acta Notarial 46/2023, el mismo fue entregado a la Secretaria ahora codemandada de quien no consta su firma de recepción, recién el 14 de marzo de 2023; es decir, de más de seis meses después, generando una dilación indebida en la tramitación de las causas, como lo acontecido con el impetrante de tutela, que al ser una persona aprehendida, no pudo lograr su libertad debido a que la Secretaria demandada incumplió su obligaciones, generando mora en el conocimiento y resolución de su situación jurídica; ocasionando con ello lesión a sus derechos al debido proceso y al acceso a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como los principios de celeridad y transparencia; que incidieron también de forma directa en la vulneración a su derecho a la libertad, razones por las cuales, corresponde conceder la tutela solicitada a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho sistematizada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, respecto a la Secretaria codemandada -Teresa Sandra Iquise Luján- sin bien, conforme lo señalado en el art. 94.I.9 de la LOJ es obligación de la Secretaria realizar el inventario de los procesos, libros y documentos de las respectivas oficinas y entregarlos a la persona que lo sustituya en el cargo; no es menos evidente, que la citada funcionaria no podía asumir una posición pasiva frente al incumplimiento de la otra Secretaria demandada, más al contrario debido extremar esfuerzos a objeto que se materialice el inventario y la migración de los procesos de forma física y por sistema aun solo ejerza dichas funciones en suplencia legal, a objeto de no dilatar la tramitación de dichos procesos; de la misma manera, debió actuar Gisela Rodríguez Barrientos, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal P, Público de Familia Primero de Villazón del departamento de Potosí, quien si bien no fue demandada en la presente acción de libertad, empero, también adoptó una posición pasiva frente a la falta de inventarios de los procesos correspondientes a su despacho, evitando que los procesos se tramiten de forma pronta y oportuna; hechos que deberán ser de conocimiento del Consejo de la Magistratura que a través de la unidad especializada establezca la responsabilidad de las citadas funcionarias. Finalmente, únicamente de forma aclarativa cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; y conforme lo desarrollado y el art. 94.I.8 y 9 de la LOJ la realización de inventarios de los procesos y la custodia de los mismos es obligación exclusiva de las secretarias o secretarios de los Juzgados, por lo que las demandadas si cuentan con legitimación pasiva, conforme a todo lo expuesto corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2023 de 15 de marzo, cursante de fs. 86 vta. a 91, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Villazón del departamento de Potosí, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Tribual de garantías y en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0929_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5c75d0de2c1735e86db89fe19fa24bfaefb7291d871659faa18ba3950b756020

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