Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de agosto de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, a la defensa; en razón a que, el Vocal accionado mediante el Auto de Vista 142/2022-SP1, a tiempo de confirmar la determinación de su detención preventiva: 1) Mencionó a la SCP 270/2018-S2, que se refiere a que para la concurrencia del 233.1 del CPP, se requiere un mínimo de credibilidad, argumentando que su persona hubiese amenazado a “Edwin Choque”, lo cual jamás fue materialmente verificado con algún elemento de convicción, además que el fallo constitucional citado no puede estar por encima de la Ley, puesto que el art. 302 del adjetivo penal, tratándose de pluralidad de imputados exige la identificación de cada uno de ellos con el grado de autoría, no siendo suficiente solo mencionar que es responsable de un hecho, máxime cuando dicha autoridad judicial le atribuye la responsabilidad del hecho denunciado en el entendido que su persona corresponde al “nivel 280”, suposición que es exagerada y va más allá de lo reclamado en audiencia de apelación incidental; 2) Respecto al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 072/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 92 a 95, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0929/2023-S3 Sucre, 25 de agosto de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 49305-2022-99-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 072/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 92 a 95, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Martínez Villca contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memoriales presentados el 18 y 21, ambos de julio de 2022, cursantes de fs. 20 a 23 vta. y 27, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de hurto de mineral, asociación delictuosa para la comisión de delitos vinculados a la sustracción de minerales, destrucción deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 134/2022 de 11 de junio, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del indicado departamento, por el plazo de seis meses, determinando la concurrencia de los presupuestos y peligros procesales previstos por los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234 numerales 1, 2 y 7; y, 235.2, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), decisión que siendo objeto de apelación dio lugar a la emisión del Auto de Vista 142/2022-SP1 de 30 de junio, pronunciada por José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionado-, confirmando el antes referido Auto Interlocutorio impugnado, lesionando su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación. En ese sentido, en cuanto a los presupuestos previstos por el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP, el Auto de Vista 142/2022-SP1 hizo mención a la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio, por la que se refiere que para la concurrencia del 233.1 se requiere un mínimo de credibilidad, argumentando que su persona hubiese amenazado a “Edwin Choque”, aspecto que jamás fue materialmente verificado con algún elemento de convicción, además que el fallo constitucional citado no puede estar por encima de la Ley, dado que el art. 302 del adjetivo penal, tratándose de pluralidad de imputados exige la identificación de cada uno de ellos con el grado de autoría, no siendo suficiente solo mencionar que es responsable de un hecho vulnerando su derecho a la defensa, máxime cuando el Vocal accionado le atribuye la responsabilidad del hecho denunciado en el entendido que su persona corresponde al “nivel 280”, suposición que es exagerada y va más allá de lo reclamado en audiencia de apelación incidental. Así, respecto al art. 234.1 del CPP, se sostiene que su persona tendría dos domicilios; el primero, ubicado en la calle María Aldana entre Calle Violetas y Calle Martín Fierro de la ciudad de Oruro; y el segundo, en Casa López, pasaje 6 entre Pasaje D y E, de la localidad de Huanuni, aseveración que resulta alejada del principio de razonabilidad y la sana crítica, considerando que en audiencia de medidas cautelares aportó elementos de prueba para determinar que su domicilio está ubicado en la ciudad de Oruro, los cuales no fueron valorados ni analizados por la autoridad judicial accionada, tomando en cuenta que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público; sin embargo, desde su detención en sede policial es su persona quien indicó donde está ubicado su domicilio, además que ante la convocatoria realizada por el funcionario policial, de manera voluntaria se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la localidad de Huanuni; empero, de forma abusiva se dio por acreditado el peligro de fuga, en función a lo manifestado por el Ministerio Público y no al proceso, bajo un fundamento antojadizo y sin razonamiento, respaldado por el Auto de Vista hoy cuestionado. En cuanto al art. “235.7” -se entiende 234.7- del CPP, se mencionó la SCP “56/2014” desde la naturaleza de los hechos; sin embargo, en audiencia de apelación incidental expresó que no se le halló con ningún elemento explosivo, menos se determinó que el domicilio donde se encontró dichos elementos sea de su propiedad, aspectos que determinaron la existencia de peligro para la sociedad o para la víctima, cuando su persona se presentó ante la FELCC, además no tiene antecedentes penales o policiales registrados, tampoco se demostró materialmente que sea autor del hecho, siendo la fundamentación arbitraria y contraria, pues correspondía señalarse de forma exacta y precisa cuál es el peligro efectivo y las circunstancias del hecho vinculados a elementos de convicción materialmente verificables; empero, no existe ningún fundamento que establezca de forma razonable su participación en el hecho endilgado o en su defecto que los elementos de fuego secuestrados sean de su propiedad, pues por la sola mención subjetiva del coimputado “Edwin Choque” que su apodo fuera "INJUTA", se le atribuye el delito, argumento que tampoco fue probado por el Ministerio Público, generándose su detención indebida y contraria a la norma. Con relación al art. 235.2 del CPP, el fundamento base versa sobre la amenaza que supuestamente habría realizado a “Edwin Choque”, respecto a la pérdida de una carga; no obstante, reitera que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, exige que cualquier sindicación debe contener un elemento de convicción materialmente verificable, denotándose falta de fundamentación y precisión en el Auto de Vista 142/2022-SP1, que respalda un Auto Interlocutorio totalmente irracional y sin fundamento lógico o jurídico. Finalmente añade que, con referencia al plazo de la detención preventiva, la medida dispuesta de seis meses escapa de los estándares de respeto a los derechos establecido por la norma y constituye una exageración, puesto que de la revisión de las diligencias de investigación requeridas por el Ministerio Público se tiene que para el único actuado que se requiere su presencia es para la audiencia de inspección y reconstrucción del lugar del hecho.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; y, a la defensa; citando a tal efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita la concesión de la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la nulidad del Auto de Vista 142/2022-SP1 y se emita una nueva resolución respetando sus derechos y garantías constitucionales.
Celebrada la audiencia pública el 26 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 91 vta., en presencia del abogado del peticionante de tutela y el representante del Ministerio Público, ausentes el accionante, la autoridad accionada y los terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando manifestó que: a) La presente acción de defensa se debe esencialmente a la falta de precisión respecto a la probabilidad de autoría establecida por el Juez de primera instancia, razonamiento que fue ratificado por la autoridad judicial de alzada, ya que en cuanto a la existencia del mínimo de credibilidad con relación a su participación en el hecho, el Vocal accionado hizo mención a la SCP 0270/2018-S2 de 25 de junio; no obstante, de la revisión de dicho fallo constitucional se advierte que trata sobre el delito de hurto respecto a menores de edad, por lo tanto no corresponde al análisis generado; sin embargo, comprendiendo que su razonamiento se dirige a lo establecido por la SCP 0276/2018-S2 de dicha data, en la cual en efecto se hace referencia al mínimo de credibilidad; sin embargo, este se encuentra ligado a diferentes aspectos para comprender cuál es el hecho y la participación del imputado ¿que se hizo? ¿quién lo hizo?, ¿cuándo lo hizo?, ¿dónde lo hizo? y ¿cómo lo hizo?; b) El Auto de Vista -cuestionado- no establece cuál es el elemento materialmente verificable que determine que es participe del delito de hurto de mineral y de asociación delictuosa, puesto que solo existe una declaración de un coimputado que no se verificó con ningún elemento de convicción, pues únicamente se indicó que se lo amenazó mediante celular; y, c) En el presente caso la fundamentación y motivación resulta arbitraria, ya que le atribuye responsabilidad por el simple hecho que su persona trabaja en el interior de la mina en el nivel 280 del "Cerro Posocomi”, lugar de donde se habría sustraído la sustancia mineralógica, sin considerar que son varios los trabajadores, lo cual va más allá de lo que se hubiese reclamado en audiencia de medidas cautelares, cuando debió remitirse a lo que se discutió en ella, generando su fundamento en simples suposiciones.
José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito, cursante de fs. 65 a 67, solicitando se deniegue la tutela impetrada, manifestó que: 1) En cuanto al derecho a la defensa no se comprende cómo hubiera sido vulnerado, toda vez que el hoy accionante fue asistido por una defensa técnica no solo ante la autoridad judicial a quo, sino también a momento de la fundamentación en instancia de apelación; 2) En cuanto al Auto de Vista 142/2022-SP1, el mismo cuenta con la fundamentación y motivación conforme a las normas y principios jurídicos en los que se funda, explicando la pertinencia de su aplicación a los agravios fundamentados por la parte recurrente, exponiendo las razones que la motivan de manera razonable, lógica y comprensible, así como mediante los enunciados normativos que se adecuan a los hechos dentro de la causa penal, además en los principios constitucionales, aplicando la lógica y coherencia; 3) El impetrante de tutela no identificó de forma clara y concreta que parte del Auto de Vista no cuenta con fundamentación y motivación, pues ello no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, teniendo en cuenta que la fundamentación y motivación efectuada es concisa y clara, ya que se resolvieron todos los puntos de agravios señalados por el recurrente, conforme dispone el art. 398 del CPP y de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, en función a los principios y valores supremos rectores que rigen al Tribunal de alzada, eliminándose cualquier interés y parcialidad en cumplimiento de los requisitos exigidos por los art. 124 del CPP; 4) Luego de haberse emitido el Auto de Vista 142/2022-SP1 y devuelto el testimonio de apelación al Juzgado de origen, el 14 de julio de 2022, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva al Juez a quo, señalándose a ese efecto audiencia para el 20 del mismo mes y año a horas 15:00, e instalado ese actuado judicial el accionante basó su petición en los fundamentos expuestos en el referido Auto de Vista 142/2022-SP1, emitiéndose al respecto el Auto Interlocutorio 176/2022 de igual data, mediante el cual el Juez de instancia rechazó su pretensión, decisión que fue objeto de apelación incidental, denotándose de tales antecedentes una manifestación voluntaria, por la cual el accionante demostró su conformidad con la decisión asumida por el Auto de Vista hoy cuestionado; y, 5) Del memorial de amparo constitucional se tiene que el impetrante de tutela simplemente realizó una relación de antecedentes del caso, para finalmente solicitar que se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista 142/2022-SP1, por lo que, ante dicha falta de presupuestos, no corresponde ingresar al fondo de lo peticionado, puesto que su reclamo carece de sostén legal.
Dante Campos, Gerente General de la Empresa Minera Huanuni, parte víctima dentro el proceso penal de referencia, no presentó memorial alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 81. David Montes Chuca y Edwin Choque Mitma, no presentaron memorial alguno ni asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, no obstante de su notificación cursantes a fs. 31 y 32.
Vladimir Martínez Michaga, Fiscal de Materia, en audiencia, pidiendo se deniegue la tutela invocada, manifestó que: i) Previa la realización de una investigación se presentó una imputación formal contra el hoy accionante por los delitos de asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, uso indebido de bienes y servicios públicos, siendo el caso de relevancia, ya que se encontró cerca de tres toneladas y 370 Kg de mineral, habiendo declarado el otro coimputado “Edwin Achacollo”, bajo ninguna presión y en presencia de su abogado defensor que el 26 de mayo de 2022, se encontró un vehículo de la Empresa Minera Huanuni cargado de mineral, señalando como único responsable al ahora impetrante de tutela, motivo por el cual se realizó la ampliación de la investigación en contra del mismo, verificándose que evidentemente era trabajador de la referida empresa en el sector 280, de donde salió dicho mineral en una cantidad de volúmenes mayores, entonces a partir de esos elementos indiciarios y más allá de haberse presentado o no de forma voluntaria el referido accionante, en el cuaderno de investigaciones existe suficiente prueba para establecer su participación; ii) Respecto al art. 233.1 del CPP, en la imputación formal se establece claramente que el 26 de mayo de 2022, se lo vincula a través de la declaración de un coimputado, quien lo señala como responsable junto con otros partícipes, los que continúan siendo investigados; asimismo, de acuerdo al informe emitido por el investigador asignado al caso se encuentra la referida declaración del otro coimputado, el registro de las personas aprehendidas, acta de secuestro, acta de recepción de indicios materiales, acta de requisa y más elementos que están descritas en la imputación formal; iii) Por la gravedad del hecho también se expidió mandamiento de aprehensión, ante la existía suficientes elementos de convicción, no siendo evidente como refiere la parte peticionante de tutela que en el caso no procede la detención preventiva, pues debe tenerse en cuenta que el art. “332 inc.4” más allá de establecer la pena respecto al hurto de minerales señala que en caso de existir afectación al Estado no se encuentra dentro las causales de improcedencia de la medida de extrema ratio, por lo que el art. 233.1 del CPP está plenamente acreditado; iv) Con relación a los riesgos procesales de fuga y obstaculización vinculados al art. 233.2 del citado Código, concurrentes “hasta la fecha”; de la declaración del hoy accionante se tiene que señaló tener su domicilio en el sector de Vinto Mirian Aldana, entre calle Glorieta 7; empero, de los antecedentes y la propia versión del nombrado según el Certificado de SEGIP como la única institución que puede avalar su domicilio y conforme la imputación formal se tiene como su dirección “…Zona en la Localidad de Huanuni y Zona casa López…” (sic), entonces a partir de esa contradicción no es como manifiesta el peticionante de tutela: ‘"Que pese a que tenia mi domicilio, que tenía mi trabajo, que tenia mi familia se ha dado por concurrente estos riesgos porque no estaban acreditados y lo hemos entendido’” (sic), ya que existió documental pertinente para que el juez pueda sustentar su resolución correspondiente; v) Respecto al art. 234.7 del CPP “…¿Si se está sacando una gran cantidad de mineral que lógicamente esos recursos que salen en calidad de robo o de hurto de la Empresa Minera de ‘Huanuni’, no afectara a los mismos trabajadores, no afectara a una sociedad en su conjunto?...” (sic), siendo a partir de ello que el Juez de Instrucción Penal concluyó en la concurrencia del peligro para la sociedad; vi) En cuanto al plazo de la detención preventiva previsto por el art. 233.3 del CPP, se solicitó seis meses de detención preventiva, considerando que se trata de un delito complejo, con la existencia de varios partícipes a ser investigados, habiéndose señalado los actos investigativos a realizar como ser inspección ocular, reconstrucción, extracto de llamadas celulares del celular del imputado, mediante la solicitud de los informes a las empresas de líneas telefónicas Entel, Viva y Tigo, no solamente del accionante sino de los demás coimputados, por lo que, lógicamente que los seis meses están debidamente fundamentados; vii) La autoridad judicial accionada en el Auto de Vista 142/2022-SP1, efectuó una valoración integral de todos los elementos probatorios, la probabilidad de autoría y los presupuestos previstos por el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del indicado Código, confirmando la resolución de primera instancia; y, viii) Si bien el Auto de Vista ahora cuestionado se habría sustentado en un fallo constitucional referente a un delito de hurto en el caso de menores, existió la correspondiente fundamentación y contrariamente la acción de amparo constitucional carece de dicho elemento, además de haber presentado como medios de prueba y adjuntado en el presente caso lo que le conviene.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 072/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 92 a 95, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso, la defensa técnica del accionante refiere concretamente que en audiencia de aplicación de medida cautelar -personal- de 11 de junio de 2022, se dispuso su detención preventiva, y habiendo sido apelada dicha decisión, el Vocal ahora accionado resolvió confirmar esa decisión; por lo que, al no haber considerado todos los antecedentes habría vulnerado su derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y a la defensa; b) Tanto el Fiscal de Materia como la autoridad judicial accionada aseguran que las Resoluciones -emitidas- están debidamente fundamentadas, por lo que no se hubieran vulnerados los derechos invocados por el accionante, precisando el Vocal accionado que el prenombrado ya solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada y se encuentra en trámite el recurso de apelación formulado; c) De lo referido se establece que el Auto Interlocutorio 176/2022, de 20 de julio, que rechazó la pretensión de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante fue emitido de manera posterior al Auto de Vista ahora cuestionado, reconociendo ambas partes procesales que se encontraría en grado de apelación; d) Al respecto, la jurisprudencia constitucional estableció que no es posible que se pueda ingresar a tratar una problemática planteada cuando se haya recurrido a activar dos vías paralelas, advirtiéndose en el presente caso que el accionante activó la vía ordinaria, como también la vía constitucional para revisar los mismos hechos, referidos a que la autoridad jurisdiccional declaró por concurrentes los presupuestos establecidos por los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234 numerales 1, 2 y 7; y , 235.2, todos del CPP; señalando en audiencia que si bien en la cesación de la detención preventiva se habría referido a los incisos de los artículos mencionados; empero, no lo hizo en relación al art. 233.1 del adjetivo penal, respecto a la probabilidad de autoría; sin embargo, de la revisión del Auto Interlocutorio 176/2022, pronunciado de forma posterior al Auto de Vista 142/2022-SP1, se advierte que el Juez de la causa en el “núm. 2” de dicha Resolución judicial, hizo precisamente una relación puntual de todos los aspectos que consideró para determinar el rechazo de la cesación a la medida extrema, haciendo alusión justamente que también encontró como concurrente los presupuestos establecidos por el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP, concluyendo que existe la necesidad de mantener con privación de libertad al imputado y reiterando los fundamentos emitidos en el Auto de Vista 142/2022-SP1; e) En tal sentido, el Juez de la causa ratificó su posición y los fundamentos en relación a lo observado por el accionante, lo que significa que existe una decisión sobre el art. 233.1 del citado Código, y al haber sido apelada se entiende que se encuentra en revisión por el Tribunal de alzada, que tendrá la posibilidad de pronunciarse y revertir los efectos en caso de advertir lesiones a sus derechos o garantías o a irregularidades que podrían haber sido cometidas en el procedimiento, o la falta de valoración probatoria como fue expuesto por la defensa técnica del accionante; y, f) De lo que se concluye que se encuentra pendiente un recurso de apelación -incidental de medida cautelar- que debe ser resuelto por el Tribunal de Alzada, el cual si bien no es respecto al Auto de Vista ahora cuestionado; no obstante, es sobre otra Resolución judicial del Juez a quo, posterior a la emisión del indicado Auto de Vista, en el que de todas maneras se cuestionan los mismos hechos y los fundamentos de la autoridad judicial por las que se rechazó la cesación de la detención preventiva; es decir, que están siendo considerados nuevamente por la autoridad jurisdiccional y se encuentra pendiente de resolución, lo que implica que no se dio cumplimiento al principio de subsidiariedad, no pudiendo ingresarse a tratar el fondo de la problemática planteada por la activación de dos vías paralelas para la resolución de un conflicto jurídico. En vía de enmienda y complementación, ante la solicitud realizada por el abogado del accionante, la Sala Constitucional aclaró que tomando en cuenta que el peticionante de tutela no se encuentra en la audiencia debido a que no se tramitó su orden de salida, lo que no es imputable a dicha Sala, se dispone el plazo de veinticuatro horas para formular su solicitud de complementación de enmienda, que correrá a partir de su notificación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 134/2022 de 11 de junio, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Gonzalo Martínez Villca -ahora accionante- en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Oruro, por el plazo de seis meses (fs. 10 a 14 vta.). II.2. A través del Auto de Vista de 142/2022-SP1 de 30 de junio, José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 134/2022 apelado (fs. 15 a 19 vta.). II.3. Por memorial presentado el 14 de julio de 2022, ante el mencionado Juez Público, el impetrante de tutela en razón de lo previsto por el art. 239.1 del CPP, solicitó se fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, la cual mereció decreto de 15 de igual mes y año, mediante el cual se fijó audiencia para dicho efecto para el 20 de julio de 2022 a horas 15:00 (fs. 58 a 59). II.4. Consta acta de audiencia pública de cesación de la detención preventiva y Auto Interlocutorio 176/2022 de 20 de julio, pronunciado por el ante dicho Juez Público, por el cual se determinó rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del hoy impetrante de tutela, manteniendo aun su detención preventiva por el tiempo y la forma que se dispuso mediante el Auto Interlocutorio 134/2022 (fs. 60 a 64 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, a la defensa; en razón a que, el Vocal accionado mediante el Auto de Vista 142/2022-SP1, a tiempo de confirmar la determinación de su detención preventiva: 1) Mencionó a la SCP 270/2018-S2, que se refiere a que para la concurrencia del 233.1 del CPP, se requiere un mínimo de credibilidad, argumentando que su persona hubiese amenazado a “Edwin Choque”, lo cual jamás fue materialmente verificado con algún elemento de convicción, además que el fallo constitucional citado no puede estar por encima de la Ley, puesto que el art. 302 del adjetivo penal, tratándose de pluralidad de imputados exige la identificación de cada uno de ellos con el grado de autoría, no siendo suficiente solo mencionar que es responsable de un hecho, máxime cuando dicha autoridad judicial le atribuye la responsabilidad del hecho denunciado en el entendido que su persona corresponde al “nivel 280”, suposición que es exagerada y va más allá de lo reclamado en audiencia de apelación incidental; 2) Respecto al art. 234.1 del CPP, se sostiene que su persona tiene dos domicilios, a pesar que en audiencia de medidas cautelares aportó elementos de prueba para determinar que su domicilio está ubicado en la ciudad de Oruro, los cuales no fueron valorados ni analizados por la autoridad judicial accionada, además que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público; asimismo, se dio por acreditado el peligro de fuga, sin considerar que de manera voluntaria se presentó ante la FELCC de la localidad de Huanuni, razonamiento respaldado por el Auto de Vista hoy cuestionado; 3) En cuanto al art. “235.7” -se entiende 234.7- del citado Código, pese a que hizo mención a que jamás se le encontró con algún elemento explosivo, menos se determinó que el domicilio donde se encontraron dichos elementos sean de su propiedad, se estableció la concurrencia del peligro para la sociedad o para la víctima, cuando su persona se presentó de forma voluntaria ante la FELCC, además que no tiene antecedentes penales o policiales registrados, tampoco se demostró materialmente que sea autor del hecho, pues correspondía señalarse de forma exacta y precisa el peligro efectivo y las circunstancias del hecho vinculados a elementos de convicción materialmente verificables; empero, no existe ningún fundamento que establezca de forma razonable su participación en el hecho endilgado, pues por la sola mención subjetiva del coimputado “Edwin Choque” que su apodo fuera "INJUTA", se le atribuye el delito, argumento que tampoco fue probado por el Ministerio Público, generándose su detención indebida y contraria a la norma; 4) Con relación al art. 235.2 del CPP, el fundamento base versa sobre la amenaza que supuestamente habría realizado a “Edwin Choque”, respecto a la pérdida de una carga; no obstante, reitera que la Ley 1173 exige que cualquier sindicación debe contener un elemento de convicción materialmente verificable; y, 5) Con referencia al plazo de la detención preventiva, la medida dispuesta de seis meses constituye una exageración, puesto que de la revisión de las diligencias de investigación requeridas por el Ministerio Público se tiene que para el único actuado que se requiere su presencia es para la audiencia de inspección y reconstrucción del lugar del hecho. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0890/2022-S3 de 21 de julio, sostuvo que: «La acción de amparo constitucional previsto por el art. 128 de la CPE, como uno de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares, se encuentra regida por los principios de inmediatez y subsidiariedad, prevista implícitamente en el art. 129.I y II de la citada Norma Fundamental, salvo los supuestos excepcionales plenamente justificados, regulados por la ley procesal y la jurisprudencia constitucional.
En cuanto al principio de subsidiariedad, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece expresamente:
“La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
En sintonía con la norma procesal, el desarrollo de la jurisprudencia constitucional fue diseñando los supuestos de subsidiariedad. A este efecto es preciso citar la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.1. se establecieron reglas y subreglas de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, en los siguientes términos: “…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución.
Respecto específicamente de la activación de vías paralelas o simultáneas, la SCP 0627/2015-S2 de 3 de junio, a concluido expresando que:
“…no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto al haber activado las accionantes dos vías paralelas o simultáneas reclamando los mismos hechos, incurrieron en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, motivo por el cual no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática”. Una posición contraria implicaría el riesgo de un doble pronunciamiento incluso contradictorio, tanto en la jurisdicción ordinaria -vía proceso ordinario posterior a lo decidido en un proceso ejecutivo- como en la jurisdicción constitucional -vía acción de amparo constitucional- sobre las mismas cuestiones, lo que es inconcebible en atención a un criterio elemental de coordinación y respeto entre las jurisdicciones» (las negrillas nos corresponden).
Identificado el objeto procesal que sustenta la pretensión de protección tutelar promovida por el accionante, a fin de la contextualización de la problemática planteada y delimitada precedentemente, corresponde inicialmente conocer los antecedentes procesales y jurisdiccionales inherentes a la misma.
Así se tiene que dentro el proceso penal seguido contra el ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de hurto de mineral, asociación delictuosa para la comisión de delitos vinculados a la sustracción de minerales, destrucción deterioro de bienes del Estado y la Riqueza Nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos por Auto Interlocutorio 134/2022 de 11 de junio, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva del hoy accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de Oruro, por el plazo de seis meses, en previsión de lo establecido por los arts. 233 numerales 1, 2 y 3; 234 numerales 1, 2 y 7; y, 235.2, todos del CPP, el cual siendo objeto de apelación incidental, en alzada fue confirmada mediante Auto de Vista de 142/2022-SP1 de 30 de junio, emitida por José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-(Conclusiones II.1 y II.2).
En virtud a ello, el hoy accionante en uso de su derecho a la defensa: i) Por memorial presentado el 14 de julio de 2022, dirigido ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, invocando la causal contenida en el art. 239.1 del CPP, solicitó se fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, ante lo cual se programó audiencia para dicho efecto para el 20 de igual mes y año a horas 15:00 (Conclusión II.3); y, ii) Activó la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de amparo constitucional el 18 de julio de 2022, conforme se verifica de la carátula del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ). En ese contexto, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien la acción de amparo constitucional es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares, la misma se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, por lo que no procede cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; por consiguiente, en caso de activación simultánea de otra jurisdicción y la vía constitucional, respecto a los mismos hechos que se alega dieron lugar a la lesión de los derechos invocados, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, con la finalidad de evitar resoluciones contrapuestas. En ese marco, en el caso objeto de estudio, -tal cual se tiene precisado- se tiene que mediante esta acción de amparo constitucional presentada el 18 de julio de 2022, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, a la defensa, en sentido que el Auto de Vista de 142/2022-SP1 que confirmó el Auto Interlocutorio 134/2022, que dispuso su detención preventiva, carecería de fundamentación y motivación esencialmente respecto a la concurrencia de los presupuestos previstos por el art. 233 numerales 1, 2 y 3 del CPP, los riesgos procesales de peligro para la sociedad o para la víctima, y de obstaculización -art. 235.2-, debido a que, a su criterio, no se cuentan con elementos de convicción materialmente verificables y que hagan razonablemente la concurrencia de los mismos, así también denuncia que con relación al riesgo procesal previsto por el art. 234.1 del citado Código, no fueron valorados ni analizados por la autoridad judicial accionada los elementos de prueba que aportó en audiencia de medida cautelar a efectos de demostrar su domicilio, además que a su juicio el plazo de seis meses dispuesto para su detención preventiva constituye una exageración, pues se habría acreditado que para el único actuado que se requiere su presencia es para la audiencia de inspección y reconstrucción del lugar del hecho.
No obstante, se evidencia que previo a la interposición de esta acción de amparo constitucional, por memorial presentado, el 14 de julio de 2022, ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva invocando la causal prevista por el art. 239.1 del CPP, fundamentando su pretensión -en audiencia de cesación de dicha medida extrema- precisamente sobre los mismos aspectos cuestionados en la presente acción de defensa; es decir, que a partir de la confirmación del Auto Interlocutorio 134/2022 por el Auto de Vista 142/2022-SP1, hoy cuestionado, el prenombrado activó dos jurisdicciones de forma simultánea; es decir, la vía ordinaria ante el Juez de la causa y la jurisdicción constitucional reclamando similares hechos.
Advirtiéndose de la documentación acompañada por la autoridad judicial accionada que mediante Auto Interlocutorio 176/2022 de 20 de julio, pronunciado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero de Huanuni del departamento de Oruro, se determinó rechazar la pretensión de cesación de la medida extrema del hoy accionante, manteniendo aun su detención preventiva por el tiempo y la forma que se dispuso mediante el Auto Interlocutorio 134/2022 (Conclusión II.4), verificándose del contenido del acta de audiencia -de 20 de julio de 2022- que dicha decisión fue objeto de impugnación por el ahora accionante, estando hasta ese momento pendiente de resolución, según lo informado por el Vocal accionado, extremo que además fue ratificado por la parte impetrante de tutela en audiencia de consideración de esta acción tutelar -el 26 de julio de 2022-.
En ese sentido, teniéndose que la parte accionante formuló su petición de cesación de la detención preventiva en busca de la modificación de su situación jurídica determinada por el Auto Interlocutorio 134/2022, además, de la presentación de la demanda constitucional solicitando se ordene la nulidad del Auto de Vista 142/2022-SP1 que la confirmó, se configura la activación de vías paralelas, para que ambas conozcan y resuelvan sobre un acto similar considerado lesivo, estando además al momento de la tramitación de esta acción tutelar pendiente de resolución la apelación formulada por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 176/2022 que determinó rechazar su solicitud de cesación de la medida extrema, incurriendo de ese modo en una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, puesto que de considerar el reclamo constitucional conforme se pretende, podría generar la emisión de fallos distintos provocando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, situación inadmisible que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 072/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 92 a 95, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0929_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4ccb7a1a6b7e6b1160aa9dc1c4e3cd1c8cfcb02e48e156793b078464467efef9
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