Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 22 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; además, del derecho a la defensa e igualdad de oportunidades; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, se emitió el Auto de Vista 122/22, a través del cual las autoridades ahora demandadas ratificaron el Auto de 8 de abril del mismo año, que declaró infundado su incidente sobreviniente de falta de tipicidad incurriendo en los siguientes agravios: a) Recayeron en contradicción e incongruencia, puesto que no dieron respuesta a los dos agravios fundamentados en audiencia referentes a la errónea aplicación de la norma y la defectuosa fundamentación del Auto emitido por la Jueza de primera instancia; b) Dieron validéz a la imputación considerando lo plasmado en ella; sin embargo, el objeto no era revisar la imputación y sus requisitos, por lo que no debían pronunciarse al respecto, recayendo en incongruencia extrapetita, que afectó además su derecho a la defensa por incrementar aspectos ajenos a los denunciados; c) Realizaron una defectuosa fundamentación y aplicación de normas respecto a los alcances de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva y del principio de favorabilidad, puesto que no consideraron al art. 123 del CPE y la disposición final última de la Ley 1390, que establecieron la aplicación de la ley más favorable al imputado; y, al haber la Ley 1390 modificado el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 38/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 125 a 132 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia citra petita; al derecho a la defensa e igualdad de oportunidades, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 122/22 de 21 de octubre de 2022 emitido por las autoridades ahora demandadas, quienes deberán emitir una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, únicamente respecto a la denuncia de incongruencia extra petita, de conformidad al Fundamento Jurídico III.3.2. del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0929/2023-S1 Sucre, 22 de agosto de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 55172-2023-111-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 38/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 125 a 132 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Lisbeth Delia Beatriz Erquicia Burgos contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursantes a fs. 1 y de fs. 36 a 54, la accionante expresó los siguientes argumentos de hechos y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, se emitió imputación formal sin considerar que el señalado tipo penal imputado, fue modificado por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción -Ley 1390- de 27 de agosto de 2021, normativa, que introdujo nuevos elementos y señaló conductas específicas que deben analizarse para adecuar una conducta al delito de incumplimiento de deberes; ante tal situación, planteó incidente de falta de tipicidad, señalando que con la modificación del tipo penal, la conducta denunciada, no se adecua en ninguna de las causales establecidas y que debe aplicarse tal ley, en consideración al principio de retroactividad y favorabilidad; en respuesta, la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Potosí emitió Auto de 8 de abril de 2022, declarando infundado su incidente.
Ante tal determinación, planteo apelación incidental, misma, que fue resuelta a través del Auto de Vista 122/22 de 21 de octubre de 2022, incurriendo en los siguientes agravios: Recae en contradicción e incongruencia, puesto que no dieron respuesta a los dos agravios fundamentados en audiencia, referentes a la errónea aplicación de la norma y la defectuosa fundamentación del Auto emitido por la Jueza de primera instancia, puesto que se hizo énfasis en la falta de consideración del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) sin considerarse tampoco el principio de retroactividad de la norma de manera más beneficiosa al imputado y tampoco se pronunciaron sobre la aplicación de la disposición final única de la ley 1390 la cual de manera clara indica que los jueces y fiscales deben aplicar el principio de retroactividad bajo el principio de favorabilidad. Los Vocales, dieron validez a la imputación considerando lo plasmado en ella; sin embargo, el objeto no era revisar la imputación y sus requisitos de validez, por lo que no debían pronunciarse al respecto, recayendo en incongruencia extrapetita que afectó además su derecho a la defensa por incrementar aspectos ajenos a los denunciados. Realizan una defectuosa fundamentación y aplicación de normas respecto a los alcances de la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva y del principio de favorabilidad, puesto que no consideran al art. 123 de la CPE, que establece la aplicación de la ley más favorable al imputado; y, al haber la Ley 1390 modificado el art. 154 del Código Penal (CP) es esta la que debe aplicarse en su caso, siendo más beneficioso como imputada, ya que este nuevo tipo penal, agregó que la conducta imputada debe generar tres aspectos, siendo en el caso de Autos, la existencia de daño económico al estado, situación que no refiere la imputación formal sobre la cual se interpuso el incidente; en consecuencia, la imputación formal se basó en un tipo penal anterior, por lo que no refiere en ninguna parte que su persona hubiera ocasionado algún daño económico al Estado. Finalmente, no se consideró la Disposición Final última de la Ley 1390 que determinó que se debe aplicar el principio de retroactividad en todo lo que beneficie al imputado. Finalmente, se observó que ninguna de las partes del Auto de Vista, refieren de manera clara y concisa cual es el sustento legal mediante el cual motivan su determinación, concentrándose únicamente en desarrollar los motivos de improcedencia sin dar respuesta a los agravios planteados.
La impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; además, del derecho a la defensa e igualdad de oportunidades, citando al respecto a los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: se deje sin efecto el Auto de Vista 122/22 emitido por los ahora demandados, debiendo emitirse uno nuevo que revoque el Auto de primera instancia.
Celebrada la audiencia pública el 26 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 115 a 124, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado, ratifico el extenso de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, refirió que: a) La imputación formal presentada en su contra es anterior a la vigencia de la Ley 1390, teniendo que el primero es de 5 de abril de 2021 y la ley de 27 de agosto, razón por la cual el incidente presentado fue sobreviniente; b) No se dió respuesta a los agravios planteados en audiencia de apelación incidental, alegando únicamente que el mecanismo utilizado no es el correcto para observar el presente aspecto y que en cambio debió presentarse una excepción, sin embargo, en consideración al art. 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no existe mecanismo legal para observar este aspecto referente a la falta de tipicidad sobreviniente; c) En consecuencia, omitieron considerar el principio de favorabilidad y el art. 123 de la CPE, que estableció que debe aplicarse la norma más favorable al imputado, lesionando su derecho al debido proceso; y, d) En el proceso, ya se emitió una acusación formal que recién consideró las modificaciones realizadas al tipo penal incumplimiento de deberes, sin embargo, tal aspecto le deja en indefensión, puesto que nunca se le notificó con una ampliación de imputación formal que considere los nuevos elementos del tipo penal.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de informe escrito cursante de fs. 82 a 83 vta., señaló: 1) Se declaró improcedentes las cuestiones planteadas, toda vez, que la ahora accionante no cumplió con la carga procesal prevista por el art. 396 inc. 3) del CPP, es decir, no se demostró que los agravios denunciados relativos a la falta de aplicación de normas procesales sustantivas y defectuosa fundamentación de la resolución; 2) Se explicó que no solamente es cuestión de invocar el medio de defensa sin la debida fundamentación respaldada con argumentos fácticos y probatorios pertinentes, y en especie, se tiene que el 5 de abril de 2021, el Ministerio Público presentó ante el Juez de grado la imputación formal y la imputada, el 29 de noviembre de 2021, después de más de siete meses, planteó incidente sobreviniente de falta de tipicidad argumentando que el 29 de agosto de 2021, se promulgó la Ley 1390 que modificó la descripción y tipificación del delito de incumplimiento de deberes, encontrándose la misma juzgada por una conducta atípica; 3) La ahora impetrante de tutela pretendía la nulidad de la imputación formal, puesto que estableció que la misma no consigna el tipo penal nuevo; sin embargo, no se puede establecer que esa imputación ingresa al campo de la nulidad, puesto que al momento de su emisión, estaban perfectamente definidos los elementos constitutivos, al margen de ello, la imputación calificó provisionalmente el hecho como incumplimiento de deberes, pero el hecho ya se encontraba en etapa de juicio oral radicado ante el “Juzgado de Sentencia” con el tipo penal definido; por ello, se le indicó que erró al formular el incidente sobreviniente por falta de tipicidad y por ello, correspondía más una excepción que posteriormente resolverá la cuestión de fondo; y, 4) Además, todos los agravios planteados, fueron debidamente respondidos y si bien indicó la lesión a una serie de derechos, no explicó como el Auto de Vista 122/22 emitido lesionó los mismos omitiendo establecer el nexo causal con la vulneración de principios careciendo la acción tutelar de debida argumentación y retórica. Julio Alberto Miranda Martínez Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no se apersonó a audiencia ni presentó informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 67.
Alex Yamil Mamani Condori, Gerente de la Aduana Nacional Regional Potosí, a través de su representante legal, en audiencia señaló que, la prueba presentada se valoró de forma correcta y que respecto al incidente de falta de tipicidad se allana a lo descrito en el informe del Vocal demandado.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí, mediante Resolución 38/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 125 a 132 vta., denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: i) La doctrina explicó lo que se debe entender por incidentes y excepciones, estableciendo que los incidentes atacaron simplemente al proceso; es decir, buscan subsanar aspectos de forma, por lo que los incidentes son el género y la excepciones la especie. En consecuencia, se concluye que evidentemente los Vocales demandados hicieron un análisis respondiendo a los agravios, si no lo hacen de forma precisa y concreta pero se refirieron a los puntos planteados, además, analizaron el Auto de la Jueza a quo, para finalmente señalar que conforme a los elementos obtenidos por el Ministerio Público, ya estuviera en juicio, explicando adecuadamente la diferencia entre incidente y excepción, desarrollando finalmente que el conducto utilizado no es el adecuado para pedir la nulidad de una imputación al abarcar temas de fondo y no de forma, aspecto que encuentra suficiente fundamentación, motivación y congruencia sin negar la aplicabilidad de esta norma, pero si desarrollando que la accionante equivocó el camino al oponer un incidente que no corresponde; y, ii) Se colige en consecuencia, que no existe vulneración alguna al debido proceso en las vertientes de fundamentación, motivación y congruencia menos al derecho a la defensa, toda vez que se hubiese ya acusado ampliando la acusación con el delito de Incumplimiento de Deberes con la agravante de daño económico al Estado, aspecto sobre el cual ya no puede emitirse un pronunciamiento puesto que esos elementos no fueron objeto de debate en esta acción de amparo, por lo que no hay nada que considerar respecto a esta vertiente de la defensa.
CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal, de 5 de abril de 2021, por el cual el Ministerio
Público imputó a la ahora accionante por el delito de incumplimiento de deberes (fs. 5 a 7 vta.). II.2. Consta memorial presentado el 29 de noviembre de 2021, por el cual la ahora impetrante de tutela planteó “Incidente sobreviniente de falta de tipicidad” alegando que: i) “…la interposición del presente incidente de carácter sobreviniente se realiza dentro del plazo establecido por el art. 314 del CPP, habiendo sido mi persona notificada con el inicio de investigación y la imputación en fecha 19 de noviembre del año en curso.” (sic); y, ii) El proceso penal se inició bajo el tipo penal de incumplimiento de deberes, conforme el art. 154 del CP modificado por la Ley de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas -Ley 004- de 31 de marzo de 2010; pero que sin embargo, dicho delito fue modificado por la Ley 1390, incorporando tres nuevos elementos necesarios para tipificar una conducta, por lo que la imputación formal, al no contar con la descripción de dichos elementos carece de tipicidad y se debe aplicar la disposición final de la ley 1390, que exige aplicar el principio de retroactividad en todo lo que beneficie al imputado. Solicitando finalmente se declare probado el incidente y se rechace la imputación formal presentada, por cuanto la conducta endilgada no constituye delito conforme a lo descrito por el art. 154 del CPP, modificado por la Ley 1390 (fs. 25 a 26 vta.). II.3. Mediante Auto de 8 de abril de 2022, la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Potosí, declaró infundado el incidente de atipicidad, determinando la continuación del proceso (fs. 27 a 30 vta.). II.4. Consta Auto de Vista 122/22 de 21 de octubre de 2022, a través del cual, los ahora demandados declararon improcedente la apelación incidental planteada contra el Auto de 8 de abril de 2022; esto, en consideración a los siguientes fundamentos:
“Antecedentes. - A la presentación de la imputación formal a cargo del MP contra Lizbeth Erquicia Burgos por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el Art. 154 del CP, en ejercicio de su derecho a la defensa, en fecha 29 de noviembre de 2021 planteó el incidente sobreviniente de Falta de Tipicidad bajo los siguientes argumentos Que, en fecha 29 de agosto de 2021 se promulgó la Ley 1390 que modifica la descripción y tipificación del delito de Incumplimiento de deberes introduciendo como nueva descripción exigiendo la concurrencia de cualquiera de los tres elementos tipificantes, de no ser concurrentes, la conducta endilgada carece de relevancia penal por falta de tipicidad, pues estaría siendo juzgada por una conducta atípica. En la presente audiencia, el abogado defensor de la recurrente ha denunciado 2 agravios concretos. La falta de aplicación de normas procesales y sustantivas y defectuosa fundamentación en la resolución; refiriendo que la juez de grado inobservó la prescripción constitucional previsto en el art. 123 en sentido de que debe aplicarse la retroactividad en materia penal cuando la norma sea más favorable para el imputado. Asimismo la disposición final de la Ley 1390 dice que esa aplicación es imperativa para la aplicación retroactiva de la disposición legal, la juez no aplicó esta disposición, dijo que previamente se acredite que no existe afectación económica al Estado cuando en realidad en la imputación no establece esa afectación económica. Por otro lado también refirió que el delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del Código Penal fue sistematizado como delito vinculado a corrupción por la Ley 04, consecuentemente la juez de grado debió aplicar la retroactividad conforme el art. 123 constitucional, la Ley 1390 y la Ley 04, esa resolución contraviene al principio de legalidad establecido en el art. 180 constitucional y también el debido proceso en su elemento del principio de legalidad. En relación al segundo agravio, la defectuosa fundamentación en la resolución, refiere que la juez consideró que no se pueden resolver cuestiones de fondo a través del incidente, sin embargo el Tribunal Constitucional razonó en sentido contrario, toda vez que cuando existe vulneración grosera al principio de legalidad se puede activar válidamente el incidente como medio idóneo para corregir esa vulneración. La juez no explicó porque no aplicó la Ley 1390 y tampoco el art. 123 constitucional. Existe una defectuosa fundamentación porque tergiversa los fundamentos del incidente planteado, no cumple con el art. 124 del CPP, por lo que, pide se revoque el auto venido en apelación incidental y se ordene la nulidad de la imputación. (…)
IV CONSIDERACIONES DE SALA El presente recurso es emergente de la resolución de la juez a quo que declaró infundado el incidente sobreviniente de Falta de Tipicidad, toda vez que, al presente, la recurrente estaría siendo juzgada por una conducta no típica, dada la vigencia plena de la ley 1390 que modificó la descripción y tipificación del delito de Incumplimiento de Deberes sancionado en el Art. 154 del CP. El MP cumplió con las formalidades de contenido de la imputación formal, además anunciando los elementos de prueba con los que acreditará esas circunstancias, máxime si lo que se investiga en el proceso penal son hechos y no tipos penales, cuya calificación en esta etapa es enteramente provisional, por lo que no advirtió defecto alguno, más bien, este requerimiento cumple con los requisitos procesales pertinentes. En el incidente se denunció que la imputación formal contra la recurrente, carece de relevancia penal por falta de tipicidad, pues a la fecha no cumple con los nuevos elementos constitutivos del tipo atribuido a la imputada por lo que en resguardo de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad y seguridad jurídica, pide se rechace la imputación en su contra Para la doctrina los incidentes son cuestiones que surgen y/o sobrevienen entre los litigantes durante la tramitación de la acción principal así de Santo concibe al incidente como un litigio accesorio suscitado como ocasión de un juicio normalmente sobre circunstancias de orden procesal y que se deciden mediante una sentencia o auto interlocutorio para nosotros auto interlocutorio. Por su parte Guillermo Cabanellas en su diccionario de derecho usual señala que el incidente constituye la cuestión distinta del principal asunto del juicio, en relacionada directamente con él, que se ventila y se decide por separado a veces sin suspender el curso de aquel y otras suspendiéndolo caso de esté que se denomina de previo y especial pronunciamiento. De lo anteriormente referido se puede colegir que los incidentes se constituyen en mecanismo de defensa que han sido previstos por el ordenamiento jurídico a efecto de que las partes puedan solicitar saneamiento del proceso cuando consideran que durante la tramitación del mismo se incurrió en actos u omisiones que constituyen defectos relativos y absolutos que ocasionan lesiones a los derechos y garantías del imputado, es decir el incidente es un proceso accesorio que surge y se sustancia dentro del proceso principal cuya resolución es independiente pero no necesario para resolver aquello, a efectos de considerar la nulidad impetrada corresponda partir de la siguiente premisa, donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad, sin embargo la existencia de un vicio no genera de por si indefensión, para ello es imprescindible que ese vicio sea trascendente, cause perjuicio y no sea atribuible a la negligencia de quien la reclama, para que configure indefensión esta debe producir una privación o limitación sustancial del derecho de defensa consistente en la imposibilidad de enervar o probar lo alegado. En la especie se tiene como antecedente que Lizbeth Esther Beatriz Erquicia Burgos fue sometida a este proceso penal por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, esa atribución y esa calificación provisional emerge del requerimiento de imputación de fecha 5 de abril del año 2021. Lo que se ha cuestionado en el incidente planteado es la nulidad de esa imputación formal toda vez que el 29 de agosto de 2021 fue promulgado la Ley 1390 que modifica entre otros, el tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES del art. 154 del CP estableciendo otros elementos constitutivos que no fueron considerados en la imputación formal que es anterior a esa vigencia, de ahí que la misma suma de su incidente hace presente del incidente sobreviniente de falta de tipicidad, vale decir que esta cuestión incidental planteada opte el juez de grado fue posterior a la emisión de la imputación formal y anterior a la vigencia plena de la Ley 1390, no se podría establecer que esa imputación ingresa al campo de la nulidad si al momento de su emisión estaba perfectamente definidos esos elementos constitutivos, pero al margen de ello como ha referido el MP esta imputación inicialmente consideró un hecho que fue calificado provisionalmente como un INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, a la fecha, el proceso se encuentre en una segunda etapa, vale decir en la etapa de juicio oral radicado ante El Juzgado de Sentencia La pretensión de la parte recurrente es que se anule esa imputación por falta de tipicidad sin embargo conforme los antecedentes que se tiene en este cuaderno y los nuevos antecedentes que el MP puso en conocimiento de ésta sala, esa calificación provisional, a la fecha seria definitiva porque existe un pliego acusatorio, la juez de grado en su resolución estableció de manera categórica qué la defensa erró el camino al formular el incidente sobreviniente de atipicidad por ello corresponde más a una excepción que desde luego resolverá cuestiones de fondo, este aspecto ya fue ilustrado por el vocal componente de esta Sala en sentido de que esa eventual actividad procesal tiene que ver necesariamente con cuestiones adjetivas, no sustantivas o de fondo, de otro lado la resolución establece si se tiene presente que los incidentes tienden a subsanar errores procesales que atingen al desarrollo del proceso que generan vulneración a derechos y garantías constitucionales como son el derecho a la defensa, que en este caso, de ninguna manera se lesiona ese derecho, pues la sindicada no tiene ninguna limitación para ejercer ese derecho a la defensa y cualquier otro que le franquee la ley. Todas las cuestiones que fueron planteadas por la parte recurrente, fueron respondidas por la juez de grado a cada una de sus pretensiones desarrolladas a través del Auto de fecha 8 de abril del año en curso, lo que por supuesto demuestra que los agravios denunciados por la parte recurrente no fueron demostrados de manera fehaciente” ([sic] fs. 31 vta. a 33 vta.).
La accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; además, del derecho a la defensa e igualdad de oportunidades; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, se emitió el Auto de Vista 122/22, a través del cual las autoridades ahora demandadas ratificaron el Auto de 8 de abril del mismo año, que declaró infundado su incidente sobreviniente de falta de tipicidad incurriendo en los siguientes agravios: a) Recayeron en contradicción e incongruencia, puesto que no dieron respuesta a los dos agravios fundamentados en audiencia referentes a la errónea aplicación de la norma y la defectuosa fundamentación del Auto emitido por la Jueza de primera instancia; b) Dieron validéz a la imputación considerando lo plasmado en ella; sin embargo, el objeto no era revisar la imputación y sus requisitos, por lo que no debían pronunciarse al respecto, recayendo en incongruencia extrapetita, que afectó además su derecho a la defensa por incrementar aspectos ajenos a los denunciados; c) Realizaron una defectuosa fundamentación y aplicación de normas respecto a los alcances de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva y del principio de favorabilidad, puesto que no consideraron al art. 123 del CPE y la disposición final última de la Ley 1390, que establecieron la aplicación de la ley más favorable al imputado; y, al haber la Ley 1390 modificado el art. 154 del CP es esta la que debe aplicarse en su caso, puesto que le benefició como imputada, ya que este nuevo tipo penal, agrega que la conducta imputada debe generar tres aspectos, siendo en el caso de Autos, la existencia de daño económico al estado, situación que no refiere la imputación formal sobre la cual se interpuso el incidente; d) En ninguna de las partes del Auto de Vista, refieren de manera clara y concisa cual es el sustento legal mediante el cual motivan su determinación, concentrándose únicamente en desarrollar los motivos de improcedencia sin dar respuesta a los agravios planteados. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que: 1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic [las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte
La accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; además, del derecho a la defensa e igualdad de oportunidades; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, se emitió el Auto de Vista 122/22, a través del cual las autoridades ahora demandadas ratificaron el Auto de 8 de abril del mismo año, que declaró infundado su incidente sobreviniente de falta de tipicidad incurriendo en los siguientes agravios: i) Recayeron en contradicción e incongruencia, puesto que no dieron respuesta a los dos agravios fundamentados en audiencia referentes a la errónea aplicación de la norma y la defectuosa fundamentación del Auto emitido por la Jueza de primera instancia; ii) Dieron validéz a la imputación considerando lo plasmado en ella; sin embargo, el objeto no era revisar la imputación y sus requisitos, por lo que no debían pronunciarse al respecto, recayendo en incongruencia extrapetita, que afectó además su derecho a la defensa por incrementar aspectos ajenos a los denunciados; iii) Realizaron una defectuosa fundamentación y aplicación de normas respecto a los alcances de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva y del principio de favorabilidad, puesto que no consideraron al art. 123 del CPE y la disposición final última de la Ley 1390, que establecieron la aplicación de la ley más favorable al imputado; y, al haber la Ley 1390 modificado el art. 154 del CP es esta la que debe aplicarse en su caso, puesto que le benefició como imputada, ya que este dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
nuevo tipo penal, agrega que la conducta imputada debe generar tres aspectos, siendo en el caso de Autos, la existencia de daño económico al estado, situación que no refiere la imputación formal sobre la cual se interpuso el incidente; iv) En ninguna de las partes del Auto de Vista, refieren de manera clara y concisa cual es el sustento legal mediante el cual motivan su determinación, concentrándose únicamente en desarrollar los motivos de improcedencia sin dar respuesta a los agravios planteados.
De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que el 5 de abril de 2021, el Ministerio Público emitió imputación formal contra la ahora accionante por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes (Conclusiones II.1). El 29 de noviembre de mismo año, la ahora impetrante de tutela planteó “incidente sobreviniente de falta de tipicidad” solicitando se declare probado el mismo y se rechace la imputación formal presentada (Conclusiones II.2) incidente que fue resuelto a través de Auto de 8 de abril de 2022 por la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Potosí, declarando infundado el incidente (Conclusiones II.3) Finalmente, impugnada dicha determinación, se emitió el Auto de Vista 122/22, por el cual, los ahora demandados declararon improcedente la apelación incidental (Conclusiones II.4). Con esos antecedentes, corresponde ingresar al fondo de las problemáticas planteadas, a efectos de verificar si las mismas son evidentes, teniendo en consecuencia que:
La accionante refiere que las autoridades demandadas recayeron en contradicción e incongruencia, puesto que no dieron respuesta a los dos agravios fundamentados en audiencia referentes a la errónea aplicación de la norma y la defectuosa fundamentación del Auto emitido por la Jueza de primera instancia. Al respecto, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, estableció que la congruencia se constituye en un principio rector de toda resolución judicial que exige plena correspondencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto. Entonces, bajo ese parámetro jurisprudencial, se observó del mismo Auto de Vista 122/22 (Conclusiones II.4) que la accionante habría manifestado en audiencia de apelación los siguientes agravios: a) La Ley 1390 modificó la descripción y tipificación del delito de incumplimiento de deberes, introduciendo para su tipificación la concurrencia de tres nuevos elementos que no fueron considerados en la imputación formal, por lo que debe aplicarse el art. 123 de la CPE, por ser la norma nueva, más favorable, aspecto que también señaló la disposición final de la Ley 1390; y, b) Encuentra además, deficiente fundamentación en la resolución de primera instancia, puesto que esta habría señalado que no se pueden resolver cuestiones de fondo a través de un incidente, cuando el Tribunal Constitucional razonó en sentido contrario; además, la Jueza no explicó porque no aplicó la ley 1390 como el art. 123 de la CPE, existiendo una defectuosa fundamentación. Ahora bien, a efectos de corroborar la existencia de respuesta o no a dichos agravios, se tiene al Auto de Vista ahora cuestionado, en su acápite denominado “Consideraciones de Sala” señaló:
“El presente recurso es emergente de la resolución de la juez a quo que declaró infundado el incidente sobreviniente de Falta de Tipicidad, toda vez que, al presente, la recurrente estaría siendo juzgada por una conducta no típica, dada la vigencia plena de la ley 1390 que modificó la descripción y tipificación del delito de Incumplimiento de Deberes sancionado en el Art. 154 del CP. El MP cumplió con las formalidades de contenido de la imputación formal, además anunciando los elementos de prueba con los que acreditará esas circunstancias, máxime si lo que se investiga en el proceso penal son hechos y no tipos penales, cuya calificación en esta etapa es enteramente provisional, por lo que no advirtió defecto alguno, más bien, este requerimiento cumple con los requisitos procesales pertinentes. En el incidente se denunció que la imputación formal contra la recurrente, carece de relevancia penal por falta de tipicidad, pues a la fecha no cumple con los nuevos elementos constitutivos del tipo atribuido a la imputada por lo que en resguardo de su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad y seguridad jurídica, pide se rechace la imputación en su contra Para la doctrina los incidentes son cuestiones que surgen y/o sobrevienen entre los litigantes durante la tramitación de la acción principal así de Santo concibe al incidente como un litigio accesorio suscitado como ocasión de un juicio normalmente sobre circunstancias de orden procesal y que se deciden mediante una sentencia o auto interlocutorio para nosotros auto interlocutorio. Por su parte Guillermo Cabanellas en su diccionario de derecho usual señala que el incidente constituye la cuestión distinta del principal asunto del juicio, en relacionada directamente con él, que se ventila y se decide por separado a veces sin suspender el curso de aquel y otras suspendiéndolo caso de esté que se denomina de previo y especial pronunciamiento. De lo anteriormente referido se puede colegir que los incidentes se constituyen en mecanismo de defensa que han sido previstos por el ordenamiento jurídico a efecto de que las partes puedan solicitar saneamiento del proceso cuando consideran que durante la tramitación del mismo se incurrió en actos u omisiones que constituyen defectos relativos y absolutos que ocasionan lesiones a los derechos y garantías del imputado, es decir el incidente es un proceso accesorio que surge y se sustancia dentro del proceso principal cuya resolución es independiente pero no necesario para resolver aquello, a efectos de considerar la nulidad impetrada corresponda partir de la siguiente premisa, donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad, sin embargo la existencia de un vicio no genera de por si indefensión, para ello es imprescindible que ese vicio sea trascendente, cause perjuicio y no sea atribuible a la negligencia de quien la reclama, para que configure indefensión esta debe producir una privación o limitación sustancial del derecho de defensa consistente en la imposibilidad de enervar o probar lo alegado. En la especie se tiene como antecedente que Lizbeth Esther Beatriz Erquicia Burgos fue sometida a este proceso penal por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, esa atribución y esa calificación provisional emerge del requerimiento de imputación de fecha 5 de abril del año 2021. La pretensión de la parte recurrente es que se anule esa imputación por falta de tipicidad sin embargo conforme los antecedentes que se tiene en este cuaderno y los nuevos antecedentes que el MP puso en conocimiento de ésta sala, esa calificación provisional, a la fecha seria definitiva porque existe un pliego acusatorio, la juez de grado en su resolución estableció de manera categórica qué la defensa erró el camino al formular el incidente sobreviniente de atipicidad por ello corresponde más a una excepción que desde luego resolverá cuestiones de fondo, este aspecto ya fue ilustrado por el vocal componente de esta Sala en sentido de que esa eventual actividad procesal tiene que ver necesariamente con cuestiones adjetivas, no sustantivas o de fondo, de otro lado la resolución establece si se tiene presente que los incidentes tienden a subsanar errores procesales que atingen al desarrollo del proceso que generan vulneración a derechos y garantías constitucionales como son el derecho a la defensa, que en este caso, de ninguna manera se lesiona ese derecho, pues la sindicada no tiene ninguna limitación para ejercer ese derecho a la defensa y cualquier otro que le franquee la ley. Todas las cuestiones que fueron planteadas por la parte recurrente, fueron respondidas por la juez de grado a cada una de sus pretensiones desarrolladas a través del Auto de fecha 8 de abril del año en curso, lo que por supuesto demuestra que los agravios denunciados por la parte recurrente no fueron demostrados de manera fehaciente” (sic [fs. 31 vta. a 33 vta.]) Por lo que respecto al primer agravio planteado, referente a la aplicación de la ley 1390 y el art. 123 de la CPE y la consideración del principio de favorabilidad, no se observó que la Resolución hubiera otorgado una respuesta precisa, puesto que en ningún momento realizó el análisis de retroactividad y de favorabilidad que es el objeto de lo incidentado. Con relación al segundo agravio, referente a la falta de fundamentación y motivación de la resolución de primera instancia únicamente señaló: “Todas las cuestiones que fueron planteadas por la parte recurrente, fueron respondidas por la juez de grado a cada una de sus pretensiones desarrolladas a través del Auto de fecha 8 de abril del año en curso, lo que por supuesto demuestra que los agravios denunciados por la parte recurrente no fueron demostrados de manera fehaciente” (sic) es decir, no se observó que las autoridades ahora demandadas, hubieran explicado que parte o partes de la resolución de primera instancia se encontraría debidamente fundamentadas, indicando de forma genérica que si se habría dado respuesta a lo planteado en el incidente en primera instancia.
Por lo desglosado, es que al observar la falta de respuesta a los agravios planteados, que corresponde sobre la presente problemática conceder la tutela solicitada.
La accionante señaló que dieron validez a la imputación considerando lo plasmado en ella; sin embargo, el objeto no era revisar la imputación y sus requisitos de validez, por lo que no debían pronunciarse al respecto, recayendo en incongruencia extrapetita, que afecta además su derecho a la defensa por incrementar aspectos ajenos a los denunciados. Siguiendo con el análisis de congruencia, se estableció que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, sobre la congruencia extrapetita, señaló que el juzgador, se encuentra impedido de resolver algo distinto o fuera de lo solicitado. Es así, que en el presente caso, es evidente que las autoridades demandadas, se pronunciaron sobre la imputación formal indicando que:
“Lo que se ha cuestionado en el incidente planteado es la nulidad de esa imputación formal toda vez que el 29 de agosto de 2021 fue promulgado la Ley 1390 que modifica entre otros, el tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES del art. 154 del CP estableciendo otros elementos constitutivos que no fueron considerados en la imputación formal que es anterior a esa vigencia, de ahí que la misma suma de su incidente hace presente del incidente sobreviniente de falta de tipicidad, vale decir que esta cuestión incidental planteada opte el juez de grado fue posterior a la emisión de la imputación formal y anterior a la vigencia plena de la Ley 1390, no se podría establecer que esa imputación ingresa al campo de la nulidad si al momento de su emisión estaba perfectamente definidos esos elementos constitutivos, pero al margen de ello como ha referido el MP esta imputación inicialmente consideró un hecho que fue calificado provisionalmente como un INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, a la fecha, el proceso se encuentre en una segunda etapa, vale decir en la etapa de juicio oral radicado ante El Juzgado de Sentencia” (sic).
Ahora bien, la peticionante de tutela, alegó que el pronunciamiento no debió realizarse sobre la imputación formal, puesto que, según ella, ese no era el objeto del incidente; sin embargo, del mismo memorial presentado por la accionante por el cual planteó su incidente de falta de tipicidad, observamos que su petitorio se encuentra dirigido a buscar el rechazo de la imputación formal (Conclusiones II.2) razón por la cual, necesariamente debía manifestarse criterio al respecto; es decir, si la impetrante de tutela solicitó el rechazo de la imputación formal, no puede esperar que no exista pronunciamiento al respecto, razón por la cual respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela solicitada.
La impetrante de tutela indicó que los demandados realizaron una defectuosa fundamentación y aplicación de normas respecto a los alcances de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva y del principio de favorabilidad, puesto que no consideraron al art. 123 del CPE y la disposición final última de la Ley 1390, que establecieron la aplicación de la ley más favorable al imputado; y, al haber la Ley 1390 modificado el art. 154 del CP es esta la que debe aplicarse en su caso, puesto que le benefició como imputada, ya que este nuevo tipo penal, agrega que la conducta imputada debe generar tres aspectos, siendo en el caso de autos, la existencia de daño económico al estado, situación que no refiere la imputación formal sobre la cual se interpuso el incidente. Sobre el punto, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que la fundamentación se refirió a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justificó su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resultó necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollaron los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Al respecto, se debe considerar que la imputación, como requerimiento conclusivo que apertura etapa preparatoria dentro del proceso penal, conforme el art. 302 inc. 4) del CPP, estableció que en ella debe constar: “la descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional…” entonces, tal inciso requiere que necesariamente el Fiscal de Materia, al momento de emitir su imputación formal, desglose los hechos por los cuales se imputa y cómo califica el tipo penal de forma provisional.
Bajo ese entendido, el primer aspecto a observar, es que el Auto de Vista ahora cuestionado, se funda -entre otros- en el hecho de que la imputación formal se emitió antes que la ley y que por ello, la misma no ingresaría en el campo de la nulidad. Sin embargo, se debe considerar que como la accionante lo señaló: “…la interposición del presente incidente de carácter sobreviniente se realiza dentro del plazo establecido por el art. 314 del CPP, habiendo sido mi persona notificada con el inicio de investigación y la imputación en fecha 19 de noviembre del año en curso” (sic). Es decir, la misma señaló (sin oposición de la otra parte) que la imputación se le notificó recién el 19 de noviembre de 2021 y por ello, al recién haber asumido conocimiento de tal requerimiento conclusivo se encontraba habilitada para cuestionar el contenido de la misma, pero a través de un incidente de falta de tipicidad en razón de que la razón sobreviniente es la promulgación de la norma que modifica el tipo penal. Entonces, la lógica que maneja la ahora impetrante de tutela es el adecuado, puesto que al momento en el que se le notifica con la imputación formal, ya se encontraba vigente la Ley 1390 y por ende, al haberse modificado el tipo penal que consta en la imputación formal a este es al que debe subsumirse la conducta aunque de manera provisional. Es decir, no es un error, que la ahora peticionante de tutela cuestione una resolución que se fundó sobre un tipo penal que en su momento se encontraba vigente, ya que esa resolución de imputación formal, evidentemente le genera indefensión pues le obliga a defenderse sin que ella manifieste los hechos necesarios para adecuarse aunque de manera provisional al tipo penal. En términos prácticos, es de claro conocimiento que el proceso penal no investigó tipos penales, sino hechos y por ello, la modificación del tipo penal de incumplimiento de deberes, exige nuevos elementos a los que la conducta del sindicado debe adecuarse para que la misma sea considerada típica; sin embargo, la imputación formal, no describe de ninguna manera estos nuevos elementos, por lo que al no saber la imputada de que hechos defenderse, le genera precisamente indefensión. En consecuencia es un error que la resolución ahora cuestionada, quiera salvar la imputación formal bajo el fundamento de que la misma se emitió con anterioridad a la ley, cuando debe contarse, desde el momento en el que la imputada tomó conocimiento de la misma y en aquel momento, al encontrarse la ley vigente, se encontraba habilitada para cuestionar la misma. Otra de las causales que manifiestó la parte demandada en su resolución ahora cuestionada, para declarar la improcedencia de la apelación incidental, es que al momento de resolver la misma ya existiría acusación formal; aspecto inentendible, puesto que el hecho de que exista acusación formal, no generó la certeza de que la etapa preparatoria se desarrolló adecuadamente y además, que la acusación formal no es el objeto de la apelación incidental y por ello, no podían los vocales ahora demandados opinar respecto a la misma, puesto que previamente la accionante puede usar los mecanismos que la ley le franquea para cuestionar la misma o al contrario allanarse y asumir defensa sobre su contenido, por lo que mal puede fundarse la falta de tipicidad de una resolución que apertura la etapa preparatoria, con la existencia de una acusación. Por lo descrito, se observa que evidentemente la resolución ahora cuestionada, en ningún momento consideró la retroactividad y favorabilidad con la que debe evaluarse el caso y que hubiera permitido entender la situación de indefensión en la que se encontraba la ahora accionante al imponérsele la obligación de asumir defensa sobre hechos no imputados, correspondiendo en consecuencia sobre la presente problemática conceder la tutela solicitada.
La accionante señaló que, en ninguna de las partes del Auto de Vista 122/22, refieren de manera clara y concisa cual es el sustento legal mediante el cual motivan su determinación, concentrándose únicamente en desarrollar los motivos de improcedencia sin dar respuesta a los agravios planteados. Al respecto y siguiendo en los parámetros de análisis de fundamentación y motivación desarrollados por el Fundamento Jurídico III.1, se observó que en principio, la resolución ahora cuestionada señaló:
“Para la doctrina los incidentes son cuestiones que surgen y/o sobrevienen entre los litigantes durante la tramitación de la acción principal así de Santo concibe al incidente como un litigio accesorio suscitado como ocasión de un juicio normalmente sobre circunstancias de orden procesal y que se deciden mediante una sentencia o auto interlocutorio para nosotros auto interlocutorio. Por su parte Guillermo Cabanellas en su diccionario de derecho usual señala que el incidente constituye la cuestión distinta del principal asunto del juicio, en relacionada directamente con él, que se ventila y se decide por separado a veces sin suspender el curso de aquel y otras suspendiéndolo caso de esté que se denomina de previo y especial pronunciamiento. De lo anteriormente referido se puede colegir que los incidentes se constituyen en mecanismo de defensa que han sido previstos por el ordenamiento jurídico a efecto de que las partes puedan solicitar saneamiento del proceso cuando consideran que durante la tramitación del mismo se incurrió en actos u omisiones que constituyen defectos relativos y absolutos que ocasionan lesiones a los derechos y garantías del imputado, es decir el incidente es un proceso accesorio que surge y se sustancia dentro del proceso principal cuya resolución es independiente pero no necesario para resolver aquello, a efectos de considerar la nulidad impetrada corresponda partir de la siguiente premisa, donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad, sin embargo la existencia de un vicio no genera de por si indefensión, para ello es imprescindible que ese vicio sea trascendente, cause perjuicio y no sea atribuible a la negligencia de quien la reclama, para que configure indefensión esta debe producir una privación o limitación sustancial del derecho de defensa consistente en la imposibilidad de enervar o probar lo alegado” (sic). Se observó en consecuencia, que esta primera parte se enfocó en analizar la naturaleza de los incidentes, concluyendo, en suma, que los mismos responden a criterios accesorios del proceso; sin embargo, es evidente la falta de fundamentación, puesto que en ningún momento, establecen el marco normativo o jurisprudencial que regule este aspecto; además de ello, establecen que su aplicabilidad se dará cuando un vicio del proceso genere indefensión, sin embargo, en ningún momento desglosan los elementos que hacen al proceso, que permitan entender porque afirman que no se violentó el derecho a la defensa; en suma, en esta parte de la resolución, se enfocaron únicamente a reiterar doctrina, sin asociarla a alguna cuestión del caso en concreto, observando que la falta de fundamentación generó también una inadecuada motivación. Posteriormente agregan:
“Lo que se ha cuestionado en el incidente planteado es la nulidad de esa imputación formal toda vez que el 29 de agosto de 2021 fue promulgado la Ley 1390 que modifica entre otros, el tipo penal de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES del art. 154 del CP estableciendo otros elementos constitutivos que no fueron considerados en la imputación formal que es anterior a esa vigencia, de ahí que la misma suma de su incidente hace presente del incidente sobreviniente de falta de tipicidad, vale decir que esta cuestión incidental planteada opte el juez de grado fue posterior a la emisión de la imputación formal y anterior a la vigencia plena de la Ley 1390, no se podría establecer que esa imputación ingresa al campo de la nulidad si al momento de su emisión estaba perfectamente definidos esos elementos constitutivos, pero al margen de ello como ha referido el MP esta imputación inicialmente consideró un hecho que fue calificado provisionalmente como un INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, a la fecha, el proceso se encuentre en una segunda etapa, vale decir en la etapa de juicio oral radicado ante El Juzgado de Sentencia. La pretensión de la parte recurrente es que se anule esa imputación por falta de tipicidad sin embargo conforme los antecedentes que se tiene en este cuaderno y los nuevos antecedentes que el MP puso en conocimiento de ésta sala, esa calificación provisional, a la fecha seria definitiva porque existe un pliego acusatorio, la juez de grado en su resolución estableció de manera categórica qué la defensa erró el camino al formular el incidente sobreviniente de atipicidad por ello corresponde más a una excepción que desde luego resolverá cuestiones de fondo, este aspecto ya fue ilustrado por el vocal componente de esta Sala en sentido de que esa eventual actividad procesal tiene que ver necesariamente con cuestiones adjetivas, no sustantivas o de fondo, de otro lado la resolución establece si se tiene presente que los incidentes tienden a subsanar errores procesales que atingen al desarrollo del proceso que generan vulneración a derechos y garantías constitucionales como son el derecho a la defensa, que en este caso, de ninguna manera se lesiona ese derecho, pues la sindicada no tiene ninguna limitación para ejercer ese derecho a la defensa y cualquier otro que le franquee la ley. Todas las cuestiones que fueron planteadas por la parte recurrente, fueron respondidas por la juez de grado a cada una de sus pretensiones desarrolladas a través del Auto de fecha 8 de abril del año en curso, lo que por supuesto demuestra que los agravios denunciados por la parte recurrente no fueron demostrados de manera fehaciente” (sic). Se observó, que la resolución ahora cuestionada, afirmó que la imputación formal no podía ingresar al campo de la nulidad si al momento de su emisión estaban perfectamente definidos los elementos constitutivos; sin embargo, tal afirmación no se observa nuevamente que responda al análisis de algún parámetro normativo o jurisprudencial, es decir son afirmaciones arbitrarias, puesto que no responden a un criterio legal; además, afirma que no existe lesión alguna puesto que ya existe acusación formal; sin embargo, no establece nuevamente en que ley o norma se sustenta tal afirmación y que explique textualmente que la existencia de una acusación significa que la etapa preparatoria del proceso se desarrolló adecuadamente. Por todo lo desarrollado, es evidente que la resolución ahora cuestionada no desarrolló o no funda sus afirmaciones en parámetros legales que permitan comprender la legalidad de sus actuados, aspecto que desemboca en una inadecuada fundamentación y motivación de la resolución; correspondiendo así, respecto a la presente problemática conceder la tutela solicitada. Por lo señalado, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 38/2023 de 26 de abril, cursante de fs. 125 a 132 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia citra petita; al derecho a la defensa e igualdad de oportunidades, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 122/22 de 21 de octubre de 2022 emitido por las autoridades ahora demandadas, quienes deberán emitir una nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, únicamente respecto a la denuncia de incongruencia extra petita, de conformidad al Fundamento Jurídico III.3.2. del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0929_2023-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): a11331e0a9601175ec34548323f17eefc2e7126c140daec51b45482ac6993d57
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