B.IA.LEGAL

SCP 0927/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de diciembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
52009-2022-105-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación arbitraria e incongruente, e interpretación errónea de la norma, de acceso a la justicia, a la propiedad ganancial y a la propiedad privada; además del principio de seguridad jurídica; puesto que los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Motivación arbitraria e incongruente y falta de valoración racional de la prueba al señalar que se embargó solo la parte del bien inmueble que le pertenecía a su esposo, cuando de acuerdo al acta de embargo, el mismo se efectuó sobre la totalidad del bien inmueble; y, al afirmar que no correspondía la nulidad del avalúo por no ser reclamado por nadie, a pesar, de embargarse y avaluarse la totalidad del bien inmueble; b) Al ordenar su notificación con la demanda y el estado actual del proceso, siendo tal decisión arbitraria e incongruente, ya que al no ser parte del proceso no tiene por qué asumir defensa; c) Al no excusarse de conocer y resolver el recurso de apelación el Vocal ahora coaccionado, no obstante de ser Juez al inicio del proceso; d) Interpretación errónea al ordenar se le notifique con la demanda y no así con la sentencia inicial; e) Valoración irracional de la prueba referida al embargo y avalúo del bien inmueble al no considerar que se debió “oblar” la diferencia para recién adjudicarse; y, f) Los Vocales ahora accionados no se percataron que el recurso de apelación formulado por el tercero interesado, fue inte…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 090/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 78 a 81 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Con relación a la legitimación activa. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
  4. III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  5. III.5. Presupuestos de la nulidad procesal
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0927/2024-S3 Sucre, 26 de diciembre de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 52009-2022-105-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 090/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 78 a 81 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mirian Aguilera Mozas contra Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suarez, Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 29 de junio de 2022, cursante de fs. 14 a 22, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso ejecutivo seguido por su persona, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, omitieron revisar el expediente, debido a que no se percataron que el recurso de apelación fue formulado después de aproximadamente dos años de emitida la resolución, motivo por el cual no se cumplió con el plazo para apelar que tiene el tercero interesado, conforme con lo previsto por el art. 56 del Código Procesal Civil (CPC). Asimismo, los referidos Vocales al momento de pronunciar el citado Auto de Vista vulneraron su derecho al debido proceso ya que efectuaron una fundamentación y motivación arbitraria e incongruente al señalar que solo se embargó la parte del bien inmueble que le corresponde a su esposo; sin embargo, de la revisión del acta de embargo, se establece que el mismo fue sobre la totalidad del bien inmueble. Asimismo, los Vocales ahora accionados al afirmar que no corresponde la nulidad del avaluó porque “…no ha sido reclamado como tal por nadie…” (sic), es ilegal ya que el vicio de nulidad se inició con el embargo del 100% del bien inmueble, posteriormente el Juez de la causa incumpliendo con sus obligaciones ordenó que el avalúo se efectúe por el 100% del citado bien inmueble, lo cual vicia de nulidad el propio avalúo. Al ordenar que se le notifique con la demanda y el actual estado del proceso para que asuma defensa, resulta arbitrario e incongruente, ya que no es parte en el proceso ni tiene que asumir defensa alguna, puesto que solo pide que se respete el 50% de su copropiedad; en ese sentido, no tiene necesidad de plantear ningún acto de defensa, ya que era obligación de los mencionados Vocales corregir el procedimiento y confirmar la resolución apelada. Así también sorprende que el Vocal hoy accionado, no se haya excusado de resolver el recurso de apelación formulado contra la resolución que emitió otro Juez en suplencia legal, no obstante, de ser el Juez inicial de la causa. Toda la interpretación arbitraria emerge de la falta de fundamentación sobre el hecho de no anular el embargo de su propiedad y solo invalidar el remate de la parte de su propiedad; lo que implica que continúa la vulneración de sus derechos al continuar embargado su bien inmueble. Los Vocales ahora accionados efectuaron una errónea interpretación y aplicación de las normas, al disponer que se le notifique con la demanda y no con la sentencia inicial; por otra parte, al ordenar la notificación con la demanda, se cuestiona si aquello implicó que deberá asumir defensa como parte en el proceso; puesto que, no firmó contrato alguno con el ejecutante; asimismo, se cuestiona si el Juez debe dictar otra sentencia en la que se le incluya; en ese sentido, no se realizó una valoración racional de la prueba, al no considerarse que su bien inmueble fue embargado, que el avalúo incluyó su bien inmueble; y que el adjudicatario debió “oblar” la diferencia para recién poder adjudicarse, lo que evidencia que la prueba no fue valorada por los Vocales hoy accionados al momento de la emisión del Auto de Vista 001/2022, no obstante, que todos esos aspectos fueron reclamados en la respuesta al recurso de apelación, razón por la cual, las referidas autoridades debieron pronunciarse y no limitarse a señalar que no era necesario; como se advierte, el mencionado Auto de Vista es incongruente, ya que no resuelve lo apelado y además se excede al ordenar que se le notifique con la demanda, para que asuma defensa, siendo que ninguna de las partes procesales pidió tal extremo.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación arbitraria e incongruente, e interpretación errónea de la norma, de acceso a la justicia; a la propiedad ganancial y a la propiedad privada; además del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los art. 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda tutela, y en consecuencia: a) Se restablezcan sus derechos vulnerados; y, b) Se anule el Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, debiendo los Vocales hoy accionados emitir un nuevo auto de vista en el cual cumplan con su función de evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia y consiguientemente analizar los antecedentes y fallar en el fondo con base a los argumentos señalados, con la finalidad de evitar la vulneración de sus derechos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de agosto del 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 77, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suarez, Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe alguno, pese de sus citaciones cursantes a fs. 61.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Porfidio Willy Herrera Lima, a través de su abogada en audiencia, manifestó que: 1) En el presente caso existen actos consentidos, ya que José Luis Terán Cayoja -hoy tercero interesado-, quien es el ejecutante, formuló desistimiento, y el Juez de la causa mediante Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022, dio lugar al desistimiento y ordenó el levantamiento de todas las medidas precautorias decretadas en el proceso y el respectivo archivo de obrados; contra dicha decisión, la accionante no interpuso recurso alguno; por lo que, se presentó una acción de amparo constitucional contra una resolución que ya no tiene ningún efecto; consecuentemente, existiendo dicho desistimiento, en caso de concederse la tutela solicitada, se provocará una incertidumbre jurídica, motivo por el cual corresponde que se declare la improcedencia de esta acción de defensa; 2) Por lealtad procesal refirió que formuló recurso de apelación, que se encuentra en la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a la espera de una resolución; 3) En esta acción tutelar, existe otra causal de improcedencia, que es la falta de legitimación activa; puesto que, en el Auto de Vista 001/2022 se establece que se respeta el 50% del derecho de propiedad de la accionante; por lo que, no se vulneró ningún derecho a la nombrada, ya que la única alícuota que se mantiene adjudicada es la que le corresponde a Christopher Legon Suarez -ahora tercero interesado-, motivo por el cual solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional, con costas por ser dicha acción de defensa dilatoria respecto a entrega inmediata del bien inmueble y que cese la medida precautoria; 4) El Auto de Vista 001/2022, se encuentra ampliamente fundamentado y argumentado con relación a la anulación parcial; 5) En el proceso ejecutivo seguido por José Luis Terán Cayoja contra Christopher Legon Suarez -ambos ahora terceros interesados-; -Porfidio Willy Heredia Lima, también tercero interesado- quien compró el bien inmueble del adjudicatario, no era parte de dicho proceso, motivo por el cual no fue notificado con el incidente de nulidad interpuesto por la accionante, tampoco con la resolución que anula obrados ni con la que canceló su derecho propietario; en ese sentido, se apersonó al proceso como tercero interesado cuando se enteró que el bien inmueble que compró ya no le pertenecía; por lo que, no se puede alegar que formuló recurso de apelación después de dos años y que dicho recurso era inadmisible, en razón a que el art. 56 del CPC establece el plazo de diez días de la notificación, pues reitera que no existe notificación alguna a su persona con ninguna resolución, antes de su apersonamiento; 6) La accionante no fue citada porque no era parte del proceso ejecutivo; en ese sentido, se dispuso el embargo; empero, salvando la alícuota parte de la nombrada; asimismo, de acuerdo al acta emitida por la Notaria de Fe Pública, la adjudicación se produjo sobre la alícuota parte perteneciente a Christopher Legon Suarez -ahora tercero interesado-; por lo que, no existe legitimación activa por parte de la accionante. El error fue cometido en la “minuta” en la que se consignó el 100% del bien inmueble “…evidentemente la extensión de la minuta sobre el 100% del inmueble ni tampoco correspondía la cancelación del 100% del inmueble conforme se hizo en el caso de autos me imagino que por falta de dirección del seguimiento por parte de los abogados…” (sic); 7) No se puede considerar una incongruencia o falta de fundamentación de la disposición de que se notifique a la accionante, ya que la misma tiene que asumir defensa; puesto que existe un objeto que se encuentra en litigio; 8) Con relación a que no se depositó la diferencia, de acuerdo con los antecedentes se evidencia que existirían otras deudas que fueron consideradas como el pago por la diferencia; empero, aquello no puede ser reclamado por la accionante, ya que se refiere a la alícuota parte de Christopher Legon Suarez -hoy tercero interesado-, y no así de la que le pertenece a la accionante; 9) Le extraña que a su abogada se le acuse por el hecho de ser “Secretaria del Juzgado”, ya que no tiene ningún parentesco con el Juez, no es su compadre ni tiene amistad, tampoco enemistad ni es acreedora de la autoridad judicial; empero, si considera que existía alguna causal de recusación se debió formular el incidente de recusación oportunamente; y, 10) Con relación a que “el tercero interesado” quiere continuar usufructuando el bien inmueble por dos o tres años, se tiene que no existe aquel usufructo, puesto que era propietario hasta que en el proceso ejecutivo se canceló su derecho propietario.

José Luis Terán Cayoja y Christopher Legon Suarez, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, a pesar de sus notificaciones cursantes a fs. 27 y vta.

I.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segunda-, mediante Resolución 090/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 78 a 81 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los antecedentes del proceso ejecutivo seguido por José Luis Terán Cayoja contra Christopher Legon Suarez -hoy terceros interesados-, en el cual la accionante tiene la calidad de tercera interesada, se establece que por memorial presentado el 11 de noviembre del 2021, José Luis Terán Cayoja manifestó que llegó a un acuerdo total con el demandado Chisthoper Legón Suarez y desistió del proceso y del derecho, solicitando el archivo de obrados y que se levanten todas las medidas cautelares ordenadas contra el ejecutado; solicitud que mereció el Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022, a través del cual, el Juez Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Beni, ante la aceptación del ejecutado, aprobó el desistimiento, disponiendo el levantamiento de todas las medidas precautorias decretadas, así como el archivo de obrados; con dicho Auto Definitivo, la accionante fue notificada el 31 de ese mes y año, a las 12:24 horas, sin advertirse que contra ese Auto Definitivo se interpuso recurso alguno; y, ii) De lo descrito, se tiene que los hechos identificados en la presente acción tutelar como supuestos actos lesivos fueron admitidos y consentidos por la propia accionante al no impugnar el mencionado Auto Definitivo a través del cual, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del citado departamento aprobó el desistimiento, ordenando el archivo de obrados y el levantamiento de las medidas precautorias, constituyendo una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional de acuerdo a lo previsto por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 1 de octubre de 2024, cursante a fs. 138, se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 30 de octubre de 2024, cursante a fs. 173; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa mandamiento de embargo de 23 de octubre de 2018, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Beni, a través del cual ordenó que se proceda al embargo de los bienes de Mirian Aguilera Mozas -ahora accionante- y Christopher Legon Suarez -hoy tercero interesado- (fs. 105); asimismo, consta acta de embargo de igual fecha, en la que se establece que se procedió al embargo del bien inmueble urbano, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo el folio real con matrícula computarizada 8011010002202, ubicado en la zona Fátima, sobre la Av. 12 de octubre de la ciudad de la Santísima Trinidad, con una superficie total de 360 m, de propiedad de los nombrados anteriormente (fs. 106). II.2. Por Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, emitido por Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suarez, Vocales de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -ahora accionados-se revocó en parte la “resolución impugnada” y se dispuso la nulidad parcial de la adjudicación respecto a la alícuota parte de la accionante, salvando la adjudicación del otro 50% correspondiente a la alícuota de Christopher Legon Suarez -ahora tercero interesado-; asimismo, se ordenó que se notifique a la incidendista con la demanda y el estado actual del proceso para que asuma defensa (fs. 2 a 3 vta.). II.3. Mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2021, ante el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Beni, José Luis Terán Cayoja -ahora tercero interesado- formuló desistimiento “...a la presente acción y al derecho que me asiste, pidiendo a su autoridad el archivos de obrados y se levanten todas las medidas cautelares ordenadas en contra del ejecutado…” (sic [fs. 144]). A través del Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022, la citada autoridad judicial “aprobó” el desistimiento del proceso y del derecho, disponiendo el levantamiento de todas las medidas precautorias decretadas en el proceso, si existiesen (fs. 145). Finalmente, por Auto de Vista 14/2023 de 9 de enero, emitido por los Vocales de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se revocó el Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022, disponiendo dejar sin efecto la aceptación del desistimiento presentado por el referido hoy tercero interesado (fs. 146 a 150).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación arbitraria e incongruente, e interpretación errónea de la norma, de acceso a la justicia, a la propiedad ganancial y a la propiedad privada; además del principio de seguridad jurídica; puesto que los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) Motivación arbitraria e incongruente y falta de valoración racional de la prueba al señalar que se embargó solo la parte del bien inmueble que le pertenecía a su esposo, cuando de acuerdo al acta de embargo, el mismo se efectuó sobre la totalidad del bien inmueble; y, al afirmar que no correspondía la nulidad del avalúo por no ser reclamado por nadie, a pesar, de embargarse y avaluarse la totalidad del bien inmueble; b) Al ordenar su notificación con la demanda y el estado actual del proceso, siendo tal decisión arbitraria e incongruente, ya que al no ser parte del proceso no tiene por qué asumir defensa; c) Al no excusarse de conocer y resolver el recurso de apelación el Vocal ahora coaccionado, no obstante de ser Juez al inicio del proceso; d) Interpretación errónea al ordenar se le notifique con la demanda y no así con la sentencia inicial; e) Valoración irracional de la prueba referida al embargo y avalúo del bien inmueble al no considerar que se debió “oblar” la diferencia para recién adjudicarse; y, f) Los Vocales ahora accionados no se percataron que el recurso de apelación formulado por el tercero interesado, fue interpuesto fuera el plazo previsto por el art. 56 del CPC, tampoco, se pronunciaron sobre todos los aspectos reclamados en la respuesta del citado recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Con relación a la legitimación activa. Jurisprudencia reiterada

Respecto a la capacidad de la parte accionante de solicitar la protección constitucional, la SCP 0753/2020-S3 de 23 de octubre, citando a su vez a la SCP 0720/2019-S1 de 12 de agosto, estableció que: «Al respecto, la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional, de manera reiterada asumió el entendimiento de que la legitimación activa constituye la facultad de solicitar la protección de la tutela del amparo por quien es el titular del derecho respecto al cual se solicita la protección, así la SCP 1507/2014 de 16 de julio, señaló que: La legitimación activa en la acción de amparo constitucional es entendida como la capacidad que tiene toda persona sea natural o jurídica para interponerla y solicitar al Estado la protección o restitución de un derecho vulnerado. En ese sentido, quien tiene esta capacidad de solicitar la tutela de su supuesto derecho vulnerado, es el titular del mismo o, en su caso, un representante legítimamente acreditado a través de un poder notarial. En cuanto a la legitimación activa, el art. 129.I de la CPE establece que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, o por otra a su nombre siempre que acompañe un poder notariado, o en su caso por la autoridad correspondiente. Al respecto, la jurisprudencia constitucional de forma reiterada ha dejado establecido que a momento de interponer la acción de amparo constitucional, el accionante debe demostrar que el hecho denunciado recae directamente en un derecho del cual es titular; así lo estableció la SCP 929/2014 de 15 de mayo: “La legitimación activa es un presupuesto procesal para la admisión de la demanda, implica la existencia de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho que se invoca, para acreditar este presupuesto es necesario demostrar la vinculación entre el acto que se impugna y su derecho legítimo supuestamente lesionado. La SC 0626/2002-R de 3 junio, al respecto señaló: '...a efectos de plantear un Amparo, es preciso que toda persona que recurre en busca de la tutela que otorga dicha garantía constitucional acredite debidamente su legitimación activa; es decir, que demuestre conforme exige el ordenamiento jurídico, que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo (...) no se puede plantear una demanda de Amparo, sino demostrando ser el agraviado directo por la autoridad o particular recurrido, pues las únicas personas que pueden denunciar la violación de un derecho fundamental ajeno, son el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público conforme a los arts. 124 y 129-I de la Constitución Política del Estado’”».

III.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

La SCP 0057/2014-S3 de 20 de octubre, señaló que: “El art. 128 de la Norma Suprema, estableció la acción de amparo constitucional como un medio de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; por su parte, reconociendo el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el art. 129.I, señaló que: ‘…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; en ese contexto, el art. 53.3 del CPCo, ha previsto respecto a los presupuestos de improcedencia de esta acción, que ésta no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno; precepto normativo que, de manera expresa prevé el principio subsidiario de la acción de amparo constitucional, entendido éste como la utilización previa de todos los medios y recursos previstos en el ordenamiento jurídico; es decir, que ‘no podrá ser interpuesto mientras (…) no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo; así lo ha entendido este Tribunal en su amplia jurisprudencia' (SC 0492/2003-R de 15 de abril); lo que significa que la parte que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato previsto en la vía administrativa o judicial se tenga, antes de acudir a esta jurisdicción constitucional, o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, y una vez agotados dichos medios y no obstante mantenerse subsistente la amenaza, restricción o supresión, recién queda expedita la vía constitucional para la protección de los derechos desconocidos, ya sea cesando la amenaza, restricción o supresión y/o restableciéndolos, y así reparar o reponer las deficiencias de la vía ordinaria, entendimiento que fue reiterado por la jurisprudencia constitucional (SSCC 635/2003-R, 1343/2004-R, 1781/2010-R, 1226/2011-R, entre otras).

Del desarrollo de dicho entendimiento jurisprudencial, el anterior Tribunal Constitucional estableció subreglas al principio de subsidiariedad al señalar que el amparo constitucional será improcedente cuando: ʽ1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución' (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre)”.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

Con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, la citada SCP 0061/2018-S2, señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre[…]; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio[…], se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre[…] refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[…] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-[…].

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio[…], así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio[…], estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre[…], entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo[…], señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio[…], estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.4. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0030/2018-S2 6 de marzo señaló que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.5. Presupuestos de la nulidad procesal

La SCP 0207/2018-S2 de 23 de mayo, refirió que: “La nulidad procesal como una especie de sanción procesal, se halla regida por principios que se encuentran reconocidos por la normativa procesal civil; los mismos que hace referencia la jurisprudencia constitucional. Así, la SC 0731/2010-R de 26 de julio establece que los presupuestos para declarar la nulidad son: a) Los principios de especificidad o legalidad; en cuyo mérito, solo puede declararse la nulidad, si esta sanción está expresamente prevista por norma legal; b) El principio de finalidad del acto; por el cual, no es posible declarar la nulidad, si el acto, a pesar de su irregularidad, cumplió la finalidad a la que estaba destinado; c) El principio de trascendencia; que señala que la nulidad procesal solo puede ser declarada, si el acto irregular ocasionó un perjuicio serio e irreparable; y, d) El Principio de convalidación; en cuyo mérito, no es posible declarar la nulidad, si el afectado con el acto irregular, lo consiente expresa o tácitamente. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional estableció también, que un acto procesal es susceptible de nulidad, solo cuando es reclamado oportunamente o el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causó indefensión, afectando su derecho a la defensa; dicho entendimiento fue complementado en el Fundamento Jurídico III.1 de la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, determinando que quien pide la nulidad, debe ser el agraviado por el acto viciado, además, tiene que verificarse la concurrencia de las siguientes condiciones: …1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. El referido razonamiento fue reiterado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, entre otras. Posteriormente, la SCP 0134/2014-S1 de 5 de diciembre, refiriéndose al contenido de las normas relativas al régimen de las nulidades procesales previstas en el Código Procesal Civil, señala que para la declaración de la nulidad, aun de oficio, deben concurrir los principios establecidos en la SC 0731/2010-R. En síntesis, la declaración de nulidad de obrados, aun sea de oficio, debe efectuarse previo análisis de la irregularidad procesal, sobre la base del tamiz de los principios que líneas arriba se mencionó; los cuales regulan las nulidades procesales, como son el principio de especificidad o legalidad, en este caso, considerando su relatividad en virtud de la nulidad implícita o virtual, que nos referiremos en el acápite siguiente; los principios de finalidad del acto; de trascendencia; y, de convalidación, que se encuentra vinculado directamente con el de preclusión”.

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación arbitraria e incongruente, e interpretación errónea de la norma, de acceso a la justicia, a la propiedad ganancial y a la propiedad privada; además del principio de seguridad jurídica; puesto que los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 001/2022 de 3 de enero, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Motivación arbitraria e incongruente y falta de valoración racional de la prueba al señalar que se embargó solo la parte del bien inmueble que le pertenecía a su esposo, cuando de acuerdo al acta de embargo, el mismo se efectuó sobre la totalidad del bien inmueble; y, al afirmar que no correspondía la nulidad del avalúo por no ser reclamado por nadie, a pesar, de embargarse y avaluarse la totalidad del bien inmueble; 2) Al ordenar su notificación con la demanda y el estado actual del proceso, siendo tal decisión arbitraria e incongruente, ya que al no ser parte del proceso no tiene por qué asumir defensa; 3) Al no excusarse de conocer y resolver el recurso de apelación el Vocal ahora coaccionado, no obstante de ser Juez al inicio del proceso; 4) Interpretación errónea al ordenar se le notifique con la demanda y no así con la sentencia inicial; 5) Valoración irracional de la prueba referida al embargo y avalúo del bien inmueble al no considerar que se debió “oblar” la diferencia para recién adjudicarse; y, 6) Los Vocales ahora accionados no se percataron que el recurso de apelación formulado por el tercero interesado, fue interpuesto fuera el plazo previsto por el art. 56 del CPC, tampoco, se pronunciaron sobre todos los aspectos reclamados en la respuesta del citado recurso. Antes de ingresar al análisis de fondo, es necesario referir, si bien es cierto que el ejecutante José Luis Terán Cayoja -ahora tercero interesado-, mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2021, formuló desistimiento “...a la presente acción y al derecho que me asiste, pidiendo a su autoridad el archivos de obrados y se levanten todas las medidas cautelares ordenadas en contra del ejecutado…” (sic); asimismo, por Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Beni, “aprobó” el desistimiento del proceso y del derecho, disponiendo el levantamiento de todas las medidas precautorias decretadas en el proceso, si existiesen; sin embargo, mediante Auto de Vista 14/2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, se revocó el citado Auto Definitivo, disponiendo dejar sin efecto la aceptación del desistimiento presentado por el referido hoy tercero interesado (Conclusión II.3.). En ese sentido, por efecto de la revocatoria del Auto Definitivo de 29 de marzo de 2022 que “aprobó” el desistimiento del proceso y derecho formulado por el ejecutante, y la consiguiente continuación de la ejecución, no opera la causal de improcedencia de sustracción de materia, como tampoco la de actos consentidos; razón por la cual amerita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, respecto a las denuncias en las que no concurre otras causales de improcedencia. Sobre la motivación arbitraria La accionante denuncia que se incurrió en motivación arbitraria e incongruente y falta de valoración racional de la prueba al señalar que se embargó solo la parte del bien inmueble que le pertenecía a su esposo, cuando de acuerdo al acta de embargo, el mismo se efectuó sobre la totalidad del bien inmueble. Con relación a esa denuncia se debe precisar lo siguiente. Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, el derecho a tener una resolución, sea jurisdiccional o administrativa, debidamente fundamentada y motivada, es un elemento del derecho al debido proceso, cuyo contenido esencial es sustentado por sus finalidades implícitas de sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, de lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria, de garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos, de permitir el control social de la resolución; y, la observancia del principio dispositivo. Precisamente, vinculado con la segunda finalidad mencionada, la arbitrariedad puede presentarse por ejemplo: i) Cuando las decisiones no explican las razones por las que se determinó asumir cierto criterio, en cuyo presupuesto se estará frente a una resolución sin motivación; ii) Cuando se evidencie una decisión motivada en cuestiones meramente retóricas, apartadas de derecho, o cuando en la labor de valoración probatoria, las autoridades jurisdiccionales se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y/o equidad, omitiendo de manera arbitraria la consideración de la prueba y/o basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, se tendrá que es una resolución con motivación arbitraria; iii) Cuando no se brinda razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes, se trata de una decisión con motivación insuficiente; y, iv) Cuando la falta de coherencia del fallo; que en su dimensión interna, se presenta cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión; o en su dimensión externa, por falta de correspondencia de lo decidido con lo pedido o impugnado por las partes. En el presente caso, de la revisión del Auto de Vista 001/2022, se advierte que los Vocales ahora accionados manifestaron que al disponer el embargo, en los dos primeros señalamientos de remate se salvó la alícuota parte de la accionante y que posteriormente se omitió esa salvedad y se incluyó en el remate la alícuota parte de quien no era parte en el proceso. Ahora bien, de acuerdo al mandamiento de embargo de 23 de octubre del 2018, el Juez de primera instancia ordenó que se proceda al embargo de los bienes de la accionante y de Christopher Legon Suarez hoy tercero interesado (Conclusión II.1.); en ese sentido, con relación a dicho mandamiento de embargo, no es evidente que se salvó de esa medida ejecutiva a la alícuota parte de la accionante, razón por la cual sobre esa prueba se establece que la valoración probatoria y por consiguiente la motivación es arbitraria y vulnera el derecho al debido proceso. Sin embargo, ese defecto carece de relevancia constitucional, en razón que el Auto de Vista 001/2022 dejó sin efecto la adjudicación de la alícuota parte que le pertenece a la accionante, motivo por el que, en atención al entendimiento jurisprudencial establecido a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, que refiere que los errores o defectos de procedimiento para su corrección por vía de acción de amparo constitucional, debe tener relevancia constitucional; “…es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”, lo que no ocurre en el presente caso; puesto que, la corrección de la motivación arbitraria advertida no tendría ninguna incidencia sobre la decisión emitida por los Vocales hoy accionados, razón por la cual no corresponde conceder la tutela solicitada. Por otra parte, la accionante denuncia que los Vocales ahora accionados incurrieron en motivación arbitraria al afirmar que no corresponde la nulidad del avalúo al no reclamarse por nadie, no obstante, de embargarse y avaluarse la totalidad del bien inmueble. En ese sentido, de la revisión del Auto de Vista 001/2022 no se advierte que los Vocales hoy accionados incurrieron en motivación arbitraria al justificar su decisión de no confirmar la nulidad de obrados con reposición hasta el avalúo sobre la alícuota parte perteneciente al deudor y la notificación a la copropietaria del bien inmueble. En efecto, los Vocales ahora accionados, de manera concreta indicaron que no era posible disponer la nulidad con reposición por defectos no reclamados expresamente por las partes, ya que ello implicaba el incumplimiento de la exigencia contenida en el art. 106.II del CPC; añadiendo que, si bien la nulidad puede ser declarada de oficio, ello es viable cuando existe indefensión; por lo cual, era pertinente analizar y resolver el incidente con base al reclamo efectuado por la accionante. Argumento que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentra correcto puesto que el mismo es compatible con el principio de convalidación que rige las nulidades procesales, en cuyo mérito no sería posible declarar la nulidad de un acto viciado si la parte perjudicada lo consciente implícitamente, lo cual se presenta cuando no se efectúa reclamo sobre el mismo de forma oportuna; dicho principio resultaría inaplicable si los Vocales hoy accionados no hubiesen verificado si el defecto procesal advertido fue o no reclamado oportunamente por quien tenía derecho a hacerlo. Consecuentemente, el examen del defecto procesal realizado por los Vocales ahora accionados en atención a los principios que regulan las nulidades procesales, de ninguna manera resulta arbitraria; por lo que, no es evidente la vulneración del derecho al debido proceso, en su elemento de motivación, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a esa denuncia. Con relación a la arbitrariedad e incongruencia de ordenar su notificación con la demanda y el estado actual del proceso, no obstante, de no ser parte en el proceso y por lo mismo no tener por qué asumir defensa De la revisión del Auto de Vista 001/2022, se advierte que los Vocales ahora accionados concluyeron que efectivamente no correspondía la citación con la demanda ejecutiva y la sentencia inicial a la accionante, en razón que la misma no tenía calidad de ejecutada; empero, que sí ameritaba su notificación para que pueda ejercer su derecho de copropiedad sobre el bien objeto de la subasta, por medio de la tercería de dominio excluyente y no así a través del incidente de nulidad, por no ser parte del proceso; y que por consiguiente, la notificación para ese fin debió efectuarse hasta antes del remate del bien litigado. Dicha determinación no resulta arbitraria ni incongruente únicamente a partir del hecho de no invalidarse el embargo sobre la alícuota parte que le pertenece a la accionante; ya que se mantuvo vigente el embargo; por lo que, resultaba coherente con esa situación la decisión de poner en conocimiento de la copropietaria -accionante- el hecho de que su derecho de copropiedad sobre el bien inmueble sujeto a remate estaba embargado -indebidamente- para que la nombrada asuma defensa sobre el mismo, a través del medio procesal pertinente, como es el incidente de oposición al embargo -tercería de dominio excluyente-, previsto por el art. 57 del CPC. Por lo que, dicha decisión de ninguna manera resulta incongruente, puesto que el fundamento del incidente de nulidad presentado por la accionante, fue precisamente la vulneración de su derecho a la defensa, como se precisa en el Auto de Vista 001/2022, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sobre esa denuncia. Con relación a que el Vocal ahora coaccionado no se excusó de conocer y resolver el recurso de apelación, no obstante de ser el Juez al inicio del proceso Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, en cuyo mérito dicha acción tutelar no procede cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata oportuna y eficaz de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. Respecto a ese principio, la jurisprudencia constitucional, uniformemente estableció que la acción de amparo constitucional no procede “…mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo” Con relación al medio de defensa intraprocesal para para garantizar el derecho al juez natural, en su elemento de juez imparcial, los arts. 347 al 356 del CPC, regulan el trámite incidental de las excusas y recusaciones y a los cuales deben acudir las partes intervinientes en una causa, en cualquiera de sus etapas, cuando consideren que el Juez o miembro del Tribunal del proceso se encuentra comprendido en alguna de las causales de recusación, previstas legalmente, que compromete su imparcialidad. Consecuentemente, solo después de agotar ese medio de defensa intraprocesal, y ante la persistencia de la vulneración de su derecho, recién es posible que el justiciable acuda ante la jurisdicción constitucional. Ahora bien, en el presente caso, si la accionante consideraba que uno de los integrantes del Tribunal de alzada se encontraba comprendido en alguna de las causales de recusación, precisamente en ejercicio de su derecho al juez natural en su elemento de juez imparcial, antes de interponer la acción de amparo constitucional, previamente debió acudir al referido incidente de recusación que prevé el Código Procesal Civil y solo después de agotar ese medio de defensa era posible acudir a la jurisdicción constitucional. Al no agotar ese medio de reclamo idóneo, que resulta inmediato, oportuno y eficaz, evidentemente la accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, razón por la cual, amerita denegar la tutela solicitada sobre esa denuncia, sin examinar el análisis de fondo de la problemática planteada. Interpretación errónea al ordenar que se le notifique con la demanda y no así con la sentencia inicial Si bien es cierto que conforme establece la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, no es posible denegar la tutela solicitada por falta de carga argumentativa referida a las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, que se refiere a la exposición de los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; y a qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; sin embargo, la revisión de la labor hermenéutica por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, no es posible cuando la parte accionante, ni siquiera menciona cuál es la norma legal concreta que fue erróneamente interpretada, puesto que ello, en realidad atañe a la identificación del acto lesivo respecto del cual se pretende el control plural de constitucionalidad y no precisamente a la carga argumentativa alegada precedentemente. En el presente caso, la accionante se limitó a citar al procedimiento civil, sin precisar qué norma concreta del Código Procesal Civil, que es el cuerpo normativo que regula el procedimiento, fue erróneamente interpretada. Consecuentemente, sobre una denuncia tan vaga e imprecisa, que no permite conocer a cabalidad el acto lesivo denunciado, no es posible el pronunciamiento de fondo, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada, sobre esa denuncia. Respecto a la valoración irracional de la prueba al no considerar que se debió “oblar” la diferencia para recién adjudicarse; y, con relación la falta de pronunciamiento sobre los agravios del recurso de apelación Como se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la legitimación activa es un presupuesto procesal que implica la existencia “…de una correspondencia directa entre el accionante y el derecho que se invoca…”. Consecuentemente, la parte accionante debe acreditar “…que los efectos del acto ilegal o indebido que denuncia hubieran recaído directamente en un derecho fundamental suyo…”, salvo el caso del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA), que son las únicas personas que pueden denunciar la vulneración de un derecho fundamental ajeno, conforme establece el art. 52 del CPCo. En el presente caso, resulta evidente que la accionante no acreditó que los supuestos defectos que denuncia en cuanto al pago que debió efectuar el adjudicatario del bien llevado a remate, afecten sus derechos fundamentales; puesto que al no ser la ejecutada y al dejarse sin efecto la adjudicación respecto a la alícuota parte que le pertenece -por ganancialidad- del bien inmueble rematado, resulta evidente que el acto lesivo que denuncia no recayó directamente sobre su derecho; lo que implica, en consecuencia, que carece de legitimación activa para denunciar esa supuesta vulneración del derecho del ejecutado, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a esa denuncia. En cuanto a la denuncia de la falta de pronunciamiento sobre los agravios del recurso de apelación, ocurre situación similar; ya que, la eventual vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de de congruencia, por una supuesta omisión de pronunciamiento sobre los agravios contenidos en el recurso de apelación, eventualmente afectaría el derecho del apelante Porfidio Willy Heredia Lima -hoy tercero interesado-; empero de ninguna manera de la apelada Miriam Aguilera Mozas -accionante-, quien carece de legitimación activa para reclamar sobre los derechos de una persona ajena, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

Incongruencia respecto a que los Vocales ahora accionados no se percataron que el recurso de apelación formulado por el tercero interesado, fue interpuesto fuera el plazo previsto por el art. 56 del CPC y sobre todos los aspectos reclamados en la respuesta del citado recurso Con relación a la omisión de pronunciamiento por parte de los Vocales hoy accionados sobre los argumentos que se plasmaron en la contestación al recurso de apelación, entre ellas, la referida al supuesto incumplimiento del plazo para apelar, no es posible efectuar verificación que amerita, ya que ello implica realizar un contraste correspondiente entre el escrito de contestación a la apelación y el Auto de Vista 001/2022; puesto que, la accionante no cumplió con su deber de presentar la prueba consistente en el memorial de contestación al recurso de apelación; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 090/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 78 a 81 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2., menciona: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”.

2 SC 0492/2003-R de 15 de abril

3 SCP 929/2014 de 15 de mayo

4 SC 0626/2002-R de 3 junio

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0927_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2d17d655b16faffc2eaff7775a800f68da33363e9c52a45ede8dd8fc01dbdab6

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